La orden fue dada hace mucho. Lo recordaba mi amigo Manolo Monereo en uno de sus artículos en enero de 2016: ahora o nunca, hay que liquidar a Podemos.  Cueste lo que cueste. Claro, es lo que tiene mirar a los poderosos de frente, sin miedo, y decirles la verdad .

¿Qué esperábamos? ¿Que nos iba a salir gratis sacar el Tramabús a la calle para denunciar las mayores tramas de corrupción de este país y a sus artífices ? ¿Creíamos que nos  iba a salir gratis proponer leyes para que dejen de mandar quienes no se presentan a las elecciones? ¿Que se iban a quedar de brazos cruzados mientras llamábamos «casta» a quienes se compran una cuarta vivienda para especular y a la vez hacen leyes de desahucio exprés o mientras llamábamos «miserables» a quienes llevaron a cabo las dos reformas laborales? ¿Pensábamos que iban a darnos las gracias por denunciar sus sobresueldos en B mientras nosotros donamos parte de nuestro salario a proyectos sociales y renunciamos a los coches oficiales y al plan de pensiones privado? Lo pregunto en serio: ¿qué esperábamos?

Hay una cadena perfectamente engrasada entre los poderes políticos, los económicos y los mediáticos, cuyo funcionamiento lleva perfeccionándose desde que ocupamos las plazas de las principales ciudades un  15 de mayo de 2011 para frenar cualquier posibilidad de cambio político en este país. En ocasiones, a porrazos contra manifestantes pacíficos, otras veces encarcelando a titiriteros, raperos o tuiteros bajo el peligroso paraguas del «enaltecimiento del terrorismo». Otras,  inventándose un partido político como Ciudadanos que no distingue entre opresores y oprimidos porque solo ve «españoles». Otras, publicando fotos de dirigentes tomándose una Coca-Cola. Otras, juzgando a compañeras feministas por hacer activismo político mientras cursan sus estudios. Otras, metiéndose en campañas internas y eligiendo candidatos. Otras, hablando de Venezuela, Irán y Corea del Norte hasta quedarse con la boca seca. Otras, pagando quince mil euros por la foto de dos criaturas que aún no han llegado. Todo vale contra Podemos. Todo vale contra quien tiene las agallas de decir: «ni de coña,  no voy a seguir permitiendo que otros hagan política en mi nombre».

Aun así, a pesar de los precedentes, la inocencia sigue corriendo por nuestras venas. Jamás nos hubiésemos esperado una campaña de acoso y derribo como la que estamos viendo estos días contra quienes encabezan  la posibilidad de cambiar las cosas y hacer que nos devuelvan la dignidad que nos han robado a lo largo de todos estos años.

Pablo Iglesias e Irene Montero se han hipotecado. ¡Oh, Dios mío! Durante treinta años estarán pagando unos ochocientos euros cada uno para vivir en paz en su única vivienda y criar, lejos de los focos de las cámaras, de los detectives privados y de las cloacas del Estado a sus dos futuros hijos. Lo han decidido después de ser juzgados por vivir en un piso que no era suyo en Vallecas y después de alquilar una vivienda unifamiliar en Rivas. Lo han decidido después de tener que soportar que les hicieran fotos mientras sacaban los perros, mientras iban a comprar el pan, mientras seguían hasta la puerta del gimnasio a miembros de su equipo de trabajadores… Y el remedio ha sido peor que la enfermedad. Ya se ha organizado una barbacoa en su nueva casa, ya hemos visto con todo lujo de detalles las fotos del interior de la vivienda y los muebles de sus anteriores propietarios, ya conocemos el patrimonio de sus padres. Hasta la extrema derecha se ha reunido allí para cortar el seto de la valla y colocar sus pancartas.

