El actor y productor norteamericano Jimmy Kimmel reconocía esta semana en la entrega de los Oscar “los hombres la hemos cagado tanto este año, que las mujeres se enamoran de los peces”. La frase no deja de ser reveladora por cuanto nos sitúa en un nuevo escenario, donde los hombres están llamados a situarse en otro espacio de relación con las mujeres. Ante este nuevo 8 de marzo con el protagonismo de la huelga mundial feminista, aún es pronto para conocer si estamos ante una “cuarta ola” del feminismo o un repunte de esa “tercer ola” iniciada en los años 90, pero lo cierto es que el movimiento feminista internacional ha tomado de nuevo un protagonismo que parece dispuesto a no quedarse aquí y replantear los temas pendientes para la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. El feminismo de la “tercera ola” reconoce que hay diferentes feminismos y diferencias entre las circunstancias de discriminación de las mujeres, y se alejó así del esencialismo del único modelo de mujer del feminismo de la “segunda ola” protagonizado en los años 60 por Simone de Beauvoir ó Betty Friedan, entre otras. Esta “tercera ola”, que plantea diferencias de posturas dentro del propio feminismo en asuntos como la prostitución o la sexualidad de las mujeres y denuncia “El techo de cristal”, como circunstancia que merman sus opciones de realización profesional, se ha visto desbordada sin embargo, por el movimiento #metoo y otras acciones globales que muestran el hartazgo de las mujeres, especialmente las jóvenes, de unos patrones sociales y culturales que les resultan ya insoportables.

El siglo XXI puede originar así, una “cuarta ola” del feminismo, protagonizada por mujeres que apuestan por dar la batalla contra esos comportamiento deplorables, que el sociólogo francés, Pierre Bordieu, denunciaba hace años en su libro “la dominación masculina”. Está claro que las continuas denuncias de acoso sexual, violaciones y violencia de genero en general en las relaciones de pareja, ponen en evidencia que es precisamente esa violencia simbólica en la estructura social que denunciaba Bourdieu, lo que sigue legitimando la desigualdad de los sexos. Por eso, más allá de todos los indicadores socioeconómicos que estamos conociendo estos días sobre la desigualdad entre hombres y mujeres en la vida social y laboral, el indicador más relevante para conocer la igualdad real en una sociedad nos lo aporta la violencia sexual. Hace pocos años conocimos con el bestseller sueco, “Los hombres que no amaban a las mujeres”, que hasta en las sociedades más avanzadas y que más presumen de equidad de género, como la sociedad sueca, el problema de la violencia de género adquiere una dimensión extraordinaria.

Por eso, si si la división sexual del trabajo, los roles y estereotipos siguen siendo lo que nos condena a la desigualdad, será por ahí por donde tengamos que romper y es por ahí por donde las generaciones más jóvenes parecen dispuestas a romper. Durante las últimas semanas ha habido cientos de artículos sobre la llamada brecha salarial y miles de opiniones manifestando soluciones, algunas de ellas realmente sorprendentes, como cambiar la constitución para incluir la eliminación de la brecha salarial como derecho. Falta conocer que no es este un asunto que se corrija con nuevas leyes. Se desconoce que en España es ilegal pagar diferente salario por trabajos de igual valor. La Ley de igualdad ya consagró ese derecho a la igualdad salarial, pero la cuestión no es tan sencilla. La verdadera brecha que hay que combatir previamente se llama la brecha de los cuidados. Mientras las responsabilidades del cuidado estén en manos casi exclusivamente de las mujeres, difícilmente avanzaremos en la eliminación de las otras brechas de género. La catedrática Capitolina Díaz lo analiza muy bien en su último libro sobre “Brecha salarial y brecha de cuidados”, donde entre otras cosas, denuncia que el fracaso de las políticas de igualdad en las últimas décadas, está en haber puesto todo el acento sólo en el ámbito del mercado de trabajo, y menos en medidas de corresponsabilidad. La división sexual del trabajo por tanto, no se modifica si los hombres como decía Jimmy Kimmel no reconocen que “la están cagando” y se replantean su papel en una sociedad igualitaria. La igualdad no es un asunto sólo de mujeres, es un asunto que concierne a la sociedad en su conjunto.

