Del reciente debate entre Ramón Jáuregui (PSOE) y Joan Coscubiela (ICV), organizado por Federalistes d'Esquerres, caben apuntar algunas consideraciones con la pretensión de aportar algo al debate público sobre la cuestión catalana.

En primer lugar, hay que recordar que el derecho de autodeterminación, efectivamente pensado para los territorios no autónomos (colonias) del Capítulo XI de la Carta de las NN.UU., no supone necesariamente la independencia, sino decidir el futuro de la colonia. El Principio VI de la Resolución 1541 (XV) plantea tres opciones de autodeterminación: la separación, la libre asociación y la integración en un Estado. En el contexto colonial autodeterminarse implica decidir sobre esas tres opciones. En un sentido más amplio, puede entenderse como decidir el futuro de una comunidad. Así, el derecho a decidir sería la traslación del derecho de autodeterminación colonial a un caso no colonial, como es el de Cataluña, en virtud del llamado principio democrático.

En segundo lugar, el pacto entre los Gobiernos del Reino Unido y de Escocia, por el que aquél cede a éste la competencia de convocatoria del referéndum de autodeterminación de acuerdo con el art. 30 de la Scotland Act de 1998 (Outcouncil of Law), incluye expresamente la pregunta, que plantea si los escoceses quieren separarse o no del Reino Unido, sin dar lugar a una tercera opción.

En el caso español, el art. 150.2 regula que se transfieran o deleguen competencias estatales “que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”. Si las Cortes rechazaran la transferencia o delegación de la autorización para la convocatoria del referéndum, competencia establecida como estatal tanto en el 149.1.32 CE como en el 2.1 de la LO/1980, podría aplicarse el artículo 92, de tal forma que sería el Gobierno central el que convocara directamente un referéndum consultivo en Cataluña. Esto implicaría una interpretación extensiva del mismo, pues habla de referéndums “entre todos los ciudadanos”, se entiende españoles. El profesor De Carreras propone una reforma constitucional previa para modificar este artículo, pero quizá el informe preceptivo del Consejo de Estado y una cuestión previa de constitucionalidad podrían permitir la aplicación del artículo con esa interpretación extensiva y autorizada por ambas instituciones sólo para Cataluña. De esta manera, además, podría consultarse a la ciudadanía catalana sobre su futuro sin reconocer una soberanía previa –que es lo que rechazan PP y PSOE-, al ser el Gobierno central el que convocara el referéndum directamente.

Tercero: si algo puso de manifiesto el debate de l'Hospitalet fue la plasmación de dos federalismos distintos: el nacional, orgánico y cooperativo del PSOE, y el plurinacional, autodeterminista y pactista de ICV. Cuando se habla de federalismo en Cataluña no se habla de lo mismo que en el resto de España. La propuesta de los socialistas españoles implica la evolución del Estado Autonómico hacia un Estado federal de tipo cooperativo, mientras que el federalismo que se defiende al otro lado del Ebro es el del pacto federal entre Cataluña y España.

Esta dicotomía entre federalismo nacional y federalismo plurinacional es la que marca la línea de fractura entre las izquierdas españolas. El federalismo plurinacional implica la transformación de España en un Estado compuesto por diversas naciones políticas y soberanas. En cambio, el federalismo del PSOE mantiene la soberanía nacional del pueblo español en su conjunto, respetando el actual artículo 1.2 de la Constitución y reconociendo, todo lo más, las singularidades históricas, culturales y geográficas de los territorios. Es una propuesta que tiene su antecedente histórico en las bases de federalismo orgánico que Nicolás Salmerón y Eduardo Chao presentaron en la III Asamblea del Partido Republicano Federal de 1872, frente a las del federalismo sinalagmático de Pi y Margall, y que el profesor Gumersindo Trujillo estudió detenidamente en su tesis doctoral.

El problema del federalismo plurinacional es que cualquier reforma política del Estado requiere el acuerdo mayoritario de los españoles. Es posible que la ciudadanía española aceptara la evolución federal que plantea el PSOE, pero no parece probable que aprobara la quiebra de la soberanía nacional. Es una propuesta que tiene un amplio seguimiento en medios académicos y políticos de algunos territorios, pero que es minoritaria en el conjunto del Estado, dada su configuración como un Estado de diversas nacionalidades pero con una dominante.

