Era febrero de 2019, aunque parezca que hace casi un siglo, y el Congreso se disponía a tramitar los presupuestos más sociales de las últimas décadas. Unos presupuestos que tras una relativamente larga negociación entre PSOE y Unidos Podemos pretendían dejar atrás la política económica de Montoro y sus años de austeridad.

Aquellas cuentas incluían medidas sociales como el incremento en un 60% de la financiación de atención a la dependencia o la prestación para desempleados para mayores de 52 años; medidas destinadas a luchar contra la burbuja del alquiler, como el impulso de la vivienda pública en alquiler social; medidas feministas que impulsaban la igualdad real entre hombres y mujeres, como la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad; partidas para modernizar el modelo productivo, como el incremento de la inversión en I+D+i; o medidas de justicia fiscal como el establecimiento de tipo mínimo en el impuesto de sociedades para grandes empresas o la reducción del IVA de algunos productos de primera necesidad.

Esas medidas y otras muchas contenidas en aquellos presupuestos, aunque modestas en su alcance, iban en la senda de lo que este país necesita en materia económica: impulsar la demanda interna mediante una política fiscal -tímidamente- expansiva cuando los nubarrones de la desaceleración ya eran más que evidentes, incidiendo sobre la reducción de las desigualdades generadas por la anterior crisis y apostando por la paulatina transformación del modelo productivo. La financiación de esta expansión fiscal se producía en estos presupuestos de incrementos de ingresos aprovechando el margen fiscal que da la brecha de 8 puntos en recaudación sobre el PIB que nos separa de la media de nuestros socios europeos.

Aquellos presupuestos quedaron en papel mojado en la víspera del inicio del juicio del “procés” por la pinza de los independentistas - -incluido el ahora estadista Rufián- con la derecha de Colón, pero también por la falta de iniciativa política para desbloquear la situación por parte de un PSOE que vio en aquella ocasión la excusa perfecta para adelantar las elecciones y anteponer, entonces también, su interés partidista a las necesidades del país.

Desde entonces, la principal política que se ha hecho en este país ha consistido en construir relato para justificar la falta de capacidad a la hora de traducir el mandato de las urnas en una estructura de gobierno representativo, y lo más grave es que con esta nueva convocatoria de elecciones la parálisis se extenderá, como mínimo, hasta enero de 2020. Mientras tanto, llevamos un año de ausencia de políticas públicas y un país paralizado por unas cuentas prorrogadas que fueron diseñadas casi exclusivamente para contener el déficit público; mantenemos cifras de desempleo, desigualdad y exclusión social impropias de la cuarta economía de la Eurozona; las comunidades autónomas y los ayuntamientos de este país sufren severos problemas para la financiación de los servicios públicos y nuestro modelo productivo sigue tan endeble como en 2008, esperanzado a la recuperación de la construcción y ajeno a los cambios que exigen los retos de la digitalización y la transición ecológica.

La ausencia de Gobierno no solo impide afrontar algunos de los retos pendientes de la economía española, sino que cuestiones básicas que ya estaban comprometidas para ser ejecutadas antes de final de año como la revalorización de las pensiones con el IPC, las entregas a cuenta de las comunidades autónomas o la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1000 euros en enero o la mejoras laborales de los empleados públicos quedan ahora en el aire ante la repetición electoral. También tendrán que seguir esperando numerosas inversiones en infraestructuras que son necesarias desde hace años y que no disponen de partida presupuestaria en las cuentas de Montoro de 2018.

Pero el juicio sobre la situación de parálisis política y sus consecuencias es aún más grave: mientras el presidente en funciones dejaba pasar el tiempo convencido de que lo que más le interesaba era una repetición electoral, las señales de la desaceleración económica se intensificaban y aparecían en escena. A las tensiones derivadas de la guerra comercial entre China y EEUU y el creciente riesgo de un Brexit sin acuerdo, se suma el riesgo inminente de recesión de la economía alemana y la escalada de la subida del barril de petróleo hasta los 70 dólares como consecuencia de las tensiones en Oriente Medio. Las consecuencias se han notado de forma inmediata sobre la economía española con la aguda desaceleración en la creación de empleo y la caída tanto del consumo público, relacionada directamente con la prórroga presupuestaria, como en el consumo de los hogares, provocada por la incertidumbre que nos envuelve, lo que ha llevado al INE a rebajar sus expectativas de crecimiento.

Tan evidente es la gravedad de la crisis que nos acecha que hasta el discurso de instituciones habitualmente ortodoxas como el Banco de España ha cambiado radicalmente y ahora se manifiesta a favor del uso de la política fiscal para revitalizar el crecimiento ante el agotamiento de una política monetaria que ya no da más de sí.

