'Si yo no puedo presentarme a alcalde, José Ramón Bauzá no debería tampoco poder encabezar la lista del partido a la Comunidad Autónoma'. Quien así se expresa es Llorenç Suau, alcalde del Partido Popular en la localidad mallorquina de Andratx. Él, que ha caído de la pugna interna por ser número uno del PP en las listas electorales de su municipio el 24 de mayo, es uno de los que dentro de la formación conservadora opina que ha llegado el momento de replantearse el código ético. Entiende él, pero también otros militantes y dirigentes 'populares', que aquél código ético creado años atrás, cuando se multiplicaban los casos de corrupción -relacionados casi siempre con el paso de Jaume Matas y Maria Antònia Munar por las instituciones- no es de aplicación ahora. 'Actualmente se imputa con mucha facilidad, y se lleva al terreno del delito penal meras faltas administrativas', destaca un jurista vinculado a la formación conservadora, y partidario también de rebajar el grado de exigencia.

Y es que esa norma no escrita según la cual cualquier imputado queda de forma automática fuera de las listas electorales, está causando más de un quebradero de cabeza a los 'populares', que se ven atrapados entre la lealtad a esos principios y la injusticia que se puede cometer cuando se pone el listón tan alto. Algunos candidatos han caído de las listas por imputaciones que han quedado finalmente en nada, y esta misma semana se ha sabido que el candidato popular en el municipio de Calvià deberá declarar como imputado el 2 de marzo por una presunta malversación cometida durante su etapa como director general de la televisión autonómica. Un asunto quizás de escaso recorrido judicial, toda vez que la propia Comisión Nacional de la Competencia desestimó en su día la demanda, planteada por una televisión privada de ámbito balear. Pero eso sí, suficiente como para poder 'cargarse' las aspiraciones de José Manuel Ruiz, una de las apuestas del presidente Bauzá para mantener el gobierno de los municipios más importantes del archipiélago.

Hoy, las fuerzas políticas con representación en el Parlament balear exigen 'coherencia' al presidente del Govern, frotándose las manos por un código ético que nadie más en el arco parlamentario aplica con tal rigor. Sí lo hizo durante algún tipo el grupo econacionalista Més, pero acabaron renunciando a esa idea tras comprobar que 'se podían producir muchas situaciones injustas y de difícil remedio', confiesan desde la formación que lidera Biel Barceló.

Ahora sin embargo el implacable código ético planea sobre el jefe del ejecutivo, que podría caer víctima de su propia norma. La Audiencia de Palma ha ordenado esta semana investigar a José Ramón Bauzá, propietario de una botica en el municipio de Marratxí, por no autorizar la apertura de nuevas famacias en las Islas. Quieren saber los magistrados si el presidente del Govern pudiera haber cometido un presunto delito de prevaricación administrativa.

La dilatación en el tiempo para la concesión de 42 nuevas licencias a farmacias, y la aprobación durante este periodo de una ley regional de farmacia que endurece los requisitos para la puesta en marcha de nuevas tiendas ha llevado a un particular a interponer esta querella, archivada en su día a petición también de fiscalía, pero que ahora se ha retomado por parte de la Audiencia.

A esa situación procesal por la que atraviesa el líder balear del PP se refiere el alcalde de Andratx cuando compara su situación con la de Bauzá, que ve amenazado su futuro político más inmediato por una exigente norma que, en opinión de Llorenç Suau y de un creciente número de militantes 'populares', 'provoca que acaben pagando justos por pecadores'. De momento, la portavoz del ejecutivo, Nuria Riera, aseguraba este viernes que el presidente 'pondrá su cargo a disposición y cumplirá el código ético' si finalmente es imputado de manera formal por la justicia en relación a ese asunto.

Mientras, la forma en que se adquirió en su día la sede palmesana del Partido Popular sigue levantando sospechas y dibujando un panorama turbio a falta de 100 días exactos para pasar por las urnas. Así lo entiende la Fiscalía Anticorrupción, que esta semana pedía al juez Castro que investigue la forma en que se llevó a cabo tal adquisición. Una petición que llega después de que Luis Bárcenas haya asegurado que varios empresarios fueron los encargados de financiar la reforma del inmueble. El ex tesorero del PP coincidió así con la confesión realizada en su día por el ex regidor Rodrigo de Santos al señalar al constructor Antonio Pinal como uno de los empresarios que sufragaron las obras de la sede.

Este viernes, la portavoz del Grupo Popular, Margalida Prohens, aseguraba que desde su formación no tienen 'nada que ocultar', y recordó que son partidarios de que se investigue 'todo'. Según sus cuentas, la sede se compró en abril de 2003 (durante la etapa de Jaume Matas) gracias a una hipoteca de 1.050.000 euros, y un año más tarde se adquirió una parte más del edificio por valor de 579.000 euros. Después, entre 2005 y 2006, se abonarían otros 886.000 euros en obras de reforma y adecuación del inmueble. Todo pagado, según el PP, con las aportaciones 'de afiliados y altos cargos'.

