S. B. lleva desde 2007 pasando la temporada de recogida de la fresa y los frutos rojos en Huelva bajo el sistema de contratación en origen, pagando su correspondiente cuota a la Seguridad Social. La única salvedad fue el año 2020, por el cierre de la frontera decretado por el Estado marroquí. Enferma de cáncer de cérvix desde hace varios años, y que a pesar de sus dolencias continuó viniendo a trabajar cada primavera, S. B. cree con buenas razones que su trabajo y sus aportes le dan derecho a ser asistida por el sistema sanitario español, y probablemente esa es su única alternativa, debido al estado de la sanidad pública en su país. Sin embargo, no se lo han puesto nada fácil.

La empresa para la que trabaja en Huelva, Atlantic Blue, se negó a ayudarla y, antes bien, la acusó de fingir su malestar para obtener la residencia y la amenazó con acusarla de fuga. Lo cuenta muy bien Perico Echevarría en La Mar de Onuba, donde relata el caso con todo lujo de detalles, incluyendo un audio en el que se escucha a la encargada de la finca negarle a la trabajadora el derecho a salir libremente del recinto: “No os la podéis llevar y ya está”. También narra el periodista, en esta ocasión testigo del caso, el cuestionable papel de las trabajadoras de la Cruz Roja. El propio Echevarría acompañó a S. B. en su periplo hasta conseguir el apoyo de la Asociación Familia Vicenciana. Lo hizo junto a Ana Pinto y Najat Bassit, fundadoras de Jornaleras de Huelva en Lucha, que conocen bien esa empresa, en la que ambas trabajaron durante años.

Valga decir que este caso es excepcional por el acompañamiento y la visibilidad que ha recibido, pero es también muy representativo de lo que ocurre en los campos de Huelva. Las trabajadoras contratadas en origen pagan sus contribuciones a la Seguridad Social y a la Hacienda pública, como cualquier persona asalariada, pero ellas rara vez llegan a recibir la tarjeta del Sistema Andaluz de Salud, y cuando requieren de atención médica, a menudo no se les proporciona ningún tipo de información ni asistencia. En el caso de esta empresa, además, las trabajadoras no solo pagan sus cotizaciones, sino que son obligadas a pagar primas de salud que ni saben lo que son ni nadie les explica. La Caixa gestiona estos cobros, pero hasta ahora no ha asumido ningún tipo de responsabilidad, como tampoco la patronal fresera.

Recordemos que las trabajadoras marroquíes contratadas muchas veces no manejan el idioma español y viven en las instalaciones de las propias fincas, a varios kilómetros del pueblo más cercano y sin ningún tipo de transporte. Es decir: están aisladas y desconocen totalmente sus derechos. O tal vez sea mejor decir que los desconocían. Ahora, las marroquíes llevan ya años viniendo a España cada primavera, y algo van sabiendo de cómo funciona el sistema. Además, desde 2020 cuentan con la labor sindical de la asociación Jornaleras de Huelva en Lucha que, pese a su precaria situación, ha hecho más por las personas que trabajan en el campo onubense que los sindicatos que cuentan con todos los medios para ello.

Tal vez la pregunta que deberíamos hacernos es por qué una sociedad permite este tipo de trato deshumanizante de quienes, con su trabajo, posibilitan la producción agrícola de nuestro país. Creo que la única respuesta es el racismo. Sin la pedagogía racista, que identifica humanidad con blanquitud y construye al otro racializado como inferior a ese ser humano blanco (y varón, y propietario), sería difícil que tolerásemos que estas mujeres recibieran sistemáticamente el trato vejatorio que reciben. Tampoco admitiríamos que seres humanos se vieran obligados a vivir en las condiciones de los asentamientos de chabolas de Lepe o Palos de la Frontera, donde cada tanto llega la noticia invisible de un nuevo incendio. Y si había dudas de la persistencia y eficacia de esa pedagogía racista, recordemos cómo las personas afectadas por la guerra de Ucrania recibieron un trato muy distinto, y el Gobierno anunció con presteza que existían miles de viviendas disponibles para alojarlas, como si hasta ese momento no hubiera miles de personas viviendo en chabolas, cuando no al raso, en nuestro país, y especial y significativamente, en las zonas de producción agrícola.

Escribía estas líneas cuando supe que al menos 37 personas murieron mientras intentaban saltar la valla de Melilla para llegar a España. La respuesta del presidente del Gobierno, ese gobierno que se nos dice que es el más a la izquierda que podemos tener, fue felicitar al Estado marroquí por frenar el “asalto violento” en la frontera. Sánchez hizo suyo el marco de la ultraderecha con una facilidad pasmosa, mientras algunas personas nos preguntábamos si era la represión policial en la frontera lo que se le pedía a Rabat a cambio de abandonar a su suerte al pueblo saharahui. No creo que sea posible tanto cinismo si no se ha asumido previamente que esas personas son menos personas que las del lado de acá de la valla. Rita Segato lo llamó pedagogía de la crueldad: tratar a los seres humanos como si fueran cosas.

Hablemos claro: el Estado español, como el resto de Europa, requiere mano de obra barata, muy barata, para asegurar la rentabilidad del agronegocio, para garantizar la limpieza y los cuidados a precios de saldo, y un largo etcétera de trabajos precarios concebidos para ciudadanía de tercera y cuarta clase. Y esa mano de obra la garantiza una ley de extranjería que abona esa pedagogía racista por la cual hay personas de primera, segunda y tercera clase. Esto no es nuevo, pero se actualiza y se agrava en tiempos en que la lógica extractivista del neoliberalismo avanza triunfalmente sobre cada vez más esferas de la vida.

Cuenta Achille Mbembe en Crítica de la razón negra que, en tiempos de la economía de las plantaciones, las clases pobres blancas se esforzaban por diferenciarse de los esclavos negros, tal era su miedo en caer en ese abismo. Hoy, el discurso plano del “vienen a quitarnos el trabajo” conquista el sentido común con una facilidad tan pasmosa que solo cabe concluir que está activando resortes del inconsciente muy profundos. Tal es la pregnancia del racismo como dispositivo cultural y como tecnología de gobierno.

Es verdad que Vox no logró el 19 de junio los resultados que esperaba en Andalucía, pero la derecha barrió y la izquierda se vio aún más arrinconada. Las izquierdas vienen mostrándose a la defensiva, reactivas y, lo que es peor, moralistas. Frente a la política securitaria y el racismo institucional que lleva años consolidando la Unión Europea –y el Estado español tiene aquí un papel especialmente antipático, por ser frontera sur del continente–, se ha impuesto en las izquierdas europeas un discurso humanitarista y moralizante de la cuestión migratoria que se desliza con facilidad hacia el paternalismo  y la victimización –el “salvador blanco” frente al “pobrecito” migrante–. Concluye Miguel Mellino que las izquierdas y las oenegés abanderan a menudo un “antirracismo de sistema” que, pese a sus buenas intenciones, sigue operando en coordenadas funcionales al sistema de dominación que interconecta las opresiones de raza, género y clase.

¿Qué hacer? No traigo recetas, pero sí una convicción: la semilla de ese movimiento antirracista que necesitamos, que rompa con la lógica moralizante de la razón humanitaria, se encuentra hoy, como estuvo siempre, en movimientos de base como las Jornaleras de Huelva en Lucha, que articulan en su praxis política el antirracismo, el feminismo y el ecologismo.

El 19 de junio estamos convocadas a votar en Andalucía. No confío mucho en las encuestas, así que prefiero sondear a mi alrededor, y lo que escucho oscila entre quienes creen que dará igual quien gane, porque los chiringuitos siguen siendo los mismos con Susana que con Juanma, y quienes están francamente cabreados con una izquierda que aparece debilitada y dividida. En mi círculo cercano hay poca gente de Vox, un sesgo que tal vez no me deja entender si la ultraderecha consigue activar el entusiasmo por la política institucional, partidista o el adjetivo que queramos ponerle para no terminar confundiendo el aparato gubernamental y el sistema electoral con la política en un sentido amplio: a saber, el modo en que organizamos la vida en sociedad.

Durante muchos años elegí no votar, desde la convicción de que la abstención es una alternativa cuando lo que falla no son tanto las opciones partidarias que entran en liza como el sistema democrático en sí mismo. La emergencia ilusionante –al menos para algunos– de Podemos no me arrancó esa convicción; pero sí lo hizo el ascenso de Vox, su discurso radicalmente xenófobo y misógino, la sensación de déjà vu de un tiempo pasado que fue peor, el horizonte posible de una involución que divide y enfrenta a quienes, desde abajo, deberíamos estar pensando en cómo aliarnos para hacer frente a los enormes desafíos que enfrentamos. Y cómo no recordar en este punto las lúcidas palabras de Bertolt Brecht: “¿De qué sirve decir la verdad sobre el fascismo que se condena si no se dice nada contra el capitalismo que lo origina?”.

Ahora, de regreso en mi tierra después de muchos años, veo de cerca esos retos: la creciente desigualdad social, el pertinaz desempleo, la acelerada privatización de la sanidad, el desbocado aumento del precio de la vivienda o las costuras que muestra una economía basada en el sacrificio de amplias zonas entregadas a la turistificación y el agronegocio, sin una mínima planificación, realista y a largo plazo, de las necesidades y los recursos locales. Baste pensar en el precio inflado de los alquileres en Cádiz, o en el humedal de Doñana secándose mientras quienes nos gobiernan pretenden amnistiar los regadíos ilegales de ciertos empresarios freseros. Todo ello, con el inquietante sustrato de una crisis económica que ya no tiene que ver con algo tan etéreo como las finanzas, sino con la escasez de energía, materiales y alimento.

En medio de ese complejo escenario, políticos de todo el espectro hablan de resolver “los problemas reales de la gente”. Pero la izquierda no “ilusiona”, enmarañada entre sus líos internos y la presión de la prensa: los medios de derechas, que son casi todos, desinforman masivamente, mientras los medios más afines a las izquierdas parecieran estar más interesados en preguntar por la “salsa rosa” del politiquerío que en preguntar por los programas, por las propuestas, por las posibles soluciones a estos desafíos que nos desbordan. Y sí, es descorazonador que algunos líderes de nuestras fragmentadas izquierdas sigan confundiendo sus enemigos; pero ahondar en esa queja no nos sirve de nada cuando lo que está en juego es la consolidación de la deriva fascista en las instituciones y, lo que es peor, en los imaginarios.

Ya no creo en la utilidad de la abstención como forma de protesta, pero tampoco creo que sea necesario que venga un líder carismático a “ilusionarnos” y movilizar nuestro voto. No se trata –no solo– de votar por miedo a la ultraderecha; se trata de entender que la política se hace desde muchos lugares, no apenas desde las instituciones. Sí, es verdad que mejores legislaciones y políticas públicas allanan el camino de la emancipación; pero también es cierto que los marcos institucionales no servirán de nada si abandonamos el trabajo de base, el tejido asociativo, la construcción desde abajo, en la calle, articulándonos, recuperando los espacios presenciales que perdimos en pandemia, multiplicándolos, inventando nuevas formas de acción y de organización, desde un ejercicio de imaginación radical que va más allá de la resistencia, que es propositivo, que da esperanza y moviliza en ese ejercicio cotidiano de tejer y hacer. Hablo de feminismos populares, sindicalismos de base, movimientos por la agroecología o la soberanía energética, iniciativas de la economía social, movimientos antirracistas, defensores de los derechos humanos, asociaciones vecinales, colectivos que por todas partes se levantan contra las diversas formas de extractivismo que avanzan en el contexto de un capitalismo tan hegemónico como agónico, y un amplísimo etcétera. Y algo sí parece claro: un gobierno más hostil, en Andalucía o en el Estado central, estará más tentado de amordazarnos, y nos impondrá una agenda involutiva que nos dificultará avanzar.