Hay quien piensa que tanto Pablo como Irene han sido incoherentes. El debate está servido, a estas alturas todo el mundo tiene una opinión construida y bien armada sobre la compra de su vivienda. Hay quien considera que han cometido un error, otros pensamos que con esta campaña  contra estos dos compañeros se han traspasado todas las líneas rojas y que con su vida privada pueden hacer lo que les dé la real gana mientras desempeñen bien su trabajo como diputados. Yo no soy quién para dar lecciones a nadie y, en cuanto a opiniones, todas legítimas, los colores. Eso sí, y digo yo : ¿tan bien lo ha hecho esa cadena de poderes políticos, económicos y mediáticos para que sigamos, cinco días después, hablando horas, horas y horas sobre lo mismo mientras detienen al señor Zaplana y al número dos del ministro Montoro? ¿Tan bien lo ha hecho para que se nos haya olvidado que las únicas incoherencias que deben asustarnos son las decisiones políticas y las leyes de quienes nos están condenando a todos y a todas a la miseria mientras rescatan bancos y autopistas?

El adversario político está fuera. El adversario político es quien nos roba; quien empobrece a las mayorías sociales; quien merma nuestros derechos a golpe de recortes a través de unos injustos Presupuestos Generales del Estado; quien trabaja para el Fondo Monetario Internacional (FMI) y no para nuestros vecinos y vecinas; quien, con su corrupción y tu dinero, se compra cuatro casas para especular.

Con ejemplos:  ¿qué importa más: dónde vive Pedro Sánchez, que hizo una campaña para decirle a sus militantes que nunca investiría como presidente a Mariano Rajoy o que haría una moción de censura para después hacer lo contrario?  ¿Qué me importa más: dónde vive Albert Rivera o que a pesar de haberse presentado como «la regeneración democrática de este país» apoye sistemáticamente al partido más corrupto de Europa? ¿Qué importa más: dónde viven Pablo Iglesias e Irene Montero o sus leyes y propuestas para revalorizar las pensiones, acabar con las violencias machistas, favorecer la igualdad de las mujeres, recuperar la calidad de nuestra educación y sanidad o acabar con los fondos buitre?

Yo soy de las que opina que importa más lo que se dice en la tribuna del Congreso de los Diputados, las propuestas, el proyecto político y las ideas para lograr más justicia social. Pero aquí nadie está sordo, mudo o ciego como los monitos del WhatsApp. Se ha puesto en entredicho su credibilidad como dirigentes políticos, lo más preciado y lo único que tenemos para seguir mirando de frente a los poderosos, sin miedo, y decirles la verdad. Por tanto, y como no puede ser de otra forma según nuestro código ético, seremos todos los inscritos e inscritas quienes decidamos si están capacitados para seguir encabezando, con su mochila cargada de decisiones personales, nuestro proyecto político de cambio. Solo si nuestra gente quiere, ellos seguirán adelante.

¿Os imagináis qué hubiera pasado en este país si M. Rajoy hubiese sometido a sus bases la decisión de continuar o no tras haber aparecido su nombre en los papeles de Bárcenas? ¿Os imagináis qué hubiera pasado si Pedro Sánchez hubiese consultado si debe seguir o no después de investir como presidente a Mariano Rajoy o de apoyar el 155? ¿Os imagináis qué pasaría si Albert Rivera sometiera a sus bases su cargo al apoyar una y otra vez los recambios del Partido Popular en Murcia y en la Comunidad de Madrid?

Yo quiero saber qué piensa nuestra gente de Pablo Iglesias y de Irene Montero, aunque no hayan hecho nada malo, nada ilegal, nada horrible, nada que perjudique la vida de los demás. ¿Por qué? Porque la orden está dada desde hace mucho tiempo, porque hoy son Pablo Iglesias e Irene Montero, pero mañana puedo ser yo o puedes ser tú. Porque llevan intentando destruirnos desde aquel «No nos representan» que gritamos en las calles. Porque, aunque pidamos una y otra vez lo contrario, las persecuciones seguirán, porque el acoso seguirá, porque las campañas de destrucción no van a parar. Y sin unidad, sin el apoyo de todas y todos los que construimos este proyecto día a día, no hay ser humano que pueda aguantarlo. Yo no, por lo menos. Me atrevo a decir que tampoco Pablo e Irene.

Cuando se conversa con Gerardo Vega, se percibe la impotencia de un perseguido y la firmeza de un defensor de derechos fundamentales que, a base de trabajo y convicción, ha sabido mantenerse en pie durante ocho años para proteger a las víctimas del conflicto armado en Colombia y, en concreto, para ayudarles a recuperar las tierras que les quitaron a través de la violencia. Y no titubea al decir que el exilio político no es una opción y que regresará “para no darles la razón” a sus victimarios.