Las explicaciones deberán llegar ahora a sede judicial, ya que esa presunta financiación ilegal de los conservadores, que les habría servido para comprar y reformar su sede en la capital balear se ha convertido desde ayer, mediante auto del juez Castro, en una nueva pieza, la que hace número 28, del caso Palma Arena.

Florentino Pérez ha protagonizado este jueves una comparecencia más cómica que fructífera ante la comisión que investiga en el Parlamento balear la adjudicación del Hospital público de Son Espases. El presidente de ACS, grupo que se llevó la adjudicación del recinto hospitalario en perjuicio de OHL, se ha mostrado ante los diputados baleares contrariado por haber sido citado, retador ante las preguntas planteadas en algunos momentos, y celoso siempre de su “honorabilidad”. Pérez ha entrado incluso en el cuerpo a cuerpo con la representante del grupo político Més, Fina Santiago, y ha repetido en reiteradas ocasiones el poder mundial del grupo de empresas que dirige, pero del cual no controla el día a día.

Respecto al asunto que le ha llevado a comparecer en una comisión de investigación, el presidente del Real Madrid ha asegurado no saber nada de la tramitación ni de la adjudicación del hospital, escudándose en que “con 225.000 trabajadores y presencia en 70 países”, ACS licita por “miles de obras cada día”.

Florentino Pérez ha justificado también su ausencia física en Palma debido a sus “múltiples ocupaciones” y a que nunca ha ocupado un puesto de responsabilidad en Dragados, ya que es sólo “una más” de las muchas empresas que tiene ACS. “Ni siquiera conozco sus asuntos al detalle”, ha insistido ante las preguntas de los diputados. “Tengo una agenda muy complicada, porque cuando termina el día aquí empieza en Australia, donde facturamos el 30%, y luego en América, donde tenemos el 25% de nuestra facturación”, ha incidido el empresario.

Pérez sí ha admitido conocer a Jaume Matas, aunque ha matizado que lo hizo “especialmente” durante su periodo como ministro de Medio Ambiente. “Si le veo en el palco del Bernabéu le saludo, pero nunca he hablado con Jaume Matas de ninguna obra ni de ningún concurso”, ha reiterado Pérez, quien ha advertido también a la diputada Santiago de que no le gustaba el tono de sus preguntas: “Como está grabado, tendremos oportunidad de repasar en qué tono me ha hecho esa pregunta, porque lo ha dado como seguro”, ha afirmado el empresario cuando se le ha cuestionado si el político ahora en prisión le había reclamado una comisión de nueve millones de euros.

“No me meta en sacos en que ni quiero ni voy a estar”, ha expresado el dirigente de ACS, poniendo en cuestión “qué base legal o sólida tienen ustedes para hacerme esas preguntas”.

Florentino Pérez ha negado que, tal como afirmó Villar Mir, su grupo empresarial sea adjudicatario del 80% de las obras públicas que se realizan en Baleares. “Ya sería casualidad, porque nuestro nivel medio de penetración es del 10%”, ha ironizado el presidente del Real Madrid, recordando que su empresa es “más grande” que la de Villar Mir, y que en las islas no han trabajado mucho.

El dirigente madridista ha descalificado las preguntas de los diputados: “No me parece razonable lo que me está preguntando”, ha llegado a decir. Pérez ha negado ser amigo de Matas y ha afirmado que su presencia en la comisión respondía sólo a una cuestión de “morbo”. “Yo soy conocido y es un atractivo que esté aquí”, ha afirmado.

Florentino Pérez se ha referido a las obras desarrolladas por ACS en los metros de “Sydney, Nueva York, Londres, Honk Kong o Otawa” para tratar de dejar en evidencia el sinsentido, en su opinión, de la citación. “Si todas las comunidades del mundo donde trabajamos quisieran que compareciera, no podría hacer otra cosa, pero no he visto ni una sola solidez que justifique mi presencia aquí”, ha concluido el presidente de ACS. Ha dicho que se ha sentido durante los 55 minutos de su intervención “como si me hubieran llamado por un tema relativo a la torre Eiffel”.

Luis Bárcenas ha admitido este miércoles que el Partido Popular recibió donaciones de empresarios con las que se acabó financiando la reforma de la sede que la formación conservadora tiene en Palma. El extesorero del PP, que ha comparecido por videoconferencia desde la prisión de Soto del Real, ha sido la ‘estrella’ de la comisión de investigación puesta en marcha por el Parlament Balear la semana pasada, y que trata de esclarecer lo sucedido en torno a la construcción del Hospital de Son Espases, ubicado en la capital balear.

