“No hace falta demostrar que el inmigrante no vino a comerse el pan de nadie, sino el suyo y ningún otro. No vino a eso ni viene a eso”. Extraída del emblemático libro de 1964 Los otros catalanes, sigue siendo actual esta cita del escritor Paco Candel (Casas Altas, 1925 - Barcelona, 2007), de quien se cumple el centenario de su nacimiento, y que encabeza un recién estudio en el que CCOO analiza a la población de origen extranjero en Catalunya.

Coordinado por la socióloga de la Fundación Cipriano García Mariña Couceiro, que ha vaciado y cruzado de forma exhaustiva estadísticas oficiales de todo tipo, el trabajo de CCOO Els altres catalans i catalanes del segle XXI concluye que, igual que antaño, “las personas migrantes no han venido a sustraer ocupación a las personas nacidas en España, sino a ocupar los puestos de trabajo que estas no quieren o desean”.

Los datos son claros. Desde el año 2000, Catalunya ha experimentado un espectacular crecimiento demográfico, pasando de seis millones de habitantes a ocho. Si a principios de siglo las personas nacidas fuera de España empadronadas en Catalunya eran solo 253.000 –un 4% de la población–, hoy esta cifra supera ya de largo el millón y medio de personas –concretamente 1.650.000, más del 21% de la población–.

Con una natalidad y un paro a la baja y el empleo al alza, tras superar la crisis del 2008 y el paréntesis de la pandemia, lo cierto es que el 95% del crecimiento de la población activa en Catalunya entre 2010 y 2023, que fue de 400.000 trabajadores, ha sido de personas nacidas en el extranjero. Esto explica por qué el 26% de la población asalariada en Catalunya es hoy de origen extranjero, sin contar la que trabaja en la economía irregular o sumergida.

Según el estudio de CCOO, la mayoría de la población de origen extranjero ocupa en Catalunya los puestos de trabajo más precarios en los sectores económicos menos deseados. Esta situación, que implica a menudo desarrollar oficios o profesiones muy por debajo de su cualificación, con salarios más bajos, más riesgos en salud laboral, más temporalidad y, en definitiva, más precariedad, es homóloga a la que vivió la inmigración procedente del resto de España durante el siglo XX.

Ya sucedió con la primera gran ola de inmigrantes durante el primer tercio del siglo, justo cuando Candel emigró con sus padres, en 1927, de la comarca valenciana del Rincón de Ademuz a la Barcelona que construía la Exposición Internacional en la ladera de Montjuïc opuesta a la que, del lado de la Zona Franca, se poblaba de barracas y barrios obreros. Y sucedió con la segunda ola, esa que Candel, vecino de la Zona Franca, retrató entre los años cincuenta y setenta, en plena posguerra, dictadura y desarrollismo franquistas.

En el penúltimo capítulo, Candel escribe que Los otros catalanes no es “un estudio científico, riguroso ni matemático sobre la inmigración”. Aclara que sus páginas son “una serie de observaciones hechas en torno a una clase y un ambiente que en todos los aspectos es el nuestro”. Y ese nosotros que se equipara con los otros del título no es solo, ni principalmente, en clave nacional, sino de clase. Así lo precisó Candel a su amigo y periodista Josep Maria Huertas Clavería en una entrevista de 1964: “Los otros catalanes son, ante todo, una defensa a ultranza del inmigrante pobre, inmerso en el proletariado”.

Hoy, como ayer, son comunes problemáticas bien conocidas por los recién llegados: la dificultad para acceder a una vivienda digna, la pobreza infantil, la explotación laboral y la exclusión social. Con la diferencia, entre la inmigración del siglo XX y la actual, que, en contra del imaginario colectivo, es extraordinario el aumento del nivel educativo de la población de origen extranjero, ya muy parecido al de la población nacida en España.

En 2017, por primera vez, el número de empadronados en Catalunya de origen extranjero superó al de los nacidos en el resto de España. Ya hay más nuevos otros catalanes de la tercera ola migratoria que viejos otros catalanes de la segunda ola. Según datos del padrón, de las 1.650.000 personas de origen extranjero que vivían en Catalunya en el 2022, poco más de medio millón habían obtenido la nacionalidad española, lo que representa casi un tercio de todas ellas. Pero, a su vez, una cuarta parte de los migrantes de origen extracomunitario empadronados en Catalunya se encuentran en situación irregular. Es decir, no solo carecen de la nacionalidad, sino de permiso de trabajo o residencia. 

De todos estos nuevos otros catalanes, los latinoamericanos son el colectivo predominante: representan el 43,2% de los residentes nacidos fuera de España. En segundo lugar, está la población de origen africano, seguida de las personas nacidas en algún otro país de la Unión Europea. En ambos casos, y en contra también del imaginario popular, sus porcentajes se han ido reduciendo de forma progresiva. Por el contrario, durante el primer cuarto del siglo XXI se ha casi duplicado el porcentaje de la población catalana de origen asiático y, en menor medida, el de las personas nacidas en un país europeo no comunitario.

En resumen, el perfil de la inmigración ha cambiado. Es mucho más plural y diverso en orígenes, lenguas, culturas y religiones. Sin embargo, persisten muchas de las problemáticas que ya describió Candel en Los otros catalanes. El contexto ya no es el de la dictadura franquista. Paradójicamente, la imperfecta democracia en España, un autogobierno de Catalunya minado por unos y otros en la larga década del procés, los recortes en el estado de bienestar, la pérdida general de conciencia de clase y el auge de la extrema derecha han configurado un marco perverso.

Desigualdades sociales crecientes, la ley de Extranjería y restricciones migratorias europeas, así como el repliegue cultural identitario y conservador, hacen difícil salir de la exclusión a miles de personas. Además, y a diferencia de los otros catalanes de antes, que en definitiva eran españoles, la gran mayoría de las personas migrantes de hoy no tienen reconocidos derechos básicos de ciudadanía por ser de origen extranjero. Sin ir más lejos, entre una quinta y una cuarta parte de la población catalana no puede votar.

Precisamente el derecho al voto, la lucha por la democracia, las libertades y los derechos sociales y nacionales fueron clave para la socialización y cohesión de los otros catalanes en la idea de Catalunya, un sol poble. El propio Candel fue uno de los senadores más votados de España, en 1977, y concejal de L'Hospitalet de Llobregat por el PSUC, en 1979. Acompañado por el activista Josep Benet, el dirigente comunista Antoni Gutiérrez Díaz y el sindicalista Cipriano García, Candel fijó un terreno de juego para la convivencia en el catalanismo democrático que era común a las Comisiones Obreras, al comunismo del PSUC, a la izquierda socialista de Joan Reventós (que contribuyó a Los otros catalanes con 12.000 pesetas) y al nacionalismo burgués y democristiano de Jordi Pujol (que aportó datos para el libro).

Hoy, con la extrema derecha y la xenofobia en auge, la idea de Catalunya como un solo pueblo requiere una urgente actualización. Ya decía Candel en 1964 que era una “opinión preponderante, tanto por parte de los catalanes como de los no-catalanes, que Catalunya no admite a los inmigrantes”. Y precisaba: “Existe una cierta segregación, pero no por razones de procedencia, sino por razones de nivel social. Y como el inmigrante –la mayoría– pertenece a un nivel económico más bajo que el resto de los residentes del país, de aquí viene esta visible separación”.

