No temer el terrorismo es seguramente un objetivo tan desable como inalcanzable

Para que los terroristas no consigan su objetivo de acabar con las libertades democráticas de los países occidentales y fracasen también en su empeño de someter a los ciudadanos de los territorios que van ocupando en Iraq y en Siria, por ejemplo, lo primero que habría que conseguir es no entrar en pánico. No es fácil, cuando vuelan trenes como ocurrió en Madrid en 2004, y cuando al menos ocho miembros de Estado Islámico perpetran, como sucedió en la noche del pasado viernes, seis atentados coordinados y realizados con pocos minutos de diferencia en el centro de París. Centenares de personas fueron alcanzadas por las balas, más de 120 fallecieron, cuando disfrutaban en la capital francesa de una tranquila velada en terrazas de bares, en restaurantes, en la discoteca Bataclan o en los aledaños del Stade de France. El objetivo de esa masacre no podía ser otro que sembrar el terror.

No temerlos es seguramente un objetivo tan desable como inalcanzable, porque ¿cómo no se va a temer a integristas dispuestos a matar fríamente a cualquiera que pase por la calle o viaje en un tren? Pero sí se puede exigir a los gobernantes que respondan con firmeza y a la vez con prudencia. Es lógico que este sábado no abrieran ni los museos ni los mercados ni las escuelas de París, porque seguramente la policía no podía garantizar que no se fueran a cometer nuevos atentados. También puede estar justificado un despliegue del ejército para patrullar las calles —en Francia hay patrullas militares en estaciones y aeropuertos hace ya tiempo—, pero más allá de tratar de transmitir seguridad a los ciudadanos y de buscar un efecto disuasorio para los terroristas —difícil, porque están dispuestos a suicidarse—, las autoridades tendrían que huir de medidas que acaben limitando las libertades de todos.

Ocurrió con las restricciones que se adoptaron en todo el mundo tras los atentados del 11-S en Nueva York y esa merma de las libertades colectivas no ha servido para acabar con el terrorismo yihadista. Porque la lucha contra esa violencia irracional tiene que venir por una mejor eficacia de la labor investigadora de las policías y de los servicios de inteligencia y por una mayor coordinación entre todos ellos.

Cuando este sábado se identificó a uno de los terroristas —el único reconocido en el momento de escribir esta columna— se supo que era francés y que estaba fichado por la policía francesa. Lo mismo que ocurrió con los hermanos Kouachi, que atentaron contra Charlie Hebdo con un saldo de doce muertos. Unos chicos nacidos en París y cuyos antecedentes constaban en los archivos policiales.

Sería bueno combatir también a quienes financian tanta atrocidaz y a quienes les venden las armas. Porque sin dinero y sin armas no podrían atentar. Todo eso mejor que caer en la tentación de restringir la libertad de movimientos del conjunto de los ciudadanos o sus derechos de asociación, reunión, manifestación, la libertad de expresión y de información.

Una cosa es ser la lista más votada y otra que ese hecho te dé suficiente representación en las instituciones para poder formar gobierno

Ya ha vuelto Mariano Rajoy a su cantinela de los últimos meses, esa de que si el PP no tiene la mayoría absoluta, o casi, el resto de los partidos no van a dejar gobernar “al que gana”. Vale que está en plena campaña para las elecciones del 20-D, pero eso no debería ser excusa para no decirles la verdad a los ciudadanos ni siquiera en lo que se refiere al sistema político que rige en España. Porque como España tiene un sistema de representación proporcional y no uno mayoritario, la elección del gobierno deriva de las mayorías que puedan conformarse en el Congreso de los Diputados y, por tanto, si ningún partido alcanza la mayoría absoluta directamente en las urnas, gobierna el que tenga capacidad para alcanzarla con pactos parlamentarios. Esta es la regla y conviene que los políticos hagan pedagogía democrática y se lo expliquen así a los electores en lugar de fomentar el equívoco y generar inútiles disgustos, controversias y tergiversaciones.

Porque después de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo, los dirigentes del PP se empeñaron, como vuelven a hacer ahora, en asegurar que ellos habían ganado las elecciones y una panda de usurpadores les habían arrebatado lo que era suyo en ayuntamientos y comunidades. El propio presidente del Gobierno lo dijo en un pleno del Congreso. Pero no era cierto. Una cosa es ser la lista más votada y otra que ese hecho te dé suficiente representación en las instituciones para poder formar gobierno.

De hecho, los ciudadanos asumieron con normalidad, y muchos con alegría, —como habían hecho desde que se recuperó la democracia— que gobierne la izquierda en lugar de por ejemplo Esperanza Aguirre, Teófila Martínez, Francisco Javier León de la Riva, Alberto Fabra o María Dolores de Cospedal. No han pasado ni seis meses y la mayoría ni se acuerda de cuál fue la lista más votada en los ayuntamientos de Madrid, Cádiz o Valladolid, o en la Comunidad Valenciana o la de Castilla-La Mancha. Y eso a pesar de la insistencia de los peperos en el asunto.

Ahora, a seis semanas de las elecciones generales, cuando ni un solo sondeo vaticina una mayoría absoluta del PP, más bien una pérdida de 50 o 60 escaños, sus estrategas machacan con ese mensaje. Están en su derecho si buscan repetir la mayoría absoluta, pero como eso parece imposible dada la irritación que aún causan en tantos ciudadanos, cabreados por la corrupción y los recortes de derechos sociales y civiles, vuelven a hacer el discurso de la usurpación. Porque saben que si son el partido más votado, necesitarán apoyos para mantenerse en el poder y que de todo el arco parlamentario solo los podrían encontrar en Ciudadanos. Pero el líder de ese partido, Albert Rivera, que piensa salir muy reforzado de las elecciones, va diciendo que no apoyarán una investidura de Rajoy como presidente. Quizás otro del PP. Y eso si las dos fuerzas suman suficientes escaños para sacar adelante una investidura, porque de no ser así Ciudadanos cambiaría de socio y se aliaría con quien pueda aunar más apoyos y formar gobierno. Pedro Sánchez, a lo mejor.

Y eso es lo que temen en el PP, que el PSOE, Podemos y Ciudadanos les desalojen.

¿Qué le paso a Mariano Rajoy entre el martes y el miércoles?, ¿qué le llevó a dejar de hacer electoralismo con el desafío catalán para convertirse en un hombre de Estado que convoca al resto de las fuerzas políticas en busca de una respuesta unitaria?

Hay un misterio sin resolver y es de esta misma semana: ¿Qué le paso a Mariano Rajoy entre el martes y el miércoles?, ¿qué le llevó a dejar de hacer electoralismo con el desafío catalán para convertirse en un hombre de Estado que convoca al resto de las fuerzas políticas en busca de una respuesta unitaria? Como no parece probable que se le apareciera la virgen para conminarle, la lógica lleva a pensar que fue su augur Pedro Arriola el que, con los sondeos en la mano, le debió de convencer de la necesidad de cambiar de actitud.

Porque el martes Rajoy compareció solemne en la Moncloa para advertir de que la “provocación” de Junts pel Sí más la CUP, que pretenden aprobar ya en el Parlament la desconexión de Cataluña, no tendrá recorrido ni legal, ni real. Pero no supo o no quiso evitar la ocasión para, ya en campaña para las elecciones del 20 de diciembre, hacer electoralismo en la sede de la jefatura del Gobierno: “Mientras yo sea presidente —dijo— se cumplirá la ley”. Ya saben, la misma cantinela de siempre, si él y su partido son desalojados del poder en enero llegará el caos, la quiebra económica y la ruptura de España.

Lo que hizo el martes fue poco presentable aunque, en pos del consenso, ninguno de los otros partidos se lo ha afeado públicamente. Qué mala imagen transmite quien antes de comparecer ha hablado con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y con el de Ciudadanos, Albert Rivera, —se supone que para aunar posiciones—, y luego cuando se presenta ante la prensa aprovecha para arrimar el ascua a su sardina electoral.