Dominante, pero no total. La situación actual es el resultado de la insuficiente nacionalización castellana del liberalismo del siglo XIX, que en su momento reconocieron Ortega y Fernando de los Ríos. El conflicto se plantea cuando la propuesta plurinacional, apoyada mayoritariamente en Cataluña y País Vasco, es rechazada también mayoritariamente en el resto del Estado. Si ya es difícil que una propuesta moderada como la del PSOE vaya a cuajar ante la negativa del PP a la reforma constitucional, la del federalismo plurinacional resulta altamente improbable. Lo que nos lleva a una separación cada vez mayor, a nivel político y social, entre las opiniones públicas de Cataluña y País Vasco y del resto de España sobre la naturaleza política del Estado. Es por ello que iniciativas que amplíen los espacios de diálogo entre ambos federalismos, como la de Federalistes d'Esquerres en Hospitalet, son necesarias.

Finalmente, todo este embrollo tendría un mejor cauce de solución si el proyecto europeo se definiera. El proceso constituyente de verdad debería ser a nivel europeo, hacia un Estado federal o al menos hacia una Confederación bien trazada, con los espacios competenciales y de soberanía bien claros, y superando el actual doble ámbito de decisión entre Unión (Comisión y Parlamento) y Estados (Consejo y Consejo Europeo) que paraliza la eficacia de Europa como proyecto común. Estamos en un punto aproximado de Confederación económica que quiere y no puede, condicionada por las resistencias alemanas, con un marco político difuso que genera pérdida de control sobre las decisiones económicas y déficit democrático. Mientras Europa siga así, no tenemos más remedio que reorganizar bien nuestro propio Estado y volver a debatir sobre conceptos políticos que en el mundo actual están quedando desfasados. Pero es la insuficiencia del proceso europeo la que nos obliga a ello. Una Europa políticamente unida permitiría integrar los diferentes niveles administrativos que ahora chocan en el ámbito del Estado-nación. El debate que estamos teniendo en casa sobre organización federal y reparto de soberanías lo deberíamos tener, de una vez por todas, a nivel continental.

• El autor comenta la conversación de Francesc Trillas con Stéphane Dion y afirma que una interpretación flexible del artículo 92.1 de la Constitución española permitiría preguntar a una parte del territorio si quiere separarse o no, siempre que exista una voluntad clara en ese sentido y se hace legalmente y de forma acordada con el Estado.

El pasado mes de marzo España tuve la suerte de escuchar directamente a Stéphane Dion en diversos actos, invitado por la asociación Federalistes d´Esquerres. Dion explicó en ellos su tesis sobre el federalismo como organización territorial del Estado y como integración de identidades colectivas. Una de esas actividades fue una interesante conversación con Francesc Trillas, profesor de Economía de la UAB y miembro de dicha asociación. De la misma querría destacar algunos aspectos que me parecen oportunos en el debate sobre la cuestión territorial en España.

1.- En primer lugar, la vinculación que establece Trillas entre el federalismo en España y en Europa. En efecto, no podemos aislar el debate territorial español del proceso de construcción europea, que vive ahora una fase indefinida hacia una confederación implícita, no reconocida en los tratados constitutivos y dirigida por Alemania. La Unión Europea se encuentra en una profunda crisis económica y en un lento avance institucional, lo que frena su progreso político y nos obliga a plantearnos a nivel nacional algunas cuestiones que ya deberían estar superadas e integradas en un proceso de ámbito continental. Más que discutir si España debe ser o no un Estado federal, tendríamos que estar discutiendo si lo debe ser Europa.

En la entrevista, Stéphane Dion echa de menos, comparándolo con los EE.UU., un proceso constituyente y un gobierno europeos. La constitución federal de los EE.UU. partía en 1787 de la unión de trece colonias británicas con una misma cultura. En el caso de Europa, se trataría de unir Estados nacionales con unas diferencias culturales e históricas muy arraigadas, lo que limita las posibilidades de una auténtica constitución federal.

2.- En segundo lugar, Dion dedica una parte de su análisis a los riesgos de un referéndum de autodeterminación. Uno de ellos sería el de obligar a elegir a ciudadanos con identidad dual (“I don´t want to choose!”, llega a exclamar), a tener que elegir entre el padre y la madre. Desde un punto de vista lógico este argumento muestra una cierta debilidad, porque entonces podríamos preguntarnos si en nuestro caso no corremos el riesgo inverso con los ciudadanos de identidad única distinta a la española, a los que se les obliga a permanecer en un Estado que no quieren.