Ahora bien, sin quitar ni un ápice de gravedad a todo lo anteriormente expuesto, el riesgo más importante de esta repetición electoral es que la desmovilización progresista provocada por el hartazgo haga que las derechas puedan gobernar y dar continuidad a las políticas de Montoro, reproduciendo a nivel estatal el modelo andaluz y madrileño. Un modelo basado en la erosión de los ingresos fiscales que acentúa las desigualdades, en el desmantelamiento de los servicios públicos y, lo que peor, en el uso de las instituciones para alimentar un capitalismo rentista y corrupto que sin duda está en los orígenes de la debilidad económica de nuestro país.

Es incomprensible y dramático que cuando los ciudadanos votaron en el 28 de abril para que se pudiera formar el gobierno más progresista de toda la OCDE podamos acabar con uno de los más reaccionarios o con la llegada del socioliberalismo macronista que supondría un acuerdo PSOE-C’s. Y en ese caso, ojalá no ocurra, la responsabilidad no será de los votantes que puedan decidir expresar su hastío en forma de abstención, sino de aquellos que cegados por el ajedrez olvidaron que la política no es un juego.

Que se reduzca el desempleo y aumente el número de cotizantes a la Seguridad Social nunca pueden ser malas noticias en una economía que experimenta desde hace ya demasiados años una de las tasas de paro más altas de la Unión Europea.

Sin embargo, los datos con los que se ha cerrado el mes de diciembre en términos de afiliación a la Seguridad Social no dejan de ocultar realidades preocupantes que deberían alejarnos de su lectura complaciente y animarnos a sondear críticamente su anverso con el ánimo de identificar tendencias de fondo que pudieran generar más problemas a futuro de los que aparentemente ayudan a resolver a presente.

Aunque solo sea en su dimensión cuantitativa hay dos notas que hay que señalar.

La primera es que estos datos confirman la ralentización del ritmo de reducción del desempleo registrado con respecto a años precedentes. Así, en 2017 el desempleo cayó en casi 100 mil personas menos que en 2016 a pesar de que en el tercer trimestre las tasas de crecimiento del PIB fueron similares (3,1% en 2017 frente al 3,2% en 2016) y de que el de 2017 fuera el mejor dato interanual de creación de empleo de la serie histórica, en términos homogéneos. Esto es síntoma evidente de que la ralentización de la dinámica de crecimiento de la economía española empieza a impactar sobre el empleo de forma directa.

Y la segunda nota está relacionada con el volumen de contratos que hubo que realizar para consolidar esa creación de empleo: más de 21,5 millones de contratos, de los cuales casi 19,5 millones fueron temporales -esto es, casi el 90%-, y el resto fueron indefinidos. Esto significa, expresado en otros términos, que en la economía española hay que firmar 74 contratos para consolidar un empleo en términos netos.

Pero es que, además, a pesar de que se firmaron 1.929.250 contratos indefinidos, el número de afiliados con contrato indefinido apenas aumentó en 300 mil personas en el año. O, dicho de otra forma, que para consolidar cada afiliado con contrato indefinido fue necesario firmar casi 7 contratos indefinidos.De estos datos de contratación se derivan una serie de consideraciones cualitativas que deberían hacernos repensar las categorías con las que analizamos nuestro mercado de trabajo y sus implicaciones no solo económicas sino especialmente sociales.

Y es que, por un lado, la contratación indefinida, que el Ministerio hábilmente trató de destacar como el principal dato en positivo dado que era la mayor de la última década, oculta realidades que desmitifican su identificación con la estabilidad en el empleo que se le supone y, consecuentemente, con el desarrollo de proyectos de vida dignos. En primer lugar, porque más contratos indefinidos no significan, proporcionalmente, más empleo indefinido a tiempo completo debido a que se categorizan como tales los indefinidos a tiempo parcial o los fijos discontinuos.

En segundo lugar, porque la caracterización de los trabajadores con contratos indefinidos como la de un colectivo sobreprotegido frente al de los temporales ha ido dejando de tener sentido porque oculta realidades tan precarias como las que se dan entre estos; amén de que la reducción de las indemnizaciones por despido de la última reforma laboral unida a la elevada rotación, tal como pone de manifiesto el que solo uno de cada casi siete contratos indefinidos se acabe consolidando, también induce a su progresiva asimilación en términos prácticos.

