Hace un tiempo tuve ocasión de compartir tertulia con un conocido catedrático de derecho constitucional, no precisamente soberanista, que sostenía que el derecho de elección de lengua en la escolarización de los hijos es inexistente. El argumento es bastante obvio: el derecho que tenemos de acceder a los servicios públicos no nos da derecho a elegir de qué mododebemos recibir estos mismos servicios, y así como no podemos determinar cómo nos deben tratar si estamos enfermos, ni tampoco podemos decidir dónde queremos que sitúen los contenedores de basura, tampoco podemos elegir de qué modo queremos recibir el derecho inalienable a la educación.En cualquiercaso, la gestión y la organización de este derecho dependen de la administración correspondiente, que en el caso de la escuela en Catalunya es la Generalitat. Por este motivo, si un Parlament elegido por sufragio decide democráticamente que la lengua vehicular en Catalunya será una, y sólo una, esta decisión prevalece sobre la voluntad de los padres.

Cerrada pues esta vía, la estrategia de los defensores del castellano como lengua vehicular ha apelado siempre, no al derecho a la educación, sino a principios superiores, a derechos constitucionales básicos, prácticamente propios de la defensa de los derechos humanos y con los que todos podemos empatizar, como por ejemplo la libertad como bien supremo. Por este motivo, en la literatura sobre el tema abunda la comparación de la política de inmersión lingüística con una dictadura (“Igual que Franco pero al revés”,ABC, 12-9-93) o bien con el apartheid sudafricano (Alejo Vidal- Quadras, 1995), con el apoyo incondicional de grupos políticos y mediáticos que han actuado de claque para llevar la lucha por un derecho inexistente al terreno de las libertades más básicas. Valdría la pena recordar la frase que Francisco Umbral dedicó a los promotores del Manifiesto de los 2.300 dos meses antes de su eclosión: “Hagan algunos maestros del castellano reflexiones sobre sus pecados de juventud” (El País, 20-1-1981).

La lucha, sin embargo, de la enseñanza en castellano en Catalunya (esto es, de la posibilidad de acceder a una red pública de escuelas donde se imparta la enseñanza en castellano como lengua vehicular al 100%) ha chocado con la realidad. Si se confirmara el derecho de los padres a elegir idioma de escolarización, se debería diseñar una doble red escolar a demanda, en la que se distribuyeran las plazas escolares de acuerdo con la elección explícita de los padres,la cual aportaría porcentajes realmente aplicablessólo en casos muy excepcionales. Dicho de otro modo, difícilmente, en una escuela con dos líneas educativas, las familias distribuirían sus hijos, de forma espontánea, en un 50% para cada línea, y viendo los casos de familias que quieren la escolarización en castellano, quizás esta opción ni siquiera llegaría al 5%.

Bauzá marca el precedente. Al llegar a la presidencia del gobierno balear, José Ramón Bauzá prometió escolarizar a los niños en función de la lengua elegida por los padres, pero la demanda fue tan pobre que no pudo montar una sola escuela con el castellano como lengua vehicular, y de ahí que su voluntad manifestada reiteradamente de acabar con la inmersión lingüística haya derivado en el derecho del TIL. Así, se ha hecho evidente, también en los propios activistas procastellano en Catalunya, que la lucha por el español como lengua vehicular deriva en un callejón sin salida: sin demanda suficiente, sólo la agrupación de alumnos de áreas extensas podría permitir confeccionar grupos homogéneos para montar, al menos, escuelas de una línea, pero eso acarrearíaa las familias cambios de centro incómodos y una distribución desigual de estas escuelas,ya que por cada una que se pudiera formar en Sarrià-SantGervasi o SantCugat habría cinco en Badalona o L’Hospitalet. Y se daría una pendiente hacia la guetización bastante fácil de intuir que difícilmente beneficiaría a la lengua española.

¿Cuál es la solución al callejón sin salida? Muy fácil, cualquier juez lo resolvería como si fuera una suma de primaria: si los padres tienen el derecho de elección de centro (como derecho consolidado); si consideran que la atención personalizada es discriminatoria, y si no hay más demanda en castellano para crear un grupo-clase estándar, entonces la solución es que todos los alumnos cambien de idioma, una opción que no recoge ninguna disposición legal, no de aquí, sino de todo el mundo, y que anima a los padres que quieren la escolarización en catalán a hacer lo mismo, a la espera de que un juez empático ampare su derecho individual de que todo el grupo-clase cambie de idioma sólo porque ellos lo quieren para sus hijos. Un camino, por supuesto, que no beneficia a nadie.

