“España va a necesitar un 2,1% de su PIB para adquirir y para mantener todo el personal, todo el equipamiento, todas las infraestructuras solicitadas por la Alianza para hacer frente con nuestras capacidades a esas amenazas. Por tanto, el 2,1%, ni más, ni menos”.

Presionado por la OTAN y Estados Unidos, consciente de las dificultades que tendría en el Gobierno y el Congreso para aprobar un incremento del 5% e impulsado por sus problemas internos, Pedro Sánchez sacó pecho este domingo de haber conseguido que la OTAN no forzara a España a llegar al 5%. Aunque, después, tanto el presidente norteamericano, Donald Trump, como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte y los líderes de otros países miembros le hayan afeado el gesto. En cualquier caso, si alguien pensó que Sánchez generaría algún tipo de movimiento crítico en el seno de la OTAN, ha quedado claro que no. Como mucho, y ya se verá, Sánchez habría conseguido una pequeña excepción para España, pero en ningún caso una enmienda al modelo militarista y armamentista de seguridad impulsado por la OTAN. El cierre de filas ha sido absoluto y la Declaración de La Haya ha confirmado el incremento del 5%.

Pero, más allá de esto, no sé si somos conscientes de la enorme velocidad y la brutal intensidad con la que las cosas han cambiado en relación con el gasto militar.

Hay una frase que nos puede ayudar a comprender la dimensión del cambio producido: “El presidente del Gobierno anunció que íbamos a llegar al 1,22. Ustedes saben que yo siempre he sido muy leal y muy honesta en el sentido de que nunca llegaremos al 2% en España, como la inmensa mayoría de los países.” ¿Es una cita de una analista independiente, de un economista preocupado o de una pacifista crítica? No, es una frase de la ministra de Defensa, Margarita Robles. ¿De cuando estaba discutiéndose el famoso 2% en la OTAN? No, de marzo de 2022, cuando ya hacía ocho años que estaba aprobado y, pese a ello, la ministra no tenía ningún problema en admitir públicamente que eso era una declaración de intenciones que, para nada, debía marcar inevitablemente el esfuerzo presupuestario del Gobierno y de otros países.

¿Cómo hemos pasado, en tan poco tiempo, de tener claro que el 2% era inalcanzable para la mayoría de miembros de la OTAN a ver cómo se impone el 5% y vivir como una polémica excepción que un miembro se quede en el 2,1%?

La propuesta de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar apareció en la OTAN durante la primera década del siglo XXI. En la cumbre de 2006, en Riga, se sugirió y recomendó ese porcentaje como una forma de incentivar el gasto militar de los estados miembros. Pero no será hasta la cumbre de 2014 en Gales que la OTAN formalizará el compromiso del 2%. Ahora bien, se menciona a menudo esa cumbre pero con poca precisión. En la Declaración oficial de la Cumbre de Gales se afirma que los países que no cumplen el 2% “tendrán que parar cualquier descenso en defensa” y “proponerse avanzar hacia la directriz del 2% en el plazo de una década”. Parar cualquier descenso y proponerse avanzar hacia esa cifra tienen poco que ver con una supuesta obligación estricta e ineludible de alcanzarlo.

De hecho, hay que recordar que en 2014 solo tres países cumplían dicha directriz. Y, en 2022, ¡hace 3 años!, solo siete. Es decir, la mayoría de los países miembros de la OTAN, más del 75%, estaban lejos de alcanzarlo.

Luego, con la agresión rusa en Ucrania en febrero de 2022, todo se aceleró. Muchos países pasaron a alcanzar el 2% o a comprometerse, seriamente, a llegar a él. Pero no todo se explica por Rusia y la guerra en Ucrania.

En febrero de 2023, el entonces secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, plantea abiertamente que “deberíamos ver el 2% no como un techo sino como un punto de partida, como un mínimo”. Un cambio sustancial que pasa a recogerse en la Declaración de la cumbre de Vilnius (2023), “invertir al menos el 2% del PIB anualmente en defensa”, compromiso que fue refrendado en la siguiente cumbre, la de Washington en 2024.