Sí, es mejor que gane el “menos malo”. Pero no se trata solo de eso. Se trata de dejar de creer que vendrá un Pablo, una Yolanda, una Teresa que nos salvará, para después terminar una vez más decepcionadas, al borde del abismo de ese pesimismo absoluto que, como escribe Achille Mbembe recordando a Ernst Bloch, es “propio de los que creen que no vale la pena hacer nada” y que es, por tanto, motor del cinismo. A ese pesimismo nihilista no opone Bloch un optimismo naif, sino un “optimismo crítico y militante” que se alimenta de la esperanza y de la fe, que se arriesga “a lo todavía no logrado”. ¿Quién habría previsto, pocos años atrás, que la fuerza más votada en Colombia tendría en su fórmula presidencial a una mujer negra, de orígenes populares y defensora del territorio? No parece muy probable conseguir la victoria en segunda vuelta –convocada para el mismo 19 de junio que decidirá la composición del Parlamento andaluz–, pero no por eso deja de ser menos esperanzador lo que representa que Gustavo Petro y Francia Márquez logren más del 40 por ciento de los votos en primera vuelta. Y no porque deban erigirse en salvadoras del país, sino porque Colombia parecía, para mucha gente, sumida de forma irreparable en el genocidio, el miedo y el entreguismo a Washington. Nadie anticipó las protestas de 2019 ni la fulgurante campaña de Petro en un país donde durante décadas la violencia estatal y paraestatal cercenó la posibilidad de poner límites al extractivismo y la necropolítica. Más allá de lo que pase el 19-J, la victoria de Petro y Francia en la primera vuelta es un hito histórico, y se ha logrado comunicando, no lo mal que está todo por culpa de Uribe, sino que es posible “vivir sabroso”.

Escribió Bloch que hemos “nacido para la alegría”, que es hija de la esperanza. Y la esperanza, prosigue el filósofo alemán, se cultiva, se trabaja, cuando entendemos que el futuro está abierto y que formamos parte activa del devenir del mundo. Lo contrario, el “todo está perdido”, es una posición demasiado cómoda para lo que nos exigen estos tiempos, en los que el futuro es más impredecible que nunca. Salgamos a votar y sigamos haciendo política en los barrioshttps://www.pikaramagazine.com/2020/04/la-vida-del-barrio/. Cultivemos la esperanza.

Quien conoce Colombia sabe que la panela no es solo un endulzante, es un alimento fundamental en la canasta básica de millones de colombianos de distintas clases sociales. Es, también, el producto que da sustento a más de 350.000 familias, según Fedepanela, la federación que agrupa a los productores de este derivado de la caña de azúcar. La inmensa mayoría son pequeños productores que procesan sus propios negocios y hay también algunos medianos productores.

En el sector de la panela nunca han entrado los grandes ingenios azucareros. Lo tienen prohibido desde que, en 1990, se promulgó la Ley 40, que establece una serie de medidas para proteger a los pequeños productores. Sin embargo, existe una profunda preocupación de que esa protección estatal se deteriore desde que el ingeniero agrónomo Jorge Enrique González Ulloa ha obtenido en Estados Unidos la patente del método de producción del endulzante al que llamó Polycane.

Se trata, en realidad, de dos patentes, una de diciembre de 2019 y otra de abril de 2020. Esta licencia podría validarse en otros países, incluidos los miembros de la Unión Europea y la propia Colombia, si no lo impide la contraofensiva legal con la que los productores paneleros han respondido a esta iniciativa. 

La patente de González Ulloa es un método para el procesamiento de la caña de azúcar que es similar a la forma en que, generación tras generación, los campesinos colombianos han producido la panela en sus trapiches artesanales.

Para entenderlo es necesario comprender por qué la panela es mucho más que azúcar sin refinar. En la producción del azúcar blanco convencional, el alimento se centrifuga a altas temperaturas, lo que hace que pierda sus propiedades nutricionales. El azúcar moreno que se suele comercializar en Europa no es muy diferente, ya que se trata de una mezcla entre azúcar refinado y melaza. En cambio, la panela se obtiene hirviendo el jugo de la caña fresca en ollas de metal, lo que hace que la temperatura no exceda los 90 grados, con esto se consigue que no pierda nutrientes y no solo endulza, sino que alimenta. 

Una patente polémica

Según el creador de Polycane, su producto no se expone a más de 70 grados y gracias a ello conserva los policosanoles, unos alcoholes que, según la versión de González Ulloa, convierten su endulzante en un producto saludable que reduce el colesterol y limpia las arterias. El ingeniero agrónomo defiende haber logrado una “revolución industrial azucarera”. La Federación que aglutina a los pequeños y medianos productores defiende que en la panela ya había estos policosanoles, lo que aún desconocen -y tampoco se deduce de las pruebas presentadas por González Ulloa- es si la panela o el Polycane poseen policosanoles en cantidad suficiente como para reducir el colesterol. 

“Hemos analizado panela colombiana producida con anterioridad a su solicitud de patente y hemos visto que este producto conserva esos alcoholes”, afirma Óscar Gutiérrez, director ejecutivo nacional de la asociación Dignidad Agropecuaria Nacional. Según la Federación que agrupa a los productores de la panela , la cantidad de policosanoles depende no solo de la temperatura sino de factores como de los nutrientes del terreno o la variedad de la caña. 

“Lo que se presenta como producto industrial novedoso no es diferente de la panela granulada o pulverizada que ya se produce desde hace generaciones: ya había policosanoles en la panela, lo que ocurre es que nadie había dicho hasta ahora que ese fuera el componente principal ni se había especificado que tuviera propiedades medicinales”, dice Gutiérrez. “Pero en Colombia todo el mundo sabe que si usted tiene gripe, se toma un agua panela bien caliente con limón y se acuesta a sudar”, añade el dirigente de Dignidad Agropecuaria.

“Los pequeños productores siempre hacen cosas importantes, pero no las patentan”, considera Herney Chagu, un dirigente gremial de amplia experiencia en la producción y comercialización de panela en el departamento del Cauca.

Después de que Fedepanela presentara su oposición a la solicitud de patente, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia debe definir si se reúnen las condiciones para que el método propuesto por González Ulloa se considere una invención. El abogado Óscar Lizarazo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, cree que la probabilidad de que se apruebe en Colombia “no es muy alta”, aunque no lo descarta. “Desde 2011, la oficina de patentes es más laxa, antes de ese año se concedía el 23% de las solicitudes, ahora, el 49%. Además, desde 2012 Colombia tiene un acuerdo con Estados Unidos, con el que, bajo ciertas condiciones, permiten ‘homologar’ examen de patentes hechos en otros países” dijo. 

De aprobarse la patente, los paneleros podrían ampararse en una norma de “Uso anterior” que les permitiría continuar produciendo sin pagar regalías al titular de esta. Esa situación, dice Lizarazo, les puede “generar inseguridad jurídica, además de costes legales y desgaste”. También falta por ver qué sucederá en los países europeos. Fedepanela ha presentado observaciones de terceros en la Oficina Europea de Patentes (EPO) para impedir que salga adelante la patente.

“Hay riesgo real de que salga adelante, pero será porque hacen trampa”, sostiene Óscar Gutiérrez, que tiene claro que “el objetivo es que los ingenios puedan entrar en un terreno que tienen vedado”

González Ulloa es nieto del fundador de Riopaila, uno de los mayores ingenios del país, y ha formado por parte de su junta directiva. No obstante, la empresa Riopaila-Castilla se ha desmarcado de la iniciativa de patentar la panela. Asocaña, que agrupa al sector de los empresarios azucareros, también se ha distanciado de esta actuación.

Los productores de panela son escépticos ante este posicionamiento público y piensan que un gran ingenio azucarero está detrás de la polémica patente. “Los ingenios siempre quisieron entrar en la panela, y en el último año han visto que ha tenido un buen precio”, dice Chagu. Según Fedepanela, la exportación de panela colombiana aumentó más de un 100% entre 2015 y 2019. “Tengo la completa seguridad de que los ingenios están detrás de esta patente”, sostiene.

Un caso de “cognopiratería” 

“No se puede patentar un método que forma parte del patrimonio cultural y productivo de los paneleros colombianos”, apunta Fedepanela. El caso parece responder a lo que la antropóloga Elizabel Reichel-Dolmatoff ha llamado “cognopiratería” para referirse a la apropiación indebida de saberes y conocimientos. Como reflexiona el profesor Lizarazo, “se trata de una patente de cuestionable altura inventiva, un tanto obvia y poco novedosa, y no es un caso aislado. Los sistemas de patentes atraviesan crisis, desequilibrios, y en ocasiones sobreprotegen a productos que, en vez de estimular la innovación genuina, bloquean, retrasando o disminuyen la competencia, como ocurre con algunos medicamentos y vacunas”.

Mientras se resuelve el caso, los pequeños productores paneleros siguen alerta en Colombia. En ese país, la población campesina todavía es fuerte, numerosa y orgullosa de producir alimentos. Es uno de los lugares del mundo donde los líderes comunitarios y los defensores  de los territorios y sus formas tradicionales de vida se exponen a mayores niveles de violencia frente al avance del agronegocio y otras actividades extractivas . Durante la pandemia y el gobierno de Iván Duque, esa violencia se ha recrudecido. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos informó que en el 2020 ocurrieron 66 masacres con 255 muertes, el doble en comparación con el 2019. 

“La pelea no es de ahora. Desde hace tiempo, el gran capital y los ingenios se han querido apoderar de la panela, pero siempre ha habido resistencia, paros campesinos y unidad para frenarlos. El gremio tiene respaldo social, pero el problema es confiarnos. Por eso pedimos solidaridad internacional para dar a conocer esta injusticia”, dice Herney Chagu.

A nadie sorprenderá saber que la venta de flores se dispara entre los días 11 y 14 de febrero o que las ventas de ramos por Internet se multiplican por 20. El Día de los Enamorados concentra alrededor del 8% del total del negocio anual de la floristería española. El día de Sant Jordi es otro pico del consumo de un bien que, pese al simbolismo que lo asocia al amor y las muestras de afecto, genera un reguero de consecuencias socioambientales semejante a cualquier otro oficio del modelo del agronegocio orientado a la exportación masiva.

De Colombia, el segundo país exportador de flores a nivel internacional, proceden alrededor del 10% de las flores que llegan a España, y que suponen un jugoso negocio de 106 millones de euros anuales. La floricultura ocupa en ese país 6.700 hectáreas, de las un 73% se ubican en la Sabana cercana a Bogotá, en el departamento de Cundinamarca. Los defensores del sector subrayan que da empleo a unas 130.000 personas, en su mayor parte mujeres; pero la industria de las flores supone también sobreexplotación laboral, daños a la salud de las trabajadoras y graves consecuencias ambientales.

“El impacto es bien complicado. Sacan el agua del río, del humedal, de lo que haya, para la industria floricultora; y eso va apocando el agua para los cultivos de papa, zanahoria, del agro; entonces, eso es muy perjudicial para la Sabana, y también para la población”, resume María (nombre ficticio), una trabajadora del sector.

Según el estudio hídrico de la entidad estatal Ingeominas, el sector florícola consume unos 54,8 millones de metros cuadrados de agua por año, frente a los 10,7 millones que abastecen para el consumo humano a los tres municipios que concentran la producción de flores: Funza, Madrid y Subachoque. Así, la industria agroexportadora de flores compite directamente con la producción de alimentos, y pone en riesgo la soberanía alimentaria en la región.