Bárcenas ha explicado a través de plasma a los diputados de la cámara autonómica que varios empresarios “quisieron echar una mano” para “colaborar en la reforma” de la sede palmesana del Partido Popular, realizada en la época en que el ahora condenado por corrupción Jaume Matas era presidente de la formación en Baleares. El extesorero del PP ha aportado el nombre de Antonio Pinal, presidente de la empresa de construcción Bruesa y que aparece ya en esa lista de contribuyentes a la presunta contabilidad B del partido de Rajoy.

En una comparecencia de apenas 50 minutos de duración, marcada por una enorme expectación mediática, quien fuera responsable de las cuentas del PP nacional se ha desvinculado por completo del proceso de adjudicación de obras y construcción del recinto hospitalario. De hecho, afirma haberse enterado de la existencia de Son Espases a través de la prensa, cuando tres meses atrás leyó algo al respecto en ‘El País’.

Bárcenas sí ha admitido que tanto él mismo como el también extesorero del partido Álvaro Lapuerta mantuvieron durante años una contabilidad paralela, gracias a las donaciones efectuadas por empresas y particulares. Pero ha negado en todo momento que existiera relación alguna entre aquel dinero y las adjudicaciones después concedidas, que lejos de calificarlas como comisiones, las ha definido como “operaciones de relaciones públicas por parte de empresas”.

En la contabilidad llevada a cabo por Bárcenas durante años de manera paralela a la oficial figuraba entre los donantes el propietario de OHL, la constructora que pugnaría junto con Dragados por adjudicarse la jugosa construcción del Hospital de Son Espases. Juan Miguel Villar, sin embargo, siempre ha negado esas aportaciones, como también se ha desvinculado de cualquier pacto para amañar un concurso que acabaría recayendo en Dragados-FCC.

Niega haberse apropiado de fondos del PP

En su declaración ante la comisión parlamentaria que investiga aquel proceso de adjudicación, Luis Bárcenas ha admitido la relación “personal” que existía entre Lapuerta y Villar Mir, aunque se ha mostrado a la vez “absolutamente convencido” de que el responsable de las cuentas ‘populares’ entre 2003 y 2008 no recibió nunca “ninguna cantidad con el compromiso de obtener nada para el señor Villar Mir”. ‘El señor Villar Mir –ha insistido Bárcenas- fue un donante generoso con el partido, pero no se puede poner en cuestión la honorabilidad de Álvaro Lapuerta, y las donaciones fueron para “ayudar al partido”.

El extesorero del PP ha calificado, además, como “una auténtica barbaridad” que se le haya acusado de apropiarse de dinero del partido, tal como declaró recientemente el ministro de Justicia, Rafael Català, y la ha retado a que interponga una querella contra él “por apropiación indebida”.

Luis Bárcenas insinuado también que tales prácticas no son exclusivas del Partido Popular, sino que están extendidas en el resto de formaciones políticas. Según él, se produce “con carácter general”. “No podemos ser cínicos e intentar desconocer lo que es una realidad evidente”, ha subrayado el antiguo tesorero del PP desde la prisión de Soto del Real, donde permanece ingresado a la espera de recopilar los 200.000 euros que la Audiencia Nacional le ha impuesto como fianza.

El TIL ha muerto. Así de claro lo tienen los docentes de las Islas Baleares después del doble varapalo judicial sufrido esta semana por el Gobierno de José Ramón Bauzá (PP). La anulación del decreto de trilingüismo dictada por el Tribunal Superior de Justicia y su posterior suspensión cautelar ha supuesto un golpe casi definitivo para lo que era una de las piedras angulares de la actual legislatura, y que se ha acabado convirtiendo en el mayor quebradero de cabeza para el Ejecutivo autonómico.

Los docentes, que en septiembre de 2013 realizaron una huelga de tres semanas, habían apostado este curso por la desobediencia. Una resistencia que ahora sienten “completamente legitimada” por la triple sentencia contra el Tratamiento Integral de Lenguas (TIL) dictada este martes por el TSJB, y pese al recurso de casación anunciado por el Govern ante el Tribunal Supremo. Apenas 24 horas más tarde llegó la suspensión cautelar de su aplicación decretada por el Tribunal.

Sindicatos y profesores aseguran que eso fue la sentencia de muerte para una norma que nunca ha encontrado consenso y que se ha acabado convirtiendo en una bomba de relojería que ha estallado en las manos del presidente y de su consellera, Joana Maria Camps, cesada este viernes.

