Las legislaciones restrictivas en materia de aborto no garantizan ni un menor número de abortos y, a la vez, restringen en exceso los derechos de las mujeres, como ha afirmado el Comité de asuntos sociales, salud y familia de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Tanto es así que 4 de las sentencias más relevantes que ha dictado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo) en relación con el aborto han sido, precisamente, contra los dos Estados que actualmente cuentan con las legislaciones más restrictivas en esta materia: Irlanda y Polonia. A sus legislaciones es hacia donde tiende el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y derechos de la mujer embarazada. Por ello, lo que hasta ahora ha dicho el TEDH es de absoluta relevancia ya que es el estándar europeo respecto del que debe responder el Estado español.

Así, pese a no haber llegado a reconocer el derecho al aborto como tal, el Tribunal Europeo afirma que cuando los Estados permiten, sea en el grado que sea, el acceso al aborto tienen la obligación de crear un marco jurídico y poner en marcha un proceso o mecanismo que permita a las mujeres ejercer de forma efectiva y real su derecho de acceso a un aborto legal. Según el TEDH, si bien los Estados gozan de un margen de apreciación sobre las circunstancias bajo las cuales está permitido abortar, el marco jurídico establecido para ello debe estar configurado o estructurado de una manera coherente que permita ponderar adecuadamente los diferentes intereses legítimos en juego de conformidad con las obligaciones derivadas de la Convención. El TEDH ha concluido que las “disposiciones legales aplicables deben ante todo definir claramente la situación de la mujer embarazada respecto a la Ley. (...) Una vez que el legislador ha decidido autorizar el aborto, no debe concebir el marco jurídico correspondiente de manera que limite en la realidad la posibilidad de obtener el acceso a tal intervención” (asunto Tysiąc contra Polonia).

En esta línea, los criterios de medir o determinar el riesgo o peligro para la vida y salud de la mujer tienen que ser claros y precisos. Los términos vagos y amplios pueden generar incertidumbre en cuanto a su aplicación precisa. La claridad de la norma y del proceso es esencial, no sólo para facilitar a la mujer la toma de una decisión informada sino también para que los médicos sepan como deben proceder.

Igualmente, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, por restringido que sea, debe estar desprovisto de obstáculos para la mujer que decida abortar. Así, el acceso debe ser efectivo y, por tanto, debe garantizarse un aborto seguro, asequible, aceptable y apropiado. Por ello, son incompatibles con las obligaciones internacionales las legislaciones nacionales que, en la práctica, obstaculizan a las mujeres abortar por la falta de centros de salud locales, la falta de médicos que quieran realizar abortos, el número de consultas médicas exigidas, el tiempo previsto para cambiar de opinión o el tiempo de espera para la realización del aborto, ya que todo ello dificulta o incluso impide en la práctica el acceso seguro, aceptable y apropiado al aborto. Este estándar de actuación es tan relevante que el TEDH condenó a Polonia por tratos inhumanos y degradantes por dificultar hasta el extremo la posibilidad de abortar de una joven (R.R. y P. y S. contra Polonia).

Un aspecto crucial a cuyo respecto el Anteproyecto de Ley es del todo silente es ¿qué sucede en caso de opiniones divergentes entre los médicos, o en el caso en que la mujer discrepe con las opiniones de éstos? La jurisprudencia del TEDH en el asunto Tysiąc establece con claridad cuáles son los estándares relativos a la revisión de decisiones divergentes. En términos generales, el TEDH ha reiterado que las medidas que afecten derechos humanos fundamentales están sujetas a algún tipo de proceso ante un órgano independiente competente para revisar las razones y las pruebas relevantes. En el contexto relativo al aborto, tal proceso debería garantizar, al menos, el derecho de la mujer a ser escuchada así como a que se tomen en consideración sus opiniones. La ausencia de tales procesos en la legislación doméstica puede equivaler a una falta de cumplimiento del Estado con sus obligaciones positivas bajo el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En cuanto al tema de la objeción de conciencia, según el TEDH, los Estados están obligados a organizar su sistema de salud de tal manera que se garantice que el ejercicio efectivo de la libertad de conciencia por los profesionales sanitarios no impida a los pacientes obtener acceso a los servicios a los que tienen derecho según la legislación vigente. Por tanto, el derecho de objeción de conciencia debe conciliarse con los intereses del paciente y los Estados tienen la obligación de garantizar que las mujeres obtienen los servicios de aborto a pesar de la objeción por parte de profesionales de salud (asuntos R.R. y P. y S.)