María conoce de primera mano los impactos sobre la salud de quienes trabajan en los invernaderos: “Los agroquímicos causan intoxicaciones y, a largo plazo, afectan a los pulmones, provocan hongos y enfermedades dermatológicas, en función del contacto que uno tenga con esos químicos”. Como sucede con cualquier oficio del agronegocio, la floricultura requiere el empleo masivo de productos químicos (plaguicidas, fumigantes y fertilizantes) vendidos por grandes transnacionales como Syngenta o Bayer, las mismas que controlan la fase de distribución.

El uso y abuso de agrotóxicos generó una intoxicación masiva en la empresa Aposentos en 2003, cuando 374 trabajadoras y trabajadores tuvieron que ser llevados al hospital por ingerir sustancias tóxicas. Después de aquello, y en gran parte gracias a la presión de consumidores en países europeos y en los Estados Unidos, algunas sustancias tóxicas dejaron de utilizarse; pero se sustituyeron por otras que no han sido testadas y las medidas de seguridad laboral no son fiscalizadas.

El trabajo en los invernaderos también genera enfermedades asociadas a los movimientos repetitivos, en posiciones incómodas y sometidas a altas temperaturas. “Las cortadoras de flores sufren dolencias como el síndrome del túnel carpiano, el espolón calcáneo y el manguito rotador. También hay enfermedades psicológicas porque el hecho de estar tan presionado, a la gente le estresa, y a veces sufren depresión”, explica María. En los picos de demanda, las operarias se ven forzadas a realizar jornadas por encima de las doce e incluso las quince horas diarias, y cortar 400 flores por hora, lo que requiere un ritmo de trabajo frenético. La consecuencia lógica de realizar un movimiento tan repetitivo durante 12, 14 o 16 horas diarias es la pérdida de movilidad y fuerza en la mano.

Esto tiene que ver con la aguda estacionalidad del negocio, que se concentra en fechas señaladas como San Valentín y Sant Jordi. Dar cuenta de esa demanda implica someter a una gran presión a las trabajadoras; y son otras trabajadoras, las supervisoras, las que deben asegurarse de que se alcanza ese rendimiento: “Uno generalmente anda presionando a la persona para que cumpla con las labores semanales, diarias, por horas; eso de cansar a la gente hace que la gente se enferme de estrés y de depresión”, afirma María. “Esa es la labor de un supervisor, revisar que el trabajo está bien hecho y exigir que se cumpla con el trabajo”, matiza Inés, que también prefiere ocultar su identidad; ella trabaja desde hace dos décadas como supervisora en los invernaderos de la Sabana de Bogotá.

“Funciona como una maquila”

“Una entraba a las seis de la mañana pero no sabía cuándo iba a salir”, así que llega un momento en que “ya los oficios de la casa se atrasan un poco más, ya uno descuida un poquito más a los hijos”, cuenta una trabajadora entrevistada para el informe Las mujeres en la industria colombiana de las flores, del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

“La industria funciona como una maquila: se trate del textil, de nuevas tecnologías o de las flores, la lógica es la misma: producir al máximo con el menor coste posible; y eso lleva a niveles tremendos de explotación”, afirma Erika González, autora del citado informe. Además, añade la investigadora, “se tiende a la subcontratación para evitar toda responsabilidad; o, si se hace contrato, es cada vez más precario; entre otras consecuencias, esto deja a muchas trabajadoras por fuera del acceso a una jubilación.

Como en toda maquila, el trabajo está feminizado. Ellas cultivan, recogen, cortan las flores y hacen los ramos, mientras los hombres son empleados en tareas mejor pagadas, como el mantenimiento de infraestructuras. “Emplear a mujeres asegura el empresario mayores niveles de explotación: la mayor parte son mujeres cabeza de hogar, es decir, de sus ingresos depende el sostenimiento de sus familias, y eso les genera una dependencia muy alta de estos empleos”, asegura González.

Y añade otro factor que perpetúa un sistema de explotación en el que se tocan la esfera del trabajo formal y la del trabajo reproductivo: “Este tipo de trabajo, con jornadas extensísimas y que además no saben cuándo van a salir, provoca mucha angustia a estas mujeres, que no pueden hacerse cargo de las tareas de cuidado y crianza; las que quedan a cargo de los hijos suelen ser las hijas mayores, que muchas veces se ven obligadas a dejar de estudiar”.

Quienes deciden organizarse para reivindicar mejoras laborales, se exponen a pagar un alto precio. Desde que comenzó 2020 y hasta el 5 de febrero, 28 líderes sociales han sido asesinados en un país que cada año se encuentra entre los más peligrosos para defensores de la tierra, sindicalistas y periodistas.

Por todo ello, quienes conocen desde dentro el sector florícola en Colombia no celebran el día de San Valentín: en su lugar, el 14 de febrero conmemoran el Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores de las Flores, en el que reivindican formas de vida más justas y sustentables para ellas y para sus territorios. “Debemos visibilizar que, si compras un ramo de rosas, por hablar de un producto que viene en gran parte de Colombia, esas rosas llevan una parte de agua que no pudo usarse para producir alimentos, de agroquímicos que afectaron la salud de la mujer que las cultivó; de sobreexplotación laboral. Tal vez después de saber todo esto, podamos pensar alternativas para mostrar afecto, cariño o lo que se quiera mostrar ese día”, reflexiona Erika González.

En la campaña Tras las flores, que en 2019 promovieron las y los activistas de la Sabana de Bogotá, pedían a los consumidores “buscar otras formas de celebración que sean sostenibles, tanto con el entorno como con las personas, para evitar perpetuar las lógicas de desigualdad”. Así lo resume González: “Debemos interesarnos por quién y cómo se produce algo; y después, vemos si seguimos pensando que regalar rosas por San Valentín es una buena idea”.

Decía el filósofo Karl Polanyi que el hombre y la mujer de la modernidad se acostumbraron a aceptar, casi como un hecho natural, que la abundancia material llegara de la mano de la pobreza. Que la opulencia conviva con el hambre. El capitalismo del siglo XXI condena al hambre a países enteros mientras que la otra mitad de la humanidad convive con la epidemia de obesidad y diabetes; al mismo tiempo, se sigue repitiendo, como un mantra, que el modelo agroindustrial es inevitable y que es nuestra única baza contra el hambre.

Medio siglo después de que la Revolución verde entrase en los campos, 821 millones de personas, una de cada nueve, sufren hambre, y esa cifra sigue creciendo, pese a que la tierra podrá alimentar a los 9.100 millones de seres humanos que, según la FAO, poblarán la tierra en 2050, con solo evitar que se desperdicie, como ahora sucede, un tercio de la comida que se produce.

Hoy, al igual que hace 60 años, el loable objetivo de acabar con el hambre sigue siendo el argumento legitimador del modelo agroindustrial, a pesar de que la realidad demuestre que, más bien al contrario, la expansión de la frontera del agronegocio supone la expulsión de los campesinos y la pérdida de soberanía alimentaria para las comunidades locales. Según un estudio de ETC Group de 2017, la red campesina provee un 70 por 100 de los alimentos que se producen en el mundo, a pesar de contar sólo con el 25 por 100 de los recursos. Los campesinos son, también, quienes garantizan la biodiversidad: si la cadena alimentaria industrial se enfoca en apenas una docena de cultivos y cien variedades de ganado, los campesinos crían ocho mil variedades de ganado y han aportado más de 1,9 millones de variedades vegetales a los bancos genéticos del planeta.

En contraste, la lógica de la agricultura industrial ha reducido rápidamente el número de especies que cultivamos y comemos, hasta el punto de que el 90 por 100 de las calorías que se consumen actualmente a nivel mundial proceden de apenas una treintena de variedades.

Pero los monocultivos de una sola variedad dejan campos enteros inermes frente a las plagas; para evitarlas, se hacen cada día más necesarios pesticidas y herbicidas cada vez más potentes, que acaban con los microbios, pero que también tienen efectos perjudiciales en la población humana. Y, si la toxicidad de los alimentos que consumimos es cada vez más preocupante, no lo es menos la pérdida de biodiversidad de las especies, que hace a los seres humanos cada vez más vulnerables y pone en entredicho la soberanía alimentaria. En muchas regiones del mundo, la privatización de las semillas y las patentes es un debate candente y, para las comunidades campesinas, una batalla definitiva contra un sistema económico que las condena a la marginalidad.

Y dentro de esta lógica, la soja, la caña y la palma son, en el siglo XXI, tres monocultivos que han transformado el mundo. Si la caña de azúcar es el más antiguo de esos “monarcas agrícolas” a los que se refería Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina, la palma y la soja han tenido una expansión mucho más reciente.

En los tres casos, se trata de monocultivos industriales que no están destinados primariamente al cultivo de alimentos, sino a la producción de biomasa que se destina a usos diversos: desde el sector agroalimentario, que vende productos comestibles antes que alimentos saludables, hasta la industria cosmética, pasando por la elaboración de agrocombustibles. En nuestro libro, apuntamos cuestiones que son transversales a este modelo agroindustrial: los impactos para nuestra salud del consumo de productos ultraprocesados, las certificaciones de sostenibilidad y los riesgos que implican los agrotóxicos.

De lo que estamos hablando es de la existencia de dos modelos de desarrollo en disputa: de un lado, la agricultura campesina y otras iniciativas más recientes que proponen un uso sostenible de la tierra para la producción de alimentos saludables y culturalmente adecuados; tales experiencias pueden agruparse en torno a la idea de soberanía alimentaria. Del otro lado, los monocultivos orientados a la exportación a cambio de divisas, que no producen alimentos para la población local, sino ganancias que acaparan los grandes terratenientes y las multinacionales del sector agroalimentario y biotecnológico que, como veremos, están concentradas en cada vez menos manos.

Esas pocas manos son las que toman las decisiones respecto a qué comemos, en qué condiciones se produce y quiénes son los ganadores y perdedores del modelo. Si quienes más pierden a día de hoy son las comunidades indígenas, negras y campesinas, a las que se les arrebatan sus tierras y, con ello, la posibilidad de mantener sus formas de vida ancestrales, a largo plazo la gran perdedora es la especie humana en su conjunto, pues el modelo del agronegocio basado en el monocultivo se está cobrando un alto costo en forma de pérdida de biodiversidad y contaminación de las fuentes de vida de las que depende nuestra existencia, como el agua dulce y la fertilidad del suelo.

Farwiza Farhan se deja la piel para preservar los bosques de orangutanes y elefantes de Indonesia. A miles de kilómetros, en Camerún, un grupo de mujeres recibe el apoyo de Marie Crescence Ngobo para poder ganarse la vida de nuevo. Catalina no puede decir su nombre real, por el miedo a las represalias que supone defender la tierra en algunas zonas de Colombia. A todas les une su lucha contra el aceite de palma.

Todas son mujeres, activistas y con su labor combaten los abusos que esconden las plantaciones industriales de palma aceitera, que arrasa con la biodiversidad de los ecosistemas tropicales y con las economías tradicionales de sus pueblos.

Farwiza, la guardiana de los bosques indonesios

Farwiza Farhan siempre quiso volver al sitio donde se había enamorado del mar. Nacida en Aceh, la provincia más occidental de Indonesia, su familia se mudó debido al conflicto separatista en la región y se instaló en la jungla de hormigón de Jakarta, la capital del país. La guerra terminó en 2005 y ella, como tantos otros, aprovechó la oportunidad para volver cuando terminó sus estudios en Biología Marina en 2011.

Pero la paz para los acehneces trajo la guerra contra los bosques de la región, amenazados por la rápida expansión de las plantaciones de palma de aceite. El más atacado fue el ecosistema Leuser, uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta donde viven especies únicas como los orangutanes o los elefantes de Sumatra.

“Yo no sabía nada sobre Leuser antes de empezar a trabajar en su protección pero me di cuenta de lo importante que era preservarlo”, asegura en una conversación con eldiario.es. Entonces, comenzó una lucha que la ha llevado a sentarse en un helicóptero junto a Leonardo DiCaprio, en el documental Before the flood, que el actor dirigió para alertar acerca del cambio climático y cómo lo acelera la palma.

