La baja calidad del aire que respiramos en las grandes ciudades no es algo precisamente nuevo, ni siquiera en Euskadi. El pasado industrial de este país ya oscureció nuestros cielos durante el siglo pasado, sobre todo hasta que la reconversión de los ochenta alejó de los cascos urbanos las industrias más contaminantes, de las que hoy solamente quedan casos puntuales. Los que vivimos los setenta y los ochenta del siglo pasado lo recordamos perfectamente, ya que nos tocó respirar un aire contaminado que seguro que no fue precisamente beneficioso para nuestra salud. Hoy es el transporte el que representa la mayor amenaza en este sentido, un transporte basado fundamentalmente en combustibles fósiles que, además, contribuyen de forma decisiva al complejo proceso de cambio climático que ya estamos viviendo.

Las medidas tomadas por el Ayuntamiento de Madrid el pasado diciembre a causa de las altas tasas de contaminantes en el aire de la capital han abierto un debate que ya es viejo en otros países. La circulación de vehículos privados en nuestras ciudades es tan alta que afectan seriamente a la calidad del aire que respiramos, lo que causa problemas reales muy serios a muchas personas, sobre todo personas mayores y niños. Eso ha llevado a que se intente reducir el número de vehículos en marcha mediante diferentes sistemas, con mayor o menos éxito. Y, por supuesto, con mayor o menos contestación social, ya que las limitaciones de este tipo nunca son recibidas de buen grado por una parte de la sociedad.

En este sentido, hay que destacar la petición de información del Defensor del Pueblo sobre los planes municipales de diversas ciudades, entre las que se incluye Bilbao, para atajar la contaminación. A pesar de que los índices de calidad del aire en las ciudades vascas están lejos de los que muestras otras urbes más grandes de nuestro entorno, el debate es necesario, ya que las afecciones a la salud de las personas son reales independientemente de lo que muestren las cifras estadísticas. Estas afecciones pueden ser intensas en determinadas zonas, no necesariamente junto a las estaciones de medición donde se recogen los datos de calidad del aire, algo que siempre hay que tener en cuenta.

La contaminación proveniente de los vehículos no se ve a simple vista, es un peligro difuso que sirve a los responsables políticos para moverse en la indefinición o la inacción. Incluso para la negación de un problema tan serio como este. Pero hay que tener en cuenta que los datos que nos aportan las mediciones no pasan de ser una foto fija de una situación siempre cambiante y que depende de muchos factores, desde el volumen de tráfico a la meteorología.

Las medidas que se han puesto en marcha hasta ahora en muchas ciudades del mundo no pasan de ser meros parches, soluciones parciales a un problema que se agrava cada día por el crecimiento del tráfico rodado en las ciudades en crecimiento. Solucionar, o al menos reducir significativamente el problema de las emisiones pasa por un cambio progresivo pero firme del modelo de transporte actual. Fomentar los traslados a pie, en bicicleta o en transporte público es el primer paso para racionalizar nuestro modelo de movilidad urbano, pero la concienciación no es suficiente. Las medidas restrictivas son impopulares y chocan frontalmente con poderosos intereses como son los de la industria del automóvil o las multinacionales del petróleo, pero en algún momento habrá que aplicarlas en las grandes ciudades.

Respirar aire limpio es un derecho básico, que debería estar por encima del “derecho” al uso indiscriminado del vehículo particular. No es posible que haya gente que enferme para salvaguardar el derecho de otras personas a ir a comprar el pan en coche a unos metros de casa. Vivimos en una sociedad en la que la comodidad es norma, en la que impera la ley del mínimo esfuerzo. Sin embargo, urge cambiar esta visión propia de las épocas de abundancia energética por una más solidaria y sostenible, que apueste por la salud de las personas y de nuestro entorno (en el fondo es lo mismo). La sustitución de la actual flota de vehículos altamente contaminantes por vehículos eléctricos basados en energías renovables no es una utopía, aunque tampoco es suficiente para garantizar el aire limpio en nuestras ciudades. Esa sería una parte de la solución, ya que es imposible sustituir el parque móvil actual por uno totalmente eléctrico. Por eso es fundamental que apliquemos la lógica tanto a nuestros desplazamientos como a las mercancías que consumimos y acortar las rutas de transporte al máximo para evitar emisiones. Y también es necesario apostar por soluciones más sostenibles como la bicicleta para nuestros desplazamientos urbanos, la apuesta más segura para evitar de una vez por todas los “malos humos”.

Una apuesta decidida por luchar contra el Cambio Climático pasa inexorablemente por dejar los restos de los combustibles fósiles bajo tierra. Y eso significa renunciar a la inversión en exploración y explotación de los recursos fósiles, precisamente la razón de ser de SHESA, cuyas últimas actuaciones apostando por el fracking como método de explotación de unos recursos gasísticos que sabemos desde mediados del siglo pasado son escasos y demasiado repartidos para ser rentables, tanto económica como energéticamente, han resultado bastante ridículos viendo el recorrido que esta apuesta ha tenido allí donde se ha llevado a cabo hasta sus últimas consecuencias. En Estados Unidos, la burbuja del fracking está en plena explosión, dejando un paisaje desolador a su paso.

Carece de sentido que por una parte el Gobierno Vasco plantee una estrategia para luchar contra el Cambio Climático y por otra mantenga una empresa pública que lo favorece con sus actuaciones. Si realmente nos creemos que la lucha contra el Cambio Climático es vital, la existencia de SHESA deja de tener sentido. Antes de que sea tarde, el Gobierno Vasco, al igual que el central y los ayuntamientos, tienen que adaptar sus actuaciones de forma decidida por un modelo realmente sostenible. Evidentemente, esta apuesta requiere renunciar a las visiones cortoplacistas y/o partidistas, por lo que es imprescindible que se abra de una vez por todas un debate serio sobre el modelo energético que necesita nuestra sociedad a futuro y que culmine con un pacto entre partidos y organizaciones sociales que permita desarrollar las políticas adecuadas para evitar que la adaptación a los cambios climáticos que ya estamos sufriendo se haga de forma traumática.

Una vez más, la sociedad civil va un paso por delante de las instituciones. Una parte de la ciudadanía vasca ha tomado conciencia del problema y ha decidido apostar por un nuevo modelo energético basado en las renovables. Ese intento de exprimir al máximo el actual modelo que supuso la pretensión de aplicar en Euskadi la perniciosa técnica del fracking en “yacimientos” que no son (jamás lo fueron) rentables ni económica ni energéticamente, paradójicamente actuó de catalizador para esta respuesta negativa de la sociedad a seguir por un camino sin salida. Pero el camino no ha hecho más que empezar: sin la presión decidida de la sociedad, las instituciones dominadas por los partidos tradicionales, respaldados por los todopoderosos lobbies de la energía, van a continuar por una senda que hipoteca de forma decisiva nuestro futuro a medio y largo plazo.

El hecho de que hayamos superado ya el pico de producción de petróleo crudo y de estar cerca de hacerlo en otros tipos de productos de origen fósil en los que se basa el actual modelo de sociedad nos obliga ya a ir pensando en arrinconar un modelo que, además, es insostenible si queremos realmente cumplir con los objetivos marcados en el Acuerdo de París contar el Cambio Climático. Por estas razones es perentorio replantear ya como utilizamos la energía en sectores como el transporte, el mayor nicho de despilfarro energético y el más pernicioso de cara a contener el Cambio Climático en parámetros más o menos aceptables. Y por eso es por lo que hay que plantearse la desinversión en energías fósiles cuanto antes. Empresas como SHESA, aunque sea por el propio instinto de supervivencia, continúan impulsando un modelo que sabemos (ellos también los saben) insostenible. El ahorro y la eficiencia energética no son suficientes, hay que tomar decisiones decididas para dejar los combustibles fósiles donde están: bajo tierra.

No puede haber justicia social, ni igualdad real ni democracia plena sin preservación de los ecosistemas en los que desarrollamos nuestras vidas. Pero la ideología dominante nos ha inculcado la idea de que podemos vivir al margen de la naturaleza

No nos engañemos, siempre ha habido populismo, no es algo que haya inventado ningún magnate barra mangante norteamericano ni los del “núcleo irradiador” de Podemos a los que ahora señala todo el mundo, e incluso los equipara. Se escuchan definiciones de lo más dispar en las tertulias televisivas y radiofónicas, así como en los editoriales y artículos de opinión de la prensa escrita, pero en realidad, y todos lo sabemos, el populismo no es más que decir y prometer lo que la gente quiere escuchar. Y si aciertas con el mensaje, te llevas las elecciones y después, ya sí eso y tal. Vamos, es un principio de primero de marketing político.