“El TIL no sólo presentaba graves carencias pedagógicas sino también democráticas”, asegura Guillem Barceló, portavoz de la Asamblea de Docentes, uno de los órganos más activos contra el decreto. Este profesor cree que desde este nuevo escenario se debe plantear un necesario debate respecto a la mejora en el sistema educativo. Un debate que en cualquier caso no incluye la reducción de horas lectivas de catalán –uno de los mayores puntos de conflicto–, ya que “un 80% de los alumnos no dicen ni una palabra en este idioma fuera de las aulas, y merecen la oportunidad de conocerlo y expresarse en él igual que en castellano”.

La más importante asociación de inspectores académicos del archipiélago ya ha dado instrucciones a sus afiliados para que dejen de realizar trámites relacionados con la aplicación del decreto de trilingüismo, con el que el PP quería poner el inglés a la misma altura que el catalán y el castellano, introduciéndolo como lengua vehicular en determinadas asignaturas. Algo que según Barceló resultaba imposible, entre otros motivos, por no disponer de profesores preparados para impartir materias en lengua extranjera.

Así, subraya, “se han vivido situaciones kafkianas”, como la de un docente impartiendo clases en catalán, y junto a él otro realizando funciones de traductor simultáneo para que la clase se impartiera en inglés, tal como exigía el decreto gubernamental.

Un error de forma, un problema de fondo

Tras las dos bofetadas del poder judicial al Ejecutivo balear, el portavoz de la Asamblea de Docentes se muestra confiado en que las aulas recuperen la normalidad, y espera que no suponga tampoco un contratiempo económico para las familias, que ya habían abonado los libros de texto impresos en las lenguas marcadas por el TIL. “El grado de aplicación real era muy bajo, algunos profesores trabajábamos sin libros, y en otros casos se podrá cambiar de lengua sin cambiar de libro”, explica Barceló para alimentar su esperanza en que la suspensión del TIL no suponga más problemas para unos padres que acumulan dos cursos arrastrados, junto a sus hijos, a una guerra sin cuartel entre el Govern y el colectivo de maestros.

Por su parte, el Govern se apoya en que el Tribunal Superior de Justicia ha echado atrás el decreto de trilingüismo por una cuestión de forma más que de fondo. Algo en lo que, de hecho, coincide con los sindicatos: “Es una tema de forma, porque siempre advertimos de que no se podían tomar decisiones unilaterales desde el Gobierno, y eso es lo que indican las sentencias”, remarca Toni Baos, responsable de Educación de Comisiones Obreras.

El TSJB recuerda en su triple sentencia que el artículo 35 del Estatuto de Autonomía de las Islas determina que es la Universitat de les Illes Balears (UIB) la institución oficial consultiva para los asuntos referidos a la lengua catalana. Los conservadores, apoyándose en que el TIL no regulaba el uso del catalán en las aulas, ignoraron ese artículo. Pero las dos resoluciones del Tribunal han representado un gran varapalo que, salvo giro inesperado, acabará con uno de los grandes objetivos del Partido Popular para la presente legislatura: la implantación del trilingüismo en las aulas baleares.

“Si hubiera actuado con más modestia, más diálogo y menos arrogancia, quizá se hubiera ahorrado esta humillación”, sentencia un responsable sindical, que cree que ahora Bauzá lamentará no haber tendido la mano al profesorado cuando el sector al completo y toda la oposición le suplicaban diálogo. Un diálogo al que siempre se negó –nunca se sentó en ninguna mesa de negociación con los docentes– y que ahora, explica este sindicalista, se ha convertido en su talón de Aquiles, quien sabe si también con un elevado coste electoral. Para saber eso, en cualquier caso, habrá que esperar hasta el mes de mayo.

Una tarjeta de descuento dirigida a los militantes del PP de Baleares ha provocado todo un terremoto político en las islas, con amenazas de boicot por parte del entorno de la oposición a más de 300 comercios y acusaciones de nazismo por parte del Ejecutivo a PSOE y nacionalistas. La idea de los conservadores de incentivar la captación de afiliados mediante una serie de descuentos y ventajas exclusivas ha agriado el debate parlamentario. Tras el estallido de la polémica se han producido algunas bajas entre las empresas que inicialmente sí se habían adherido al proyecto.

La 'targeta blava' (tarjeta azul) pretende que los afiliados del PP puedan disfrutar de descuentos en restaurantes, joyerías, tiendas de ropa o establecimientos hoteleros con sede en Mallorca y dispersos por todo el planeta. Concebida a finales del pasado año, en su origen se encuentra la intención de “agradecer a los ciudadanos su apoyo en unos tiempos de animadversión hacia la clase política”, explican fuentes del partido. “Nuestro objetivo es simplemente ofrecer un incentivo adicional, un plus para nuestros militantes”, subrayan desde la sede palmesana de la formación que lidera José Ramón Bauzá.