Su trabajo y el de la fundación que preside, Forjando Futuros, fueron merecedores del Premio Nacional de Paz en el año 2012, avalado por el Programa de Naciones Unidas –PNUD– y por los principales medios de comunicación generalistas en Colombia.

Esta defensa de los derechos humanos ha atraído, sin embargo, una lista de siete amenazas contra su integridad física que han quedado en la impunidad y que le han forzado a huir en busca de apoyo internacional. Los objetivos: forzar el avance de las investigaciones judiciales contra los responsables y obtener la garantía de que se protegerá a los líderes que, como él, trabajan en la restitución de tierras.

El más reciente plan criminal para atentar contra la vida de este abogado data del 20 de noviembre de 2013, tres días después de que asesinaran a Gildardo Padilla, un reclamante del terreno que le arrebataron y que trabajaba, como Vega, en la región de Urabá. Fue este hecho lo que le convenció de que esta vez ni siquiera los dos escoltas y el coche blindado que la Unidad de Protección le había asignado podrían lograr evitar la tragedia. Su nombre estaba en la misma lista que el de Padilla.

“Hemos solicitado al Gobierno que se identifique claramente y se procese a quienes financian, patrocinan y fomentan a los grupos paramilitares y de extrema derecha que se oponen a la restitución y que se coordinan para matar y generar desplazamientos, o que al menos verifiquen la información con los nombres que ya les hemos dado”, explica Vega.

Desde 2008, al menos 16 defensores de derechos humanos especializados en la restitución de tierras o reclamantes de ellas han sido asesinados en la región de Urabá, y 64 más, a lo largo de todo el territorio colombiano.

La restitución de tierras, clave en la agenda política

Colombia es ya el país con más desplazados en el mundo, con un total estimado entre los 4,9 y los 5,9 millones. La cifra incluye a las personas a las que les han obligado a abandonar sus propiedades en los campos de Colombia, que en total suman unas 350.000 fincas, aproximadamente, y más de 8,3 hectáreas.

Esta práctica ha sido utilizada por grupos armados ilegales “con la intención de ejercer control sobre territorios que ofertan importantes beneficios económicos, tanto para dichos grupos –que en su mayoría los usan para actividades ilícitas como el narcotráfico o el tráfico de armas– como para empresarios dedicados a la explotación agrícola, a la ganadería extensiva o a la megaminería”.

Para responder a esta problemática nace en el año 2011 una ley histórica en Colombia promovida por el actual Gobierno de Juan Manuel Santos: la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que, según Vega, “aunque sea la mejor en años, no sirve de nada si no se aplica y, además, mucho más rápido”. Se trata, por su lado, del primer punto en la agenda de los diálogos de paz en Cuba entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), “lo que demuestra la repercusión que tiene en el país el tema de las tierras cuando se habla de la posibilidad de construir la paz en el país”.

Y para que la Ley de Víctimas sea efectiva, según Vega tienen que darse varias garantías: protección para los reclamantes de tierras, efectividad en las investigaciones pertinentes, difusión del nombre de los culpables para que no vuelvan a repetir sus actos y prohibición del porte de armas en las zonas afectadas; lista que engloba en dos términos fundamentales: justicia y verdad.

“Hay posibilidades de que se encauce la aplicación de la ley, siempre y cuando el Gobierno garantice que las órdenes de los jueces se cumplen y se tengan en cuenta factores como la reparación colectiva, que aceleraría mucho los procesos de una normativa que hasta ahora sólo ha cumplido con un 0,01%, aproximadamente, de sus objetivos”.

Gerardo seguirá liderando desde la lejanía el trabajo de la Fundación Forjando Futuros en coordinación con la Asamblea de Cooperación para la Paz, organización española que trabaja desde hace 15 años de la mano en la protección a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Seguirá buscando el apoyo internacional público y privado para que este panorama de coacción y atentados contra los líderes sociales y defensores de los derechos fundamentales no vuelva a repetirse.

“Si Colombia quiere la paz, tiene que garantizar la protección de los que la defienden”.