Aunque su lucha está íntimamente ligada a los bosques, pasa menos tiempo en ellos de lo que le gustaría. “No es realmente como lo había imaginado. Paso mucho tiempo entre papeles de leyes y demandas en tribunales”, afirma la bióloga y activista. Ha estado detrás de varios procesos judiciales para preservar los bosques de Sumatra, el último de ellos una demanda contra el gobierno regional de Aceh por su plan de desarrollo que prevé la deforestación de buena parte de Leuser.

“Aunque perdimos, supuso un cambio en las reglas del juego: los habitantes de Aceh se dieron cuenta de que podían pedir que se protegieran sus derechos sin recibir represalias”, explica. En Indonesia, ser una mujer activista no siempre es fácil. “Es a menudo un desafío doble o incluso triple”, afirma Farhan. “Como mujeres, no nos animan a que tengamos sueños”. ¿Y cuál es su sueño? “Que el ecosistema Leuser sea preservado para siempre”.

Marie (Camerún): “Las mujeres son las más afectadas”

Al contrario que en otros lugares del mundo, donde el aceite extraído del fruto palma comenzó a conocerse con la llegada de las grandes explotaciones industriales, en África Occidental no solo ha sido durante siglos la base de las comidas tradicionales, sino que se usaba para elaborar aceites, jabones y otros productos básicos en la vida de las comunidades locales.

En Camerún, aún hoy, en cruces de caminos o en mercados informales, no es raro encontrarse con vendedoras de este sabroso aceite de tono rojizo al alcance de las mujeres para la alimentación de sus familias y la generación de ingresos. Pero, con la expansión cada vez mayor de las tierras dedicadas a la producción industrial de la palma aceitera, son muchas las familias que ya no pueden acceder a su fruto.

Esta situación llevó a la ingeniera Marie Crescence Ngobo a dar un paso al frente y liderar la lucha por la soberanía alimentaria de las principales afectadas por la expansión de las plantaciones de palma en el país: las mujeres.

“Las plantaciones se han instalado en zonas donde ya vivían y trabajaban las mujeres, lo que supone una pérdida total de sus ingresos. No desaparece solo el árbol de la palma, sino también otros recursos que daba el bosque: madera, árboles medicinales, biodiversidad...”, resume Ngobo, coordinadora de la Red de Actores de Desarrollo Sostenible en Camerún (RADD).

Además, al haber menos tierra disponible para la agricultura local, los precios suben en el mercado y se convierte, a su juicio, en “un modelo que multiplica el hambre, las frustraciones y los abusos de todo tipo”.

Estos abusos, explica, van desde la persecución a la que son sometidas cuando producen y venden su propio aceite de palma, a delitos más graves como las agresiones, físicas o sexuales, dentro de las propias plantaciones del monocultivo. En este momento participan en una campaña para pedir a la comunidad internacional que cese esta violencia contra las mujeres.

Ngobo es una firme defensora del trabajo en red. Hace dos años, se unieron a otras organizaciones en la localidad de Mundemba para luchar contra la adquisición masiva de tierras. También ofrece herramientas a las campesinas para devolver el valor y promocionar sus propios productos, y promover así una agricultura local y sostenible que permita a las mujeres volver a generar sus propios ingresos.

Catalina (Colombia): defender la tierra entre amenazas

A diferencia de Camerún, en Colombia el corozo (el fruto de la palma) “no se come”, dice Catalina. Con su activismo, defiende que la tierra sirva para producir alimentos tradicionales de su zona, los Montes de María, y no para exportar palma.

Esta mujer no revela su identidad porque, si bien la violencia paramilitar ha dado una tregua en la región, persisten las amenazas y este es uno de esos lugares de Colombia en los que defender el territorio, o simplemente una idea, puede suponer una sentencia de muerte.

En Maríalabaja, un municipio de la región de Montes de María, las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas guardan en su memoria la historia del terror paramilitar, que perpetró masacres como la de El Salado, en el año 2000, donde al menos 60 personas fueron asesinadas.

Aterrorizada, la gente huyó masivamente, dejando atrás sus tierras y sus casas. Cuando volvieron, todo aquel territorio, donde hasta entonces había convivido el monocultivo de arroz con la agricultura campesina tradicional, era ahora una plantación de palma de aceite. Y entonces comenzó la lucha por la supervivencia de la comunidad negra en Maríalabaja.

“Esta tierra era de abundancia. Todos los días salían camiones llenos de ñame, de yuca, de frijol y frutas a Cartagena, incluso a Medellín. Ahora ya no queda nada, porque la tierra la plantaron con palma y salen plagas, y porque el clima ha cambiado y ya no llueve cuando tiene que llover”, lamenta Catalina.

Para ella, como para muchos de sus vecinos, la palma llevó el desastre a Maríalabaja: acabó con la abundancia de comida y, sobre todo, contaminó el agua de la única represa a la que tienen acceso en el pueblo. “Está contaminada por los agroquímicos. Por eso todas las mujeres tienen infecciones vaginales; hay muchas enfermedades de la piel, principalmente en los niños, y también enfermedades renales”.

Basta bañarse para sentir la picazón. Y la tarea cada vez más difícil de conseguir agua para beber recae, literalmente, sobre las cabezas de las mujeres, que cargan los pesados barreños de agua que recogen de las zonas del embalse donde está menos turbia.

Catalina, con treinta y pocos años y dos hijos, se ha convertido en una de las más reputadas referentes de esta comunidad de campesinos afrodescendientes. Su casa es un punto de encuentro al que llegan vecinos pidiendo ayuda para rellenar formularios para solicitar indemnizaciones, pues este pueblo ha sido reconocido como víctima del conflicto que durante 60 años ha desangrado el país.

Sin embargo, la activista asegura que estas ayudas son “migajas” que “solo llegan a unos cuantos” y “hacen daño” porque dividen a la comunidad e introducen casas de cemento y ladrillo en poblados donde hasta ahora predominaban materiales autóctonos como barro y árboles, más ecológicos y frescos.

Catalina rechaza esta idea de progreso que menosprecia sus formas de vida ancestrales. Y quiere que su tierra vuelva a ser lo que fue antes de la llegada de la palma: la despensa de una región entera.

Algunas mujeres hablaban de “cacería”; otras, de “caza de brujas”. Era un inesperado y triste final para la 32ª edición del Encuentro Nacional de Mujeres, que reunió a más de 30.000 mujeres la capital de Chaco, provincia del norte argentino, y culminó con una masiva marcha el pasado domingo.

El lunes, casi todas las mujeres habían vuelto ya, pero algunas decenas esperaban en la céntrica Plaza del 25 de Mayo, conversando y tomando mate, a que llegara el horario de su autobús. Fue entonces cuando apareció un grupo, reducido pero ruidoso, de hombres y mujeres que portaban una enorme bandera albiceleste y gritaban a las mujeres “¡Qué se vayan!” y “No al aborto”, entre otras consignas.

Varios hombres, armados con palos y piedras, se abalanzaron sobre las mujeres sentadas en el césped de la plaza, forzándolas a huir, según presenció eldiario.es. “Nos rodearon y nos amenazaban con tirarnos piedras, sin importarles que cargábamos un bebé”, relató una de ellas a este medio. En el perímetro de la plaza, la policía observaba lo que ocurría, sin intervenir.

“Esto no es el Encuentro Nacional de Mujeres. El Encuentro es construcción, amor y lucha por derechos. Esta es la reacción cobarde y patriarcal ante la sensación de que movemos sus estructuras”, señaló la periodista Poli Sabatés.

El suceso venía a empañar un encuentro que había rodado con relativa tranquilidad durante tres días, en un ambiente festivo que combinó talleres temáticos y actos culturales. Si bien hubo disturbios frente a la catedral la noche del domingo, al término de la concurrida marcha que atravesó la ciudad de Resistencia con consignas a favor de la despenalización del aborto y en repudio de la violencia machista, fueron incidentes aislados.

La sensación de las activistas es que el episodio vivido este lunes en Chaco se enmarca en un aumento de la represión del movimiento feminista. “Desde el 8 de marzo estamos viendo un modelo de cacería en la forma represiva. Ese tipo de represión estatal habilita y promueve también un fascismo que hoy se concentra contra las mujeres”, afirma Gago.

“El ataque que sufrieron las mujeres en Chaco se encuentra encadenado al accionar violento y represivo de las fuerzas militares y parapoliciales en las manifestaciones de los dos últimos años. Es una forma de producir terror, de disciplinar, para que algunas personas dejen de asistir a las marchas. El Gobierno de Cambiemos [el partido de Mauricio Macri] ha criminalizado y estigmatizado la movilización social, y eso encuentra resonancia en sectores muy derechizados de la población”, sostiene la economista feminista y decolonial Natalia Quiroga.

Este incremento de la criminalización del activismo denunciado por las activistas feministas se ha manifestado también, en su forma más extrema, en la desaparición del activista argentino Santiago cuando participaba en la protesta de una comunidad mapuche que fue reprimida por la gendarmería argentina el pasado 1 de agosto.

Un “déjà vu del horror”

“Déjà vu del horror: por segundo año seguido, después de un encuentro nacional de mujeres estamos frente a un cadáver atroz. Los cuerpos como textos de la violencia”, escribe Verónica Gago. Hace un año, las 90.000 mujeres que se reunieron en Rosario descubrían horrorizadas que, mientras ellas celebraban su multitudinaria reunión anual, en Mar del Plata la joven Lucía Pérez, a los 16 años, fue violada, torturada y empalada hasta morir de dolor. Su caso conmocionó a miles de mujeres, que, vestidas de negro, salieron a las calles el 19 de octubre del año pasado.

Un año después, el nuevo informe de la Suprema Corte bonaerense afirma que no puede probarse que la adolescente fue sexualmente forzada y que podría haber fallecido por una congestión y edema pulmonar por causas 'tóxicas'.

“El caso de Lucía muestra cómo las mujeres, incluso después de asesinadas de forma macabra, siguen siendo objeto de discusión; siguen teniendo que demostrar que fueron buenas mujeres, que no promovieron las circunstancias de su propio asesinato, mientras se invisibiliza al asesino”, apunta Natalia Quiroga. “Así, las mujeres son permanentemente revictimizadas”, añade.

Hace un año, fue Lucía. Esta vez, ha aparecido el cuerpo de Santiago Maldonado, visto con vida por última vez en medio de la represión policial de un acto de resistencia del pueblo mapuche en la provincia patagónica de Esquel, en defensa de sus tierras. Maldonado se ha convertido en el símbolo del denunciado aumento de la represión contra los movimientos sociales desde la llegada de Macri a la Casa Rosada.

“Volvemos a parar por Santiago Maldonado”

Como cada año, el último día del encuentro se decidió en Chaco el próximo destino: Chubut, en la Patagonia, escenario de la desaparición del joven. Cerca de allí, en El Bolsón, Ni Una Menos y otros colectivos celebraron una asamblea bajo la consigna 'Nuestros cuerpos, nuestros territorios. ¿Dónde está Santiago Maldonado?'.

“En esa región se concentran emprendimientos inmobiliarios, turísticos y extractivos. La combinación de estos negocios estructura desde hace años el despojo de tierras en la zona y pone en evidencia la complicidad de las instituciones políticas, judiciales y represivas en esta nueva fase de 'conquista del desierto', como se llamó la campaña militar a fines del siglo XIX que masacró al pueblo mapuche”, argumenta Verónica Gago.

“La desaparición forzada de Santiago Maldonado es parte de este escenario. La inteligencia del movimiento feminista va conectando los modos distintos de las violencias sin dejar de preguntarse por qué es el cuerpo de las mujeres, como cuerpo-territorio, el que aparece como botín de conquista y escenario predilecto para la crueldad”, concluye Gago.