Una comparativa del anteproyecto con este contexto normativo de referencia nos permiten ver la vaguedad con la que está redactado el Anteproyecto de Ley de reforma del aborto en relación con los supuestos en los que se considera que la madre está en riesgo y, por tanto, no casan con la claridad y precisión exigida por el TEDH. Asimismo, los 7 días de período de “reflexión” de la mujer embarazada podrían ser incompatibles con la obligación de no obstaculizar el acceso de ninguna forma. Como se ha visto, tampoco prevé el Anteproyecto un mecanismo rápido y adecuado para resolver el conflicto entre los informes médicos que tenga, además, en cuenta la opinión de la mujer. En la misma línea, la objeción de conciencia reconocida en el Anteproyecto, no debe, en ningún caso, suponer un obstáculo para el acceso a la interrupción del embarazo.

En definitiva, cualquier obstáculo o barrera que en la práctica impida un acceso real al aborto legal supone incumplir las obligaciones del Estado de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España. Además, en la medida que tales obstáculos tengan un impacto desproporcionado en mujeres pertenecientes a los grupos y socialmente más desfavorecidos y marginados también supondrá una clara discriminación que está prohibida por las normas internacionales. Como se observa, si se aprueba el Anteproyecto, pasaremos de tener una legislación respetuosa con los derechos de la mujer, clara, utilizada como modelo por el propio TEDH (asunto A, B y C c. Irlanda), a una legislación colocada entre las tres más restrictivas de nuestro entorno, con problemas de salida de compatibilidad con los estándares europeos en materia de derechos humanos.

Nota: Por todas estas razones seis organizaciones de derechos humanos (Alianza por la Solidaridad; el Centro de Derechos Reproductivos; EuroNGOs; la Federación de Planificación Familiar Estatal; Human Rights Watch y Rights International Spain) hemos calificado el proyecto legislativo como una “grave amenaza para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres” y hemos instado al Ministro de Justicia a retirarlo.seis organizaciones de derechos humanoshemos instado al Ministro de Justicia a retirarlo

Los dos primeros años de esta legislatura se han caracterizado por una actividad legislativa frenética, con importantes consecuencias para los derechos y las libertades civiles, así como para las garantías de los ciudadanos ante la justicia. Es importante que todos entendamos que las reformas emprendidas por el Gobierno no pueden verse como acciones aisladas, sino que están íntimamente vinculadas y tienen un mismo objetivo: debilitar el Estado de Derecho. El estado de Derecho se asienta sobre dos pilares fundamentales. Por un lado, el respeto, la promoción y la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos y, por otro, un Poder Judicial fuerte e independiente, que proteja esos derechos. Las reformas del Gobierno afectan por igual a ambos pilares.

Quizás sea más ilustrativo si seguimos la cronología completa de estas reformas. Desde principios de 2012, el Ministro de Justicia venía anunciando una reforma del Código Penal. El Anteproyecto de Ley se aprobó en octubre de 2012. En otoño de ese mismo año se debatía en el Congreso la Ley de Tasas Judiciales que finalmente entró en vigor en diciembre. Ese mismo mes se publicó en el B.O.E la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que acababa con los puestos de aproximadamente 1.200 jueces sustitutos. En enero de 2013 conocíamos el borrador del nuevo código penal procesal y, en noviembre de 2013, se aprobó el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. En febrero de 2014 llegó al Congreso el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, a la par que, en apenas dos meses, se aprobaba la reforma de la justicia universal en marzo. La última en llegar en esta carrera legislativa ha sido una nueva reforma integral de la LOPJ en abril de 2014.

Frente a una sociedad civil que protesta y se moviliza pacíficamente, el Gobierno ha respondido con multas, detenciones y acusaciones. Como la Justicia ha reaccionado protegiendo los derechos en juego (anulando multas, legitimando protestas pacíficas, etc.), el Gobierno ha endurecido su respuesta y ha buscado eliminar los elementos incómodos. Si los ciudadanos se expresan y protestan, se reforma el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, criminalizando la protesta social pacífica. Como los jueces protegen a quienes ejercen sus derechos fundamentales, se transforman faltas en infracciones administrativas para que sea la Administración la que imponga directamente las sanciones. 

