Se acercan momentos de incertidumbre económica derivados del shock vivido durante los últimos meses en los precios de los combustibles fósiles, petróleo y gas natural. Para hacer frente a las necesidades sociales que se derivarán de ello, el Gobierno ha aprobado un impuesto sobre los beneficios extraordinarios que logran ciertos sectores en nuestro país. Durante los últimos años, en primer lugar las compañías eléctricas, y también los bancos, han disfrutado de un elevadísimo volumen de beneficios, unos “superbeneficios” muy superiores a los que obtienen el resto de empresas que operan en otros sectores de la economía española.

Esa no es una situación sana en términos económicos, cuando las empresas de un sector son capaces de extraer “superbeneficios”, lo que está indicando es que detentan un fuerte poder de mercado que les permite imponer los precios de sus productos y servicios a los ciudadanos en general o a otras empresas.

Los datos del año 2020 (último año disponible de la Contabilidad Nacional anual por sectores) muestran que los beneficios del conjunto de las empresas españolas ese año fueron superiores en 21.432 millones de euros a los obtenidos en el año 2013, apenas un 2,2% más debido indudablemente a la crisis ocasionada en 2020 por el COVID-19. 

Pero esto no sucedió en todos los sectores de la actividad económica, los beneficios de los bancos en 2020 fueron un 116% superiores a los de 2013, esto es, se incrementaron en 12.483 millones de euros. Solo en 2020, en plena pandemia, los bancos incrementaron sus beneficios sobre el año anterior en casi 3.000 millones. Si en el periodo 2013-2020 los beneficios de los bancos hubieran crecido al mismo ritmo que el resto de sectores, tan solo lo habrían hecho en 237 millones. Es decir, que los bancos han obtenido en el periodo de recuperación de la economía española unos “superbeneficios” de más de 12.000 millones de euros.

Las razones que están detrás de esa impresionante capacidad de la banca española de recuperar los márgenes empresariales, después de la crisis financiero-inmobiliaria generada en 2008 por la actitud irresponsable de una gran parte de las entidades del sector, son: 

1) La forma en la que el Partido Popular afrontó el proceso de reestructuración bancaria, no hay que olvidar que el rescate bancario costó cerca de 100.000 millones de los cuales los bancos no han devuelto nada.

2) Las posteriores medidas tomadas por sucesivos gobiernos, que han incrementado enormemente el grado de concentración del oligopolio bancario. Según el Banco Central Europeo cinco entidades bancarias españolas (Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Unicaja) concentran el 69,3% de los activos del sector, mientras que en Alemania los cinco mayores bancos solo representan el 31% de los activos.

El poder de mercado que detentan las grandes entidades financieras sobre el conjunto de la actividad económica les permite imponer precios (tipos de interés y/o comisiones) sobre ciudadanos y empresas. Este poder de mercado viene derivado de una estructural falta de competencia en este sector debido a las barreras de entrada que existen. Hay que recordar que la creación de un banco, o la instalación en nuestro país de sucursales de un banco extranjero, exige la preceptiva autorización del Banco de España, un proceso muy complejo que tiene como objetivo asegurarse de la solvencia de las entidades financieras que operan, de esta forma se garantiza que haya un alto grado de estabilidad financiera. En el pasado las continuas quiebras bancarias fueron la causa de crisis económicas periódicas. 

Por tanto, no parece que una aportación extraordinaria de la banca al presupuesto público de 1.500 millones anuales durante dos años, 2022 y 2023, sea una cantidad exagerada viendo los “superbeneficios” que han obtenido en el pasado reciente, más de 12.000 millones de euros. 

En relación con las empresas eléctricas, el poder de mercado que ejercen es mucho mayor, debido a la completa privatización del sector y a la actual regulación del mercado que fija los precios de la electricidad, ambos “hitos” realizados bajo gobiernos del PP. Como consecuencia de ello, los márgenes de beneficio de las empresas eléctricas en España son mucho mayores que en el resto de actividades económicas en nuestro país. Durante la última década las empresas eléctricas se han llevado, en beneficios empresariales, un 87% del total de la riqueza (valor añadido) generada por el sector, mientras que el porcentaje de beneficios empresariales sobre la riqueza generada en el resto de sectores de la economía española es de un 47,5%. 

Es decir, las empresas eléctricas han obtenido un “superbeneficio” de más de 40 puntos de diferencia sobre el resto de las actividades económicas, esto es, 90.000 millones de euros en una década, unos 9.000 millones anuales. 

Viendo esas cifras tampoco parece que sea una cantidad exagerada una aportación extraordinaria de las grandes empresas eléctricas al presupuesto público de 4.000 millones durante dos años.

Es más, dada la estructural falta de competencia real en el sector de generación de energía eléctrica no se entiende que esta medida esté tasada para un periodo temporal tan breve, cuando es evidente que la situación profundamente oligopolística del sector, y consiguientemente la extracción de “superbeneficios”, ha sido una constante desde hace décadas. Esta situación ha sido favorecida por una tradicional colusión de intereses entre algunos políticos y las oligarquías energéticas. Desde el tardo-franquismo hasta la actualidad ha sido notable la presencia de ex altos cargos de diversos gobiernos en los consejos de administración de las principales empresas energéticas de España.

Norbert Walter-Borjans y Saskia Esken, los candidatos de la izquierda, han ganado las elecciones internas del SPD alemán por el 53%. Lo que significa un terremoto político no solo en Alemania, sino en toda Europa. Olaf Scholz, el candidato oficialista y favorito, actual ministro de Finanzas del gobierno de Angela Merkel, solo obtuvo el 45% de los votos.

La victoria de Walter-Borjans supone una línea de continuidad con Andrea Nahles, la anterior presidenta del SPD que dimitió después del desastre de las elecciones europeas. En veinte años, el SPD ha pasado de representar al 41% de los alemanes a apenas el 15% en las últimas elecciones europeas, ya había descendido a tan solo un 20,5% en las generales de 2017.

Estos resultados ponen en evidencia que los afiliados del gran partido socialdemócrata de Europa están pidiendo a gritos que el SPD redefina su perfil marcando nítidas diferencias con la CDU, con la que gobierna desde hace seis años en la Gran Coalición (Groko). Este largo periodo de gobierno conjunto ha acabado difuminando el contraste entre los dos partidos tradicionales y, en la actualidad, gran parte de los tradicionales votantes socialdemócratas son incapaces de percibir las diferencias con la CDU, que es quién está recogiendo los frutos del gobierno.

El nuevo líder del SPD señaló recientemente que sólo apoyaría el mantenimiento de la coalición si los conservadores acordaban un ambicioso de gasto público, incluyendo un amplio programa de inversiones para mejorar las deterioradas infraestructuras de Alemania y de incremento gasto social para reducir la desigualdad social. Demandas que la CDU y la CSU, que insisten en que el país mantenga un presupuesto equilibrado, no van a poder aceptar. Seguro que el nuevo liderazgo de su socio de gobierno va a impedir a Merkel dormir muchas noches hasta las próximas elecciones en Alemania que, si no se adelantan, serán en 2021.