Y a partir de ahí una loca carrera alcista. Loca y absurda, porque no está fundamentada en un ningún análisis técnico sobre amenazas, riesgos, capacidades, etc. sino simplemente como objetivos lanzados en declaraciones que, rápidamente, son asumidas como metas obligatorias.

En febrero de 2024, Donald Trump, en uno de sus mítines para la carrera presidencial, dijo que los miembros de la OTAN debían gastar el 3% o, en caso contrario, no les defendería. Rápidamente, Stoltenberg, recogió el guante y afirmó que el 2% no era suficiente y que habría que ir hacia el 3%. A principios de 2025, Trump, ya como presidente, habló de que los países de la OTAN debían invertir el 5%. El nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también en enero y en el Parlamento Europeo, ya oficializó el 3% como algo seguro. Y, ahora, en el documento final de la cumbre de la Haya se ha aprobado el 5%.

Impresiona cómo, sin un debate serio sobre seguridad y defensa, sin un análisis técnico y riguroso sobre amenazas y riesgos y sin una planificación sobre capacidades y vías para afrontar esas amenazas y riesgos, se ha pasado, con una velocidad de vértigo, del 2% –como un simple objetivo– a la obligación –bajo amenaza– del 5%.

Impresiona porque, seamos honestos, parece evidente que si Trump hubiera hablado del 3,9% en vez del 5,5%, 8⁹ese hubiera sido el porcentaje aprobado en la Declaración de La Haya. Para una institución como la OTAN, que se quiere formal y profesional, no parece que la imagen dada, más allá del absoluto servilismo de Rutte, sea muy seria.

Pero aún impresiona más que un presidente como Trump, que se negó a aceptar el resultado de las elecciones democráticas por las que perdió su presidencia, que detiene y expulsa ciudadanos norteamericanos de forma arbitraria, persigue la libertad de expresión en las universidades, insulta a Europa, permite todo tipo de barbaridades a Netanyahu, se ríe de Zelenski mientras se considera amigo de Putin, menosprecia las Naciones Unidas, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y en vez de colaborar con el Tribunal Penal Internacional (TPI) para perseguir los crímenes de guerra amenaza con sancionar a los funcionarios del TPI que persiguen y documentan dichos crímenes, sea el que deba marcar la las prioridades, la agenda y el ritmo de las inversiones en seguridad y defensa de la OTAN y de Europa.

Quizá hay que recordar que en la carta fundacional de la OTAN se afirma que los estados miembros “reafirman su fe en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y su deseo de vivir en paz con todos los pueblos y todos los Gobiernos. Decididos a salvaguardar la libertad, la herencia común y la civilización de sus pueblos, basados en los principios de la democracia, las libertades individuales y el imperio de la ley.”

Sabemos, por experiencia, que se trata de palabras vacías. Pero, aun así, hay que resaltar el enorme contraste alcanzado. Porque Trump puede ser muchas cosas, pero está claro que no es un presidente que respete el imperio de la ley, se comprometa con las Naciones Unidas o, en fin, promueva un mundo más justo, pacífico, seguro y estable.

Pues sí, parece que esta vez va en serio.

Desde que la OTAN alumbrara, en 2014, el reto de que sus miembros incrementaran el gasto militar hasta el 2% del PIB, el Gobierno había expresado varias veces su acuerdo pero sin fechas ni prisas. En foros más técnicos, de hecho, lo había descartado. En 2019, en un seminario, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguraba contundentemente: “Hemos de ser muy sinceros. España no va a llegar nunca al 2%”. A principios de este marzo, en la Comisión de Defensa del Congreso, Robles se reafirmaba en ello. 