Marlene y Rogerio llegaron a Bogotá hace 13 años. Ella viene del Putumayo y él del Cauca. Ambos son líderes indígenas, protectores de la tierra y grandes conocedores de las técnicas de explotación artesanal para el autoconsumo y el pequeño y mediano comercio. Los dos fueron amenazados y desplazados forzosamente de sus lugares de origen por los diferentes grupos armados que hoy siguen protagonizando el conflicto interno más largo en la historia de Latinoamérica. Tanto Marlene como Rogerio, sin embargo, han encontrado un modo de vida para su sustento y para el mantenimiento de sus culturas ancestrales en la capital de Colombia: la agricultura urbana.

“Cuando llegué me pregunté a mí misma que cómo íbamos a sobrevivir nosotros, los desplazados, en una selva de cemento así”, recuerda Marlene. Lo tuvo claro desde el principio: cultivando. Decidió entonces ocupar varios inmuebles en distintos barrios de la ciudad para el alojamiento y la creación de huertas de autoconsumo con toda clase de vegetales que pudiesen plantarse en una casa, dando así sustento y cobijo a 555 familias llegadas de la misma forma que ella.

Pronto acontecieron los atentados a los edificios por parte de grupos ilegales y las intervenciones de las autoridades que, con gases lacrimógenos, desocupaban los inmuebles en los que se iban instalando. De sitio en sitio y continuando con la misma práctica, Marlene abanderó este movimiento hasta principios de 2012. “Me perseguían porque le daba de comer al hambriento –asegura– y, si no me mataron, es porque lideraba pero no me dejaba ver”.

Las cifras del último estudio del Centro de Seguimiento para los Desplazados Internos (IDMC) sitúan a Colombia como el país con más desplazados internos del mundo, con un total de 5,5 millones de personas. Durante el año 2012 fueron 230.000 los afectados. De ellos, 18.154 eran indígenas, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). La hostilidad de estos núcleos urbanos y la imposición de sus prácticas culturales implica que el mantenimiento de las costumbres de las comunidades se convierta en una misión de alta complejidad. Marlene y Rogerio declaran su intención de resistencia: “El día que perdamos nuestra cultura no nos quedará nada”.

La explotación y extracción de productos de la tierra con ánimo de lucro individual o empresarial y el desarrollo económico a partir de grandes proyectos de infraestructura consolidada a través de políticas como los Tratados de Libre Comercio se enfrentan de forma directa a la relación de los pueblos originarios con su entorno. Y también los monocultivos de coca para el narcotráfico; o de pino, para madereras; y la ubicación estratégica de los territorios ancestrales, como los de Marlene y Rogerio.

Los grupos armados que continúan con la guerra interna en el país han incrementado su interés en estas prácticas, hecho que, según CODHES, “potencia el escenario de riesgo para sus pobladores” y, en consecuencia, su salida inmediata y obligatoria a otros lugares de la nación.

'Huertas de alimentos orgánicos para el futuro' es el proyecto de vida de Marlene Zambrano Padilla, directora de la Fundación Colombiana de Desplazados y secretaria del Movimiento Nacional de Víctimas por la Paz. Originaria de la comunidad Páez (Cauca), fue criada en el sur de país, en el selvático departamento del Putumayo. Se dedicaba al comercio, pero heredó el compromiso social de su padre, defensor de derechos humanos asesinado en los años noventa. Por continuar con su misma lucha, fue desplazada por primera vez en 1991. En el año 2000 registró su situación como víctima y tuvo que enfrentarse a una nueva vida en una ciudad como Bogotá con la intención de quedarse.

En distintos barrios de la ciudad y paralelamente, Marlene comenzó con su proyecto de huertas naturales. Hoy queda en pie la más importante, en Ciudad Bolívar (barrio bogotano de un millón de habitantes con los mayores índices de violencia y empobrecimiento de la ciudad), que sustenta a 36 familias indígenas y campesinas. Patatas, zanahorias, remolachas, lechugas, brócoli y una gran variedad de vegetales crecen rodeados de cemento, abonados de forma natural y cercados por árboles frutales para evitar el uso de cualquier producto artificial en los cultivos.

El alimento producido en la huerta es el que abastece a los mercados campesinos. Los beneficiarios buscan hoy en las instituciones gubernamentales el apoyo necesario para tejer una red de comercialización nacional que asocie y ayude a los desplazados del país afectados por el problema de la inseguridad alimentaria. Las huertas creadas anteriormente fueron levantadas, y Marlene sigue amenazada por seguir adelante con este proyecto.