Ahora, sin embargo, tenemos la sentencia del 25%. Según un juez, una cuarta parte de las clases deberán impartirse en castellano si un alumno lo solicita. ¿Cómo? ¿Con qué criterio? ¿De dónde sale esa rebaja porcentual? La Generalitat, nerviosa, se ha apresurado a presentar recurso,aunque, curiosamente, los más perjudicados son los padres recurrentes y toda la claque que los anima, porque han pasado de defender el establecimiento de la doble red escolar (por lo tanto, del 100% en español) apelando a los derechos humanos a celebrar como una victoria que se imparta matemáticas y gimnasia en castellano, renunciando por el camino al despropósito de motivar el cambio de lengua en todas y cada una de las materias.Tras más de treinta años de batallas judiciales, de ser animados por ondas radiofónicas y editoriales incendiarios, de ser comparados con Quijotes que luchan contra molinos dictatoriales,¿ahora deben conformarse con un 25%? ¿No son ellos y los Cajas quienes deberían presentar recurso?

De ser la consellera, yo no habría presentado recurso.Ni pactaría con esas familias resolver el problema de otromodo, sencillamente aplicaría la sentencia, punto final al proceso judicial, se acabó, hasta aquí sería el máximo al que se podría llegar por la vía judicial. Pero centraría todos los esfuerzos en satisfacer el derecho de los padres a seguir teniendo la escolarización en catalán de aquellas materias castellanizadas por orden judicial, a través del mecanismo reconocido, y que se supone que debe de valer para todos, de la atención personalizada. Bien debe de ser un dispositivo que tienen los padres que quieren el catalán como lengua vehicular,¿no? ¿O es un derecho consolidado sólo para padres castellanohablantes? Siempre se podría argumentar en contra diciendo que no hay suficientes recursos para satisfacer la atención personalizada de tantos escolares, pero ahora con la crisis que lo justifica todo, no sería descabellado atribuir a los recortes el establecimiento de clases de atención personalizada para grupos de 24 niños.

On són els intel·lectuals que el 1924, en plena dictadura de Primo de Rivera, van signar un manifest en favor de la llengua catalana?

Sí, on són? On són els intel·lectuals que el 1924, en plena dictadura de Primo de Rivera, van signar un manifest en favor de la llengua catalana? On són els Gregorio Marañón, Ramón Menéndez Pidal, Concha Espina, José Ortega y Gasset, Azorín, Ramón Gómez de la Serna, Federico García Lorca i Manuel Azaña, entre molts altres, que van afirmar voler «cumplir con un verdadero deber de patriotismo diciendo a Cataluña que las glorias de su idioma viven perennes en la admiración de todos nosotros y serán eternas mientras imperen en España el culto y el amor desinteresado a la belleza». On són aquests intel·lectuals no és difícil d’endevinar: tots traspassats. Però on són els actuals? Ubi sunt?

És fàcil adduir que no estem en dictadura i que el català pot defensar-se sol. Amb Primo de Rivera les coses van començar a ser espinoses per a la llengua catalana (encara que com dictador no deixava de ser un aficionat al costat del següent) i només la perícia d’alguns va servir per lluitar amb prohibicions absurdes que van arribar a la retolació comercial; per exemple, sabem que al poeta i pastisser J.V. Foix se li va ocórrer retolar la seva oferta amb expressions «bilingües», llegibles en tots dos idiomes, en una expressió de murrieria lingüística que va donar perles cèlebres, com els «postres del país», la «bomboneria selecta» i la «pasta seca superior». L’ensenyament en català no cal dir que no va tenir tanta sort, i va ser esborrat del mapa.

La democràcia és garant dels nostres drets, però fins ara mai no s’havia aplicat la dinàmica de les majories a qüestions científicament demostrades o admeses, com ho és la unitat de la llengua catalana. I en qualsevol cas, si la diatriba i l’ambició polítiques porten a aquests camins, és la intel·lectualitat qui ha de fer un pas endavant i denunciar, com ho va fer el 1924, derives que poden portar a la ignorància, la frustració i la desafecció. En aquest sentit, és si més no sorprenent que, des del món intel·lectual hispànic, no hagi sortit cap veu mitjanament sòlida i coral que rebati els disbarats en matèria lingüística que des d’alguns governs autonòmics s’estan elevant a categoria de legalitat.