Algo parecido sucede ahora con los nuevos migrantes. De aquí que siga vigente esa máxima de que “es catalán quien vive y trabaja en Catalunya”. La cita se atribuye indistintamente a Candel, Josep Benet, Cipriano García, Antoni Gutiérrez Díaz y Jordi Pujol. Sea quien fuera el padre, el sentido casa perfectamente con un escritor como Candel que, antes del éxito de Los otros catalanes, ya era conocido por novelas de contenido social como Hay una juventud que aguarda, Donde la ciudad cambia de nombre y Han matado a un hombre, han roto un paisaje.

Los comunistas identificaron su potencial para crear conciencia de clase hasta el punto de que, en 1959, el propio Candel recogió en su dietario que la emisora clandestina del PCE Radio Pirenaica hablaba de él como “paladín del suburbio y del proletariado”. No es casualidad que a su otro gran ensayo después de Los otros catalanes le pusiera por título Ser obrero no es ninguna ganga. Quizá debería actualizarse o reeditarse, igual que Edicions 62 acaba de hacer con Els altres catalans. Así, todos los catalanes y catalanas que viven y trabajan en Catalunya, incluyendo esa cuarta parte de la población que es de origen extranjero, podrían identificar su condición nacional y de clase con parámetros del siglo XXI.

“Nos estamos acercando a los años treinta, pero del siglo XXI, no del siglo XX, así que ni un paso atrás en la lucha antifascista”. Lo proclamó el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, el 26 de abril, al final del acto que los ministerios de Trabajo y Memoria Democrática organizaron, con la colaboración de los sindicatos CCOO y UGT y sus respectivas fundaciones Primero de Mayo y Largo Caballero, en el teatro Monumental de Madrid. En el marco del programa España en libertad que celebra los 50 años de la muerte de Franco, se revindicaron las conquistas pasadas y los derechos presentes de un movimiento obrero que acabó con el franquismo en la calle, en los barrios, las fábricas y algunas iglesias, aunque el dictador muriera en la cama.

Las analogías históricas con la Europa de entreguerras de los años treinta son cada vez más frecuentes y sintomáticas del delicado momento que vivimos. Suelen suscitar un interesante (y espeso) debate académico, pero la que hizo el ministro Óscar López -en sustitución de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que mandó un video por su sobrevenida asistencia al funeral del Papa- no fue una más. Porque la alerta antifascista fue activada en respuesta al ataque, el día anterior, a una sede del PSOE en Cantabria con un artefacto incendiario mientras se celebraba, precisamente, un acto de memoria democrática. Y, sobre todo, porque el mismo acto de reivindicación del sindicalismo de clase en su crucial contribución a la democracia fue reventado, al inicio, por una veintena de jóvenes ultras de un denominado Frente Obrero.

Presenciado en primera fila y casi sufrido en primera persona, ese ataque fue un claro ejemplo años treinta de que los extremos se tocan. Y de cómo la crítica populista a los sindicatos mayoritarios tiñe a quién la hace de confuso rojipardismo para acabar, finalmente, justificando el uso de camisas (o ceñidas camisetas) negras. A unos musculados ultras de gimnasio les hicieron frente una multitud de puños en alto que siguieron en un gesto espontáneo, rápido y contundente, a las secretarias confederales de acción sindical y de mujeres de CCOO, Mari Cruz Vicente y Carolina Vidal, y a su compañero andaluz Carlos Aristu.

Acompañaron a los puños en alto las voces también altas y claras de un teatro Monumental que echó a los ultras cantando La Internacional y al grito de “viva la lucha de la clase obrera” y “ce-ce, o-o, sindicato trabajador”. Sí, esas siglas que en su día quiso ridiculizar Alfredo Urdaci en la misma TVE que ahora emite la serie La conquista de la democracia, de Nicolás Sartorius, también presente y combativo en el auditorio de la calle de Atocha. Los tiempos cambian, pero no necesariamente a peor, como se recordó en el acto al enumerar conquistas de derechos sociales de los sindicatos y el gobierno de coalición de izquierdas y al evocar, a escasos metros de allí, la matanza de los abogados de Atocha de enero de 1977.

Fueron pocos, pero los hubo, los izquierdistas y sindicalistas (cristianos, socialistas, comunistas o anarquistas) que hace un siglo se pasaron al bando del fascismo, el nacionalsocialismo o el falangismo. Emblemáticos ejemplos fueron el antiguo socialista Benito Mussolini –es muy recomendable la tetralogía de Antonio Scuratti y la adaptación en serie de su primer volumen M. El hijo del siglo– y Nicola Bombacci, cofundador del Partido Comunista de Italia antes de virar al fascismo y acabar colgado junto al Duce en la piazzale Loreto de Milán. Pues eso: “Non dimenticare”, que dicen en la Italia donde gobierna la trumpista Giorgia Meloni, forjada políticamente en las juventudes del Movimiento Social Italiano fundado por el fascista Giorgio Almirante, la llama tricolor del cual sigue ardiendo en el logo y las vísceras de los Fratelli d’Italia.

“Cuatro frikis y cuatro sectores fanatizados que siguen a telepredicadores no van a acogotar a las organizaciones sindicales de clase”, sentenció el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que estaba en el uso de la palabra junto al líder de UGT, Pepe Álvarez, cuando los ultras interrumpieron el acto. La alusión apuntaba al líder del grupúsculo Frente Obrero, Roberto Vaquero, que reivindicó la algarada mediante un vídeo y un mensaje que, en pocas horas, alcanzó miles de seguidores, likes y retuits en la red social de Elon Musk, mutimillonario trumpista y aficionado a saludar brazo en alto.

Este Vaquero –Roberto, no Elon ni Donald, aunque tanto monta, monta tanto– se presenta en las redes como geógrafo, historiador y autor de una novela titulada Nostalgia. Por si hay dudas de a qué nostalgia se refiere, él mismo aclara en su perfil que trata de “cuestiones relevantes en nuestra sociedad como la familia, la pérdida de valores, la inmigración masiva, el islam, el feminismo o el control social”. Blanco y en botella. O negro, vaya, porque ya ni rojipardo.

Es la memoria democrática lo que hace frente a la nostalgia fascista. Y no caben paños calientes. El ministro Óscar López, que aprovechó para ejercer de candidato socialista a la Comunidad de Madrid, advirtió a Isabel Díaz Ayuso de que, más pronto que tarde, en la Puerta del Sol se va a honrar a quienes fueron torturados cuando la hoy sede autonómica era el kilómetro zero de la represión franquista. El Gobierno de Pedro Sánchez, y concretamente su desautorizado ministro del Interior, Fernando Marlaska, debería actuar en coherencia y pronto, antes de que sea tarde, para convertir también en sede memorial y centro de interpretación de la represión y la tortura la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana, en Barcelona.

Lo dicho: no caben ni paños calientes ni ningún paso atrás en la defensa de la democracia. Significativo de que nos acercamos a los años treinta es que no sólo sindicalistas, sino hasta ministros y secretarios de Estado, en un acto organizado por el Gobierno, tengan que levantar el puño y cantar La Internacional a pleno pulmón para hacer frente a los ultras. El 26 de abril en Madrid, al día siguiente de un 25 que es fiesta antifascista en Italia y Portugal, también se levantó un puño con una guitarra, la de Paco Ibáñez, que con sus 90 años recién cumplidos mandó a cabalgar, a lomos de los versos de Rafael Alberti, hasta enterrarlos en el mar.