Pero al cabo de poco, en entrevistas y comparecencias, el presidente Pedro Sánchez recuperaba la idea de alcanzar dicho objetivo y, antes de la cumbre de la OTAN, se comprometió a duplicar el gasto militar en una década militar hasta cumplir con el 2%.

Sin duda, el ataque a Ucrania ha cambiado el escenario. Alemania y otros países han expresado su voluntad de incrementar el gasto militar y, así, ese objetivo del 2% (que solo cumplían 8 países de la OTAN) parece, ahora sí, una obligación por parte de los Estados. 

La tendencia es clara: el mundo se rearma y se dispara el gasto militar. Y España va a participar en ello.

Muchos analistas han alabado las rápidas y firmes decisiones en Defensa que los países de la UE han hecho ante el ataque de Putin en Ucrania. Sin embargo, que haya celeridad en la toma de decisiones no indica nada sobre la calidad, necesidad o positividad de esas decisiones.

Y si se trata de proveer mayor seguridad global en este mundo que, se supone, es de lo que se trata cuando se defiende el incremento del gasto militar, aparecen muchas dudas y críticas.

Para empezar, nadie discute la lógica del 2%. Se propuso, se ha ido consolidando y ahora parece inexcusable. Pero, ¿en base a qué, el 2% es la cifra adecuada y no otra? 

Más en profundidad: cuando salimos de una pandemia que ha matado a más de seis millones de personas en todo el mundo; cuando la emergencia climática llama a nuestras puertas, cuando deberíamos poner todo nuestro ingenio y esfuerzo en defender la vida humana, resulta que apostamos, más que nunca, por engrosar el belicismo. ¿Es esa, realmente, la prioridad?

Millones de personas mueren de hambre cada año. Decenas de miles mueren en nuestros mares porque -pese a huir del horror- no les dejamos entrar. ¿Asistimos, impávidos y resignados, a todas esas pérdidas humanas pero en cambio, debemos incrementar el gasto militar global “por nuestra seguridad”? ¿Qué seguridad? ¿Cuál es esa defensa que no nos defiende ante las principales amenazas que socavan millones de vida en el mundo?

Y si, en clave militar, consideramos que estamos indefensos ante imperialistas y criminales de guerra ¿por qué no impulsamos los instrumentos jurídicos globales de defensa de los derechos humanos y los convertimos en ejes efectivos de disuasión, en vez de boicotearlos? ¿Por qué no reforzamos los organismos de gobernanza mundial en vez de menospreciarlos y ningunearlos?

Si nos preocupa el peligro de una guerra nuclear, ¿por qué no trabajamos en serio por el desarme? ¿Por qué, desoyendo a Naciones Unidas, la OMS, la Cruz Roja, etc. las potencias se niegan a eliminar sus arsenales? ¿Por qué la OTAN no apoya el nuevo Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) en vez de boicotearlo a fondo? ¿Por qué España ni tan siquiera participó como observador en la Conferencia de Viena del TPAN en junio?

Si queremos trabajar para conseguir un mundo más seguro podemos ¡debemos! hacer muchas cosas. Pero aumentar el gasto militar es la menos necesaria y urgente.

Y, finalmente: todo este incremento del gasto militar no se produce, como se pretende hacer suponer, después de un ciclo de bajadas y recortes. En absoluto. Llevamos casi dos décadas de subidas del gasto militar mundial. En concreto, en 2021, hemos superado los 2 billones de dólares, la cifra más alta registrada desde 1988. 

¿Tenemos que incrementar, aún más, el gasto militar? ¿De verdad?

A lo mejor, si después de años de aumentar el gasto militar hemos duplicado el número de guerras y el número de muertes en dichas guerras, tenemos la cifra más alta nunca registrada de población refugiada y desplazada, se han reforzado las lógicas de bloques, etc. quizá en vez de insistir en más gasto militar y más militarismo, es hora de construir otras políticas y estructuras de seguridad, mucho más humanas, sólidas y efectivas.