Sin embargo, la polémica saltó cuando se hizo público el recelo del resto de formaciones políticas y a través de Twitter se llamó al boicot de las empresas en cuestión. Algunas voces insinúan que tras la adhesión a la tarjeta azul se podrían dar casos de favoritismo a la hora de contratar con la administración pública. Además, entienden que se podría estar vulnerando el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/2007 de Financiación de los Partidos Políticos. Otros, como el líder econacionalista Biel Barceló (PSM) critica lo que considera una 'banalización' de la política.

La campaña puesta en marcha a través de las redes sociales para boicotear a las empresas que acogen la tarjeta ha provocado que algunos empresarios se replanteen su colaboración. Uno de ellos ha publicado incluso un video en internet en el que, entre lágrimas, pide perdón “por las molestias” causadas a su familia. El empresario insiste en que tras su decisión nunca se ha escondido “ninguna motivación política”.

“Aquí se aceptan tarjetas de todos los colores: azules, rojas, o verdes, lo que necesitamos es que haya movimiento y el dinero no entiende de ideologías”, explica a eldiario.es el propietario de un establecimiento que aplicará un 10% de descuento en todos sus platos a quien disponga de la tarjeta pepera. “O de otras muchas”, matiza con énfasis.

Desde el ejecutivo autonómico reclaman libertad para quien desee adherirse a la tarjeta azul, mientras la portavoz del Govern, incluso, se atreve a ir un paso más allá. “Esto recuerda a los nazis cuando ponían estrellas de David en los comercios judíos para que todo el mundo lo supiera”, aseguraba esta semana Mabel Cabrer en referencia a la oposición, preguntándose “si estamos en una democracia o en una dictadura”.

Incluso el exjuez Baltasar Garzón ha terciado ya en el debate, para asegurar a Cuatro que la existencia de la tarjeta azul resulta “jurídicamente complicada”, pudiendo suponer un “fraude electoral”.

Visto el escenario que se ha creado, desde el PP no tienen claro todavía cuándo empezará a operar la tarjeta azul, de la que se beneficiarían sus cerca de 22.000 abonados. Reconocen que ciertos establecimientos se han dado ya de baja antes de empezar, temerosos de sufrir el boicot de algunos clientes, y sugieren dejar el proyecto en el aire al menos hasta que las aguas se hayan calmado.

“Nuestro primer deber es con los ciudadanos de Baleares”. Con esta sentencia, el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha justificado el voto contrario a las prospecciones por parte de cuatro senadores del Partido Popular, que rompieron el miércoles la disciplina de voto y se alinearon con el PSOE para votar a favor de su moción.

Tras una mañana de mucha tensión, en la que se intentó por todos los medios consensuar un texto que contentase por igual a las dos formaciones mayoritarias, la falta de acuerdo a la hora de la votación puso contra las cuerdas a los representantes del PP, atrapados entre la fidelidad a su partido y su coherencia con el discurso mantenido hasta ahora, frontalmente opuesto a cualquier tipo de prospección en aguas del Mediterráneo. Finalmente, fueron cuatro de los cinco los que optaron por esta segunda vía.

“Por encima de mi cargo como presidente de mi partido, soy presidente de la Comunitat Autònoma”, explicaba Bauzá en una rueda de prensa convocada de urgencia para alinearse con los rebeldes e insistir en que desde las Islas no se cederá ni un ápice en este capítulo.

Aunque hay quien sólo quiere ver un gesto de cara a la galería, lo cierto es que en las filas populares del archipiélago reconocen haber dado un “salto cualitativo importante” en su pulso con Madrid en contra de las prospecciones. No en vano, si algo ha premiado José Ramón Bauzá durante la presente legislatura ha sido la lealtad entre sus colaboradores. Una virtud que el jefe del ejecutivo autonómico aprecia sobremanera y que pasa, indefectiblemente, por cerrar filas ante cualquier posible disidencia.

Desde el Govern Balear no entienden que los cuatro senadores díscolos hayan traicionado al partido. El propio Bauzá recuerda que el Senado es una cámara de representación autonómica y, como tal, “los representantes de Baleares deben defender los intereses de sus ciudadanos”.

Así se lo recordó también en privado el jefe del ejecutivo balear al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, instantes antes de que arrancase la votación en la Cámara Alta. Y por eso mismo, confían desde el PP en que no haya sanciones contra quienes rompieron la disciplina de voto.

El enfado en Madrid, sin embargo, no se disimula. Al menos en el Ministerio de Industria, cuyo subsecretario, Enrique Hernández Bento, ha calificado de “irresponsable e incoherente” el rechazo del PSOE a las prospecciones, y se ha cebado especialmente con los cuatro senadores conservadores , a quienes acusa de buscar un rédito electoral a corto plazo, en una actitud que define como “demagógica”.