Camino de los años treinta del siglo XXI, son necesarios los versos y las canciones, la memoria y los puños en alto. Pero no bastan. Hay que combatir en las redes (donde nos llevan mucha ventaja) y en la calle, en los barrios, en los centros de trabajo. No es casual que, ya el 2021, una turba fascista atacara la sede romana del sindicato CGIL. Ni que el sindicalismo de clase, junto al feminismo y el ecologismo, esté en el punto de mira de la extrema derecha. Lo prueban ciberataques múltiples o, directamente, boicots como el del teatro Monumental. De entre todas las instituciones y organizaciones sociopolíticas, los sindicatos de clase son los mejor organizados para ejercer de baluarte democrático. Pero hay que prepararse mejor para lo que pueda venir. No solo para defender las conquistas que tanto han costado, sino para ganar el futuro que nos merecemos.

La convocatoria avanzada de elecciones en Cataluña ha convertido en munición de campaña la propuesta de financiación singular que el Gobierno de la Generalitat presentó el pasado 19 de marzo. Más allá de los fuegos de artificio electorales, CCOO de Cataluña pensamos que es necesario abordar este debate para construir las bases de financiación de un nuevo contrato social que afronte los retos demográficos, climáticos y económicos que la era de la digitalización exige. Un contrato social que sirva de pegamento a las democracias, hoy amenazadas seriamente por las políticas antieuropeístas, populistas y recentralizadoras con un claro sesgo conservador, incluso reaccionario.

Entendemos que es necesario tener presente la complejidad que requiere la reforma de la financiación autonómica en todo el Estado, una actualización que está pendiente desde 2014 y que es urgente abordar para corregir las insuficiencias y desigualdades que genera. Sabemos también que no se puede desligar esta reforma del debate sobre la fiscalidad para proveer de recursos suficientes a los servicios públicos garantes de los derechos de ciudadanía, sobre los que se asientan los pilares del estado del bienestar. El nuevo modelo de financiación autonómica debe basarse en los principios de equidad, suficiencia, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional, además de ser transparente y reforzar el marco de los autogobiernos de un estado que debe aspirar a desarrollar las competencias de su modelo autonómico. Creemos que debe ser una oportunidad para reforzar la cultura y gobernanza federales, así como la cooperación entre comunidades autónomas y administraciones, en la construcción de una Europa social que vaya más allá de un mercado único.

Para abordar la reforma, la transparencia es un factor clave. La ciudadanía debe saber cómo se financian los servicios que recibe y cómo se distribuyen los recursos públicos, a fin de poder valorar su nivel de eficiencia y equidad.

No podemos plantear las nuevas propuestas sin analizar antes los problemas que tiene el actual sistema de financiación, aprobado en 2009 y pendiente de revisión desde 2014. Estos problemas se resumen en cuatro bloques: la complejidad y la falta de transparencia del sistema, la insuficiencia de recursos, los déficits de autonomía financiera y de responsabilidad fiscal, y los problemas de equidad.

Que el modelo actual sea excesivamente complicado y poco transparente se debe, entre otros motivos, a la superposición de varios fondos de ajuste que se han incorporado al sistema para garantizar el status quo. Del total de ingresos tributarios en manos de las comunidades autónomas, un 25% se los queda directamente cada comunidad mientras que el 75% restante pasa al fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales, que a su vez recibe también una aportación de la administración central.

El reparto de estos recursos se hace en función de la población, pero no tal y como aparece en el padrón, sino ajustada por una serie de parámetros como la superficie de la comunidad autónoma, la dispersión poblacional, la insularidad, la gente mayor de 65 años o los menores de 16 años. El modelo actual incorpora, además, otros tipos de fondos de ajuste que modifican la distribución inicial. Son los llamados fondos de suficiencia global y los de convergencia, que a su vez están integrados por los fondos de competitividad y de cooperación.

El fondo de suficiencia global persigue que no existan comunidades que salgan perjudicadas por el modelo puesto en marcha en 2009 respecto al sistema anterior. El fondo de competitividad es para comunidades que reciben menos que su capacidad fiscal, como es el caso de Cataluña, mientras que el fondo de cooperación tiene por objetivo contribuir al desarrollo y convergencia regionales. La aplicación de todos estos correctivos distorsiona la redistribución financiera y genera resultados erráticos y poco justificados que afectan a la equidad del sistema.

Sea como sea, el sistema actual es claramente insuficiente. La evolución de los ingresos ha ido por debajo de las necesidades mientras que las exigencias para el cumplimiento de las competencias de las comunidades autónomas, especialmente en materia de sanidad, educación y servicios sociales, han aumentado considerablemente. La pandemia ha sido buena muestra de ello y ha puesto en evidencia las limitaciones del sistema de financiación. Claro que dar respuesta al aumento de las necesidades de gasto de las comunidades autónomas implica decidir cuál es el volumen de recursos que el Estado quiere destinar a su estado del bienestar.

El actual sistema genera una distribución de financiación por habitante ajustada que es desigual y que no responde a criterios objetivos. Las necesidades de gasto de las distintas comunidades no se determinan según el coste real de los servicios. En la actualidad, y para satisfacer las mismas necesidades, comunidades autónomas que aportan más al sistema acaban disponiendo de menos recursos que otras que menos aportan. Además, el sistema también discrimina sin criterios razonables entre ciudadanos y ciudadanas de comunidades autónomas de similar nivel. El sistema presenta, por tanto, problemas de equidad.

Además, en el modelo de financiación autonómica actual existe un déficit de autonomía financiera y de responsabilidad fiscal, dos conceptos que van de la mano. La expresión más clara de este déficit es que las comunidades autónomas disponen de un porcentaje de ingresos muy inferior a las responsabilidades de gasto que deben gestionar de acuerdo con sus competencias. Por eso las comunidades autónomas dependen, en buena parte, de las transferencias del Estado.

Esta falta de autonomía financiera no incentiva a la disciplina presupuestaria. Cuanto mayor es la proporción de ingresos de una comunidad que proviene de transferencias de la administración central, menores son los incentivos para llevar a cabo una gestión eficiente del gasto.

Ante esta realidad, CCOO de Cataluña, en el marco de la fundación Cipriano García, estamos trabajando la construcción del posicionamiento sindical al respecto y sugerimos algunas propuestas para mejorar el sistema de financiación. Y pasan, en síntesis, por incrementar los recursos del sistema, contemplar la condonación de la deuda acumulada, mejorar los criterios de redistribución y aumentar tanto la autonomía financiera como la corresponsabilidad fiscal. Es acorde con estos parámetros generales en el marco de una reforma del modelo de financiación para el conjunto del estado,  somos partidarios de un acuerdo específico para Cataluña.

De entrada, es necesario actualizar el volumen global de recursos del sistema. Los existentes ahora son insuficientes y requieren una dotación adicional. Por eso es necesaria una reforma fiscal que aporte más recursos y equipare la presión fiscal española a la europea, a fin de alcanzar estándares equivalentes en cuanto al desarrollo del estado del bienestar. En España, según el CIS, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas estaría de >acuerdo en pagar mayores impuestos a cambio de una mejora en los servicios públicos.

Una justa reforma fiscal debe garantizar que pague más quien más tiene y más gana, equiparar las rentas del trabajo a las del capital y contemplar una mayor tributación para las grandes fortunas y las grandes empresas. Los eventuales nuevos impuestos deberían reforzar de forma especial las haciendas autonómicas y, a su vez, ser coherentes con los retos sociales y ambientales que tenemos como sociedad. Por el contrario, proponer como soluciones a la insuficiencia financiera fórmulas de copago de los servicios públicos y un incremento de impuestos indirectos es una vía que provoca el incremento de las desigualdades.

