El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha presentado el Proyecto de Ley del Código Penal como un texto avanzado, destacando su “flexibilidad”, así como que busca la reinserción como fin último.

En realidad se dice flexibilidad cuando debería decirse “ambigüedad”. Una de las medidas de seguridad que sufre un salto cualitativo trascendental es la 'libertad vigilada'. La definición de lo que es ha desaparecido en el Proyecto de Ley de reforma del Código Penal. Los términos de la medida en el proyecto de ley actual son incluso más vagos e indefinidos que en la actual regulación. En estos tres años de vigencia desde que fue introducida en la reforma de 2010, no nos consta ningún examen o dato que permita evaluar la incidencia que ha tenido, si ha sido eficaz y, en definitiva, que justifique la necesidad de la actual reforma. Sin embargo, se amplían de forma extraordinaria e indiscriminada los supuestos –incluidos aquellos de menor gravedad– a los que sería aplicable la libertad vigilada como medida de seguridad, solapándose –además– con otras penas y medidas.

Se fundamenta, en la exposición de motivos, “la imposición de una medida de seguridad” en la necesidad de “compensar, al menos parcialmente,” la peligrosidad del sujeto. El Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa ha mostrado particular preocupación por el riesgo de decisiones arbitrarias que pudiera surgir a la hora de evaluar la peligrosidad del infractor, porque “la peligrosidad” no es un concepto legal claro, además de ser un término científico vago.

Igualmente, a la luz de la argumentación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el asunto James, Wells y Lee c. Reino Unido (2012), cuando se incrementa la presión del sistema penal con justificación en la prevención de la peligrosidad, las medidas tienen que ir acompañadas de un sistema de ejecución realista y viable orientado a la rehabilitación y reinserción, incluida la dotación presupuestaria y los recursos humanos necesarios. Todo lo contrario que la nueva regulación, que incidirá negativamente en el acceso por parte de los penados a los beneficios penitenciarios (permisos de salida, progresión a tratamiento en régimen abierto o a la libertad condicional, por ejemplo) tendentes precisamente a prepararse para su vida en libertad, es decir, para su reinserción en la sociedad. El TEDH también ha afirmado que el deber de prevenir no permite a los Estados proteger a individuos frente a actos delictivos de una persona mediante medidas que contravengan los derechos humanos de tal persona (asunto O.H. c. Alemania). En fin, que no por ser una medida no privativa de libertad debería tratarse con tanta ligereza y arbitrariedad.

El proyecto de ley incorpora –por primera en nuestro país desde la restauración democrática– la cadena perpetua, eufemísticamente llamada 'pena de prisión permanente revisable'. Se prevé este tipo de pena, de duración indeterminada, para seis tipos delictivos: genocidio, crímenes de lesa humanidad, magnicidio, asesinato (siempre que la víctima sea menor de 16 años o especialmente vulnerable, así como cuando el asesinato viniera precedido de una agresión sexual) y homicidios o asesinatos cometidos por quien forme parte de una organización criminal.

La regla general es que para que pueda concederse la libertad condicional a un condenado a prisión permanente, éste habrá tenido que cumplir ya 25 años de condena, haber obtenido la clasificación en tercer grado (régimen de semilibertad) y tener un pronóstico favorable de reinserción. No obstante, esta regla general incorpora una salvedad, por cuanto remite al artículo 78 bis, que prevé plazos específicos para progresar al tercer grado penitenciario (requisito para poder optar a la libertad condicional) cuando el preso haya sido condenado por más de dos delitos. Nos encontramos así con que quienes hubieran sido condenados por dos delitos o más, estando uno de ellos castigado con la pena de prisión permanente y sumando el resto de penas más de 25 años de prisión, no podrían optar a la libertad condicional hasta que hubieran cumplido efectivamente 34 años de cárcel. Para que les fuera concedida la libertad condicional, tendrían que contar con un pronóstico de reinserción favorable.

Ni la jurisprudencia ni los instrumentos internacionales prohíben la cadena perpetua, ni siquiera se pronuncian expresamente en contra. Ahora bien, la compatibilidad de las penas indeterminadas y perpetuas con los textos y tratados protectores de los derechos humanos exige que se prevea un mecanismo de revisión de la pena, y con ello la posibilidad de que sea otorgada la libertad condicional al preso. El TEDH ha reiterado que esa posibilidad de acceder a la libertad condicional ha de ser realista. Esto es, que la opción de que la condena sea revisada ha de dar al preso una esperanza suficientemente creíble como para que éste trabaje efectivamente en su reinserción. Sin embargo, cuando el límite para poder acceder eventualmente a esa libertad condicional se sitúa en 34 años de reclusión, difícilmente se va a encontrar la esperanza y el empuje para lograr ese pronóstico de reinserción favorable que se exige para la concesión de la suspensión de la pena.