Es muy posible que Walter-Borjans también retome aspectos claves del documento político “Un nuevo Estado social para una nueva era” , aprobado por el SPD en febrero de este año, que suponía un claro giro a la izquierda, presentando un perfil muy diferenciado frente a la CDU.

En este documento el SPD hizo un ajuste de cuentas con su pasado reciente, poniendo en cuestión las polémicas reformas del mercado de trabajo que impulsó el canciller socialdemócrata Schröder hace quince años, que ocasionaron un profundo cisma en su interior y marcaron el inicio del declive de la formación. Entre ellas estaba la llamada Agenda 2010, que redujo drásticamente las prestaciones por desempleo y creó los minijobs, contrato exento de cotizaciones sociales, pero con cobertura sanitaria —en Alemania en torno a un 15% de la población, según datos de su Ministerio de Sanidad, no está cubierto por el seguro de enfermedad público. De los cinco millones de minijobbers, trabajadores absolutamente precarizados, la mitad cobran menos del salario mínimo legal, según el Instituto Económico y Social (WSI).

Resulta evidente que, para sobrevivir, el SPD necesita recuperar su identidad y hacer patente su voluntad de volver a ser una alternativa de gobierno, en un momento en el que el populismo gana terreno entre la opinión pública alemana, según han mostrado las recientes elecciones de Sajonia, Brandenburgo y Turingia.

La elección de Walter-Borjans es una buena noticia no solo para Alemania, sino para toda Europa, ya que un cambio de esta magnitud en el SPD, sin duda, modificará el eje de consenso que ha sido la base de la construcción europea neoliberal a la que hemos asistido desde la crisis de 2007. Ya que la Groko irradió desde Alemania las políticas de austeridad fiscal y devaluación salarial que han asolado Europa, especialmente a los países del Sur, con la aquiescencia y complicidad del SPD, lo que ha sido determinante para la aceptación pasiva de estas políticas por parte de otros partidos socialdemócratas europeos y una escasa contestación institucional en los gobiernos nacionales afectados.

Por cierto, en el documento mencionado el SPD apostaba por un incremento del salario mínimo del 33% en Alemania para 2022, llegando a los 12 euros/hora. En la hipótesis de que se produjera esa subida, para que la relación entre el salario mínimo alemán y español permaneciera constante, en España debería incrementarse el SMI un 11,1% en 2020, un 10% en 2021 y un 9% en 2022.

Este texto de Bruno Estrada es el epílogo del libro de Unai Sordo, SG de CCOO,

¿Un futuro sin sindicatos?

Editado por la Fundación 1º de mayo y la Editorial La Catarata

Douglas volvió a maldecir su trabajo. Se había sentado en la taza del váter apenas unos segundos y su pulsera empezó a emitir ese puñetero bip-bip que llevaba un año taladrándole el cerebro. Llevaba apenas dos minutos encerrado en el baño del enorme almacén de distribución donde trabajaba. Estaba agotado no podía más. 

Trabajaba en aquel gigantesco edificio de las afueras de Nashville (Tennesse) destinado a distribuir productos en varios estados de la zona sudcentral de EEUU (Missouri, Kentucky, Mississippi, Alabama, Kansas, Arkansas, Oklahoma) desde hacía un año, dos meses y tres días y le parecía una eternidad. Agitó el brazo y el bip-bip-bip se apagó pero Douglas no se engañaba, sabía que eso solo le daba un respiro de apenas trece segundos. Era el tiempo máximo que admitía la maldita pulserita en modo descanso. 

Cuando le contrataron le obligaron a que firmara una clausula que especificaba que llevar esa pulsera no suponía ninguna limitación de sus libertades individuales[1]. La legislación de Tennesse, bajo la excusa de la utilización de tecnologías que facilitaran la organización del trabajo, permitía: “el control, por parte del empresario, del correcto cumplimiento de las tareas recogidas en el contrato de trabajo”. Esa cláusula era la causa de la desesperación de Douglas. Nunca pudo preguntar al sindicato por su legalidad, en aquella planta del gigante mundial de la distribución, no había ninguna representación sindical, una antigualla decían. 

El estado de Tennessee nunca firmó los convenios sobre trabajo forzoso, derecho de negociación colectiva, o libertad sindical y protección del derecho de sindicación, alguno de los convenios básicos de la Organización Internacional del Trabajo[2], una vieja y burocrática organización internacional que había sido creada hacía ciento cinco años. 

El gobernador de Tennesse, un tipo repugnante que nunca se quitaba de la cabeza el sombrero tejano que cubría su grasiento pelo, se jactaba de que su Estado era uno de los veintisiete Estados Free Unions (libres de sindicatos[3]) de EEUU donde no se reconocía el derecho a la huelga, se dificulta la afiliación de los trabajadores a los sindicatos y la negociación colectiva. 

Esta era la razón por la cual la empresa donde trabajaba Douglas había podido implantar la pulsera inalámbrica que monitorizaba al instante los movimientos de todos los trabajadores. 

El “grillete”, como lo llamaban Douglas y sus compañeros, era un moderno dispositivo tecnológico que, a través de ultrasonidos y emisiones de radio, era capaz de identificar el lugar exacto de las manos de los trabajadores dentro de las inmensas naves que contienen todos esos productos que los consumidores estamos demandando continuamente. 

Según se recogía en el papel que le hicieron firmar, el “grillete” permitía  que los empleados localizaran los productos de cada pedido. El contrato decía exactamente: “El objetivo es simplificar las tareas que consumen mucho tiempo, como responder a los pedidos y empaquetarlos para una entrega rápida”. 

En la práctica era como si tuviera un Gran Hermano pegado a su chepa, un Gran Hermano con el que no podía discutir, al que no podía enfrentarse, ni insultarle, que sólo le indicaba con un molesto bip-bip-bip cuando su brazo se había detenido en la misma posición más de trece segundos. Un tiempo que a juicio de la empresa significaba un nivel intolerable de absentismo. Trece segundos era el intervalo de paz que tenía Douglas en su jornada laboral diaria de diez horas, seis días a la semana, cincuenta semanas al año. En el año 2024 no había sindicatos en Tennessee. 

El único acto de rebeldía permitido era, cuando los trabajadores querían tomarse un descanso de más de trece segundos, levantar el brazo y agitar el “grillete”. Era una imagen esperpéntica ver como las compañeras y compañeros de Douglas alzaban y zarandeaban los brazos donde tenían colocada la pulsera, como si padecieran alguna extraña enfermedad epiléptica o estuvieran poseídos por un focalizado y siniestro baile de San Vito. 