Una de las características más llamativas, y francamente inquietantes, de Trump es su habilidad para cargarse algunas de las pocas cosas que se han hecho bien en la promoción de seguridad global. La salida de Estados Unidos del pacto que limitaba el programa nuclear iraní (que, de momento, ha conllevado que Irán deje de cumplir con las limitaciones previstas) es quizá la más llamativa. Pero acabamos de conocer otra: eliminar la prohibición de usar minas antipersona por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Un duro golpe al Tratado de Ottawa que prohíbe las minas antipersona desde 1997. Considerado un hito de la movilización de la sociedad civil y de los esfuerzos diplomáticos en el ámbito de la paz, el anuncio de Trump puede debilitar un proceso de desarme que, además de referente, ha sido útil y muy efectivo en la reducción de una amenaza sangrante.

Pero vayamos por partes.

La crueldad de las minas antipersona

Durante la Segunda Guerra Mundial empezó a usarse una variante de la mina antitanque: una mina que explotaba por el contacto de una persona. Las minas antipersona no pretendían tanto matar como herir, para generar más frustración en las víctimas, más carga en la comunidad y más gasto en salud.

Su bajo coste y su fácil manejo, la convirtieron en un arma muy usada en muchos conflictos. Minar era fácil, desminar costoso, humana y económicamente. Así que, una vez terminado el conflicto armado, persistían zonas minadas. Hoy en día, aún se registran víctimas por minas 'sembradas' hace décadas.

Por todo ello las minas antipersona fueron consideradas como un arma especialmente cruel y dañina, de impactos indiscriminados y que afectaba, de forma principal, a la población civil.

La prohibición de las minas, un tratado icónico

Las dos últimas décadas han sido especialmente activas por lo que respecta a desarme. Al margen del régimen de las armas de destrucción masiva, los Estados siempre fueron reticentes a dejarse limitar sus arsenales de armas convencionales y siempre consiguieron –con la inestimable ayuda de la industria militar frenar los diversos intentos de desarme.

Sin embargo, fruto del trabajo de las ONG -con la complicidad de algunos Estados- en 1997 se consiguió algo que parecía imposible: un tratado que prohibía las minas. Muchas cosas posteriores (tratado bombas racimo, tratado comercio armas, etc.) no se pueden entender sin el ejemplo e impulso de las minas. Un activismo reconocido por el Nobel de la Paz: en 1997 premió a la Campaña contra las minas (ICBL) y en 2017 a la Campaña contra las armas nucleares (ICAN).

Estados Unidos: fuera y dentro del Tratado

Estados Unidos, pese a la voluntad inicial de Bill Clinton, nunca fue miembro del tratado de prohibición de las minas que, hoy en día, agrupa a 164 países. Sin embargo, en 2014 Obama decidió asumir en la práctica sus obligaciones. EEUU ha sido, también, uno de los principales donantes mundiales en proyectos de desminado y tratamiento de víctimas.

Un tratado útil, una irresponsabilidad máxima

La irresponsabilidad de Trump es clamorosa cuando se ven los cambios producidos por la existencia del tratado.

Antes del tratado, 50 países eran productores y había 160 millones de minas antipersona en todo el mundo. Su uso provocaba decenas de miles de víctimas al año. Hoy, después de 20 años de Tratado, solo 11 países no han prohibido su producción (lo que no quiere decir que las produzcan), se han reducido en más de 100 millones las existencias de minas y su uso está documentado en pocos conflictos. Lo más importante: las cifras de víctimas se han reducido notablemente. Pero para evitarlas totalmente, queda mucho por hacer: conseguir la prohibición total e invertir mucho más en desminado y asistencia a víctimas.

Prohibir las minas es algo necesario desde una visión humanitaria y de seguridad. Y el Tratado de Ottawa, un instrumento que ha permitido enormes avances en la reducción del sufrimiento humano causado por las minas. Torpedear el tratado y la prohibición, es abrir la puerta a más y mayores sufrimientos.

