Cientos de refugiados e inmigrantes, la mayoría sirios, llevan dos semanas estrellándose contra un muro de agentes turcos encargados de cubrirle a Europa las vergüenzas. “Sólo rogamos que nos dejéis llegar a Europa por tierra, no queremos tener que cruzar por mar”, piden. La UE, que durante los últimos cuatro años de guerra siria ha sido rácana con sus víctimas, dos millones de ellas en suelo turco, ofrece súbitamente a Turquía una lluvia de dinero a cambio de contenerlas. El país euroasiático, que además acoge a unos 300.000 solicitantes de asilo de Afganistán, Irak y varios países africanos, espera un acuerdo con Europa mientras cumple a medias.

Las autoridades turcas han prohibido a los migrantes pisar Edirne, la ciudad más cercana a la frontera con Europa. Les han vetado la compra de billetes de bus para ir a Edirne. Mientras, los guardacostas turcos disminuyen periódicamente su control marítimo y permiten a las embarcaciones detectadas seguir adelante con su viaje a Grecia, excepto cuando están en peligro.

El bloqueo terrestre desató la rabia de los refugiafos el 15 de septiembre, primer día del veto. La terminal de bus estambulita de Esenler vivió una protesta surrealista. Como acto de desobediencia docenas de personas, convocadas por Internet y acompañadas de su equipaje, se congregaron junto a los andenes para partir a Edirne.

“¡Gracias Erdogan! ¡Gracias Turquía!”, clamaban los migrantes frente al cordón policial que les barraba el paso. Los antidisturbios, acostumbrados a aporrear a izquierdistas y kurdos, estaban perplejos. No osaban atacar a una muchedumbre que protestaba alabando al presidente turco. En un acto para simbolizar que su único deseo era que se les permitiese seguir avanzando hacia Grecia los presentes forzaron la retirada de un puesto de comida gratis ofrecido por el Ayuntamiento.

A lo largo de los siguientes días los policías trataron de bloquear, incluso sobre el asfalto de la autopista que va de Estambul a Edirne, a columnas de decenas de caminantes. El 17 de septiembre cerca de 2.000 personas lograron llegar a Edirne.

En otro giro extravagante el gobernador de Edirne, Dursun Ali Sahin, dio tres días de plazo a los recién llegados para volver a las provincias turcas de donde habían salido muchos, y dispuso autobuses para tal fin. Ordenó a las fuerzas policiales contener a los migrantes en una conocida plaza de la ciudad y bloquear todo intento de desplazarse a las fronteras con Bulgaria —con la que Turquía comparte 212 Kilómetros— y Grecia —269 Km—. Ambos países han colocado tramos discontinuos de vallas y sus fuerzas, especialmente las búlgaras, son conocidas por su trato agresivo con quienes intentan entrar en sus territorios.

En medio de un clima hostil, el gobernador se presentó ante las cámaras a practicar el rezo del viernes con los migrantes. Mientras tanto el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, les aseguraba en un mensaje televisivo que “el mundo ya ha escuchado vuestra súplica, ahora volved a casa”. Muchos le obedecieron. Alrededor de unos 500 se quedaron. Esta última semana, festividad islámica del Eid al Adha, se designó al imam sirio Ilyas Ahmet para predicar ante varias decenas de compatriotas: “No vayáis a Europa. ¿Cuándo esa gente han sido hermanos y hermanas de los musulmanes? ¿Acaso nos han ayudado? Al contrario, han ocupado nuestro país”.

Esta presión logró expulsar de Edirne, el 24 de septiembre, a los migrantes acampados que quedaban. “Quienes tenían ya residencia en Turquía han sido devueltos a ese lugar, otros han sido enviados a campos de refugiados turcos —hay una veintena, donde caben no más de 300.000 personas en un régimen que ellos tildan de 'carcelario'— y se ha realojado a los que no tenían casa en hoteles de Estambul”, explica Özan Mirkan Balpetek, activista de la Red de Solidaridad con los Migrantes. “Los migrantes están descorazonados. Se sienten decepcionados no con el Estado en sí, sino con las normas migratorias”, prosigue. “Preveo que este sentimiento se volverá enfado y conflicto”, advierte.