Una vez más Douglas pensó arrancarse la pulsera pero, una vez más, se acordó de su hermana. Ella, que había sido quien le había buscado este trabajo, un día no pudo más y rompió la pulsera. Las alarmas de la nave estallaron mientras del primer piso bajaron cuatro guardias de seguridad ataviados como Robocops. Se la llevaron. Nadie hizo nada por ella, no había sindicatos en Tennessee. 

Ahora Madeleine, la hermana de Douglas, malvivía de los cupones de comida del Ayuntamiento de Nashville, y de la exigua renta mínima del Estado, tan mínima que apenas alcanzaba los trescientos dólares. 

Madelaine, igual que Douglas, igual que todos sus compañeros y compañeras había firmado en su contrato un “acuerdo de no conflictividad” en la que se estipulaba que el empleado no podía trabajar durante dos años en ninguna otra empresa si era despedido por una causa grave[4]. En el año 2024 en Tennesse romper el “grillete” era considerado como una falta grave, al igual que antes de la Guerra de Secesión. Aunque ahora no les azotaban. 

Xin Bao se puso el casco de sensores, el flamante Neuro Cap que había sido desarrollado por la Universidad de Ningbo gracias a la financiación del gobierno chino[5]. La fábrica de Chengdu donde trabajaba Xin Bao producía componentes para teléfonos móviles. Era una de las cincuenta grandes empresas que participaban en la segunda fase del proyecto gubernamental de “vigilancia cerebral”. 

La segunda fase de este proyecto, que coloquialmente se conoce como la “corona de espinas digital”, se implantó a partir de 2020. Su principal objetivo era monitorear los cambios emocionales de los trabajadores de líneas de producción repetitivas pero también se aplicó a otros trabajadores en puestos considerados como estratégicos, como los pilotos de avión, los maquinistas de trenes de alta velocidad y también en miembros de las fuerzas militares. Gracias a los sensores inalámbricos del Neuro Cap las empresas y el gobierno chino podían recopilar información  directamente desde el cerebro de sus trabajadores que, combinados con algoritmos de inteligencia artificial, eran capaces de detectar incidentes de rabia, ansiedad o tristeza en el lugar de trabajo. 

Los datos obtenidos permitían que la dirección de la empresa pudiera ajustar el ritmo de producción y rediseñar los flujos de trabajo para mejorar la eficiencia de la compañía. Manipulando la frecuencia y duración de los recesos lograban reducir el elevado estrés mental de los trabajadores debido a los estresantes ritmos de trabajo y a la falta de comunicación humana en jornadas de trabajo extenuantes. 

Los más de trescientos millones de trabajadores chinos que en 2024 están afiliados a los sindicatos oficiales chinos, carecen del derecho a la negociación colectiva. En palabras de uno de sus dirigentes: “los sindicatos en China están para organizar partidos de baloncesto, por si alguien cae enfermo…”. 

El suicidio de varios trabajadores de la empresa de Xin Bao en 2010 es lo que hizo que el gobierno chino diera luz verde a la idea de leer la mente y las emociones de los trabajadores. Él llegó a conocer a una de las mujeres que se arrojó de la sexta planta del edificio de Foxconn ese año. Entre 2010 y 2011 al menos dieciocho trabajadores se arrojaron al vacío en las fábricas y oficinas de Foxconn[6], el mayor proveedor chino de marcas como Apple, Motorola, Sony, Nokia, Dell, Hewlett-Packard y, al menos, fallecieron ocho, dejando sus cuerpos rotos a las puertas de sus oficinas. 

En un primer momento Foxconn puso redes entre los edificios para impedir que los suicidas se estrellaran contra el asfalto Varios años después fue cuando el gobierno chino poner en marcha el programa de “vigilancia cerebral” de las “coronas de espinas digitales”. En 2024 sigue sin haber sindicatos libres en China. 

En julio de 2017 Facebook desconectó dos “bots” de conversación[7], una de las creaciones de la supuesta “Inteligencia Artificial”, porque habían desarrollado un lenguaje secreto para comunicarse sin que lo supieran sus programadores. 

Los programadores querían crear algoritmos capaces de alcanzar negociaciones exitosas con humanos, para ello les dieron pautas para que negociaran sobre pelotas, libros y sombreros. Sin embargo nadie se explica porque dos ordenadores optaron por comunicarse entre ellos en un lenguaje propio, sin entender cuál era el objeto de la negociación. 

Esta es la extraña e inquietante conversación entre los ordenadores Bob y Alice, en su propio lenguaje creado a partir del inglés (se incluye traducción al castellano): 

Bob: I can I I everything else.

[Bob: Puedo yo yo todo lo demás] 

Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to.

[Alice: pelotas tienen cero para mí para mí para mí para mí para mí para mí para mí para mí para] 

Bob: you I everything else.

[Bob: tú yo todo lo demás]

Alice: balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me to me.

[Alice: pelotas tienen una pelota para mí para mí para mí para mí para mí para mí para mí para mí] 

La “Inteligencia Artificial” había desarrollado su propio lenguaje, imposible de descifrar para los investigadores ya que la extraña repetición de pronombres y determinantes era carente de sentido para los humanos. 

Sin embargo, al analizar las oraciones los informáticos descubrieron que en el aparente desorden había una estructura lógica coherente que permitía a la inteligencia artificial negociar entre distintos agentes usando menos palabras o con menor riesgo de equivocación. Aunque no tenían ni idea sobre que estaban negociando. 

En 2023 se empezó a aplicar un programa en varias empresas multinacionales que sustituyó las tradicionales negociaciones colectivas con los sindicatos por una aplicación que era capaz de ordenar las demandas individuales de los millones de trabajadores de esas empresas y ofrecerles a cada uno un contrato de trabajo “adhoc”. 

Eso sí, los trabajadores no tenían contra quien reclamar los incumplimientos de la empresa, a partir de 2024 los sindicatos fueron sustituidos por algoritmos de negociación.

[1] Amazon ha patentado una pulsera inhalambrica que le permite controlar a sus trabajadores. 

[2] Regulación del despido libre en Tennessee.

[3] Las leyes del derecho a trabajar realmente significan trabajar por un menor salario. 

[4] Acuerdos de no competencia para los trabajadores en EEUU. 

[5] https://www.scmp.com/news/china/society/article/2143899/forget-facebook-leak-china-mining-data-directly-workers-brains

[6] https://www.lainformacion.com/mundo/foxconn-la-fabrica-de-apple-en-la-que-los-trabajadores-se-suicidan_oidt8CTkyBlc0HDAhTYL15/

[7] https://www.elperiodico.com/es/extra/20170805/robots-crean-lenguaje-propio-incomprensible-humanos-6203972

"Las entidades nacionalizadas, Bankia y Banco Mare Nostrum, deberían constituir el embrión de la banca pública que necesita la economía española, lo que no impide una entrada parcial de capital privado en su accionariado que ayudara a disciplinar su gestión", afirma el autor

Recientemente el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, el presidente de la patronal bancaria AEB, José María Roldán, e incluso el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri se han mostrado contrarios a la creación de una banca pública en España. “La experiencia es mala. Puede existir alguno que funcione bien, pero no es probable”, afirmó Linde. “No conozco ningún banco público que sea sostenible en el tiempo”, dijo el ejecutivo vizcaíno.