Cuando hombres y mujeres se preguntan ante esta huelga feminista del 8 de marzo ¿qué quieren ahora las mujeres?, la respuesta es muy clara, igualdad en todo, también en la casa, también en los cuidados.

En todos los países europeos el siglo XX ha sido un siglo de adelantos y retrocesos en materia de igualdad de género. Tras las conquistas políticas, el derecho al voto y el aumento significativo del trabajo asalariado, durante las dos guerras mundiales las mujeres volvieron a ser condenadas a su papel de esposas y amas de casa y perdieron su capacidad jurídica. Igual ha pasado con el acceso a la educación y la paridad en los puestos de responsabilidad. Por eso, la agenda feminista ha cambiado tan poco después de un siglo. Desde finales del siglo XIX, en la agenda del movimiento feminista estaba el derecho al trabajo asalariado, derechos de protección social, protección de la maternidad e igualdad salarial y derechos a la participación social y política.

Si hablamos de la tan traída “brecha salarial”, ha sido siempre una constante. Después de la I Guerra Mundial, la propia parlamentaria británica, Eleanor Rathbone, desarrolló, junto con otras feministas británicas, una teoría económica de asignación por maternidad, sobre la base de una crítica feminista radical del salario familiar masculino y la enorme diferencia tradicional entre hombres y mujeres. Según ellas, el principio de igual salario por igual trabajo debía complementarse con una asignación por maternidad, que debía ser independiente del sistema de salarios tradicional y debía ser un reconocimiento a la remuneración de los servicios domésticos de las mujeres. Lo que realmente cuestionaban con la exigencia de estos derechos de protección social de la maternidad, no era recompensas, sino la división sexual entre trabajo no remunerado y trabajo remunerado y en consecuencia, la división sexual entre la carencia del poder y el poder.

La situación no requiere de más demoras. No podemos esperar otro siglo. Hoy los partidos de izquierda han perdido el monopolio del feminismo. La mayoría de las sociedades europeas siguen considerando que el feminismo les ha ayudado mejorar su bienestar y si como reconocía la encuesta de MYworld de esta semana, el 85% de los españoles pensamos que el feminismo ha sido positivo para nuestro bienestar, es tiempo de confiar y apostar por esta nueva agenda.

El siglo XX, probablemente el siglo más sanguinario de la historia de la humanidad, ha sido el siglo donde las mujeres, mucho después que los hombres, han accedido a la modernidad. El gran motor de este proceso ha sido el feminismo y los movimientos de mujeres, que forman parte ya del movimiento político occidental. Ha sido el siglo en el que las mujeres hemos conquistado los derechos de ciudadanía que nos negaron en la revolución francesa, el siglo en el que hemos tomado la palabra y el control de nuestras identidades, se han intentado romper estereotipos y se han propuesto múltiples vías de realización personal.

Si tenemos que resumir esos progresos por las imágenes de las mujeres del siglo XX, la garçonne producto de la guerra y de los años locos, la mujer liberada producto de la píldora o la superwoman de los años ochenta, producto de la sociedad del consumo, capaz de hacer malabarismos entre su carrera y las responsabilidades familiares. Encontramos sin embargo imágenes transgresoras, pero pocas imágenes que reflejen una historia positiva de las mujeres.

Con esta herencia histórica iniciamos el siglo XXI, en una sociedad cargada de prejuicios y una agenda de conquistas incompletas. Todavía hoy, cuando llega el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, nos enfrentamos a la pregunta retórica de: ¿qué quieren ahora las mujeres?

La respuesta a esa pregunta desde hace años es igualdad real y efectiva, y siendo conscientes de ese reto, desde el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero nos pusimos a trabajar hace ahora diez años, en una ley de igualdad, que avanzara en ese modelo social y de convivencia basado en el respeto y la igualdad de oportunidades, por el que el feminismo y el socialismo lleva luchando varios siglos.