En tercer lugar, porque firmar más de 21,5 millones de contratos en un año son muchos contratos para tan solo incrementar la afiliación en poco más de 600 mil personas o para reducir el desempleo en algo más de 290 mil personas.

La principal lectura que cabe hacer de estos datos es, esencialmente, que la temporalidad del mercado de trabajo español trasciende la estacionalidad de nuestra estructura productiva, la desborda y se convierte en un rasgo estructural de la economía española. Si, como es el caso, otras economías que tienen estructuras productivas similares tienen tasas de temporalidad mucho más reducidas habrá que buscar las razones de la hipertrofia de la temporalidad española en factores distintos a los de nuestra estructura productiva (sin que quepa disculpar a ésta de parte de responsabilidad sobre dicha temporalidad). Se impone, entonces, buscar explicaciones, por ejemplo, en el ámbito de la cultura empresarial y la utilización fraudulenta de la contratación temporal para cubrir actividades de naturaleza fija y que, por lo tanto, deberían ser cubiertas por trabajadores con contratos indefinidos.

Y, en cuarto lugar, aunque la temporalidad haya sido siempre muy elevada, hasta el punto de que éste puede considerarse un rasgo persistente de nuestro mercado de trabajo, nunca como hasta ahora había venido de la mano de la precariedad en dimensiones distintas a la mera rotación temporal. Sin embargo, ahora el incremento de la temporalidad ha venido de la mano de una caída del salario medio en 2016, de la constatación de que España es el país de la UE en el que menos crecen los salarios, del incremento del porcentaje de trabajadores pobres y de la consolidación de la desigualdad.

La resultante es que temporalidad y precariedad comienzan a identificarse y constituir una limitante de fondo tanto a nivel económico, por su repercusión sobre la demanda interna, como a nivel social, por las disfunciones que introduce en una sociedad sustentada sobre el empleo como principal vector de inclusión social. Si a ello se le une que la alta rotación que se produce en el mercado de trabajo impide consolidar derechos al salir temporal o definitivamente nos encontramos con un mercado de trabajo con una alta flexibilidad de entrada y salida pero, al mismo tiempo, con una estructura de derechos vinculados al trabajo que elimina de forma casi automática los mecanismos de protección y seguridad reconocidos para las situaciones de desempleo o impacta dramáticamente sobre las futuras pensiones de esos trabajadores.

En definitiva, estamos ante un modelo en el que la precariedad extiende sus largos tentáculos más allá del mercado de trabajo y afecta a la propia estructura social, a los modos de organizarnos como sociedad y la capacidad para poder planificar (o no) nuestros propios proyectos vitales. Frente a este escenario no cabe la autocomplacencia y sí el análisis de las tendencias para comenzar a revertirlas. No podemos resignarnos a que crecimiento y precariedad sean términos de un binomio indisoluble a futuro sino expresiones antitéticas en el marco de un patrón productivo generador de bienestar en sentido amplio para todos.

Al Banco de España le acaban de arruinar la presentación de su informe sobre la crisis financiera; un informe en el que afirma que la crisis concluyó en 2014, en una especie de invocación con pretensiones taumatúrgicas para que el poder de las palabras se imponga sobre la realidad de los balances.

Y es que la compra a precio de derribo del Banco Popular por parte del Banco de Santander viene a demostrar que el sistema bancario español sigue teniendo muertos vivientes bajo las alfombras y que, en tanto los balances bancarios sigan preñados de activos inmobiliarios tóxicos y el coste final del rescate para los contribuyentes no sea precisado, no podrá certificarse el final de la crisis financiera y bancaria. Máxime cuando las ayudas públicas no sólo han servido para sanear instituciones bancarias a costa del erario público sino también para camuflar las delicadas condiciones de algunas entidades a las que se les ha suministrado respiración asistida por la vía de créditos fiscales que, como en el caso del Banco Popular, han servido para permitirle superar varios test de estrés sin que saltara ninguna alarma.

En cualquier caso, la liquidación del Banco Popular permite extraer otras conclusiones acerca de lo que ha ocurrido en este país durante la crisis y del relato que se ha construido de la misma.

En primer lugar, puede descartarse ya que la piedra de toque sobre la que se construye el relato de la crisis sea atribuir a la naturaleza presuntamente pública de las cajas de ahorro el elemento diferencial que explica su mayor vulnerabilidad a la misma.