Como en el PP debe de quedar algo de vida inteligente, alguien le debió de explicar a Rajoy que al final da más votos presentarse como un hombre de Estado que recibe hasta al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que tratar de apuntarse él solo no sé sabe qué tantos. Porque tampoco tiene ninguno que apuntarse: si la situación catalana ha llegado hasta este punto no ha sido solo por la insensatez aventurera de Artur Mas, también por la inacción del Gobierno y del PP, que han sido incapaces de ofrecer una alternativa a todos aquellos catalanes que no estando satisfechos con la situación actual tampoco quieren la independencia. Y que son muchos. Algunos incluso han votado a Junts pel Sí —la candidatura de Convergència y Esquerra—, convencidos de que era una jugada maestra para tensar la cuerda y forzar a Rajoy, o a quien le suceda, a negociar.

Les debió de pasar incluso a algunos consejeros del gobierno catalán que se quedaron espantados ante la declaración que registraron el martes en el Parlament, que Junts pel Sí y la CUP quieren que se vote antes del pleno de investidura el día 9, y que Mas ha aceptado a cambio de ser reelegido president, cosa que no parece que vaya a pasar.

En fin, que la cosa en Cataluña está complicada como ya se veía venir. Pero Rajoy ha necesitado la cercanía de las elecciones para darse cuenta de la gravedad, porque después de cuatro años de inmovilismo, de mirar para otro lado, ahora se ha vuelto hiperactivo e hiper hombre de Estado, al menos hasta que los sondeos indiquen que le es más rentable actuar solo.

Traerse a Madrid, a dos meses de las elecciones, a quienes personalizan las exigencias del austericidio no parece muy acertado

Mariano Rajoy se trajo el jueves a toda la derecha europea a Madrid para celebrar su primer gran acto electoral. Allí estaban la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y algunos ex, como Nicolas Sarkozy, que aspira de nuevo a la Presidencia de la República Francesa, y Silvio Berlusconi, que no puede aspirar a nada porque está inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Una docena de jefes de Estado y de Gobierno y más de 2.000 delegados de 40 países, que aplaudieron con entusiasmo el discurso xenófobo de Orbán, y vitorearon a Rajoy: “¡Viva Mariano!”.

Esa concentración de líderes conservadores con la que el PP trata de transmitir la imagen de respaldo internacional, de solvencia y solidez del Gobierno —ya saben eso de que solo si siguen ellos en el poder la recuperación económica se estabilizará y que con cualquiera otro partido llegará el caos y la ruina— prueba que la derecha española no se ha acabado de enterar de las razones por las que los ciudadanos están tan enfadados, incluidos sus votantes. Una irritación que tiene mucho que ver con las corrupciones propias, pero también con esas políticas económicas y sociales que el Gobierno de Rajoy ha aplicado a instancias —según ha declarado muchas veces— de los colegas que el jueves le jalearon.

Así que traerse a Madrid, a dos meses de las elecciones, a quienes personalizan las exigencias del austericidio no parece muy acertado. Los ciudadanos están cabreados porque unas veces por voluntad del propio Ejecutivo del PP y otras por el mandato de esos señores que hace dos días se hicieron aquí la foto —en particular de la señora— se han pegado hachazos a la sanidad, a la educación, a las becas, a los subsidios de desempleo, se ha reformado el mercado laboral para bajar los salarios y precarizar más el trabajo y, en definitiva, se ha hecho pagar las consecuencias de la crisis a quienes no tuvieron responsabilidad en su génesis. 

Y eso —además de Bárcenas, Matas, Fabra, Correa, Granados, Rato y otros tantos— es lo que ha provocado el gran malestar social contra Rajoy y el PP, el que les ha llevado a perder dos millones y medio de votantes en las elecciones municipales y autonómicas de mayo pasado. Últimamente parece que esa irritación se está diluyendo un poco y los populares parecen atribuirlo a lo bien que va todo, pero se podría interpretar que se debe más a que la cercanía de las elecciones ha despertado en muchas personas la esperanza de un cambio de gobierno. 

Rajoy y sus asesores se han empeñado en confiar sus expectativas electorales a la recuperación económica, que no les funcionó ni en las europeas de 2014 ni en las municipales y autonómicas de mayo. Porque a día de hoy sigue habiendo un 23% de paro —más de cuatro millones ochocientos mil ciudadanos sin trabajo— y el empleo que se crea es de tan mala calidad que un 12,5% de las personas que trabajan a jornada completa no sale de su condición de pobre porque su salario es demasiado bajo. Deben de pensar en el PP que a sus votantes esa situación no les afecta, por eso se traen a los líderes de los recortes para dar el tijeretazo de salida de la campaña.

La cuestión no es si está bien o mal que el PSOE incorpore a Lozano de número cuatro a su lista de Madrid. El problema es si esa decisión corresponde en exclusiva a la ejecutiva federal o, en concreto, a su secretario general, Pedro Sánchez

La proximidad de las elecciones siempre une mucho a los partidos. Más aún si la formación en cuestión cree que podrá gobernar después. En esos casos, más allá de las escaramuzas previas a la elaboración de las listas electorales, suele haber una pretendida y buscada unidad a sabiendas de que las divisiones internas son penadas en las urnas y también de que si la cosa sale bien internamente acostumbra a premiarse más la obediencia que la disidencia, y de que si sale mal habrá tiempo para ajustar cuentas con los dirigentes. Por eso este sábado en el comité federal del PSOE no se oyeron voces críticas con el fichaje de la hasta el viernes diputada de UPyD Irene Lozano. No porque hubiera unanimidad a favor de su incorporación, sino porque a dos meses de las elecciones nadie se la juega ni colectiva ni individualmente.

La cuestión no es si está bien o mal que el PSOE incorpore a Lozano de número cuatro a su lista de Madrid. El problema es si esa decisión corresponde en exclusiva a la ejecutiva federal o, en concreto, a su secretario general, Pedro Sánchez, y si lo correcto es hacerlo el mismo día que la comisión federal de listas tiene que dar el visto bueno a todas las candidaturas y la víspera de que el comité federal —el máximo órgano entre congresos— las aprueba formalmente. Es decir, si tenían que hacerlo sin disimular siquiera que es una imposición y sin tiempo para el debate.

Es el mismo inconveniente que tiene para Lozano pasarse al PSOE de un día para otro, sin que haya habido un tiempo de acercamiento, al menos declarativo, que hubiera permitido visualizar una cierta aproximación y hubiera ahorrado tanta sorpresa y la sensación de que ha dado un salto mortal pero en la red del sálvese quién pueda.

Lozano es una buena parlamentaria que ha criticado duramente y por igual al PP y al PSOE. La recuperación que se ha hecho en 24 horas de sus declaraciones de cuatro años ha servido para recordarlo. Aunque los socialistas no lo habían olvidado, no solo los andaluces, a quienes reprobó con hostilidad, que recordaban y recuerdan con nitidez casi cada acusación, reproche o descalificación que les ha dirigido en estos años, también el resto. Tampoco les ha gustado mucho que haya dicho que Sánchez la ficha para regenerar el PSOE. Parece un exceso de arrogancia y un desprecio hacia los que son ya sus compañeros de candidatura, en el futuro de escaño y quién sabe si de partido y de gobierno. Esa declaración implica además una grave contradicción, porque la designación digital no parece el mejor modo de regenerar los partidos.

No es la primera vez, ni será la última, que un dirigente de un partido se pasa a otro. Los propios socialistas han acogido a lo largo de los años a varios puñados de destacados militantes del PCE y de IU que previamente habían sido su látigo en la oposición y después pasaron a formar parte incluso de sus gobiernos. El difunto Jordi Solé Tura, que fue ministro de Cultura con Felipe González, o actualmente Rosa Aguilar, que es consejera del Gobierno de Susana Díaz en Andalucía, son ejemplos inmejorables.