Es notable la tendencia internacional hacia el acortamiento de estas penas buscando que la “perpetuidad” no sea tal y no equivalga, de hecho, a 'esconder' a los condenados en prisión, con el único horizonte de morir entre rejas. Por ello, tanto el Consejo de Europa como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas incluyen en varias de sus Recomendaciones a los Estados que éstos busquen formas de lograr el objetivo de reinserción, que arbitren mecanismos que permitan a los condenados a penas a perpetuidad aspirar a y obtener la libertad condicional.

La Resolución (2) de 1976 del Consejo de Ministros del Consejo de Europa recomienda que se dé la libertad condicional tan pronto como exista un pronóstico de reinserción favorable. La Recomendación 2003 (23) enfatiza que no hay que perder de vista el objetivo de reinserción social de los condenados, incluso cuando estén cumpliendo penas a perpetuidad, puesto que la finalidad de estas penas es también la preparación para la vida en sociedad. Y que en estos casos la posibilidad de obtener la libertad condicional ha de existir del mismo modo que existe para los condenados a penas de duración determinada y más corta. En el mismo sentido, la Observación General núm. 21 del Comité de Derechos Humanos al artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que ningún sistema penitenciario debe girar únicamente en torno al castigo, sino que tal sistema debe tener por objetivo esencial la reeducación y la readaptación social del preso.

Ello es así porque se entiende que cuando un preso no tiene posibilidad ni esperanza de obtener la libertad, de volver a participar de una vida en sociedad, se le está dando un trato inhumano. Es desde la dignidad humana y la prohibición de las penas y tratos inhumanos y degradantes desde donde hay que contemplar la cadena perpetua o prisión permanente.

En fin, la “auténtica transformación” que vende el Gobierno en la realidad se traduce en un puro y duro incremento de la dureza del reproche penal. El Proyecto de Ley de reforma del Código Penal renuncia al fin último de la reinserción, que exigen tanto nuestra Constitución como los instrumentos internacionales protectores de los Derechos Humanos.

Veamos a continuación tres ejemplos clamorosos:

1. Tasas judiciales. Hace más de un año entró en vigor la “Ley de Tasas” que obliga en todo tipo de asuntos (menos los penales) a “pasar por caja”, salvo que al ciudadano se le conceda la justicia gratuita para plantear cualquier tipo de demanda o recurso.

Que a usted no le paga su inquilino, o que ha hecho una instalación eléctrica y no se la pagan, o que se va a divorciar y no puede hacerlo de mutuo acuerdo, o que es un “preferentista”, o que tiene que impugnar una herencia o… Tendrá que pagar por presentar el pleito una tasa mínima entre 150 y 300 euros (como mínimo, porque va en función de la cuantía del pleito; a más dinero en juego, más tasa). Por supuesto, todo ello aparte de los honorarios del abogado y/o procurador que hay que contratar (a veces, además, hay que pagar a peritos). Aunque se gane el pleito, esa tasa nunca se recuperará porque es para el Estado. Y ojalá no le toque presentar un recurso, porque según el tipo de procedimiento y de recurso tendrá que pagar 200, 350 u 800 euros (1.200 si hablamos de recurso de casación ante el Tribunal Supremo). Como mínimo, pues también hay un incremento en función de la cuantía que se discute en el pleito. ¿Es razonable que si alguien reclama una deuda de, digamos 3.000 euros, pero el juez no le da la razón en primera instancia, tenga que gastar 800 euros de tasa por recurrir en apelación, además de tener que pagar a abogado y procurador para que le tramiten el recurso? Pues no.

Visto el panorama es verdad que se está reduciendo la “litigiosidad”. Cómo no. Si acceder a los tribunales cada vez es más caro, el ciudadano de a pie se lo tendrá que pensar muy mucho antes de “pedir justicia”. Por ejemplo, según estadísticas recientes del Consejo General del Poder Judicial en el orden administrativo (especialmente afectado por las tasas, porque ahí todo es vía recurso) se han registrado un 15,5% menos de asuntos. Aunque los ciudadanos siguen recibiendo multas de todo tipo, recurrirlas se ha convertido en un lujo. Un problema que, obviamente, no afecta a aquéllos que disponen de mejor fortuna y pueden seguir ejercitando acciones legales sin que el pago de tasas judiciales les suponga demasiado quebranto.