Frente a esta interpretación falaz, el hecho cierto es que la explicación de la crisis bancaria y financiera en España tiene que pasar necesariamente por el grado de implicación de las entidades en el negocio inmobiliario. Sólo de esa forma se puede entender que hubiera Cajas de Ahorro que se resistieron a los cantos de sirena de la especulación inmobiliaria y superaran la crisis sin tener que ser rescatadas y que hubiera bancos que sucumbieron a dichos cantos y han necesitado bien de apoyo público o bien se han visto condenados a la liquidación.

Quiere decirse con ello que la crisis no puede tratarse, por tanto, como una cuestión acerca de la titularidad de las instituciones implicadas o sobre las particularidades específicas de la naturaleza de algunas de ellas, sino que se convierte en un problema de gestión y asunción de riesgos por sus gerentes. Sólo enfocándolo desde esa perspectiva se podrá realizar un diagnóstico correcto que permita adoptar las medidas adecuadas a futuro para evitar que la situación vuelva a repetirse.

En segundo lugar, la crisis del Banco Popular desvela la debilidad de la capacidad supervisora de las autoridades que tienen encomendada dicha tarea. El Banco Popular superó las cuatro últimas revisiones realizadas por el Banco Central Europeo, por el Banco de España y por la Autoridad Bancaria Europea; la última, además, se hizo el año pasado. Es decir, todas las instituciones supervisoras fracasaron en el diagnóstico de la situación del banco y todas ellas son, en consecuencia, corresponsables de su crisis y liquidación.

En tercer lugar, es necesaria una reflexión acerca de la situación en la que queda el sistema bancario español tras la absorción por parte del Banco Santander del Banco Popular. El grado de concentración bancaria que se ha producido en este país en los últimos años no tiene parangón en el resto de Europa: los cinco mayores bancos españoles han pasado de poseer el 31,4% de los activos del mercado en 1997, al 42,4% en 2008 y al 61,8% en 2016. Es decir, la crisis les ha permitido acaparar casi 20 puntos del mercado adicionales.

La conclusión es evidente: mientras el Gobierno español, con el dinero de los contribuyentes, rescataba y saneaba a instituciones financieras estaba facilitando, simultáneamente, la oligopolización y concentración del sector. Y eso tiene consecuencias más allá del refuerzo de la posición de poder de determinadas instituciones financieras por cuanto se traduce en pérdida de puestos de trabajo, cierre de oficinas y, con ello, expansión de la exclusión financiera, especialmente en el mundo rural.

Baste recordar que desde el año 2012, y según datos del propio BCE, la plantilla del sistema bancario español se ha reducido en más de un 20% –esto es, algo más de 47.000 personas–, mientras que se han cerrado más de 9 mil sucursales, también algo más del 20% del total; recortes que contrastan con los que, por término medio, se han producido en el resto de la Eurozona. En cualquier caso, a todos esos recortes habrá que sumar, ahora, los que se derivarán del proceso de integración del Banco Popular en el Banco Santander y que se estiman en torno a unos 5.000 puestos de trabajo.

Y, por último, no hay que olvidar que, con esta operación, España ha inaugurado el mecanismo de rescate europeo a través de la Junta Única de Resolución y ha propiciado el primer rescate en el que no se compromete, en principio, dinero público. Por una vez, han sido accionistas y bonistas, esto es, propietarios y acreedores del banco los que asumen el coste de la mala gestión de sus gerentes: un banco privado rescatado con dinero privado.

Hasta ahí justo lo que se le supone al capitalismo: que si no se socializan los beneficios tampoco se haga lo propio con las pérdidas. Cosa distinta es si las ampliaciones de capital se hicieron fraudulentamente, engañando a los inversores, o si se colocaron bonos contingentes o deuda subordinada a clientes o pequeños inversores. Si ese hubiera sido el caso, el problema abandona la esfera económica y entra la jurisdiccional y ahí se depuraran las responsabilidades correspondientes; como las que hay que exigir también a sus directivos y gestores.

En cualquier caso, hay una cosa casi cierta: el informe del Banco de España ha quedado desfasado antes de ver la luz. Habrá que esperar a la addenda.

Alberto Montero Soler es diputado y portavoz de Economía de Unidos Podemos.

La explicación de lo que está pasando no debe buscarse en el terreno de la economía sino en el de la política o, mejor, en la dimensión de política concentrada y difusa que puede atribuirse a la economía en la Eurozona

Quien pretenda entender la situación de Grecia exclusivamente desde la economía se encontrará con que no puede entender casi nada: varios planes de rescate y miles de millones de euros inyectados desde que comenzó la crisis; el gobierno político de la economía intervenido desde que se implantaron esos planes de rescate; las condiciones de vida de la población en una espiral de deterioro sin freno ni suelo sobre el que aterrizar; la Eurozona hablando de prevenir riesgos de contagio, como si en Grecia hubiera una epidemia de ébola, en lugar de preocuparse de sanar de una vez por todas una economía a la que ha aplicado coactivamente una medicina que está terminando con el enfermo.