La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres fue publicada en el BOE el 23 de marzo de 2007, cumpliendo así su X aniversario. En este artículo me gustaría hacer un homenaje a esta gran ley y reconocer el impacto que está teniendo en el progreso de la igualdad, a pesar de que su aplicación coincidió con el inicio de la crisis económica y que su aplicación está paralizada en muchos de sus aspectos desde hace varios años. Creo que en esta fecha tan significativa merece la pena no solo recordarla, sino hacer un recorrido por el avance de la igualdad en los últimos años.

Una de las cosas más importantes de esta ley es que contó con una gran aceptación por parte la ciudadanía, según el CIS más del 80% la valoraron como muy positiva. También fue la ley por las que probablemente más reconocimiento tuvo España en el ámbito internacional y de las Naciones Unidas. Fuimos felicitados por el Comité de Derechos de la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) en su informe de 2009 por esta ley. Incluso muchos países y embajadas se interesaron por la norma, que fue inspiradora para muchos de ellos. También hay que recordar que fue aprobada por consenso de todos los grupos parlamentarios, a excepción del artículo de la paridad en las listas electorales, donde el PP se abstuvo.

La Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres de 2007, fue la primera Ley de Igualdad del siglo XXI, con ella teníamos claro que iniciábamos una nueva era con otras necesidades y aspiraciones sociales. Era una ley pionera y trascendente por muchos motivos. Por primera vez en España, casi 30 años después de nuestra Constitución y más de 10 años transcurridos desde las recomendaciones de Naciones Unidas, recogidas en la Plataforma de Acción de Bejing del año 1995, se definía en el marco de una ley orgánica el concepto de discriminación por razón de sexo, el acoso sexual, las acciones positivas, la transversalidad, y toda una serie de principios, estrategias y acciones encaminadas a corregir y prevenir la desigualdad y discriminación entre hombres y mujeres y promover la igualdad de género.

La ley aportaba muchos elementos novedosos desde el punto de vista de la técnica legislativa. Partía de un buen diagnóstico de la realidad social que pretendía modificar y tenía en ese sentido un gran significado pedagógico. Junto con las definiciones jurídicas, establecía acciones en todos los ámbitos donde la situación de las mujeres presenta claras desventajas, e introducía obligaciones a todos los poderes del Estado y a todas las Administraciones Públicas.

Otro de los elementos novedosos fue que no sólo establecía obligaciones a las administraciones públicas, sino también al mundo privado, como las empresas a las que se les obligaba a elaborar planes de igualdad, y también establecía recomendaciones en el ámbito privado, al reconocer por primera vez los permisos de paternidad, ligados al objetivo de fomentar la corresponsabilidad en las labores parentales.

La ley incorporaba además la estrategia del mainstreaming o transversalidad desde su propia concepción, la única capaz de propiciar un cambio estructural en nuestro modelo social, que contribuya a erradicar las bolsas de discriminación, los prejuicios y los estereotipos  que aún persisten. Por eso las políticas y las acciones ya no van dirigidas sólo a las mujeres, sino a hombres y mujeres, a la sociedad en su conjunto. Entre otras cosas, como se decía en la Plataforma de Acción de Beijing, porque para conseguir la igualdad real, no sólo es necesario que cambie la vida de las mujeres, sino también la vida de los hombres, es decir, es necesario el cambio del modelo social que hemos venido a denominar “patriarcado” y que ha sancionado históricamente la situación de subordinación de las mujeres.

La aplicación de la ley por parte del Gobierno fue ágil desde el inicio, en menos de un mes se aprobó la comisión interministerial que tenía que elaborar el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y se iniciaron las reformas legislativas y reglamentarias que se establecían, como la modificación de la ley electoral para garantizar la paridad, los permisos de paternidad, los planes de igualdad en las empresas, los informes de impacto de género, los protocolos para evitar el acoso por razón de sexo, las estadísticas, la representación de mujeres en los consejos de administración de las empresas, etc.