Lo criticable del caso Lozano son las formas. Pero no por Mariano Rajoy, que designa a dedo a los candidatos y hasta a los líderes autonómicos. Véase la última “elección” de Alfonso Alonso como presidente del PP vasco. Pero el presidente del Gobierno no ha eludido criticarlo y decir: “No vamos a fichar a nadie para que nos regenere”. Pues que pena, porque les hace mucha falta la regeneración.

Las pitadas a Piqué parecen deberse más a su condición de catalán catalanista y a que en alguna ocasión se mostrara favorable a la celebración de una consulta para que los catalanes decidan si quieren o no seguir en España

A lo que ocurre en las gradas de los campos de fútbol se les suele quitar importancia salvo que sean agresiones físicas o actos violentos. Se subestiman los abucheos, las pitadas, los gritos, sean estos machistas, xenófobos o simplemente la demostración de una cierta mala educación colectiva. Compartida, por lo que se ve, en casi todos los estadios del mundo. Estas manifestaciones de falta de respeto e intolerancia se suelen tratar política y socialmente como anécdotas y no acostumbran a traspasar las secciones de deportes de los medios de comunicación para llegar a los grandes titulares.

Lo que está ocurriendo en los últimos partidos de la selección española de fútbol con Gerard Piqué, jugador del Barcelona y de la propia selección desde los 16 años, sí que ha ocupado algunos titulares pero sin que se le haya dado mayor trascendencia que la deportiva, que la preocupación de los comentaristas porque los injustos abucheos puedan perjudicar “el bienestar” de la selección y, por tanto, su eficacia a la hora de marcar goles. Se dice que los miles de ciudadanos que pitan al futbolista hacen uso de su libertad de expresión, aunque previamente azuzada no se sabe por quién desde las redes sociales y desde algunos sectores políticos. Tampoco parece saber nadie por qué se la han tomado con Piqué, que juega bien y, según él mismo declara públicamente, considera la selección “como su casa y su familia”. Dicen que a un sector de los aficionados les molestó que celebrara el último triplete de títulos del Barça atacando a su principal rival, el Real Madrid, pero se supone que todos los que acuden a los campos donde juega España, en León, Oviedo o Logroño, no serán madridistas, que habrá también seguidores de otros equipos.

Así que las pitadas a Piqué parecen deberse más a su condición de catalán catalanista y a que en alguna ocasión se mostrara favorable a la celebración de una consulta para que los catalanes decidan si quieren o no seguir en España. No consta que él se haya decantado por la ruptura, no hay ni una sola declaración suya en ese sentido, pero en la confusión política que se extiende en algunos sectores de la sociedad parece que muchos consideran que defender el referéndum y querer la secesión viene a ser lo mismo.

Más allá del posible equívoco, esos abucheos denotan un alto grado de desconocimiento y de incomunicación entre Cataluña y el resto de España, y viceversa, agravado en los últimos años, y la generalización esquemática y frívola que se hace de las actitudes de algunos sectores de aquí y de allí.

Lo preocupante de las pitadas no es si desconcentran a los futbolistas y al final la selección pierde, por mucho que a los aficionados al fútbol eso les pueda parecer fundamental, lo grave es la carga de intolerancia que demuestran. Y también una cierta falta de inteligencia colectiva, porque indican cómo hay sectores de la sociedad que en lugar de buscar la integración de quien se siente orgulloso, cómodo, como en casa, jugando con España, pretenden su exclusión.

Lo de Piqué es solo un ejemplo. Pero si hay solución al conflicto catalán, esta vendrá del diálogo, de la comprensión y de la tolerancia, no del rechazo y la intransigencia. Y esa es una responsabilidad de los políticos que la ciudadanía debe impulsar.

Habla de "errores" cuando los juzgados están saturados de casos que afectan a destacadísimos dirigentes del PP, a los que ahora definen como "personas particulares" o "ese señor"

Con la fecha de las elecciones en la cabeza pero sin haber acudido todavía al plató de Antena3 para anunciársela a los ciudadanos, Mariano Rajoy empezó una ronda de inauguraciones: el puente de Cádiz, el AVE a León y Palencia...y después de anunciar en una entrevista televisada el día elegido para la convocatoria, continuó con una maratón de mítines en los que mantiene clara su retahíla electoral: Pedro Sánchez es un “radical ansioso”, solo si sigue gobernando el PP continuará la recuperación y perdonen ustedes lo que ha pasado pero no se volverán a cometer algunos “errores”. Errores dice donde debiera decir corrupción con todas sus letras.

No se entiende muy bien por qué ha decidido convocar el 20 de diciembre, salvo por su empeño en apurar al máximo la legislatura y quizás también para evitar que los ciudadanos le dijeran en las urnas: “Éste no se come este año el turrón en la Moncloa”. Así que convocando para las vísperas navideñas se garantiza el turrón y el rosco de reyes en su vivienda provisional. Y anunciar la fecha en una televisión privada y no en la tribuna del Congreso o en la Moncloa también parece impropio de un político responsable.

Sin embargo, es llamativa su perseverancia en el intento de identificar al líder del PSOE con un peligroso radical, porque salvo algún votante despistado de la derecha, no parece que nadie más le vaya a creer. Desde luego no los electores del centro o de la izquierda que ven a Sánchez como un tipo moderado, templado, no solo en su discurso político, también en su actitud corporal, su forma de hablar y en su manera de desplegar su sonrisa de oreja a oreja. Tampoco parece que les preocupe demasiado ese calificativo a quienes piensan —desean— que Sánchez podría pactar, para desalojar a los peperos del Gobierno, con los partidos de su izquierda, Podemos, Izquierda Unida, Ahora en común, Unidad Popular en común o como vayan a llamarse cuando concurran a las elecciones.

Pero lo peor, lo más grave, es que habiéndose dado cuenta los dirigentes del PP en las elecciones municipales y autonómicas del 25 de mayo que la corrupción les pasaba factura por primera vez y temiendo que vuelva a ocurrirles lo mismo el 20-D, decidan aludir a ella sin hacerlo. Hablando de “errores” cuando los juzgados están saturados de casos que afectan a destacadísimos dirigentes del PP, a los que ahora definen como “personas particulares” o “ese señor”, como si no fueran con ellos cuando cometieron sus presuntos delitos mientras ocupaban altísimos cargos en el partido o en la Administración. Por si a alguien se le ha olvidado, los errores de los que habla Rajoy los cometieron el que fuera durante 30 años gerente y tesorero del PP, Luis Bárcenas; quien fuera ministro y luego presidente de Baleares, Jaume Matas; el que estuvo 16 años al frente de la Diputación Provincial de Castellón, Carlos Fabra; quien fuera mano derecha de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid y en su gobierno autonómico, Francisco Granados, por citar algunos nombres del puñado de destacados dirigentes que residen ahora en cárceles del Estado o han salido hace poco de ellas para volver a entrar, previsiblemente, en un plazo corto de tiempo. Y sin olvidar la guinda que pone a ese pastel Rodrigo Rato, exvicepresidente económico y ministro de Economía del Gobierno de José María Aznar, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y expresidente de Bankia, que se pasea estos días por los juzgados acusado de diversos delitos. Que Rajoy hablara de “errores” y que lo hiciera además en Valencia, suena a burla.

Resulta asombrosa esa tranquilidad de espíritu que anima a unos a votar a quienes avanzan hacia la independencia y a algunos otros a no votar a nadie, porque total, no pasará nada

Puede que sea porque Mariano Rajoy no es un hombre capacitado para el dramatismo. O a lo mejor se debe a que durante tres años no ha hecho nada para tratar de resolver el problema catalán, salvo recurrir al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía, mientras que Artur Mas, Convergència, Esquerra Republicana, la Asamblea Nacional Catalana, Omnium Cultural y decenas de miles de catalanes enfliaban el camino de salida. Pero el caso es que hay muchísimos ciudadanos allí, en Cataluña, y aquí, en el resto de España, que piensan que gane quien gane el domingo no pasará nada. Deben de creer, que de ser algo grave, el Gobierno habría intentado arreglarlo. Habría analizado el problema, habría dialogado, habría desplegado un abanico de soluciones y habría buscado hasta mediadores, si hubiera hecho falta. Así que como no ha habido nada de eso, deben de pensar que es porque no pasa nada.

