Esa fue la respuesta que dedicaron a la violencia de género en el debate entre los cuatro hombres candidatos de los principales partidos a la Presidencia del Gobierno, 26 segundos divididos entre dos “Ps” (Pedro y Pablo), y 2 silencios, uno para cada “R” (Rajoy y Rivera).

60 mujeres asesinadas cada año de media y 700.000 maltratadas sólo merecen 26 segundos y 2 silencios.

Si en España hubiera un grupo terrorista o una organización criminal que todos los años asesinara a 60 personas, no habría otro tema de debate; ni paro, ni deuda, ni déficit, ni impuestos, ni Unión Europea… el único tema sería abordar qué hacer con las circunstancias y el contexto que llevan a esos 60 homicidios anuales. Sin embargo, como hemos visto, el asesinato de 60 mujeres al año y las más de 30 desde la elecciones del 20-D hasta hoy, sólo generan dos respuestas de 26 segundos y dos silencios que se sumaron al silencio histórico sobre el problema.

Al menos el posicionamiento ha sido claro y coherente con lo que la sociedad piensa sobre el problema de la desigualdad y su violencia.  El 99% de la misma sociedad que siguió durante más de dos horas el debate piensa que la violencia de género no es un problema grave (Barómetros del CIS), sin duda una buena razón para entender por qué desde la política se le hace tan poco caso, y por qué algunos incluso pretenden legislar en contra de las medidas específicas para abordarlo.

La política debe actuar

En estos últimos años, la política se ha arrojado en manos de las encuestas para ser una continuidad sin alma de la sociedad en su versión más conservadora en cuanto a valores, y curiosamente lo hace con la voz llena de palabras de cambio. No son cambios, son sólo “recambios”, es decir, el cambio de lugar de algunas de las piezas del engranaje, y la reubicación de ciertos elementos con subidas y bajadas, y desplazamientos a la izquierda y a la derecha, pero sin sustituir piezas y elementos ni entrar a fondo en el debate de las ideas. Menos aún en el de los valores que las envuelven, y para nada en el modelo de sociedad y convivencia que debemos desarrollar para que la desigualdad no sea condición y tampoco circunstancia.

Nada de eso se plantea, y en ese tablero quien tiene todas las de ganar son quienes hacen del conservadurismo su bandera, y quienes proponen los cambios más llamativos dentro del sistema de siempre para que en su esencia continúe igual.

No hablar de Igualdad ni de su violencia es hablar de desigualdad y de violencia de género, por eso los dos silencios fueron mucho más explícitos y duraderos que los 26 segundos de palabras. Fueron dos silencios que llevan sonando miles de años, y que en voz de Rajoy y Rivera lo harán cuatro años más.

No es casualidad que esos silencios hayan sido pronunciados por quienes, allá por diciembre de 2011, en lugar de hablar de violencia de género hablaron de violencia familiar cuando se produjeron los primeros homicidios con de Ana Mato de Ministra. Ni que tampoco suene en boca de quienes intentan equiparar la violencia de género a cualquier violencia que ocurra en el seno de las relaciones de pareja o la convivencia, sin tener en cuenta la construcción cultural que lleva a normalizar la violencia contra las mujeres, hasta el punto de que el 44% de las que reconocen sufrir esta violencia no denuncien por considerar que “no es lo suficientemente grave” (Macroencuesta, 2015).

La política tiene la responsabilidad de abordar los problemas de la sociedad, y cuando es la propia cultura la que los invisibiliza y normaliza, como sucede en violencia de género, tiene la doble responsabilidad de concienciar a la gente para que su pasividad no contribuya al problema, y de actuar de forma directa contra la situación social que termina en la violencia y sus homicidios. No actuar ante el problema de la violencia de género no sólo no lo soluciona, sino que contribuye a su perpetuación sobre esa idea de normalidad y sus circunstancias.

El machismo a través de su posmachismo y sus mensajes cargados de aparente neutralidad (“todas las violencias son importantes”, “los hombres también son maltratados”, “la mayoría de las denuncias por violencia de género son falsas”, “los hombres se suicidan por divorcios abusivos”…) está contribuyendo a la confusión y a aumentar el odio contra las mujeres y contra las políticas de Igualdad, tanto que hasta un representante de la jerarquía de la Iglesia Católica, Monseñor Cañizares, ha llegado a llamar a la desobediencia civil de las leyes de Igualdad.