Por supuesto, siempre hay matices. El mensaje se puede transmitir de formas diferentes, también teniendo en cuenta el destinatario del mismo y su actitud en un momento determinado. El mismo mensaje no cala igual en una sociedad con una economía en ascenso y boyante que en una en decadencia, en la que la falta de empleo y de oportunidades de futuro ha creado una masa de gente desesperada que ya no se cree el mensaje tal y como lo ha recibido hasta ese momento. Se trata entonces, de cambiar el envoltorio al caramelo, de hacerlo más atractivo. Y si además lo acompañamos de ese ingrediente que nunca falla en los momentos de crisis, como es el nacionalismo (o cualquier mensaje que refuerce el sentimiento de pertenencia de personas en serio riesgo de exclusión), el éxito está asegurado.

Estamos inmersos en una crisis múltiple, económica, energética y ecológica, que está siendo especialmente dura para la gente de los países del sur de Europa. Y las recetas tradicionales, las que aplican los políticos al dictado de las tesis del neoliberalismo, se traducen en la exclusión de miles de familias de un sistema que hasta ahora les amparaba. El fin (o más bien, el deterioro progresivo) del Estado de Bienestar se traduce en miedo y en rechazo (e incluso odio), que a su vez se traduce en una radicalidad contra aquellos elementos que se perciben como los culpables del cambio de situación, sean reales o imaginarios. Por tanto, todos estos mensajes extremistas encuentran un caldo de cultivo y una receptividad que no habían tenido en las últimas décadas en Europa.

Esta situación coyuntural debería ser también un punto de inflexión para el movimiento ecologista en general y para la ecología política en particular. Esta plantea la conservación de los ecosistemas como eje transversal de las políticas a desarrollar. No puede haber justicia social, ni igualdad real ni democracia plena sin preservación de los ecosistemas en los que desarrollamos nuestras vidas. Pero la ideología dominante nos ha inculcado la idea de que podemos vivir al margen de la naturaleza y es muy difícil que el mensaje contrario cale entre la ciudadanía. Incluso temas ya tan trillados como el cambio climático, se ponen en cuestión o en un segundo plano frente al crecimiento económico y la creación de empleo, como si ese supuesto crecimiento infinito fuese la única forma de lograr crear empleo digno, algo que sabemos es totalmente falso. Frente a la banalización de los problemas medioambientales y energéticos más urgentes, el cambio climático y el cenit de la producción de ese petróleo del que dependemos de forma tan determinante, ¿cómo debemos actuar los ecologistas? Hay quienes apuestan por el mensaje suave, amable, el que no “asusta” a la ciudadanía con las terribles consecuencias de estos fenómenos. Pero eso, ¿no es también populismo? ¿No es engañar a la ciudadanía?

Si se ha abierto un debate sobre si la izquierda europea debe abrazar también el populismo para frenar a la extrema derecha, creo que el ecologismo también debe debatir sobre su mensaje y su forma de transmitirlo. Tengo la sensación de que al pretender “endulzar” una realidad amarga, estamos dando alas a quienes, como Donald Trump en Estados Unidos o la extrema derecha en Europa, nos llevan de cabeza al desastre que queremos evitar. Y al mismo tiempo, la sensación contraria: que la ciudadanía se niegue a escuchar un mensaje para muchos “apocalíptico” (que no lo es), que les obligue a replantearse su existencia tal y como la conocen y le ha sido prometida. Sí que hay una alternativa, el eco-fascismo, algo a lo que nadie en su sano juicio quiere llegar, por supuesto, pero que, por desgracia, ya hemos visto y sufrido en la historia reciente de nuestra especie.

Equo se halla por tanto en una encrucijada como representante de la ecología política en Euskadi (y en todo el estado español, claro).

La entrada en el Parlamento Vasco de José Ramón Becerra, el primer representante de un partido adscrito a los Verdes Europeos que llega a la cámara vasca, ha supuesto un hito para el movimiento ecologista en Euskadi. Becerra se une así a muchas personas que ocupan cargos institucionales en ayuntamientos de los tres Territorios Históricos desde las municipales de 2015 y que trabajan desde lo local por transformar las propuestas de la ecología política en realidades tangibles en el día a día de nuestros pueblos y ciudades.

Después de décadas en las que el debate identitario era el eje sobre el que pivotaba la política vasca, el fin de la violencia terrorista y la llegada de una crisis que se ha cebado especialmente con una parte significativa de la ciudadanía, han ido modificando la agenda hacia una cuestión que muchos consideramos mucho más urgente y sobre la que tenemos que tomar medidas necesarias para garantizar un futuro digno para las generaciones que llegan ya empujando. El aumento de la población a nivel mundial en un entorno de recursos menguantes hace inviable a medio plazo el sistema depredador y consumista imperante hoy en día. La ecología política es la que intenta dar soluciones realistas a este problema, profundamente relacionado con la conservación del medio natural del que, como especie que somos, dependemos totalmente.

A diferencia de las propuestas meramente ambientalistas de otros partidos (prácticamente todos), Equo define la ecología como aspecto transversal y se presenta como alternativa para impulsar una sociedad más justa, igualitaria y sostenible a futuro. A diferencia de lo que sucedió en otros países con la irrupción de los partidos verdes en las instituciones, Equo lo hace en un contexto muy diferente, en medio de una crisis múltiple que agudiza las desigualdades que siempre han existido en el capitalismo y que se traduce en una exclusión progresiva de cada vez más gente, en la degradación de los ecosistemas de los que dependemos para garantizar agua y comida y en hipotecar el futuro de los más jóvenes dilapidando de forma absurda los recursos cada vez más escasos de nuestro planeta.

Por esta razón, Equo es también fruto del desencanto que llevó al 15M, pero sin que olvidemos el legado de Berdeak, que fue quien trajo la ecología política a Euskadi, aunque no lograse entrar en las instituciones, sin duda debido a que el debate identitario era el que impregnaba todos los aspectos de la política vasca de aquellos años. La confluencia con otros partidos como Podemos, también fruto del desencanto social, o Ezker Anitza, han permitido a Equo entrar con fuerza en las instituciones, si bien no se haya cumplido el objetivo principal de tales confluencias: desalojar del gobierno al Partido Popular en Madrid o al PNV en Euskadi.

Equo se halla por tanto en una encrucijada como representante de la ecología política en Euskadi (y en todo el estado español, claro). Equo ha crecido y necesita adaptarse a los cambios, pero sin perder su esencia. Hay que seguir ofreciendo esta estructura a la ciudadanía como vehículo para que su voz sea escuchada. No puede convertirse en un partido más, algo difícil una vez que se entra en la dinámica del trabajo diario en las instituciones modeladas para las estructuras de partido tradicional. Por eso es imprescindible el contacto con la calle, con colectivos sociales te todo tipo. Para lograr la transformación de los modelos productivos, energéticos y económico, Equo necesita tener voz propia, ya sea dentro o fuera de las confluencias en las que participa. Y no solamente en temas ambientales, ya que la ecología política es transversal. Por eso Equo debe mojarse en todos los temas, como lo ha hecho en Euskadi planteando un nuevo modelo político y de convivencia con el que se pueda sentir integrada toda la ciudadanía vasca, una apuesta valiente que, por desgracia, no ha tenido el eco que merece en los medios de comunicación ni en la calle. En noviembre se celebra la tercera Asamblea Federal de Equo a nivel estatal, en la que deben ponerse esas bases de futuro que necesita como partido referente de la ecología política en este país. De ahí que estemos en una encrucijada en la que tomar el camino correcto puede resultar crucial para el futuro de un espacio político cada vez más necesario en nuestra sociedad.

¿Cuál es la agenda vasca jeltzale? Son el TAV, la incineradora de Gipuzkoa, el fracking y el continuismo de un modelo económico devastador para las persona

Uno de los mantras más repetidos durante esta campaña electoral en Euskadi es el de que los partidos “españoles” no tienen en cuenta algo que llaman “la agenda vasca”, curioso nombre que, sobre todo los jeltzales, dan en su imaginario a aquellos temas que afectan a la CAV y que solamente ellos van a defender en Madrid. Por descontado, es una vez más el viejo truco de envolverse en la ikurriña para ganar votos despertando los –sin duda legítimos- sentimientos nacionales de una parte de la ciudadanía vasca.

De esta forma se presenta el PNV como único garante en el Congreso, allá en la capital del reino, de los intereses de una ciudadanía (vasca) a la que convierten en un todo homogéneo que no responde para nada a nuestra realidad social. Y por ende, descalifica a los que llaman “partidos españoles”, con una estrategia agresiva sobre todo contra la coalición Unidos Podemos, como si las personas que aquí trabajamos por llevar sus propuestas a la realidad, hubiésemos venido desde más allá del Ebro y no fuésemos parte de esa sociedad diversa que ellos quieren obviar.

Defender una agenda, que sea más menos vasca lo dejo a su apreciación, va mucho más allá de lo que plantea el PNV. Defender los derechos de las personas, exigir una regeneración democrática para un sistema político que ya no se adapta a la realidad social o luchar por la preservación del medio ambiente para proteger a futuras generaciones es también agenda vasca. Hay temas que no conocen fronteras, que no se pueden “adaptar” a voluntad. Si una reforma laboral es mala para los trabajadores andaluces, también lo es para los vascos, por mucho que la contrapartida sea una competencia estatutaria en una u otra materia. Y eso es algo que ya hemos sufrido.

