El 16 de septiembre de 2008, Luz Marina Bernal recibió una llamada. Una voz le decía que ya podía ir a identificar unas fotos de un cadáver, posiblemente su hijo, en Ocaña.

—¿En Ocaña? —Luz Marina necesitaba confirmar la información.

Ocaña está a casi 700 kilómetros de Soacha, una población de 700.000 habitantes en la periferia de Bogota. Se tarda 12 horas en llegar. ¿Cómo podía ser que hubiera acabado tan lejos? Fair Leonardo Porras Bernal tenía una discapacidad y, aunque su apariencia era la de un apuesto chico de 27 años, “por dentro era un niño de nueve”, recuerda su madre. No había aprendido a leer ni a escribir, no conocía el valor del dinero.

Meses atrás, cuando su hijo desapareció, la Fiscalía no aceptó la denuncia, así que Bernal inició un peregrinaje por cárceles, hospitales, albergues y morgues. Su hijo trabajaba en la construcción y hacía recados a los vecinos. En el barrio todo el mundo lo echó de menos. Era “amable e ingenuo”, describe su madre. Cuando fue a recoger su cadáver a Ocaña, la conversación con el fiscal no podía ser más inverosímil.

—Su hijo era el jefe de una organización narcoterrorista. Portaba un arma en la mano derecha.

—¿Cómo un muchacho con una discapacidad del 53% va a mandar a un grupo de hombres narcoterroristas? Además, ¡mi hijo era zurdo! —le espetó al fiscal.

Un negocio bien lucrativo

Bernal se dio cuenta de que su caso no era el único. Tenía constancia de que al menos otros 16 muchachos habían desaparecido en similares circunstancias entre diciembre de 2007 y agosto de 2008. Cuando a otra vecina de Soacha, María Ubilerma Sanabria López, le dijeron que habían encontrado a su hijo Jaime Estiven Valencia también en Ocaña, Bernal se ofreció a acompañarla.

“Lo sacaron de la fosa. Dios quiera que nunca le suceda en la vida una cosa tan horrible”, explica desgarrada Sanabria. Su hijo tenía 16 años, quería ser veterinario y que a su madre no le faltara de nada. También quería ser músico. El oído le venía de familia. Sanabria entona las primeras estrofas de un corrido que ha compuesto y que resume su historia.

Señoras y señores, vengo a contarles la historia de los muchachos de Soacha

que fueran asesinados en el año 2008

en el mandato de Uribe y su ley de democracia

Los llevaron para Ocaña con propuestas de trabajo.

Lo que ellos nunca supieron,

que fueron víctimas de Estado,

siendo ministro de Defensa el hoy en día presidente Santos.

El Gobierno los llamó los falsos positivos.

Como los muertos ya no hablan,

fue un negocio bien lucrativo.

Las Madres de Soacha habían destapado uno de los más macabros escándalos de la historia reciente de Colombia, los llamados “falsos positivos”. Como advirtió Philip Alston, relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, los casos de jóvenes secuestrados por el Ejército en Soacha eran “simplemente la punta del iceberg”.

¿Cuántas de las 3.084 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2009 fueron “falsos positivos”? La Fiscalía estudia más de 1.700 casos, pero el total se desconoce. Gracias a los informes de Alston y de organizaciones de derechos humanos, lo que sí se conoce bien es la manera en la que se perpetraban los asesinatos.

Los muchachos eran engañados por personas vestidas de civil, a menudo con promesas de trabajo. “Con los 200.000 pesos [86 euros] que me dieron por llevarlo a Ocaña le pagué una deuda a un prestamista –explicaba el secuestrador de Fair Leonardo–. El único requisito es que no fueran mujeres ni viejos”. Cuando los jóvenes desaparecían, las familias acudían a presentar la denuncia, pero la Administración les negaba asistencia.

En marzo de 2008, Ana Delina Páez enseñó la foto de su hijo Eduardo Garzón Páez, de 32 años, a los funcionarios, que contestaron entre risas: “Con esa pinta, ese man está con alguna vieja”. Eduardo siempre iba muy “pintoso”, recuerda Ana Delina. Con apoyo de un alto funcionario de Soacha y la ONU, las familias empezaron a indagar por su cuenta.

Las investigaciones acabaron confirmando que muchos de los asesinatos fueron llevados a cabo por la Brigada Móvil nº 15 y el Batallón de Infantería nº 41 del Ejército.

Para escenificar que se había producido un combate y que los muertos eran guerrilleros o paramilitares, a los cadáveres se les quitaba cualquier identificación y se les vestía con ropa de camuflaje. A veces la puesta en escena era tan burda que, misteriosamente, las balas no habían agujereado la tela o el uniforme estaba puesto encima de la ropa de calle. Junto a los cuerpos, armas ya inservibles. En las manos de los supuestos combatientes, ni rastro de pólvora, porque sencillamente no habían disparado.

Según denuncia un informe de la organización pro derechos Fedes, “para dar visos de legalidad”, se falsificaron multitud de documentos, informes de inteligencia y actas de operaciones, “todo un aparato en función del encubrimiento de estos crímenes en contra de la población civil”. Pero ¿para qué?

“La guerra se mide en litros de sangre”

Uno de los militares implicados en las desapariciones contaba cómo la presión por conseguir “positivos” en combate se elevó a partir de 2002, cuando Uribe llegó a la presidencia: «Nos dijo mi coronel Ramírez: '[...] la guerra se mide en litros de sangre, el comandante que no tenga resultados de muertos por mes tendrá la sanción correspondiente'“.

Unos años más tarde, dos leyes impulsadas por el que fuera ministro de Defensa Camilo Ospina y puestas en práctica por su sucesor, el actual presidente Juan Manuel Santos, recogían ascensos, pagos en metálico y vacaciones como premio por las bajas obtenidas. Según la Federación Internacional de Derechos Humanos, el fenómeno de los falsos positivos estuvo tan extendido que se puede concluir que estaba apoyado por los más altos mandos del Ejército.