Todavía conmocionado por la reacción misógina del pasado lunes, el movimiento de mujeres ya se prepara para el 33º Encuentro. “Es clave profundizar los procesos asamblearios preparatorios a los encuentros de mujeres, porque para los sectores conservadores, la presencia de las mujeres es vista como una invasión. Tenemos que transmitir la importancia y necesidad de que las mujeres lleguen a este tipo de territorios, para conocer sus problemáticas: es importante que la agenda nacional no opaque las agendas locales”, explica Quiroga.

Mientras tanto, a pocas horas de las elecciones legislativas del domingo, los movimientos sociales tratan de reaccionar a la incertidumbre y el horror que provoca la aparición del cadáver en el río Chubut. Los argentinos vuelven a la plaza de Mayo, como ya hicieran las Abuelas y las Madres de Mayo.

Allí también ha estado este jueves el movimiento feminista, como afirma el comunicado de Ni Una Menos: “Un cuerpo que aparece –otro– debería significar que la vida se detenga. Que el mundo todo se pare, deje de dar vueltas como si nada y nos podamos bajar. Frente a este cuerpo aún sin nombre, contra la crueldad, la represión y la impunidad, paremos. A un año del Paro nacional de mujeres, a un año del femicidio de Lucía Pérez, volvemos a parar por Santiago Maldonado, por nuestras hermanas mapuche expropiadas de sus tierras. Basta. Basta de seguir mientras nos tiran cadáveres a los ríos, a los basurales o directamente a ninguna parte”.

El Día de la Fiesta Nacional o Día de la Hispanidad conmemora el “descubrimiento de América” por Cristóbal Colón en 1492. Pero tras esa palabra, “descubrimiento”, y la consiguiente sucesión de festividades, desfiles y banderas rojigualdas, son muchas las voces que recuerdan la conquista de todo un continente, habitado de norte a sur por pueblos de enorme diversidad cultural. Cinco siglos después, la lucha por la tierra de la población indígena continúa.

En Latinoamérica, la denominación más común del 12 de octubre era “Día de la Raza”, nombre elegido por España en 1914, cuando se oficializó la creación de una festividad que “uniese España e Iberoamérica”. No fue hasta 1958 cuando se sustituyó por el “Día de la Hispanidad”, después de que se empezase a cuestionar el nombre original por ser “discriminatorio” o “impropio”.

En algunos países de Hispanoamérica, como Colombia, El Salvador y Honduras todavía se celebra el 12 de octubre como el Día de la Raza. Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cambió el nombre de la festividad por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En Bolivia se ha sustituido por “Día de la Descolonización”. Ecuador optó en por “Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad”. 

En España, la polémica que gira alrededor del 12 de octubre se ha materializado este año en la decisión del Parlamento de Navarra de bautizarlo bajo el título de “Día de la Resistencia Indígena”. 

Pero, más allá de discursos y denominaciones, numerosos casos e informes demuestran que los pueblos indígenas en Latinoamérica siguen invisibilizados y sus derechos, vulnerados. Detrás de buena parte de la lucha por la tierra actual, se encuentran los proyectos extractivos, que amenzan sus recursos ancestrales. 

“La violencia siempre estuvo ahí, como algo naturalizado”, sostiene Félix Díaz, qarashé o líder electo por La Primavera, una comunidad de etnia Qom de unos 4.000 en Formosa, al norte de Argentina. “Para nosotros, no se puede comprar un territorio: la tierra no puede ser privada, es comunal. ¿Cómo vamos a ser dueños de los animales, de los bosques? La tierra para nosotros es la base no solo de nuestros recursos materiales, sino también culturales y espirituales. Sin la tierra, la comunidad se debilita; el pueblo termina muriendo”, afirma Díaz. Lo dicen los pueblos indígenas a lo largo y ancho del continente: “indio sin tierra no es indio”.

La “gente de la tierra”

“Si Maldonado fuera indígena, lo ignorarían. Fíjese en mi nieto Marcelino Olaire, desapareció en noviembre del año pasado en Formosa y nadie habla de eso”, declaró Díaz recientemente. Se refería a Santiago Maldonado, desaparecido el 1de mayo en la provincia patagónica del Chubut, en medio de la represión de la Gendarmería Nacional a una comunidad mapuche. Ante la inacción del gobierno de Mauricio Macri, miles de personas salían a las calles preguntando: “¿Dónde está Santiago Maldonado?”

La desaparición de Maldonado visibilizó el contexto de conflicto que viven las comunidades mapuche del sur de la Patagonia en la reclamación de sus tierras ancestrales, en manos de grandes empresas como el grupo Roca o Benetton, que se dedica en la zona a la producción ganadera y de lana, así como al monocultivo forestal.

Al otro lado de la cordillera andina, el pueblo mapuche tiene una larga historia de enfrentamiento con el Estado chileno. Mapuche significa en su lengua, el mapudungun, “gente de la tierra”; y su territorio, que llaman Walmapu, comenzó una vez en la frontera natural del río Bío Bío.

De las plantaciones de Eucalipto a las represas

En el Alto Bío Bío, a unos 400 kilómetros al sur de Santiago de Chile, primero fueron las empresas forestales las que diezmaron los bosques nativos y los sustituyeron por plantaciones de eucalipto y pino; después llegaron las represas: Endesa inauguró la central de Pangue en 1996 y la de Ralco siete años después; hoy se proyectan varias decenas de centrales hidroeléctricas más en la región.

Cada embalse supone el desplazamiento de comunidades que pierden su tierra y, con ello, sus fuentes de sustento; las comunidades han denunciado que, en algunos casos, no se les dan las compensaciones prometidas, o bien las tierras que reciben no cumplen los requisitos necesarios para seguir cultivando alimentos, por tratarse de tierras menos fértiles o sin acceso al agua.

Si la tierra mapuche se fracciona, la comunidad también se divide, se debilita. Porque, para el pueblo mapuche, territorio es mucho más que un simple pedazo de tierra donde cultivar. El territorio es sagrado, es identidad, es sanación, es el lugar donde habitan los ancestros. Desde la cosmovisión mapuche, las represas quiebran la armonía entre las fuerzas de la naturaleza -las pu newen- de forma irreparable:

“El río representa la pureza y la espiritualidad; le da a la tierra la generosidad de madre, que puede engendrar y reproducir. Afrentar al río de ese modo, romper su cauce, incide en la espiritualidad de nuestro pueblo, nos enferma, y solo nuestra medicina puede sanarnos, pero hoy la tierra donde crecían esas plantas ha sido inundada”, explica Kuntxemañ, líder mapuche y médico que combina la medicina convencional científica con los saberes tradicionales indígenas.

Proyectos hidroeléctricos en plena selva amazónica

Las megarrepresas son, también, una de las principales causas del despojo de comunidades indígenas amazónicas en Brasil. El caso emblemático es el de Xingu, un polémico proyecto hidroléctrico impulsado con determinación por Lula da Silva y muy cuestionado por los impactos ambientales que supone, como la pérdida de biodiversidad y deforestación. El proyecto está en manos del consorcio Norte Energía, que agrupa a empresas públicas y privadas.

Las empresas defienden la energía hidroeléctrica como fuente renovable y amigable con el medio ambiente; para las comunidades, la represa supone perder su medio de vida: “Perdemos nuestra libertad y nuestro medio de vida”, denunció una de las afectadas a la relatora de la ONU para los derechos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.

En su visita a Río Xingú el año pasado, la relatora documentó también que algunos hogares estaban recibiendo facturas de luz por 400 reales (más de 100 euros), mientras perdían el acceso a su sustento, principalmente la pesca, para que se construya una central hidroeléctrica con capacidad de 11.233 megavatios que será la tercera mayor del mundo, por detrás de la china de Tres Gargantas y la brasileño-paraguaya de Itaipú.

Son solo algunos casos, a los que se suman las luchas socioambientales contra la megaminería y la extracción petrolífera en Perú, las resistencias contra la palma aceitera en la selva amazónica ecuatoriana... Hay cosas que, a fin de cuentas, no han cambiado tanto en 500 años.

Cuando defender el territorio cuesta la vida

La otra cara del despojo de los pueblos indígenas es el papel que, hoy como hace quinientos años, representa América Latina como proveedor de materias primas baratas al Norte global. En los últimos 20 años, el continente ha asistido a un reforzamiento del modelo extractivista en la región: es lo que la socióloga argentina Maristella Svampa ha llamado el “Consenso de los Commodities”.

“La ocupación del territorio, sea para agroindustria, minería o el proyecto extractivo de que se trate, es violenta y necesita acciones violentas para establecerse. Esto tiene que ver con la mercantilización de la vida y de los recursos, con la expansión de las fronteras del capital hacia territorios indígenas”, afirma Esperanza Martínez, de la ONG ecuatoriana Acción Ecológica. En la misma línea, el economista ecuatoriano Alberto Acosta afirma que “el extractivismo es en esencia violento: vive de sofocar la vida, de los seres humanos y de la naturaleza”.

El incumplimiento del Convenio 169 de la OIT

Muchos países latinoamericanos han firmado tratados internacionales por los que se comprometen a respetar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a consultar a las comunidades indígenas si están conformes con la entrada de proyectos que vayan a alterar sus territorios.

Sin embargo, a menudo la legislación no se cumple y la invisibilización de los pueblos indígenas contribuye a la impunidad con la que se vulneran sus derechos. “El Estado es racista y patriarcal. Todos y todas estamos atravesados y heridos por el racismo: nos ha dejado una sociedad profundamente dañada, herida y enferma”, asevera Ana Cofiño, editora de la revista La Cuerda, para el caso de Guatemala, uno de los países con mayor porcentaje de población indígena del continente.

Los pueblos, sin embargo, resisten, impulsan acciones como el corte de carreteras para visibilizar su situación, tejen desde las comunidades. Se enfrentan por ello a amenazas, judicialización y criminalización de las luchas -como en el caso de Chile, que ha aplicado la ley antiterrorista al pueblo mapuche- y, en última instancia, a agresiones y asesinatos.

Según Global Witness, América Latina registra el 60% de las 200 muertes de activistas en defensa del territorio que fueron asesinados en 2016; los pueblos indígenas son los más vulnerables. Hoy como hace quinientos años, el conflicto es por la tierra.

En el Caserío de Jocotá, los habitantes dependen por completo de su laguna. Hasta donde les alcanza la memoria, les proveyó agua limpia, alimento y, también, recreo y paisaje, pero todo cambió hace tres años: la caña de azúcar llegó entonces a las cercanías de esta aldea remota del departamento de Retalhuleu, en la Costa Sur de Guatemala. Las voces de alarma aparecieron cuando la comunidad percibió que la laguna había comenzado a secarse, como secos están ya los pozos artesanales de los que extraían el agua para beber.

Si algo se escucha conversando con las comunidades afectadas por el monocultivo de caña es que esta planta provoca sed. La caña de azúcar requiere grandes cantidades de agua, para lo cual los ingenios construyen enormes pozos industriales que afectan a los acuíferos y dejan secos los pequeños pozos artesanales de las comunidades indígenas y campesinas afectadas.

Además, este monocultivo ha sido asociado con el cambio climático -más calor y menos lluvias- y con la desertificación del suelo. En la Costa Sur guatemalteca, es frecuente observar cómo los ríos han sido desviados para dar cuenta de la demanda hídrica de las plantaciones, mientras se descuidaba todo lo demás.

Las plantaciones de caña ocupan el 10% de la tierra en el país centroamericano, alimentando una industria que representa un nada desdeñable 3% del PIB.