Una de las consecuencias de la ley fue, además, la creación del Ministerio de Igualdad, ya que para poner en marcha tanto la estructura institucional, como las políticas transversales que la ley proponía, se requería de un Ministerio transversal, capaz de trabajar con el resto de ministerios y organismos del Estado para el desarrollo de las acciones.

A partir del año 2010, cuando se decide eliminar el Ministerio de Igualdad, entre otras cosas, ante las presiones mediáticas de los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad, la ley no se paró pero entró en una fase de estancamiento. Esta situación se ha visto agravada por los efectos de la crisis y sobre todo, por el cambio de un gobierno que no ha incluido en su agenda la igualdad como un asunto importante del Estado.

Sin embargo, es importante tener en cuenta su impacto, porque los cambios producidos en los últimos años tanto en una cultura social y empresarial favorable a la igualdad, como en los avances de las mujeres en el espacio laboral, político e institucional, tienen mucho que ver con las medidas y la pedagogía que esta ley ha provocado. Y todo ello a pesar de que actualmente haya millones de mujeres en nuestro país que han llegado a la igualdad e incluso a interiorizar discursos igualitarios sin sentirse feministas o sentirse identificadas con normas que no sólo han mejorado sus vidas, sino que han hecho posible sus conquistas.

Las empresas han empezado a elaborar planes de igualdad que tienen que aplicar, en los consejos de administración hemos pasado de un 3% en el 2007 a más de un 25%, el número de mujeres catedráticas se ha multiplicado casi por tres, la población activa de mujeres ha aumentado, el número de padres que se acoge el permiso de paternidad supera ya el 50%, y las empresas e incluso las grandes consultoras presentan anualmente informes que ponen en evidencia su apuesta por la diversidad de género.

Las Fuerzas Armadas reconocen la labor de sus mujeres con el premio “soldado Idoia Rodríguez”. Las medallas olímpicas para nuestras mujeres deportistas de élite crecen, y aunque aún son pocas, aumentan lentamente las vocaciones técnicas y científicas en las jóvenes. Con estos datos no quiero decir que la situación sea óptima. Los retos son inmensos y el suspenso que Naciones Unidas nos ponía en su informe del 2015 refleja la involución que estamos viviendo fruto de la crisis y la ausencia de políticas decididas.

La violencia de género sigue cobrándose la vida de demasiadas mujeres al año, y eso es fruto de la desigualdad, la discriminación y la situación de subordinación que siguen sufriendo millones de mujeres. Tenemos que ser conscientes de que no todas las mujeres, ya sean por su condición social, nacionalidad, estatus o circunstancia personal tienen las mismas oportunidades, y son necesarias políticas de acción positiva que les ofrezca oportunidades laborales, de formación y de vida digna.

Aunque hoy muchas jóvenes se sientan alejadas de la palabra y de las acciones del feminismo, tienen que saber que es gracias a estas reivindicaciones y a las políticas públicas igualdad, por las que vamos avanzando en un camino sin retorno, pero con demasiadas paradas.

Hoy más que nunca, en un contexto de salida de la crisis, tenemos que reivindicar de nuevo que el consenso que la Ley de Igualdad consiguió hace diez años, se recupere ahora para seguir desarrollando las políticas y medidas que en ella ser recogen y la aprobación de un nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, con presupuesto suficiente y con voluntad real de llevarlo a cabo.

En el Día Internacional de las Personas Mayores. existe una necesidad urgente de ampliación de la cobertura de pensiones para ayudar a reducir la desigualdad de las personas de todas las edades

Este día 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, como todos los años debería ser un día de celebración. El hecho de que las personas vivamos cada vez más años es un triunfo del desarrollo humano. Sin embargo, este aumento de la población mayor es un gran desafío para nuestra sociedad y para nuestros gobiernos, que deberían empezar desde ya a diseñar y reforzar políticas públicas adecuadas en materia de pensiones salud, empleo, educación y entornos favorables para las personas mayores. Es imprescindible invertir lo necesario para garantizar la auténtica sostenibilidad de nuestras sociedades y poder disfrutar en todas las etapas de nuestra vida de la dignidad y la seguridad que nos merecemos.