Ni Álvaro Uribe ni Juan Manuel Santos recibieron a las Madres de Soacha. Las tacharon de “mamás chillonas” que no admitían que sus hijos pudieran ser delincuentes: “No hay muerto malo ni hijo feo”, les decían. Los juicios que habían interpuesto las familias se postergaban una y otra vez. En enero de 2010, 46 militares quedaban libres por vencimiento de términos. Para festejarlo, el Ejército organizó una fiesta para los encausados y sus familias.

“No hay hijo feo, pero tampoco crimen perfecto”

Desde el principio, las familias de los desaparecidos sufrieron amenazas. Y no sólo amenazas. John Nilson Gómez fue arrojado por un puente cuando intentaba esclarecer la muerte de su hermano. Sobrevivió de milagro, pero fue asesinado poco después.

Pero no contaban con su “berraquera” –su valentía, su tozudez–, mantiene María Ubilerma Sanabria. “No hay muerto malo, ni hijo feo; pero tampoco crimen perfecto”, replicaban las Madres en uno de los encuentros que organizaron para recordar a sus hijos. Con apoyo de colectivos colombianos, como la Ruta Pacífica de las Mujeres, e internacionales, como Mujeres de Negro o las Madres de Plaza de Mayo, las Madres de Soacha siguieron adelante con los juicios.

La primera condena llegó en julio de 2011. Fue en el caso de Ana Delina Páez, por su hijo Eduardo, y de Kelly Joana Ruiz, por su esposo Daniel Andrés Pesca. En el proceso, ocho exmilitares fueron condenados a penas de entre 28 y 55 años de prisión. “Dios bendiga a ese fiscal y a esa juez, porque se dio justicia –dice Páez mirando por la ventana–. Falta conseguir a los grandes. ¿Cómo comenzó esto y por qué? Si hubieran sido uno, dos, tres, pero ¡es que son miles!”.

Dos años después, el Tribunal Superior de Cundinamarca condenó a seis militares involucrados en el asesinato de Fair Leonardo a penas de entre 53 y 54 años de prisión. También, en un gran avance para la lucha de las Madres de Soacha, lo calificó de crimen de lesa humanidad.

La sentencia reconocía la naturaleza sistemática y generalizada de las ejecuciones, así como su carácter discriminatorio, ya que todas las víctimas eran jóvenes humildes. Para la abogada Gloria Silva, representante de Bernal, se trata de un fallo “histórico” porque abre la posibilidad de que el resto de los casos sean considerados de igual manera.

Como consecuencia del escándalo de los falsos positivos, 27 altos mandos fueron destituidos. Según explica la abogada, se trata sólo del principio: este fallo permite “llegar hasta quienes promovieron esa estrategia”. Con una sonrisa llena de berraquera, María Ubilerma Sanabria llega a las últimas estrofas de la canción:

Y que quede comprobado que a todos estos desgraciados ¡este corrido se les ha terminado!

Grabación sobre el terreno: María Ubilerma canta el corrido que narra el escándalo de los 'falsos positivos'.

La parota es un árbol tropical que puede llegar a medir 45 metros. Pero los empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no llegaron al cauce del río Papagayo para proponer un área natural que protegiese la selva caducifolia de la zona, a escasos kilómetros de Acapulco. Su idea era, más bien, construir una presa que sepultaría bajo el agua miles y miles de hectáreas de tierras que los pobladores poseían desde la Revolución mexicana.

A mediados de 2003, sin avisar a las comunidades, ya habían cavado dos túneles profundos y talado árboles frutales y sembradíos de maíz. Había unas 400 personas trabajando en una obra que se intuía enorme. Tras meses de coordinación y dudas, las comunidades de Garrapatas, Arroyo Verde y San José tomaron una resolución: pararla hasta que hubiera información. La mañana del lunes 28 de julio de 2003, cuando los ingenieros volvían de Acapulco de “reventarse” en los locales nocturnos, se encontraron con 120 personas que habían bajado del cerro de madrugada. Bien despiertas los estaban esperando con su herramienta de trabajo, el machete, en la mano.

“Ese día detuvimos dieciséis camionetas, tres maquinarias pesadas y seis vehículos particulares”, cuenta Felipe Flores Hernández, comunero de Garrapatas y ahora vocero de la organización que se creó a raíz de esos primeros días de confrontación: el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (Cecop). En ese paraje, conocido como El Fraile, se mantuvo el plantón durante diez días. Los trabajadores tuvieron que irse y se llevaron la maquinaria con ellos.

Para impedir el acceso a la obra, las comunidades llegaron a mantener en los siguientes años hasta seis plantones simultáneos. Unos estaban cerca de los pueblos, otros se situaban junto al río o en los cerros. Las comunidades afectadas se turnaban. Eran unas treinta personas en cada plantón, los hombres de noche, las mujeres de día.

–¡Las vamos a violar! –les gritaron un día los conductores de las camionetas.

–¡Bájense, hijos de su chingada madre! –dijeron ellas, machete en mano.

“La lucha es por el agua”

Según datos del Tribunal Latinoamericano del Agua, el proyecto tenía previsto sumergir el territorio no ya de tres, sino de 36 comunidades. Habría unas 25.000 personas afectadas directas cortina arriba y unas 70.000 afectadas cortina abajo y en los alrededores. Como si fuera poco, según denunciaron desde el Cecop, la compañía pretendía expropiar sus tierras pagando 70 centavos de peso el metro cuadrado, el equivalente a cuatro céntimos de euro. Con esa suma les quedaban dos opciones: emigrar o trabajar de vendedores ambulantes en Acapulco.

