Las medidas de reforma educativa aplicadas en estos dos últimos años en Baleares por el gobierno de mayoría del PP, que han dado como resultado una huelga indefinida de los docentes, son un ejemplo de como no deben hacerse las reformas en educación. Además de recortes en los recursos, disminución de profesorado en los centros, incremento del número de alumnos por profesor y eliminación de complementos económicos, se pretende modificar sustancialmente el modelo lingüístico de los centros escolares. Con la excusa de mejorar la formación en lengua inglesa, se rompe con el modelo que garantizaba al final de la escolarización obligatoria las competencias básicas en las dos lenguas oficiales. Se persigue eliminar los mecanismos que garantizaban la integración y la cohesión lingüística de la sociedad de las Islas Baleares.

Es preciso indicar que el modelo que ahora se quiere sustituir de forma precipitada y sin escuchar a la comunidad educativa, ha sido el resultado de décadas de consensos políticos, plasmados en una legislación aprobada básicamente en épocas de gobierno del partido popular y respetada, en sus líneas maestras, durante los gobiernos del pacto de progreso. Un modelo que era evaluado periódicamente, que contaba con equipos de apoyo, que se sustentaba en programas de formación y reciclaje del profesorado desarrollados durante más de veinticinco años por la Universidad y para el cual existía un abundante material didáctico.

La aplicación de lo que han llamado Tratamiento Integral de Lenguas (TIL) se pretende hacer de forma atropellada en contra de la opinión del Consejo Escolar de las Islas Baleares, de todos los sindicatos docentes, de las asociaciones de padres y madres, de la Universidad, de la asociación de escuelas católicas, de la asociación de cooperativas de la enseñanza, de la mayoría de consejos escolares de centro y de muchas otras instituciones.

El TIL pretende que en primaria se puedan impartir algunas materias en lengua inglesa y en secundaria se impartan un mínimo de un 30% en inglés y el resto de materias en castellano y catalán.

Los colectivos que se oponen no son contrarios al incremento de la enseñanza del inglés, pero consideran que no existen las condiciones adecuadas para hacerlo de la manera que pretende el gobierno de la Comunidad de las Islas Baleares. Existen pocos profesores preparados para impartir materias en inglés y los alumnos tendrán dificultades para seguir las explicaciones y actividades lectivas en esta lengua. El nivel B2 exigido para impartir las asignaturas en inglés se considera como insuficiente por parte de los especialistas. Asimismo, los centros no disponen de material ni recursos para facilitar la enseñanza en la lengua extranjera. Las dificultades que pueden tener los alumnos normales pueden convertirse en insuperables para los colectivos con dificultades como los de necesidades educativas especiales o los que tienen idiomas familiares distintos a los oficiales y que son muy numerosos en Baleares. Por otra parte, la falta de profesorado de apoyo, muy recortado por la administración educativa, hará aún más graves estas dificultades.

Las consecuencias negativas del apresuramiento en la aplicación del TIL han sido consideradas por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares que dictó dos interlocutorias suspendiendo de forma cautelar la aplicación del decreto por no cumplir con los procedimientos de consulta preceptiva. En respuesta a esta intervención del TSJB, el gobierno, en 24 horas, aprobó un decreto-ley imponiendo la normativa y evitando subsanar los defectos que había detectado el TSJB. Esta argucia legal ha sido criticada por asociaciones como Jueces para la Democracia o por juristas de prestigio como, por ejemplo, Pedro Horrach, fiscal anticorrupción de Baleares. La actuación del gobierno incluso ha sido considerada como un fraude de ley por los sindicatos docentes.

El desarrollo de la normativa ha sido insuficiente y confuso de manera que, ya iniciado el curso, el decreto-ley no está ni convalidado ni desarrollado. Muchos de los proyectos de aplicación del TIL presentados por los centros no han sido aprobados por la administración educativa y no se sabe si los anteriormente aprobados cumplen con el nuevo decreto-ley. Por estos motivos, los centros no saben a ciencia cierta qué hacer y la planificación del curso es en estos momento totalmente provisional.

Además, la aplicación del TIL olvida la autonomía de los centros escolares y desprecia la intervención de los consejos escolares que reconoce la LOE. El decreto-ley aprobado ahora deroga el único punto del anterior decreto que permitía una cierta autonomía de los centros y la participación de los consejos escolares. En el caso de los centros concertados puede verse vulnerado también el derecho constitucional a establecer un modelo educativo propio.