Nada de esto puede explicarse desde la economía porque lo que cualquier economista que no introdujera sesgos políticos o juicios morales en su análisis está obligado a reconocer es que la deuda pública griega es impagable y que, por lo tanto, necesitará tarde o temprano de una reestructuración; y que, además, no ha existido en la historia ningún caso de acumulación de superávits primarios tan grande y prolongada en el tiempo como para poder enjugar la deuda pública griega y llevarla a los niveles que exige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Y si todo lo anterior lo sabe cualquier economista la cuestión que hay que dilucidar es cómo el Fondo Monetario Internacional, es decir, la misma institución que reconoció que había sobreestimado el efecto contractivo de la austeridad en Grecia, ha sido capaz de forzar la ruptura del acuerdo al que prácticamente se había llegado en la última reunión del Eurogrupo. Una ruptura provocada porque le seguían pareciendo insuficientes las medidas de austeridad ofertadas por el gobierno griego y que sí parecían suficientes al resto.

La explicación a todo ello no cabe buscarla, entonces, en el terreno de la economía sino en el de la política o, si se quiere, en la dimensión de política concentrada y difusa que puede atribuirse actualmente a la economía en la Eurozona. Y es que al Fondo Monetario Internacional, en tanto que agente no europeo de la Troika, le ha correspondido forzar al gobierno griego a aceptar una propuesta que no sólo superaba el límite de lo aceptable –si es que existe algo aceptable a estas alturas en la gestión de la crisis griega- sino que lo traspasaba ampliamente y lo situaba en el terreno de lo humillante.

Forzar la ruptura de unas negociaciones por apenas mil millones de euros sólo porque introducían la posibilidad de que el acuerdo viniera de la mano de una nueva reestructuración de deuda -cuando, además, todos los agentes implicados saben que ésta deberá darse- es un acto de irresponsabilidad que sólo se entiende si se tiene en cuenta la voluntad de torcer el brazo a Grecia y provocar la caída de su gobierno.

Con lo que no contaban era con que Tsipras no es Papandreu. Mientras que éste no se atrevió a convocar un referéndum para que el pueblo griego decidiera si aceptaba o no las medidas de recorte impuestas por la Troika, al primero no le ha temblado el pulso para convocarlo.

El problema es que el escenario es terriblemente delicado; de ahí la mayor dosis de sinrazón de la posición de la Troika que, en estas horas, no termina de dar el paso definitivo y cortar las negociaciones, sucediéndose sin cesar los mensajes de llamada a la calma y a continuar el diálogo por parte de diferentes miembros del Eurogrupo. Algo que, por otra parte, se contradice con la coacción ejercida al denegar a Grecia la prórroga para atender el pago al FMI de 1500 millones de euros que vence el próximo martes.

A ese elemento de incertidumbre se une el hecho de que el sistema bancario griego depende de las líneas de liquidez del Banco Central Europeo que, de momento y en reunión de este domingo, ha decidido prolongar pero que a partir del martes, y si Grecia incumple su pago al FMI y queda fuera del programa de rescate, debería cortar. Esto supondría, inmediatamente, la quiebra del sistema bancario griego.

Para hacer frente a esa eventualidad y permitir que el sistema bancario aguante hasta la celebración del referéndum el gobierno griego ha decidido actuar preventivamente y declarar el cierre de los bancos y de la Bolsa, imponiendo fuertes restricciones a la retirada de fondos de los bancos.

De esta forma, y como ocurrió con el caso de Chipre hace no tanto, la unión monetaria acaba de fracasar estrepitosamente al forzar a Grecia a instalar controles de capitales, algo que contradice su propia naturaleza y que demuestra la fragilidad de un proyecto europeo en el que los avances en lo monetario se han distanciado tanto de lo político que ha perdido su esencia y su norte.

Pero lo que no cabe olvidar, en ningún caso, es que el control de capitales es un movimiento defensivo del gobierno griego frente a la presión de las instituciones europeas. De alguna manera, es la única forma que tiene Tsipras de garantizar que los ciudadanos griegos puedan votar el próximo día cinco y conocer por la voz de las urnas qué es lo que desean. Todos son conscientes de que ninguno de los resultados es fácil de gestionar pero, al menos, la decisión del gobierno griego vendrá avalada por la voluntad de su pueblo. No puede haber nada más democrático en la cuna de la democracia.