De momento, el Consejo de Dirección del Grupo Popular en el Senado ya ha anunciado que la próxima semana estudiará las posibles sanciones que se deban aplicar a los cuatro senadores, mientras en la sede palmesana del PP muestran su confianza en que no se produzca tal sanción.

Fuentes próximas al ejecutivo balear subrayan por su parte la “valentía” de José Ramón Bauzá, quien “se ha jugado su cartel de ministrable en Madrid en defensa de los intereses baleares” con un gesto que, de paso, le servirá para granjearse las simpatías de muchos ciudadanos isleños.

“Llevamos desde 2011 luchando contra las prospecciones y no vamos a dejar de hacerlo”, advierten estas mismas fuentes, que repiten como un acto de fe aquella frase pronunciada en su día por José Ramón Bauzá: “El petróleo de Baleares es el turismo”.

VÍDEO: “Las clases en Baleares se reinician, pero la lucha continúa”

Los alumnos de Baleares arrancarán por fin esta semana un nuevo curso escolar. La asamblea de docentes de Mallorca decidía este viernes, por amplia mayoría, suspender de forma temporal la huelga que han llevado a cabo durante tres semanas los maestros isleños en contra de la aplicación inmediata del Decreto Integrado de Lenguas (TIL), que pretende llevar el trilingüismo a las aulas de forma inmediata y en perjuicio del catalán.

El resto de docentes de las Islas han seguido durante el fin de semana los pasos de los profesores mallorquines, en lo que pretende ser un gesto de buena voluntad y un ejercicio de responsabilidad, ante los padres en particular y la sociedad isleña en general.

La lucha, sin embargo, no ha acabado. Así de claro lo tienen tanto los docentes como los padres de alumnos, que confían ahora en que sea el Ejecutivo quien dé un paso al frente para poner fin a las movilizaciones y evitar nuevas jornadas de paro en la enseñanza. Porque la huelga está en suspenso, pero el conflicto continúa intacto.

Miquel Font, padre y también profesor, asegura que el regreso a las aulas demuestra que los docentes “piensan en el alumnado”, por lo que es el Ejecutivo de Bauzá quien debe ahora tomar decisiones. Eso sí, “sin mentir y sin distorsionar los contenidos”, explica. En una misma línea se expresa Joan Ferrà, quien defiende que se ha dado una “lección magistral de responsabilidad”. Director del Colegio Público en el pequeño municipio mallorquín de Puigpunyent, Joan subraya que el conflicto “no ha acabado”. “No puede ser que un Gobierno haga oídos sordos frente a la gran mayoría del colectivo docente y de los padres”, afirma. “Inspectores, pedagogos, el Colegio de psicólogos, el Tribunal de menores… todo el mundo está en contra del TIL, y queremos que nos escuchen porque no somos ovejitas, sino personas con criterio”, insiste el máximo responsable del CP Puig de Na Fàtima.

Merche Melsión, profesora en un centro público de Andratx, no es en cualquier caso demasiado optimista respecto al rumbo que puedan tomar a partir de ahora los acontecimientos. “Si 100.000 personas no hacen sentir presión al Govern, no creo que el regreso de los docentes a las aulas lo haga”, lamenta.

Mientras, toda la comunidad educativa de Baleares confía en que lo vivido estas semanas en las Islas sirva de ejemplo para el resto de España ante la aprobación de la conocida como “Ley Wert”. “Las demás comunidades autónomas deberían tomar la 'marea verde' como referente ante la nueva Ley de Educación, que es bastante restrictiva y autoritaria”, explica Miquel Font.

Merche entiende que la unión entre familias y docentes que ha existido en el archipiélago se debe trasladar al resto del Estado. “Un día de huelga, tal y como se propone para protestar contra la Ley Wert, no va a servir de nada, y lo que ha pasado aquí debe servirles de ejemplo”, dice esta profesora, quien niega “en absoluto” que exista un sentimiento pancatalanista como trasfondo de la protesta.

A los alumnos, grandes perjudicados del conflicto, se les recuerda que valía más lo vivido estas semanas que tener “pan para hoy y hambre para mañana”, en palabras de Miquel. O como dice Merche, “que vale más perder un mes de clase que no tener dos años de un plan que nos va a llevar al fracaso absoluto”.

Govern Balear y docentes se han reunido hasta en siete ocasiones, sin llegar nunca a un punto de encuentro que permita desbloquear la situación. El Ejecutivo ‘popular’ ofrece la voluntariedad en la implantación del TIL a partir de Primero de ESO, mientras los docentes, partidarios en un principio de la retirada del decreto de trilingüismo, exigen que su aplicación sea voluntaria también en Primaria y Educación Infantil, algo a lo que se niega en rotundo la conselleria de Educación.