“La situación en Edirne ha llegado a un punto tal que podemos definirlo como crisis”, asegura Dilsah Saylan, que coordina la sede en Estambul de la Asociación de Solidaridad con Solicitantes de Asilo y Migrantes (ASAM en siglas inglesas). Salyan reconoce dificultades para asentar a los solicitantes de asilo en Turquía, país que, aunque firmó la Convención de Ginebra de 1951, limita la concesión de estatus de refugiado a los solicitantes procedentes de Europa.

Eso desampara de muchos derechos, entre ellos el de trabajo, a los que vienen de Oriente Medio, Asia o África, que son mayoría. “Hay traficantes, hay mafias de órganos que se están aprovechando de la situación y engañan a la gente, asegurándoles que las puertas de Europa están abiertas. Han llegado a acudir a nuestra sede personas que nos pedían apuntarse para subir en el barco que, habían leído por Internet, les llevaría a Alemania”, ejemplifica. “Eso ahora mismo, sin un mecanismo diplomático, no es bueno para nadie porque lleva al caos”.

Algunos políticos europeos se han preguntado en voz alta por qué todos quieren llegar a Europa y no se asientan en Turquía, un país considerado democrático y estable por la comunidad internacional. Ankara ha invertido ya seis mil millones de euros en asistir a los refugiados y la cantidad, aunque sea superior a la aportada por Europa, no ha bastado. “El gobierno ha canalizado ese dinero según sus preferencias sectarias y ha favorecido a ONG de corte islamista, que a su vez han usado el dinero para hacer proselitismo religioso”, lamenta Nese Özgen, una académica que lleva años estudiando los flujos migratorios regionales.

“La AFAD —la agencia ministerial turca para la asistencia en crisis— organizó un campo de refugiados yasidíes en el sureste turco. Ninguno de ellos quería estar allí porque se impartía a los niños enseñanza islámica”. El yasidismo es una fe que muchos musulmanes tildan de “infiel”.

¿Por qué no quieren quedarse en Turquía?

La lista de motivos para no quedarse en Turquía es diversa. “La vida aquí es muy difícil. Los salarios son muy bajos y los precios altísimos. El alquiler de mi piso vale 850 liras turcas —246 euros— y mi sueldo es de 800 liras. ¿Cómo se supone que voy a vivir así?”, critica Ahmed Malek, un joven sirio en la veintena.

“Quiero estudiar en la universidad y aquí no se nos permite. ¿Porque soy sirio? Quiero ser abogado, aquí lo tengo muy difícil”. “Por lo general, a pesar de algunos problemas para acceder a sanidad y educación los refugiados están agradecidos a Turquía por haberles abierto las puertas para ponerse a salvo de la guerra”, indica Dilsah Saylan, que resalta un problema con que se están encontrando los trabajadores sociales turcos.

“Turquía ofrece varios servicios básicos gratuitos, entre ellos la sanidad, con la condición de que para acceder a ellos los sirios se registren. Pero hay que mejorarlos, especialmente la educación. Además, algunos de quienes escapan no se registran porque temen que, en caso de ser luego detenidos en Europa, se les deporte a Turquía al ver los datos de ese registro”. Saylan se refiere a un procedimiento, pactado a finales de 2013 entre Turquía y Europa, según el cual la Unión se reserva el derecho a deportar a Turquía a todo migrante detenido que se sospeche que llegó por suelo turco. Ankara tuvo que firmar esta norma como contrapartida para abrir el proceso de liberalización de visados Schengen para los turcos.