Poco a poco fueron saliendo a flote más y más datos que la CFE había omitido: de cortina para abajo quedaría la sequía y no podrían seguir bebiendo el agua del Papagayo “tal como viene”. Tampoco podrían, al contrario de lo que se les había dicho, pescar en esas aguas. Y comprobaron que su caso no era excepcional. En México, 167.000 personas han sido desplazadas por la construcción de represas, según datos de la ONG International Rivers. Muchas otras han conseguido hasta la fecha paralizar los proyectos, como en el caso de la presa Paso de la Reina (Oaxaca) y del Zapotillo (Jalisco).

Los taxistas del Anticristo

Para aparentar legalidad, entre 2003 y 2011 la CFE celebró once consultas comunitarias, siempre envueltas en irregularidades, tal como luego reconoció la justicia: se celebraban en otro municipio o sin respetar los plazos, acudían taxistas pagados para hacerse pasar por comuneros y ejidatarios, o se impedía la votación de los opositores al proyecto. En la primera consulta de 2004 había 600 firmas falsificadas.

En agosto de 2005, en otra consulta amañada, 5.000 personas opuestas a La Parota se enfrentaron a un millar de policías. “El pueblo se cansa de tanta pinche tranza” es uno de los lemas mexicanos por excelencia. Y ese día se cansó de verdad. Entraron al lugar de la asamblea con machetes, piedras, resortes [tirachinas] y arrasaron. La puntería de las mujeres con los resortes quedó registrada en la memoria colectiva.

Pero en menos de quince días ya se había convocado una nueva —y muy lejana— asamblea. Los agentes de policía que custodiaban la consulta, enfundados en sus hombreras negras y capeadas, parecían un ejército de armadillos. Cuando los comuneros consiguieron atravesar los retenes que habían detenido sus buses, se encontraron con el recinto vallado y que la asamblea ya había terminado. ¡Había terminado 30 minutos después de empezar! La rabia volcó las vallas. Entre ambas asambleas hubo decenas de heridos. “El Gobierno es el Anticristo, porque está vendiendo la tierra de los campesinos”, resumía un comunero.

Para Rodolfo Chávez, uno de los portavoces del Cecop, estas semanas fueron clave para el movimiento. “Hubo un cambio en la correlación de fuerzas”, porque más allá de rebasar las vallas, se rebasó a los comisariados comunales vinculados con el PRI, “que estaban todos maiceados”, comprados, según un esquema ya histórico de clientelismo político.

“Era la mera mera”

“Era la mera mera”En el patio central de su casa, Flora cuenta que el nombre de su comunidad, Salsipuedes, tiene un origen preventivo, para espantar a potenciales ladrones. “Cerramos aquí [el sistema de bombeo de] Papagayo II cuando a un compañero lo echaron preso. Y aquí estuvimos dos días y dos noches en un plantón para que lo liberen”, recuerda Flora. Sentados junto a ella, su esposo, Margarito, Rodolfo Chávez, Lina Ramírez Dorantes y Marciano Cruz asienten. Las albercas, los hoteles, los campos de golf y 700.000 personas de Acapulco se quedaron sin agua. Hasta que el compañero fue liberado. Según cuentan, la policía no entró porque Salsipuedes sólo tiene una salida.

En los juicios celebrados entre 2006 y 2011, el Tribunal Unitario Agrario declaró nulas las cinco asambleas que la CFE había intentado hacer pasar por válidas, la última ya en 2010. Todavía en los muros de una y otra comunidad se lee “cinco victorias del Cecop”. Otra pintada cercana resume el final de esta historia: “La Parota ya cayó”.

En el patio, la conversación salta a la 'comandanta Mago'.

–Había una señora en Aguascalientes, se llamaba doña Margarita. Ella fue la que nos insistía –cuenta Flora.

–Del plantón se iba a su casa, donde daba de comer, pero estaba pendiente, cuando le venían personas desde la entrada a avisarle que venía una máquina, decía: “Vénganse, mujeres, pónganse las pilas” –recuerda Lina.

–Pero no lo decía tan bonito lo de la máquina –precisa Rodolfo. Todos se ríen–. Doña Margarita ya estaba grande. Ella era la comandanta. Decía: “¡Órale, pinche, viejas huevonas, párense ya, que ya llegó la maquinaria!”. No llamaba a todos, llamaba a las mujeres. Y cruzaba una cadena pesada de lado a lado del camino. Y les decía a los conductores: “¡Lárgate, ándale, hijo de la chingada!, ¡hijo de la verga!”. Margarita tenía entonces 80 años, pero era la mera mera.

–No tenía esposo ni nada. Ella sola se mandaba y se desmandaba –añade Lina.

Poco antes de morir, Margarita Mendoza Solís, la 'comandanta Mago', considerada símbolo de la resistencia de La Parota, le dijo al marido de Lina: “No dejen de luchar”. Y eso hicieron. En agosto de 2012, después de todas las sentencias a su favor y casi una década de resistencia, se daba un paso fundamental para la cancelación definitiva de La Parota. A través de la firma de los Acuerdos de Cacahuatepec, el estado de Guerrero se comprometía a respetar la decisión de las comunidades. La firma de los acuerdos era la confirmación: habían ganado.

“Dicen que las tierras no son fértiles”, se ríe Flora. Ésa fue una de las excusas para ofrecer tan poco dinero por metro cuadrado. “Para quien que no las sabe sembrar no son fértiles”, añade. Pasado el patio, Flora tiene plantada flor de Jamaica. Explica que el tallo se corta en diagonal con el machete. De otra forma, resulta imposible. Detrás de las flores, hay árboles grandes y un cactus de unos siete metros. Más allá cae el cerro. Y abajo, donde hubiera estado la represa, sigue corriendo el río Papagayo.