Para debilitar al Poder Judicial, se ha eliminado el 20% de las personas que administran justicia a pesar del evidente colapso del sistema judicial. Como los trabajadores, los desahuciados y los preferentistas reclaman, se introducen tasas judiciales. Se impone el pago obligatorio de una tasa judicial a toda aquella persona que quiera demandar o recurrir una decisión judicial, tasa que no se recupera aunque se gane, dificultando así el acceso de los ciudadanos a los tribunales. Se pretende también elevar los actuales umbrales y exigencias para acceder al derecho de asistencia jurídica gratuita. Al endurecer las condiciones para que se vea reconocida la insuficiencia de recursos, menos personas podrán beneficiarse de un abogado de oficio. 

Otro ejemplo de esta voluntad de impedir a la ciudadanía el acceso a los tribunales es la reforma de la acción popular que es el mecanismo por el cual la sociedad civil (ONGs, asociaciones, etc.) puede participar en el ejercicio de la acción penal.  Casos como los “papeles de Bárcenas”, Noos, o “Blesa al banquillo” han sido iniciativas ciudadanas que han ejercido la acción popular ante la pasividad de la fiscalía.

El Gobierno pretende quitar a los jueces la instrucción (la fase destinada a la investigación de los delitos) y dejarla en manos de fiscalía, que depende del Gobierno a través del Fiscal General del Estado. Además se quiere introducir un “principio de oportunidad”; es decir, tendrán la capacidad de decidir si resulta oportuno o no ejercer la acción penal y en contra de quién. Todo ello sin ningún mecanismo de control o contrapeso y sin garantizar la independencia de la Fiscalía respecto del poder ejecutivo. 

Finalmente, para cerrar el círculo y evitar que la sociedad pueda escuchar las opiniones críticas de los profesionales de la justicia, se pretende limitar el derecho a la libertad de expresión de jueces y fiscales, así como de sus asociaciones, y su derecho a participar en la vida pública.

Desde RIS llevamos dos años aportando análisis respecto de estas reformas, contando también con la colaboración de juristas y expertos que nos han ayudado a explicar lo que aquéllas implican para los ciudadanos. Ello nos ha permitido constatar que todas estas reformas comparten importantes deficiencias: falta de justificación debida y razonable, ausencia de una necesidad social apremiante que les otorgue legitimidad, una redacción que se caracteriza por la imprecisión de los términos, restricciones desproporcionadas de derechos fundamentales; todo lo cual las convierte en discriminatorias.

El Gobierno, sin duda, tiene un plan, pero es cortoplacista y se está llevando a cabo a través de una técnica legislativa muy criticable. El ejecutivo no ha recabado la participación de expertos durante los trámites de redacción de los anteproyectos. Incluso se ha recurrido a trámites de aprobación de urgencia, limitando con ello el debate público e ignorando las advertencias que se le venían haciendo respecto de las nefastas consecuencias de algunas de estas modificaciones normativas, como bien ejemplifica la reforma de la justicia universal que lo que ha conseguido es poner en la calle a narcotraficantes y enfrentar a jueces y fiscales. Todo ello como resultado de la obsesión por restringir los derechos de la ciudadanía, limitar el acceso de éstos a los tribunales, así como debilitar y controlar la acción de la Justicia.

Todas estas reformas, vistas en su conjunto, no protegen más al ciudadano ni fortalecen nuestro estado de Derecho. Todo lo contrario, se está legislando en contra del ciudadano y para proteger a los poderes públicos y autoridades. Se está desmantelando nuestro estado de Derecho.

Desde RIS, nos unimos a los esfuerzos de otros colectivos en la lucha contra estas reformas,  y es con esta intención que ha nacido la campaña informativa #SinJusticia. Para mostrar las conexiones entre las diferentes reformas, que todos estemos informados y actuemos juntos para defender nuestro estado de Derecho.

En junio de 2013 el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Seguridad Privada que en la actualidad se encuentra en trámite parlamentario. Una de las perspectivas desde la que debe estudiarse este proyecto legislativo es su compatibilidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, compatibilidad que exige nuestra propia Constitución, y que es el objeto de este artículo. Pues bien, desde dicha perspectiva internacional deben concurrir dos aspectos fundamentales en las normas que regulan las actividades de empresas seguridad privada para ser consideradas compatibles con los estándares internacionales en la materia: el respeto por los derechos humanos y la supervisión de las actividades de tales empresas por parte de un órgano independiente de rendición de cuentas.