Bekele Gonfa, víctima y activista de la Campaña, lo señala con precisión: “Es una noticia extremadamente triste escuchar a los líderes de Estados Unidos denunciar un tratado que salva vidas y que ha sido adoptado por la mayoría del mundo”.

Nos toca pensar y analizar. Determinar y proponer. Evaluar y actuar. Mirar para entender por qué estas barbaridades se producen

París. Viernes por la noche. Un nuevo zarpazo de barbarie. Seis ataques coordinados, disparos indiscriminados, 129 muertos, 300 heridos, 99 en estado crítico. Desolación. Impotencia. Terror.

Lo primero que hay que hacer es llorar las víctimas. 129 personas han visto truncadas sus vidas y sus esperanzas. Y solidarizarse con sus seres queridos: centenares de familiares y amistades estarán sufriendo el sinsentido de una muerte criminal.

No le pongamos peros. Esos ciudadanos de París han muerto salvajemente, injustamente, en manos de gente enloquecida por el fanatismo y la ignorancia. No debería haber sucedido, bajo ninguna circunstancia. Ninguna razón, sea la que sea, puede justificar un acto criminal así.

Debemos hacer todo esto. Pero también algo más.

Nos toca pensar y analizar. Determinar y proponer. Evaluar y actuar. Mirar para entender por qué estas barbaridades se producen. Procurar actuar de manera que no vuelvan a producirse. Dejar de hacer lo que puede alimentar que se reproduzcan. No hacer lo que el terrorismo yihadista busca que hagamos.

El terrorismo yihadista (primero Al Qaeda, luego Estado Islámico –Daesh de ahora en adelante- y multitud de otros colectivos) lleva años creciendo en número de grupos, acciones, nivel de brutalidad y facilidad para conseguir nuevos adeptos. Crece su importancia y, sobretodo, su impacto e influencia.

Sin duda, el principal alimento del yihadismo es el discurso del odio. Por ello, sacrificar -por una supuesta lucha más efectiva contra el terrorismo- los valores del diálogo, la paz, la tolerancia y los derechos humanos, sería un grave error. Y la primera victoria del yihadismo.

Daesh busca que el virtual choque de civilizaciones se haga realidad. Y para ello es fundamental que la delicada cohesión de las sociedades europeas salte por los aires. La islamofobia, además de una respuesta absurda (la mayoría de víctimas de Daesh son otros musulmanes) sería la segunda victoria del yihadismo: precisamente es lo que busca, que muchos ciudadanos europeos de ascendencia musulmana vean el extremismo como única salida.

Decenas de miles de personas se sienten atraídas por esos discursos extremistas y, sobretodo, por la expectativa de nueva realidad que le ofrece Daesh. Es vital cortocircuitar esa conexión. Pero no siempre nos damos cuenta que el desastre, la injusticia y el caos de este mundo –del que participamos y sacamos tajada- pueden ser factores que faciliten el tránsito de mucha gente hacia el extremismo violento.

Condenamos el sectarismo, la intolerancia y el racismo existente en el discurso y la práctica de Daesh. Pero a veces nos olvidamos que en toda Europa las proclamas xenófobas, simplistas y que criminalizan al inmigrante y al diferente encuentran cada vez más eco social. Y que muchos partidos e instituciones, para mirar de contener ese crecimiento, copian y reproducen esos discursos, dándoles así aún más credibilidad, legitimidad y resonancia.

Nos extraña que haya gente que no encuentre otra salida que el extremismo violento. Pero no nos damos cuenta de que, a veces, nuestras políticas exteriores no dejan demasiadas salidas: dejamos pudrir situaciones de tensión, damos apoyo a regímenes impresentables, intervenimos en conflictos con intereses cortoplacistas y nos desprecoupamos del inmenso drama que generan a miles, centenares y a veces a millones de personas que los sufren. Y, finalmente, cuándo vienen a nuestras fronteras, huyendo de la violencia, les cerramos las puertas.