En Jocotá, la pobreza se siente en las ropas de sus habitantes, en las sencillas viviendas construidas a base de palos. Ellos no piden dinero, ellos exigen que no les roben el agua. Que les respeten su laguna, ese gran tesoro del que, hasta ahora, han sabido cuidar.

“Esto que tenemos es un tesoro”, dice Felipe uno de los líderes comunitarios mirando la laguna. El nombre es ficticio, como el resto de los que aparecen en este reportaje, para proteger su identidad en un país donde defender el territorio coloca en riesgo la vida. Él lo sabe: “Sé que nos pueden desaparecer, pero prefiero que me maten a mí y vivan mis hijos”, dice. Por eso han comenzado a recoger pruebas y han solicitado análisis de la calidad del agua de la laguna, que podría estar afectada por la contaminación provocada por los agrotóxicos que se aplican a la caña, como sugiere la aparición de peces muertos.

Su preocupación es compartida por la de muchos miembros de la comunidad, que ven cómo se degrada su modo de vida, sin que se les proponga alternativa alguna. “Qué será de nuestros hijos”, repiten, y explican cómo les sacaron de las tierras en las que cultivaban maíz, cuando el ingenio El Pilar (Empresa Agropecuaria) se hizo con ese suelo que hasta entonces ellos arrendaban. Afectada la laguna, comienza a faltar también el abundante pescado que siempre les proveyó: “Antes ibas a pescar y en dos horas tenías el jornal; hoy estás el día entero y no sacas casi nada”, arguye Felipe.

“No queremos que nos den beneficios: queremos que se vayan”, aseguran las mujeres de la comunidad. La empresa argumenta que genera más de 4.500 empleos directos, pero ninguno de ellos en el Caserío Jocotá, donde la precariedad es tal que los vecinos no tienen ningún documento legal, como exige el ingenio.

“No les dan trabajo si no se acuestan con el encargado”

No les va mucho mejor a las comunidades donde el ingenio sí emplea a algunos trabajadores, como sucede en Conrado de la Cruz, departamento de Suchitepez. Allí, denuncian, las jornadas de doce horas, bajo el durísimo sol tropical del mediodía, son remuneradas por debajo del salario mínimo legal rural, establecido en 80 quetzales (algo menos de diez euros), y eso, solo si el empleado llega puntual y cumple con las tareas impuestas por el patrón.

Dicen que cortar caña es uno de los trabajos más duros que existen. Aún así, trabajar en las plantaciones es un privilegio en comunidades donde el monocultivo es la única fuente de ingresos, y las formas tradicionales de vida han sido devastadas. Sin embargo, muchos ingenios escogen traer cuadrillas de trabajadores llegadas de otras regiones; además, las comunidades denuncian que no quieren contratar a los mayores de 40 años.

Las mujeres, como siempre en Guatemala, se llevan la peor parte. “Les pagan menos que a los hombres aunque hagan el mismo trabajo, y les tratan de una forma humillante. No tienen ni tiempo para comer”, cuenta Avelina (nombre ficticio) en Conrado de la Cruz. “No les dan trabajo si no se acuestan con el encargado”, asegura. Su denuncia no ha llegado a ningún juzgado, pero se repite en varias comunidades de diferentes regiones que tuvo oportunidad de recorrer esta reportera. A veces, el miedo y el hambre hacen tolerable lo intolerable.

Quienes antes vivieron con austeridad, pero con tranquilidad y cierta holgura, de la agricultura y la pesca tradicional, hoy se enfrentan a la miseria más absoluta. “Qué iremos a hacer, sólo Dios sabe”, concluye una anciana en Conrado de la Cruz. A su lado, una campesina increpa: “¡Sólo lo de ellos vale! ¿Es que nosotros no valemos nada?”

Concentración de la producción de la caña 

“Agregamos valor a nuestros productos implementando las mejores prácticas internacionales en calidad e inocuidad, salud y seguridad ocupacional y medio ambiente”, asegura en su página web Pantaleón Sugar Holding, el mayor ingenio de Guatemala. El sector azucarero guatemalteco se caracteriza por su alto grado de concentración.

Nueve ingenios se reparten el pastel; el mayor de ellos es Pantaleón Sugar Holding, que acapara el 19% de la producción; le siguen Magdalena, Santa Ana y La Unión. Detrás de cada uno de esos grupos empresariales, hay poderosas familias, como los Herrera o los Campollo. Para este último caso, los papeles de Panamá probaron la existencia de un entramado de empresas offshore mediante el cual el Grupo Campollo, con la connivencia del poder político, evadía impuestos.

“En Guatemala, la profundidad del racismo y el patriarcado han configurado una sociedad dañada y enferma, conflictiva, que difícilmente se reconcilia con su identidad indígena”, resume Ana Cofiño, coordinadora del periódico feminista La Cuerda.

Uno de los capítulos del libro 'Carro de Combate. Consumir es un acto político', de Laura Villadiego y Nazaret Castro

Tratan de aportar las claves para explicar por qué consumimos, cómo consumimos y qué se puede lograr transformando nuestros hábitos

La práctica totalidad de los productos que consumimos generan hasta llegar a nuestras manos una serie de impactos ambientales y sociales y, si bien es cierto que tenemos cierto margen de maniobra como consumidores para reducir un tanto ese impacto, este seguirá siendo notable, sobre todo si vivimos en un contexto urbano. En los países ricos, con altos niveles de consumo incluso en tiempos de crisis, la premisa solo puede ser la reducción del consumo, o, como algunos teóricos apuntan, el decrecimiento. Los ecologistas lo han resumido en las famosas tres erres: “reducir, reutilizar, reciclar”. Suele olvidarse, sin embargo, que esas “erres” están colocadas por orden de importancia: de nada sirve reciclar los embalajes de los alimentos si seguimos consumiendo productos cada vez más innecesariamente envueltos en plásticos y cartones.

Otros añaden una cuarta “erre”: recuperar. En las sociedades del usar y tirar, parecemos haber olvidado que las cosas se pueden arreglar cuando se estropean; es cierto que muchas veces, por una de esas paradojas imposibles del sistema económico en el que vivimos, el arreglo sale al mismo precio que el nuevo objeto. Pero tal vez, como hemos sugerido a lo largo de este libro, el cálculo nos parezca distinto si mentalmente incluimos en el precio del nuevo objeto esas externalidades que pagarán las poblaciones de los lugares donde se extrajo la materia prima y donde se manufacturó esa mercancía.

Hay, por último, algunos investigadores que suman una quinta “erre”: rechazar. Rechazar la bolsa de plástico que nos ofrece el tendero de la esquina, el vestido de rebajas que no necesitamos, la chocolatina de una marca que sabemos que utiliza mano de obra infantil, el cosmético que contiene un ingrediente que dañará nuestra piel. Rechazar los productos que perjudican el medio ambiente, los derechos laborales o nuestra propia salud supone dar un paso en contra de lo que Marx llamo la fetichización de la mercancía. Es decir, implica recuperar la conciencia de quién y cómo se hizo ese producto, de quién y cómo lo llevó hasta nuestras manos. Significa, también, volver a pensarnos como productores y como seres que participan de una enorme sociedad global, y no ya como meros consumidores que piensan únicamente en términos de preferencias y deseos, de forma irresponsable, pensando que la mano invisible de Adam Smith vendrá a resolver los desaguisados que nuestra irresponsabilidad genere.

El problema de base es que los diferentes procesos económicos –producción, circulación, distribución y consumo– se ordenan en las sociedades capitalistas en función de un único valor absoluto: el dinero. El criterio monetario es el que indica qué es lo racional, lo eficiente, incluso lo posible. Con unos criterios tan reduccionistas, no sorprende que las sociedades contemporáneas acaben tomando decisiones tan irracionales desde el punto de vista de la conservacion de la vida como la obsolescencia programada o la proliferacion de embalajes que permanecen unos minutos en nuestras manos y cientos de años en el fondo de los océanos.

El sistema capitalista, que se justifica y legitima como eficaz y eficiente, resulta así, por el contrario, profundamente despilfarrador de unos recursos naturales que son cada vez más escasos. Es la contradicción siempre latente en un sistema socioeconómico que requiere para su supervivencia de un crecimiento del PIB infinito, en un mundo donde los recursos son finitos. Es verdad que la naturaleza tiene una enorme capacidad de recuperación, pero no, desde luego, a los frenéticos ritmos que impone la economía global del siglo XXI.

El despilfarro

La obsolescencia programada es, tal vez, el mejor y más lamentable ejemplo de este derroche. Es mucho más que un secreto a voces: los productos se fabrican intencionalmente para que duren menos de lo que podrían y deberían. La finalidad es obvia: que se consuma más. Pero implica también un gasto mucho mayor de recursos naturales, de transporte, de mano de obra sobreexplotada. Un despilfarro absoluto. Prendas de ropa o zapatos que no duran más de una temporada, aparatos electrónicos que se estropean un día después de que se venza la garantía; la lista es larga y abarca practicamente todo lo que compramos.

El documental Comprar, tirar, comprar da algunos ejemplos históricos, como el de la bombilla incandescente. La primera bombilla que Thomas Edison puso a la venta, en 1881, duraba 1.500 horas; unos años después, podían funcionar más de 2.500 horas. Fue en 1924 cuando un cártel de empresas fabricantes europeas y estadounidenses decidió pactar en mil horas el máximo de vida útil de sus bombillas. El mismo razonamiento llevó a las empresas del ramo textil a quitar de la circulación las medias a prueba de carreras. Otro ejemplo clásico: las impresoras configuradas para

dar error al numero equis de impresiones. Lo mismo ocurre con teléfonos moviles, ordenadores, equipos de sonido y cualquier aparato electrónico. Y eso, en un mundo en el que reparar un bien cualquiera sale, casi siempre, más caro que comprar uno nuevo. Otro ejemplo de la lógica irracional que mueve el engranaje de nuestras economías.

En los últimos años se ha impuesto, además, otra forma de obsolescencia: la obsolescencia percibida, que impulsa a los consumidores a cambiar de aparato antes de que termine su vida útil. La publicidad y el marketing, a través de la creación de modas y nuevos deseos, infunde en los consumidores un deseo por lo nuevo, por lo último; ya no es necesario que sea mejor, solo más nuevo. Sin importar el reguero de consecuencias que esos productos dejen a su paso: se promueve la irresponsabilidad absoluta por parte del comprador y vendedor. Solo importa el bien que reluce en las estanterías o los escaparates; nada parece relacionar esa mercancía con el trabajador que la produjo o el transportista que la llevó hasta allí. A eso se refería Karl Marx cuando hablaba del fetichismo de la mercancía.

Un claro ejemplo de esa obsolescencia incitada desde la publicidad lo dio en 2013 la campaña “Creando olores a nuevo” de Vodafone, que consiguió el segundo Premio Sombra a la peor publicidad del año en 2014, concedido por Ecologistas en Acción, por la banalidad e impunidad con

la que incita a estrenar un smartphone cada año, por el mero placer de estrenar. Sin importar de dónde salió el coltan, dónde y cómo se fabricó el teléfono o dónde irá a parar la chatarra prematura del aparato descartado. Lo único relevante para la publicidad de Vodafone es lo bien que huele lo nuevo, lo agradable que es estrenar objetos que no necesitamos.

Con la comida no se juega

Lo más lamentable es que, en un mundo donde, según la FAO, en torno a 900 millones de personas pasan hambre y sufren malnutricion, los alimentos también son objeto de despilfarro, como avanzábamos al comienzo de este libro. Según el informe de la FAO Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo, de 2011, alrededor de 1.300 toneladas de comida se desperdician cada año. La situación no es mejor en España: el consultor social Manuel Bruscas asegura que entre tres y cuatro millones de españoles pasan hambre, en un país donde se tiran nueve millones de toneladas de comida al año, 135 kilos de alimentos por persona. Un 60% de ese desperdicio viene de fabricantes y supermercados; un 20%, de los hogares, y otro tanto, de restaurantes, colegios y similares. El desperdicio ha sido impulsado además por las políticas europeas de agricultura y pesca con sus sistemas de subsidios y cuotas.