Si algo caracteriza nuestro tiempo es lo corta y selectiva que se ha vuelto nuestra memoria. Hace apenas unos años, no mucho más de un lustro, economistas ortodoxos, medios de comunicación especializados y el mundo de las finanzas en general babeaban ante la sabia gestión de la política monetaria que atribuían a Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal estadounidense. Greenspan era un mago, un genio, un ser que la Providencia había tenido a bien brindarnos para demostrarnos que la política monetaria no era tan complicada de gestionar, que lo complicado era encontrar a un ser de las características cuasi sobrenaturales que se le atribuían.

Mientras tanto, se iban fraguando, bajo sus narices y con su permisividad, las bases de una burbuja inmobiliaria que, unida a la expansión de los mecanismos de titulización de activos y al estímulo del mercado de derivados, acabarían por llevarnos a la Gran Recesión en la que nos encontramos.

De aquello no aprendimos nada. Como andamos cortos de memoria y necesitamos de mitos rápidamente hubo que reemplazar al ángel caído. Su sustituto fue Mario Draghi, presidente del todopoderoso BCE y, a todas luces, el nuevo ídolo del sector financiero de cuya élite procedía y a cuyo servicio tan fielmente pasó a responder.

A Draghi se le han llegado a atribuir poderes ocultos: pronunció una frase (“el BCE hará todo lo necesario para sostener el euro”) y la tormenta sobre la deuda soberana se aplacó. De nada sirve concluir ahora, ante tanta ramplonería, que lo único que hizo fue afirmar que actuaría como debe actuar cualquier gobernador de banco central responsable, esto es, como prestamista de última instancia, comprando toda la deuda soberana que los mercados no quisieran absorber para evitar la quiebra de algún estado de la Eurozona.

Pues bien, Draghi ha vuelto a actuar y el coro ha respondido como se esperaba, alabando las virtudes de la nueva divinidad.

Así, la semana pasada, con varios años de retraso con respecto a la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón y tras negar repetida y recientemente el riesgo de deflación en la Eurozona, rebajaba el tipo de interés de referencia a 15 puntos básicos y aplicaba una medida ciertamente heterodoxa: aplicar un tipo de interés negativo de 10 puntos básicos para los depósitos de la banca en la entidad a fin de penalizar su rebalse y fomentar su canalización hacia la economía real.

Las medidas

Estas medidas se acompañaban de otras destinadas a inyectar más liquidez en el sistema. Por un lado, se dejarían de esterilizar los programas de compra de bonos soberanos mediante subastas semanales de depósitos a la banca comercial. Y, por otro lado, establecía una nueva barra libre de financiación para las entidades financieras de hasta 400 mil millones de euros a cuatro años de vencimiento aunque, en esta ocasión, se introducía una cláusula de condicionalidad: esos recursos deberían canalizarse hacia la economía real, fundamentalmente hacia los hogares y las pequeñas y medianas empresas, excluyendo el préstamo hipotecario, con el objetivo de quebrar la restricción crediticia a la que esos agentes se encuentran sometidos desde que las entidades financieras entendieron que era más rentable dedicar los fondos recibidos a través de la barra abierta de liquidez a especular con deuda soberana que a dirigirlos a la economía real.

Junto a todo ello, también anunciaba que se habían iniciado los preparativos para poner en marcha un programa de compras de créditos a las pequeñas y medianas empresas (los denominados en la jerga ABS o bonos de titulización bancaria), un verdadero programa de relajación cuantitativa.

Como es de suponer, Draghi no defraudó a sus fieles correligionarios, los miembros de la élite financiera, que esperaban algunos bidones de gasolina para continuar con sus prácticas pirománticas y recibieron todo un buque cisterna.

Y es que si algo puede deducirse de las medidas adoptadas por el BCE es que son el producto de una absoluta e interesada incomprensión de los problemas reales de la Eurozona que privilegia los intereses de la oligarquía financiera a los que sirve en detrimento de la recuperación de la economía real y que trata de sustentar ésta sobre más endeudamiento o, lo que es lo mismo, sobre el mismo problema que debería estar enfrentando.

Para ello, no tiene el más mínimo pudor intelectual al obviar, por un lado, que la restricción crediticia que atenaza a hogares y empresas no financieras no es un problema de falta de oferta de crédito sino de insuficiencia de demanda solvente; y, por otro lado, ignora, como si no fuera con él, la insolvencia global del sistema bancario europeo, al que se niega a reestructurar a pesar de que en breve le corresponderán las oportunas competencias y algo ya debería de saber al respecto.