Lo cierto es que la necesidad de regular y controlar las empresas de seguridad privada ha sido un tema central para la ONU en la última década. Como muestra, las palabras del presidente del Grupo de Trabajo, ante la Asamblea General, quien afirmaba en noviembre de 2013 que “Proporcionar seguridad es un derecho humano y una responsabilidad fundamental de los Estados”. También puso de relieve la insuficiencia de las normas nacionales para abordar los desafíos que suponen las empresas militares y de seguridad privadas debido, entre otros, a la ausencia de mecanismos efectivos y transparentes así como de remedios efectivos para hacer frente a violaciones de derechos humanos. Ello porque sin un control y una supervisión efectivos, las actividades de tales empresas pueden suponer un aumento de inseguridad y entrañar un riesgo mayor de violaciones de derechos humanos, socavando gravemente el Estado de Derecho.

Ya en 2005 se creó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación en virtud de la Resolución 2005/2 de la entonces Comisión de Derechos Humanos. Aunque entre sus tareas principales estaba la de monitorear y promocionar la ratificación de la Convención contra el Reclutamiento, Uso, Financiamiento y Entrenamiento de Mercenarios de 1989 (que entró en vigor en 2001), el trabajo del Grupo rápidamente pasó a centrarse también en el examen de las actividades de las empresas que proporcionan servicios de seguridad a nivel nacional y que ejercen funciones que eran tradicionalmente del Estado, como lo es el uso de la fuerza.

Más tarde el Grupo de Trabajo lideró y preparó un Proyecto de una posible Convención sobre las Empresas Militares y de Seguridad Privadas (EMSP) que fue presentado al Consejo de Derechos Humanos en julio de 2010. En octubre de ese mismo año, el Consejo de Derechos Humanos aprobaba una Resolución para “establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta con el mandato de estudiar la posibilidad de elaborar un marco normativo internacional, incluida, entre otras, la posibilidad de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante, para la regulación, el seguimiento y la supervisión de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas, incluida la rendición de cuenta de estas empresas, teniendo en consideración los principios, los elementos principales y el proyecto de texto propuestos por el Grupo de Trabajo”. España fue uno de los Estados que votó en contra de la misma.

Complementando este proceso, en noviembre de 2010 se estableció un Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada, auspiciado por el gobierno de Suiza y el Centro para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas (DCAF) y que establece principios relativos al uso de la fuerza, selección y capacitación del personal, mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, etc. A fecha de agosto de 2013, solamente una empresa española ha firmado el Código.

En su labor de investigación e identificación de tendencias y cuestiones emergentes relacionadas con las empresas de seguridad privadas, el Grupo de Trabajo ha realizado un estudio de los marcos normativos nacionales. Para ello el Grupo envió en 2012 un cuestionario a todos los Estados Miembros de la ONU para recabar copias de todas las leyes y reglamentos relativas a estas empresas. Por la información publicada en la web del Grupo parece que España no ha contribuido a dicho estudio ni con la actual Ley de Seguridad Privada de 1992 ni con el Anteproyecto de Ley.

Volviendo al Proyecto de una posible Convención Internacional sobre EMSP, son varias las disposiciones del Proyecto de Convención que se refieren al deber de respetar los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y de capacitación o formación de los empleados de las EMSP (artículos 1(2), 7(1), 17(2) y (3), 18). Para garantizar el respeto de los Derechos Humanos en el ejercicio de las funciones de las EMPS, los Estados tienen la obligación de formar al personal de las EMPS tanto en materia de Derechos Humanos como en el uso de la fuerza para evitar o prevenir un uso arbitrario de la fuerza. Otro aspecto fundamental del Proyecto de Convención es la creación de un mecanismo nacional independiente de rendición de cuentas que supervise las actividades de las EMPS, incluida la investigación efectiva de violaciones de los derechos humanos, sin que se pueda recurrir “a acuerdos de inmunidad” (artículos 5(2), 16(3), 18(7), 19 y 20).

Aunque se trate de un mero Proyecto de Convención, las reglas, principios y disposiciones contenidas en el mismo tienen la consideración de “buenas prácticas” y nada impide que sean incorporadas en las normativas nacionales de los Estados. En España, como decíamos al comienzo, el Congreso se encuentra en la actualidad debatiendo el proyecto de Ley de Seguridad Privada. Y, respecto de los dos puntos fundamentales señalados, Derechos Humanos y mecanismos de supervisión-rendición de cuentas, el Proyecto de Ley de Seguridad Privada no prevé nada al respecto, es silente.

Los autores, miembros de Rights International Spain, analizan la propuesta de reforma de la jurisdicción universal planteada por el Partido Popular

El pasado octubre, la Audiencia Nacional estimaba el recurso de apelación presentado por los querellantes en el asunto Tíbet, y así ordenaba tener por ampliada la querella por supuesto delito de genocidio respecto de Hu Jintao, expresidente de la República Popular China.