Pobreza y desnutrición urbana

No es incoherente que campesinos y activistas políticos como Marlene pongan en el primer punto de sus prioridades la seguridad alimentaria. Según el Programa de Naciones Urbanas para el Desarrollo (PNUD), la pobreza y desnutrición urbana se sitúan en un 42%; y en el ámbito rural, que atañe directamente a quienes tienen una mayor participación en la economía agropecuaria, afectan a un 68% del total de la población.

Los datos demuestran que hay problemas que nacen en el campo y que afectan de forma directa a la nutrición de las personas. Algunos de ellos son: la necesidad de una reforma agraria (hecho que ocasionó el mayor paro agrario de la historia de Colombia el pasado mes de agosto); la incoherencia entre los modelos productivos dominantes (monocultivos) y los ecosistemas que ocasionan deterioro del medio y vulnerabilidad en la población; el no acceso de la mayoría de los campesinos a las tierras; la ausencia de una infraestructura que facilite la distribución y la comercialización; la pérdida de la biodiversidad y de las semillas originarias para la manipulación transgénica.

Los campesinos y las comunidades negras e indígenas que llegan a Bogotá, en su mayoría trabajadores de la tierra y del mar, acaban, por imposiciones políticas y económicas, instalándose en los suburbios de la ciudad. En durísimas condiciones: sin recursos para el acceso a la educación o a la salud, sin espacios donde cultivar de forma legal, viviendo en la calle o en casas de precarias condiciones, sin acceso a las materias primas para la producción de sus artesanías y situados en sectores donde los índices de violencia son altos y encuentran serias dificultades para su subsistencia y el mantenimiento de sus culturas.

Marlene quiere acabar con todo esto. Sonríe con astucia y, con seguridad, cuando dice que “los derechos con hambre, no son derechos”. Esta semana debe buscar un lugar donde dormir: ya no se siente segura habitando siempre en la misma casa. “¡Víctimas al poder para que no nos vuelvan a joder!”, afirma elevando el tono de voz, entre risas y con el puño en alto. “Lástima que ese no pueda ser nuestro lema oficial”, bromea.

La desigualdad en el reparto de la tierra en Colombia es notable. El 80% está en manos del 14% de los propietarios, según los datos expuestos en el informe 'Divide y comprarás' de Oxfam Intermón. Esta concentración va en aumento: el índice de Gini –que mide la desigualdad– sitúa a Colombia en el lugar número once entre los países del mundo con mayor desigualdad en el acceso a la tierra. Según algunos informes, el 40% del territorio colombiano está bajo algún tipo de contrato con corporaciones multinacionales, ya sea para la producción de biocombustibles, la agricultura, la explotación forestal o la minería. En un informe reciente, la FAO advierte que hay tendencias de extranjerización de la tierra, favorecidas por la ausencia de límites y de regulación interna, según alerta Oxfam.

Monocultivos y desplazamiento

Rogerio Peña, uno de los líderes indígenas de la comunidad nasa, originaria del Cauca, conoce bien los efectos de la presencia de monocultivos sobre la población. Actualmente vive en la localidad de Usme, otro núcleo urbano con las mismas características de Ciudad Bolívar y en el que residen gran parte de los desplazados étnicos en Bogotá. Como actividad económica principal, la producción y pequeña comercialización de artesanía. Para el mantenimiento de su cultura ancestral, Rogerio cultiva en su pequeña terraza plantas para ejercer la medicina tradicional en el núcleo familiar. Los desplazados no creen en la eficacia de nuestro sistema sanitario y tampoco pueden costeárselo.

Al igual que Marlene, Rogerio también fue desplazado por la defensa de los derechos humanos de las poblaciones. Desde hace cuatro décadas lucha contra la presencia de los monocultivos que acaban con su tierra.

Cartón de Colombia, multinacional líder en producción de papel y cartón, se instaló en el Cauca en los años setenta. Sus mandatarios compraron 600 hectáreas en la cordillera del municipio de Buenos Aires, pero pronto entraron en el territorio sagrado de los nasa devastando todos los árboles nativos para la siembra a gran escala del pino, una especie que no es autóctona, seca el agua y deteriora de forma rápida la tierra de la zona.