En el mar, cofradías de pescadores españolas han denunciado que entre un 25 y un 30% de las capturas se devuelven al mar muertas. A nivel mundial, entre 15 y 20 millones de toneladas de pescado se tiran al mar cada año, según la FAO. En los supermercados, cada día se desechan enormes cantidades de fruta y alimentos frescos en perfectas condiciones. Los factores para que así sea son muchos, pero uno de los más importantes es la imagen: los distribuidores asumen que los consumidores prefieren ver los estantes de frutas y verduras repletos y que optarán por manzanas y lechugas de apariencia impoluta, lo que supone, ya de por sí, descartes de kilos de fruta en perfecto estado. Por no hablar de los inverosímiles procesos de embellecimiento de las frutas a las que son sometidas para aparentar un mejor aspecto.

Una de las iniciativas más conocidas en España para poner límites a ese despilfarro son los bancos de alimentos, que, desde la crisis, son más celebres por su función de reparto de comida a familias necesitadas. En Guipuzkoa, la iniciativa comenzó recogiendo los alimentos perecederos de los hipermercados a última hora del día, para repartirlos la mañana siguiente. En cuatro meses y acudiendo a solo dos supermercados, recogieron 22 toneladas de alimentos, un éxito que garantizó continuidad al proyecto.

En otros países existen este tipo de iniciativas, con el nombre de Last Minute Market. En algunos países, el hipermercado inclusive paga para que se recojan y clasifiquen sus desperdicios. En Asia es normal que los supermercados se llenen a ultima hora del día, cuando los alimentos que están a punto de pasarse de fecha son vendidos con importantes reducciones de precio, para evitar el despilfarro.

Demasiado embalaje

Otro problema de gran envergadura son los embalajes, que, como veremos, originan gran parte de la basura que generamos. La mayor parte de los productos que consumimos están envueltos en varios plásticos y cajas. Cada día, los establecimientos tipo McDonald’s o Starbucks, donde se utilizan vasos y cajas descartables, se van imponiendo en nuevos lugares del mundo, aumentando así el volumen de basura que generamos y, sobre todo, de plástico. La gran pregunta es por qué seguimos abusando de los plásticos no reciclables cuando, además, existen alternativas biodegradables; eso, por no hablar de las tradicionales formas de venta a granel y reutilización de los envases. Una vez más, mandan los intereses económicos cegados y cortoplacistas.

Aunque de modo muy incipiente, van surgiendo algunas alternativas. Es el caso de un supermercado alemán que decidió declararle la guerra al packaging: cansadas de ver a su alrededor el impune abuso de ingentes cantidades de plástico, cartón y otros materiales que utiliza la industria, dos jóvenes emprendedoras alemanas fundaron un supermercado que no utiliza envases desechables: ninguno. Ellas son Milena Glimbovski y Sara Wolf, y su idea la han bautizado como Original Unverpackt (Embalaje Original). Dicen estar en el camino del slow food y la basura cero, y se muestran vigilantes ante las “palabras de moda sobre conciencia ecológica que algunas marcas utilizan para despistarnos”.

Desechos y vertederos

El grueso de ese despilfarro cotidiano termina convertido en basura. Las estimaciones recabadas por la ONU señalan que en el planeta se generan 53 millones de toneladas de residuos al año; 200.000 de las cuales corresponden a España. Buena parte de ese despilfarro viene directamente de los hogares: según un estudio del Banco Mundial de 2012, cada día se generan 3,5 toneladas de residuos solidos en los hogares de todo el planeta, y todo apunta a que esa cifra seguirá creciendo. En España, según cifras de Ecologistas en Acción, cada ciudadano genera una media de un kilo de basura al día: 365 kilos al año de Residuos Solidos Urbanos (RSU) que van a parar a vertederos e incineradoras. Los envases y embalajes, en su inmensa mayoría después de un único uso y a menudo fabricados a partir de materias primas no renovables, suponen el 60% del volumen y el 33% del peso de esa basura. Una parte de esos residuos son, además, altamente tóxicos: se trata de los residuos de pinturas, insecticidas, disolventes y productos de limpieza. Las soluciones más habituales son llevar esa basura a vertederos, donde ocupan grandes terrenos y ensucian suelos y aguas, o bien incinerar la basura, un proceso que es también muy contaminante.

Basura que ahoga los océanos

El mar se lleva la peor parte y, si bien algunas voces, como la del biólogo estadounidense Mike Moore, llevan alertando del creciente problema que plantean los residuos en el mar, no ha sido hasta el siglo XXI que esta preocupación ha comenzado a tomarse en serio. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cada año acaban en el mar 6,4 millones de toneladas de residuos generados por los seres humanos. El 80% de ellos proceden de la tierra, sea de aguas residuales sin depurar, de lo que baja de los ríos o de la basura que se generan en las poblaciones costeras. Por la acción de las corrientes marinas, esos desperdicios, sobre todo plásticos, terminan acumulados en varios vertederos marinos gigantes que flotan sobre los océanos. El mayor de ellos es la sopa de plástico del océano Pacifico: su superficie alcanza ya los 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Tres veces la superficie de España.

Las últimas investigaciones han demostrado que la basura está ahogando los mares. Se encuentra en la superficie, a pocos metros de la costa, y se encuentra también a mil metros de profundidad y a dos mil kilómetros del litoral. En el fondo de los océanos hay de todo: latas, bicicletas, lavadoras.

Los desechos de nuestra civilización opulenta y derrochadora terminan allí, en las profundidades marinas. El plástico está por todas partes: representa el 41% de la basura que permanece en los océanos, frente a un 34% que corresponde a las artes de pesca. Pero también flotan entre las aguas ropas, madera y un larguísimo etcétera. Algunos microplásticos son especialmente peligrosos, porque en su proceso de fotodegradación concentran sustancias tóxicas que acaban en el organismo de peces, aves marinas o zooplancton. Otros residuos, como el vidrio o las latas, provocan cortes, o ahogan, como las anillas de plástico. “La basura marina está matando hoy más animales que el cambio climático”, concluye Mike Moore. La Agencia estadounidense de Medio Ambiente calcula que 267 especies marinas consumen por error ese tipo de residuos. Es lo que, en las célebres imágenes tomadas en 2009, puso en evidencia el fotógrafo Chris Jordan, al mostrar lo que los albatros tenían en sus estómagos. El mismo drama se evidenció en 2012 cuando, en las costas de Granada, se encontró un cachalote de diez metros que contenía en su organismo 18 kilos de plástico. Como si una persona hubiese ingerido cincuenta bolsas de plástico.

Según datos de Greenpeace, el 10% de los 225 millones de toneladas de basura que se generan cada año a nivel mundial acaba en el mar. Muchos de esos residuos tardan cientos de años en biodegradarse: las compresas y pañales, un cuarto de siglo; una lata de refresco, entre 200 y 500 años; las anillas de plástico que tantos accidentes provocan entre los animales marinos, unos 450 años; una simple bolsa de plástico, de 35 a 60 años. Por no hablar de los miles de años que puede permanecer en el mar una botella de vidrio. Si tenemos en cuenta además que en las aguas las labores de limpieza son muy difíciles y siempre insuficientes, la única consigna valida es reducir, hasta erradicarlos totalmente, esos vertidos marinos.

Quienes menos consumen respiran nuestra basura

¿Adónde van los móviles, ordenadores, microondas o frigoríficos viejos? ¿Qué pasa con estos aparatos una vez que los hemos tirado a la basura, o incluso a “reciclar”? El camino que recorren no está del todo claro, pero de lo que no cabe duda es de que hay varios lugares en el mundo en los que toda esta basura tecnológica se acumula desde hace años. El más claro ejemplo es el llamado basurero tecnológico de Agbogbloshie, en Accra (Ghana) donde, según algunos estudios, existe una contaminación por plomo, cadmio y otros contaminantes perjudiciales para la salud que supera en más de 50 veces los niveles libres de riesgo. Lo decía claramente un informe de 2013 realizado por la Green Cross Switzerland y el Blacksmith Institute en el que recogían las diez mayores amenazas toxicas del planeta. Es decir, los diez lugares más contaminados del mundo.

Uno de ellos, sin duda, es este basurero, que oficialmente se califica eufemísticamente de “area de procesamiento de basura tecnologica”. Llegan cada año miles de toneladas de residuos tóxicos, teóricamente para ser procesados; en realidad, llegan mezclados materiales de todo tipo, entre ellos, frigoríficos, microondas o televisiones. Algunos de esos residuos son tan contaminantes que requerirían de la cualificación y protección de los trabajadores, algo que está muy lejos de ocurrir en Agbogbloshie. Pero este lugar no es apenas un basurero: es un asentamiento informal con zonas industriales, comerciales y residenciales. Una zona en la que los metales pesados que se expulsan de estos procesos de quema llegan a las casas y mercados.

Según el citado informe, Ghana importa cada año unas 215.000 toneladas de residuos tecnológicos, principalmente desde Europa del Este. De ellas, aproximadamente la mitad puede ser reutilizada inmediatamente, o reparada y vendida, pero el resto del material es reciclado de forma barata, a costa de contaminar la tierra que los recibe y perjudicar la salud de quienes trabajan con ellos. Un ejemplo paradigmático es el de los buscadores de cobre, que queman las fundas que recubren los cables para conseguir el cobre del interior. Para quemarlos utilizan un tipo de espuma, altamente contaminante, expulsando al aire libre todos sus contaminantes. Chatarra, fogatas y humo de gran toxicidad, pero que dan de comer a muchos de quienes allí habitan. No extraña entonces que el centro de Accra esté repleto de puestos que venden a bajo precio todo tipo de aparatos eléctricos, buena parte de ellos de segunda mano. Algo muy parecido ocurre en otros países de la región, como Zimbabwe, donde se afronta una crisis medioambiental provocada por las deficiencias del sistema de gestión y eliminacion de esos desperdicios.

Todo ello a pesar de la existencia de tratados internacionales, como la Convención de Basilea, que restringe los movimientos transfronterizos de desechos, y el acuerdo que se suma al firmado ya en 1993, en Bamako, sobre el mismo tema. Acuerdos que establecen condiciones, cantidades y criterios para verificar si la exportación de basuras se está haciendo bien. Sin embargo, para los países más desarrollados sale mucho más barato deshacerse de ellos en algún puerto remoto de África que seguir las estrictas normas de reciclaje que ellos mismos se han autoimpuesto pero que casi nadie quiere cumplir. Para los receptores, por su parte, esta es una supuesta fuente de riqueza de la que viven muchas personas, a pesar de los riesgos y problemas que conlleva para su salud. Una solución, en definitiva, que conviene a muchos y que no termina de regularse. La paradoja aparente es que son los países que menos residuos generan, por el acceso restringido que tienen al consumo, los que acumulan la basura que el mundo rico exporta.

Pero las irregularidades en la gestión de los desechos no solo suceden en territorios lejanos. En julio de 2014, la Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por mantener abiertos 28 vertederos ilegales que deberían haberse cerrado en 2009.

La basura como negocio

La basura es un negocio en alza: según la Comisión Europea, una correcta gestión de los recursos supondría un negocio anual de 42 mil millones de euros y crearía más de 400.000 puestos de trabajo. Según datos de Eurostat sobre el reciclaje de basura de embalaje en 2011, Bélgica, un país en el que la separación de basuras es obligatoria y además está muy controlada, se sitúa a la cabeza con un 80,2%; le siguen países como Holanda (71,9%), Alemania (71,8%) o Irlanda (70,9%). España llegó ese año al 64,4%, una cifra muy superior al 39,8 % de 2000.