Causa estupor que algunas de las personas que en nuestro país más deberían saber sobre el sistema bancario sean unos absolutos legos en lo que sucede en otros países europeos. ¿O tal vez sea que las orejeras ideológicas no les permiten percibir toda la realidad?

El propio Banco Mundial reconoce en su informe Repensando el papel del Estado en las finanzas: “El positivo papel que han jugado los bancos públicos de varios países durante la crisis financiera para mantener el flujo de crédito (...) compensando parcialmente la reducción del crédito ofrecido por los bancos privados”, así como: “La evidencia del papel contracíclico que han jugado varios bancos públicos durante la crisis”.

La banca pública que no existe en Alemania

Una de las fortalezas de la economía alemana está en su Mittelstand, empresas pequeñas y medianas con gran capacidad de innovación y exportación a las que apoya un fuerte sistema bancario público de ámbito regional, que financia sus necesidades de investigación e internacionalización. La banca pública alemana también financia viviendas sociales e infraestructuras públicas, como escuelas, centros de tercera edad, etc. Actualmente la cuota de mercado de la banca pública alemana está en el 24%.

La VÖB, la Asociación de Bancos Públicos Alemanes, tiene 32 miembros de pleno derecho, bancos cuyas acciones son propiedad, directa o indirecta de las autoridades públicas. Entre sus miembros están los quince bancos regionales cuyos propietarios son los respectivos gobiernos federales y cuya deuda está garantizada por el Gobierno Central alemán:

La banca pública que no existe en Francia

Las dos entidades financieras públicas más importantes en Francia son la Caisse des Dépôts y la Banque Postale, hay más.

La Caisse des Dépôts es una entidad de depósito, que compite en igualdad de condiciones con la banca privada. Además participa al 50% (el otro 50% es aportación del Estado francés), en la Banca Pública de Inversión (BPI). Esta fue creada en 2012 y su capital social ascendió en 2013 a 21 mil millones de €. Entre sus objetivos está la inversión de 8.000 millones de € hasta 2017 para impulsar la capacidad de innovación y exportación de las empresas francesas. La BPI ha integrado a Oseó (la banca de financiación de pymes), CDC Empresas (la filial de La Caisse), el Fondo Estratégico de Inversiones, y el Fondo Estratégico de Inversiones-Regiones, (estos dos últimos creados por el Estado francés en 2008).

Banque Postale fue creada en 2006 a partir del servicio público postal, La Poste. Es una banca de depósito minorista que también se dedica a la gestión de activos y a los seguros, tiene más de 10 millones de clientes. Desde 2007 está autorizada a conceder créditos al consumo.

La banca pública que no existe en Italia

Banco Posta, de forma similar a la Banque Postale francesa, fue un banco creado a partir del servicio postal italiano, la Poste Italiane. Sus características son muy similares a la Banque Postale, aunque merece la pena destacar que también es propietario de la Banca del Mezzogiono-MedioCredito Centrale, cuyo objetivo es el desarrollo de inversiones en el sur de Italia.

Caja de Depósitos y Préstamos (CDP) es un banco público italiano fundado en 1850. El 80% de su capital pertenece al Estado, y el 20% restante a varias fundaciones relacionadas con la banca privada. Su objetivo es ofrecer financiación barata a los gobiernos estatales y regionales, a las autoridades locales y a organismos públicos. Su volumen total de activos en 2013 era de 339 mil millones de €.

En 2011 se creó el Fondo Estratégico Italiano (FSI), el 80% del capital pertenece al CDP y el 20% al Banco de Italia, entidad similar a nuestro Banco de España. El FSI es un fondo soberano de 4.000 millones de €, creado a semejanza de la BPI francesa, cuyo objetivo es invertir, incluso entrando en el capital, en empresas italianas rentables para ayudarlas a competir a escala mundial. Es decir, es un instrumento de política industrial similar a la BPI francesa.

La banca pública que no existe en Suiza

En este país existen 24 bancos cantonales públicos con un total de 19.000 empleados y suponen un 13% del total de activos bancarios del país. Varios de estos bancos participan en unas 15 joint ventures  financieras, interregionales, nacionales e internacionales.

La banca pública que no existe en los Países Bajos

El Estado es el dueño del 50% del capital del BNG Banco Nederlanse Gemeenten y el resto pertenece a diversos municipios y provincias. Es el cuarto banco de los Países Bajos por volumen de activos. Es, según la revista Global Finance, el segundo banco más seguro del mundo. NWB Nederlanse Waterschapsbank.. Este banco es propiedad, en un 81%, de las Juntas de Agua de los Países Bajos (Waterschappen) y el resto está en manos del Estado holandés y las provincias. Es el sexto banco del mundo más seguro lo que facilita su acceso a la financiación internacional. Se dedican a proporcionar financiación barata y a largo plazo a entidades públicas, o semipúblicas, para infraestructuras sanitarias, educativas y de vivienda social.

La banca pública que no existe en los países nórdicos

El Estado sueco conserva, quince años después de su creación, un 13,5% del capital de Nordea, el gran banco nórdico surgido de la fusión de varias entidades suecas, finlandesas, danesas y noruegas (Nordbanken, Merita Bank, Unibank y Kreditkassen) a finales de los años noventa, y uno de los principales bancos a escala europea. La creación de este banco, que en la actualidad es uno de los diez bancos europeos más rentables, según Bloomberg, fue fruto de la reestructuración que hizo el gobierno sueco del sistema bancario para hacer frente a su particular crisis financiera de principios de los noventa. Un ejemplo de lo que podría hacerse con Bankia.

Bancos públicos destinados a financiar las entidades locales también existen en Suecia (Kommuninvest en una entidad cooperativa formada por 276 ayuntamientos y entidades locales), Dinamarca (KommuneKredit), Noruega,  (Kommunalbanken y KLP Kommunekredit) y Finlandia.

La banca pública que no existe en EEUU

El ejemplo del Banco Público de Dakota del Norte (BND) es paradigmático, es uno de los Estados de EEUU con menor nivel de desempleo, superávit presupuestario y una de las mejores calificaciones de deuda.  En este banco, por ley, el Estado deposita todos los ingresos que recibe, su objetivo es impulsar la economía de Dakota del Norte y tiene prohibido invertir fuera del estado y dedicarse a actividades financieras especulativas. En la actualidad unos veinte Estados de EEUU han iniciado trámites para constituir bancas públicas similares a la de Dakota del Norte.