La llei de llengües a Aragó, amb la designació del català i l’aragonès com lapao i lapapip, respectivament, és un cas barroer de manca de respecte elemental a la riquesa cultural (la Constitució, en l’article 3.3, ja prescriu que la diversitat lingüística espanyola ha de ser «objecte d’especial respecte i protecció»), mentre que l’obsessió del govern de Fabra per negar la identitat del català i el valencià raneja el ridícul, en voler discutir una qüestió filològicament diàfana. A aquest pas, la mateixa Real Academia de la Lengua Española es guanyarà un recurs als jutjats, a atrevir-se a atemptar contra la legalitat vigent per una definició de valencià que, imagino, deu tenir dècades: «Variedad del catalán, que se usa en gran parte del antiguo reino de Valencia y se siente allí comúnmente como lengua propia». Varietat del català, inaudit!

I la intel·lectualitat hispànica? De moment no hi és, però se l’espera. Potser n’hi ha prou acabant amb una frase del mateix manifest de 1924, tota una demostració d’empatia interterritorial que no ens vindria malament: «Es el idioma la expresión más íntima y característica de la espiritualidad de un pueblo, y nosotros, ante el temor de que esas disposiciones puedan haber herido la sensibilidad del pueblo catalán, siendo en lo futuro un motivo de rencores imposibles de salvar, queremos con un gesto afirmar a los escritores de Cataluña la seguridad de nuestra admiración y de nuestro respeto por el idioma hermano. El simple hecho biológico de la existencia de una lengua, obra admirable de la naturaleza y de la cultura humana, es algo siempre acreedor al respeto y a la simpatía de todos los espíritus cultivados». Ubi sunt?

¿Dónde están los intelectuales que en 1924, en plena dictadura de Primo de Rivera, firmaron un manifiesto en favor de la lengua catalana?

Sí, ¿dónde están? ¿Dónde están los intelectuales que en 1924, en plena dictadura de Primo de Rivera, firmaron un manifiesto en favor de la lengua catalana? ¿Dónde están los Gregorio Marañón, Ramón Menéndez Pidal, Concha Espina, José Ortega y Gasset, Azorín, Ramón Gómez de la Serna, Federico García Lorca y Manuel Azaña, entre muchos otros, que afirmaron querer «cumplir con un verdadero deber de patriotismo diciendo a Cataluña que las glorias de su idioma viven perennes en la admiración de todos nosotros y serán eternas mientras imperen en España el culto y el amor desinteresado a la belleza»?. Dónde están estos intelectuales no es difícil de adivinar: todos traspasados. ¿Pero dónde están los actuales? ¿Ubi sunt?

Es fácil aducir que no estamos en dictadura y que el catalán puede defenderse solo. Con Primo de Rivera las cosas empezaron a ser peliagudas para la lengua catalana (aunque como dictador no dejaba de ser un aficionado al lado del siguiente) y solo la pericia de algunos sirvió para lidiar con prohibiciones absurdas que llegaron a la rotulación comercial; al poeta y pastelero J.V. Foix, por ejemplo, se le ocurrió rotular su oferta con expresiones «bilingües», legibles en ambos idiomas, en una expresión de pillería lingüística que dio perlas célebres, como los «postres del país», la «bombonería selecta» y la «pasta seca superior». La enseñanza en catalán ni que decir tiene que no tuvo tanta suerte, y fue borrada del mapa.

La democracia es garante de nuestros derechos, pero hasta la fecha jamás se había aplicado la dinámica de las mayorías a cuestiones científicamente demostradas o admitidas, como lo es la unidad de la lengua catalana. Y en cualquier caso, si la diatriba y la ambición políticas llevan a tales derroteros, es la intelectualidad quien debe dar un paso al frente y denunciar, como lo hizo en 1924, derivas que pueden llevar a la ignorancia, la frustración y la desafección. En este sentido, es cuando menos sorprendente que, desde el mundo intelectual hispánico, no haya salido ninguna voz medianamente sólida y coral que rebata los disparates en materia lingüística que desde algunos gobiernos autonómicos se están elevando a categoría de legalidad.