Y eso que en los últimos días de campaña electoral se han desatado las furias advirtiendo de todos los males del universo si Cataluña se independiza, lo que podría, al menos, haber transmitido la idea de que hay preocupación. Pero parece que ha sonado tan exagerado y tan de última hora que a unos les ha resbalado y a los otros también.

Con todo, no deja de ser sorprendente que mientras Junts pel Sí y la CUP anuncian que en caso de sumar mayoría absoluta de escaños harán una declaración unilateral de independencia —DUI en sus siglas—, algunos incluso de los que van a votar a esas dos candidaturas crean que no la habrá. No que no habrá independencia. Porque como dice ahora el PNV “la independencia no la proclamas, te la reconocen” y no parece que vaya a haber organismo internacional, ni la ONU ni la Unión Europea, dispuesto a reconocer una declaración unilateral catalana. No, es que hay muchos ciudadanos, votantes incluso de esas listas, que piensan que no se producirá la DUI.

Así que la que resulta asombrosa es precisamente esa tranquilidad de espíritu que anima a unos a votar a quienes avanzan hacia la independencia y a algunos otros a no votar a nadie, porque total, no pasará nada. Y no es que no se fíen de sus representantes políticos. Es que argumentan, por ejemplo, que las fuerzas económicas catalanas lo impedirán. Lo peor es que les parece bien que sean los poderes fácticos de toda la vida quienes frenen el procés y no la fuerza de los votos y de la política.

Están también los que confían en que la Unión Europea no consentirá que una región rica como Cataluña se separe de España y mediará para buscar una solución con el Gobierno español. Y hay quien piensa que esa manifestación de fuerza a favor de la secesión que se puede producir mañana en las urnas tiene como único objetivo forzar al Gobierno a negociar. A negociar ¿qué?, ¿la independencia?, ¿los protocolos a seguir para que Cataluña sea un estado nuevo? No, no. Creen que el Ejecutivo negociará, por ejemplo, una mejora de la financiación autonómica o una reforma de la Constitución, o ambas cosas.

Ese relativismo ciudadano es, en el fondo, una fuente de esperanza. Porque parece que los electores no conciben un aumento de la tensión política y social dentro de Cataluña y de Cataluña con España, y si la mayoría no lo ve, seguramente no se producirá.

Lo grave es que quien no se dé cuenta de la trascendencia del asunto sea Rajoy, que se mantiene impasible, reformando de urgencia el Constitucional para que adopte medidas coercitivas contra quien se plantee proclamar la independencia, y que en lugar de buscar soluciones negociadas que satisfagan a la mayoría, a la que no quiere la independencia pero tampoco el inmovilismo, parece dispuesto a utilizar una vez más Cataluña para tratar de ganar las elecciones generales.

Los partidarios de la independencia hicieron el viernes una nueva demostración de poderío, pero falta por saber si esa multitudinaria flecha humana se va a traducir en votos a la lista de Artur Mas y Oriol Junqueras

Durante muchos años las fuerzas políticas vascas —incluidas las nacionalistas—envidiaron la unidad con la que los catalanes conmemoraban su Diada a diferencia de la división con que se suele celebrar el Aberri Eguna. Pero eso ya no es así. Las tres últimas manifestaciones del 11 de septembre han sido muy masivas, pero monopolizadas por los soberanistas, y la última, la de este viernes, utilizada por una candidatura electoral, Junts pel Sí, para el arranque de su campaña electoral.

Los partidarios de la independencia hicieron el viernes una nueva demostración de poderío, lo que ha reforzado sus expectativas, pero falta por saber si esa multitudinaria flecha humana que trazaron en la Meridiana de Barcelona se va a traducir en votos a la lista de Artur Mas y Oriol Junqueras en las elecciones del 27 de septiembre. Hasta ahora los sondeos parecen darles la victoria, pero no está claro que sea con una mayoría absoluta, incluso sumando los diputados de Junts pel Sí y los de las CUP, que son las dos candidaturas que proponen proceder, en ese caso, a una declaración unilateral de independencia.

Está también por ver qué van a hacer el resto de los catalanes, cuántos acudirán a votar y a qué fuerzas elegirán de entre el amplio abanico de listas que se les ofrecen.

Este dato será relevante porque, por ejemplo, en el sondeo del CIS conocido esta semana, un 30% de los encuestados asegura que irá a votar pero dice no saber aún a quién. Hay pues mucho de incógnita en las elecciones catalanas y una participación alta podría modificar esos primeros vaticinios. Los expertos demoscópicos señalan que en esta ocasión quienes van a votar por la independencia lo confiesan gustosos y que el voto oculto, el de que aquellos que se resisten a revelar a los encuestadores a qué partido piensan apoyar, parece estar más en el lado de quienes no quieren la ruptura con España. Entre ellos muchos antiguos votantes de CiU.

El día 27 se despejarán las dudas y puede que los resultados ofrezcan la posibilidad de abrir la vía a soluciones negociadas, porque en ese puñado de listas electorales a elegir están también las que apuestan por el diálogo, por reformar las leyes, la Constitución y por buscar así soluciones que eviten el desgarro y satisfagan a la mayoría.

Hasta entonces, la campaña cada día estará más polarizada entre Mas y Mariano Rajoy, entre los independentistas y el PP, entre los que niegan, al menos hasta que se conozca el escrutinio, que quede algún espacio para el diálogo. Los unos porque se resisten a modificar el rumbo, aun a riesgo de naufragar, y el PP porque quiere utilizar la campaña de las catalanas —en las que sabe que no tendrá un gran resultado—para tratar de ganar las elecciones generales.

Se podría decir que la foto de Aylan ha contribuido a cambiar la política europea hacia los refugiados

Parece que en algunas redacciones de medios de comunicación se debatió el miércoles pasado sobre la conveniencia o no de publicar la fotografía de Aylan Kurdi, el niño sirio de 3 años que murió ahogado en el mar Egeo. Es esta una de esas discusiones que se viene repitiendo en los consejos de redacción de medio mundo ante imágenes dolorosamente estremecedoras, que llegan como bofetadas de realidad a una sociedad ensimismada en sus problemas —generalmente livianos en comparación— y que prefiere mirar hacia otro lado antes que observar de frente el dolor ajeno.

Viene ocurriendo desde que se impuso la moda de lo políticamente correcto, de tal modo que los periodistas que antes parecían (parecíamos) saber por puro instinto cuándo se está ante un trozo de realidad que no se puede sustraer al conocimiento de la ciudadanía, dudan (dudamos) ahora de si es apropiado emitir en un informativo o colocar en la portada de un periódico una fotografía determinada, que no es más que un pequeñísimo reflejo de lo que está pasando alrededor, pero que “podría herir la sensibilidad de los espectadores”.

El horror del niño muerto en la playa de Bodrum ha dado la vuelta al mundo y parece haber sacudido las conciencias de muchos ciudadanos europeos. Más que esas otras imágenes del mismo drama en las que se ve a hombres, mujeres y niños tratando de atravesar la alambrada de concertinas de Hungría, aferrándose a las vías de un tren que les deja en medio del campo o intentando, en oleadas, de llegar a pie a Austria y Alemania. Unas secuencias que volcadas en blanco y negro parecerían las de tantos antepasados que hace décadas también huyeron del horror atravesando otras fronteras.