2. Proyecto de Ley de Justicia Gratuita. El Congreso de los Diputados discute ahora mismo el Proyecto de ley que presentó el Gobierno para modificar la Ley de Justicia Gratuita y que éste ha pretendido vender como una mejora. Falso de solemnidad. La justicia gratuita será para unos pocos, para menos de los que ahora mismo pueden acceder a ella. De acuerdo, se sube un tanto (en general) el techo límite de los ingresos por debajo del cual se puede pedir abogado de oficio, pero este nuevo escenario perjudica claramente a los ciudadanos sin familia: más de 3.000 euros de ingresos anuales les separan del techo señalado para los que convivan en pareja, aun sin hijos.

Pero es que, además, habrá muchos que se queden sin justicia gratuita porque si se considera que el ciudadano tiene “patrimonio suficiente” también se le denegará, a pesar incluso de no llegar a estos techos máximos. Por ejemplo, los ciudadanos sin familia y con un mínimo de 12.780 euros de ingresos anuales brutos independientemente de cuáles sean sus gastos, y los trabajadores autónomos, cuya propia actividad de por sí genera gastos.

Esto nos parece importante. En el actual contexto de precariedad económica, habrá ciudadanos que, más allá de la vivienda habitual (lo único que no se considera “patrimonio suficiente”), tengan, por ejemplo, un coche y/o una segunda vivienda que muy probablemente estén aún pagando. Es decir, tienen alguna propiedad, pero están viviendo del subsidio del desempleo o tienen un trabajo precario que no les permite la liquidez suficiente para afrontar los costos de un proceso judicial (abogados, procuradores, tasas…). Pues, según el Proyecto del gobierno, a pesar de su insuficiencia de ingresos no podrán disponer de justicia gratuita porque tendrían “patrimonio suficiente”.

Tampoco parece correcto que si el criterio para conceder o no la justicia gratuita es (y debe ser) la capacidad económica del ciudadano, el Proyecto de Ley se la conceda sin más con independencia de sus medios económicos a las víctimas de sólo algunos delitos (violencia de género, de trata, de terrorismo…) y a algunas organizaciones (de consumidores, de personas con discapacidad, de víctimas del terrorismo, Cruz Roja…). Pero, ¿qué pasa con las demás? O todos o ninguno. Lo lógico sería que el criterio fuera siempre y en todo caso, en función del nivel de recursos económicos.

3. Al gobierno no le gusta la acción popular. La acción popular es un mecanismo que ha marcado muchos hitos en la persecución de crímenes muy graves frente a los que muchas veces las víctimas directas no disponen de los medios o apoyos necesarios para denunciar. Ahí han estado y están desde hace años muchas ONGs y movimientos sociales impulsando y participando en procedimientos judiciales a través de la acción popular, un mecanismo que prevé la propia Constitución de manera que cualquier ciudadano pueda ejercitarla, aunque no sea el directamente perjudicado por el delito.

Pero parece que al Gobierno le perturba que haya procedimientos judiciales con activa presencia de acciones populares (casos Bárcenas, Blesa, Guantánamo…) en procedimientos incómodos para la clase política. Por este motivo ya han avanzado recortes. Por ejemplo, en marzo pasado se aprobó una reforma exprés que afectaba a la “jurisdicción universal” donde se elimina toda posibilidad de que las denuncias las presente una acción popular. Ahora se exige querella y que sea presentada por el fiscal o por una víctima directa.

Además, el Gobierno prepara una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal donde aprovecha para “redefinir” la acción popular para “evitar abusos”. En esa redefinición, se prevé excluir que pueda ejercerla “cualquier persona jurídica pública o privada” (es decir, las organizaciones, salvo algunas excepciones incomprensibles) y se aplica para delitos muy contados, dejando fuera, por ejemplo, gravísimos crímenes internacionales y contra la Humanidad. Es decir, no redefinimos, sino que eliminamos la posibilidad de que iniciativas ciudadanas, ante la pasividad de la Fiscalía o ante la imposibilidad de las víctimas, persigan graves crímenes y violaciones de derechos humanos.

Con ejemplos como los que acabamos de ver, ¿pretenden los gobernantes que los ciudadanos confíen en el sistema de justicia cuando nos despertamos un día sí y otro también con más trabas para acceder a ella?