La ley de lenguas en Aragón, con la designación del catalán y el aragonés como lapao y lapapip, respectivamente, es un burdo caso de falta de respecto elemental a la riqueza cultural (la Constitución, en su artículo 3.3, ya prescribe que la diversidad lingüística española deberá ser «objeto de especial respeto y protección»), mientras que la obsesión del gobierno de Fabra por negar la identidad del catalán y el valenciano raya el ridículo, al discutir una cuestión filológicamente diáfana. Al paso que vamos, la propia Real Academia de la Lengua Española se ganará un recurso en los juzgados, al atreverse a atentar contra la legalidad vigente por una definición de valenciano que, imagino, debe de tener décadas: «Variedad del catalán, que se usa en gran parte del antiguo reino de Valencia y se siente allí comúnmente como lengua propia». ¡Variedad del catalán, inaudito!

¿Y la intelectualidad hispánica? De momento no está, pero se la espera. Quizás baste terminar con una frase del mismo manifiesto de 1924, toda una demostración de empatía interterritorial que no nos vendría mal: «Es el idioma la expresión más íntima y característica de la espiritualidad de un pueblo, y nosotros, ante el temor de que esas disposiciones puedan haber herido la sensibilidad del pueblo catalán, siendo en lo futuro un motivo de rencores imposibles de salvar, queremos con un gesto afirmar a los escritores de Cataluña la seguridad de nuestra admiración y de nuestro respeto por el idioma hermano. El simple hecho biológico de la existencia de una lengua, obra admirable de la naturaleza y de la cultura humana, es algo siempre acreedor al respeto y a la simpatía de todos los espíritus cultivados». ¿Ubi sunt?

La Constitución nos disgrega, la LOMCE nos subordina, el lapao nos ridiculiza y la justicia nos limita. Pues montemos una fiesta que sirva para demostrar, aquí, allí y en todo el mundo, que no somos una lengua pequeña.

Cada época tiene su Wert. En la década de los años diez del siglo XX, el azote del catalán era el senador Antonio Royo Vilanova, que colaboró ​​en algunas de las campañas más sonadas en favor del catalán con declaraciones incendiarias que animaban a cerrar filas. Por ejemplo, no se recató al denunciar «la práctica abusiva de la Diputación de Barcelona de redactar en catalán los expedientes administrativos de carácter judicial», o mejor aún, aquella frase que incidía en el principal motivo por el que los catalanes hablamos catalán: «El día que los catalanes se convenzan de que no nos molesta su idioma, cesará el mayor motivo de su uso». Si es que, básicamente, hablamos catalán para joder...

Pero la respuesta a la inventiva de Royo y otros no fueron únicamente el lamento y la protesta, ni tampoco la serie de razones históricas, culturales y de todo tipo que podría aducirse para la defensa del catalán en el uso público. A iniciativa del Centro Autonomista de Dependientes del Comercio y de la Industria (el CADCI), el día 1 de enero de 1916 se celebró la primera edición del Día de la Lengua Catalana, con el objetivo de fomentar la lengua en unos momentos en que arrancaba la normativa ortográfica y la Mancomunitat de Catalunya ya empleaba el catalán como lengua vehicular. Y existía un auténtico entusiasmo por la lengua. Decía ese día el periodista y escritor Josep Morató i Grau en La Veu de Catalunya: «La lengua catalana es; la lengua catalana fue; la lengua catalana será, pese a quien pese, y quieran o no sus enemigos». De este modo, y aparte de la legítima protesta reivindicativa, la sociedad civil se puso en marcha para convertir la defensa de la lengua catalana en una auténtica fiesta.

Somos auténticas hachas en montar fiestas. Solo hay que ver el estallido de los últimos años del Onze de Setembre, pero también tenemos Sant Jordi, un gran fiestón instituido no muchos años después de la experiencia del Día de la Lengua Catalana, en 1923. Al margen de los lamentos perpetuos sobre la ignominia del lapao en Aragón, o sobre la nueva batalla por la lengua en Valencia −donde ahora el Estatuto puede legalizar la ignorancia−, nos interesa más que nunca dejar a un lado el victimismo ceñudo y entender que es partir de la fiesta que debemos defender la lengua, que debemos proyectarla a todas partes, pero de una forma lúdica, participativa, luminosa, feliz, cívica y coral. Y pocas iniciativas pueden ser más efectivas, en este sentido, que la restauración del Día de la Lengua Catalana.