Manuela Gallegos se reconoce como parte de la clase media, un sector de la población que en Ecuador “siempre da el voto sin mucha expectativa”, que pocas veces se moviliza. Sin embargo, en esta ocasión, la clase media fue la que empezó todo.

Esta activista ve semejanzas entre la llamada “rebelión de los forajidos” y el iniciado en España el 15 de mayo de 2011: “El hartazgo no era sólo por Lucio Gutiérrez sino por el sistema político: ya estamos hartos de que nos engañen, de que cada vez que uno confía en darle el voto a un pendejo luego venga y haga otra cosa. Era una forma de decir que estamos hartos de que decidan por nosotros y hagan por nosotros, porque nos representan entre comillas”.

La gota

Lucio Gutiérrez había llegado al poder a principios de 2003 con un discurso de ruptura con el modelo neoliberal, en coalición con distintos sectores de izquierda. Pero no tardó ni una semana en hacer exactamente lo contrario de lo prometido en campaña. Al igual que sus antecesores, firmó un acuerdo con el FMI. Adivinen qué acordaron: más recortes y políticas neoliberales a cambio de financiación para una economía arruinada.

Una vez perdido el apoyo de las organizaciones de izquierda, Lucio Gutiérrez recurrió al partido del expresidente Abdalá Bucaram. El loco, tal como le llaman, había llegado al poder en 1997 con el slogan la “fuerza de los pobres”. Una vez instalado en el Gobierno, Bucaram aplicó toda una batería de medidas neoliberales clásicas, entre ellas un aumento del gas del 417%. Seis meses después de llegar al poder, un levantamiento indígena y popular desencadenó su destitución. Desde entonces vivía prófugo en Panamá con 56 juicios pendientes, la mayoría por corrupción.

¿Qué pedía Bucaram a Lucio Gutiérrez a cambio de apoyo parlamentario? Nada menos que poder regresar al país sin ser incomodado por citaciones judiciales. A finales de 2004, Gutiérrez destituyó a los máximos cargos del poder judicial y los sustituyó por personas afines al Gobierno. Como era de esperar, el 31 de marzo de 2005 la nueva Corte Suprema anuló todos los juicios que incomodaban tanto a Bucaram. Tres días después, “el loco” regresaba al país sin cargos.

A finales de 2004, Manuela Gallegos comenzó a participar en una de las asambleas que se formaron en Quito siguiendo el modelo argentino. Tras una serie de marchas —una de ellas de cerca de 160.000 personas—, las asambleas convocaron una protesta para el 13 de abril de 2005. Pero esta vez la convocatoria no funcionó. “Eran las once de la mañana y yo decía: 'Chuta, es un fracaso'”, recuerda Gallegos. Pero a las cinco de la tarde miles de quiteños comenzaron a congregarse en la avenida Shyris, en la parte moderna de Quito. “Ahí fue que empezó todo el relajo [descontrol] hasta el 20 de abril”, cuenta Manuela. ¿Qué había pasado entre el fracaso de una convocatoria que contaba con el apoyo de la alcaldía y el inicio de una revuelta que tumbaría a otro presidente?

Cuando la imaginación derribó al un gobierno

Ese miércoles 13 de abril de 2005 una señora llamó a la Radio La Luna, una emisora sin fines de lucro de Quito. Sugirió que se hiciera un cacerolazo. “Otras personas llamaron respaldándola, y así fueron pasando la información y el cacerolazo fue un éxito”, explicaba a la BBC Paco Velasco, el director de la radio. Otro día, un oyente propuso un “reventón”. Y cuando la propuesta se difundió “la gente salió a reventar globos”, decía Velasco. Lo mismo ocurrió con el “rollazo”, un despliegue de papel higiénico desde los balcones, desde los coches y en las calles, para limpiar la suciedad del régimen. Las protestas en los partidos de fútbol, llamados “golpes de estadio”, el “basurazo”, el “escobazo” o el “tablazo”, eran otras de las innovaciones de este movimiento.

Los móviles, los mails, pero sobre todo la radio y la imaginación se convirtieron en las armas de este movimiento espontáneo, autoconvocado y sin líderes aparentes. La avenida Shyris se convirtió en el centro de la indignación ecuatoriana. Las protestas se extendieron por 20 barrios y llegó a haber hasta 40 puntos de concentración espontánea, según publicaba la prensa. El lema “Que se vayan todos”, al igual que en Argentina, se convertía en la máxima expresión del movimiento. En los barrios pelucones [pijos] del norte, pero también en los barrios populares del sur de la ciudad. “En ese momento sentí un gran alivio porque ya se había encendido la mecha, y desde ahí no paró, todos los días hasta que cayó el presidente”, dice Manuela Gallegos.

Al movimiento le faltaba un nombre. Se lo dio el mismo Lucio Gutiérrez cuando en la madrugada del 14 de abril los manifestantes organizaron un escrache: se concentraron junto a su casa familiar, gritaron y pitaron frente a la puerta. El presidente los llamó “forajidos”. A los radioyentes de La Luna y al resto de los manifestantes les encantó el nombre y empezaron a utilizarlo para identificarse en las llamadas que hacían a la radio. Así sea. La “rebelión de los Forajidos” quedó bautizada.

“Lo más maravilloso era que la gente trabajaba y después del trabajo iba a manifestarse. Fue un despertar increíble”, cuenta Gallegos. Todos los días, pitadas en la puerta de la Corte y concentraciones en la avenida Shyris. Las protestas cada vez eran más numerosas. Jóvenes, estudiantes, trabajadores judiciales, maestros, profesionales y, en los últimos días, activistas de los partidos de izquierda.