Otro requerimiento es eliminar la competencia basada en rebajas fiscales y fijar una tributación básica en los impuestos que evite el dumping fiscal. La competencia fiscal a la baja genera externalidades negativas para la mayoría de comunidades autónomas y empobrece al conjunto del sistema. Además, la reforma del modelo de financiación autonómica debería servir también para resolver los problemas endémicos de la financiación local: la administración más cercana a la ciudadanía es la que recibe más directamente el impacto de las demandas sociales.

De resultas de los déficits del sistema actual, existe un problema de endeudamiento autonómico. El hecho de que se haya habilitado el fondo de liquidez autonómica (FLA) como una línea de crédito estatal de ayuda a las comunidades por el pago de deudas en los servicios públicos es un reconocimiento de esta infrafinanciación. Sin embargo, el FLA no es ninguna solución estructural y, además, acentúa el control y la dependencia de la administración central. Habría, pues, que resolver el grueso de la deuda de las comunidades por la vía de su progresiva condonación, de acuerdo con criterios objetivos y transparentes, como medida compensatoria.

El nuevo modelo de financiación debe mejorar los criterios de redistribución de fondos del sistema actual. Por norma general, a igual esfuerzo fiscal debe corresponder una similar prestación de servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales), esenciales para todos los ciudadanos y ciudadanas con independencia del lugar en el que residan. Se trata de asegurar que todos los gobiernos autonómicos puedan prestar en igualdad de condiciones las competencias vinculadas al estado del bienestar.

Esencial para el nuevo modelo debe ser la definición de un criterio de nivelación de recursos entre comunidades que dé resultados equitativos. Se debe cumplir el principio de ordinalidad que regula la relación financiera entre territorios, en virtud del cual una comunidad autónoma no debe perder puestos en el nivel de renta per cápita a consecuencia de la aplicación de los mecanismos de nivelación.

En este sentido, es necesario fijar un sistema de nivelación que permita mejorar la situación de los territorios con menor nivel de renta, pero sin invertir la situación. Hoy, por ejemplo, Cataluña es la tercera comunidad que más recursos aporta al sistema y la décima en ingresos per cápita para atender a las mismas necesidades.

En cuanto a la población ajustada, que es la que sirve de referencia para el objetivo de nivelación, habría que revisar el modelo y contemplar también el coste de la vida por comunidades, dada su incidencia en el coste real de los servicios públicos.

Disponer de una mayor autonomía financiera es la mejor forma de aumentar la responsabilidad fiscal propia y, al mismo tiempo, reducir la dependencia de la administración central. Los gobiernos disponen de autonomía financiera si tienen capacidad para tomar decisiones sobre sus ingresos y gastos. Desvincular la capacidad de gasto de la capacidad de ingresos tiene efectos económicos negativos. Por el contrario, gobiernos fiscalmente responsables que tomen decisiones sobre el gasto y los ingresos incentiva los comportamientos eficientes.

Para alcanzar este objetivo es necesario adecuar la capacidad tributaria a las necesidades de gasto, incrementando la autonomía tributaria de las comunidades autónomas tanto en rendimiento de impuestos como en capacidad normativa. Por ahora, las comunidades tienen cedido el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 56% de los impuestos especiales.

Una mayor autonomía financiera debe permitir que los servicios prestados por los gobiernos autonómicos puedan financiarse con los impuestos pagados por la ciudadanía de cada territorio, disminuyendo así las transferencias estatales. Una mayor autonomía tributaria debe permitir también mejorar la progresividad del sistema fiscal. En cualquier caso, este margen superior de autonomía tributaria debe contemplar elementos de armonización que eviten la competencia fiscal a la baja y garantice el acceso en igualdad de condiciones a los pilares del estado de bienestar a todos los ciudadanos del Estado español.

Los análisis y las propuestas expuestas hasta aquí deben servir para que Cataluña participe activamente, como ha hecho en el pasado, en la reforma del sistema de financiación autonómica y en la definición del volumen global de recursos, la composición de la cesta tributaria y el establecimiento de los mecanismos de nivelación, entre otros. Sin embargo, la participación multilateral de Cataluña en el marco de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) no impide que se puedan llegar a acuerdos específicos.

CCOO siempre ha defendido la necesidad de un acuerdo de financiación para Cataluña. Es una propuesta que no responde a ningún privilegio, sino a una genuina y legítima voluntad de autogobierno. Regímenes forales aparte, la propia Constitución no descarta que, dentro del llamado sistema de régimen común, puedan establecerse previsiones singulares. En cualquier caso, el acuerdo específico para Cataluña debe garantizar la suficiencia financiera del autogobierno, debe respetar la lealtad institucional y debe sostenerse en la solidaridad interterritorial y la corresponsabilidad fiscal.

Las especificidades pueden concretarse, por ejemplo, en la cesta tributaria: en su composición, en el alcance de la capacidad normativa sobre los impuestos que la integran, así como en la forma de administrarlos y gestionarlos. Si actualmente es la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) quien tiene competencia exclusiva de gestión y recaudación de los grandes impuestos compartidos y otros, mientras que las comunidades autónomas gestionan por delegación los tributos cedidos y los propios, en el caso de Cataluña habría que aplicar lo que ya dice el Estatuto de autonomía.

En resumen: es necesario crear un consorcio paritario entre las dos agencias, la catalana y la estatal, y transformar este ente en la Agencia Tributaria de Cataluña. Ella sería responsable de la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los impuestos en Cataluña, y su coordinación con la AEAT garantizaría el correcto funcionamiento del modelo, transparencia y efectividad en la lucha contra el fraude.

Por último, pero no menos importante, es necesario reconocer que el debate sobre el modelo de financiación en Cataluña se asocia siempre al balance y previsión de las inversiones estatales en nuestro territorio. Los datos certifican que el nivel de inversiones del Estado en Cataluña está por debajo de su participación en el PIB, son inferiores a su peso poblacional y, además, tienen un nivel de ejecución muy bajo.

Para corregir esta anomalía, que tiene un impacto negativo en materia de infraestructuras, el volumen de inversiones del Estado debe referenciarse con lo que representa el PIB catalán respecto al conjunto de España. Por otra parte, la Generalitat debería participar en la definición y ejecución de todas las inversiones que el Estado lleve a cabo en Cataluña, verificando de forma periódica el nivel de ejecución real y compensado, en su caso, las diferencias.

En definitiva, las estructuras de estado deben dotarse de suficientes recursos para su financiación, reforzar su descentralización administrativa y reforzar los servicios públicos que hoy deben garantizar un nuevo contrato social para el siglo XXI.

Des del punt de vista de l’anàlisi dels moviments socials, no hi ha dubte que la Via Catalana per la Independència, fins i tot ja abans de les 17.14 hores de l’11 de setembre de 2013, ha estat un gran èxit. Pel que significa de capacitat d’organització i mobilització de centenars de milers de persones arreu del país i, simbòlicament, en ciutats d’arreu del món. Però, sobretot, per la capacitat de l’Assembla Nacional Catalana (ANC) a l’hora de marcar l’agenda política, social i mediàtica i de contribuir a consolidar i ampliar una realitat relativament nova a Catalunya: l’hegemonia cultural del discurs (o només missatge?) independentista. Un fet que Enric Marín qualifica, amb instrumental gramscià, de “moviment popular” i “revolta democràtica” que “sistemàticament desborda la política institucional i el sistema mediàtic convencional” (El Periódico, 10/9/2013).