Así que se podría decir que la foto de Aylan ha contribuido a cambiar la política europea hacia los refugiados. O por lo menos que ha obligado a los políticos a hablar de esta crisis humanitaria con un poco de humanidad y no con la indiferencia con la que lo hacían hace solo unos días. Se escudaban entonces en que las poblaciones de sus países no pedían que se ayudara a estas decenas de miles de personas que escapan de la guerra, si acaso que parecían decantarse por lo contrario, por encerrarse en las fronteras de la rica Europa y levantar altos muros que impidieran su entrada.

Aquí, sin ir más lejos, el Gobierno dijo el viernes de la pasada semana que España estaba “saturada” de inmigrantes y no se podía acoger a nadie más, y este viernes el presidente Mariano Rajoy aseguró, por el contrario, que “España no va a negar el asilo a nadie”. Este cambio de actitud del Gobierno no se debe solo a la conmoción de la ciudadanía ante la evidencia de que hay niños —también sus padres y sus abuelos— que, abandonados a su suerte, mueren en el Mediterráneo. También ha contribuido la sensación de se quedaba solo en el terreno de la insensibilidad y la injusticia, mientras algunas comunidades autónomas y muchísimos ayuntamientos anunciaban su decisión de acoger a los refugiados. Ahora, hace falta que demuestre que su disposición es real abriendo las puertas y poniéndose en la UE del lado de los países que atienden y cobijan a los que buscan asilo y no del de los que los maltratan y expulsan.

Resulta insufrible ver a esas personas que huyen del terror, de la muerte, y que en lugar de encontrar una mano tendida se topan con barreras que les impiden salvarse, que les condenan a vagar buscando un hueco por el que colarse

Parece que el Gobierno alemán es el único que recuerda que la Convención del Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas, se hizo en 1951 para proteger a los refugiados europeos de la Segunda Guerra Mundial. Porque, mientras el Ejecutivo que preside Angela Merkel —el mismo que impone el austericidio, sí— ha abierto las puertas para acoger este año a 800.000 hombres, mujeres y niños, que huyen de la atrocidad de la guerra, el resto de los países, incluida España, está teniendo una actitud vergonzosa, por rácana, insolidaria e inhumana.

Es cierto, que esos gobernantes insensibles podrían argüir que no se percibe en las sociedades europeas una movilización intensa a favor de esos migrantes. Más bien al contrario, parece que muchos ciudadanos se inclinan más por reclamar protección para sí mismos ante el temor que les produce la llegada de miles personas que necesitan cobijo y asistencia.

Es esta sociedad deshumanizada que se encoge ante el dolor ajeno, que mira para otro lado ante las desgarradoras imágenes de policías tratando de impedir la entrada de esos seres humanos, iguales que nosotros, en las barreras de concertinas de Hungría, o en el paso de Calais, o se tapa los ojos ante la insoportable visión de cientos de personas hacinadas en frágiles barcas y la de los cadáveres en el mar o en las costas del Mediterráneo o en el interior de un camión frigorífico.

Resulta insufrible ver a esas personas que huyen del terror, de la muerte, y que en lugar de encontrar una mano tendida se topan con barreras que les impiden salvarse, que les condenan a vagar buscando un hueco por el que colarse, que les hacen caer en manos de mafias que se enriquecen con el dolor ajeno. Y es igualmente intolerable observar cómo la rica Unión Europea y sus países miembros se muestran incapaces de encontrar la manera de socorrerles, cuando no son simplemente insensibles a su situación.

Qué frágil memoria la de los países europeos que vivieron guerras en el siglo XX y cuyos ciudadanos encontraron acogida en otros lugares. Los españoles que huyeron de la Guerra Civil y del franquismo, los europeos que huyeron del horror nazi y de la destrucción de la guerra y, más recientemente, los desplazados por las atrocidades de la guerra de los Balcanes. Habiendo vivido aquí las crisis de refugiados y la pobreza que obligó a tantos ciudadanos a emigrar, cuesta entender la incomprensión y la insolidaridad con los que ahora sufren esos mismos males.

Se busca asustar a los electores con afirmaciones como que si gobierna la izquierda imperará el caos, se acabará la ¿recuperación? y Europa nos castigará como castiga a los griegos

La decisión de devolver la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles adoptada por los gobiernos de las comunidades que han cambiado de color político tras las elecciones del 24 de mayo, es decir, los de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana— a los que se ha sumado el de la Comunidad de Madrid, que sigue gobernada por el PP—, demuestra lo que ya se sabía cuando se aprobó en 2012 aquel infausto decreto: que dejar a los sin papeles fuera de la sanidad pública era una medida injusta, inmoral y antieconómica.

Así lo vieron ya entonces los responsables de las comunidades no gobernadas por el PP que no aplicaron la norma, Andalucía, Asturias, Cataluña, Navarra y el País Vasco, y los de alguna como Galicia y Castilla y León —con gobiernos peperos— y Canarias —con coalición de nacionalistas y socialistas— que incumplieron parcialmente el decreto. De manera que, gracias al plante total o parcial de quince de los gobiernos autonómicos, solo hay dos regiones que todavía aplican el decreto a rajatabla: La Rioja y Murcia.

Si en su día ya fue alarmante descubrir que el Gobierno de Mariano Rajoy y su amplio coro mediático pensaban que no atender a los sin papeles era una medida positiva, que permitiría ahorrar dinero a la sanidad pública —los expertos no paraban de advertir de que es mucho más caro atenderlos en urgencias y tratar las enfermedades cuando ya están avanzadas—, ahora parece más incomprensible todavía escuchar al número dos del Ministerio de Sanidad, Rubén Moreno, amenazar a las autonomías rebeldes con las penas del infierno. Según él, la Unión Europea pondrá multas millonarias “cada día”, paralizará “todos los fondos europeos que recibe España” y no se sabe cuántas desgracias más si los rebeldes no se arrepienten y dan marcha atrás. No parece que haya asustado a nadie porque, sin ir más lejos, al día siguiente de esa diatriba, fue la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, del mismo PP que el señor Moreno, la que anunció también el restablecimiento de la asistencia sanitaria a los sin papeles.

No se entiende el arrebato del secretario general de Sanidad salvo si se analiza desde la óptica de la estrategia electoral del PP, esa que busca asustar a los electores con afirmaciones como que si gobierna la izquierda imperará el caos, se acabará la ¿recuperación? y Europa nos castigará como castiga a los griegos.

Aunque ahí parece que tienen un lío. Porque hace un par de meses el ministro Alfonso Alonso anunció que se volvería a atender a esos inmigrantes en la sanidad pública sin expresar el más mínimo temor a que la UE fuera a descargar su furia sobre España por hacerlo. Parece que la afirmación de Alonso también respondía al argumentario electoral de su partido, pero a esa otra parte en que se trata sobre cómo convencer a los votantes de que, gracias a su gestión, la economía fluye, los empleos se multiplican y la vida es bella. Se ve que según vayan las encuestas, o el pie con el que se hayan levantado, o según el vuelo de las aves, sus augures les sugieren incidir en una cosa o en otra. En lo bien que va todo o en que todo irá fatal si la izquierda empieza a recuperar las políticas sociales.

El compadreo y la sensación de impunidad siguen siendo para algunos políticos una manera habitual de relacionarse

Se puede entender que a Rodrigo Rato, una persona que vive escoltada por la policía desde hace al menos veinticinco años, le entrara de pronto el pánico ante la posibilidad de quedarse sin esa protección. No solo por esas amenazas que, según explicó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recibió a través de twitter y por teléfono, también porque esos agentes destinados a garantizar su seguridad le sirven de parapeto ante el enojo de los estafados por las preferentes, que expresan su cabreo a la puerta de su casa o de los juzgados a los que Rato ha sido llamado a declarar. Fue por eso, de hecho, por lo que se supo que el exvicepresidente del Gobierno, exministro de Economía, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y expresidente de Bankia, y ahora imputado por varios supuestos delitos, seguía gozando de ese plus de seguridad pagado por los contribuyentes.