La importante presencia de una banca pública rentable y solvente en gran número de países europeos (Alemania, Francia, Suecia, Italia, Finlandia, Países Bajos, Suiza, Dinamarca, Noruega, etc.) pone en evidencia las visiones ideologizadas que cuestionan la banca pública. Asimismo, estudios, como los realizados por la profesora Adrianova de la Universidad inglesa de Leicester, usando datos del periodo 1995 a 2007, han llegado a la conclusión que para países que tienen características similares, esto es, comparando países desarrollados entre si y países emergentes entre sí, un alto grado de propiedad pública de los bancos es una garantía de mayor crecimiento del PIB.

Sin embargo, los mismos que no fueron capaces de ver la crisis financiera que se nos echaba encima hace ocho años, a pesar de los informes que los inspectores del Banco de España dejaron en las mesas de los directivos de la entidad reguladora, ponen en cuestión la viabilidad en nuestro país de una potente y eficaz banca pública, como la que existe en otros países europeos.

Esas orejeras ideológicas nos han costado a todos los ciudadanos españoles, hasta ahora, una cantidad que se puede situar entre los 120.000 y 155.000 millones de €, entre un 12% y un 15% del PIB, según se aprecia en la segunda columna del siguiente cuadro.

Cuadro 1. Ayudas a la capitalización y a la liquidez recibidas por el sistema financiero español por parte de fondos públicos (nacionales y europeos). 2008-2013.

Las Cajas de Ahorros no eran bancos públicos

De forma intencionada en muchos casos, por desconocimiento en otros, se ha producido en todo el proceso de crisis bancaria en nuestro país una identificación entre las cajas de ahorros y la banca pública, cuando son instituciones radicalmente diferentes en su propiedad y en sus sistemas de gobierno corporativo.

Las cajas de ahorro en España no tenían participaciones negociables, acciones, que pudieran cotizar en el mercado bursátil y que pudieran disciplinar una gestión incorrecta, como sucede con la banca privada, pero tampoco eran propiedad de ninguna administración pública a la que pudieran pedirse responsabilidades por una deficiente gestión.

La liberalización financiera iniciada en 1977 supuso situar a las cajas de ahorro en un limbo en cuanto a los derechos de propiedad, definidas como instituciones privadas de carácter fundacional pero sin el régimen jurídico propio de las fundaciones. La regulación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro en los años del boom inmobiliario estaba definida por la Ley 31/1985 y por la posterior Ley 44/2002,aprobada por el gobierno el Partido Popular.

La deficiente regulación del gobierno de las cajas de ahorros y el relajamiento de los mecanismos de control interno, responsabilidad del Banco de España, agravó hasta límites exagerados un típico problema de agencia: Los gestores, los altos directivos, fueron concentrando el poder de las entidades en sus manos, de forma que finalmente consiguieron imponer sus intereses por encima de los de las propias entidades, hasta poner en cuestión la propia viabilidad de estas. No había accionistas, ni gobierno en el caso de que hubiese sido una banca pública, que defendieran sus intereses frente a los gestores. El caso más extremo de concentración de poder es el volumen de fondos de libre disponibilidad inversora en participaciones estratégicas del que dispuso el presidente de Cajamadrid, que llegó a alcanzar un 0,2% del PIB español, 2.000 millones de euros. Esto fue cuestionado por los inspectores del propio Banco de España, aunque luego los responsables políticos de la entidad no hicieran nada.

Por ello las entidades nacionalizadas, Bankia y Banco Mare Nostrum, deberían constituir el embrión de la banca pública que necesita la economía española, lo que no impide una entrada parcial de capital privado en su accionariado que ayudara a disciplinar su gestión.

Una banca pública que tiene que tener un comportamiento crediticio diferente al de la banca privada, es decir, más orientada a financiar:

1) Infraestructuras y equipamientos públicos.

2) Proyectos empresariales de largo plazo dentro de una coherente e inteligente política industrial que apueste por una modernización productiva de nuestro país que tenga como objetivo superar las actuales carencias tecnológicas y de capitalización que tienen importantes sectores abiertos a la competencia internacional.

3). Colectivos con problemas de acceso al crédito, principalmente en relación con la vivienda, y las pymes.

Para que la banca pública pueda realizar estas funciones de forma eficaz es necesario un correcto diseño institucional del gobierno de estas entidades, en el que haya suficientes instrumentos de control democrático sobre su gestión y en el que la norma sea la transparencia de sus actividades frente a la sociedad y sus representantes. Aún estamos a tiempo.

Los límites están en considerar a la biosfera como un sistema casi cerrado, cuando recibe anualmente aportaciones de energía provenientes del sol superiores en cinco mil veces el consumo energético de la humanidad

En 1972 el Club de Roma, poco antes de la crisis del petróleo de 1973, publicó el informe Los límites del crecimiento, que fue trascendental para incorporar la sostenibilidad medioambiental al análisis del crecimiento económico. Con posterioridad periódicamente viene surgiendo el debate sobre los límites físicos al crecimiento económico, en lo que se conoce como teorías del decrecimiento, crecimiento cero o estado estacionario. Dichas teorías se basan en la hipótesis de que los límites físicos del planeta suponen un cuestionamiento del incremento continuo de la actividad económica, y del hecho de que alcanzar los límites físicos del planeta, que ellos encuentran cercano, nos llevará a un hundimiento social.

Intuitivamente parece una hipótesis aceptable. ¿Como vamos a poder seguir creciendo indefinidamente si no podemos salirnos de la tierra (por lo menos en los próximos cientos de años en un número apreciable)?

En el pasado de la humanidad se han dado varios casos en los cuales algunas civilizaciones, la mayor parte situadas en entornos geográficos completamente aislados y en ecosistemas frágiles, no fueron capaces de percibir los límites medioambientales a su crecimiento, fundamentalmente por el ocultamiento de los grupos dirigentes que no querían perder sus privilegios, hasta que fue demasiado tarde y sus sociedades terminaron colapsando. Es el caso de la isla de Pascua y los asentamientos vikingos en Groenlandia, sistemas realmente cerrados teniendo en cuenta su grado de desarrollo tecnológico.

La actual teoría del decrecimiento en el fondo es un malthusianismo energético, los recursos, en este caso la energía en lugar de los alimentos, no serán capaces de crecer al mismo ritmo que la población y su demanda creciente de productos y servicios que cada vez consumen más energía.

Pero el decrecimiento es un malthusianismo más sofisticado socialmente, no plantea que haya que limitar el crecimiento demográfico, sino la demanda creciente que genera este aumento del número de seres humanos. Aunque es más categórico, ya que acude a las inapelables leyes de la física, en concreto a la segunda ley de la termodinámica o Ley de la Entropía, como justificación última.