Pero també és cert que, revestida ideològicament de neutralitat, aquesta nova hegemonia la capitalitza políticament, fins ara, una dreta recolzada en el progressisme liberal catalanista. Fet que s’esdevé davant la perplexitat, quan no la paràlisi, de l’esquerra d’arrel marxista habituada, des dels temps de l’antifranquisme i la transició, a ser ella qui dirigia (en pugna amb el pujolisme, és cert) l’hegemonia cultural emanada dels moviments socials i de bona part de la intel·lectualitat amb tribuna universitària o mediàtica. I això val tant per aquelles associacions de veïns i les Comissions Obreres dels anys 70 com per les múltiples i minoritàries expressions de l’esquerra independentista dels anys 80 i 90. És a dir, val per als vells rockers del PSUC i Bandera Roja, molts d’ells reciclats després al PSC (i alguns a les files de la dreta nacionalista, catalana o espanyola); però val igualment pels joves cadells del PSAN, Nacionalistes d’Esquerra, la Crida i l’MDT, molts d’ells arrenglerats avui amb ERC o CDC.

Actualitzant les sigles, doncs, la lliçó d’aquest canvi d’hegemonia cultural és dura o difícil de pair pels militants d’ICV i EUiA, pels socialistes catalanistes que encara hi ha al PSC, per la petita però activa diàspora trotskista, per no poca gent de la CUP i, de ben segur, fins i tot per algun esquerranós d’ERC. I, per descomptat, per CCOO, UGT, USOC… i fins per la CGT que podria reivindicar aquell discurs del Noi del Sucre a Madrid, el 1919, en que el líder de la CNT va dir: “Nosaltres, els treballadors, com sigui que amb una Catalunya independent no hi perdríem res, ans el contrari, hi guanyaríem molt, la independència de la nostra terra no ens fa por. [...] Sense pecar d’exagerat, puc assegurar-vos que si algun dia Catalunya conquesta la seva llibertat nacional, els primers, si no els únics, que li posaran entrebancs, seran els homes de la Lliga Regionalista, perquè a Catalunya com arreu, el capitalisme està mancat d’ideologia”. D’ideologia amb contingut social, s’entén. Perquè darrera de la consigna primer la independència, després ja decidirem si dreta o esquerra és clar que hi ha ideologia.

En definitiva, i recapitulant, la nova hegemonia cultural independentista interpel·la tota aquella àmplia esquerra que el 2012, sorpresa i esperançada encara per l’efecte 15-M, va anar a la vaga general abans (29-M) i després (14-N) de manifestar-se amb (o al costat de) l’ANC sota el lema Catalunya, nou estat d’Europa. Però que, en veu baixa –i escrivint-ho fins i tot en blocs cupaires-, admetia que no s’hi acabava de reconèixer, que se sentia una mica peix fora de l’aigua entre aquella gernació transversal que l’Onze de Setembre del 2012 va omplir Barcelona d’estelades amb més triangles blaus que estrelles roges. I que entrevia, potser, un risc de populisme tal i com l’adverteix Xavier Casals en comparar el cas català amb la “secessió lleugera” de la Lliga Nord que es va alçar contra “Roma ladrona” (Tinta Libre, núm. 6, setembre 2013).

Respondre des de quan, com i per què l’esquerra lectora o deixeble de Gramsci s’ha deixat perdre l’hegemonia cultural a Catalunya (com a Itàlia) requereix tesis doctorals. I remuntar-se, segurament, als temps en què Joaquim Sempere afirmava: “El pujolisme [proveu ara amb independentisme] juga a fons la carta d’aparèixer com l’expressió més pura del catalanisme, dels interessos nacionals (per damunt de les classes) de Catalunya; però hi ha raons legítimes per a dubtar-ne” (Nous Horitzons, núm. 34, 1977). Requereix també analitzar l’impacte sociològic de dècades de TV-3 i d’un sistema educatiu d’exitosa immersió lingüística avui en perill, per la Llei Wert i les retallades del Govern d’Artur Mas. Necessita així mateix analitzar a fons allò que Joan B. Culla titlla de “assignatura pendent” dels socialistes a Espanya (El País, 6/9/2013) i també la fi del que Guillem Martínez defineix com a Cultura de la Transició (CT). Vol igualment descobrir la secreta aposta estratègica d’alguns dirigents d’ERC, ja en el primer tripartit, disposats a tot per intentar jubilar (i simplifico, però són exemples reals) el politòleg Joan Subirats en benefici d’Hèctor López Bofill. O per entronitzar els economistes Xavier Sala i Martín o Elisenda Paluzie mentre s’acomodava Muriel Casals a Òmnium Cultural després de la seva llarga marxa des del PSUC.

Cal també recordar, abans que la gran manifestació contra la sentència de l’Estatut del 2010, aquelles manifestacions de la Plataforma pel Dret de Decidir del 2006 i 2007 en les que, fins per qüestions tan terrenals com les infraestructures i la Renfe, van deixar de ser avantguarda els sindicats, últimes organitzacions de l’esquerra clàssica amb capacitat real de mobilització, tot i la seva esclerosi múltiple. I, sense perdre de vista els fenòmens del 15-M i la PAH, cal destil·lar la pluja d’idees que Jordi Borja, en una síntesi expressionista del caos i el desconcert de les esquerres, ha plasmat en les Cartes de lluny i de prop (L’Avenç, 2013). I saber pair, finalment, el ‘cocktail’ indigesto que el filòsof Manuel Cruz (El País, 6/9/2013) va servir el mateix dia que l’exalcalde comunista de Cornellà, Frederic Prieto, reflexionava sobre Dret a decidir, independència i les esquerres.

Prieto troba curiós i alarmant que les esquerres, velles i noves, “tinguin tants problemes per reconèixer la realitat i per diferenciar els moviments socials de la seva possible manipulació” per part del Govern o la dreta. I per identificar els temps, les lògiques i les raons diferents de partits i moviments socials, tal com recorda Josep Ramoneda (Distàncies, a Ara, 9/9/2003). El mateix Ramoneda que coincideix amb Prieto a definir la independència com l’únic horitzó polític que avui il·lusiona i és realment mobilitzador. En un context, no ho oblidem, de crisi econòmica i política globals, i quan la socialdemocràcia ha desaparegut (en combat?) enfront d’un neoliberalisme que ja se sabia triomfant (però no tant!) abans de la caiguda del comunisme. Però Prieto va més enllà. I, com rumien Jordi Borja i Guillem Martínez (Tinta Libre, núm. 6, setembre 2013) i, directament, afirmen Antonio Baños (La rebel·lió catalana, Grup 62, 2013) i Jaume Asens i Gerardo Pisarello, sosté que “el procés per assolir la independència porta, en ell mateix, una forta càrrega revolucionària, que caldria liderar i canalitzar, en lloc de marginar-se”.

Sobretot si es vol anar cap a un procés constituent que depassi, tot sumant, el que ja proposen Arcadi Oliveres i Teresa Forcades o Itziar González i el seu Parlament Ciutadà. Un procés constituent que, fins i tot, podria acabar contagiant la resta dels Països Catalans i tot l’Estat espanyol, com desitja Isaac Rosa des de Madrid amb tanta nostàlgia però més optimisme de la voluntat que el pessimisme de la raó del que fa gala Miguel González a‘Catalunya, t’estimo’ (El País, 15/8/2013). De poètic optimisme de la voluntat tira també David Fernández: “Això, així, és l’autodeterminació. Criteri unitat popular: som molts i serem molts més. Quan la pista de ball de la llibertat i la justícia social és gran, la feinada que queda per fer és ingent i aquí no hi sobra pas ningú”).