Si en este contexto la política no se posiciona de forma clara para liderar la transformación social hacia la Igualdad y la erradicación de la violencia de género, ésta continuará. Lo vemos cada día. La política debe saber que la debida diligencia es exigible al Estado y a sus representantes en las diferentes instituciones, y si no responden en consecuencia con la gravedad del problema de la violencia de género serán responsables ante los Tribunales correspondientes. El Gobierno que salga no tiene la opción de actuar o no actuar contra la violencia de género y los machistas, tiene la responsabilidad de hacerlo.

Con 24 mujeres asesinadas de enero a junio de 2016 y 61 a lo largo del año pasado, la respuesta a la pregunta sobre qué harán para cambiar esta realidad no puede ser 26 segundos y 2 silencios. Es, sencillamente, inadmisible.

El machismo ha utilizado la normalidad para mantener los privilegios a costa de los derechos de las mujeres, de manera que cuando ha jugado al reparto de tiempos y espacios, de roles y funciones, los hombres se han quedado con la mejor parte. La desigualdad aparece como marco adecuado para la convivencia, y la cultura se encarga de darle significado y sentido. En principio, todo perfecto.

Pero esa normalidad tramposa ya ha sido descubierta. Ahora se es consciente de la desigualdad, de la discriminación que conlleva, de la violencia que requiere para imponerla, y de todas sus consecuencias. Ya no la pueden esconder bajo la alfombra de la historia.

Y claro, donde hay trampas hay cartón, pero sobre todo hay tramposos que las diseñan y las colocan sobre el terreno para atrapar a sus presas y alcanzar sus objetivos.

El machismo no se iba a rendir de manera fácil ante el cuestionamiento y derrumbe de su modelo, ni tampoco quienes disfrutan de esos privilegios, por eso han tenido que desarrollar nuevas estrategias para mantener la desigualdad y sus ventajas. Esa nueva estrategia es el “posmachismo”, y su argumento principal es de sobra conocido: las denuncias falsas en violencia de género.

El machismo posmachista tiene mucho interés en cuestionar la realidad de la violencia de género, puesto que su conocimiento y crítica por parte de la sociedad supone demoler uno de los pilares básicos de la desigualdad. Y como ya no puede esconder ni negar el resultado objetivo de los homicidios y de las agresiones graves, antes lo hacía con justificaciones como el “crimen pasional”, el alcohol, las drogas, los trastornos mentales… ahora lo que intenta es hacer dudar de toda la violencia que antecede a los homicidios a través del argumento de la denuncia falsa.

La estrategia es eficaz al jugar con el elemento tradicional de la “maldad y perversidad” de las mujeres, al defender el espacio privado de la pareja como parte de la intimidad, y al presentar la figura del hombre como víctima de la situación. Pero, sin duda, lo que lo hace más impactante es la utilización de datos previamente manipulados en lo numérico y distorsionados en su significado y explicación.

Esta estrategia es la que les lleva a decir que la mayoría de las mujeres ponen denuncias falsas para beneficiarse en los procesos de separación y divorcio, y de esa manera quedarse con el uso del domicilio, obtener la custodia de los hijos e hijas, y recibir la pensión alimenticia correspondiente. Y para darle más credibilidad concluyen que representan el 80% de las denuncias por violencia de género.

Veamos la falacia que supone en lo cuantitativo y en la explicación.

Para concluir que las denuncias falsas son el 80%, aproximadamente, lo que hacen es sumar una serie de porcentajes correspondientes a situaciones que nada tienen que ver con acusaciones en falso. De este modo, se ponen a sumar las sentencias no condenatorias, que vienen a ser un 30%, los sobreseimientos que se producen, la retirada de denuncias por parte de las mujeres, la negativa a declarar contra sus parejas en el juicio… y cualquier situación que no termine en condena hasta alcanzar ese 80%.