Es cierto, como dice Dion por propia experiencia, que a veces los nacionalistas son insaciables. También lo decía Ortega. La estrategia quebequesa era repetir el referéndum hasta que se ganara, aunque ahora arrían velas por sus bajas expectativas electorales. Pero el propio Dion contempló la opción del referéndum con sus preguntas a la Corte Suprema en 1997 y 1998, dando lugar a una doctrina que lo permite condicionalmente. De acuerdo con la misma, parece razonable preguntar a una parte del territorio si quiere separarse o no, siempre que exista una voluntad clara en ese sentido y se hace legalmente y de forma acordada con el Estado.

En España, el único argumento consistente contra el referéndum catalán hasta la fecha ha sido el del impedimento legal, que no es poco. Pero políticamente es difícil negar a una parte del pueblo español a que se exprese sobre su continuidad dentro del mismo cuando de forma inequívoca lo está reclamando. Y, además, sería clarificador para todos. Así lo entendió Canadá, en las condiciones planteadas por la Corte, y así lo han entendido también los partidos ingleses. En nuestro caso, una reforma o una interpretación flexible del artículo 92.1 de la Constitución lo podrían permitir. No así la cesión, más problemática, de las competencias de autorización, convocatoria y organización del referéndum por aplicación del 150.2 CE, como pidieron algunos partidos catalanes en las Cortes.

3.- Sin definir expresamente su federalismo como plurinacional, Dion lo explica no sólo como fórmula de organización territorial del poder sino también de integración de identidades colectivas diversas, que gozarían de “máxima autonomía”. Habría que delimitar esta pluralidad cultural y cuál sería su reconocimiento político. Por ejemplo, si supondría la quiebra de la soberanía nacional actual y el reconocimiento de las nacionalidades culturales como naciones políticas dentro de un Estado confederal. Si fuera así, habría que concluir que el federalismo plurinacional es inviable en España, porque la nacionalidad dominante, de matriz castellana, no aceptará su conversión en un Estado plurinacional. La orientación de la opinión pública española que se manifiesta en las encuestas, cada vez más centralista, es inversa a la catalana, cada vez más nacionalista, lo que augura un divorcio ciudadano que acompaña al de los actores políticos respectivos y una difícil resolución definitiva del problema.

En el caso de Canadá, Will Kymlicka apela al liberalismo de la nacionalidad dominante para su conversión en Estado plurinacional, lo que no deja de ser un ejercicio voluntarista. En España quizá sería posible un federalismo orgánico como evolución del Estado autonómico actual, pero veo improbable un federalismo de soberanías compartidas. Los españoles, en general, aceptamos bien la diversidad procedente del exterior y enfatizamos la local y la regional, pero no encajamos de buen grado una posible diversidad nacional. En este sentido, es interesante el punto de vista de Trillas cuando dice que los ciudadanos catalanes reconocen mejor la pluralidad cultural al convivir entre dos lenguas mayoritarias, mientras que la nacionalidad dominante en el resto del país, de matriz castellana, sólo convive con una. Otra cosa es que los nacionalismos periféricos admitan sinceramente en sus territorios la misma diversidad cultural y lingüística que luego le exigen a España.

4.- Dion defiende que Canadá, Reino Unido o España son Estados democráticos con suficiente viabilidad como para convencer a quebequeses, escoceses y catalanes a que permanezcan en ellos. En un contexto de dominio de tres Estados imperiales (EE.UU., China y Rusia) y de fuerte integración regional (UE, ALBA, Mercosur, NAFTA), destaca la conveniencia de vivir juntos y no separados por pequeñas fronteras. En esta línea, Dion recuerda que la defensa de la unidad estatal no es sólo un principio del unitarismo, sino también del federalismo moderno. Ninguna de las constituciones federales actuales reconoce el derecho de secesión o de autodeterminación, pero en cambio sí establecen que los asuntos comunes, especialmente los territoriales, afectan a todos los ciudadanos, no sólo a una parte de ellos. Las normas constitucionales que consagran el principio unitario también pueden ser democráticas y surgir de la voluntad popular, por lo que no pueden contraponerse a los deseos de independencia de parte de sus ciudadanos como si fueran una mera imposición legal caída del cielo o de origen divino. Esa disyuntiva entre “ley versus democracia” que algunos proclaman es falaz, porque tan democrática puede ser la voluntad de permanecer unidos como la de separarse.

Sin embargo, estos argumentos políticos son muy razonables contra la independencia, pero entiendo que insuficientes contra la celebración de un referéndum en Cataluña.