Més prosaic, i en guàrdia per un pessimisme de la raó també genuinament gramscià, Joan Herrera alerta de no confondre la nova hegemonia cultural amb “una immensa minoria o una ajustada majoria” electoral que pugui fracturar el país. Aquella “Catalunya, un sol poble” que el PSUC, i després Pujol i el PSC, van saber mantenir unida. El líder ecosocialista coincideix amb Joan Ignasi Elena i Laia Bonet (Reiniciar las relaciones Cataluña-España, a El País, 10/9/2013) en que el dret a decidir és el punt de trobada de federalistes, confederalistes i independentistes i el desllorigador democràtic d’un atzucac on mantenir l’statu quo ja no és viable. Un mínim comú denominador, el de la consulta, que comparteix un 80% de l’arc parlamentari i l’ampli ventall que va del ciutadà expsuquero Francesc de Carreras (L’hora de l’audàcia, a La Vanguardia, 31/7/2013) a l’independentista anticapitalista David Fernández, passant pel brillant socialdemòcrata confès Jordi Gràcia (Una solución política para Cataluña, a El País, 2/8/2013) amb més convenciment que l’últim intel·lectual orgànic del PSC, Joaquim Coll (Cataluña, democracia o populismo, a El País, 9/9/2013).

Menys unanimitat a l’esquerra mereix la determinació de fer “sí o sí” la consulta, sense aplaçaments tàctics. Forçant, si cal, la legalitat vigent. Una opció que Joan Herrera, tot citant Roger Palà, prefereix al “frau” de les eleccions plebiscitàries. Ho va exposar el 6 de setembre en una conferència d’ICV silenciada pràcticament arreu –com mediàticament silenciada està la CUP- per la llarga mà de la Caixa, veritable poder fàctic a Catalunya i Espanya i que no ha tolerat una altre èxit anunciat (en el silenci) d’aquest Onze de Setembre: encerclemlacaixa. D’“automarginació” defineix Frederic Prieto aquesta acció paral·lela i complementària a la gran cadena humana sobiranista. Potser sí. Però menys marginal que la inacció del PSC per la Diada o el testimonialisme sindical del “ramal social” de la Via Catalana a la Via Laietana, entre Foment del Treball i la conselleria de Governació. I, en tot cas, valenta i morbosa acció, aquesta d’assenyalar la Caixa, contraposant una monja benedictina i el president de Justícia i Pau a l’Opus Dei on profesa el president de l’entitat bancària, Isidre Fainé.

Una altra discussió és si la reivindicació de l’Estat propi o el procés constituent necessiten avantguardes. O quina mena de lideratges calen als moviments socials. Un messies, no; això ja va quedar clar a les eleccions del 25-N. Potser tampoc, com diu Manuel Cruz, ni vells camarades ressentits ni joves promeses amb més ambició que compromís col·lectiu, de base, i poca visió de la necessària articulació política. David Fernández sosté que “és la mobilització social –la repolitització de la política– la que ha desbordat el règim polític; que és l’empenta de la gent la que no entén de renúncies; que és un nosaltres col·lectiu qui desobeeix la nostra pròpia història”. Per canviar-ho o decidir-ho tot, lema on coincideixen ICV i la CUP. Dues forces enemistades per sectarismes i internament dividides -federalistes-independentistes, els uns; front nacional-front d’esquerres, els altres- però condemnades a entendre’s entre elles i amb d’altres. I a explicar-se millor. Si es que volen decidir-ho tot.

“El problema no és pas la capacitat de maniobra dels de dalt; sinó la resposta articulada des de baix”, insisteix amb optimisme gramscià David Fernández. “L’oportunitat històrica hi és”, explica Joan Herrera que, pensant en l’exemple grec de Syriza, reclama ambició, unitat i generositat de les esquerres més enllà d’interessos partidistes i en un moment social i econòmic especialment dur per les classes populars. Però la correlació de forces i el context històric és determinant. I avui hi ha risc de fer una transició catalana a l’Estat propi més frustrant (i menys inclusiva?) que la que ja es va fer a la democràcia espanyola, avui en fallada multiorgànica, i al dèbil Estat del benestar, ara en procés de desballestament per la via de la doctrina del shock. I això que aquella primera transició –no tota negativa, que avui hi ha tendència a esquinçar massa llençols fent la necessària bugada- es va fer des d’una hegemonia cultural molt més escorada a l’esquerra que no pas la que hi ha ara. Però no pels riscos i incerteses –Demasiadas preguntas, diu Fernández (Diagonal,6/8/2013)- cal desistir dels reptes i quedar-se als campaments base de la política, siguin aquests el municipalisme alternatiu, el renovat dinamisme social, el nou cooperativisme o les posicions guanyades en les institucions. Altrament, no sortir a intentar fer el cim seria imposar el conservadurisme a la intel·ligència i l’optimisme gramscians.

Últimes reflexions, per acabar. Recuperar o guanyar l’hegemonia cultural és un procés lent i complex que, òbviament, és encara més difícil en temps d’urgències socials, presses emocionals i acceleració històrica. Però és el que hi ha. I l’esquerra faria (fa) bé de posar-s’hi amb tanta voluntat com consciència de la realitat. De la que hi ha a Europa i al món: Amèrica Llatina és un laboratori interessant; Grècia i Portugal són miralls temuts; la Itàlia que fou del PCI, l’Alemanya de l’SPD, Els Verds o Die Linke i la França hereva del Maig del 68 no són precisament avui exemples d’hegemonia de l’esquerra; i els països nòrdics o l’exemple d’Islàndia generen fortes contradiccions. A sobre, és encara una incògnita què irradiarà del Vaticà, on l’Església catòlica, exportadora secular d’una hegemonia conservadora de valors comunitaristes però oberta a experiències alliberadores, no pot amagar que també està en crisi.

Ens queda, doncs, la via catalana. A Catalunya i a Espanya. Tant suggerent i complexa com aquella via xilena al socialisme que va liderar Salvador Allende fins que va caure enderrocat pels poders fàctics un altre onze de setembre, el 1973. A casa nostra, sense l’hegemonia clara que tampoc tenia Allende, als moviments socials els manquen referents polítics -valents, forts, innovadors, oberts i units en la diversitat- que siguin capaços de plantar cara a la dreta política, econòmica i social. Als poders fàctics de la Troika i els bancs. Per revertir una hegemonia cultural que, en el millor (o pitjor?) dels casos, ho és també de la no política o de l’autoritarisme postdemocràtic que denuncia Josep Ramoneda. Avui, és un fet que Gramsci s’ha independitzat de l’esquerra on va créixer. D’altres treuen profit de la seva noció d’hegemonia. Ja està bé; no deixa de ser un triomf. Però ell sol no tornarà a casa. Si l’esquerra vol recuperar Gramsci, i l’hegemonia cultural, l’haurà d’anar a buscar al carrer. Amb independència de la independència.

Desde el punto de vista del análisis de los movimientos sociales, no hay duda de que la Vía Catalana por la Independencia, incluso ya antes de las 17:14 horas del 11 de septiembre de 2013, ha sido un gran éxito. Por lo que significa de capacidad de organización y movilización de cientos de miles de personas en todo el país y, simbólicamente, en ciudades de todo el mundo. Pero, sobre todo, por la capacidad de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) a la hora de marcar la agenda política, social y mediática y de contribuir a consolidar y ampliar una realidad relativamente nueva en Cataluña: la hegemonía cultural del discurso (¿o sólo mensaje?) independentista. Un hecho que Enrique Marín califica, con instrumental gramsciano, de “movimiento popular” y “revuelta democrática” que “sistemáticamente desborda la política institucional y el sistema mediático convencional” (El Periódico, 10/9/2013).