Disponemos pues de un antecedente propio, cuando se celebraba el 1 de enero, y también de iniciativas que recientemente han pretendido instaurar una conmemoración similar pero en coincidencia con la Diada de Sant Jordi. Sin embargo, ninguna de las dos fechas propiciará una celebración singularizada, y la fiesta quedará eclipsada por prácticas bastante más arraigadas en el calendario. Para el castellano, a iniciativa del Instituto Cervantes, en el año 2009 se empezó a celebrar el Día E, su propio día de la lengua, en el que abundan los actos culturales, las lecturas públicas de El Quijote y un concurso para elegir por votación popular la palabra más bonita de la lengua española. En ningún caso, sin embargo, se les ocurrió programar este día coincidiendo por ejemplo con el 12 de octubre, y lo celebran en el último sábado antes del solsticio de verano, y por lo tanto en alguno de los días más largos del año, lo que permite alargar las celebraciones con actos en la calle.

En esto han sido listos, y debemos copiarles. Hay restaurar el Día de la Lengua Catalana, pero disociado de las dos grandes algarabías del país, para convertirlo en una jornada festiva de fomento de la lengua y quién sabe si con el tiempo tendríamos una tercera jornada para celebrar. Habría elegir una fecha de primavera o verano, por ejemplo de mayo a julio, que pudiera generar adhesiones en todo el dominio lingüístico, porque al menos un día, aunque sea festivamente, la unidad de la lengua sea un hecho. Y empezar a pensar en un programa de actos bien variado: lectura pública de obras literarias (no sólo el Tirant, ¡que tenemos más!), concursos de dictados, mesas redondas, exposiciones, puertas abiertas a archivos y bibliotecas, juegos en catalán al aire libre, descuentos en productos en catalán y un larguísimo etcétera de lo más variado. Y teniendo en cuenta el grado de consenso que siempre ha generado la defensa de la lengua catalana, no sería muy sorprendente que el número de adhesiones y participantes acabara siendo de aúpa.

Ah, sí, la Constitución nos disgrega, la LOMCE nos subordina, el lapao nos ridiculiza y la justicia nos limita. Pues montemos una fiesta que sirva para demostrar, aquí, allí y en todo el mundo, que no somos una lengua pequeña. Si nos ponemos, ríete tú del Día E.

Durante años un buen número de medios de comunicación catalanes, públicos y privados, han practicado la sinonimia entre las expresiones 'España' y 'Estado español', en una dinámica esotérica como si el nombre no hiciera la cosa

¡Aleluya! No sé si el debate de Política General en el Parlament puede haber servido de algo, pero de todos los enunciados más o menos previsibles que se escucharon hay uno que no ha pasado del todo inadvertido como buen titular, y que, al mismo tiempo, ha aportado luz a un fenómeno (¿paranormal?) que ha afectado durante años las prácticas comunicativas de este nuestro país. La frase es del presidente Mas: “Cataluña quiere a España, pero no confía en el Estado español”.

Es bien sabido que durante años un buen número de medios de comunicación catalanes, públicos y privados, han practicado la sinonimia entre las expresiones España y Estado español, en una dinámica esotérica como si el nombre no hiciera la cosa, como si evitando España fuéramos menos partícipes de España, y se han publicado auténticos disparates, al menos lingüísticamente hablando. Algún periódico publicaba enumeraciones de países del estilo “Francia, Italia, Grecia y Estado español”, y era fácil -y lo es- escuchar a los meteorólogos anunciaron lluvias en todo el Estado español. Incluso el diccionario castellano-catalán de Enciclopèdia Catalana comete la calamidad de dar como equivalente de Espanya (en catalán) ambas formas; algo, por supuesto, filológicamente absurdo.

No es difícil darse cuenta de la diferencia entre los dos términos. Basta cambiar de país, por ejemplo Uruguay, para percibir que no es lo mismo hablar de Uruguay que del Estado uruguayo, y cualquier hablante competente de la lengua intuirá que la primera expresión hace referencia a un país soberano -a un estado reconocido internacionalmente, para entendernos- mientras que la segunda alude a la estructura o la forma en que se organiza este país. Y que Uruguay, en tanto que topónimo, tiene la misma validez que puede tener Nueva Zelanda, Vietnam o Madagascar. O España, claro.

Pero, ¡ay!, la ausencia en los medios de comunicación del término España ha sido siempre denunciada por los partidarios de España, y esto no ha hecho más que reafirmar durante años los partidarios del eufemismo estatal, en un despropósito secundado por los mismos lingüistas de los medios implicados, seducidos por la capacidad de influir en el público a través de la elección de lenguaje. Hasta el punto de que algún medio díscolo que se atrevió a no secundar esta práctica fue tachado inmediatamente de españolista por la crítica.