Como no fueron atendidas sus peticiones por vías legales, la comunidad comenzó a cortar, en ánimo de lucha, todo aquello cuanto plantaba la empresa. ¿Las consecuencias? El ejército entró en defensa de la multinacional y la acción de resistencia se saldó con varios indígenas y soldados muertos. Seis miembros de la comunidad viajaron a Arabia Saudita, país de residencia del dueño de la multinacional, para dialogar y traerlo a Colombia con el compromiso de devolver las tierras a los nasa. Lo consiguieron: “Ahora los pinos son nuestros vecinos, pero no entran en casa”, señala Rogerio. Eso sí, se mantiene vigente otra batalla importante; esta vez, con los monocultivos de coca.

Este hombre, de voz delicada y fuerte actitud, nos habla de la implicación y responsabilidad de todos los sectores legales e ilegales en la expansión de los cocaleros. Habla de cómo muchos indígenas decidieron sembrar coca y vender bultos “a los blancos” para fabricar base de cocaína porque sus modos de vida no les permitían mantener con dignidad a sus familias. Culpa de ello en algunos aspectos al Estado, por el abandono de los territorios indígenas, que “en pleno siglo XXI siguen sin energía, sin agua potable, sin acceso a la salud o la educación”.

Nos habla de la negativa de otros compañeros indígenas ante la posibilidad de cultivar y ganar dinero rápido. Nos habla de la llegada de la guerrilla y, tras ella, los guerrilleros, el ejército y también los paramilitares. Nos habla de caos y de violencia y de que la zona aún continúa siendo uno de los grandes modelos económicos en el Cauca. Nos habla de la llegada de “gringos que manipularon las semillas para hacerlas más resistentes a las plagas”. Y nos cuenta, con tristeza, que ya han llegado a un punto en el que ni siquiera se plantan plátano, papas o yuca para el autoconsumo porque no hay tierra cultivable disponible, ni interés en ello. “Ya tenemos que ir a Buenos Aires a hacer mercado de productos que antes sí cultivábamos y que ahora vienen de otras partes empaquetados. Qué triste es a veces mi Colombia”.

En el departamento del Cauca, en diciembre de 2011, existían aún más de 6.000 hectáreas de cultivos de coca, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), convirtiéndose así esta zona en la cuarta zona del país con mayor presencia del monocultivo. Además, las consecuencias que esto tiene en el medioambiente son devastadoras. En Colombia el 21,5% del total de las plantaciones se radican en terrenos gracias a la tala de los bosques autóctonos. El país sigue produciendo 4.600 kilos de hoja de coca por hectárea al año para la fabricación de base de cocaína.

Los nasa usan esta planta con fines medicinales, no obstante. Lo hacen desde mucho antes de que llegaran los grandes cocaleros a su territorio y Rogerio, con firmeza, deja claro que, a pesar de la manipulación que el narcotráfico hace hoy de la planta, no van a dejar de defenderla: “El día que los nasa perdamos nuestra cultura, no nos quedará nada”.

Y mientras, con esmero, le va quitando el nudo a una bolsita donde tiene guardada la hoja que le traen de su tierra y que aún no ha sido manipulada genéticamente. No puede volver. Su mujer lo hizo recientemente y, pasado un mes, recibió una carta de advertencia. Tampoco tiene mucho interés a estas alturas, teme que vuelva a ser expulsado y perder así lo conseguido hasta ahora. Seguirá construyendo un modelo de vida que puedan continuar sus hijos en Bogotá y que fortalezca a las comunidades y a los desplazados que, como él, llegan a la ciudad.

Hace un año se hacía pública la noticia esperada por tantos: el Gobierno y las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) habían firmado en La Habana (Cuba) el 'acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera'. Un mes después, en octubre de 2012, se iniciaba en Oslo (Noruega) una mesa de negociación entre ambos grupos que aún sigue vigente y que rescató la esperanza de gran parte del pueblo colombiano. Otros, por el contrario, se hacían una pregunta que hoy se imprime en los carteles de protesta de sindicatos y organizaciones campesinas: “¿Cómo es posible hablar de paz teniendo hambre?”