La realidad es muy diferente, tal y como recoge la Fiscalía General del Estado (FGE) en sus Memorias. Concretamente, en la Memoria de 2014 (página 311), resume los casos abiertos por posibles denuncias falsas en los últimos cinco años (2009-2013), y suponiendo que todos terminen en condena representarían un 0’010% del total de denuncias. Es decir, un porcentaje que demuestra que existen, nunca se ha dicho lo contrario, pero que su realidad es mínima, y muy alejada de ese 80% que el posmachismo se empeña en mostrar para atacar a las mujeres y desvirtuar la realidad de la violencia de género. Todo es tan absurdo que quienes dicen que “no se respeta la presunción de inocencia de los hombres”, directamente condenan sin pruebas ni juicio a todas esas mujeres como autoras de un “delito de denuncias falsas”. Por cierto, la propia FGE, en este caso en su Memoria de 2012 (página 642) recoge que la “no condena” o la “prueba insuficiente” no equivalen a denuncia falsa.

Pero si fuera poco la demostración de la manipulación en los números, veamos que las palabras tampoco se corresponden con la realidad, y que esa utilización de la denuncia para “quedarse con la casa, la paga y los niños” no es cierta. Tomando los datos del Informe del CGPJ de 2013, vemos que el porcentaje de decisiones sobre custodias adoptadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer representa el 3’3%. Y si nos vamos a las medidas civiles derivadas de las órdenes de protección, comprobamos que del total de denuncias se adoptaron decisiones sobre la atribución de la vivienda en el 3’4%, sobre las suspensión del régimen de visitas en el 0’5%, con relación a la suspensión de la patria potestad en el 0’06%, sobre la suspensión de la guarda y custodia en el 1’1%, y con referencia a la prestación de alimentos en el 4’1%.

Todas estos casos en los que se adoptaron medidas civiles representan el 9’1% del total de denuncias, demostrando que no es cierto que las mujeres utilizan la denuncia como un instrumento para obtener beneficios con relación al uso del domicilio, la custodia de los hijos e hijas, o de carácter económico a través de la prestación de alimentos. Las mujeres ponen la denuncia porque están sufriendo violencia y porque quieren salir de ella.

La realidad de la violencia de género viene caracterizada por lo contrario: Por la no denuncia (sólo se denuncia un 22% del total), y por la falta de recursos para mejorar la respuesta judicial.

Las denuncias falsas son la estafa piramidal de ese posmachismo que le roba derechos a las mujeres y defrauda en Igualdad a la sociedad. Son el timo que permite engañar a quien cree que la desigualdad es una inversión beneficiosa y a quien obtiene intereses y privilegios sobre este abuso. Por eso cada uno de los implicados necesita convencer a alguien más de la falacia de las denuncias falsas, porque cuanto más personas se impliquen y a más engañen, más tiempo podrán beneficiarse quienes abusan de ese poder ilegítimo.

Su problema es que también hemos descubierto la estafa.

Cuando una cosa existe y lo hace con el argumento de la historia, si no se lleva a cabo algo para cambiarla, la simple sucesión del tiempo lo único que consigue es mantenerla y perpetuarla. Y cuando la cosa que existe forma parte de la normalidad que la sociedad ha asumido como parte de las posibilidades que se pueden presentar bajo determinadas circunstancias, el cambio pretendido exige el sobresfuerzo de transformar la normalidad que lo ampara.

La violencia de género no se va acabar mientras exista una parte de la sociedad que asuma que las relaciones deben establecerse sobre las referencias jerarquizadas que la cultura se ha encargado de fijar sobre la figura y los roles masculinos. Puede parecer extraño el planteamiento, pero lo que la sociedad cuestiona hoy sobre la violencia de género no es tanto su realidad como su resultado. La frase que me repetían muchas mujeres maltratadas cuando las atendía como médico forense, “Mi marido me pega lo normal...”, iba seguida de otra que explicaba su presencia en el Juzgado: “Pero hoy se ha pasado”. Es la misma situación que año tras año aparece en los estudios sociológicos que elaboramos desde el Ministerio de Igualdad: un 1,4% de la población española, de entrada, considera que la violencia de género “es aceptable en algunas ocasiones”. Como se observa, no hay un rechazo rotundo a la violencia de género; una parte importante de la sociedad tiene justificaciones para aceptarla y cuestionar sólo determinados resultados. No es de extrañar, como hemos conocido estos días, que el Gobierno plantee contabilizar sólo los casos que requieran una hospitalización superior a 24 horas.