Pero también es cierto que, revestida ideológicamente de neutralidad, esta nueva hegemonía la capitaliza políticamente, hasta ahora, una derecha apoyada en el progresismo liberal catalanista. Hecho que ocurre ante la perplejidad, cuando no la parálisis, de la izquierda de raíz marxista habituada, desde los tiempos del antifranquismo y la transición, a ser ella quien dirigía (en pugna con el pujolismo, es cierto) la hegemonía cultural emanada de los movimientos sociales y de buena parte de la intelectualidad con tribuna universitaria o mediática. Y esto vale tanto para aquellas asociaciones de vecinos y las Comisiones Obreras de los años 70 como por las múltiples y minoritarias expresiones de la izquierda independentista de los años 80 y 90. Es decir, vale para los viejos rockers del PSUC y Bandera Roja, muchos de ellos reciclados después en el PSC (y algunos en las filas de la derecha nacionalista, catalana o española), pero vale igualmente para los jóvenes cachorros del PSAN, Nacionalistes d'Esquerra, la Crida y el MDT, muchos de ellos alineados hoy con ERC o CDC.

Actualizando las siglas, pues, la lección de este cambio de hegemonía cultural es dura o difícil de digerir por los militantes de ICV y EUiA, los socialistas catalanistas que todavía hay en el PSC, por la pequeña pero activa diáspora trotskista, por no poca gente de la CUP y, a buen seguro, incluso por algún izquierdista de ERC. Y, por supuesto, por CCOO, UGT, USOC ... y hasta por la CGT que podría reivindicar ese discurso del Noi del Sucre en Madrid, en 1919, en que el líder de la CNT dijo: “Nosotros, los trabajadores, como sea que con una Cataluña independiente no perderíamos nada, al contrario, ganaríamos mucho, la independencia de nuestra tierra no nos da miedo. [...] Sin pecar de exagerado, puedo aseguraros que si algún día Cataluña conquista su libertad nacional, los primeros, si no los únicos, que le pondrán obstáculos, serán los hombres de la Lliga Regionalista, porque en Cataluña como en todas partes, el capitalismo carece de ideología”. De ideología con contenido social, se entiende. Porque detrás de la consigna primero la independencia, luego ya decidiremos si derecha o izquierda es claro que hay ideología.

En definitiva, y recapitulando, la nueva hegemonía cultural independentista interpela a toda aquella amplia izquierda que en 2012, sorprendida y esperanzada aún por el efecto 15-M, fue a la huelga general antes (29-M) y después (14-N) de manifestarse con (o al lado de) la ANC bajo el lema Cataluña, nuevo estado de Europa. Pero que, en voz baja –e incluso escribiéndolo incluso en blogs cupaires–, admitía que no se acababa de reconocer, que se sentía un poco pez fuera del agua entre aquella multitud transversal que el Once de Septiembre del 2012 llenó Barcelona de banderas con más triángulos azules que estrellas rojas. Y que entrevía, quizás, un riesgo de populismo tal y como lo advierte Xavier Casals en comparar el caso catalán con la “secesión ligera” de la Liga Norte que se alzó contra “Roma ladrona” (Tinta Libre, núm. 6, septiembre 2013).

Responder desde cuándo, cómo y por qué la izquierda lectora o discípulo de Gramsci ha dejado perder la hegemonía cultural en Cataluña (como en Italia) requiere tesis. Y remontarse, seguramente, a los tiempos en que Joaquim Sempere afirmaba: “El pujolismo [pruebe ahora con independentismo] juega a fondo la carta de aparecer como la expresión más pura del catalanismo, los intereses nacionales (por encima de las clases) de Cataluña, pero hay razones legítimas para dudarlo” (Nuevos Horizontes, núm. 34, 1977). Requiere también analizar el impacto sociológico de décadas de TV-3 y de un sistema educativo de exitosa inmersión lingüística hoy en peligro, por la Ley Wert y los recortes del Govern de Artur Mas. Necesita asimismo analizar a fondo lo que Joan B. Culla tacha de “asignatura pendiente” de los socialistas en España (El País, 6/9/2013) y también el fin de lo que Guillem Martínez define como Cultura de la Transición (CT). Quiere igualmente descubrir la secreta apuesta estratégica de algunos dirigentes de ERC, ya en el primer tripartito, dispuestos a todo para intentar jubilar (y simplifico, pero son ejemplos reales) el politólogo Joan Subirats en beneficio de Héctor López Bofill. O para entronizar los economistas Xavier Sala i Martín o Elisenda Paluzie mientras se acomodaba a Muriel Casals en Òmnium Cultural después de su larga marcha desde el PSUC.

Cabe también recordar, antes de que la gran manifestación contra la sentencia del Estatut del 2010, aquellas manifestaciones de la Plataforma por el Derecho a Decidir de 2006 y 2007 en las que, hasta por cuestiones tan terrenales como las infraestructuras y la Renfe, dejaron de ser vanguardia los sindicatos, últimas organizaciones de la izquierda clásica con capacidad real de movilización, a pesar de su esclerosis múltiple. Y, sin perder de vista los fenómenos del 15-M y la PAH, hay que destilar la lluvia de ideas que Jordi Borja, en una síntesis expresionista del caos y el desconcierto de las izquierdas, ha plasmado en las Cartes de lluny i de prop (L'Avenç, 2013). Y saber digerir, finalmente, el 'cocktail' indigesto que el filósofo Manuel Cruz (El País, 6/9/2013) sirvió el mismo día que el exalcalde comunista de Cornellà, Frederic Prieto, reflexionaba sobre Derecho a decidir, independencia y las izquierdas.

Prieto encuentra curioso y alarmante que las izquierdas, viejas y nuevas, “tengan tantos problemas para reconocer la realidad y para diferenciar los movimientos sociales de su posible manipulación” por parte del Gobierno o la derecha. Y para identificar los tiempos, las lógicas y las razones diferentes de partidos y movimientos sociales, como recuerda Josep Ramoneda (Distàncies, a Ara, 9/9/2013). El mismo Ramoneda que coincide con Prieto en definir la independencia como el único horizonte político que hoy ilusiona y es realmente movilizador. En un contexto, no lo olvidemos, de crisis económica y política globales, y cuando la socialdemocracia ha desaparecido (¿en combate?) Frente a un neoliberalismo que ya se sabía triunfante (¡pero no tanto!) Antes de la caída del comunismo. Pero Prieto va más allá. Y, como rumian Jordi Borja y Guillem Martínez (Tinta Libre, núm. 6, septiembre 2013) y, directamente, afirman Antonio Baños (La rebelión catalana, Grupo 62, 2013) y Jaume Asens y Gerardo Pisarello, sostiene que “el proceso para lograr la independencia puerta, en sí mismo, una fuerte carga revolucionaria, que habría liderar y canalizar, en lugar de marginarse”.