En noviembre, la Audiencia resolvía librar comisión rogatoria a las autoridades chinas con el fin de notificar la querella a Hu Jintao. Además, volvía a estimar otro recurso de los querellantes, dando luz verde a la solicitud de órdenes de busca y captura frente a los querellados iniciales (entre ellos, Jiang Zemin, expresidente de China y secretario del Partido Comunista Chino).

Inmediatamente se reactivaron las protestas de las autoridades chinas, acompañadas de la advertencia de que esperaban que no se hiciera nada que dañase “la relación entre China y España”. Al día siguiente recogían algunos medios que nuestras autoridades habían respondido que “en España hay división de poderes y el Ejecutivo no puede interferir en decisiones judiciales”. Para a renglón seguido, y sin sonrojo aparente, avanzar que, en consecuencia, se estaba ya barajando reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para “limitar el alcance de la jurisdicción universal”. Aquella suerte de aviso fue adquiriendo entidad plena en las semanas siguientes.

Lamentablemente (casi), nada nuevo. Sin poder detenernos en la anterior reforma que padecimos en 2009, todos recordamos cómo poco antes de iniciarse formalmente, la entonces ministra de Asuntos Exteriores de Israel, Tzipi Livni, declaraba públicamente que el ministro Moratinos le había prometido que se modificaría la ley para evitar el enjuiciamiento de militares israelíes por su supuesta responsabilidad en el bombardeo del barrio Al-Daraj de Gaza.

Tan satisfechos como la señora Livni debieron de quedar las autoridades de otros países, China también entre ellos, cuando de la mano del PSOE y el PP en octubre de aquel año quedó aprobada dicha reforma. Más aun cuando en su virtud se fueron archivando diversas causas en la Audiencia Nacional, aunque no todas (todavía).

El 17 de enero pasamos de los avisos y rumores al hecho consumado. Así, se conoció que aquel día el Grupo Parlamentario Popular había registrado la Proposición de Ley de modificación de la LOPJ, relativa a la jurisdicción universal. En su Exposición de Motivos pudimos leer entonces que ello se hacía porque, “cuatro años” después de la anterior reforma, “la realidad ha demostrado que hoy en día la jurisdicción universal no puede concebirse sino desde los límites y exigencias propias del Derecho internacional”.

Nada se dice respecto a cuál es esa “realidad”, ni se explica cómo es posible entonces que antes la jurisdicción universal se concibiera y aplicase fuera de esos “límites y exigencias”. Pero sí se añade que dicha jurisdicción “debe venir legitimada y justificada por la existencia de un tratado internacional que lo prevea o autorice, el consenso de la Comunidad Internacional”.

Esta última frase daría para mucho, pero quedémonos con eso del “consenso de la Comunidad Internacional”. Al respecto, valga recordar que éste quedó plasmado precisamente en, por ejemplo, un instrumento que se cita expresamente en la Exposición de Motivos: el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Su Preámbulo afirma que “los crímenes más graves de trascendencia para la Comunidad Internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia”; así como que “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”.

Por otro lado, España, ciertamente, es parte de los principales tratados internacionales de derechos humanos y de Derecho humanitario. Aquí no podemos citarlos todos, ni compararlos con todas las disposiciones de la Proposición de Ley. Pero al menos refiramos un ejemplo sencillo, como lo es lo previsto en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949.

En concreto, recoge el texto común a los arts. 49 del primer Convenio, 50 del segundo, 129 del tercero y 146 del cuarto que “cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves [”crímenes de guerra“], y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad”.

Bien, pues según la modificación propuesta, en el caso de los tribunales españoles esto no será así, ya que se señala que sólo serán competentes si el presunto criminal es un español o un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o un extranjero que se encontrase en nuestro país y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.

Una casualidad debe de ser que la Proposición de Ley exija también que, para que los tribunales españoles puedan ejercer la jurisdicción universal respecto del delito de genocidio, tampoco sea ya suficiente con que la víctima fuera española. Como casual ha de ser también que respecto del delito de tortura se exija lo mismo o que la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y que el presunto responsable se encuentre en España.

¿Tendrá todo esto algo que ver con que en la Audiencia Nacional se encuentran abiertos procesos que no cumplirían estas nuevas exigencias, contra, ya dijimos, supuestos responsables de genocidio chinos o, por ejemplo, contra varios funcionarios estadounidenses acusados de la autoría intelectual de la base jurídica que permitió instaurar un plan sistemático de torturas y trato cruel con los detenidos en la base de Guantánamo?