“Les preocupan los nuevos miembros de Turquía”

“La mayoría de solicitantes de asilo que se han ido vivía en Turquía intentando ganarse el pan. Pero les ha espantado el discurso racista de ciertos sectores políticos, incluidos algunos ataques por parte de turbas nacionalistas, y el deterioro de sus condiciones de vida. Han acabado concluyendo que no hay vida posible en Turquía”, detalla Nese Özgen.

“A los migrantes les preocupan los nuevos tiempos en Turquía, ya que se está experimentando una inflación en los productos básicos y un empeoramiento de la economía”. Tras trece años de desarrollo a la lumbre de las políticas liberales del islamista Partido Justicia y Desarrollo (AKP) la desaceleración económica, a la que se ha sumado un ciclo de turbulencias políticas, están depreciando la divisa local y preocupando a la población.

“Con más de dos millones de refugiados reales en Turquía es muy difícil corregir ciertos problemas, como encontrar trabajo para cada uno de ellos”, lamenta la coordinadora de ASAM, quien pide también más políticas para luchar contra la discriminación de los solicitantes de asilo.

“Turquía necesita apoyo, un gran esfuerzo diplomático para modificar la situación actual. Los refugiados no están contentos con su vida aquí, aunque otro motivo que detecto para querer saltar de Turquía a Europa va más allá de ese descontento, pues también ven las noticias y concluyen que allí tendrán una vida mejor. Últimamente hablamos con muchos refugiados que están dispuestos a irse a cualquier precio”, destaca Saylan.

Empujados al mar

Los solicitantes de asilo quieren ir a Europa, y Europa les cierra la puerta por tierra y eso los fuerza a hacerse a la mar. Las principales rutas marítimas actuales cruzan el mar Egeo. Una sale desde Bodrum, en el extremo suroeste del país, hasta la isla griega de Kos, y en la otra se zarpa de Esmirna con ánimo de llegar a las islas de Lesvos o Chios. Aunque son tramos relativamente cortos, de no más de diez kilómetros de agua, las fuertes corrientes marinas egeas, las extremadamente precarias condiciones de algunas de las barcas y del material de seguridad y la poca pericia de los pasajeros —los contrabandistas siempre encargan a uno de ellos capitanear el viaje— derivan en tragedias.

Según el viceprimer ministro turco Numan Kurtulmus los guardacostas turcos han rescatado, en lo que va de año, a más de 53.000 personas. Al menos 280 han muerto intentando alcanzar en barca el sueño europeo. La cifra amaga con subir con la llegada del invierno y la pauperización de las condiciones del trayecto.

Mientras tanto numerosas redes de contrabando, cada vez más amateur, hacen su agosto. Los hostales de las ciudades costeras como Bodrum suben sus precios. En esos mismos lugares florecen negocios de chalecos salvavidas, aunque en la mayoría de caso se trata de imitaciones de mala calidad. Se llegan a vender incluso chalecos rellenos de trapo, lo que en caso de hundimiento contribuyen a ahogar a quien lo porta.

En el patio del cuartel de los guardacostas del pueblo de Turgut Reis, cerca de donde suelen partir embarcaciones hacia Kos, hay una pila de barcas hinchables hechas un guiñapo. Parecen sacadas del todo a cien. “Son las de los últimos que hemos rescatado”, comenta el máximo mando del cuartel, que habla en condición de anonimato porque no se permite hablar con la prensa a los funcionarios turcos. “Hemos llegado a rescatar personas que iban en lanchas del BIM”, añade, refiriéndose a una popular cadena de supermercados turca de bajo coste.

En el flanco derecho del cuartel, en un pequeño pasillo que se forma entre el edificio y el rompeolas, permanecen desde hace dos días 33 sirios. “Deben quedarse aquí porque no hay más sitio en las dependencias de la Gendarmería”, explica el guardacostas, “aunque no los encerramos. Se les permite salir a comprar”. eldiario.es recibe permiso para hablar con ellos.

No destacan haber sido maltratados, pero lamentan tener que dormir al raso y sobre un suelo duro. “Esperamos a que se proceda con nuestro expediente, nos liberen y podamos volver a intentar llegar a Grecia”, explica un joven de Alepo que acaba de finalizar sus estudios de medicina y teme revelar su nombre.