Ahora las clases arrancarán por fin en Baleares, aunque gran parte de la comunidad educativa advierte al gobierno de Bauzá de que ‘la lucha ha de continuar’. El TIL, por tanto, no ha escrito, ni mucho menos, el último capítulo de un conflicto inédito en la historia reciente de las Islas.

La calle ha hablado. Decenas de miles de personas se han manifestado este domingo en Palma contra la política educativa del gobierno balear, reclamando diálogo al ejecutivo de José Ramón Bauzá en la aplicación del decreto que acerca el trilingüismo a las aulas de Baleares.

Personas de todas las edades, votantes de izquierdas y también simpatizantes del Partido Popular, muchos niños y casi toda la comunidad educativa se han enfundado la camiseta verde, convertida en símbolo de la lucha contra una norma que reduce las horas lectivas en catalán, y obliga a un profesorado no preparado a impartir clases en inglés.

‘Creemos en una educación de calidad, y lo que este Gobierno nos ofrece dista mucho de eso’, explicaba Antonia, que ha llegado hasta Palma en uno de los más de 180 autocares que han trasladado manifestantes desde todos los puntos de la isla. Una marea verde que no se ha dejado intimidar por la lluvia y que una hora antes del arranque de la marcha ya llenaba la Plaza de España y sus alrededores.

El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha sido el principal blanco de las críticas por la aplicación de un decreto que muchos defienden en su fondo pero no en su forma de aplicarse. ‘El TIL puede ser una iniciativa a estudiar, pero su aplicación ha sido desastrosa, y tiene un trasfondo político apestoso’, subraya de forma explícita Joan, llegado a la capital balear con una docena de amigos desde la lejana localidad de Santa Margalida.

Pero más allá de la aplicación del decreto de trilingüismo, lo que ha reunido a miles de mallorquines ha sido el talante ‘autoritario y prepotente’, dice Martí, del Ejecutivo que lidera José Ramón Bauzá. ‘Venimos a exigir la práctica democrática en el mundo de la educación, y que desde el Gobierno se cambien los métodos impositivos por el diálogo’, comentaba Xisco, un menorquín cercano a los 40 y contrario a las manifestaciones, pero que por segunda vez en su vida (la anterior ocasión fue para condenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco) se ha echado a la calle.

Pancartas contra José Ramón Bauzá y a favor del catalán han sido las que más se han visto en una marea verde que ha querido ser reivindicativa pero festiva al mismo tiempo, con batucada, ‘ball de bot’, y ‘castellers’ durante todo el recorrido.

Muchos padres han agradecido a los profesores la lucha iniciada hace quince días, cuando arrancó una huelga indefinida que este lunes entrará en su tercera semana. Dos de ellos son Jaume y María, que dan clases de educación primaria en un colegio público del centro de Mallorca. Recuerda él que no ha existido ‘ningún consenso pedagógico’ en la aplicación del TIL, una norma instaurada de forma ‘precipitada’, que ‘sólo puede llevar al fracaso de profesores y alumnos’, ya que ‘ni unos están preparados para impartir materias en inglés, ni los otros tienen una base sólida en este idioma’.

Este matrimonio de maestros pierde más de 200 euros cada día por mantener la huelga, por lo que admiten que el tiempo ya juega en su contra. ‘El Govern sabe que cada día que pase más docentes volverán a las aulas porque tenemos familias que mantener, pero la respuesta que hemos encontrado por parte de la sociedad nos anima a no decaer’, afirma María, quien lamenta la ‘prepotencia’ del Ejecutivo ‘en ésta y otras materias’.

Como ellos, hasta cerca de 80.000 personas le han recordado a José Ramón Bauzá que la mayoría absoluta no da carta blanca para hacer y deshacer sin consenso ni diálogo. Había profesores, padres, alumnos; pero también políticos, deportistas, actores, músicos... Una gran 'marea verde' que confía en que la manifestación de este domingo invite a la reflexión en el Consolat de Mar. Y que suponga el principio de un cambio.

Aina y Biel cambiarán sus hábitos este domingo. Por primera vez en mucho tiempo, esta joven pareja se va a perder un partido del Mallorca. Los bermellones juegan a las cinco de la tarde en el Mini Estadi. Pero cuando arranque la segunda parte en Barcelona se pondrá en marcha desde la plaza España de Palma la que, se prevé, sea una de las manifestaciones más importantes en la historia de Baleares. Y estos padres de dos niños de 5 y 8 años no quieren faltar a la cita.