La batalla de abril

El 19 de abril, una “gran marcha final” intentó llegar hasta el palacio de Carondelet. Ese día, 100.000 personas se movilizaron. Y 3.000 granadas de gas fueron arrojadas sobre los manifestantes. “Fue una avalancha que llegó a una cuadra del palacio de Gobierno. El parque de El Ejido era una nube de gas”, relata Gallegos. El fotógrafo chileno Julio Augusto García murió a causa de la asfixia.

Al día siguiente, simpatizantes de Lucio Gutiérrez dispararon con armas de fuego a los manifestantes desde las oficinas del Ministerio de Bienestar Social. Como respuesta, un grupo de forajidos entró en el edificio y le prendió fuego. Desde el último piso del Ministerio, desde donde se había desarrollado una red de clientelismo político, fue arrojado un retrato enmarcado de Lucio Gutiérrez, que se hizo añicos en el suelo. El momento no podía ser más simbólico. “¡Sí se pudo, sí se pudo!”, coreaban los concentrados. “Sí se puede”, era el lema de la selección ecuatoriana de fútbol. Lo que Ecuador no había conseguido en el Mundial ahora lo estaba consiguiendo en las calles.

Las movilizaciones estaban fuera de control. El comandante de la Policía se negó a reprimir y presentó su dimisión. Los diputados tuvieron que reunirse en el edificio del Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo en América Latina (Ciespal), porque el Congreso estaba cercado por los indignados. Centenares de ellos consiguieron entrar en el palacio legislativo, quemaron los escaños de los parlamentarios y sacaron a la calle la bandera de Ecuador. Los manifestantes habían pasado del “Fuera Lucio” al “Fuera todos”.

Los parlamentarios, prácticamente escondidos, se acogieron a un artículo de la Constitución para declarar vacante el puesto de presidente. Para rellenar el hueco, nombraron al vicepresidente Alfredo Palacio. El Estado mayor militar retiró su apoyo a Lucio Gutiérrez y el excoronel huyó del palacio de Carondelet en helicóptero. Cuando intentó dejar la ciudad en un avión, se lo impidieron cientos de manifestantes que ocupaban las pistas del aeropuerto. Dos mil forajidos también rodeaban la Ciespal y bloqueaban la evacuación del nuevo presidente. Cuando Palacio salió al balcón, obligado por los manifestantes que habían conseguido entrar en el edificio, apenas pudo hablar. Desde ya, nadie le escuchó.

—¡Palacio, te advierto, con Quito no se juega! —era el grito de los forajidos.

Las primeras cinco horas presidenciales de este cardiólogo de Guayaquil las pasó encerrado en el sótano de este edificio, rodeado de manifestantes que exigían su dimisión y la de todo el Congreso. Los movimientos sociales habían tumbado al tercer presidente en siete años.

Llegaron pasada la medianoche a su casa de adobe, en la periferia de Ayacucho, en Perú; aparcaron los vehículos fuera y entraron en los dormitorios a patada limpia. Angélica Mendoza de Ascarza fue a encender la luz, pero los militares no le dejaron. Cuando se quiso dar cuenta, estaban dándole una paliza a uno de sus hijos en el patio de la casa. “Me armé de valor y salí de mi dormitorio, me aferré a mi hijo, y los militares me golpearon y me lo quitaron”, cuenta todavía Mendoza, a la que todo el mundo conoce como Mamá Angélica. “Lo estamos llevando para interrogarlo, vengan mañana al cuartel”, le dijo uno de los hombres que detuvieron a Arquímedes, que entonces tenía veinte años y estaba a punto de entrar en la universidad. Era julio de 1983.

Ayacucho: estado de sitio

Como parte de la lucha contra el grupo guerrillero Sendero Luminoso, las Fuerzas Armadas habían asumido el control de Ayacucho un año antes. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, las detenciones indebidas, la tortura y las desapariciones forzadas “adquirieron un carácter masivo”. El cuartel Los Cabitos, situado a las afueras de la ciudad, se había convertido en el principal centro clandestino de reclusión, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada de todo Perú.

Para los militares, las palabras campesino o indígena se convirtieron en sinónimos de senderista, de terrorista, de terruco. De las casi 70.000 personas que murieron en el conflicto armado interno (1980-2000), el 75% era quechuahablante –como Mamá Angélica– y el 30% de las muertes fueron responsabilidad directa del Ejército.

Al día siguiente de la detención de Arquímedes, Angélica Mendoza fue al cuartel Los Cabitos, donde negaron que su hijo hubiera sido detenido. Cuando fue a presentar la denuncia, coincidió allí con otras mujeres. Todas eran campesinas humildes y a todas les habían arrebatado a alguien, a unas un hijo, a otras un marido, a otras un padre. Angélica Mendoza iba al cuartel, a la iglesia, a la Fiscalía, caminaba con las otras mujeres por las calles de Ayacucho en señal de protesta. Nadie les daba ningún dato –al menos, ningún dato cierto– sobre el paradero de sus familiares.

Venciendo todos los estigmas que acumulaban en las espaldas, el de terrucas, el de mentirosas y el de “indias” que no hablan bien español, viajaron a Lima para presentar su denuncia ante el Gobierno central. Tenían muy pocos recursos y pasaron la noche en un parque. A la vuelta, crearon la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos en Zonas de Emergencia (Anfasep).

En 1985, las matanzas del Ejército y Sendero Luminoso –responsable del 46% de las muertes durante el conflicto– dejaron miles de huérfanos en Ayacucho, el departamento más afectado por el conflicto. Además de buscar a sus hijos y maridos desaparecidos, Mendoza y sus compañeras se encargaron de proteger y alimentar a muchos de esos niños, que llegaron a ser 350.

La alcaldesa de Ayacucho, Leonor Zamora, no se dejó intimidar por las Fuerzas Armadas y les facilitó un espacio para reunirse. Zamora, además, sacaba altavoces a la plaza para que las mujeres hicieran públicas sus denuncias.