Este chico critica a Turquía y a la UE porque “bloqueándonos un pasaje seguro nos están forzando a depender de las mafias de contrabando”. No les sirve de consuelo que, ante la gran cantidad de embarques diarios, los guardacostas turcos hacen periódicamente la vista gorda y permiten a las embarcaciones detectadas seguir adelante con su viaje a Grecia, como ha podido saber este medio.

“Con la crisis en casa, la UE quiere más recursos a Turquía”

Solo intervienen en caso de peligro, momento en que se emplean a fondo en rescatar a los migrantes. También quedó atrás el mes de abril pasado en que, según denunciaba el delegado del gobierno de Esmirna, guardacostas griegos pinchaban las embarcaciones que llegaban a sus costas para hundir a sus tripulantes. El muro menos infranqueable para los migrantes sigue siendo también el más peligroso.

“Ayudadnos, no queremos morir en el mar”, aparecía escrito en las pancartas que portaban los manifestantes de la estación de bus de Esenler. Los coordinadores de la protesta llevaban camisetas con la cruenta fotografía del niño Aylan Kurdi, que apareció ahogado en una playa del Egeo turco el dos de septiembre pasado.

Desde entonces, han muerto más de una veintena de personas más, y algunos niños han vuelto a aparecer —ya lejos de los focos— muertos en las playas turcas. “Ahora Europa, con la crisis en la puerta, trata de dar más recursos a Turquía”, dice la coordinadora de ASAM Dilsah Saylan. “Esta solución solo será temporal. Ambos deben compartir el problema. Se debe arreglar un procedimiento para que los refugiados lleguen con seguridad y regularidad a Europa. Esta será la mejor solución a largo plazo. ”Cruzar por mar es peligroso y muy caro“, insiste Ahmed Malek. ”Por tierra es más barato y seguro. Dejadnos ir a Grecia por tierra. Sólo queremos eso“.

Pertrechando a la desesperada diques de contención para evitar que su trona quede inundada por los escándalos de corrupción, el primer ministro, Tayyip Erdogan, ha echado sus fauces sobre internet. Ante la servidumbre mediática, a los turcos no les había quedado otra que tirar de la red para conocer la realidad. Pero dentro de poco, esto podría acabarse. Ankara dio luz verde anoche a la acta legislativa 5651 que, incrustada en una ley ómnibus que facilitó su aprobación, legaliza la censura digital total.

“Ya nos quejábamos bastante con la ley anterior de 2007. Con ella, hemos calculado que se han cerrado cerca de 40.000 páginas webs”, explica Ali Rıza Keleş, rodeado de cachivaches del triásico computacional, en el taller y sede Alternatif Bilişim Derneği (Asociación de Informáticos Alternativos). “La diferencia –prosigue– es que, con la reglamentación que viene, se amplía el abanico de motivos para bloquear un contenido en internet”.

En Turquía, tradicionalmente, se han censurado páginas vinculadas con el espinoso conflicto kurdo. No sólo webs que elogian la lucha armada de la guerrilla Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), sino hasta el acceso al sitio de la agencia de noticias kurda Fırat está cortado. Otro elemento que incita a Ankara a bloquear un contenido son las críticas a ‘Atatürk’, fundador de Turquía. Insultarle puede conllevar pena de cárcel. No menos polémico fue el cierre, por críticas desde círculos religiosos, de una página sobre la teoría evolutiva de Darwin.

El objetivo de la reforma es generar un Guantánamo informativo para impedir que la población turca conozca una versión diferente de los hechos que la oficial. La ofensiva ya estaba vencida en la prensa escrita, televisión y radio, terrenos donde las empresas informativas habían sucumbido a amenazas y multas constantes, o bien acabado en manos de círculos cercanos al Gobierno.