Los últimos desencuentros entre el PSC y el PSOE dan cuenta de una difícil relación que no viene de ahora, sino que se remonta a la aparición del socialismo en España. Ambas organizaciones representan dos socialismos que en realidad siempre han sido distintos desde sus respectivos orígenes, y que también han tenido evoluciones ideológicas y orgánicas diversas.

El PSOE proviene del grupo marxista que en 1873 se organizó en torno al diario La Emancipación dentro de la sección española de la AIT, de mayoría anarquista. Fue el grupo embrionario del PSOE, constituido seis años después en Casa Labra. El origen del socialismo español es, pues, el marxismo internacionalista. En cambio, el socialismo catalán proviene del republicanismo federal que, de la mano de Valentí Almirall, rompe en 1881 con el Partido Federal de Pi y Margall. Almirall (“Lo catalanisme”, 1886) defendió entonces un federalismo particularista que daría lugar a la corriente liberal y republicana del nacionalismo catalán, como más tarde Prat de la Riba (“La nacionalitat catalana”, 1906) sería el inspirador del nacionalismo conservador.

Ya entre los años 1880 y 1882, los grupos socialistas de Madrid y de Barcelona intentaron acordar un programa conjunto, con la mediación de Fernando Mora. Sin embargo, Pablo Iglesias y José Pamias no se entendieron, lo que dio lugar a la marcha de éste y la formación de un efímero Partido Socialista Oportunista. El socialismo barcelonés era reformista y federalista, mientras que el madrileño mantenía una retórica revolucionaria y combinaba el internacionalismo obrero con la asunción unitaria de la nacionalidad española y el rechazo al federalismo.

Una generación posterior de socialistas catalanes se organizó, a partir de una conferencia pronunciada en 1910 por Gabriel Alomar, para defender la síntesis entre nacionalismo y socialismo. La polémica de 1914 entre Andreu Nin y Antonio Fabra Ribas en las páginas del periódico La Justicia Social marca el inicio de un enfrentamiento entre el socialismo español y el catalanista.

Esos socialistas catalanes (Nin, Alomar, Campalans, Serra i Moret, Martí Julià, los Xirau, Vidiella, Comorera) actuaron como una corriente del nacionalismo republicano y pretendieron copar la dirección de la Federación Catalana del PSOE apoyados por Recasens i Mercader, su presidente, que sin ser nacionalista sí era partidario de la autonomía y de la promoción de la lengua catalana. A través de ella, quisieron federalizar al PSOE, consiguiendo la aprobación, de la mano de Julián Besteiro, de una moción que reclamaba la Confederación Republicana de Nacionalidades Ibéricas en el XI Congreso de 1918. Sin embargo, esa resolución sería sustituida, en el congreso extraordinario de 1919, por otra más moderada que defendía la autonomía regional de tipo gradual y que marcaría la doctrina del PSOE hasta la Guerra Civil.

En consecuencia, esa hornada de socialistas catalanistas abandonaron el partido y fundaron, en 1923, la Unió Socialista de Catalunya, dirigida por Serra i Moret, Rafael Campalans y luego Joan Comorera. En ese mismo año tuvo lugar una nueva polémica entre Campalans y Fabra Ribas, apoyado esta vez por Indalecio Prieto, que marcaría la ruptura entre ambos socialismos y una difícil reconciliación futura.

Durante la Segunda República, Juan Simeón Vidarte, dirigente socialista y secretario primero de las Cortes, intentó integrar a los cuatro diputados de la USC en el grupo del PSOE, pero no lo consiguió porque, según dice en sus memorias (“Todos fuimos culpables”, 1973), fueron a dos reuniones pero no se entendieron. En los años 1933 y 1934 tuvo lugar un intento de fusión que estuvo cerca de llegar a buen puerto, pero Largo Caballero y Comorera, los máximos dirigentes de ambas organizaciones, no alcanzaron un acuerdo laboriosamente trabajado por Enrique de Francisco.

Básicamente, Largo Caballero no aceptaba la soberanía de la USC en la política catalana ni la disolución de la Federación de Barcelona, profundamente anticatalanista y perteneciente a su corriente interna en el PSOE. La unidad socialista en Cataluña se produciría poco antes de la Guerra Civil al integrarse ambas organizaciones en el PSUC, dirigido por Comorera.