Hoy HelpAge International publica la segunda versión del Índice Global sobre el Estado de Bienestar de las Personas Mayores, que estudia 96 países, entre ellos España.

Actualmente, 868 millones de personas mayores tienen más de 60 años, casi el 12% de la población mundial. En 2050, se predice que habrá casi tantas personas de 60 y más años, que menores de 15 (2.000 millones en comparación con 2.030 millones). En nuestro país la población mayor de 60 años representa actualmente el 23,4% del total de la población. En 2050 esa proporción habrá subido hasta el 40,2%. Esto situará a España como la 4ª población más envejecida de los 96 países incluidos en el índice, por detrás de Japón, Corea del Sur y Portugal. No estamos por tanto ante un asunto baladí, sino de gran trascendencia en la agenda pública, si queremos afrontar un futuro seguro para todas las generaciones.

España ocupa un lugar destacado en este índice general en la posición 21. Sin embargo, de los cuatro aspectos valorados en el informe: seguridad de ingresos, estado de salud, competencias (educación y empleo) y entornos favorable, España ha puntuado por debajo de los valores de 2013, salvo en salud, donde ocupamos una de las mejores posiciones, debido entre otras cosas, a las fortalezas de nuestro sistema público de salud y su cobertura universal.

Dentro de nuestro entorno, España se encuentra en la clasificación general por debajo de países como Reino Unido (11), Francia (16) o Alemania (5) pero por delante de otros como Portugal (37), Italia (39) ó Bélgica (27). En general podemos decir que en España las personas mayores viven razonablemente bien, aunque queda mucho por hacer para poder asegurar que la mayoría viva de manera, segura, digna y saludable. Se perciben ya los efectos de la crisis en una mayor vulnerabilidad de las personas mayores.

Este año el índice profundiza en el área de ingresos seguros, especialmente las pensiones, ya que entendemos que debe ser un derecho básico garantizado por los Estados. En la mayoría de los países donde los empleos son informales, precarios y no hay acceso a la seguridad social, a menudo los ingresos son demasiado bajos como para poder ahorrar para la vejez. Pocas personas de la creciente clase “media frágil”- quienes han escapado de la pobreza extrema - podrían ahorrar para una pensión. Se ha demostrado sin embargo, que las pensiones sociales hacen frente a la desigualdad y apoyan el crecimiento y el coste para los países de bajos y medianos ingresos es menor de lo que a menudo se supone. En China se estima que costará un 1,8% del PIB.

En todos los países del mundo se ha producido un aumento en la cobertura de pensiones, principalmente en América Latina, especialmente México y Panamá, y en gran parte por la introducción o expansión de las pensiones no contributivas o “pensiones sociales”. El cambio más trascendental se ha producido en China, donde la introducción de la nueva pensión social rural en 2009 dio lugar a que 133 millones de personas recibieron una pensión por primera vez, el equivalente al 15% de la población mundial de personas mayores de 60 años. A pesar de todo, todavía 150 millones de personas de 65 años y más aún carecen de una pensión en los 96 países y sólo 1 de cada 4 personas mayores de 65 años en países de bajos y medianos ingresos reciben una pensión.

Existe una necesidad urgente de ampliación de la cobertura de pensiones para ayudar a reducir la desigualdad de las personas de todas las edades, como parte de un programa amplio de protección social. El liderazgo mostrado por los gobiernos que han introducido las pensiones sociales, como Brasil, México y Sudáfrica, debería replicarse más ampliamente.

En países como el nuestro, el futuro de las pensiones también nos tiene que preocupar, porque la actual coyuntura nos puede llevar a un aumento de pensiones bajas y no contributivas. Las nuevas estrategias de algunas entidades bancarias, destinadas a fomentar el ahorro y trabajar contra la exclusión financiera, deberíamos tenerlas en cuenta.