Este intrincado contexto forzó el salto de los usuarios a internet. Empezaron a proliferar medios alternativos como Bianet, T24 u OdaTV. El grupo de hacktivistas Redhack inició una campaña de filtración de supuestos documentos confidenciales del Estado. Según un estudio de la empresa Konda, durante las protestas por el parque estambulita de Gezi del verano pasado el 77,6% de los manifestantes se informaron de lo ocurrido por la red. Turquía sigue en el top cinco mundial en cuanto a suscritos en Twitter y Facebook.

Y llegó la persecución. Varios periodistas de OdaTV fueron encarcelados acusados de golpismo, algo que Reporteros Sin Fronteras calificó de “absurdo”. Más de treinta tuiteros fueron detenidos en junio por sus críticas al Gobierno en 140 caracteres. En enero, el juez bloqueó Vagus.tv justificando actuar preventivamente en vistas a la aprobación de la nueva norma. Muchos internautas creen que no será el último medio al que le pongan la mordaza.

En el curso de las manifestaciones, Erdogan tachó a Twitter de “amenaza social”. Su entonces ministro de Comunicaciones, Binali Yildirim, exigió a los propietarios de esta red social la apertura de una oficina nacional que se “ajuste a las leyes de Turquía”, al igual que habían hecho Facebook y Google, y así atarles en corto.

El informe de transparencia del primer semestre de 2013 de Google, uno de los motores de búsqueda más consultados del mundo, arroja datos demoledores sobre Turquía. El Gobierno de Erdogan hizo 1.126 peticiones para retirar elementos incómodos del buscador y servicios asociados. El número de intentonas de censura fue un 966% mayor respecto al periodo de cuenta anterior.

Ali Rıza Keleş integra una entidad de ‘freaks’ de la informática enfundados en trajes de activista. Son abogados, periodistas, profesores e ingenieros que un día organizan un seminario sobre software libre y a la semana siguiente llevan ante la Justicia el último filtro virtual, creado por el Gobierno, con la excusa de “proteger a la familia y a los niños”. Más allá, alardean de haber ganado un caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos –Ahmet Yıldırım contra Turquía– que ahora recobra importancia.

Ahmet, un estudiante que utilizaba un espacio en Google Sites para alojar su trabajo académico, vio cómo de la noche a la mañana las autoridades turcas cerraban su página. No era culpa suya, sino de un tercer usuario que había sido acusado por el juez de “insultar al fundador de Turquía” –delito penado con cárcel– y cuya web estaba también en Google Sites. Al no poder cerrar el sitio crítico, tumbaron todo el servicio de hospedaje.

Pese a que Estrasburgo dio la razón a Yıldırım y a Alternatif Bilişim Derneği, la Administración no ha cesado en la censura de brocha gorda. Ante la dificultad de lograr que una empresa extranjera restrinja directamente los contenidos a petición de las autoridades, el Gobierno ha optado por derribar todo un sitio a capón, de forma temporal, como medida de presión para que en el futuro sean las compañías las que se autocensuren.

Y de esta manera, un vídeo con críticas a Atatürk desembocó, en 2007, en el cierre temporal de todo YouTube. Desde su reapertura, un algoritmo impuesto por la Administración evita que ciertos contenidos molestos para Ankara puedan ser vistos por los usuarios turcos. Dos años después, la página del periódico El Mundo era clausurada unos meses por publicar un vídeo de contenido sexual sobre el entonces jefe de la oposición local. Bambuser, un clásico de la emisión en streaming de protestas, no existe en el abecedario de la red turca.

En el último mes, Vimeo ha sido bloqueado durante unos días por permitir que se colgara un vídeo erótico en el que aparece el hijo de Erdogan, Bilal. SoundCloud tampoco se ha salvado. Bastó que un usuario desconocido subiera los audios de unas conversaciones comprometedoras entre el primer ministro y su hija, supuestamente vinculadas a los escándalos de corrupción aflorados en Turquía, para que la página quedara fuera de juego.