Finalmente, el Congreso de Montjuïc de 1978 permitió la unidad de las tres organizaciones socialistas que actuaban en Cataluña: el PSC-Congrés de Joan Raventós, el PSC-Reagrupament de Josep Pallach y la Federación Catalana del PSOE de Josep Mª Triginer. Se trató más de una unidad orgánica que ideológica. Los dirigentes del PSC-Congrés consiguieron copar la dirección y el rumbo ideológico del socialismo catalán hacia el viejo nacionalismo en el que siempre estuvieron integrados. En realidad, más que una unidad entre las tres organizaciones territoriales, se trató de un pacto entre las direcciones del PSC-Congrés y del PSOE, por la que los socialistas catalanes recuperaban la soberanía en la política catalana que Largo Caballero negó a Comorera, a cambio de integrarse plenamente en la estrategia del PSOE en la política nacional.

Esta unidad orgánica no ha podido ocultar, con el paso de los años, la lealtad dividida tanto de la militancia como del electorado socialistas. A pesar del fuerte compromiso del PSC con el proyecto socialista español durante los años 80, desde las primeras elecciones autonómicas de 1980, en las que se daba por descontado el triunfo de Raventós, ha habido siempre un desfase cualitativo entre los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas y generales, llegando al 50%. Si bien el PSC ha obtenido tradicionalmente unos magníficos resultados en las legislativas, llegando casi a doblar a CiU en votos y escaños, en cambio en las autonómicas ha sucedido normalmente al revés.

Eso indica que aproximadamente la mitad del electorado socialista que ha apoyado al PSC en las generales, por identificarse con el PSOE, ha dejado de votarle en las autonómicas, y no para ir a otros partidos sino para nutrir la abstención. Esto se puede comprobar comparando sus resultados y la participación entre ambos tipos de elección en las zonas en las que el PSC normalmente ha sido el partido más votado en las legislativas y en las municipales. No se trata del clásico desfase que puede sufrir un partido de ámbito estatal entre unas elecciones generales –más favorables– y unas autonómicas –más localistas–. Es un problema particular, pues ese desfase indica que una buena parte del electorado socialista de Cataluña siempre se ha identificado más con el PSOE que con el PSC, actuando cuando éste le aportaba a aquél sus votos y sus escaños. Este electorado ha acabado por abandonar al PSC tras su apoyo al Estatut, el pacto con ERC y la deriva nacionalista bajo la dirección de Pasqual Maragall.

El socialismo catalán nunca ha sido la versión catalana del socialismo español, sino la versión socialista del nacionalismo catalán. Su prioridad ha sido siempre la construcción nacional de Cataluña, para desde su soberanía pactar federalmente con España. El nuevo federalismo del PSOE, en cambio, pretende que España sea un Estado federal de tipo orgánico y cooperativo, lo que es muy distinto. Ambos defienden federalismos distintos.

Constatar esto nos permite entender las discrepancias actuales. Cuando el PSC defiende el Estatut de 2005, el carácter nacional de Cataluña y el derecho de autodeterminación, está siendo coherente con la historia del socialismo catalán. Y cuando el PSOE recorta el Estatut en las Cortes, defiende la soberanía nacional española y rechaza el derecho de autodeterminación, es también coherente con la historia del socialismo español en este aspecto. En el fondo se trata de dos socialismos que siempre han sido, y siguen siendo, distintos y difícilmente conciliables. Como lamentablemente lo son Cataluña y el resto de España.

La propuesta federal aprobada por el PSOE en Granada no tendrá un camino fácil dada la polarización del debate entre los nacionalismos español y catalán que el desafío soberanista de Cataluña ha provocado. A la movilización social por la consulta ha respondido el PP con la Constitución, lo que puede conducir a un período de enfrentamiento soterrado entre dos opiniones públicas cada vez más alejadas: la catalana, a favor de la soberanía; la española, a favor de una mayor recentralización del Estado. En ese contexto, el PSOE propone una reforma constitucional para redefinir el Estado autonómico, reordenar su evolución de hecho federal e incorporar la doctrina destilada por el TC a lo largo de los últimos veinte años.