Condenamos la extrema violencia de Daesh, pero participamos de una cultura de la violencia que implica un gasto militar desorbitado y ofrecer respuestas militares, a menudo con estúpida sobreactaución, a problemas que demandan soluciones políticas.

Nos preocupamos de la pujanza de Daesh pero mantenemos como aliados a regímenes que han tolerado, facilitado y permitido el desarrollo económico, armado y reclutativo de Daesh. Regímenes que hacen políticas represivas y discriminatorias, que cortan todas las salidas de expresón política, que discriminan a colectivos y que frustran los anhelos de mucha gente joven.

Nos extrañamos de que Daesh disponga de suficientes recursos económicos e incluso comercie, pero olvidamos que vivimos en un mundo que permite, tolera y practica laeconomía criminal y los paraíses fiscales.

Abominamos de las atrocidades cometidas con armas pero hemos tardado 20 años a adoptar un Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) que, de cumplirse, debería impedir el acceso al mercado de armas por parte de criminales, genocidas, regímenes represivos y grupos terroristas.

Llevamos 15 años alarmados por el terrorismo yihadista pero no nos damos cuenta quela ‘guerra contra el terror’ solo ha conseguido incrementar el volumen y la virulencia terrorista.

Nos da mucho miedo Daesh pero no acabamos de comprender que nos debería dar más miedo muchas de las decisiones políticas, económicas y sociales que hacen este mundo como es. La dramática verdad es que Estados y líderes políticos mundiales no tienen una agenda sincera y honesta en favor de la paz, los derechos humanos, la democracia y la justicia. Si miramos Siria (lugar dónde Daesh se ha desarrollado e implantado aprovechando el caos y zona de origen de la mayoría de refugiados del mundo) deberemos constatar que las actuaciones de las potencias mundiales (Estados Unidos, Rusia, China, Europa) y de las potencias regionales (Irán, Arabia Saudí, Turquía, etc.) han actuado en ese país siguiendo muchos intereses y prioridades pero, nunca, el de preocuparse por la suerte de la población siria y una solución justa al conflicto.

Seguramente, ni procurando hacerlo todo bien podríamos evitar totalmente el azote de la violencia. Pero si no nos tomamos en serio el fomento de la paz, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la justicia, es seguro que deberemos aprender a convivir con altas dosis de violencia, caos y barbarie.

* Opinión publicada en el blog del autor.el blog del autor

Después que el mes de abril la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la adopción del Tratado de Comercio de Armas (TCA), la cifra de países firmantes superó el centenar la pasada semana (en concreto 107). Una frontera con carga simbólica y política: si en primavera la votación registró 154 votos a favor, superar el centenar de firmas en tan solo 5 meses significa que el proyecto avanza bien y rápido (sólo para comparar: el tratado de prohibición de las bombas racimo, adoptado en 2008, tiene 5 años más tarde 113 adhesiones).

Un proceso que viene de lejos

Como dijo Oscar Arias, expresidente de Costa Rica, Premio Nobel de la Paz y uno de sus promotores, la aprobación del TCA “es la historia de un sueño: querer regular el comercio de las armas en el mundo. Creí que no iba a ver la aprobación de este Tratado mientras estuviera vivo”.

Abordar la desregulación mundial del comercio de armas siempre ha sido una preocupación del movimiento por la paz. Y, constatando su inmenso impacto humano, social y económico, llegó a ser una prioridad de varias ONG del ámbito de la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria: la proliferación y el descontrol de las armas no solo producía víctimas y vulneraciones de Derechos Humanos, además, imposibilitaba el desarrollo y dificultaba enormemente el trabajo humanitario.

A mediados de los 90, varias ONG plantearon la necesidad de poner bajo control el comercio de las armas: si todo tipo de productos estaban fuertemente regulados, ¿por qué las armas, con sus terribles impactos, no?