Además, la realidad desmiente este concepto. Basta con tirar de hemeroteca. Al menos desde Equo, que en estas elecciones se presenta en la coalición Unidos Podemos, en esta mini legislatura en la que hemos contado con la representación en el Congreso de ambos coportavoces, Rosa Martínez y Juantxo López de Uralde, como diputados por Bizkaia y Álava respectivamente, se han presentado proposiciones No de Ley sobre Cambio Climático, por un calendario de cierre nuclear que incluye, como no, el cierre definitivo de Garoña, por la protección del lobo, contra el fracking, por el fomento del autoconsumo o por la descontaminación del lindano. ¿Son temas que no afectan a la ciudadanía vasca? Yo diría que sí, que nos afectan y mucho.

Entonces, ¿cuál es la agenda vasca jeltzale? Son el TAV, la incineradora de Gipuzkoa, el fracking y el continuismo de un modelo económico devastador para las personas y el medio ambiente, que pone por delante los intereses de las grandes empresas respecto a los derechos y, en ocasiones, la propia dignidad de la ciudadanía. Los hechos desmienten lo que prometen en su programa electoral. Si no han llevado a cabo estas medidas ya en Euskadi, no es probable que las defiendan en Madrid. Arrogarse el mérito de ser la voz y la defensa de los intereses de Euskadi en Madrid es un ejercicio de arrogancia intolerable. Sobre todo porque hablar de los intereses de Euskadi supone engañar a la gente: es una clásica simplificación del nacionalismo frente a la realidad compleja de la sociedad de hoy en día.

Tampoco es cierto que partidos de ámbito estatal o supraestatal, como es el caso de Equo, que es el que conozco de primera mano, sean ajenos a los problemas concretos de Euskadi. Equo presentó hace unos meses una elaborada y valiente propuesta para un nuevo marco político que considero que es una decidida apuesta que puede aportar una respuesta a los retos, no sólo identitarios, sino también sociales, ambientales o económicos, que nos afectan. Lamentablemente, la simplificación de los mensajes no ayuda precisamente a que se abra un debate serio para afrontar estos retos. Hablar de los de aquí y los de allí o plantear la soberanía como la solución comodín para todos los temas no va ayudar precisamente a solucionar los problemas reales de la ciudadanía vasca. Esperemos que suba el nivel del debate de cara a las autonómicas, una cita que también parece que va a cambiar bastante el panorama político de la CAV.

Este incendio es noticia por su dimensión y espectacularidad, pero los residuos del modelo de movilidad basado en el automóvil que se impuso durante el siglo XX nos afectan a diario, aunque no lo percibamos. Incluso podemos asegurar que este incidente medioambiental es poco más que anecdótico comparado con el impacto total que supone este modelo, si lo medimos desde el diseño del vehículo hasta su desguace al cabo de los años. Hablamos del impacto en la obtención de materias primas, de la fabricación de las diferentes piezas, de su transporte hasta las plantas de ensamblaje, de la propia contaminación que supone su utilización durante años de emisiones de efecto invernadero, de los residuos tóxicos que genera el mantenimiento de los vehículos y del desguace final de ese coche y la gestión de sus diferentes componentes.

No cabe duda de que la todopoderosa industria del automóvil ha sido uno de los mayores contribuyentes al cambio climático al que ahora nos enfrentamos. A pesar de los acuerdos que se firmaron en París el año pasado, los gobiernos de todo el mundo se tientan la ropa antes de poner trabas a esta industria. Una industria, que como hemos podido comprobar con el escándalo de los motores trucados por la multinacional Volkswagen, a quien le preocupa bien poco el desafío al que nos enfrentamos con el cambio climático. Es una industria de la que además dependen millones de puestos de trabajo en todo el mundo. También en Euskadi es uno de los sectores punteros de nuestro modelo industrial, lo que supone que intentar tomar medidas contra ella resulte muy impopular y las administraciones sean remisas a abordar cualquier medida que pueda incomodar a las grandes empresas automovilísticas.

A pesar de que nos quieran vender la sostenibilidad de los motores híbridos o la quimera del coche eléctrico, tarde o temprano tendremos que abordar el cambio de modelo, no solo de transporte de personas, sino del flujo de mercancías que viajan por todo nuestro mundo globalizado. Por muy absurdo que pueda parecer que en Euskadi comamos manzanas importadas de Chile o que vendamos bicicletas a China, esto es algo que sucede a diario. En lugar de reducir los circuitos de comercialización y de fomentar la economía local, lo que hacemos es justamente lo contrario. ¿Cuánto combustible fósil quemamos para que una persona pueda comprar en Alemania los productos de la huerta murciana? Es todo lo contrario a la eficiencia y la lógica misma.

Los efectos medioambientales no se contemplan en el balance de resultados, ya lo pagan las generaciones futuras.

Si queremos que se cumplan los compromisos de la cumbre de París para mantener el aumento de la temperatura media del planeta por debajo de los 2ºC tenemos que dejar donde están la mayoría de reservas conocidas de petróleo y gas natural, algo que solamente se podrá lograr cambiando de raíz el modelo de transporte en el que se basa la economía globalizada. Y por supuesto, cambiando nuestros hábitos de transporte personal de forma radical. No se trata de volver al carro de bueyes ni a las reatas de mulas, sino de apostar decididamente por medios más sostenibles, como la bicicleta o el transporte público electrificado. Y por recortar de forma drástica los circuitos que bienes y productos realizan hoy por todo el globo. Esta apuesta es necesaria, por mucho que choque de frente con los intereses de una industria que supone una gran parte de la tarta dentro del modelo económico neoliberal. Por tanto, requiere un valor por parte de los partidos políticos que deben llevar a cabo estas reformas y que, por lo visto hasta ahora, son incapaces de afrontar.

Parece que los populares no han aprendido nada y siguen con su estrategia electoral –pues solamente de esa manera se puede entender tamaño despropósito- que ya le costó el puesto de alcalde de Vitoria-Gasteiz a Javier Maroto, ahora convenientemente recolocado en la estructura nacional del partido en Madrid. De forma sutil vuelven a identificar a inmigrantes con perceptores de ayudas públicas, ya que, evidentemente, los perceptores de RGI nativos, que los hay y muchos, ya hablan perfectamente castellano, euskera o ambos idiomas. Por tanto, de nuevo alimentan la xenofobia para conseguir o fidelizar un puñado de votos con la excusa del “fraude” en las ayudas sociales, lanzando el mensaje de la falta de integración de las personas migrantes en nuestra sociedad. Una sociedad que ellos ven como algo inmutable, un aro por el que todos tenemos que pasar para ser ciudadanía “como dios manda”.

Mientras personas ligadas al Partido Popular aparecen en prácticamente todos los casos de corrupción que van apareciendo, ellos exigen a los más débiles que se integren y pongan su granito de arena para que nuestra sociedad “progrese”. Mucho mejor harían en limpiar su propia casa antes de exigir a los demás que hagan lo que ellos no hacen. Resulta verdaderamente repugnante ver como quienes militan en una estructura que, legal o ilegalmente, se ha dedicado a favorecer sus intereses y los de sus amigos, ponen trabas a la solidaridad y a la equidad, con la excusa de un fraude que se ha demostrado una y cien veces es residual. Mientras tanto, se excusan en el mantra de “la manzana podrida”, una máxima que no aplican a los más vulnerables.

Lo que me parece realmente triste es que una parte de la sociedad comparte esos principios y valores, esa falta de empatía con los más desfavorecidos en el reparto de la tarta, como si a ellos nunca les fuesen a ir mal las cosas. Es la Europa que se protege tras las vallas y las concertinas, la que se siente molesta con la multiculturalidad, con todo lo que huela a diferente. Como si hubiese un mandato divino, una inevitabilidad en la forma de relacionarnos, un círculo cerrado de “normalidad” del que nadie puede escapar. Es el público del discurso xenófobo, por desgracia en auge en Europa, un discurso que sabemos de sobra que nos traerá nefastas consecuencias.

Se equivocan quienes alienta la xenofobia, y todavía más los que lo hacen simplemente para ganar votos o esconder sus miserias tras un supuesto “problema” de integración. Es ridículo aspirar a que cada persona renuncie a sus valores y su cultura, casi tanto como que nos la quieran imponer a los demás. Hay vida más allá del blanco y el gris, y movimientos como “Gora Gasteiz”, surgido precisamente frente al discurso uniformizador y xenófobo del exalcalde gasteiztarra, lo han demostrado de sobra. Los que abogamos por una sociedad vasca diversa e igualitaria estamos seguros de que el problema no se soluciona exigiendo trabajo comunitario o determinadas dotes lingüísticas, sino transformando radicalmente una sociedad injusta en su base. El día que seamos capaces de repartir la riqueza y el trabajo y, por supuesto, las responsabilidades, este discurso del miedo habrá desaparecido para siempre.