Sobre todo si se quiere ir hacia un proceso constituyente que rebase, sumando, lo que ya proponen Arcadi Oliveres y Teresa Forcades o Itziar González y su Parlamento Ciudadano. Un proceso constituyente que, incluso, podría acabar contagiando al resto de los Països Catalans y todo el Estado español, como desea Isaac Rosa desde Madrid con tanta nostalgia pero más optimismo de la voluntad que el pesimismo de la razón del que hace gala Miguel González en “Catalunya, t'estimo” (El País, 15/8/2013). De poético optimismo de la voluntad tira también David Fernàndez: “Esto, así, es la autodeterminación. Criterio unidad popular: somos muchos y seremos muchos más. Cuando la pista de baile de la libertad y la justicia social es grande, el trabajo que queda por hacer es ingente y aquí no sobra a nadie”.

Más prosaico, y en guardia por un pesimismo de la razón también genuinamente gramsciano, Joan Herrera alerta de no confundir la nueva hegemonía cultural con “una inmensa minoría o una ajustada mayoría” electoral que pueda fracturar el país. Aquella “Cataluña, un solo pueblo” que el PSUC, y luego Pujol y el PSC, supieron mantener unida. El líder ecosocialista coincide con Joan Ignasi Elena y Laia Bonet (“Reiniciar las relaciones Cataluña-España”, en El País, 10/9/2013) en que el derecho a decidir es el punto de encuentro de federalistas, confederalistas e independentistas y el desatascador democrático de un callejón sin salida donde mantener el statu quo ya no es viable. Un mínimo común denominador, el de la consulta, que comparte un 80% del arco parlamentario y el amplio abanico que va del ciudadano expsuquero Francesc de Carreras (“La hora de la audacia”, en La Vanguardia, 31/7/ 2013) al independentista anticapitalista David Fernández, pasando por el brillante socialdemócrata confeso Jordi Gracia (“Una solución política para Cataluña”, en El País, 2/8/2013) con más convencimiento de que el último intelectual orgánico del PSC, Joaquim Coll (“Cataluña, democracia o populismo”, en El País, 09/09/2013).

Menos unanimidad a la izquierda merece la determinación de hacer “sí o sí” la consulta, sin aplazamientos tácticos. Forzando, si es necesario, la legalidad vigente. Una opción que Joan Herrera, citando Roger Palà, prefiere al “fraude” de las elecciones plebiscitarias. Lo expuso el 6 de septiembre en una conferencia de ICV silenciada prácticamente en todas partes –como mediáticamente silenciada está la CUP– por la larga mano de La Caixa, verdadero poder fáctico en Cataluña y España y que no ha tolerado otra éxito anunciado (en el silencio) de este Once de Septiembre: #EncerclemLaCaixa. De “automarginación” define Frederic Prieto esta acción paralela y complementaria a la gran cadena humana soberanista. Quizá. Pero menos marginal que la inacción del PSC para la Diada o el testimonialismo sindical del “ramal social” de la Via Catalana en la Via Laietana, entre Fomento del Trabajo y la conselleria de Gobernación. Y, en todo caso, valiente y morbosa acción, esta de señalar La Caixa, contraponiendo una monja benedictina y el presidente de Justicia y Paz al Opus Dei en el que profesa el presidente de la entidad bancaria, Isidre Fainé.

Otra discusión es si la reivindicación del Estado propio o el proceso constituyente necesitan vanguardias. O qué tipo de liderazgos necesitan los movimientos sociales. Un mesías, no, eso ya quedó claro en las elecciones del 25-N. Quizás tampoco, como dice Manuel Cruz, viejos camaradas resentidos ni jóvenes promesas con más ambición que compromiso colectivo, de base, y poca visión de la necesaria articulación política. David Fernàndez sostiene que “es la movilización social –la repolitización de la política– la que ha desbordado el régimen político; que es el empuje de la gente que no entiende de renuncias; que es un nosotros colectivo que desobedece nuestra propia historia”. Para cambiarlo o decidir todo, lema donde coinciden ICV y la CUP. Dos fuerzas enemistadas por sectarismos e internamente divididas –federalistas-independentistas, unos; frente nacional-frente de izquierdas, los otros– pero condenadas a entenderse entre ellas y con otros. Y a explicarse mejor. Si es que quieren decidirlo todo.

“El problema no es la capacidad de maniobra de los de arriba, sino la respuesta articulada desde abajo”, insiste con optimismo gramsciano David Fernàndez. “La oportunidad histórica está”, explica Joan Herrera que, pensando en el ejemplo griego de Syriza, reclama ambición, unidad y generosidad de las izquierdas más allá de intereses partidistas y en un momento social y económico especialmente duro para las clases populares. Pero la correlación de fuerzas y el contexto histórico es determinante. Y hoy hay riesgo de hacer una transición catalana al Estado propio más frustrante (¿y menos inclusiva?) que la que ya se hizo en la democracia española, hoy en fallo multiorgánico, y al débil Estado del bienestar, ahora en proceso de desguace por la vía de la doctrina del shock. Y eso que aquella primera transición –no toda negativa, que hoy hay tendencia a rasgar demasiado sábanas haciendo la necesaria colada– se hizo desde una hegemonía cultural mucho más escorada a la izquierda que la que hay ahora. Pero no por los riesgos e incertidumbres –“Demasiadas preguntas”, dice Fernàndez (Diagonal, 08/06/2013)– hay que desistir de los retos y quedarse en los campamentos base de la política, sean estos el municipalismo alternativo, el renovado dinamismo social, el nuevo cooperativismo o las posiciones ganadas en las instituciones. En otro caso, no salir a intentar hacer cumbre sería imponer el conservadurismo en la inteligencia y el optimismo gramscianos.

Últimas reflexiones, para terminar. Recuperar o ganar la hegemonía cultural es un proceso lento y complejo que, obviamente, es aún más difícil en tiempos de urgencias sociales, prisas emocionales y aceleración histórica. Pero es lo que hay. Y la izquierda haría (hace) bien de ponerse a ello con tanta voluntad como conciencia de la realidad. De lo que hay en Europa y en el mundo: América Latina es un laboratorio interesante; Grecia y Portugal son espejos temidos, la Italia que fue del PCI, la Alemania del SPD, Los Verdes o Die Linke y la Francia heredera del mayo del 68 no son precisamente hoy ejemplos de hegemonía de la izquierda, y los países nórdicos o el ejemplo de Islandia generan fuertes contradicciones. Encima, es todavía una incógnita qué irradiará del Vaticano, donde la Iglesia católica, exportadora secular de una hegemonía conservadora de valores comunitaristas pero abierta a experiencias liberadoras, no puede ocultar que también está en crisis.

Nos queda, pues, la vía catalana. En Cataluña y en España. Tan sugerente y compleja como aquella vía chilena al socialismo que lideró Salvador Allende hasta que cayó derribado por los poderes fácticos otro once de septiembre, 1973. En nuestro país, sin la hegemonía clara que tampoco tenía Allende, los movimientos sociales carecen referentes políticos –valientes, fuertes, innovadores, abiertos y unidos en la diversidad– que sean capaces de hacer frente a la derecha política, económica y social. Los poderes fácticos de la Troika y los bancos. Para revertir una hegemonía cultural que, en el mejor (¿o peor?) de los casos, lo es también de la no política o del autoritarismo posdemocrático que denuncia Josep Ramoneda. Hoy, es un hecho que Gramsci se ha independizado de la izquierda donde creció. Otros sacan provecho de su noción de hegemonía. Ya está bien, no deja de ser un triunfo. Pero él solo no volverá a casa. Si la izquierda quiere recuperar a Gramsci, y la hegemonía cultural, deberá ir a buscar a la calle. Con independencia de la independencia.