En unas circunstancias como las descritas, las mujeres que sufren la violencia a manos de sus parejas necesitan algo más que la simple referencia a la denuncia. Salir de la violencia de género es un proceso que va desde la toma de conciencia de que lo que está viviendo es violencia –y que ella no es culpable de las agresiones que sufre– hasta todo un replanteamiento sobre su vida y sobre las alternativas a una relación que la cultura hace que se viva como normal.

Cuando el legislador decidió hacer una ley integral para abordar la violencia de género no sólo miraba el resultado, sino a todas las circunstancias que rodean a esta violencia; por eso no se limitó a la respuesta tradicional con la modificación de las penas, sino que apostó por desarrollar toda una serie de recursos que permitieran actuar sobre la sociedad, sobre las mujeres que sufren la violencia y sobre la respuesta que desde las diferentes instituciones y administraciones se ponen en marcha en las distintas fases del proceso.

El desarrollo de la Ley Integral ha implicado un incremento progresivo de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado para dar respuesta a la mayor demanda de actuaciones de una sociedad más concienciada y más crítica con esta violencia. Un incremento de los presupuestos que ahora ha sido sustituido por unos recortes que lo único que hacen es prolongar la violencia de género.

La violencia de género ya existe, no es algo nuevo que ha traído la crisis y, como decía al principio, no hacer por erradicarla es hacer para que continúe.

Los recortes están afectando a la concienciación, y ello implica una mayor pasividad y distancia de la sociedad, de los entornos cercanos a las víctimas –situación que lleva a un mayor aislamiento– y de los entornos próximos a los agresores; algo que se traduce en más libertad para continuar con la violencia. También se ha reducido la especialización y la formación de los profesionales que tienen que actuar ante los casos, bien sea de forma directa tras conocer que se ha producido la violencia (Juzgados, Policía, Medicina y Psicología Forense…) o bien de forma indirecta, cuando la mujer acude a determinados servicios en demanda de atención, pero sin decir que ha sufrido violencia de género. Ocurre fundamentalmente en sanidad y en servicios sociales, donde la formación es básica para poder detectar y dirigir adecuadamente los casos.

Otro de los pilares básicos afectados por los recortes son los servicios de atención a las mujeres, oficinas donde obtenían información y asesoramiento sobre el proceso para salir de la violencia de género, y donde en muchos casos también recibían la atención para poder superar las consecuencias emocionales y materiales ocasionadas por el agresor. La falta de atención, unida a la disminución de la concienciación, afecta a la protección de las mujeres al situarlas en una posición de mayor vulnerabilidad.

Las consecuencias de estos recortes ya se ven, y se caracterizan por una disminución de las denuncias, un aumento de la retirada de las denuncias que se han interpuesto, una reducción en las cifras de separaciones; también en las llamadas al 016, teléfono de atención e información a víctimas de violencia de género. Del mismo modo han bajado las medidas de protección, los partes de lesiones, la información sobre todo lo que ocurre y no ocurre… Pero la violencia de género continúa.

No se debe confundir la bajada en el número de denuncias con una disminución de la violencia. La violencia contra las mujeres no se debe a la crisis, nace de la desigualdad y su presencia es histórica; estaba antes de los problemas de la economía y ahora continúa bajo las mismas referencias de una cultura que permiten que se construyan relaciones de pareja sobre la desigualdad. Los recortes está dificultando que las mujeres puedan salir de las relaciones violentas o, lo que es lo mismo, están facilitando que la violencia continúe sobre ellas, que el daño emocional y físico sea mayor y que el agresor deshumanice y cosifique a la mujer aun en mayor grado. Y al margen del significado que todo ello tiene en el presente, lo que también hace es disparar el riesgo cuando estas mujeres decidan salir de esa violencia dominadora.

Los homicidios futuros en violencia de género se están planificando en el momento actual; si no hacemos algo por evitarlos, irremediablemente se producirán.