Colombia ha sido testigo durante el último mes de la mayor oleada de movilizaciones gremiales desde que el presidente del país, Juan Manuel Santos, llegara al poder. Campesinos, transportistas, mineros artesanales, empleados sanitarios y maestros han salido a las calles para exigir la garantía de unos derechos recogidos en el segundo título de la Constitución Política de Colombia de 1991 que, según lo dicho por activistas del Congreso de los Pueblos en la Cumbre Agraria y Popular celebrada el pasado jueves en la Universidad Nacional de Bogotá, “no parecen estar escritos para todos por igual”.

Con un balance de 12 muertos, cuatro desaparecidos, 660 casos de violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos, 485 heridos generales (entre los que se incluyen miembros de la policía, del ESMAD -Escuadrón Móvil Antidisturbios- y de grupos militares), 21 heridos por armas de fuego, 52 casos de amenazas contra líderes sociales y 51 “ataques indiscriminados” a la población civil, según líderes del Congreso de los Pueblos, los portavoces de la Mesa Nacional Agropecuaria y Nacional de Interlocución y Acuerdo (MIA) consiguieron firmar un acuerdo con la vicepresidencia de la República y los gobernadores de Cauca, Nariño, Putumayo, Guaviare, Meta, Tolima y Huila para iniciar diálogos directos que den respuesta a sus peticiones más inmediatas. Esto ha conseguido romper los bloqueos en las carreteras, pueblos y ciudades de país, pero no ha podido desarticular las movilizaciones.

“No estamos dispuestos a retroceder. Consideramos que el gobierno ha planteado iniciativas que sólo maquillan la crisis del campo. El pueblo colombiano pide una solución integral a estos problemas, por eso es necesario acabar con los Tratados de Libre Comercio (TLC), luchar por una reforma agraria democrática, por un reconocimiento político del campesinado”, expresaba el representante del Congreso de los Pueblos en la Cumbre Agraria y Popular, que reunía en Bogotá a 4.000 actores implicados en las reivindicaciones, según el movimiento político de izquierdas Marcha Patriótica, organizador del encuentro.

“Hay muchos acuerdos que esperamos que se cumplan, pero sabemos que eso no va a pasar, por lo tanto es hora de quedarnos levantados”, expresó a Desalambre Gilberto Ariza, miembro de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) y líder del pueblo Arhuaco, asentado históricamente en la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Nosotros, como pueblos indígenas de Colombia, hemos contribuido al fortalecimiento del país. Nuestra mirada siempre ha sido la defensa del territorio, la defensa de nuestra libre autonomía. Es por eso que hoy, en defensa de la apropiación de nuestros principios y de la relación con la espiritualidad, estamos ligados a esta cumbre y promovemos el mantenimiento de todas las movilizaciones que se vienen dando desde hace más de 20 días”, agregó.

Las FARC, por su lado, calificaron al Pacto Nacional por el Agro de ser “limosnero” y expresaron en un comunicado su apoyo a la Cumbre Agraria y Popular, que trató de buscar la unidad de todos los implicados en la crisis del campo (campesinos, afrodescendientes, comunidades indígenas y activistas populares).

El Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural y la crisis ministerial

El pasado jueves, al mismo tiempo que se desarrollaba la Cumbre Agraria y Popular citada anteriormente, el gobierno de Santos esperaba en la mesa de negociación a los portavoces del sector agropecuario para iniciar el Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural. Dada la falta de confianza de los campesinos en su palabra, la mayoría de portavoces campesinos no acudieron a la cita. Aun así el mandatario leyó sus propuestas: eliminación de los aranceles para los insumos agrícolas; creación de una comisión que vigile los precios de estos productos; fortalecer la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; eliminar un cupo de importaciones de lactosueros y formalizar por decreto el Sistema de Participación Popular.

Se trata de unas medidas que coinciden con el primer tema tratado con las FARC en la mesa de negociación en La Habana y que pretenden, según el presidente, “refundar el campo colombiano”. Habló de la restitución de las tierras a víctimas de la violencia, del cierre de la frontera agrícola, de la formalización de la propiedad para campesinos y de la nueva jurisdicción agraria, entre otros asuntos ya trabajados en Cuba. Se anunció, además, que Venezuela comprará de forma masiva productos del agro colombiano. Todas estas propuestas, que de llevarse a la acción supondrían un notable avance, pretenden recuperar esa confianza popular debilitada en las últimas semanas.