“Más que la nueva ley, nos preocupa la norma que ha imperado hasta ahora”, confiesa a eldiario.es Serhat Koç, abogado de la división turca del Partido Pirata (Korsan Partisi). “Para restringir un derecho, es necesario respetar los principios de proporcionalidad y moderación. Cerrar una web, presumiblemente con el objetivo de proteger los derechos de ciertas personas, no se puede resolver coartando el derecho a la información de miles más”.

Para Serhat Koç, la incipiente legislación es una vuelta de turca respecto la anterior, recuerda, “ya declarada inconstitucional por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. “Lo más peligroso en mi opinión es que, a partir de ahora, el mismo presidente de la Autoridad en Tecnologías de la Información y la Comunicación –el BTK, dependiente del Estado– podrá tomar la decisión unilateral de cerrar cualquier contenido”.

La nueva norma, que sólo está pendiente de ser sancionada por el presidente de Turquía, permitirá a un juez cerrar una página web en menos de 24 horas y sin juicio ordinario. En casos de supuesta violación de privacidad, el BTK podrá clausurar por decisión propia cualquier sitio. Cuando un sitio web rechace eliminar un contenido solicitado en 72 horas, el BTK lo hará.

“Hay muchos aspectos que siguen sin estar claros”, critica Ali Rıza Keleş. Preocupa el marco que tipifica los crímenes incluidos en el ‘delito de odio’, una de las recurrentes excusas del Gobierno para ejercer la censura, también en el mundo analógico. Generalmente, se ha considerado en enaltecimiento kurdo e incluso formas de odio.

Tras la aprobación, a finales de 2013, del supuesto paquete de medidas democratizadoras impulsado por Erdogan, la discriminación por orientación sexual quedó fuera de los supuestos punibles. En cambio, se aumentó la pena por crímenes como la blasfemia.

Entre los cierres exprés y la falta de claridad de la Justicia, denuncian las asociaciones de internautas, la nueva ley dificultará la investigación exhaustiva del contenido crítico y se dará alas a la arbitrariedad de las autoridades, normalmente poco doctas en cuestiones relativas a la internet.

“Debido a la futura ausencia de decisiones judiciales, los usuarios ni siquiera podremos conocer el motivo del cierre de las páginas”, subraya Keleş. “Hasta ahora, al intentar acceder a una web, un mensaje en la pantalla nos indicaba la sentencia que la había clausurado. Ahora, simplemente el contenido solicitado no se cargará, lo que inducirá a la duda constante de saber si el sitio está sólo caído o censurado por el Gobierno”.

Otro de los puntos críticos será la cooperación forzosa de las teleoperadoras, que cooperarán con la mordaza política practicando el bloqueo de URL. “Con la ley anterior, bastaba un cambio de DNS para evitar la censura”, recuerda Keleş. “Pero con las nuevas reglas, las empresas de telecomunicaciones no sólo se encargarán de bloquear las IP y URL solicitadas, sino también deberán rastrear y notificar a la BTK la actividad de los usuarios que estén intentando usar sistemas para evadir la censura”, como proxies.

“Si Turquía fuese un estado democrático, podríamos esperar que algunos de los operadores contradijera al Gobierno y respetara los derechos humanos”, musita Serhat Koç. “Pero ¿qué van a hacer? Son esclavos de sus intereses económicos. En Turquía no hay libertad de empresa en internet. No hay un mercado libre. Todas las operadoras dependen de Türk Telekom –empresa dependiente del Estado– y del Gobierno”.

El activista de Alternatif Bilişim Derneği advierte del uso del sistema DPI –Deep Packet Inspection– para controlar detalladamente el tráfico de datos en la internet turca. “Turquía autorizó el ejercicio de esta actividad a una empresa dedicada al DPI, llamada Phorm, a la que en su momento denunciamos. La actividad de esta compañía, que monitoriza y vende datos sobre usuarios, ha sido suspendida en Europa y algunos países americanos. Aquí, al contrario, el Gobierno tomó represalias con las teleoperadoras que criticaron su actividad”.