Con leer la Disposición Transitoria Única, tenemos una respuesta más que probable: “Las causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en tramitación por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella”. En menos palabras, carpetazo para todos estos procesos que siguen abiertos.

No menos preocupante es el propuesto como nuevo apartado 6 del art. 23.4 de la LOPJ, que dice así: “los delitos a los que se refieren los apartados 3 y 4 solamente serán perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal”.

Es decir, ya no cabrá la acción popular ejercida por la sociedad civil. Se restringe así el derecho previsto en nuestra Constitución para la defensa de intereses colectivos legítimos y que ha sido esencial en la lucha contra la impunidad. Sin olvidar, por otro lado, que el Ministerio Fiscal, como regla general, se ha opuesto siempre a la apertura de este tipo de casos.

Una casualidad será también que estos dos aspectos (restricción de la acción popular y principio de oportunidad del Ministerio Fiscal para ejercer o no la acción penal) formaban parte de la reforma en ciernes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sobre todo recordando que dicha reforma va muy despacio y se está encontrando con la oposición tanto de fiscales como de jueces. Y ahora aparece aquí, en una reforma exprés y ad hoc de la LOPJ.

En fin, la afirmación de que esta Proposición de Ley de reforma se justifica en la general necesidad de atender a “los límites y exigencias propias del Derecho internacional” es absolutamente insostenible. Si el Grupo Parlamentario Popular quiere modificar el principio de jurisdicción universal, debe explicar por qué, para qué y también y, sobre todo, para contentar a quién, sin subterfugios, llamando a las cosas por su nombre, sin tapujos; y muy especialmente, sin tratar a los ciudadanos como menores de edad. En suma, como se supone que ha de hacerse en una democracia.

Durante los últimos meses se han intensificado los controles internacionales respecto a las obligaciones españolas en materia de investigación de desapariciones forzadas.

Por una parte, en el mes de septiembre concluyó la visita a España del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, cuyo objeto formal básico fue “seguir el progreso de [España] en cumplir con sus obligaciones derivadas de la Declaración [sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas]”. Por otra, estos días se reunía el Comité contra la Desaparición Forzada para llevar a cabo la fase final del examen a España sobre las medidas adoptadas para cumplir con las obligaciones derivadas de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Estos textos, si bien no son idénticos ni intercambiables, sí coinciden plenamente en cuanto a su objeto y fin: ambos contienen la clara decisión y compromiso de “prevenir las desapariciones forzadas y luchar contra la impunidad en lo que respecta al delito de desaparición forzada, [asegurar] el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación [y] a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida”. Asimismo, ambos están llamados a cumplir su misión guiados por una “estrecha y coordinada cooperación”.

En sus Observaciones Preliminares del pasado 30 de septiembre, el Grupo concluyó que España había ignorado, y seguía ignorando, sus obligaciones internacionales en esta materia. Puso especial énfasis en señalar que la búsqueda de desaparecidos “no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado, [de hecho] parte de una política de Estado”. En materia de derecho a la justicia, comprobó y concluyó que “la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de una Ley de Amnistía han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura”.

En definitiva, el Grupo determinó que la combinación de argumentos utilizados para no llevar a cabo investigaciones penales (la prescripción, la muerte o el desconocimiento de los presuntos responsables, el hecho de que el carácter continuado de las desapariciones es una ficción jurídica inaceptable y la aplicación de la Ley de Amnistía) “es contraria a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España, incluida la Declaración”.

Por su parte, el Comité finalizará hoy, viernes, su dictamen, que es de esperar concluya en un sentido similar a como lo hizo el Grupo en septiembre. Es más, ante la realidad en nuestro país y la actitud y comportamiento de nuestro Estado, ninguna otra cosa, tristemente, cabe esperar.

Pero hay dos preguntas importantes que el Comité realizó al Estado español dentro del proceso de examen que, por cierto, éste se negó en primera instancia a responder y que será interesante saber cómo valora finalmente el Comité.

Las preguntas eran:

1.- Cómo “se llevaron adelante las investigaciones [relativas a denuncias sobre desaparición forzada]”.

2.- “Qué medidas lleva adelante actualmente [España] para la asistencia de los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el régimen de Franco en la búsqueda e identificación de los restos de sus seres queridos”.

Cuando finalmente el 23 de octubre España se avino a contestar, sus respuestas fueron:

Sobre la primera pregunta, que “se están recopilando datos sobre esta cuestión”.