Nicholas Georgescu-Roegen planteó en los años setenta: “En términos de la segunda ley de la termodinámica, la entropía, la tendencia al desorden, siempre se incrementa. La actividad económica puede entenderse, en este sentido, como un proceso por el cual se degrada o dispersa la energía contenida en los minerales o las fuentes energéticas, se pierde para el aprovechamiento humano, lo que impide volver al estado original con igual cantidad de energía”. El reciclaje de la materia y energía dispersada no es la solución ya que se gasta más energía de la que se ganaría con un hipotético reciclaje. Es decir, el aumento de la población y de su demanda creciente hará que la energía disponible se vaya reduciendo, afectando inevitablemente la actividad económica y el desarrollo de las futuras generaciones, lo que, a su juicio, demuestra los límites del crecimiento.

Sin embargo, la segunda ley de la termodinámica no puede considerarse un corset rígido sobre el crecimiento económico, ya que la condición para que se cumpla dicha ley es que no tiene que haber fuentes externas de energía.

En la tierra tenemos un flujo constantemente renovado de energía solar directa que la actividad económica podría usarlo, con la tecnología adecuada, sin agotarlo ni destruirlo. El sol aporta anualmente la energía similar a 170 millones de centrales nucleares de 1000 (MW). Es decir unas 5.000 veces el consumo anual mundial. Y esa fuente de energía apenas consumirá el 10% de su hidrogeno en los próximos 6.000 millones de años.

Serge Latouche, uno de los principales ideólogos del decrecimiento, admite en su libro La sociedad de la abundancia frugal que “la Tierra recibe un enorme flujo de energía solar”, aunque luego rechaza que esta energía pueda captarse por medios artificiales, es decir por paneles solares. No ofrece ni un solo dato de costes de generación actualizados, ni estimación de evolución futura de la tecnología de captación de energía solar pero asegura inapelablemente que “es acertado considerar a la biosfera como un sistema casi cerrado y afirmar que el crecimiento infinito es incompatible con un planeta finito”.

Estos son los límites del decrecimiento: considerar a la biosfera como un sistema casi cerrado, cuando recibe anualmente aportaciones de energía provenientes del sol superiores en cinco mil veces el consumo energético de la humanidad. La ideología, una vez más se impone a un análisis certero de la realidad.

Además la evolución del crecimiento demográfico indica una clara ralentización, debido en gran parte a los procesos de urbanización que se dan parejos al incremento de la renta per capita mundial. En 1997 la tasa de fecundidad era de 2,8 hijos, en 2012 había bajado a 2,47, aproximándose a la que los organismos de la ONU han determinado como la ideal para asegurar el relevo poblacional sin generar superpoblación, un 2,2. Aunque es evidente que estamos lejos de alcanzar un equilibrio intrarregional. En el Africa subsahariana se concentran los países de alta fecundidad, superiores a 5, que no la han reducido significativamente en los últimos años, incluidos gigantes demográficos como el Congo (5) y Nigeria (5,3). Y que tampoco es fácil prever la evolución de la tasa de fecundidad china a corto plazo, actualmente es muy baja (1,5) debido a la política de hijo único, pero esta restricción fue eliminada en noviembre de 2013 por el Gobierno chino.

En todo caso no son las leyes físicas las que determinaran un colapso medioambiental del conjunto del planeta por una creciente actividad humana, del mismo modo que hoy nos parece un absurdo la predicción de Malthus de que el fin de la especie humana se produciría unas ocho décadas después de escribir su libro Ensayo sobre el principio de población hacía 1880. Su error, como el que en la actualidad cometen los apologetas del decrecimiento, fue intentar analizar el futuro con unos prismáticos fabricados con la tecnología del presente.

Esto no debe hacernos olvidar que el creciente acceso a bienes de consumo de gran parte de las poblaciones de los países emergentes producirá un agotamiento progresivo, y consiguiente encarecimiento, de las fuentes energéticas basadas en los combustibles fósiles y de determinadas materias primas, y el incremento de los gases que generan el calentamiento del planeta. Para evitar que un alto porcentaje de la humanidad, incluida una parte importante de los ciudadanos de los países desarrollados, pueda sufrir un notable empeoramiento de sus condiciones de vida en las próximas décadas son necesarios profundos avances tecnológicos (fundamentalmente en relación con la captación artificial de la energía emitida por el sol) e institucionales, que impulsen un reparto mucho más equitativo de la riqueza.

El resultado final de lo que ocurra dependerá del resultado de las luchas sociales y de los esfuerzos tecnológicos, para ambas cuestiones es fundamental un aumento de la conciencia social sobre los riesgos medioambientales y sociales que implica el actual modelo de crecimiento, pero en absoluto es una distopía determinada por leyes que van más allá de acción colectiva del ser humano.

La diferencia entre las fuerzas políticas populistas y aquellas que aspiran a representar a un amplio espectro de la sociedad, es que las segundas consiguen que su discurso y sus propuestas sean sentidas y analizadas por los dos hemisferios cerebrales de los votantes. Para representar los intereses de amplios grupos sociales además de pasión en campaña hay que demostrar credibilidad en las propuestas, y sobre todo en la gestión para resolver los problemas de los ciudadanos.

Según el neurobiólogo, y Premio Nobel, Roger Sperry nuestro cerebro tiene dos maneras de sentir, entender, pensar y reaccionar, dos conciencias. Simplificando, la conciencia emocional reside principalmente en el hemisferio derecho y la racional la alberga el izquierdo. Una parte de nuestro cerebro, la derecha, siente, y la otra parte, la izquierda, piensa. La mayor parte de las decisiones que tomamos surgen de un conflicto permanente entre estas dos conciencias, como describe David Eagleman en su magnifico libro Incógnito. Albergamos multitudes, según las poéticas palabras de Walt Whitman.

La inteligencia política que ha demostrado Podemos en las últimas elecciones europeas tiene mucho que ver, además de con elementos estructurales derivados del profundo deterioro de la situación económica y social de nuestro país que no son objeto de este artículo (y que en todo caso era una materia prima política común a todos los partidos que se oponían a las políticas que nos han llevado a esta catástrofe social), con la capacidad de dirigirse, y conectar exitosamente, con el hemisferio cerebral derecho de los votantes, el que tiene que ver con las emociones.

El comportamiento de Podemos no ha diferido mucho de estrategias ya utilizadas en el pasado por los equipos electorales del PSOE y el PP, y por supuesto los partidos nacionalistas. Hace tiempo que estos entendieron que durante la campaña electoral los mensajes debían intentar conectar con el hemisferio derecho de aquellos votantes que todavía no habían tomado una decisión siguiendo las indicaciones de su hemisferio izquierdo. Sin embargo, a ningún medio de comunicación tradicional se le ha ocurrido tachar de populista al PP (y su programa electoral del 2011 fue todo un ejercicio de vaguedades, simplezas y propuestas incumplidas), al PSOE (recuérdese la campaña del dóberman) o a CiU y ERC cuando acusan a Madrid de robarles.