El hoy ministro de Comunicaciones, Lütfi Elvan, no ha cesado en asegurar que en Occidente las leyes sobre la internet se asemejan a las que prepara en su país. El gabinete no deja de escudarse en el derecho a la intimidad y el respeto a la privacidad para justificar sus planes restrictivos.

“El Gobierno sólo busca defender su privacidad, no la del resto”, insiste Koç. “Busca evitar, por ejemplo, la publicación de documentos secretos”, relata, recordando la documentación sacada a la luz hace siete meses por Redhack, que vinculaba al yihadismo con el doble coche bomba de la villa de Reyhanli de cuya autoría Erdogan acusó a Siria. “Si la publicación de ciertos documentos beneficia al público, no debería ser crimen exponerlos”.

Los turcos ya dieron su opinión en las calles, y fue ensordecedora. El 18 de enero, miles de personas tomaron la céntrica calle Istiklal de Estambul al grito de “Internet dokunma” (no toques mi internet) y con mensajes cargados de sarcasmo como “Sólo te falta censurar mi cerebro”. La policía, como en tantas otras convocatorias callejeras, cargó brutalmente con agua a presión, gas lacrimógeno y compuestos químicos irritantes.

A fin de preparar a la sociedad para el funesto escenario que se avecina, el Partido Pirata ya instruye en seminarios abiertos sobre qué herramientas usar para protegerse de la monitorización. Recomiendan el acceso a VPN –redes privadas virtuales, una forma de eludir los bloqueos– y el uso de la red TOR –un conocido sistema basado en proxies en red–, y proponen el cifrado tanto de los datos en los ordenadores, con programas como TrueCrypt, como la codificación de emails con PGP.

Al mismo tiempo, el Partido Pirata suma esfuerzos para desarrollar la red Meshnet. Este proyecto, consistente en una red alternativa de comunicación cifrada sin empresas intermediarias, es una de las esperanzas de los activistas para el futuro de la internet en el país.

“En países como Irán, China o Arabia Saudí, los internautas recurren a las VPN”, relata Keleş. “Pero aquí no hay esa costumbre”, matiza el informático. “Por lo tanto, al menos al principio, el internauta turco se verá obligado a autocensurarse”. No obstante, hay esperanza. “Quizás acabemos encontrando formas alternativas de comunicarnos con el resto del mundo”, dice, con la mirada iluminada. “Se podrán hallar formas de hacer las cosas distintas”.

“Nos esperan tiempos difíciles”, continúa el informático alternativo. “A cada cierre de una web le seguirá una denuncia en los tribunales. Realmente, creo que el Gobierno sólo busca un remedio temporal para evitar que se sepan los embrollos personales actuales. Tengo la impresión de que ni siquiera Erdogan sabe dónde se está metiendo”.

Irrumpen en las protestas para arrasar con todo: estampidas masivas, gente chorreando tirada por los suelos y, si se añade algo de química, decenas de personas sufriendo una inusitada tos compulsiva y hasta varias con quemaduras de segundo grado. Los polémicos Vehículos de Intervención en Acontecimientos Masivos, conocidos en Turquía como 'TOMA', por ser la palabra que forman sus siglas en turco, son ahora objeto de deseo de la policía española.

Esta semana el Ministerio del Interior español ha publicado un concurso para licitar la fabricación de un vehículo tipo TOMA por medio millón de euros. De acuerdo a los pliegos técnicos de la oferta, la policía quiere hacerse con un automóvil de entre seis y ocho metros de longitud y cuatro o seis ruedas y cuyo elemento principal será un cañón de agua a presión alimentado por un depósito de 7.000 litros de agua mezclable con tinta.

Existen varios modelos de vehículo antidisturbios con cañón de agua, en función de las necesidades del futuro propietario. Difieren generalmente en el tipo de blindado, el número de puntos de disparo de líquido y la potencia. En común mantienen el cañón principal, instalado sobre el techo del vehículo, que es giratorio y capaz de inclinarse hasta 45 grados con respecto al eje horizontal.