La industria ha pasado de ser solamente extractivista a ser también especulativa, a jugar en la economía de casino en que se ha convertido la economía capitalista globalizada. Durante mucho tiempo hemos mirado para otro lado mientras la industria destruía nuestro medio ambiente, justificando esa barbaridad por la riqueza y el empleo que creo en Euskadi durante todo el siglo XX y que nos permitió convertirnos en una de las regiones más ricas de Europa y de España. La reconversión de los años 80 externalizó la gran industria contaminante hacía países con costes laborales inferiores y sin regulaciones medioambientales, pero a un alto coste para quienes vivían de sus empleos en estas factorías. Las empresas que quedaron apostaron por la especialización, por procesos más eficientes y “limpios”, pero no han podido escapar de la trampa de la globalización y de la economía especulativa, convirtiéndose en peones de los grandes grupos corporativos que anidan en el IBEX 35 y similares.

Desde que en 2008 se desató la crisis – una crisis múltiple, económica, financiera, ecológica y energética, no lo olvidemos- la sociedad industrial ha tropezado con los límites que nos impone la naturaleza y que parecía que podíamos obviar. La volatilidad de los precios de la energía, sobre todo del petróleo, materia prima básica para el “crecimiento económico”, ha comenzado a poner en jaque la viabilidad del modelo capitalista extractivista y depredador. Como también lo está haciendo el deterioro medioambiental al que este modelo nos ha arrastrado y que ahora sufrimos en forma de cambio climático y de desaparición masiva de ecosistemas que son vitales para nuestra propia supervivencia como especie. Es la propia sociedad de consumo nacida durante la Era Fósil la que tendríamos que cuestionar si queremos que las generaciones futuras tengan una oportunidad de vivir con dignidad.

Ante esta situación la solución más sencilla -y la más “popular”- es clamar por los empleos perdidos, exigir que todo siga como antes, pero esta ya no es una solución válida a los problemas que nos acucian y que se van agravando con el tiempo.

Sabemos que la política es un “negocio” a corto plazo, en el que solo se miran los resultados en las próximas elecciones y los partidos políticos son incapaces de afrontar el problema en su completa magnitud y solamente apuestan por medidas que no dudo en calificar como “populistas”, esas que nos prometen una vuelta a esa “normalidad” previa a la crisis, algo que tendremos que asumir tarde o temprano que es ya imposible. La solución de futuro pasa, no por intentar mantener lo que nos ha llevado hasta esta situación, sino por apostar por reorientar la política industrial vasca para asentar la actividad productiva industrial sobre bases más sólidas y sostenibles a largo plazo.

Dilapidar dinero publico en atraer inversiones que, al cabo de unos años, se demuestran ruinosas no es el camino. Todo lo contrario: deberíamos apostar por una industria local y sostenible, que garantice el empleo mediante su reparto equitativo para evitar el drama del desempleo y la desigualdad. Clamar por los empleos que se pierden debido a las políticas especulativas de las grandes corporaciones no soluciona nada, hay que plantear alternativas valientes y reales, que tengan en cuenta los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad a más largo plazo. Cada minuto que desperdiciamos en lamentar que las cosas ya no sean como antes, es un tiempo perdido que no podremos recuperar.

Todo esto nos retrotrae a épocas oscuras, en las que los actos de violencia eran algo demasiado habitual, y que afortunadamente hemos dejado atrás, aunque muchas heridas aún sangran y lo harán por mucho tiempo, me temo. Una época que aún resulta dolorosa para quienes la vivimos, época envuelta en una gris bruma de odio en la que resaltaba únicamente el rojo de la sangre. Vivimos una absurda espiral de violencia que se retroalimentaba continuamente y que actuaba como agujero negro ante cualquier posible solución dialogada para acabar con esta situación. Todos anhelábamos una paz que se veía cada vez más lejos con cada asesinato, con cada persona torturada o con cada desproporcionada acción policial.

Cuando hablo de héroes, hablo de la gente como la que aquel fatídico 3 de marzo se enfrentó con sus manos desnudas, armada solamente con la razón, a quienes no tuvieron reparos en usar armas de fuego indiscriminadamente contra unos trabajadores que solo querían justicia social. Fue una generación que tuvo que tragar mucho durante la noche oscura de la dictadura franquista y que percibía que se abría ante ellos un futuro de libertad democrática por el que estuvieron dispuestos a dar el resto. Hoy ese sistema que se construyo gracias a su generoso esfuerzo ha sido pervertido por los intereses de una oligarquía económica, con la complicidad de quienes han permitido que se pudra con su indiferencia y apatía, y necesita una revisión y actualización urgente.

A quienes jamás podré considerar héroes es a quienes, de una forma u otra, alentaron o justificaron la violencia, cualquier violencia. Por eso me cabrea mucho cuando alguien repite la frase “la democracia ha vencido al terrorismo”. No es cierto. El Estado ha vencido a ETA, pero no de forma democrática. Y no me refiero solamente a la violencia de Estado que representaron los GAL, sino también a la perversión de la justicia, que se plasmó en la estrategia de “todo es ETA”, una estrategia que continúa vigente, como hemos visto hace bien poco con el caso de los titiriteros encarcelados por una obra que representaban y en la que ciertas mentes solamente vieron una especie de justificación del terrorismo que no soporta el mínimo análisis lógico.

Y no, tampoco considero que Arnaldo Otegi sea ningún héroe. No, no hay Mandelas vascos. Es una figura que, tarde o temprano, tenÍa que aparecer en la izquierda independentista: aquella persona que tuviese que dar el paso de rechazar de una vez por todas la justificación de la violencia de ETA. El problema es que ha aparecido demasiado tarde y eso le ha costado la vida a muchas personas. Él mismo ha reconocido algo obvio: es un paso que se tendría que haber dado mucho antes, pero eso ya no tiene remedio. Ojalá su salida de prisión suponga un aliciente para superar una etapa oscura que jamás debió existir y la izquierda abertzale pueda trabajar con normalidad en todos los ámbitos políticos y que sea la ciudadanía la que decida cual tiene que ser su peso real en nuestra sociedad. No se puede olvidar la historia, pero tampoco podemos estancarnos en el inmovilismo. Lo mismo que pasó con aquellos héroes del 3 de marzo del 76, que sin pretenderlo pusieron las bases de una sociedad nueva, es hora de replantearnos una adecuación de las estructuras políticas que nos rigen como sociedad para adaptarlos a una nueva realidad.

Hablamos de 521 propiedades en toda Euskadi, que han sido inscritas por la Iglesia entre 1978 y 2015, 379 en Gipuzkoa, 74 en Bizkaia y 68 en Álava. Y esto ha sucedido gracias a la Ley Hipotecaria aprobada por el gobierno Aznar en 1998, que permitía a la Iglesia, como excepción, registrar propiedades a su nombre sin presentar documentación alguna que demostrase su titularidad. Y no, no hablamos solamente de edificios dedicados al culto, algo que aún podría tener su lógica. Hablamos además de fincas, solares, pisos, garajes, etc. En definitiva, un autentico expolio de bienes públicos de los que la institución vaticana se ha apropiado gracias al “favor” del gobierno del expresidente Aznar, ese mismo gobierno que hoy se está demostrando ha sido el causante de muchos de los males que sufre hoy en día la sociedad española.

No voy a entrar en si estas actuaciones de la institución religiosa van en contra de los postulados que, al menos en teoría, defiende. Eso se lo dejo a quienes profesan esa religión y se consideran representados por la organización vaticana. Pero lo que si está claro es que son totalmente incompatibles con la aconfesionalidad del Estado que consagra la Constitución del 78 en su artículo 16.3. Es cierto que este artículo recoge que el Estado mantendrá relaciones de cooperación con la Iglesia Católica (y las demás confesiones). Pero de ahí a regalar el patrimonio publico de forma tan abierta, hay un gran trecho. Además, la sociedad ha cambiado mucho desde la redacción de ese texto y, también en este caso, es necesaria una actualización legislativa de la Carta Magna, una reforma que consagre por fin la laicidad del Estado y que impulse la denuncia del vergonzoso Concordato con la Santa Sede, que tantos privilegios otorga a una religión en detrimento de quienes profesan otras creencias o ninguna.

Este necesario transito a una sociedad laica nos permitiría evitar todas esas vergonzosas practicas a las que nos tiene acostumbrados el Partido Popular: imponer la religión (católica, por supuesto) como asignatura obligatoria, intentar limitar el aborto de acuerdo a su código moral, o cuestiones tan surrealistas como la concesión de medallas al valor a vírgenes del imaginario vaticano, tal y como ha hecho el ministro de Interior más nefasto que hemos sufrido desde la instauración de la democracia. Sin laicismo no hay democracia, ya que las religiones tienden a imponer su código moral al conjunto de la ciudadanía. Por eso deben quedar recluidas al ámbito personal, como una actividad privada que, por descontado, debe contar con la protección de los poderes públicos, pero sin mezclar jamás Iglesia y Estado como algunos pretenden.