Mamá Angélica no cesó de buscar a su hijo. Con sus compañeras Teodosia, Antonia y Adelina, se metía en los lugares más sórdidos de Ayacucho, en las quebradas donde de vez en cuando aparecían cadáveres y en los vertederos de la ciudad. En una ocasión encontraron más de veinte cuerpos, casi todos sin cabeza, en un botadero. Acudieron a la Fiscalía para que investigara y protegiera las pruebas. “Mañana, ahora no tenemos tiempo”, les dijeron. Al día siguiente los cuerpos no estaban. Ellas no pararon de buscar. Encontraban cadáveres en la tierra, con un tiro en la sien, a veces calcinados, a veces en estado de descomposición y devorados por los perros. Sobre ellas, los gallinazos (aves carroñeras) esperaban su turno. Los militares las amenazaban constantemente:

–¡Vieja de mierda! ¡Sal de ahí o te disparamos! –le gritó uno a Mamá Angélica. Un comandante se acercó y le pidió que se retirara. Los otros la amenazaban, le decían que la bala que la mataría valía más que su vida.

–¿Cuánto vale una bala? Te pago el precio de esa bala para que me mates, pero primero hazme ver a mi hijo y luego me iré feliz de este mundo –retó Mendoza a un soldado. Nadie disparó.

Mamá Angélica y sus compañeras de Anfasep fueron las primeras en hablar. En los siguientes años, todo un movimiento por la justicia y contra la impunidad creció a partir de su ejemplo. Un movimiento que en el año 2001 consiguió acabar con la ley de amnistía que impedía juzgar a las autoridades militares y políticas que ordenaron las masacres y las desapariciones. Y a lo largo de la década, consiguió condenas históricas, como la de Nicolás Hermoza Ríos, comandante general del Ejército, o la del mismísimo expresidente Alberto Fujimori, que en 1992 dio un autogolpe y continuó con la política de violación sistemática de los derechos humanos.

“En esa época pensábamos que en un país con las complejidades que tiene Perú iba a ser difícil que la justicia avanzara. Pero ahora que es posible hacer un balance en ese tema, el más difícil, el más conflictivo y el más crítico, es en el que más se ha avanzado”, sostiene Carlos Rivera, de la organización de derechos humanos Instituto de Defensa Legal (IDL), uno de los siete abogados que en 2009 consiguió una condena de 25 años para Fujimori.

Gracias a la constancia de Adelina García, Mamá Angélica y sus compañeras de Anfasep, el rosario de crímenes que rodea Los Cabitos también está siendo investigado. En 2011 se inició el juicio a siete militares, para los que la Fiscalía pide 30 años de prisión.

Hasta el momento, se han identificado los huesos de 109 personas detenidas y desaparecidas, pero se teme que sean muchas más. En el sector conocido como La Hoyada, que sirvió de campo de entrenamiento militar para Los Cabitos, hay un total de cincuenta fosas. Se han recuperado tantos restos que el Instituto de Medicina Legal de Ayacucho apenas tiene sitio donde guardarlos. Pese a las trabas y retrasos en el proceso legal, el juicio sigue adelante. Sin el trabajo que inició en 1983 Mamá Angélica hubiera sido imposible.

Durante 300 años, la leyenda de la Ciudad de los Césares de la Patagonia enloqueció a guerreros y frailes, arrastrándolos, como fascinados, de un extremo a otro de la Patagonia, cuenta el historiador Enrique de Gandía. Llamada también la Ciudad Errante o Elelín, había sido descrita como una ciudad de planta cuadrada, con templos y calles de oro macizo. Algunas versiones hablaban de dos cerros, uno de diamante y el otro de oro.

A principios de siglo XXI, la búsqueda parecía haber concluido con éxito. Pero los exploradores eran esta vez muy distintos. Trabajaban para la empresa minera canadiense Meridian Gold. La Ciudad de los Césares, en efecto, tenía una planta casi cuadrada. No tenía calles de oro, pero sí varios cerros alrededor. Los 30.000 habitantes de la ciudad ignoraban que uno de los picos que veían todos los días, a seis kilómetros de distancia, estaba lleno de oro. La población de Esquel tampoco sabía que en su tranquilo pueblo se libraría la primera gran batalla contra los nuevos conquistadores.

Cianuro y almendras

El hallazgo pudieron leerlo todos los habitantes de Esquel en el diario. Una mina de oro, inversiones y 400 puestos de trabajo. Un panorama prometedor, sobre todo para los 6.000 desempleados que había en la ciudad en 2002. Para presentar el proyecto, la empresa convocó a una primera reunión. A Marta Sahores, como profesora de Química en la Universidad de la Patagonia, le entró curiosidad. En la entrada a la charla se encontró con otra profesora de la facultad. Se sentaron juntas. La sala estaba llena.

–El cianuro es menos venenoso que la lavandina [lejía] que se vende en los supermercados cerca de las góndolas de la comida –decía un hombre vestido con un traje azul.

Sin duda intentaba evitar una “innecesaria” preocupación por el uso de uno de los ingredientes básicos para la extracción de oro en las minas a cielo abierto. Las dos químicas se miraron. Marta Sahores no pudo evitar levantar la mano. Pero el hombre del traje azul continuaba hablando.

–Cianuro hay en las almendras amargas, en el humo de cigarrillo… Si el cianuro fuera veneno, yo estaría envenenado, porque el azul es ferrocianuro férrico –decía mientras mostraba su traje azul y señalaba a otros oyentes con prendas azules–, y vos y vos y vos…

Las dos profesoras de Química interrumpían, cuando les dejaban. A la salida del acto siguieron hablando. “¡Qué responsabilidad la nuestra!”, dijo Marta Sahores. Eran las únicas dos expertas en química de Esquel.