Lo que no se entiende, sin embargo, es que el ministro del Interior justifique en ese miedo que Rato dice sentir al desamparo policial —nadie habló nunca, por cierto, de que se le fuera a retirar la protección— su reunión con el exvicepresidente que está siendo investigado, en algunos casos por los cuerpos de seguridad que están bajo el mando de Jorge Fernández, por presuntas actividades delictivas. Porque sobre ese asunto, ruego o temor podrían haber hablado por teléfono o podría haberlo tramitado en otra instancia, presentando, por ejemplo, una denuncia por amenazas que no consta que haya interpuesto.

No se entiende tampoco por qué, de ser la cierta, la explicación que dio el ministro este viernes en el Congreso de los Diputados no se incluyó en el comunicado oficial que emitió el ministerio cuando trascendió la noticia y estalló el escándalo. Ni parece que sea eso, su preocupación por las amenazas, todo lo que le pasa a Rato. Solo con leer la prensa se sabe que le pasan más cosas. Y dado que él mismo, cuando se supo de su reunión con Fernández en sede ministerial, declaró a El País que hablaron “de todo lo que me está pasando”, se sobrentiende que se refería a algo más que al temor por su seguridad. De sus palabras se podría deducir, mal que le pese al ministro, que podrían haber comentado, por ejemplo, la situación procesal en la que se encuentra.

En cualquier caso, el encuentro en sí, el hecho de que se conociera por una información de El Mundo y no por una comunicación oficial del ministerio, el empeño del titular de Interior en intentar taparlo con el argumento de que fue una reunión de la que no convenía dar información por razones de seguridad y la ausencia de una explicación convincente en su comparecencia en el Parlamento, denotan que el compadreo y la sensación de impunidad siguen siendo para algunos políticos una manera habitual de relacionarse. Esa es una de las razones, hay otras muchas más posibles, por la que hay imputados que reciben un trato preferencial en los despachos, no en los juzgados.

Cuatro años perdidos, que de haberse utilizado para abordar ese cambio de la Carta Magna habrían ofrecido la oportunidad, por ejemplo, de encarrilar el problema catalán

Se escucha estos días que las declaraciones de Mariano Rajoy a favor de emprender una reforma ¿limitada? de la Constitución son puramente electoralistas. Este sábado, sin ir más lejos, lo dijo la secretaria general adjunta del grupo socialista, Isabel Rodríguez. Y seguramente lo son, como lo es la subida de un par de euros mensuales a los pensionistas, la rebaja mínima del IRPF o la devolución en diferido de la paga extra que se les quitó a los empleados públicos. Es época electoral y el Gobierno se muestra generoso para tratar de frenar la sangría de votos del PP e incluso para intentar recuperar a ese millón y medio de electores que, según sus cálculos, no le votó el 24 de mayo pasado pero no se fue a otro partido sino que se refugió en la abstención.

Pero una cosa es la piñata de chuches con los que los dirigentes peperos pretenden engatusar a los votantes y otra muy distinta admitir una posible reforma constitucional que han estado negando durante toda la legislatura. Cuatro años perdidos, que de haberse utilizado para abordar ese cambio de la Carta Magna habrían ofrecido la oportunidad, por ejemplo, de encarrilar el problema catalán, porque habrían abierto la posibilidad de alcanzar con la mayoría de los ciudadanos catalanes un trato político, económico y cultural en el que se sintieran reconocidos y de restarle, de paso, fuerza al proceso soberanista.

En estos años, sin embargo, el Gobierno del PP ha desoído todas las peticiones de iniciar una reforma que le han llegado del PSOE y de otros partidos de la oposición, y de los empresarios, las asociaciones y los partidos catalanes que no respaldan la independencia. Incluso los ruegos que le han planteado en persona algunos dirigentes históricos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido en el que milita Artur Mas, y de Unió Democràtica (UD), que ha terminado por romper CiU.

El Ejecutivo no solo ha hecho oídos sordos a esas demandas, las ha despreciado. Por eso no deja de ser sorprendente que después de poner un candidato del sector más duro para las elecciones catalanas del 27 de septiembre, el exalcalde de Badalona Xavier García Albiol, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, haya salido esta semana con la idea de la reforma constitucional y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le haya secundado. Más aún sabiendo que la composición del parlamento español en la próxima legislatura será más plural, lo que, en teoría, haría más difícil alcanzar el consenso.

Aunque también puede ser que el PP, consciente de que si gana ya no tendrá mayoría absoluta, piense que se va a ver forzado por el resto de las fuerzas parlamentarias a abordar la reforma constitucional y haya decidido adelantarse y plantearlo como una cosa suya. Claro que, en vísperas de unas elecciones catalanas en las que la lista de Artur Mas y Oriol Junqueras busca la mayoría absoluta para ir a una proclamación unilateral de la independencia, queda la duda de si esta propuesta de reforma constitucional no llega ya demasiado tarde.

Hay quien piensa que los socios europeos buscaban escarmentar a Tsipras, su gobierno y su partido, y que les hubiera gustado que la crisis acabara con la dimisión del primer ministro y la convocatoria de unas nuevas elecciones

Si el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, aseguró que las condiciones del primer rescate a Grecia, en 2010, más que económicas le parecían punitivas, se entiende que tras la reunión del domingo 12 de julio todo el mundo haya interpretado que las imposiciones establecidas para empezar a negociar un tercer rescate son simplemente una humillación. Si la victoria en el referéndum había reforzado al primer ministro heleno, Alexis Tsipras, la celebración de la consulta y ese resultado abrumador había sacado de quicio a los socios europeos, especialmente al ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, que ni siquiera se esfuerza en disimular su irritación.

Así que las reuniones posteriores fueron a cara de perro y el débil deudor se vio obligado a elegir entre susto o muerte, entre lo malo y lo peor. Y eligió lo malo. Una reforma de las pensiones, del sistema fiscal, un fondo público que garantice las privatizaciones... y con un margen de 72 horas para aprobarlo en el parlamento griego. Se ve que los líderes europeos tienen una idea curiosa de la democracia, porque reformas de ese calado bien necesitarían un debate, algunas enmiendas, en fin, algunas de las cosas que se entienden como tramitación habitual de las leyes en los parlamentos democráticos. Parece que en este caso querían dejar claro que se trataba simplemente de cumplir órdenes: El consejo europeo había dictado las reformas y los diputados griegos tenían que aprobarlas en tres días o el grifo del dinero seguiría cerrado.

Ya se sabe que a los acreedores lo único que les preocupa es recuperar su dinero al precio que sea, es decir, que no les importa si es a costa de que la mayoría de los ciudadanos griegos —que no han generado la deuda— empobrezcan aún más, ni de que la economía de aquel país se siga hundiendo. Y eso que el discurso con el que envuelven esas exigencias habla de solidaridad y de políticas de crecimiento, aunque nadie piense que va a ser así y nadie vea en esas condiciones nada más que austeridad y en dosis más elevadas.

Hay quien piensa que los socios europeos buscaban escarmentar a Tsipras, su gobierno y su partido, y que les hubiera gustado que la crisis acabara con la dimisión del primer ministro y la convocatoria de unas nuevas elecciones. Pero aunque el durísimo acuerdo del domingo partió a la dirección de Syriza por la mitad, llevó a una cuarta parte de sus diputados a votar en contra de las reformas impuestas y devolvió las manifestaciones violentas al centro de Atenas, parece que la confianza de los griegos en Tsipras sigue siendo alta. Un sondeo de Palmos Analysis para el diario Efimerida ton Syntakton, publicado este sábado, asegura que de haber elecciones ahora Syriza obtendría el 42,5% de los votos, el doble que el conservador Nueva Democracia, que tendría el 21,5%, y muy por delante del resto de los partidos. Además, el 70% de los ciudadanos dice respaldar el acuerdo europeo aceptado por Tsipras, frente a un 20% que preferiría abandonar el euro y volver a dracma.