Volviendo al tema de las inmatriculaciones, es necesario que se apueste desde las instituciones democráticas por intentar recuperar todos esos bienes de los que se ha apropiado la Iglesia, o al menos, de todo el dinero publico invertido en ellos durante las últimas décadas. Es de justicia que quien quiera mantener su fe, tenga que pagársela con su dinero, nunca con el dinero de toda la ciudadanía. Y aquí no vale la excusa de que la Iglesia realiza una labor solidaria. Esa es solo una cara de esta institución y ya hemos visto muchas veces su otra cara, esa que solo busca acumular bienes materiales en su propio beneficio. Es una verdadera lástima que este tipo de actuaciones desmerezcan el esfuerzo impagable de cristianos de base que realizan una admirable labor solidaria, minada por un aparato institucional que prioriza el enriquecimiento frente a su esfuerzo por acabar con la injusticia social y la desigualdad.

Este inusual invierno ha conseguido que cambien las conversaciones en los ascensores vascos. En lugar de quejarnos del frío, la lluvia o la nieve, hemos pasado a hablar de lo “raro” que anda el tiempo últimamente. Ya nadie habla de aquel anticiclón de las Azores, tan mentado antaño en los espacios meteorológicos televisivos y del que no se ha vuelto a saber nada. Ahora se habla del cambio climático y del fenómeno de “El Niño”, sin saber muy bien como funcionan, pero que indudablemente dan para mucha conversación, hilada en base a retazos de información adquirida un poco de aquí y de allá.

Es cierto que, tras la Cumbre de París sobre el cambio climático, este tema ha estado en boca de todos, aun a pesar de verse eclipsado por los atentados de París o las elecciones generales. Sin embargo, mi percepción es que el cambio climático tiene poco calado en la sociedad a pesar de la gravedad de sus posibles (y más que probables) consecuencias, no para nuestro planeta, sino para nuestra sociedad, para la forma de vida tal y como la entendemos. Por eso, no se plantean demasiados cambios a nivel individual. Como siempre, se supeditan a las medidas que puedan tomar los gobiernos para revertir algo que ya ha empezado y cuyas consecuencias ya estamos sufriendo.

Especialmente preocupantes son las actitudes de quienes ven una oportunidad de negocio en el cambio climático y sus efectos. Son quienes no han entendido nada, a quienes les da lo mismo robar el futuro a las próximas generaciones con tal de llenar sus cuentas corrientes. Es el cortoplacismo capitalista, que no ve más allá de sus balances de resultados, que trata a las personas y los animales como mercancía y no perciben que destruir ecosistemas y arrasar con todos los recursos del planeta nos deja al borde de la catástrofe. Se habla de nuevas rutas de comercio gracias a la desaparición de la banquisa ártica, de nuevas oportunidades para ciertos cultivos en latitudes donde hasta ahora eran imposibles, de incrementar rendimientos agrícolas gracias a la nueva situación climática local o de “garantizar el crecimiento” a través de la implementación de energías renovables, tal y como afirmó el propio lehendakari Urkullu durante la Cumbre de París. Poco pan para hoy y mucha hambre para mañana.

Es triste que, a pesar de la difusión que llevan haciendo científicos y colectivos ecologistas desde hace más de 30 años, la ciudadanía no perciba el cambio climático como un problema grave a afrontar cuanto antes con medidas radicales. Hace poco escuchaba a una persona decir que en Euskadi la incidencia del cambio climático será mínima, que un par de grados más o menos no van a ninguna parte y que si el nivel del mar aumenta unos centímetros ni lo íbamos a notar. Seguro que cambian de opinión cuando lleguen millones de refugiados climáticos o cuando las estanterías de los supermercados se vacíen de productos que antes se cultivaban en zonas que se han visto afectadas por sequias o inundaciones severas. No es mi intención ser pájaro de mal agüero, pero hay que tener en cuenta todos los factores, no solamente los que nos interesan.

El clima es un sistema demasiado complejo como para que controlemos todos y cada uno de los factores que lo condicionan. Cualquier cambio mínimo puede traer consecuencias catastróficas, o todo lo contrario. Por eso debería ser un tema que tratemos con mucha seriedad y no nos expongamos innecesariamente a apuestas con objetivos de dudosa fiabilidad. Los riesgos son los mismos tanto para un calentamiento de 1,5 como de 2 grados de aquí a fin de siglo. Pensar que es algo que podemos controlar de forma tan sencilla es simplemente una ilusión. Y un riesgo que no deberíamos correr.

Sin duda, la sorpresa de estas elecciones ha sido el resultado que ha cosechado Podemos, que ha restado voto a PSE y a EHBildu, aunque en este último caso más bien habría que decir que lo ha tomado prestado. Posiblemente este fenómeno se haya producido por la defensa del derecho a decidir que ha esgrimido la formación de Pablo Iglesias y la percepción de que algo podría cambiar en Madrid si conseguía una mayoría significativa. No ha sido así y las primeras líneas rojas que los demás partidos han puesto a la formación morada ha sido precisamente en relación a este tema. Está por ver que sucede en las negociaciones por lograr un pacto de gobernabilidad en la villa y corte y que consecuencias tiene una vez que se ponga en marcha la legislatura.

La autonómicas se presentan muy interesantes a la vista de cómo está cambiando el panorama político vasco y español tras las municipales y las generales. Nos pueden traer nuevos aires a Ajuria Enea, aires de cambio, ese cambio que tanto necesitamos también en Euskadi. El éxito que han cosechado las confluencias allí donde se han presentado, tanto a las municipales como a las generales, demuestra que ese es el camino a seguir por una izquierda que debe responder a las expectativas que pone en ella la ciudadanía. La unión o comunión de intereses de las fuerzas progresistas que hasta ahora no habían sido capaces más que de coincidir en algunas votaciones se demuestra como la fórmula para romper las ataduras que la ley electoral impone a los partidos “pequeños”.

Se abre ahora el tiempo para tender puentes, para configurar una alternativa que saque a Iñigo Urkullu de Ajuria Enea y que propicie un gobierno diferente, que sea capaz de plasmar ideas en realidades como hasta ahora no se ha podido hacer en lo que va de siglo. Es hora de tener altura de miras y suavizar las líneas rojas, que siempre existen, para aspirar a un cambio real en las políticas de Lakua. Sería la oportunidad de llevar a cabo políticas basadas en la justicia social, en la ecología o el feminismo. De ponérselo difícil a quienes apuestan por el fracking o por Garoña. De parar los desahucios, de luchar contra la pobreza y la desigualdad. De hacer lo que nos pide la mayoría de la ciudadanía, harta ya de corrupción y de engaños.

Que se puedan aprobar medidas como estas depende de la voluntad de partidos como Sortu, Aralar, Alternatiba, Eusko Alkartasuna, Podemos, Equo o Ezker Anitza sean capaces de superar miedos y rencores, prejuicios y líneas rojas, para apostar por una Euskadi diferente. Es posible que los pelos que haya que dejar en la gatera sean muchos, pero creo que el objetivo vale la pena. Al menos desde Equo se ha estado trabajando desde antes de las municipales para propiciar opciones de confluencia allá donde sea posible, para ser ese “pegamento verde” que aúne objetivos y lime asperezas entre todas las fuerzas políticas de carácter progresista. Sabemos que es complicado, que hay temas que nos dividen, pero son mayoría las cuestiones que podemos afrontar juntos para lograr ese giro que la sociedad nos exige.

Al final de lo que estamos hablando es de colaboración, algo que es lo que define lo que se ha dado en llamar “nueva política”, en contraposición a las prácticas políticas que hemos visto hasta hoy en día y que nos han traído hasta aquí, hasta esta sociedad fragmentada y desigual a causa de las crisis económica, medioambiental y social. El camino para que esa nueva política llegue a conseguir una mayoría suficiente también en Euskadi está claro, solamente queda saber si somos capaces de aunar esfuerzos para conseguirlo.

Demasiados intereses, tanto nacionales como de grandes empresas y lobbies, han condicionado el acuerdo sellado en la COP21. Una Cumbre que además ha estado marcada por los atentados yihadistas del pasado mes en la capital francesa, lo que ha evitado que la presión popular, expresada a través de ONG y organizaciones ecologistas de todo el mundo, haya estado presente para contrarrestar el poder de los lobbies empresariales que representan a los productores de energías sucias y contaminantes. Los estados nación, tanto los países ricos como los menos favorecidos y que más tienen que perder en el presente escenario climático, han hecho un esfuerzo ambicioso, eso es innegable. Pero no es suficiente.