El local de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra la Minería está a unos pocos metros de la plaza principal. Mate en mano, Sahores describe cómo se extrae el oro de la montaña en una mina a cielo abierto: explosiones de material contaminante, diques precarios de material tóxico, cianuro, temblores, y el uso de millones y millones de litros de agua por día.

Marta Sahores se acerca a una maqueta de Esquel y de las montañas de los alrededores; entre ellas, el cerro donde Meridian Gold quiso instalar la mina. “Trescientos miligramos de cianuro resultan letales para un ser humano. Iban a usar seis toneladas por día, aquí, a 6,2 kilómetros de la ciudad, con caída para acá”, explica, mientras señala la ruta que tomaría cualquier escape, directo hacia Esquel.

“Vecinos informan a vecinos”

“Era como tener una bomba de tiempo a seis kilómetros”, señala Pablo Quintana, uno de los fundadores de la asamblea. El aumento de las desigualdades, la contaminación y el agotamiento de los acuíferos eran algunos de los motivos para oponerse a la mina. Pero había más razones: según la leyes vigentes, solo el 3% de las ganancias producidas por la megaminería se quedan en el país.

A mediados de 2002, Pablo Quintana y otros conocidos empezaron a reunirse, a hablar por teléfono, a intercambiarse correos electrónicos. En el salón de la escuela nº 205 celebraron la primera reunión. Eran unas sesenta personas. La siguiente semana ya superaban las cien. “A partir de ahí, fue como una bola de nieve”. Se había creado la primera Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra la Minería.

La asamblea utilizaba los mensajes de texto, los emails, las panfleteadas, las pegatinas, pero resultó claro que no bastaba. La primera movilización fue convocada para el 24 de noviembre de 2002. Mil personas se juntaron ese día. La situación, seguramente, empezó a preocupar a la empresa porque, revela Marta Sahores, recibió tres llamadas anónimas con amenazas. “Me dijeron que, si no me dejaba de joder con el cianuro, iba a quedar tendida en la plaza”.

Una semana después, la ciudad vivía su segunda muestra de rechazo. Ahora eran 3.000 personas las que gritaban contra la mina en una marcha por el centro. “Ese día quedé tendida en la plaza, pero de feliz, porque había venido mucha gente de la comarca”, rememora Sahores.

El equilibrio de fuerzas estaba cambiando. Con la población movilizada fuera de la municipalidad, el Consejo se vio obligado a convocar un plebiscito. El primer referéndum en Argentina sobre la minería a gran escala ya tenía fecha: el 23 de marzo de 2003.

A medida que se acercaba el día, la tensión aumentaba. La manifestación más multitudinaria fue la del cierre de campaña, el día antes de la votación. Nueve mil personas marcharon por el centro en la mayor movilización de la historia de Esquel. El Gobierno municipal y la minera Meridian Gold, como broche de cierre, brindaron un concierto gratuito en el gimnasio municipal, con bebida y choripán incluidos.

Había llegado el día. “Todos teníamos miedo. No creíamos que hubieran convocado un plebiscito sabiendo que iban a perder. Creíamos que había gato encerrado, que iba a haber fraude. No sé de dónde vino el error de cálculo”, expone Quintana.

Al cierre de la votación, a las 18 horas, el resultado no podía ser más rotundo: 1.500 personas a favor de la mina; 11.062 personas, el 82%, en contra. La victoria se convirtió en festejo. “A la noche, la gente estaba como loca, dando vueltas por todos lados. Yo recuerdo –dice Quintana– salir del local y llegar a la plaza abarrotada de gente, algunos con antorchas, con pancartas, un momento de absoluto festejo”.

El día anterior al plebiscito, en la gran marcha de cierre, Marta Sahores no podía creer lo que veía: “En un pueblo de 30.000 habitantes, había 9.000 en la calle, sin organización, unos hacia un lado, otros hacia otro”. De repente descubrió entre los manifestantes a un grupo de niños, todos equipados con la misma camiseta de fútbol, relucientes. Le entró la curiosidad.

–Chicos, ¿qué pasa?, ¿no estuvieron jugando al fútbol, que están todos limpitos?

–No, estas nos las regalaron los mineros y las guardamos para festejar el triunfo del “no a la mina”.

“¡Eso fue apoteósico! Hubo compra de voluntades a granel, empanadas, asados, vino… Trajeron un conjunto musical gratis. La gente aceptó las empanadas, fue a ver al conjunto que le gustaba, pero luego votó lo que le parecía”, relata Sahores.

A los pocos días, el Gobierno declaró que el proyecto no se iba a realizar. Esquel se convirtió en el primer pueblo de Argentina que consiguió expulsar a una multinacional minera con la movilización ciudadana. Pero no sería el último: decenas de pueblos argentinos como Loncopué, Tinogasta, Chilecito o Andalgalá siguieron su ejemplo. Esquel había demostrado que se podía hacer.

Casualidades de la historia, fue precisamente en El Alto (Bolivia) donde se instaló en 1781 el campamento de los indígenas sublevados contra la colonia, desde donde Tupaj Katari dirigió el asedio a La Paz. Desde el centro de la ciudad era posible ver, 400 metros más arriba, a los prisioneros españoles ahorcados en altísimas estructuras de madera.

Con la misma mezcla de temor y respeto han seguido alzando la vista los sucesivos ocupantes del Palacio Quemado, sede del Gobierno. El secreto de la fuerza de El Alto, hoy una ciudad de 1,2 millones de habitantes, reside en su tejido social, sobre todo en su movimiento vecinal. Cada zona, en ocasiones apenas una manzana, tiene un presidente elegido por una asamblea, que se reúne cada mes.

Cuando estalló la guerra del gas, en octubre de 2003, Mónica Apaza era secretaria de Juventudes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, la integrante más joven de toda la directiva. “Con el referente de octubre –dice– muchos de los gobiernos que han venido después ya ven El Alto como un gigante que puede levantarse y derrumbar gobiernos”.