Queda claro, según este informe, que la experiencia de las personas mayores varía dependiendo en gran medida del lugar donde viven y sus circunstancias. Mientras que muchas más personas están viviendo con una mejor salud y confort que en el pasado, millones de personas todavía se enfrentan a una vejez sombría. Las políticas sociales para apoyar un envejecimiento saludable se están disminuyendo en muchos países y con los números en aumento, tenemos que estar mejor preparados. Un día como hoy, Día Internacional de las personas mayores, tendríamos que reivindicar que las políticas de apoyo a las personas mayores como las pensiones, las oportunidades educativas y de empleo, la atención médica gratuita y el tratamiento de enfermedades crónicas, el apoyo a los cuidadores familiares y de la comunidad y el transporte subvencionado, tienen que evolucionar más rápidamente, tan rápido como el aumento del número de personas mayores.

Está demostrado que el crecimiento económico por 
sí solo no mejorará el bienestar de las personas mayores y que se deben priorizar políticas específicas para abordar 
las repercusiones del envejecimiento. En España se ha acabado el modelo mediterráneo de cuidados familiares y tenemos que empezar a pensar en el futuro de otra manera, teniendo en cuenta nuestros altísimos niveles de envejecimiento, que nos situarán a la cabeza del mundo. Probablemente sea el momento de que trabajemos todos juntos, desde las empresas, los actores de la sociedad civil, el tercer sector y el Gobierno para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores, fortalecer sus derechos y visibilizarlos como miembros activos de la sociedad. Tenemos que estar preparados para vivir en una sociedad intergeneracional, donde los mayores puedan vivir dignamente, no sean discriminados y sean parte activa de la sociedad.

El envejecimiento, en lugar de interpretarse como un logro del progreso de nuestra sociedad, se interpreta ahora como una amenaza para el bienestar colectivo.

La asamblea general de Naciones Unidas institucionalizó en 1990 el 1° de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad, y un año más tarde adoptó los Principios de las Naciones Unidas para las Personas de Edad. Desde entonces se han venido aprobando diferentes planes de acción sobre el envejecimiento, para el desarrollo de una sociedad para todas las edades.

En los últimos tiempos y acentuado por la crisis, el envejecimiento de la población está en la agenda política, pero sólo para situarlo como un problema. Un problema para la sostenibilidad del sistema nacional de salud, para el mantenimiento de las pensiones, o para la viabilidad del Estado del Bienestar por la alta demanda de cuidados de los mayores. El envejecimiento, en lugar de interpretarse como un logro del progreso de nuestra sociedad, se interpreta ahora como una amenaza para el bienestar colectivo.

La realidad es que en todo el mundo estamos viviendo una auténtica revolución demográfica. En el año 2030 habrá más personas mayores de 60 años que niños menores de 10 años. En 2050, habrá 2.000 millones de personas mayores en el planeta, la mayoría de los cuales serán mujeres, y el 80% vivirá en países en desarrollo. Este rápido envejecimiento de la población (y todos formaremos parte de este colectivo) nos tendría que llevar a superar esos mensajes negativos y poner en valor el papel cada vez más importante que las personas mayores desempeñarán en nuestras sociedades. Bien a través del trabajo voluntario, transmitiendo su experiencia y conocimientos, cuidando a sus familias o participando activamente en la fuerza laboral remunerada.

Ya hoy en día, las personas mayores contribuyen enormemente a la sociedad. Por ejemplo, en toda África –y en el resto del mundo– millones de adultos enfermos de sida son cuidados en sus hogares por sus padres. Al morir los pacientes, sus hijos huérfanos (actualmente 14 millones menores de 15 años en países de África solamente) son cuidados por los abuelos.

El papel crucial de las personas mayores no se limita a los países en vías de desarrollo. En España, por ejemplo, el cuidado de personas dependientes y enfermas es en buena parte llevado a cabo por personas mayores (especialmente mujeres). El promedio de minutos ocupados por día en la provisión de esos cuidados aumenta exponencialmente con la edad de los cuidadores: 201 minutos si el cuidador pertenece al grupo de edad 65-74, y 318 minutos si su edad es 75-84 –comparado con solo 50 minutos si el cuidador está en el grupo de edad 30-49.