Estos vehículos cuentan con depósitos para entre 5.000 y 10.000 litros de agua que pueden autorrellenarse rápidamente en lagos y depósitos. Cuentan, además, con un depósito de 60 litros para tinte, otro para espuma y otro para gas, lo que posibilita combinar el agua incluso con sustancias irritantes. Durante las protestas de junio por el parque estambulita de Gezi, los TOMA llegaron a disparar estos líquidos dentro de hospitales y hoteles.

El chorro de agua se considera una herramienta “no letal”, aunque su efecto, dada la potente fuerza con que sale, puede desplazar varios metros a las personas y provocar caídas. Disparado de forma prolongada, se utiliza para dispersar grupos de gente concentrada en posición de resistencia pasiva, labor que se complementa con la pala metálica frontal que hace las veces de 'escoba' contra los manifestantes.

Normalmente, los cañones de agua a presión son la primera fuerza de choque en una carga de antidisturbios. Pueden actuar en un radio de diez metros alrededor del vehículo. Si el agua se combina con tinte, tal es el caso del camión solicitado por Interior, esto permite 'marcar' a los participantes de una protesta para facilitar a los agentes el trabajo posterior de identificación. Estas marcas, naranjas o amarillas, no suelen desaparecer de la prenda.

Otra capacidad común de los vehículos tipo TOMA es la de reventar barricadas. Al ser ignífugos y alcanzar velocidades de hasta 100 Km/h, pueden actuar como arietes y tumbar parapetos de neumáticos u otros tipos de muros de contención similares. Aunque no está especificado en el pliego técnico de la Policía Nacional, existen modelos con la cabina presurizada para actuar pese a la existencia de gas lacrimógeno en el aire.

En el concurso de licitación abierto por las autoridades españolas podrán participar las tres empresas turcas que fabrican automóviles tipo TOMA a un precio cercano al presupuestado, como Otokar Otomotiv ve Savunma Sanavi AS. Se trata de una compañía perteneciente a Koç Holding, uno de cuyos hoteles, paradójicamente, refugió a manifestantes de las cargas policiales de este verano en Estambul.

La segunda de las tres constructoras locales es Nurol. Este fabricante produce modelos de TOMA bajo licencia de Beit Alfa Technologies, una empresa israelí nacida en 1966 en el kibutz homónimo y que se ha convertido en proveedor de referencia del Ministerio de Defensa de Israel de este tipo de armamento considerado por los licenciatarios “no letal”. Nurol ha exportado vehículos TOMA a Azerbaiyán, Libia, Zimbaue, Georgia y Kazajistán.

Mientras la gente huía despavorida de los TOMA por las calles de Estambul, Ankara y Esmirna, en esta tercera urbe los gerentes de Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanayi & Ticaret AS se frotaban las manos. Más concretamente lo hacía Mehmet Katmerci, consejero delegado e hijo de Ismail Katmerci, exdiputado del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Recep Tayyip Erdogan.

En un concurso cuya “limpieza” destacan los Katmerci, realizado poco antes de que el país se sumergiera en manifestaciones multitudinarias, su empresa se hizo con un contrato gubernamental de compra de 30 vehículos TOMA a razón de unos 125.000 euros la unidad. Los precios estándar de un vehículo con cañón de agua de Katmerciler varían entre los 300.000 y los 500.000 euros, en función del modelo solicitado.

En un reportaje publicado por Bloomberg hace cuatro meses, el máximo responsable de Katmerciler se mostraba exultante por la publicidad que los vídeos de cargas con TOMA en Gezi brindaron a su negocio. Preveía multiplicar sus ventas por seis este año a países que registran disturbios. Los precios de sus vehículos son inferiores a los de otros modelos, como el 'Water Cannon 10000' de la austríaca Rosenbauer, que cuesta en torno a un millón de euros.