Como aspectos positivos del acuerdo podemos destacar dos: el compromiso de reducción de la temperatura global entre 2 y 1,5 grados para el 2100 y el compromiso de aportaciones de los países más ricos, aquellos que nos hemos beneficiado con uso (y abuso) de los combustibles fósiles. Son puntos que quedan bien en los titulares de prensa, pero que no son suficientes para revertir un fenómeno tan complejo como el cambio climático. Nuestro planeta no tiene termostato, no podemos arriesgarnos a jugar en el filo de la navaja con cifras que quizá no signifiquen nada en la realidad, ya que el clima es algo tan complejo que ni los más avezados expertos ni sus elaboradas simulaciones de escenarios futuros pueden predecir con exactitud. Hay que ser mucho más ambiciosos si queremos jugar con un margen de seguridad, algo que este acuerdo no garantiza. Y es que no han quedado suficientemente bien definidas las herramientas destinadas a garantizar el cumplimiento de aspectos claves del acuerdo, sobre todo en temas de financiación y de revisión de objetivos a corto y medio plazo.

El lobby extractivista ha impedido que en el acuerdo se refleje la necesidad de descarbonizar la economía, es decir, de cambiar el modelo actual y dejar el resto de combustibles fósiles enterrados para siempre. Es inevitable que esto suceda tarde o temprano, pero posponerlo solamente beneficia espurios intereses privados. A pesar de que ya hemos superado el pico de producción del petróleo crudo y que no tardaremos en hacerlo con el gas natural, la desinversión o reorientación de las inversiones financieras de las energías fósiles hacia las energías limpias que propone el acuerdo es insuficiente para frenar el cambio climático. Y más aun cuando el acuerdo no incluye ni el transporte aéreo ni el marítimo. Aun tendremos que ir a peor antes de comenzar a ir a mejor. Y, esto no ha cambiado, el tiempo corre en nuestra contra. Otro punto negativo del acuerdo es que deja fuera temas como los Derechos Humanos, la igualdad de género o la transición justa, aunque se mencionen en el Preámbulo. Luchar contra el cambio climático significa luchar por la democracia y por la justicia social, algo que han conseguido obviar quienes defienden los intereses de los países más contaminantes y las grandes empresas multinacionales.

Queda en manos de la ciudadanía el exigir a todos esos políticos, desde alcaldes a presidentes de gobierno, que han acudido durante estos día a París a hacerse la foto, que se profundice en la lucha contra el cambio climático. Y queda en manos de los partidos verdes, de las organizaciones ecologistas, de las ONG, de quienes defiendes los Derechos Humanos, la labor de despertar la conciencia de la gente para que pueda empoderarse frente a quienes nos llevan a rozar el abismo por salvaguardar durante más tiempo sus intereses económicos. La pelota está ahora en nuestro tejado, de nosotros depende que la presión ciudadana fuerce a tomar el camino correcto cuanto antes.

Otros políticos, como su compañero de partido, Xavier García Albiol, también han aprovechado la coyuntura para criminalizar la inmigración y, lo que es más grave, a esos refugiados que huyen del mismo horror que sufrieron los vecinos de París el pasado día 13. El popular culpa al “multiculturalismo” de los males que aquejan a nuestro modo de vida e insta a quienes no quieran adoptar nuestras costumbres a volverse a su casa. Es su visión de una sociedad plana, sin matices, uniforme. Una sociedad pobre, en definitiva.

Porque la multiculturalidad es riqueza, es savia fresca para una sociedad que de otra manera se estancaría. Es a la vez síntoma y garantía de salud democrática. El conocer y valorar otras culturas nos enriquece tanto a nivel personal como social, pero eso es algo que no ven quienes apuestan por una sociedad uniforme y excluyente, quienes criminalizan al diferente por el mero hecho de serlo. O lo que es más grave, porque es pobre o porque huye de la guerra o la miseria que nosotros mismos hemos provocado.

Me dan pena esas personas que solamente son capaces de ver el blanco y el negro, que tiran de tópicos absurdos para evitar percibir esa gama de grises que nos hace humanos. Y es que la sociedad vasca ha cambiado mucho en los últimos años, en mi humilde opinión, para mejor. Es una sociedad multicultural y multiétnica, aunque aún falta que muchas personas se den cuenta de ello y actúen en consecuencia. En realidad, si repasamos la historia, vemos que lo que hoy llamamos Euskadi también ha sido protagonista de idas y venidas, de intercambios con otras culturas, de viajeros y soldados que acabaron trayendo a casa sus experiencias para ir cambiando así poco a poco el pensamiento y las formas de vivir de la gente de otras épocas.

Los continuados ataques del ISIS por todo el mundo y especialmente en el corazón de Europa, da alas a la intolerancia racista y xenófoba en una espiral que crece y se retroalimenta de odio. Una situación que no tiene pinta de que se solucione de forma pacífica. Pero no deberíamos dejar que se envenene la convivencia de todas las personas que viven y trabajan aquí y que ponen todas su granito de arena para conseguir cada día una Euskadi mejor. Sin embargo, ya hemos visto pintadas racistas en Vitoria-Gasteiz tras los ataques de París. De momento, son hechos aislados, pero no podemos dejar que vayan a más.

Parece que el miedo a lo diferente forma parte de la naturaleza humana. Pero de la misma forma lo es la curiosidad y la sociabilidad. Es algo que ni leyes ni vallas han podido detener jamás. Pero hay quien sigue proponiendo las mismas soluciones que tan malos resultados han dado a la humanidad a lo largo de la Historia. Y, por desgracia, hay quien está dispuesto a ponerlas en practica. Entrar en esa espiral de odio es un error que, sencillamente, no nos podemos permitir en un momento en que las diferentes crisis que sufrimos necesitan nuestra atención más inmediata. Si no somos capaces de afrontar problemas como el cambio climático o la creciente exclusión social, la situación se tornará más caótica con el tiempo y las soluciones serán cada vez más limitadas. Solamente el respeto y la comprensión podrán dar paso a la cooperación que realmente necesitamos para afrontar los retos a los que se enfrenta la sociedad vasca.

Lo que parece que muy poca gente se plantea es si esa solución, la de multiplicar los Estados-nación dentro de Europa, es realmente lo que necesitamos para solucionar los problemas presentes y los que se nos plantean a corto y medio plazo.

Y es que esos problemas no son precisamente leves. Hablamos de temas complejos como la crisis energética, del cambio climático o de la previsible explosión de la burbuja de la economía especulativa a nivel global. Son problemas muy serios y que trascienden el ámbito estatal a la hora de plantear soluciones efectivas. Por mucho que los nacionalismos planteen que, una vez decidida la secesión en las urnas, las cosas se harán de otra manera, no hay forma de solucionar problemas como el cambio climático o el descenso de la producción de combustibles fósiles y su consiguiente afección en nuestro modo de vida simplemente con un cambio de bandera o de documento de identidad. Son problemas que trascienden esas líneas artificiales con las que nos gusta delimitar territorios y que tan bonitas quedan en los mapas.

Sé que resulta difícil asimilar para muchos que los Estados-nación tengan que desaparecer. Parece que son estructuras intocables y que no existe una alternativa viable como forma de organización de colectivos humanos. Pero la Historia nos demuestra que no es así, que los Estados-nación responden a unas necesidades concretas en un momento determinado: surgen como resultado del asentamiento de la burguesía en lo más alto del estatus social en el momento en el que los combustibles fósiles impulsan la Revolución Industrial que marcará parte del siglo XIX y la totalidad del siglo XX. Incluso cumplieron su función en países que no se situaban dentro de la lógica capitalista, como es el caso del bloque soviético durante la Guerra Fría.

Pero hoy en día, esas estructuras políticas han quedado obsoletas. Las élites económicas de todo el mundo ya operan muy por encima de las restricciones que marcan los estados-nación.

Solamente tenemos que ver lo que está sucediendo estos días en Grecia, donde el Estado griego es incapaz de salvaguardar los intereses y el bienestar mínimo que debe a la ciudadanía que representa. Y todo queda en manos de organismos ajenos a su estructura territorial e incluso ajenos a la estructura superior en la que se haya integrada, la Unión Europea. Lo que está sucediendo en Grecia es la plasmación del fracaso de una Europa basada en Estados-nación, una Europa incapaz de superar los provincianismos que hemos arrastrado durante siglos. En definitiva, supone la plasmación del fracaso de la Europa de las naciones.

Y es que en 2015 es imposible encontrar un Estado-nación de libro: no hay territorios en los que solamente vivan personas con la misma lengua o religión. Y sobre el concepto de raza prefiero ni hablar. Nuestras sociedades son mucho más diversas que lo que pueda englobar un Estado-nación. Hoy en día no podemos hablar de monocultivos ni en materia lingüística ni religiosa, ni étnica. Ni de una conciencia nacional que englobe al 100% de la ciudadanía de un territorio. Por eso patinan las iniciativas independentistas: son incapaces de englobar a una mayoría social plenamente significativa. Lo hemos visto en Quebec, en Escocia y lo percibimos en Cataluña o en Euskadi. ¿No será otra la vía para responder a las necesidades de la sociedad?