No se sabe cuánto tiempo le va a durar a Syriza el apoyo de los griegos, como no lo sabe ningún partido en ningún otro país. Ni siquiera la CDU de Angela Merkel, aparentemente tan sólida y unida en torno a la canciller. Pero lo que sí parece es que los ciudadanos apoyan a sus dirigentes cuando creen que pelean por sus intereses y se desentienden de ellos no tanto porque traicionen los programas por los que les votaron sino porque se rinden antes siquiera de dar la batalla o si la dan lo hacen con tanta discreción que nadie se entera.

El PP plantea cambiar la ley electoral para las generales porque los sondeos llevan tiempo augurando que si ganan lo harán con una mayoría muy precaria

Unos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas, el PP, aterrorizado por los sondeos, planteó una reforma electoral para que en los ayuntamientos se primara a la fuerza más votada, de manera que tuviera garantizado el gobierno de los ayuntamientos. Lo justificaban con el argumento de la estabilidad, pero la realidad que empujaba esa propuesta —que desató críticas generalizadas— es la que se confirmó después del 24 de mayo. El partido de Mariano Rajoy fue la fuerza más votada en algunos ayuntamientos importantes, pero sin la mayoría suficiente para gobernar en solitario ni la capacidad de cerrar pactos con otras fuerzas para conseguirlo. Conclusión: en esos municipios gobierna la izquierda mediante alianzas que permitieron facilitar las investiduras.

No se sabe si las encuestas que manejaba el PP no le vaticinaba que lo mismo que les iba a ocurrir en los ayuntamientos de Madrid o Valencia les sucedería en un puñado de comunidades autónomas o si entonces no se atrevieron a ir tan lejos en su planteamiento. El caso es que después del 24-M, la perdida de poder territorial ha sido brutal para los conservadores: además de Extremadura, en la que el PSOE volvió a ser primera fuerza, se han quedado sin la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Baleares, Aragón y Cantabria. O, por resumir, se han quedado con Galicia, donde no hubo elecciones, Castilla y León, La Rioja, Murcia y la Comunidad de Madrid, esta última por los pelos.

Así que ahora el PP plantea cambiar también la ley electoral para las elecciones autonómicas. Y para las generales. Porque los sondeos —y el olfato, a poco que salgan a la calle,— llevan tiempo augurando que si ganan lo harán con una mayoría muy precaria y que, por tanto, la izquierda podría repetir en el Gobierno de España la jugada de ayuntamientos y comunidades.

Esa, de hecho, está siendo la base de su estrategia electoral: acusar a la izquierda de arrebatarles lo que, según pretenden hacerles creer a los ciudadanos, les pertenecería por derecho. De ahí ese empeño de Rajoy en repetir, erre que erre, que han ganado las elecciones y el PSOE, Podemos, IU y otras agrupaciones de izquierdas les han quitado los gobiernos. “Sin respetar la voluntad popular” llegó a decir en sede parlamentaria.

La voluntad popular se expresa en las urnas y en un sistema electoral de representación proporcional, como el español, le otorga el poder al partido que consigue la mayoría absoluta o al que es capaz de alcanzar pactos con otras fuerzas. Y eso los ciudadanos lo saben cuando van a votar. Otra cosa es que al PP le interese cambiar el sistema por uno mayoritario, que además garantice la gobernabilidad del partido que queda primero regalándole unos escaños como ocurre en Grecia o a partir de ahora en Italia. Un sistema que favorece el bipartidismo y perjudica a la pluralidad existente en la política española. Una modificación que de estar en vigor les podría garantizar la permanencia en el Gobierno.

Seguramente no es esa la reforma que reclaman la mayoría de los ciudadanos, los que quieren mayor participación, más cercanía de los políticos y, sobre todo, más decencia. Pero a Rajoy y al PP qué más les da. Ellos no parecen esperar ni un solo voto de ese caladero social, más bien creen que lo tendrán en el de los que aplauden el ordeno y mando de la ley mordaza.

Los presupuestos generales del estado serán su programa electoral, así que prepárense para la piñata: habrá dulces para tratar de embaucar a los electores.

El Gobierno se ha lanzado a la campaña electoral con esa competencia desleal que solo pueden aplicar quienes tienen el control del Boletín Oficial del Estado. Así, el presidente Mariano Rajoy anunció esta semana el adelanto al 1 de julio de la rebaja del IRPF que tenía prevista para enero de 2016. Cómo España ya va bien —que dicen ellos— pues ya se puede devolver a los ciudadanos una parte del esfuerzo que han hecho. Lo dicen también ellos desde el PP y desde el Gobierno.

Insinúan también una revalorización de las pensiones, cuya ley modificaron al principio de la legislatura para eliminar la cláusula de revalorización automática vinculada al IPC y dejarla reducida a un 0,25%. Ahora se sugiere una subida del 1%. No es mucho, tampoco los 5, 10 o 15 euros que van a percibir mensualmente los salarios medios con la bajada fiscal, pero suena bien. Y a eso se agarran. A cualquier cosa que suene bien para ver si así pueden recuperar los dos millones y medio de votantes que les dieron la espalda en las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. En particular el millón y medio que, según sus propios cálculos, no votó a otros partidos sino que se quedó en casa.

A esa intención parece responder también ese empeño en aprobar los presupuestos generales antes de las elecciones. Porque —también lo dicen ellos aunque en privado—los presupuestos serán su programa electoral. Así que prepárense para la piñata: habrá caramelos para todos. Dulces para tratar de embaucar a los electores. Nada de mejorar los servicios sociales, la sanidad y la educación públicas, las becas, los subsidios de desempleo —solo un 54% de los parados recibe algún tipo de prestación— o de devolver los derechos laborales y civiles extirpados con la excusa de la crisis.

A esa estrategia de la lluvia de golosinas se suman las afirmaciones que los portavoces del PP y del Gobierno llevan meses haciendo y que han arreciado en las últimas semanas. Ellos como garantía del orden y la recuperación y la izquierda como sinónimo de la bancarrota y el caos. Con Grecia como telón de fondo. Empeñados, claro, en tratar a los ciudadanos como si fueran un atajo de ignorantes y haciendo declaraciones del tipo de que aquí también habrá corralito salvo que el PP gane las elecciones.

Como si no supiera todo el mundo que el gobierno de Alexis Tsipras heredó un país en bancarrota y que fueron sus predecesores —los correligionarios de Rajoy, por ejemplo— los que llevaron a Grecia a la situación en que está ahora. Por eso ganó Syriza y no la Nueva Democracia de Samaras por la que apostaba la troika. Y a lo mejor humillar, aplastar a sus homólogos griegos no es lo más conveniente para encontrar el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Hay muchos, especialmente en los países del sur, que no solo se solidarizan con los griegos sino que ven en ellos el reflejo de lo que ya les está pasando o el vaticinio de lo que les puede pasar.

Se ponen como locos cada vez que a un primer ministro de Grecia se le ocurre la idea de convocar una consulta

Hay que ver que poco les gusta a los líderes europeos que se consulte a los ciudadanos sobre las decisiones que afectan directamente a sus sueldos, sus impuestos y sus pensiones. Al menos, lo poco que les gusta que se les pregunte a los ciudadanos griegos. Se ponen como locos cada vez que a un primer ministro de ese país se le ocurre la idea de convocar un referéndum para decidir sobre el empecinamiento de los acreedores en hacer recaer sobre los más débiles el peso de una deuda que generaron otros.

No hay más que ver como están ahora de irritados con Alexis Tsipras y recordar lo que le ocurrió en 2011 al entonces primer ministro, Yorgos Papandreu, al que no solo no le dejaron hacer la consulta sino que le forzaron a dimitir —pese a que su partido, el Pasok, tenía mayoría absoluta— para poner al frente del gobierno al tecnócrata Lukas Papadimos. Fue en esos meses en que la moda en Berlin, Bruselas y Francfort era colocar amiguetes tecnócratas al frente de algunos países del sur —Mario Monti en Italia— que tampoco arreglaron nada. Después de aquella experiencia, el Pasok ha acabado por ser residual en la política griega, y el Movimiento 5 Estrellas tuvo un gran resultado en Italia, por citar dos ejemplos.