A nueve meses de las elecciones presidenciales y según una encuesta de Gallup Colombia, tanto la imagen personal de Santos como la valoración a su gestión descendieron, a un 21% su nota individual y a un 11% el manejo general del país, en concreto. Este estudio bimestral demuestra el pesimismo de los ciudadanos, pues el 82% cree que el país está empeorando. La desconfianza aumentó cuando la respuesta política ante el paro campesino supuso la dimisión de los 16 ministros que componen el Ejecutivo que, a pesar de su decisión conjunta, dijeron haberlo hecho para dejar al presidente total libertad en la gestión de Colombia de cara al último tramo hacia la reelección.

En la Cumbre Agraria y Popular los pequeños y medianos campesinos, sin embargo, ya mostraron su rechazo al nuevo líder del Ministerio de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, quien, por su experiencia en el sector privado, no consideran que pueda defender los intereses de los pequeños y medianos productores a pesar de su declaración pública de “darle un vuelco al sector”.

“Es un ministro impuesto por las transnacionales”, aseguraban líderes del Congreso de los Pueblos. Tiene nueve meses, no obstante, para lograr sentar las bases de las propuestas del mandatario.

Los motivos de la pobreza

Hasta hoy no ha existido una política de Estado que defina cuál es el modelo de agricultura que necesita el país y que sea rentable tanto para grandes como para pequeños productores. Según Orlando Pamo, campesino del departamento del Tolima, “Colombia tiene recursos suficientes para alimentar a todos y a todas bien”, hecho que no justifica la situación de extrema pobreza en los campos del país.

Un estudio de Planeación Nacional del Gobierno de Colombia ya había anunciado en 2007 que de cada 100 campesinos nacionales, 62 son pobres y 25 indigentes, sin embargo, el 72% de los productos que se venden en el país provienen de pequeños y medianos productores. Estos datos convirtieron el tema en el principal punto en la agenda de la legislatura de Santos, obviado, sin embargo, hasta esta reciente crisis.

No es un tema desligado a la búsqueda del fin del conflicto armado interno más largo de la historia de Latinoamérica. Según las declaraciones a Desalambre de Ana Teresa Bernal, Alta Consejera para las Víctimas, la Reconciliación y la Paz de Bogotá, lo que concierne a las políticas agrarias “engloba el alma en los procesos que buscan la paz”, pues el narcotráfico, los intereses de las multinacionales mineras y agrícolas, los de los terratenientes y ganaderos y la inseguridad alimentaria de las poblaciones, “o bien fueron los principales motivos por los que la guerrilla comenzó a actuar, o bien han sido los motivos por los que miembros de la sociedad civil colombiana se han convertido en bajas mortales del conflicto o en desplazados de los territorios afectados”. Todos estos puntos han colocado a Colombia a la cabeza de las listas de países con más desplazados internos del mundo, superando a Siria con un total de 28.8 millones de personas, según datos de 2012 del Centro de Seguimiento para los Desplazados Internos (IDMC).

La inseguridad alimentaria de los ciudadanos del campo ha tenido que ver con el difícil acceso de los productos de tierra y mar, la pérdida de diversidad a través de la privatización de las semillas por multinacionales como Monsanto, el empobrecimiento de los campesinos a través de los Tratados de Libre Comercio y el otorgamiento de importantes subsidios a grandes empresas nacionales e internacionales que han concentrado el poder de la tierra en pocas manos y ha generado más competitividad entre pequeños y medianos productores. Y no sólo es un tema que afecte a los campesinos. Según un estudio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Colombia más de 20 millones de personas no tienen acceso a los productos básicos de subsistencia, lo que supone que el 34,1% de los ciudadanos vive en la pobreza y otro 10,6% en la indigencia, sean trabajadores del campo o no.

“Colombia necesita, para que haya paz, que se avance verdadera y profundamente en el respeto a los Derechos Humanos”, concluía Bernal. “No se puede hablar de paz teniendo hambre”, gritaban los carteles en la Cumbre Agraria y Popular.