En la segunda, se refirió, en esencia, a la conocida como “Ley de Memoria Histórica”. Y punto.

La única duda sobre el sentido de su dictamen radica en un aspecto técnico, relativamente complejo, respecto a la competencia que los Estados le concedieron al Comité (art. 35). Dado que la Convención entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, podría entenderse que la competencia de fiscalización del Comité empieza en la misma fecha, esto es, sólo podría conocer las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la Convención. Esta es la tesis mantenida por España. Sin embargo, nuestra opinión es que no cabe equiparar la aplicación temporal de un tratado, la Convención, y la competencia del órgano correspondiente de control, el Comité.

Por otra parte, tampoco cabe sostener que las obligaciones contenidas en este texto internacional sólo sean de aplicación respecto a las desapariciones que hubieran comenzado tras su entrada en vigor. No existe ninguna previsión que altere la regla general por la que la Convención debe aplicarse inmediatamente respecto a aquellas desapariciones que, aunque comenzaran cuando comenzasen, continúan cometiéndose tras su entrada en vigor; tampoco que modifique o limite temporalmente, de ningún modo, por poner un solo ejemplo, “la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida”, como recoge el artículo 24.6 de la Convención.

La postura de España, poco defendible desde un punto de vista jurídico, persigue, sin embargo, un fin muy concreto: el intento último de mantener que el Comité no puede de ninguna forma subrayarle a España ni cuáles son sus obligaciones internacionales de acuerdo a la Convención ni que éstas no se refieren sólo a las desapariciones que hubieran comenzado después de diciembre de 2010. En suma, que respecto al modo que ha tratado y trata a las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron en la Guerra Civil y el franquismo no pueda decirle nada. Postura que, a la postre, de salir adelante, lo que evitaría es que el Comité declarara que España no respeta la Convención.

Y la pregunta final no puede ser otra que la siguiente: ¿qué se conseguirá con esto? Obviamente, ni el reconocimiento a las víctimas de desaparición forzada, ni el respeto a sus derechos y a los compromisos internacionales adquiridos por España, ni, en suma, a nuestro Estado de Derecho.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha presentado el Proyecto de Ley del Código Penal como un texto avanzado, destacando su “flexibilidad”, así como que busca la reinserción como fin último.

En realidad se dice flexibilidad cuando debería decirse “ambigüedad”. Una de las medidas de seguridad que sufre un salto cualitativo trascendental es la 'libertad vigilada'. La definición de lo que es ha desaparecido en el Proyecto de Ley de reforma del Código Penal. Los términos de la medida en el proyecto de ley actual son incluso más vagos e indefinidos que en la actual regulación. En estos tres años de vigencia desde que fue introducida en la reforma de 2010, no nos consta ningún examen o dato que permita evaluar la incidencia que ha tenido, si ha sido eficaz y, en definitiva, que justifique la necesidad de la actual reforma. Sin embargo, se amplían de forma extraordinaria e indiscriminada los supuestos –incluidos aquellos de menor gravedad– a los que sería aplicable la libertad vigilada como medida de seguridad, solapándose –además– con otras penas y medidas.

Se fundamenta, en la exposición de motivos, “la imposición de una medida de seguridad” en la necesidad de “compensar, al menos parcialmente,” la peligrosidad del sujeto. El Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa ha mostrado particular preocupación por el riesgo de decisiones arbitrarias que pudiera surgir a la hora de evaluar la peligrosidad del infractor, porque “la peligrosidad” no es un concepto legal claro, además de ser un término científico vago.

Igualmente, a la luz de la argumentación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el asunto James, Wells y Lee c. Reino Unido (2012), cuando se incrementa la presión del sistema penal con justificación en la prevención de la peligrosidad, las medidas tienen que ir acompañadas de un sistema de ejecución realista y viable orientado a la rehabilitación y reinserción, incluida la dotación presupuestaria y los recursos humanos necesarios. Todo lo contrario que la nueva regulación, que incidirá negativamente en el acceso por parte de los penados a los beneficios penitenciarios (permisos de salida, progresión a tratamiento en régimen abierto o a la libertad condicional, por ejemplo) tendentes precisamente a prepararse para su vida en libertad, es decir, para su reinserción en la sociedad. El TEDH también ha afirmado que el deber de prevenir no permite a los Estados proteger a individuos frente a actos delictivos de una persona mediante medidas que contravengan los derechos humanos de tal persona (asunto O.H. c. Alemania). En fin, que no por ser una medida no privativa de libertad debería tratarse con tanta ligereza y arbitrariedad.