Otro dato que evidencia que las personas mayores son un valor para la sociedad lo refleja el hecho de que un 47% de hombres mayores y un 24% de mujeres mayores participan activamente en la fuerza laboral; y en países en desarrollo, hasta el 90% de las personas mayores trabajan. Sin embargo, tales contribuciones al desarrollo sólo podrán ser aseguradas si logramos superar la discriminación por razones de edad y conseguimos que disfruten de adecuados niveles de salud y de ingresos, para lo que se requiere políticas públicas decididas.

El Fondo de Población de Naciones Unidas, junto con la organización HelpAge Internacional, en su informe Envejecimiento en el Siglo XXI: Una Celebración y un Desafío, reconoce ya el reto que representa el envejecimiento si se quiere maximizar el potencial de nuestra población mayor. Por eso las cuestiones relativas al envejecimiento tienen que reflejarse adecuadamente en la agenda de desarrollo más allá de 2015, incluido el establecimiento de objetivos e indicadores concretos.

La falta de indicadores claros que permita medir el bienestar de los mayores en nuestros países ha provocado que justo en este año 2013 la organización HelpAge Internacional y el Fondo de Población de Naciones Unidas presenten el 1 de octubre en todo el mundo el Índice Global sobre Envejecimiento (GAWI). Se trata del primer índice global para clasificar a los países según el bienestar social y económico de las personas mayores, y nos aporta datos para comprender mejor la calidad de vida de las personas en edad avanzada. Permite, por otro lado, comparar cómo los Gobiernos están apoyando el envejecimiento activo, clasificando 91 países para identificar cuáles ofrecen mayores beneficios y cuáles encaran las mayores dificultades.

Al reunir toda la información disponible, el Índice destaca aquellos países con políticas y estrategias exitosas que permiten asegurar un mayor bienestar para sus ciudadanos mayores y quienes directamente optan por el desastre.

Una de las conclusiones del mencionado informe es que la mejor forma de optimizar la vida de las generaciones futuras de las personas mayores es mediante la inversión en salud, educación y empleo para los jóvenes de hoy. Sabemos que millones de personas mayores aún se enfrentan a condiciones de vida muy difíciles y a la falta de acceso a los servicios esenciales. Un dato relevante, sin embargo, es que el PIB de un país no garantiza el buen vivir de las personas mayores, aunque se demuestra que les va mejor en los países nórdicos, Europa Occidental, América del Norte y algunos países de América Latina y Asia del Este, mientras que no les va tan bien en muchos países africanos y otros países de Asia oriental y meridional. No obstante, los resultados también indican que en los países en etapas similares de desarrollo económico y social, las personas pueden tener muy diferentes experiencias siendo mayores, y que las personas mayores en algunos países de ingresos bajos y medianos les va mucho mejor que a sus homólogos en algunos países más ricos.

España aparece en el número 22 de ese índice; puntuamos bien en salud, aunque peor en empleo, y aún contamos con un alto índice de pobreza y exclusión (16%).

Llegamos a la conclusión de que el dinero no lo es todo, y que las políticas progresistas de bienestar social en todo el ciclo de vida tienden a obtener beneficios en la tercera edad. Nunca es demasiado pronto para prepararse (países con poblaciones jóvenes pueden beneficiarse de la inversión en sus personas mayores) y el envejecimiento requiere una acción, particularmente garantizar la seguridad del ingreso, el acceso a cuidados de salud asequibles y el fin de la discriminación por edad.

Esperamos que el Índice Global sobre el Envejecimiento enriquezca el debate sobre el desarrollo humano sostenible, más allá de la relación entre la inversión en el envejecimiento y el crecimiento económico. Tenemos que apoyar las capacidades y opciones de las personas a medida que envejecen, para el beneficio de todas las edades y, desde luego, eso requiere un camino contrario al del recorte de las pensiones y al de los copagos en la sanidad pública. Probablemente el posicionamiento de España en este índice, empeorará notablemente si se sigue por la senda de los recortes en políticas públicas esenciales; lo mismo que ocurrirá en la esperanza de vida, lamentable después de haber conseguido junto a Japón, ser el país con mayor esperanza de vida del mundo.