Construir una Europa donde los asuntos locales se decidan a nivel local y los grandes temas a nivel europeo no es una quimera. Una Europa donde la prioridad sean las personas, donde los derechos individuales estén por encima de los derechos colectivos, donde no se haga entrar con calzador a quien no lo desea en un estado nacional por nacer o ya existente. Parece que los grandes retos a los que nos enfrentamos requieren nuevas estructuras. Estructuras y modos de gestionar lo público que superen de una vez por todas los obsoletos Estados-nación, que hoy en día plantean más inconvenientes que soluciones y que encorsetan el verdadero derecho a decidir, el que va más allá del sí o el no a un nuevo país dentro de un club de Estados que son incapaces de solucionar los problemas reales de la ciudadanía.

Y sobre esta cuestión sobrevuela otra no menos controvertida, la de la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) que está previsto construir en la localidad conquense de Villar de Cañas. Se supone que esté será el destino, también provisional, de todos estos peligrosos residuos que han generado tanto Garoña como el resto de centrales nucleares españolas durante las ultimas décadas. Por supuesto, el gobierno del Partido Popular está empeñado en construir este almacén a pesar de todo. Considera que es una cuestión de Estado, algo que tanto las autoridades como el oligopolio eléctrico no ha tenido en cuenta en las cuatro décadas de historia de la energía nuclear en el Estado. Y el cortoplacismo no es una opción en esta materia, como es fácil de entender cuando los residuos que genera esta actividad continuarán activos durante muchos siglos.

Se reabra o no Garoña, lo que parece claro es que vamos a tener un almacén de residuos nucleares al aire libre y en pleno meandro del Ebro, algo que no da la sensación de ser muy seguro. No me cabe la menor duda de que los contenedores – de los que habrá 32 en ese descampado- habrán sido diseñados de forma concienzuda para que cumplan su función, pero también sabemos que los accidentes no se pueden prevenir al 100%. De momento, esa es la sucia herencia que nos deja la vieja central con la que tanto tiempo nos ha tocado convivir y que esperemos no vuelva a funcionar jamás. Una herencia que “disfrutaremos” nosotros y nuestros descendientes de muchas generaciones venideras. Esta es una de las ventajas de este capitalismo salvaje que defiende el Partido Popular, que podemos ir pasando el “marrón” a hijas y nietas, que ya se apañarán para solucionar unos problemas que son en realidad nuestros. Lo importante son los beneficios a corto plazo y el crecimiento económico. Mucho pan para hoy y más y más hambre para mañana.

Y aun hay quien dice que esta es una forma limpia de generar energía, la solución a problemas como el cenit de la producción de petróleo o el cambio climático. No se puede estar más ciego. Lo dicen como si el uranio fuese agua, un elemento abundante y limpio, cuando la realidad es bien distinta. Cuando agotemos el uranio, solamente nos quedarán los residuos. La energía nuclear no es la solución a nada, es solamente otra forma que tienen las eléctricas de llenarse los bolsillos a costa de una ciudadanía que será quien pague las consecuencias. Consecuencias que no tienen que pasar necesariamente por una catástrofe como las de Chernobyl o Fukushima. Simplemente clausurar una central como la de Garoña costaría millones de euros de dinero público. La ciudadanía corre el riesgo, las eléctricas se llevan los beneficios y, cuando estos dejan de existir, la factura también la pagamos nosotros. Esa ciudadanía que ha repetido hasta la saciedad que no quiere tener cerca una central nuclear, y menos, una que ya ha dado muestras de agotamiento después de tantos años de actividad. En fin, que Garoña sigue siendo un tema pendiente, pero su cierre definitivo es al fin y al cabo una decisión política con la que tendrá que lidiar el gobierno que salga de las próximas elecciones generales de diciembre.

El vergonzoso mercadeo de cuotas de refugiados al que hemos asistido entre los diferentes países de la Unión Europea y las más vergonzosas posiciones de algunos gobiernos que simplemente han querido solucionar el problema con vallas y concertinas, da mucho que pensar de cara a futuro.

Una vez que la ola mediática sobre los refugiados ha roto ya en la playa de la indiferencia, quizá sea hora de aclarar conceptos y ver en que ha quedado todo ese movimiento que ha despertado conciencias en la acomodada Europa, pero que en el fondo, poco o nada ha logrado cambiar. Es cierto que se han establecido cupos y muchas personas que han llegado desde Siria o desde otros países en guerra, van a poder disfrutar por fin de la paz y la seguridad que ofrece la Unión Europea. Sin embargo, lo que se ha hecho desde los gobiernos europeos es solamente un lavado de cara para salvar ese delicado momento en el que la opinión publica estaba sensibilizada con un problema que, aunque nos lo pueda parecer, no es puntual ni mucho menos está solucionado.

El vergonzoso mercadeo de cuotas de refugiados al que hemos asistido entre los diferentes países de la Unión Europea y las más vergonzosas posiciones de algunos gobiernos que simplemente han querido solucionar el problema con vallas y concertinas, da mucho que pensar de cara a futuro. Y es que la marea migratoria no se va a detener cuando se hayan completado los cupos ya establecidos en la oleada de los meses de verano. La situación en Siria no ha mejorado precisamente y los refugiados que ahora mismo malviven en campamentos en Turquía o Líbano seguro que se animan a viajar hasta Europa visto el éxito de muchos de sus compatriotas. Son precisamente estos los refugiados que peor lo están pasando, aquellos que no pueden disponer de la cantidad de dinero necesaria para pagar a las mafias que les permitan acercarse al viejo continente.

Y es que la solución al problema del creciente numero de personas que intenta llegar a Europa no puede ser la del reparto de los “refugiados a la carta”. Etiquetar personas y distribuirlas como si fuesen bultos en una empresa de paquetería no es la forma adecuada de actuar de un espacio que se define como democrático, pero que es a la vez culpable en parte de la situación actual de esas personas. Que fácilmente olvidamos que la opulencia del Norte es consecuencia de la pobreza del Sur, que sus guerras las mueven los intereses de empresas de occidente, esas mismas que acaparan la riqueza mundial y que hacen y deshacen políticas a su antojo, obviando el proceso democrático a través de sus conexiones con las cúpulas de los partidos tradicionales.

Mientras tanto, la llegada de refugiados e inmigrantes continua, no ha cesado desde que esta cuestión desapareció de los titulares de portada de los medios. Y no parece que ese flujo constante de personas que solamente buscan un futuro para ellos y sus familias vaya a cesar. Más bien será al contrario. De nada sirve etiquetar a estas personas, diferenciarlas entre refugiados o inmigrantes “económicos”. Parece que somos incapaces de identificar las causas de esos movimientos migratorios masivos y obviamos que el cambio climático y la crisis energética están detrás de la guerra y del hambre de los que huyen, como haríamos todos, en busca de la paz y la prosperidad de la que, de momento, nosotros disfrutamos en la vieja Europa.

¿Hasta cuándo podremos escondernos detrás de una valla? En el fondo sabemos que las vallas son inútiles, tal y como lo demuestran las personas que llegan huyendo de la guerra en Siria. Entran en Europa por el estrecho, por el Mediterráneo hasta Italia o Grecia o vía Rusia hasta Noruega. Cuando se cierra una vía, se abre otra. No se pueden poner puertas a la desesperación y lo sabemos. Lo hemos vivido en nuestro continente no hace demasiado tiempo, pero parece que ya lo hemos olvidado. Queremos pensar que nuestro entorno es inmutable y que solamente podemos disfrutar de él quienes hemos nacido y crecido en aquí. Que la gente de otros países arregle sus problemas, que nosotros ya tenemos los nuestros. Pero eso es una falacia, esos problemas de otros países han sido causado en su mayor parte por los países llamados desarrollados, que han saqueado los recursos de los que podían disponer esas personas para no tener que recurrir a la emigración casi forzosa. La única opción real a futuro es cambiar un modelo que arrasa con los recursos naturales finitos para parar el cambio climático y conseguir que todas las personas puedan disfrutar de una vida digna independientemente de donde hayan nacido.

Personalmente, me importa poco que esas armas se oxiden y se pudran en un almacén de la Guardia Civil o en un zulo escondido en el monte. Lo fundamental es que permanezcan calladas para siempre jamás. Pero también considero que es importante que se produzca una escenificación del fin definitivo de ETA. Y al decir esto no estoy pensando en el beneficio para ETA o para el Gobierno ante un proceso de desarme pactado. Pienso en esa sociedad vasca que ha sufrido durante tantos años una situación insostenible de odio y muerte. En quienes hemos vivido el horror de la violencia desde más cerca o más lejos, pero nos ha tocado convivir en una sociedad fragmentada por el terrorismo.

Pero no solamente el Gobierno deja pasar el tiempo sin dar el paso definitivo para cerrar este triste capitulo de nuestra historia. La propia ETA, aunque se mantenga en estado latente, sigue siendo un obstáculo para la consolidación definitiva de la paz en Euskadi. Mientras continúe estando ahí, la convivencia normalizada siempre será más difícil para todos. Ya no existe, aunque en realidad nunca ha existido, una sola razón para que la organización terrorista siga sin disolverse y desaparecer para siempre.