La apelación a las emociones del votante produce una sobreactuación, que en el caso de los partidos tradicionales implica cargar sobre el contrario (o sobre el genérico Madrid en el caso de los nacionalistas) todos los males del planeta. Esto queda completamente difuminado tras las elecciones, incluso generando acuerdos postelectorales absolutamente ininteligibles para el votante que ha creído en ese discurso emocional (sin ir más lejos en el tiempo véanse las actuales negociaciones entre populares y socialdemócratas para repartirse los principales cargos europeos, obviando las supuestas diferencias irreconciliables que mostraron hace apenas un mes).

La sorpresa es que por primera vez la izquierda no socialdemócrata ha utilizado esa estrategia de forma exitosa, lo que llama la atención, sobre todo en relación con la actuación de Izquierda Unida, cuyos resultados electorales, habiendo sido muy buenos, no han generado una ola de ilusión como ha logrado Podemos. El planteamiento de Izquierda Unida ha sido insistir en un discurso racional-ideológico, dirigido principalmente a nuestro hemisferio izquierdo, faltándole la pasión que reivindica Roberto Andó en la magnifica película Viva la Libertá.

El éxito de Podemos al conectar con el hemisferio derecho de miles de votantes, de generar pasión e ilusión, parte de dos elementos: por un lado han utilizado un lenguaje que a la vez que ha sido capaz de crear un marco de referencia distinto al del establishment, según palabras de los setenta, o de La Casta, según palabras del siglo XXI, ha estado despojado de la vaguedad terminológica y de la pedantería política, hablar sin decir nada, que aleja a los políticos de sus representados (han utilizado las palabras que cualquier ciudadano ha usado en estos siete años para definir los orígenes de la crisis y sus consecuencias); y por otro la elección de su principal representación mediática, Pablo Iglesias, genuino representante del “precariado ilustrado”.

No obstante para que este nuevo actor político de nuestro país se consolide deberá ser capaz de ampliar su discurso a ambos hemisferios cerebrales.

La relajación de los objetivos de déficit público, los planes PIVE y PIMA Aire y los creditos extraordinarios al ministerio de Defensa han facilitado la mejora de las previsiones para España en 2014.

Hemos empezado 2014 con una mejora de las expectativas económicas de España, en paralelo a una relajación de las tensiones en los mercados financieros, que el Gobierno se ha encargado de magnificar de forma propagandística. Es cierto que los datos del INE para el tercer y cuarto trimestre de 2013, un incremento del PIB del 0,1% y del 0,3% respectivamente sobre el trimestre precedente, parecen confirmar el inicio de una débil recuperación de la economía española, y una mejora de la evolución de sus principales macromagnitudes, excepto el empleo y, curiosamente, el sector exterior.

Las previsiones de los analistas han mejorado en unas décimas la previsión de crecimiento del PIB para el año 2014, que en todo caso es muy difícil que supere el 1%. Pero lo curioso de esta incipiente recuperación, que en todo caso en el futuro inmediato será débil y frágil, es que el Gobierno calla las causas, que son contrarias a la política económica basada en la austeridad que ha regido nuestro país desde hace casi cuatro años.

Durante el tercer trimestre de 2013 (todavía no hay datos desagregados del cuarto trimestre) se han producido cambios sustanciales en la tendencia del consumo privado (la tasa intertrimestral del consumo de los hogares subió el 0,4%), del consumo público (se ha incrementado en tasas interanuales, más relevantes que las variaciones entre trimestres, en un 0,3%), y de la inversión empresarial (que con un crecimiento del 0,2% continua la evolución positiva iniciada en el segundo trimestre, de un 1%).

¿Cual es el elemento común que recorre estos datos? El incremento del gasto público derivado de la relajación en el cumplimiento de los objetivos de déficit público aprobada a finales de mayo del año pasado, algo largamente demandado por los sindicatos y muchos otros agentes económicos y sociales, y que ha permitido que en 2013 se pase de un déficit público del 4,5% al 6,5%. Es decir, el sector público ha podido gastar durante el segundo semestre de 2013 unos 20.000 millones más de lo que estaba previsto.

El esfuerzo inversor de las empresas ha recibido una inestimable ayuda pública, mediante el incremento en las dotaciones del Plan PIVE y PIMA Aire, que ha permitido que la inversión empresarial en equipos de transporte creciera un 9,5% en el segundo trimestre y un 8,4% en el tercero.

También han jugado un papel muy relevante los Créditos Extraordinarios aprobados por el Real Decreto-Ley 10/20131, de 26 de julio, para el Ministerio de Defensa, 877,3 millones de euros, casi un 0,1% del PIB, destinado a atender el pago de obligaciones correspondientes a 19 programas especiales de armamento y material, en el que participan parte importante de las empresas tecnológicamente más punteras del país.

En el cambio de tendencia del consumo privado hay que tener muy en cuenta el efecto positivo del abono de las dos pagas extras a los funcionarios en el segundo semestre del año pasado.

Asimismo, en la evolución de la inversión pública local para el año 2014 tendrá un indudable efecto positivo la enmienda aceptada a finales de diciembre en el Senado en la Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, que permitirá a las corporaciones locales, en un año preelectoral, utilizar los remanentes de tesorería de ejercicios anteriores para financiar inversiones. Esto es, una versión escuálida, discrecional, y extrañamente silenciada, del denostado Plan E.

En todo caso, será difícil que se produzca una recuperación más vigorosa de la demanda nacional, y por tanto del conjunto de la actividad económica, capaz de crear empleo de calidad de forma estable y sostenible, si no se toman medidas para: 1) impulsar una política fiscal expansiva; 2) desarrollar una innovadora política industrial que permita una nueva inserción de España en la globalización; 3) apostar por una recuperación de los salarios reales, modernizando las relaciones laborales, en sentido inverso a las últimas reformas laborales, de forma que se potencien las sinergias existentes entre una mayor participación de los trabajadores y el incremento de la productividad; y 4) reducir los altos niveles de endeudamiento de los particulares (un 78,3% del PIB) sin que ello siga afectando a su capacidad de consumo, para lo cual sería imprescindible el desarrollo legislativo de medidas como la dación en pago.

En EEUU, donde la entrega de la vivienda al banco permite saldar la deuda hipotecaria, las quitas y reestructuraciones han reducido el endeudamiento de los hogares en 6,6 puntos del PIB. Mientras que en España el alto grado de desendeudamiento que han llevado a cabo los particulares (desde el tercer trimestre de 2009 el endeudamiento de las familias ha caído en 8,5 puntos del PIB) ha sido llevado a cabo por sus propios medios, un elemento que ha constreñido el consumo privado durante esos años, y cuyos menores niveles actuales también explicarían la evolución positiva del gasto de las familias.