La nueva normativa, aprobada a mediados de abril del 2013, se ha implantado por el Gobierno de la CAIB con una actitud autoritaria que ha supuesto ya el cese de Rafael Bosch, Conseller de Educación, por no ser suficientemente duro con los docentes críticos; de dos delegados de la Conselleria en Menorca, por sus discrepancias en la aplicación del decreto y la sanción de suspensión de empleo y sueldo a tres directores de centros de secundaria, una medida inédita en la historia educativa de las Baleares.

La huelga indefinida convocada por los docentes no sólo responde a la aprobación del TIL, además de los recortes en las condiciones laborales, se protesta contra una serie de medidas destinadas a controlar ideológicamente el sistema educativo. Unas medidas que comenzaron con la destitución de todos los inspectores provisionales y la convocatoria de un concurso para cubrir nuevas plazas con un tribunal nombrado por la administración y un baremo en el que un mérito muy valorado es el resultado de una entrevista. Voluntad de controlar el sistema educativo que se manifiesta también en el cese del director y buena parte del equipo del Instituto de Evaluación de Calidad del Sistema Educativo de las Islas Baleares, responsable de estudios que acreditaban que con el modelo que se aplicaba se conseguían idénticos resultados en el nivel de conocimiento de la lengua castellana y catalana.

Los intentos de recortar la libertad de expresión y de cátedra de los docentes por parte del Gobierno de la CAIB llegan a los límites de la inconstitucionalidad en dos proyectos de ley aprobados por el ejecutivo. Uno se refiere al uso de símbolos en edificios escolares, prohibiendo aquéllos que pueda puedan ser considerados como manifestación de posiciones ideológicas. El otro, regula los deberes y derechos de los miembros de la comunidad educativa. Entre otras limitaciones de las libertades de alumnos y profesores, se establece que los docentes deberán abstenerse de manifestar cualquier expresión de posiciones personales, familiares, corporativas, políticas, clientelares o cualquier otra que pueda considerarse subjetiva o imparcial. Formulaciones ambiguas que pueden favorecer la arbitrariedad de la administración a la hora de sancionar con multas y penas importantes, que la norma legal prevé, a aquellos que manifiesten opiniones contrarias o críticas con el gobierno. El panorama se completa con el anuncio de un decreto que establecerá los criterios que deben cumplir los libros de texto y el material escolar para su autorización en los centros educativos de la CAIB.

Les mesures de reforma educativa aplicades en aquests dos últims anys a les Balears pel Govern de majoria del PP, que han donat com a resultat una vaga indefinida dels docents, són un exemple de com no s'han de fer les reformes en educació. A més de retallades en els recursos, disminució de professorat en els centres, increment del nombre d'alumnes per professor i eliminació de complements econòmics, es pretén modificar substancialment el model lingüístic dels centres escolars. Amb l'excusa de millorar la formació en llengua anglesa, es trenca amb el model que garantia al final de l'escolarització obligatòria les competències bàsiques en les dues llengües oficials. Es persegueix eliminar els mecanismes que garantien la integració i la cohesió lingüística de la societat de les Illes Balears.

Cal indicar que el model que ara es vol substituir de forma precipitada i sense escoltar la comunitat educativa ha estat el resultat de dècades de consensos polítics, plasmats en una legislació aprovada bàsicament en èpoques de govern del Partit Popular i respectada, en les seves línies mestres, durant els governs del pacte de progrés. Un model que era avaluat periòdicament, que comptava amb equips de suport, que se sustentava en programes de formació i reciclatge del professorat desenvolupats durant més de vint anys per la Universitat i per al qual existia un abundant material didàctic.

L'aplicació del que han anomenat Tractament Integral de Llengües (TIL) es pretén fer de manera atropellada en contra de l'opinió del Consell Escolar de les Illes Balears, de tots els sindicats docents, de les associacions de pares i mares, de la Universitat, de l'associació d'escoles catòliques, de l'associació de cooperatives de l'ensenyament, de la majoria de consells escolars dels centres i de moltes altres institucions.

El TIL pretén que a primària es puguin impartir algunes matèries en llengua anglesa i a secundària se n'imparteixin un mínim d'un 30% en anglès i la resta de matèries en castellà i català.