El proyecto de ley incorpora –por primera en nuestro país desde la restauración democrática– la cadena perpetua, eufemísticamente llamada 'pena de prisión permanente revisable'. Se prevé este tipo de pena, de duración indeterminada, para seis tipos delictivos: genocidio, crímenes de lesa humanidad, magnicidio, asesinato (siempre que la víctima sea menor de 16 años o especialmente vulnerable, así como cuando el asesinato viniera precedido de una agresión sexual) y homicidios o asesinatos cometidos por quien forme parte de una organización criminal.

La regla general es que para que pueda concederse la libertad condicional a un condenado a prisión permanente, éste habrá tenido que cumplir ya 25 años de condena, haber obtenido la clasificación en tercer grado (régimen de semilibertad) y tener un pronóstico favorable de reinserción. No obstante, esta regla general incorpora una salvedad, por cuanto remite al artículo 78 bis, que prevé plazos específicos para progresar al tercer grado penitenciario (requisito para poder optar a la libertad condicional) cuando el preso haya sido condenado por más de dos delitos. Nos encontramos así con que quienes hubieran sido condenados por dos delitos o más, estando uno de ellos castigado con la pena de prisión permanente y sumando el resto de penas más de 25 años de prisión, no podrían optar a la libertad condicional hasta que hubieran cumplido efectivamente 34 años de cárcel. Para que les fuera concedida la libertad condicional, tendrían que contar con un pronóstico de reinserción favorable.

Ni la jurisprudencia ni los instrumentos internacionales prohíben la cadena perpetua, ni siquiera se pronuncian expresamente en contra. Ahora bien, la compatibilidad de las penas indeterminadas y perpetuas con los textos y tratados protectores de los derechos humanos exige que se prevea un mecanismo de revisión de la pena, y con ello la posibilidad de que sea otorgada la libertad condicional al preso. El TEDH ha reiterado que esa posibilidad de acceder a la libertad condicional ha de ser realista. Esto es, que la opción de que la condena sea revisada ha de dar al preso una esperanza suficientemente creíble como para que éste trabaje efectivamente en su reinserción. Sin embargo, cuando el límite para poder acceder eventualmente a esa libertad condicional se sitúa en 34 años de reclusión, difícilmente se va a encontrar la esperanza y el empuje para lograr ese pronóstico de reinserción favorable que se exige para la concesión de la suspensión de la pena.

Es notable la tendencia internacional hacia el acortamiento de estas penas buscando que la “perpetuidad” no sea tal y no equivalga, de hecho, a 'esconder' a los condenados en prisión, con el único horizonte de morir entre rejas. Por ello, tanto el Consejo de Europa como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas incluyen en varias de sus Recomendaciones a los Estados que éstos busquen formas de lograr el objetivo de reinserción, que arbitren mecanismos que permitan a los condenados a penas a perpetuidad aspirar a y obtener la libertad condicional.

La Resolución (2) de 1976 del Consejo de Ministros del Consejo de Europa recomienda que se dé la libertad condicional tan pronto como exista un pronóstico de reinserción favorable. La Recomendación 2003 (23) enfatiza que no hay que perder de vista el objetivo de reinserción social de los condenados, incluso cuando estén cumpliendo penas a perpetuidad, puesto que la finalidad de estas penas es también la preparación para la vida en sociedad. Y que en estos casos la posibilidad de obtener la libertad condicional ha de existir del mismo modo que existe para los condenados a penas de duración determinada y más corta. En el mismo sentido, la Observación General núm. 21 del Comité de Derechos Humanos al artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que ningún sistema penitenciario debe girar únicamente en torno al castigo, sino que tal sistema debe tener por objetivo esencial la reeducación y la readaptación social del preso.

Ello es así porque se entiende que cuando un preso no tiene posibilidad ni esperanza de obtener la libertad, de volver a participar de una vida en sociedad, se le está dando un trato inhumano. Es desde la dignidad humana y la prohibición de las penas y tratos inhumanos y degradantes desde donde hay que contemplar la cadena perpetua o prisión permanente.

En fin, la “auténtica transformación” que vende el Gobierno en la realidad se traduce en un puro y duro incremento de la dureza del reproche penal. El Proyecto de Ley de reforma del Código Penal renuncia al fin último de la reinserción, que exigen tanto nuestra Constitución como los instrumentos internacionales protectores de los Derechos Humanos.