Mientras el Gobierno rechaza participar en procesos de paz o entregas de armas o impulsar cualquier cambio sustancial en su política penitenciaria, ETA parece querer continuar su actividad soterrada, que ni siquiera tiene incidencia decisiva en el total del colectivo de presos repartidos por diferentes cárceles de España y Francia. Pero ni el colectivo de presos ni los de víctimas, y lo digo sin intención de equipararlos, puede condicionar esta imprescindible punto final a la triste historia de ETA. Su disolución definitiva abriría, o más bien consolidaría, una nueva realidad política en Euskadi.

Y ahora que soplan vientos de cambio en Cataluña y que en Euskadi hay quien ve como un ejemplo esa vía abierta que aun no sabemos a dónde conduce realmente, estaría bien que solamente la política tuviese cabida en la definición de un nuevo futuro para nuestra sociedad. Y desde luego, no es de recibo que se nos hurte esta posibilidad por mero interés electoralista. Bastante se ha usado y abusado del conflicto para arañar votos durante los últimos años. Y si para eso hay que sentarse en una mesa y hablar de la situación de los presos, a pesar de lo que digan algunas asociaciones de víctimas o partidos populistas, o de lo que sea, no queda otra que hacerlo. Y así tenemos que exigírselo a quienes que este limbo en el que ha caído el fin de ETA se prolongue hasta el infinito.

Por el contrario, cerrar en falso el fin de la violencia en Euskadi supondría condicionar de forma negativa la realidad política en Euskadi en los próximos años. Y eso impediría buscar el camino que mejor encaje tenga en esta realidad, para gestar un proyecto que englobe a las diferentes sensibilidades políticas que conviven en el país. Y todo por unos míseros réditos políticos y una visión cortoplacista de quienes pueden realmente materializar el fin de una época negra que ojala no se vuelva a repetir. Es posible que las próximas elecciones generales propicien cambios suficientes como para poder avanzar en este sentido, pero lo que está claro es que nada cambiará al menos hasta la próxima primavera. Tiempo perdido que esperemos se pueda recuperar pronto.

Precisamente una de las noticias que han pasado desapercibidas es una que desmiente todo lo anterior. Aunque más bien pone en su justo lugar esa pretendida recuperación económica basada en el crecimiento. La semana pasada, concretamente el pasado 13 de agosto, la humanidad sobrepasó el límite de recursos renovables que se pueden regenerar durante este año. Es decir, en lo que va de año (hasta ese día 13 de agosto) hemos consumido ya los recursos de los que disponíamos hasta finales de año. Por tanto, lo que consumamos hasta el 31 de diciembre serán recursos que hurtamos a las próximas generaciones, es decir, vivimos por encima de nuestras posibilidades, como rezaba esa coletilla que pretendía justificar la crisis económica y el desplome de la economía de España y de otros países como Grecia o Portugal.

Dar patadas hacia adelante con nuestros problemas es una de las características del modelo económico vigente, basado en los beneficios a corto plazo y en el 'usar y tirar', sin importar lo más mínimo las consecuencias a medio o largo plazo de nuestros actos. Vemos como la deuda tanto pública como privada aumenta sin cesar y ya es prácticamente impagable de facto. Miramos a Grecia y a lo que le está pasando a este país y a su ciudadanía como si nosotros fuésemos inmunes a sus mismos problemas. Bueno, mientras sigamos todos confiados en que los números electrónicos que aparecen en nuestro saldo bancario tienen algún significado real, no hay problema. Pero lo que no podemos ignorar es la huella ecológica que dejamos, una huella ecológica que ya va siendo cada vez mayor y que nos va a condicionar nuestro modo de vida en un futuro muy cercano. De hecho, ya lo está haciendo aunque no seamos conscientes de ello.

Esta sobrexplotación de recursos de nuestro planeta es además muy desigual: la mayoría de los recursos son consumidos por los países ricos y, dentro de estos, por una élite cada vez más voraz. Mientras devastamos los 'países pobres' y condenamos a sus habitantes a ponerse en la tesitura de emigrar o morir de inanición, en el opulento occidente levantamos muros cada vez más altos o nos resguardamos tras fosas profundas como el Mediterráneo para dejarles fuera de nuestro entorno tan selecto. Y les decimos que se queden en sus países, que aquí no tenemos trabajo ni ayudas para ellos, que su dignidad no merece ni un segundo de nuestra atención, que no les necesitamos para nada y los queremos más allá de nuestras fronteras. Les exigimos que solucionen por su cuenta los problemas que hemos creado desde los países 'desarrollados'. Mientras tanto, nosotros pisamos el acelerador y así, cada año que pasa, el día que marca el umbral de la sobreexplotación llega antes: en 2014 ese día fue el 19 de agosto, mientras que en 2005, hace una década, llegamos a ese umbral el 20 de octubre. A este paso, en 2030 el 'overshoot day' tendrá lugar dentro de los 6 primeros meses del año.

Aunque estemos en agosto y de vacaciones, creo que este tema merece un poco de reflexión por nuestra parte. Al fin y al cabo, es de sentido común. De donde no hay, no se puede sacar. Y los límites del crecimiento están ahí y no podemos ignorarlos. No podemos fiar todo a una optimista y ciega esperanza en que el problema se resolverá a través de fantásticos adelantos científicos que están por llegar. Por lo pronto, tendríamos que ser previsores y salvaguardar nuestro entorno para las próximas generaciones, algo de lo que depende su esperanza de vivir una vida con unos derechos sociales y políticos al menos similares a los de nuestra generación. Para solucionar un problema, el primer paso es reconocer que existe. Y por lo que se ve, aún queda mucho trabajo por hacer para superar ese primer paso.

La confluencia, que ha demostrado su plena validez con iniciativas como 'Barcelona en Comú' o 'Ahora Madrid' en las pasadas elecciones municipales, es una apuesta decidida para lograr unos resultados electorales que puedan suponer la oportunidad real de hacer cambios de calado en un sistema con evidentes disfunciones y que se ha revelado incapaz de garantizar un mínimo de dignidad al conjunto de la ciudadanía que debería proteger. El gran descenso en el poder adquisitivo de una parte de la sociedad, el empobrecimiento paulatino de mucha gente que sufre el azote del desempleo, la pérdida de derechos laborales y sociales o los recortes en sanidad o educación, han creado el caldo de cultivo ideal para que amplios sectores de la sociedad tomen conciencia de que un cambio más o menos radical (eso ya se verá) es posible y deseable.

Hace unas semanas se conocía la creación de una plataforma de confluencia promovida desde la base de la sociedad, 'Ahora en Común', una iniciativa ciudadana que pretende repetir en las generales el éxito de las plataformas municipales que han logrado gobernar ciudades tan importantes como Madrid o Barcelona y que, en general, obtuvieron resultados que les han permitido estar presentes en infinidad de ayuntamientos de ciudades y pueblos. Ha sido una iniciativa bien recibida por agentes que promueven una radical profundización democrática, aunque no lo haya sido tanto por la cúpula de Podemos, a pesar de que mucha gente que milita en el partido de Pablo Iglesias participe de hecho en construir esa alternativa ciudadana.

Parece que los dirigentes nacionales de Podemos continúan apostando por su estrategia de presentarse en solitario, con la intención de llegar al gobierno o, al menos, sustituir al PSOE en la zona izquierda del bipartidismo. Pero los números tampoco cuadran y esa apuesta puede convertirse en un fracaso, no solo de Podemos, sino de todas las fuerzas y movimientos sociales que de verdad quieren cambiar el panorama político español en base a políticas progresistas que corrijan los estragos que se han cometido desde los partidos que nos han impuesto sus políticas neoliberales. Solamente un proceso amplio de confluencia, no solo de partidos, sino de organizaciones y movimientos sociales e incluso de personas a título personal, podría conseguir unos resultados electorales realmente relevantes. Y al contrario: sin confluencia, el esfuerzo habrá sido en vano y no cambiará nada en absoluto.

En Euskadi también se han comenzado a dar pasos en este sentido. Una posible confluencia de partidos como los que componen Bildu, Podemos, Ezker Anitza, Equo, M+J y otros, a los que habría que sumar asociaciones y movimientos sociales, sería una apuesta muy sería incluso de cara a las autonómicas del próximo año y pondría las bases para un cambio en Euskadi como el que está viviendo Navarra estos días. No es una empresa fácil y habría que superar diferencias y desconfianzas, egos y cálculos partidistas, pero el objetivo es tan importante que vale la pena apostar por él y por limar asperezas. Se ha demostrado ya que es posible hacerlo y solamente hay que repetir o mejorar una fórmula que permita abrir un paraguas amplio en el que cobijar a esas fuerzas del cambio que la sociedad, también la vasca, reclama. Los próximos meses van a ser claves para conformar esa confluencia, lleve el nombre que lleve, y para retratar donde está cada uno y que intereses les mueven realmente.