Els col·lectius que s'hi oposen no són contraris a l'increment de l'ensenyament de l'anglès, però consideren que no existeixen les condicions adequades per fer-ho de la manera que pretén el Govern de la Comunitat de les Illes Balears. Hi ha pocs professors preparats per impartir matèries en anglès i els alumnes tindran dificultats per seguir les explicacions i activitats lectives en aquesta llengua. El nivell B2 exigit per impartir les assignatures en anglès es considera com insuficient per part dels especialistes. Així mateix, els centres no disposen de material ni recursos per facilitar l'ensenyament en la llengua estrangera. Les dificultats que poden tenir els alumnes normals poden esdevenir insuperables per als col·lectius amb dificultats com els de necessitats educatives especials o els que tenen idiomes familiars diferents dels oficials i que són molt nombrosos a les Balears. D'altra banda, la manca de professorat de suport, molt retallat per l'administració educativa, farà encara més greus aquestes dificultats.

Les conseqüències negatives de l'apressament en l'aplicació del TIL han estat considerades pel Tribunal Superior de Justícia de les Balears, que va dictar dues interlocutòries suspenent de forma cautelar l'aplicació del decret per no complir amb els procediments de consulta preceptiva. En resposta a aquesta intervenció del TSJB, el govern, en 24 hores, va aprovar un decret-llei imposant la normativa i evitant esmenar els defectes que havia detectat el TSJB. Aquesta argúcia legal ha estat criticada per associacions com Jutges per a la Democràcia o per juristes de prestigi com, per exemple, Pedro Horrach, fiscal anticorrupció de les Balears. L'actuació del govern fins i tot ha estat considerada com un frau de llei pels sindicats docents.

El desenvolupament de la normativa ha estat insuficient i confús de manera que, ja iniciat el curs, el decret llei no està ni convalidat ni desenvolupat. Molts dels projectes d'aplicació del TIL presentats pels centres no han estat aprovats per l'administració educativa i no se sap si els anteriorment aprovats compleixen amb el nou decret llei. Per aquests motius, els centres no saben amb certesa què fer i la planificació del curs és en aquests moment totalment provisional.

A més, l'aplicació del TIL oblida l'autonomia dels centres escolars i menysprea la intervenció dels consells escolars que reconeix la LOE. El decret llei aprovat ara deroga l'únic punt de l'anterior decret que permetia una certa autonomia dels centres i la participació dels consells escolars. En el cas dels centres concertats es pot veure vulnerat també el dret constitucional a establir un model educatiu propi.

La nova normativa, aprovada a mitjans d'abril del 2013, s'ha implantat pel Govern de la CAIB amb una actitud autoritària que ha suposat ja el cessament de Rafael Bosch, conseller d'Educació, per no ser prou dur amb els docents crítics; de dos delegats de la Conselleria a Menorca, per les seves discrepàncies en l'aplicació del decret, i la sanció de suspensió de sou i feina a tres directors de centres de secundària, una mesura inèdita en la història educativa de les Balears.

La vaga indefinida convocada pels docents no només respon a l'aprovació del TIL, a més de les retallades en les condicions laborals, es protesta contra una sèrie de mesures destinades a controlar ideològicament el sistema educatiu. Unes mesures que van començar amb la destitució de tots els inspectors provisionals i la convocatòria d'un concurs per cobrir noves places amb un tribunal nomenat per l'administració i un barem en què un mèrit molt valorat és el resultat d'una entrevista. Voluntat de controlar el sistema educatiu que es manifesta també en el cessament del director i bona part de l'equip de l'Institut d'Avaluació de Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears, responsable d'estudis que acreditaven que amb el model que s'aplicava s'aconseguien idèntics resultats en el nivell de coneixement de la llengua castellana i catalana.

Els intents de retallar la llibertat d'expressió i de càtedra dels docents per part del Govern de la CAIB arriben als límits de la inconstitucionalitat en dos projectes de llei aprovats per l'executiu. Un es refereix a l'ús de símbols en edificis escolars, prohibint aquells que puguin ser considerats com a manifestació de posicions ideològiques. L'altre regula els deures i drets dels membres de la comunitat educativa. Entre altres limitacions de les llibertats d'alumnes i professors, s'estableix que els docents s'han d'abstenir de manifestar qualsevol expressió de posicions personals, familiars, corporatives, polítiques, clientelars o qualsevol altra que pugui considerar subjectiva o imparcial. Formulacions ambigües que poden afavorir l'arbitrarietat de l'administració a l'hora de sancionar amb multes i penes importants, que la norma legal preveu, a aquells que manifestin opinions contràries o crítiques amb el Govern. El panorama es completa amb l'anunci d'un decret que establirà els criteris que han de complir els llibres de text i el material escolar per la seva autorització en els centres educatius de la CAIB.