Ante tantos errores de diagnóstico pocos milagros pueden esperarse, por mucho que el entusiasmo de los acólitos persista.

Consecuencias

En primer lugar, porque de ninguna de las medidas anunciadas se puede esperar un impacto positivo sobre las tasas de crecimiento del producto nominal que permitan reducciones significativas sobre el desempleo. Nada podrá avanzarse en la solución de la crisis si no se asume que una parte, sólo una parte, del problema de Europa es que se encuentra atrapada entre un BCE que ha mostrado una tensión compulsiva hacia la deflación, unas autoridades europeas obsesionadas por la aplicación procíclica de políticas fiscales contractivas y un sistema bancario insolvente que, en su afán de recapitalizarse y desapalancarse para evitar reestructurarse, está ahogando a la economía real.

En segundo lugar, porque nada garantiza que el que se pongan a disposición de la banca hasta 400 mil millones de euros para tratar de aliviar la restricción crediticia de familias y empresas, aquélla vaya efectivamente a demandarlos y canalizarlos hacia éstos. Si la banca está devolviendo anticipadamente el 55% de los recursos demandados en los primeros LTRO y si el crédito a las entidades no financieras sigue cayendo al ritmo al que lo hace, el problema no puede ser de liquidez sino de demanda solvente. Si a ello se le une el hecho de que las nuevas exigencias de capital impuestas sobre la banca le obligan a reducir sus activos y, además, se cierne en el horizonte la incertidumbre acerca de los resultados de los test de estrés de este otoño, que también añaden tensión sobre sus necesidades de capital, la resultante no puede ser otra que un freno continuado sobre la concesión de crédito hacia la economía real, lo quiera o no el BCE.

En tercer lugar, la medida de penalizar los depósitos en el BCE con un tipo de interés negativo tampoco es una medida que favorezca, forzosamente, la expansión del crédito porque, de entrada, no convierte en solvente la demanda insolvente y porque, además, incentiva que esa liquidez se dirija hacia deuda soberana a corto plazo para disminuir coyunturalmente su liquidez y evitar así pagar el impuesto, lo cual significa más gasolina para la burbuja de la deuda soberana de las economías periféricas.

Pero es que, además, como ocurrió en el caso de Dinamarca, esa medida puede ser repercutida por la banca sobre sus depositantes, bajando aún más los tipos de pasivo para tratar de desincentivar la entrada de nueva liquidez, o sobre los prestatarios, repercutiendo entonces negativamente sobre el crédito, lo contrario de lo que se deseaba.

Y, en cuarto lugar, si lo que se pretendía era depreciar un euro sobrevalorado la resultante no podía haber sido más frustrante: el euro se ha mantenido en su nivel tras una primera reacción a la baja. Parece que las instituciones financieras ya habían descontado gran parte de esas medidas, tal vez –sólo tal vez- porque Draghi las había anticipado casi todas.

En definitiva, las medidas del BCE llegan tarde, mal y desenfocadas si se las contempla desde la perspectiva real. Otra cosa es si las valoramos desde la perspectiva de la élite financiera pero, de eso, tal vez Greenspan podría hablarnos con mayor propiedad.

Que un país como esta España aspire a unos Juegos Olímpicos, evento en el que se encarnan valores antitéticos a los que dominan las noticias de corrupción y podredumbre política de nuestro día a día, suena a broma de mal gusto. Pero, más allá de que para justificar el rechazo a la celebración de los Juegos Olímpicos en Madrid bastaría con remitirse a esa cuestión ética esencial, hay otros argumentos que tampoco se pueden dejar de lado si se trata de oponerse a la celebración de los mismos en la capital del reino.

Y es que también suena a una broma de muy mal gusto que se pretenda convertir la austeridad en un valor para promocionar los Juegos Olímpicos (los “Juegos de la austeridad”, los llaman algunos tratando de alejar de la vista de la ciudadanía su coste real en estos tiempos de penuria) cuando quienes están padeciendo dicha austeridad son víctimas de recortes continuados que se aplican bajo esa etiqueta y con la excusa de la inexistencia de recursos públicos para atender sus necesidades.

Habría que recordar aquí que si algo define a la economía en su versión más convencional y neoclásica, la que seguro que asumen quienes defienden este proyecto de empobrecimiento colectivo en el que estamos insertos, es su condición de ciencia de la elección. Eso significa que la economía, así entendida, se encarga de proporcionar instrumentos para elegir cuando hay que tomar una decisión sobre recursos escasos susceptibles de usos alternativos. Los criterios para esa toma de decisiones pueden ser muy diversos y es ahí donde, al sacralizar criterios técnicos como la eficiencia o la competitividad sobre valores universales como la solidaridad, se imponen visiones eficientistas o competitivas de la economía frente a otras centradas en el ser humano y sus necesidades.