Ahora el soberanismo está esforzándose por corregir el despropósito. La razón es simple: ante la posibilidad de que los partidarios de la unión con España apelen al factor emocional para retener a los indecisos, se ha intentado subsanar de inmediato la equivalencia entre los dos términos, dirigiendo hábilmente las simpatías hacia en España pero cargando durament contra el Estado español, en una dualidad léxica del todo innovadora en nuestro país. Ahora, mira por donde, los términos ya no son sinónimos, sino casi antónimos.

Quizás es que Mas incurre, de nuevo, en una manipulación del lenguaje para hacérselo venir bien. O quizás es que ahora todo el soberanismo se pondrá a pronunciar España al unísono y verá que no le pasa nada. Uruguay, Madagascar, España. Y no, no pasa nada.

Durant anys un bon nombre de mitjans de comunicació, públics i privats, han practicat la sinonímia entre les expressions 'Espanya' i 'Estat espanyol', en una dinàmica esotèrica com si el nom no fes la cosa

Al·leluia! No sé si el debat de Política General al Parlament pot haver servit d’alguna cosa, però de tots els enunciats més o menys previsibles que s’hi van sentir n’hi ha un que no ha passat del tot inadvertit en tant que bon titular, i que, alhora, ha aportat llum a un fenomen (paranormal?) que ha afectat durant anys les pràctiques comunicatives d’aquest país nostre. La frase és del president Mas: “Catalunya estima Espanya, però no confia en l’Estat espanyol”.

És ben sabut que durant anys un bon nombre de mitjans de comunicació, públics i privats, han practicat la sinonímia entre les expressions Espanya i Estat espanyol, en una dinàmica esotèrica com si el nom no fes la cosa, com si evitant Espanya fóssim menys partícips d’Espanya, i s’han publicat autèntics disbarats, almenys lingüísticament parlant. Algun diari publicava enumeracions de països de l’estil “França, Itàlia, Grècia i l’Estat espanyol”, i era fàcil –i ho és– sentir els meteoròlegs anunciar pluges a tot l’Estat espanyol. Fins i tot el diccionari castellà-català d’Enciclopèdia Catalana comet la calamitat de donar com a equivalent d’España totes dues formes, una cosa, no cal dir, filològicament absurda.

No és difícil adonar-se de la diferència entre els dos termes. N’hi ha prou de canviar de país, per exemple l’Uruguai, per percebre que no és el mateix parlar de l’Uruguai que de l’Estat uruguaià, i qualsevol parlant competent de la llengua intuirà que la primera expressió fa referència a un país sobirà (a un estat reconegut internacionalment, per entendre’ns) mentre que la segona al·ludeix a l’estructura o la forma en què s’organitza aquest país. I que Uruguai, en tant que topònim, té la mateixa validesa que pot tenir Nova Zelanda, Vietnam o Madagascar. O Espanya, és clar.

Però, ai las!, l’absència dels mitjans de comunicació del terme Espanya ha estat sempre denunciada pels partidaris d’Espanya, i això no ha fet més que refermar durant anys els partidaris de l’eufemisme estatal, en un despropòsit secundat pels mateixos lingüistes dels mitjans implicats, seduïts per la capacitat d’influir en el públic a través de la tria de llenguatge. Fins al punt que algun mitjà díscol que es va atrevir a no secundar aquesta pràctica va ser titllat immediatament d’espanyolista per la crítica.

Ara el sobiranisme està maldant per corregir el despropòsit. La raó és simple: davant la possibilitat que els partidaris de la unió amb Espanya apel·lin al factor emocional per retenir els indecisos, s’ha provat d’esmenar de seguida l’equivalència entre els dos termes, tot dirigint hàbilment les simpaties cap a Espanya però carregantdurament contra l’Estat espanyol, en una dualitat lèxica del tot innovadora a casa nostra. Ara, ves per on, els termes ja no són sinònims, sinó gairebé antònims.

Potser és que Mas incorre, de nou, en una manipulació del llenguatge per fer-s’ho venir bé. O potser és que ara tot el sobiranisme es posarà a pronunciar Espanya a l’uníson i veurà que no li passa res. Uruguai, Madagascar, Espanya. I no, no passa res.