“Es nuestro deber como padres el defender una enseñanza de calidad, en la que los profesores impartan clases en una lengua que dominen, para evitar la frustración de maestros y alumnos”, explica Biel, que hace ya días compró camisetas para toda la familia. “Los abuelos también tienen la camiseta preparada”, afirma con orgullo.

Y es que el 29-S se ha marcado en verde en el calendario de una gran parte de la sociedad balear. En juego, sí, está el ya famoso Tratamiento Integral de Lenguas, que quiere acercar el trilingüismo a las aulas de forma algo precipitada y sacrificando el catalán. Pero aún por encima de eso, la convocatoria de este fin de semana quiere convertirse en una forma de reclamar al gobierno de José Ramón Bauzá (PP) un cambio en su forma de actuar. Un giro hacia una manera de hacer política más dialogante, que evite conflictos como el que ahora se libra en la educación, pero que antes ya se vivió en la sanidad pública y en otros tantos frentes que el ejecutivo de Bauzá ha abierto en poco más de dos años de gobierno.

“La mayoría absoluta no da carta blanca para imponer decisiones a golpe de decreto, sin consensuarlas con aquellos que vivimos el día a día”, señala una profesora que prefiere no identificarse y que no formará parte de la marea verde del domingo, aunque sí apoya la causa. “Es de justicia que se escuche a la comunidad educativa”, enfatiza.

Una movilización sin precedentes

Tras dos semanas de huelga, con las aulas todavía vacías, pero con las primeras vías de negociación por fin abiertas, padres, profesores y alumnos se vestirán este domingo con la camiseta verde, culminando una movilización sin precedentes en la casi siempre tranquila y acomodada sociedad mallorquina.

No en vano, el TIL ha chocado no sólo con la oposición de la mayoría del sector de la enseñanza, sino con la perplejidad de buena parte del propio Partido Popular, que no comparte lo que Toni Nadal definió como “animadversión hacia el catalán” del Ejecutivo. Las discrepancias internas han llegado con especial fuerza desde la llamada part forana, aquella parte de Mallorca más alejada de la capital, donde alcaldes del PP han dejado clara su disconformidad con la norma, ya aprobada por el Parlament Balear.

Municipios como Pollensa, Campos o Alaró, con gobiernos populares al frente, han votado en contra del TIL en sus plenos celebrados esta semana. Mientras, desde el Govern, Bauzá asegura que existe “unidad” en el partido respecto a este tema, al tiempo que su conseller más díscolo, Carlos Delgado, advierte de que “tomará nota” de quienes se hayan salido de la línea oficial marcada por la formación.

“Grita, por una educación pública de calidad”, es el lema con el que se han estampado miles de camisetas verdes durante las últimas semanas. De hecho, es imposible caminar más de 100 metros por Palma estos días sin cruzarse con alguna persona vestida con esa prenda, que se vende al precio de cuatro euros.

200.000 euros recaudados

Ese dinero, así como un buen puñado de aportaciones anónimas, han alimentado desde días atrás la llamada 'caja de resistencia', con la que se pretende apoyar económicamente a unos profesores que ya han perdido, de media, entre 800 y 1.000 euros por cabeza. Hoy, dicen, esa caja podría acumular ya cerca de 200 mil euros para compensar a quienes han estado en huelga desde el arranque del curso escolar.

Era precisamente esa capacidad de resistencia económica la que debía poner a prueba la fuerza del movimiento 'verde'. Tras diez días sin clases, el sector de la enseñanza ha mostrado su músculo a un gobierno que, tras mucho tiempo mirando hacia otro lado, ha aceptado finalmente sentarse en torno a una mesa para desbloquear la situación.

Eso sí, los profesores no se dan por satisfechos con eso. “Nuestra causa está justificada, contamos con el apoyo de los padres y de buena parte de la sociedad balear, y defenderemos una educación de calidad aunque sean necesarias más semanas de huelga”, subraya Tomeu, profesor. “Pero padre por encima de todo”, insiste en puntualizar.

Desde luego que también hay quien no apoya la huelga en la enseñanza. Pero son pocos, muy pocos. Al menos públicamente es complicado encontrar a alguien que se muestre contrario a las reivindicaciones de unos profesores que luchan, recuerdan una y otra vez, “por el futuro de nuestros hijos”.

El domingo, a partir de las seis de la tarde, Aina, Biel, Tomeu, y decenas de miles de personas se enfundarán la camiseta verde para pedir diálogo al ejecutivo autonómico. Bauzá echará mano a las pocas horas de la últimamente tan mentada mayoría silenciosa. Pero en Baleares todos saben que la manifestación del 29-S será el termómetro que mida hasta qué punto el actual Ejecutivo ha perdido el apoyo que las urnas le dieron no hace mucho tiempo.