Pues bien, para justificar estos Juegos Olímpicos se está haciendo abstracción interesada hasta de los criterios económicos más básicos, los mismos que resultan tan queridos cuando se trata de justificar recortes. Y así nos encontramos con que sus promotores se están amparando en la supuesta existencia de beneficios futuros tan generales como inciertos para los que se está dispuesto a sacrificar recursos presentes necesarios para atender las necesidades básicas de una población a la que, al mismo tiempo, que se la desposee de atención se le exige cínicamente que haga gala de su “espíritu” de sacrificio.

Y hablamos de beneficios futuros inciertos porque, frente a las declaraciones previas acerca de los incuestionables beneficios que se derivan de la celebración de este tipo de eventos, la literatura económica al respecto, centrada en la evaluación del impacto que los mismos acaban teniendo sobre la economía del país, la región o la ciudad en la que se celebran nos muestra que dichos beneficios no acaban finalmente siendo tales. La razón es que se tiende a sobreestimar los beneficios y a minimizar los costes, es decir, se tiende a engañar a la población haciéndoles creer que se puede tener a la vez pan blando y circo olímpico a coste cero o, incluso, con beneficios.

Basta con remontarse a la reciente catástrofe económica que supusieron los Juegos Olímpicos para la ciudadanía griega, cuyo coste superó los 9.000 millones de euros, para tener una referencia inmediata de lo que puede ocurrir en Madrid. Pero, claro, como en los tiempos que corren nadie quiere compararse con Grecia, hay que ampliar la mirada y para ello hay diversos estudios que analizan con técnicas de coste-beneficio a posteriori los impactos que han tenido este tipo de acontecimientos.

Sobrecoste sin impacto en el empleo

Lo que nos muestran esos estudios es que, por ejemplo, la realización de unos Juegos Olímpicos constituye el megaproyecto en el que el sobrecoste sobre el presupuesto inicial es mayor o, lo que es lo mismo, en los que en mayor medida se engaña a la ciudadanía acerca de los recursos que hay que comprometer para poder realizarlos. Así, según han calculado Flyveberg y Stewart (2012), el sobrecoste en términos reales por término medio de organizar unos Juegos Olímpicos ha sido de un 179% y de un 324% si hablamos en términos nominales. Es decir, si hay algo que puede sacarse en claro del análisis de los costes implicados en unos Juegos Olímpicos es que tienden a ser sistemáticamente infravalorados por sus promotores.

Algunos ejemplos sirven para demostrarlo: según Pasqual et al (2012), el presupuesto inicial de los Juegos de Londres de 2012 se multiplicó por más de 4; el de los Juegos de Invierno 2014 en Sochi (Rusia) ya se ha multiplicado por más de 3 y, para tener una referencia propia, el sobrecoste de Barcelona 1992 fue de un 417%. Y, por otro lado, más allá de los efectos expansivos inmediatos derivados de la construcción de las infraestructuras de diversa naturaleza necesarias para la celebración del acontecimiento, lo que también muestra el análisis empírico de evaluación del impacto de unos Juegos Olímpicos es que, en la mayor parte de los casos, no hay ninguna repercusión positiva en términos de creación de empleo una vez celebrados los Juegos (Billings y Holladay, 2010).

La conclusión económica es, por tanto, muy clara: nos encontramos ante un tipo de acontecimiento en el que, más allá de lo que anuncian sus promotores políticos, sólo hay certeza previa de sus costes y de la infravaloración generalizada de los mismos pero no de sus beneficios. Sobre estos últimos sólo puede constatarse la existencia de afirmaciones cabalísticas acerca del número de empleos que se generarán, sobre los difusos impactos en términos de afluencia de público o de incremento del flujo de turistas de ahí en adelante. Nada concreto y todo vaporoso.

Sorprende, por tanto, que la misma exigencia de rigor y filosofía actuarial con la que se justifican los recortes sociales no se aplique a la toma de decisiones de una actividad que, nuevamente, volveremos a pagar entre todos, sea cual sea su balance final. Y, por si sirve de algo, me permito recordarles, queridos lectores, que tampoco el rescate de la banca nos iba a costar un euro. Ya van por más de 60.000 millones. A ver si cada medalla olímpica nos sale al mismo precio.