Entonces desde la troika, ahora conocida como “las instituciones”, es decir, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, más el gobierno alemán, claro, se argumentó que si en Grecia se sometía a referéndum el austericidio a lo mejor los griegos decidían marcharse de un club tan inclemente. Ese Grexit con el que la extroika amenaza ahora. Y pensaron que esa idea podía ser contagiosa. La de convocar referéndums, no la de irse. Francisco Fernández Ordóñez, el que fuera ministro de Asuntos Exteriores de Felipe González, solía decir que “fuera de la Unión Europea hace mucho frío”. Y aunque ahora el invierno social se cuela sigiloso en la zona euro a través del ardiente sur, no parece que haya una mayoría de ciudadanos que prefieran abandonar.

Ahora es el eurogrupo el que habla de un plan B, de un escenario en el que Grecia saldría de la unión monetaria si el primer ministro griego, Alexis Tsipras, mantiene su intención de convocar el referéndum para que sus conciudadanos expresen su opinión sobre las nuevas imposiciones, que no son más una vuelta de tuerca de las de siempre, recortar pensiones o eliminar en 2 años el complemento de solidaridad que reciben los pensionistas más pobres. Y eso que hace un par de años los economistas del FMI entonaron una suerte de mea culpa al admitir que sus recetas habían causado un sufrimiento extremo en la población helena. Se ve que no hubo arrepentimiento.

También ahora se habla del riesgo de contagio. Esta vez dicen que si se suavizan las exigencias del pago de la deuda a Grecia, Portugal, Italia y España se pondrían a la cola de los pedigüeños de la flexibilización. Así que a la extroika le parece mejor la rigidez inquebrantable y prefiere agitar la amenaza de expulsión, aunque hay una cierta coincidencia entre los expertos en que no sería bueno para el euro que Grecia se fuera. Y los acreedores se quedarían igualmente sin cobrar la deuda. Da la sensación, sin embargo, de que prefieren correr ese riesgo antes que dejar que los ciudadanos decidan.

El PP ya ha empezado con el ruido y la imagen de enfrentamiento, confusión y desorden, un escenario terrible para el que solo ofrecen una alternativa: ellos y su capacidad para el ordeno y mando.

El PP ya ha repartido entre todos sus dirigentes, militantes y simpatizantes el argumentario que va a repetir una y otra vez en los cinco meses que faltan hasta las elecciones generales, y después, si el resultado de esa convocatoria les irrita tanto como el de los comicios municipales y autonómicos del 24 de mayo. Ya saben, los portavoces peperos se han empeñado en convencer a la ciudadanía de que los bárbaros han invadido los ayuntamientos, con la colaboración del PSOE y de Pedro Sánchez, ese “extremista” que ocupa su secretaría general, “saltándose la voluntad democrática de los españoles”, según expresión pronunciada por el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados.

Es como si Rajoy y sus huestes pretendieran sugerir que los consistorios han sido tomados al asalto y no por la fuerza de los votos de quienes han apoyado las candidaturas de izquierdas —que juntas suman más papeletas y más concejales que el PP— y que son esos ciudadanos españoles de los que él mismo habla, salvo que al presidente del Gobierno solo le parezcan españoles los que votan al PP y al resto los vea como a vándalos, en cualquiera de las acepciones que recoge el Diccionario de la RAE, desde la primera, “pertenecientes a un pueblo bárbaro”, a la tercera, “que cometen acciones propias de gente salvaje y desalmada”.

Parece que el PP sigue sin entender lo que está pasando, que no se ha enterado de que la mayoría de los ciudadanos quiere otras políticas y otras actitudes. Por eso, ante la imagen refrescante de alcaldesas y alcaldes que van a trabajar en metro, andando o en bici, que pasan de oropeles y reservan la parafernalia para los actos de representación, los dirigentes populares reaccionan acusándoles de radicales peligrosos que van a traer el caos. Esa sensación de caos, de “¡dios mío, ¿a dónde vamos?!”, es precisamente la que quieren extender recuperando la estrategia de la crispación que tan buenos resultados les ha reportado en ocasiones anteriores. Ya han empezado con el ruido y la imagen de enfrentamiento, confusión y desorden, un escenario terrible para el que solo ofrecen una alternativa: ellos y su capacidad para el ordeno y mando.

Nada más que eso. Porque si Rajoy vino a admitir el jueves que su mal resultado electoral estaba causado por las consecuencias de la crisis y la corrupción, no parece, sin embargo, que lo haya asumido y esté dispuesto a cambiar nada. Ni las caras. Hasta el momento solo ha sustituido a Carlos Floriano por Pablo Casado, que ya estaba ahí, porque da mejor en la televisión.

No se plantea, desde luego, un cambio de políticas para dejar de descargar sobre la vida de los más débiles las consecuencias de una crisis económica en cuya génesis no participaron. Nada, tampoco, de tratar de impedir que los que la generaron se vayan de rositas. Nada de buscar una redistribución de las rentas mediante unos impuestos progresivos y unas políticas sociales más justas. Nada de devolver los derechos laborales y de acabar con los trabajos precarios y los sueldos insuficientes. Nada de asumir las responsabilidades políticas en los casos de corrupción y de colaborar con la justicia para su esclarecimiento. Nada.

Ya hace una semana el propio Mariano Rajoy acusó al PSOE y a Sánchez de caer en el radicalismo extremista con sus pactos con los radicales extremistas, entre los que el Gobierno, el PP y sus portavoces mediáticos sitúan a buena parte de los nuevos alcaldes. A la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por ejemplo, a la que se empeñan en presentar como a una fanática dispuesta cuando menos a expropiar los bienes privados de los ciudadanos y a llenar de vacas el elitista Club de Campo, ese que, por cierto, se ubica en suelo público y del que solo disfrutan unos pocos privilegiados.

Este viernes, en la víspera del gran cambio en las instituciones municipales, una nota oficial del PP remachó lo que había dicho Rajoy. En ese comunicado el PP califica formalmente al PSOE de “sectario y excluyente” por lanzarse a “una carrera desenfrenada de acuerdos con partidos radicales y extremistas” y define los pactos como “mezquinos y cortoplacistas”. Vamos, que viene a decir que los socialistas van a salir muy mal parados de ellos.

No se entiende por qué les preocupa tanto a los peperos lo que les puede pasar a los socialistas cuando llevan semanas augurándoles que acabarán fagocitados por Podemos. Porque ahora los del PP se dedican a predecir todos los males que les va a deparar a sus rivales haberse atrevido a arrebatarles ayuntamientos y comunidades autónomas con unos pactos que son similares a los que se han producido en España desde la recuperación de la democracia. ¿O es que se han olvidado que los primeros ayuntamientos democráticos estuvieron gobernados por socialistas y comunistas que sellaron un pacto global para hacerlo? Seguro que no. Pero parece que con su discurso están empeñados en consolidar un retroceso en las prácticas habituales en cualquier democracia, como es la consecución de alianzas para la gobernación, porque a ellos en esta ocasión no les beneficia. Esa va a ser la cantinela que van a repetir sin parar en los meses que faltan hasta las elecciones generales. Su lema de campaña: que con el PSOE y los radicales llegará el desorden y la inestabilidad.

Al parecer para ellos lo bueno, lo que a los socialistas les hubiera otorgado millones de votos en las urnas en las próximas elecciones generales, hubiera sido dejar gobernar a Esperanza Aguirre en Madrid, Rita Barberá en Valencia, Teófila Martínez en Cádiz o Francisco Javier León de la Riva en Valladolid. Por citar unos pocos. Menos mal que el PSOE no ha tenido dudas de que, de haberlo hecho, eso sí que no se lo hubieran perdonado nunca sus votantes.