La crisis ha acelerado en España la emergencia de un nuevo grupo social, haciéndolo mucho más visible en términos mediáticos, sociales y políticos, situándolo en un lugar central de los cambios sociales que estamos viviendo y, por tanto, su análisis resulta clave para entenderlos.

La crisis ha acelerado en España la emergencia de un nuevo grupo social, haciéndolo mucho más visible en términos mediáticos, sociales y políticos, que me atrevo a denominar como “precariado ilustrado”, situándolo en un lugar central de los cambios sociales que estamos viviendo y, por tanto, su análisis resulta clave para entenderlos. En primer lugar hay que plantearse: ¿Qué define a este nuevo grupo social?, esto es, ¿cuáles son sus características diferenciales sobre otros grupos sociales ya existentes?

Una relación inestable y discontinua con sus empleadores es algo común a todo el “precariado” (un concepto que empezó a utilizar la sociología francesa a partir de los ochenta), por eso, yo creo que al “precariado ilustrado” le define, añadido a lo anterior, lo que Guy Standing ('El precariado, una nueva clase social'; 2013) llama la “discordancia de estatus”. Eso es, personas que tienen un nivel de educación formal relativamente alto pero que se ven obligadas a aceptar empleos con un estatus o ingresos muy inferiores a los que considerarían acorde con su cualificación. Un ejemplo paradigmático, casi esperpéntico, de esa “discordancia de estatus” son los requerimientos de titulación que recientemente ha hecho una empresa para un puesto de trabajo que consiste en repartir bollos en Murcia a partir de las cuatro de la madrugada: “titulados en administración y dirección de empresas”.

Las consecuencias de esta “discordancia de estatus” son una notable frustración, e incluso resentimiento social, en muchas de estas personas. Tener esto en cuenta es muy importante para analizar los posibles comportamientos sociales y políticos del “precariado ilustrado”. A su juicio, ellos han cumplido con la sociedad, haciendo un notable esfuerzo en formarse y cualificarse y luego la sociedad les ha fallado (desde mi punto de vista este es un factor clave para comprender el seguimiento masivo que tuvieron las iniciales movilizaciones vinculadas al 15-M). Se podría resumir, más coloquialmente, con la frase con la que muchos hijos, licenciados y en paro o con contratos precarios, recriminan a sus progenitores: “Me has mentido. He estudiado, he hecho todo lo que me has dicho y no ha servido de nada”.

Es cierto que el “precariado ilustrado” no solo está compuesto por jóvenes, también lo conforman inmigrantes, y trabajadores españoles de mayor edad que han sido despedidos de sus empleos y cuya reinserción en el mercado de trabajo se hace con niveles salariales y de reconocimiento profesional muy inferiores. Pero es muy relevante el hecho de que los jóvenes sean mayoritarios, ya que supondrá que el “precariado ilustrado” se estabilice como un grupo social durante un largo periodo de tiempo, con características y demandas propias, que hay que empezar a analizar. La brecha que separa a este grupo social con las organizaciones políticas y sociales progresistas existentes (el reiterado “no nos representan”) muestra la incapacidad actual de estas de ofrecer una respuesta satisfactoria a sus aspiraciones.

En relación con las organizaciones sociales, y particularmente con los sindicatos, lo primero que hay que tener en cuenta es que su inserción en el mundo del trabajo no se produce solo a través del trabajo asalariado. Se mueven en un espacio fangoso en el que se suceden sin continuidad lógica el trabajo asalariado precario, el desempleo y el autoempleo, la mayor parte de las veces en actividades que no tienen nada que ver con su cualificación profesional, e incluso las iniciativas empresariales colectivas. Por tanto, tienen necesidades de acción sindical diferentes a las del trabajador asalariado tradicional. Lo más relevante para ellos no son sistemas de información y de defensa (incluso jurídica) de los derechos laborales regulados, sino en muchos casos información y ayuda en otras cuestiones muy prácticas (no vinculadas a una profesión u oficio concreto), más en sintonía con lo que es la asistencia sindical a trabajadores autónomos. Para integrar a parte importante de este colectivo no creo que sea suficiente, desde el mundo sindical, con reiterar la necesidad de una mayor regulación de las relaciones laborales. Ellos están en otro universo y hay que acercarse a él.

En este sentido, los sindicatos también deberíamos analizar qué modificaciones de la estructura organizativa son necesarias. La actual, basada en federaciones sectoriales de origen fordista, es absolutamente disfuncional para esos trabajadores, ya que no responde a su realidad laboral en permanente mutación. Una estructura organizativa especifica, que analice exhaustivamente las necesidades de estos trabajadores y como puede cubrirlas el sindicato, podría ofrecerles una continuidad afiliativa. Sin una relación estable con el sindicato se incrementa el riesgo de que estos “precarios ilustrados” se instalen en una desmovilizadora anomia laboral u opten por estructuras organizativas propias diferenciadas del sindicalismo actual, como ha sido el caso de los sindicatos furita japoneses.

En el ámbito político, hasta ahora se ha evidenciado una clara disfunción relacional entre los “precarios ilustrados” y los partidos tradicionales de la izquierda (PSOE, e IU en menor medida), el 15-M es el ejemplo más palmario. En algunos casos porque para ellos representan el sistema que les ha engañado, y en otros porque el discurso de estos partidos se sigue centrando básicamente en la defensa de los derechos de los trabajadores asalariados de un mercado de trabajo regulado. También hay que tener en cuenta que las anquilosadas estructuras internas de debate y de toma de decisiones de las organizaciones políticas “clásicas” no son el mejor mecanismo para integrar a personas que, además de una elevada cualificación formal para el mercado de trabajo, también tienen altos niveles de formación general y de iniciativa personal.

Estos partidos de izquierda deben hacer un notable esfuerzo por identificar e integrar las nuevas demandas sociales del “precariado ilustrado”, entre las que destacan como prioridades novedosas las relacionadas con la vivienda, la renta mínima de inserción y un decidido apoyo público a sus iniciativas de autoempleo.

En caso contrario es muy posible que una parte importante de estos jóvenes opten por una identificación creciente con otros partidos políticos existentes, pero menos identificados con el sistema (UPyD, nacionalistas-independentistas e incluso grupúsculos ultraderechistas), o por plataformas electorales autónomas, surgidas a partir del imaginario colectivo del 15-M, sobre las que hay grandes dudas de que sean capaces de obtener una representación institucional. De confirmarse esta última hipótesis la consecuencia más probable sería que muchos de ellos acelerarían su desconexión consciente del entramado institucional de nuestra democracia, con los riesgos que ello supone.

Nada está escrito, de la inteligencia colectiva de unas u otras organizaciones, y de sus líderes, dependerá que conformar una sólida mayoría social progresista, capaz de ofrecer alternativas a las suicidas políticas de austeridad y de generación de desigualdades de la derecha, sea una posibilidad cercana en el tiempo o se convierta en la maldición de Sísifo.