A partir del impulso de AI, el aporte técnico de varios centros sobre paz y conflictos, la experiencia en el terreno de Oxfam y el trabajo local en prevención de la violencia de la red IANSA se fundó la Campaña Control Arms, el motor de la sociedad civil en la demanda de un Tratado de Comercio de Armas.

Un Tratado que fuera norma de alcance mundial, que regulara todas las transferencias (no solo la compra-venta) de todas las armas convencionales y que fijara la obligación de no autorizar aquellas ventas o transferencias que pudieran facilitar crímenes contra la humanidad y la vulneración de los derechos humanos.

El papel de Estados Unidos

Sin duda, una de las noticias del día fue la firma del TCA por parte de Estados Unidos.

En buena parte, porque EEUU es la principal potencia exportadora de armas en el mundo. Con EEUU dentro, el TCA se convierte en un instrumento que puede incidir realmente en las transferencias de armas globales. Con EEUU fuera, el TCA tendría una aplicabilidad práctica bastante menor.

Pero, también, porque EEUU, para bien y para mal ha sido determinante en la suerte del TCA: durante años vetó en las Naciones Unidas el inicio de un proceso negociador. Con Obama en el poder hubo luz verde. Durante el proceso diplomático (2010-2012) Estados Unidos mantuvo una actitud fría: aparentemente favorable, pero frenando, rebajando expectativas, amenazando de retirarse si se era demasiado ambicioso, etc. hasta que al final, dijo no. Todo parece indicar que el equipo de Obama desaconsejó que EEUU aprobara el Tratado temiendo una virulenta (por otro lado previsible y habitual) reacción del lobby de las armas y, así, fastidiar su reelección. El no de EEUU permitió, por otra parte, que Rusia y China, nada entusiastas con el TCA pero poco proclives a aparecer como los culpables de la no aprobación, se sumaran al veto.

En la prórroga negociadora de marzo de 2013, EEUU ya pasó a formar parte de los países que querían adoptar el TCA y, tras el fracaso de la conferencia, fue uno de los que votó a favor de su creación en la sesión de abril de la Asamblea General.

¿Significará el apoyo al TCA un cambio en la política de EEUU sobre desarme? ¿Pasará a adoptar, también, los tratados contra las minas y las bombas racimo? Veremos. Por un lado hay que advertir que una cosa es la firma (ejecutada por el Gobierno) y la otra es la ratificación (que precisa de la votación en el Congreso). Pero, además, ya sabemos del perfil poliédrico y contradictorio de Obama en lo que se refiere a cuestiones de paz y seguridad con lo que una buena decisión en un sentido no presupone para nada que el ejemplo se extienda.

Mucho por delante: todo por ganar

El drama de Siria, con su atroz balance de muerte, dolor y destrucción, recuerda incesantemente la necesidad urgente de un TCA: un instrumento que debería poder evitar que varios países, en vez de intentar profundizar en un proceso de resolución por vías políticas y diplomáticas, estén lanzando más gasolina al fuego transfiriendo armas, unos a un régimen contrastadamente criminal y represivo, y los otros, a sus respectivos grupos armados de oposición, entre los cuáles, algunos tan salvajes como el régimen.

Pero para que el TCA sea útil, falta mucho. Falta, claro, más firmas. Y sobretodo, ratificaciones. Cuándo alcancemos las 50, el Tratado podrá entrar en vigor. Aún así, con eso habremos hecho lo más difícil. Pero faltará lo más ambicioso.

Un TCA efectivo necesita de un compromiso real por parte de gobiernos. De unos mecanismos de seguimiento y control dentro del TCA que permitan la tarea de control. De unos medios de comunicación que informen del proceso. Y de unas ONG y una ciudadanía que presionen y vigilen el funcionamiento del TCA, su nivel de calidad y su grado de efectividad.

Cada año más de 500.000 personas pierden la vida a causa de la violencia armada. El TCA puede ser un instrumento efectivo para poner freno a esta epidemia humanitaria. Debemos intentarlo. Y conseguirlo.