“El gas es nuestro”

El desencadenante de la revuelta que tumbaría a Sánchez de Lozada fue el plan del Gobierno de exportar gas a EE UU a través de Chile, dos países, según el imaginario popular, enemigos de los intereses bolivianos. Mientras la inmensa mayoría de la población no tenía cubiertas sus necesidades básicas, tres multinacionales, una de ellas la española Repsol, se quedarían con el 82% de los beneficios de la operación.

Aunque las comunidades aimaras del Altiplano llevaban casi un mes bloqueando caminos, el principal impulso para destituir a Sánchez de Lozada provino de un paro indefinido decidido por la Fejuve de El Alto. La organización convocó a todos los presidentes de zona, en representación de cerca de 600 juntas vecinales, a una asamblea general. El 8 de octubre El Alto inició una vez más el cerco a La Paz. La guerra del gas había empezado.

A los pocos días, los bloqueos habían dejado sin gasolina los 58 surtidores de La Paz y El Alto. El problema del abastecimiento empezaba a preocupar también a los vecinos. “Era el tercer día y nosotros no sabíamos cómo iba a hacer la gente para comer”, recuerda Mónica Apaza. No tardaron en encontrar una salida. “Hablamos en los mercados y las caseras [vendedoras] iban a vender a las cuatro de la mañana y hasta las seis y media, cuando cerraban los mercados… Y otra vez a la movilización, todo el día. Al día siguiente, igual: abrían los mercados por la madrugada y los cerraban para las movilizaciones”.

Las mujeres no sólo eran las encargadas de gestionar las despensas y las ollas comunes que se montaban en plena calle con la comida que aportaban los vecinos. También eran mayoritarias en las protestas, señala Apaza. Cuando los presidentes de zona no llamaban a la movilización, “eran las mujeres las que se organizaban y convocaban”.

“Vamos a meter bala”

“Si quieren diálogo sobre el gas, habrá diálogo sobre el gas; si quieren guerra por el gas, habrá guerra por el gas, y vamos a meter bala”, dijo Sánchez de Lozada el 11 de octubre. Ese mismo día, con munición de guerra, el Ejército y la Policía disparaban contra los vecinos que bloqueaban el paso de los camiones cisterna que salían de la planta de gas de Senkata, en El Alto. Las primeras muertes generalizaron la rebelión.

Miles de alteños rodearon el convoy militar, que fue obligado a refugiarse en un cuartel de la zona. Los choques entre las fuerzas militares y los manifestantes se extendieron por todo El Alto y los barrios más elevados de La Paz. Los tanques ametrallaban a los manifestantes por las laderas. Los helicópteros y los francotiradores disparaban sobre los civiles…

Las muertes alimentaban la revuelta. Era un ejército contra cientos de miles de personas desarmadas. Al igual que la tropa de Tupaj Katari, los vecinos tenían palos, piedras, hondas, algún cóctel molotov y algunos “cachorros” de dinamita. Bien colocada, la carga permitió derribar tres de los seis puentes elevados que atraviesan la principal entrada a El Alto.

Los vecinos bloquearon las calles con autobuses, carrocerías viejas, piedras, maderas, incluso con gigantescos vagones de tren descarrilados. En las principales avenidas, inmensas zanjas cavadas en el asfalto y en la tierra hacían imposible el tránsito. 77 muertes y 400 heridos por las balas de la Policía y el Ejército hicieron que la demanda del gas pasara a un segundo plano. La primera demanda ya era innegociable: la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada.

“Nosotros somos la historia”

“Como un gigante que duerme en el momento en que lo despiertas, no descansa hasta que termina lo que ha empezado”, dice Mónica Apaza. Sánchez de Lozada hablaba de un proceso “sedicioso” financiado desde el exterior, encabezado por el entonces diputado Evo Morales y el líder campesino Felipe Quispe. Pero al cuarto día de movilizaciones ya ni la Fejuve dirigía a los manifestantes, señala Apaza.

“Después de las masacres, ya nos ha sobrepasado la misma base, la misma gente se empezó a organizar; ya no había una dirección”, prosigue Mónica, que se sumó como una más a los bloqueos. “Nuestra lucha ha sido desde abajo, no había alguien arriba. Éramos nosotros, todos nosotros movilizándonos”.

Recordar aquellos días sigue siendo doloroso para ella: “Me ha tocado llevar gente herida al hospital y que en mis manos se mueran muchas personas”. Las noticias y las imágenes de las masacres extendieron las protestas por todo el país. Los cocaleros, los indígenas del Altiplano, los mineros de Potosí y Oruro, dinamita en mano: todos se unían a los bloqueos y avanzaban hacia el Palacio Quemado.

El 16 de octubre, en una gigantesca manifestación, “todo El Alto bajó a La Paz”. Las huelgas de hambre se extendían a todos los rincones de Bolivia. La situación era insostenible para Sánchez de Lozada. La toma militar de El Alto había fracasado. El 17 de octubre de 2003, el presidente escapó en helicóptero. Después de unas breves escalas se instaló en Estados Unidos.

El profesor aimara Pablo Mamani llevaba tiempo viviendo en El Alto, pero confiesa que nunca había imaginado que sus habitantes fueran capaces de una resistencia semejante. “En esos momentos descubrimos que éramos sujetos históricos capaces de hacer más de lo que habíamos pensado. Y en ese momento descubrimos que la historia está aquí, que nosotros somos la historia, no ellos”.

Para Mónica Apaza, sin el levantamiento de octubre la historia del país hubiera sido muy distinta: “Las muertes, todo lo que hemos vivido, valió la pena. Estamos en un proceso que nunca se hubiera dado en Bolivia si no hubiera sido por esto”.

* Con la colaboración de Héctor Rojo Letón