Pero la tradición federal española no cuajó decididamente ni en el liberalismo ni en la izquierda. Cuando el PSOE se empieza a constituir en 1879 asumió a España como su nación y como una realidad histórica y política asentada, por más que necesitara una transformación profunda. Ya en 1873, el precedente grupo marxista de la sección española de la AIT –de mayoría anarquista- rechazó el proyecto federal de la Primera República y los movimientos cantonalistas. El federalismo era para aquellos primeros socialistas una idea burguesa y disgregadora defendida por sus máximos rivales en el campo obrero: los republicanos y los anarquistas. Y comenzaron a vincular la unidad política de la nación con la unidad del proletariado español, lo que se mantendrá durante mucho tiempo como un axioma inquebrantable frente a nacionalistas y federalistas. Así, Pablo Iglesias escribe en 1899: “los obreros castellanos, los obreros de España, saben bien que en todas esas alharacas no hay una frase a favor de las clases oprimidas (…) sino miserables y egoístas intereses” (El Socialista, 20.10.1899).

Conforme el PSOE se institucionaliza a partir de 1910 (más lentamente que otros socialismos europeos) y se acerque al movimiento republicano, asumirá la idea de la “descentralización político-administrativa”. La entrada de una hornada de dirigentes más intelectuales ampliará el campo analítico de un partido hasta entonces básicamente obrerista. De ahí el apoyo a las Mancomunidades provinciales y regionales propuestas por Canalejas, por más que luego se manifestaron reticentes a las diputaciones vascas y a la Mancomunidad de Cataluña, al considerarlas como instituciones oligárquicas en manos de unos nacionalismos burgueses que no respetaban la autonomía municipal. Frente al relativismo general con respecto al regionalismo, el socialismo español tuvo una actitud más decidida a favor del municipalismo, pues fueron los ayuntamientos las primeras instituciones en la que aquellos concejales socialistas comenzaron a hacer una política distinta.

En esa evolución hacia la descentralización regional y sin despegarse del rechazo general a los “regionalismos burgueses”, el PSOE se enfrentó de manera distinta a los nacionalismos vasco y catalán, que tampoco eran iguales. Si bien rechazó el vasco por su integrismo religioso y su racismo contra el proletariado español que trabajaba en Vizcaya, acarició la idea de una participación modernizadora de la burguesía catalana, representada por la Lliga Regionalista de Cambó, en la transformación política y económica del Estado decadente de la Restauración. Ello favoreció la participación de Iglesias en la Asamblea de Parlamentarios de 1917, en la que se pidió la autonomía regional. En ese contexto, se aprobó en el XI Congreso de 1918 una moción federalista presentada por los socialistas catalanes con el apoyo de Besteiro, y el PSOE llegó a participar en la redacción del primer proyecto estatutario catalán en 1919. Sin embargo, la reacción de la burguesía catalana contra el movimiento obrero de Barcelona tras la huelga de La Canadiense modificó el concepto esperanzador de los socialistas, provocó un nuevo rechazo al regionalismo y cambiaron la moción federalista de 1918 por otra moderadamente autonomista en el congreso extraordinario de 1919, marcando la doctrina oficial hasta 1939.

Al final de la dictadura de Primo de Rivera, el PSOE volvió a acercarse al nacionalismo republicano catalán y a posiciones federalistas (especialmente Araquistáin). Pero en el debate constituyente de 1931 se retomó la moción autonomista de 1919 para rechazar el federalismo de la nueva República. Jiménez de Asúa y Fernando de los Ríos lo argumentaron diciendo:

Durante la dictadura de Franco, partiendo de las ideas de su padre Luis y desde su exilio mexicano, Anselmo Carretero ideó un Estado federal igualitario sobre la realidad diversa de las regiones históricas españolas (“Nación de naciones”), pero rechazando el Estado plurinacional de soberanías compartidas. Sus ideas influyeron en el federalismo retórico de los congresos de 1974 y 1976, en un nuevo acercamiento del PSOE a los nacionalismos periféricos frente al enemigo común, el nacionalismo español exacerbado e impuesto por la dictadura (como sucediera con Primo de Rivera). Pero, al igual que en 1931, este federalismo retórico se retrajo en el debate constituyente de 1978 a favor de un prudente autonomismo general, que se reafirmará en el pacto con la UCD para la LOAPA y en los pactos autonómicos de 1992 con el PP.

Más allá de algunos pronunciamientos puntuales como los de Araquistáin, Carretero y de algunos socialistas guipuzcoanos como Madinabeitia, Xanti de Meabe o T. Echevarría en los años 20, el federalismo no marcó la tradición histórica del socialismo español. Sí marcó la del socialismo catalán, un socialismo distinto que no procedía del obrerismo marxista sino del republicanismo federal, y que nunca actuó como la versión catalana del socialismo español, sino como la versión socialista del nacionalismo catalán. Lo que explica, también, algunas diferencias actuales entre ambos socialismos.