Sin embargo, el reciclaje es un proceso costoso en términos energéticos. Aunque imprescindible, no resuelve el problema de base. Se trata, en fin, de aplicar las famosas tres erres y erradicar de nuestro consumo mercancías absolutamente prescindibles y dañinas, como las botellas de plástico. Aunque nos las regalen.

Los ecologistas subrayan también la importancia de separar los residuos orgánicos, que suponen entre el 40 y el 45% de nuestra basura. Si se separan en origen, podrían convertirse en abonos para agricultura, suelos y reforestaciones; sin embargo, mezclado con el resto de la basura, esos residuos fermentan de forma no controlada y producen metano, un gas con 25 veces más efecto invernadero que el dióxido de carbono.

Una reflexión final. La rebelión de los límites

A lo largo de este libro, hemos intentado ofrecer una información, siquiera somera, de algunos de los productos que conforman nuestra cesta básica de consumo, para llegar a una conclusión general: tenemos en general poca, poquísima información sobre lo que consumimos. La etiqueta suele ofrecer información parcial y a veces confusa, cuando no contradictoria con el marketing del envasado que ensalza la salubridad de productos que no son tan benignos para nuestra salud. Los alimentos que compramos suelen aparecer bajo varios envoltorios de plástico que terminan en gigantes vertederos flotantes en los océanos. Los productos electrónicos que adquirimos están fabricados para durar poco y terminan en los vertederos de residuos que exportamos a esa África olvidada que habitan millones de seres humanos excluidos de las ventajas del capitalismo, pero principales víctimas de sus externalidades negativas. Nuestra basura opulenta termina en la tierra de los desheredados, allí donde no molestan a quienes provocan esa acumulacion ingente de residuos. Como si el planeta entendiese de fronteras, como si la Tierra tambien fuese corrompible. Como si también a ella se le pudieran comprar sus favores para garantizar que la furia de la naturaleza no atravesara los muros cada vez más altos, cada vez con más espinas, de la Vieja Europa.

Las corrientes de la Economía Ecológica y la Ecología Política insisten en la necesidad de “internacionalizar las externalidades”, esto es, incluir en el cálculo económico esos impactos económicos y sociales que, como hemos visto, no entran en los balances de las empresas y son sistemáticamente invisibilizados. Pero apuntan además al principio de inconmensurabilidad: cuando hablamos de daños a la naturaleza, hay muchas cosas que no se pueden medir, a las que no se puede aplicar un valor en dólares o euros. Son esos mismos autores, con nombres relevantes como el del economista catalán Joan Martinez Alier, los que acuñaron el término deuda ecológica, para referirse al hecho incuestionable de que, en el mundo globalizado, ciertos países o grupos sociales privilegiados se apropian en exceso de la biomasa de su producción biológica, o contaminan más allá de sus capacidades de procesar los contaminantes. Europa importa las materias primas que necesita y exporta la basura que le incomoda.

¿Quién debe a quién?

Este interrogante, siempre oportuno y perturbador, fue el título escogido por Martínez Alier y Arcadi Oliveres para un ensayo publicado en 2003 en el que hablaban de la deuda ecológica que, desde hace cinco siglos, los países del Norte han ido contrayendo con los mal llamados países subdesarrollados, al extraer sus recursos naturales y comprarlos a precios subvaluados. Vale para los tiempos de la colonia y sigue valiendo para hoy: los precios de las materias primas no reflejan el coste real que para el planeta supone ese expolio. El comercio internacional en la época de la globalización se sostiene por la desigualdad del intercambio; en otras palabras, el precio de las commodities refleja el esquema del dominio –político y militar, pero también cultural– de unas naciones sobre otras. Y un eje fundamental de ese mapa del poder es la deuda externa, que en muchos países de África y América Latina asfixia las cuentas nacionales al punto de inhibir cualquier intento de salirse de esos parámetros establecidos, por injustos que sean.

Lo que postulan Martínez Alier y Oliveres es que se puede –y se debe– realizar un análisis comparativo y conmensurable de la deuda externa, percibida como un proceso multidimensional: ético, político, económico y social. Los autores concluyen que, si así se hiciera, la deuda externa estaría cancelada con creces, y critican duramente la hipocresia de quienes obligan a los países pobres y atenazados por la deuda externa a “apretarse el cinturón donde muchos tienen ya el estómago vacío”. La miseria conducirá a esas naciones a continuar una sobreexplotación creciente de la naturaleza y, aún tendrán que soportar estos países que, con grandes dosis de cinismo,desde Europa y los Estados Unidos se les dé lecciones de cómo conservar sus ecosistemas, mientras, por cierto, les inundan con basura exportada.

Las asimetrías de poder en el tablero global del siglo XXI generan una injusta distribución de los costes y beneficios del desarrollo: el Norte extrae los recursos de países lejanos, disfruta del consumo de los bienes que se producen con esas materias primas, y después envía lejos sus desechos. El Sur sufre las consecuencias de ese saqueo medioambiental –la continuación, la destrucción de formas ancestrales de vida–, pero sigue pobre, forzosamente austero y, muchas veces, desesperadamente hambriento. De algún modo, el poder político hoy reside en la posibilidad de dejar lejos de un país –o una región, o un grupo social– las externalidades negativas ambientales, es decir, esas consecuencias de las actividades económicas que nunca se incluyen en los balances de costos y beneficios.

Los daños medioambientales son difíciles de calcular, porque son esencialmente inconmensurables, pero se pueden hacer estimaciones. De hecho, en 2007, el Ministerio de Medio Ambiente publicó un estudio detallado de la huella ecológica en España, que concluía que España estaba en una situación de déficit ecológico. El informe desgrana los índices de biocapacidad y consumo en las diferentes regiones del país y concluye que, con una huella ecológica de 6,25 hectáreas por persona y año, España está entre los países europeos más deficitarios de Europa en términos medioambientales. También resultan interesantes las mediciones de la New Economics Foundation (NEF), que concluyen que, en 2012, España entró en deuda ecológica el 21 de abril, esto es, que para ese día ya había consumido todo su “presupuesto ecologico”. Según la NEF, España mantiene un consumo 3,25 veces mayor que su biocapacidad, gasta más recursos de los que produce y emite más dióxido de carbono del que absorbe.

En ninguno de estos dos casos, sin embargo, se vincula la deuda ecológica con la deuda externa o el comercio internacional: el concepto de deuda ecológica se aplica a un país, considerado aisladamente y en un momento histórico determinado, como una foto fija. De ese modo, el término se despolitiza y pierde su potencialidad para repensar la deuda externa de los países pobres y, en general, para afrontar un abordaje sistémico. Pero la deuda siempre es en relación con alguien: si los ciudadanos españoles se exceden en el uso de los recursos naturales, lo hacen a costa de las próximas generaciones y de quienes consumen por debajo de sus posibilidades en términos de biocapacidad en otras partes del mundo. La única solución moralmente aceptable es la inmediata condonación de la deuda a los países del Sur y, en el caso de España y otros países europeos, una petición de disculpas acorde a la dimensión del daño histórico perpetrado en África y América Latina, y un comportamiento futuro coherente con esa aceptación de las responsabilidades pasadas y presentes. Un primer paso sería acabar con la injusticia criminal con la que los países ricos obligan al Sur a abrir sus fronteras a nuestras manufacturas, al tiempo que les inundan de productos agrícolas subsidiados que asfixian la agricultura local.

Hacia otra economía posible

La destrucción de la naturaleza no es un fenómeno reciente; durante siglos los recursos se han extraído sin preocuparse demasiado por el impacto que esto podía suponer en el entorno. Desde los años 70 del siglo XX, la preocupación por el deterioro ambiental está en la agenda de los movimientos sociales y, desde tiempos más recientes, de los gobiernos, pero los intereses económicos no han permitido hasta ahora cambios de gran calado para revertir el irresponsable despilfarro que ha generado la sociedad industrial, no solo en su forma capitalista, sino también en los “socialismos reales” del siglo XX.

Sin embargo, en los últimos años se sienten vientos de cambio. Tal vez la novedad es que ahora, como dice el filosofo Franz Hinkelammert, asistimos a la rebelión de los límites, a la naturaleza que se subleva contra nuestro codicioso expolio con las poderosas armas de las que dispone –las tormentas, los huracanes, los elementos–. Ahora sabemos que el ser humano morirá de éxito y de vanidad si no se da cuenta a tiempo de que algo está errado en el modo con que se relaciona con la naturaleza, y con nuestra propia concepción de las sociedades que queremos habitar. No crecemos para satisfacer nuestras necesidades: crecemos para crecer, sin más. Producimos cosas fabricadas para estropearse antes de tiempo con el único objetivo de que las sociedades opulentas gasten más y más, mientras buena parte de los seres humanos que habitan la Tierra siguen pasando hambre y privaciones. Como gritan las pancartas de los manifestantes de medio mundo, tomando la frase de Mahatma Gandhi, el planeta tiene recursos para satisfacer las necesidades de todos, pero no la codicia de algunos.

Hinkelammert propone la alternativa: una economía que gire alrededor de la vida y no del capital; una organización política y social que garantice la reproducción de la vida ampliada de todas y todos los miembros de la sociedad. Ese cambio de paradigma, esa transición desde el sistema capitalista hacia otra economía posible, supondría recuperar el papel del dinero como un simple medio facilitador del trueque, y no como un fin en sí mismo que determina el devenir económico. Supondría atender a las necesidades humanas, y no apenas a los deseos y preferencias, como si fuese más importante garantizar un nuevo coche al que pueda pagárselo que dar de comer al que muere de hambre.

Vivimos un momento de transición en el que lo nuevo no termina de nacer, y lo viejo no termina de morir. Pero esa otra economía, ese otro mundo posible ya está en marcha, inscrito en las iniciativas que en todo el mundo proponen sustituir la lógica de la competencia por la de la solidaridad –cooperativas, consumo colaborativo, redes de trueque, bancos de tiempo– y apuestan por recuperar la relación entre la ciudad y el campo. Las propuestas de la Economía Social y Solidaria son mucho más que alternativas en tiempos de crisis: comportan el germen de una transformación cultural que deja entrever la posibilidad de una sociedad más justa. Todo está dispuesto para el cambio, y la consciencia alrededor del consumo puede ser un acicate para que cada uno de nosotros nos convirtamos en sujetos activos de ese cambio.

La transformación social solo puede ser el resultado del cambio de mentalidad, y no al revés. Por eso en Carro de Combate creemos que, si el consumo es un acto político, la primera batalla es la de la información.

Las semillas se están convirtiendo en un motivo central de los conflictos sociales en América Latina. De norte a sur del continente, comunidades indígenas y campesinas se levantan frente al avance de legislaciones que, para los movimientos sociales, privatizan “un bien común esencial para la vida”. El último capítulo de esa resistencia lo han escrito los movimientos sociales chilenos, que, después de meses de presión, han logrado la retirada del trámite parlamentario de la Ley Monsanto, a la que los críticos bautizaron así para señalar al que consideran el principal beneficiario esa ley: la multinacional estadounidense Monsanto, líder en el sector de la biotecnología.

¿Por qué? Monsanto, una multinacional estadounidense con presencia en 66 países, se distribuye el mercado de las semillas, y fundamentalmente de los organismos genéticamente manipulados (OGM) con otras grandes corporaciones como Syngenta, Bayer, Dow y Basf. La soja y el maíz transgénicos son su principal negocio. Se trata de especies modificadas para resistir a plaguicidas y herbicidas, lo que permite mayores cosechas, al tiempo que proporciona a la multinacional un negocio redondo: vende sus semillas conjuntamente con el herbicida y la tecnología necesaria para alcanzar altos rendimientos.

Este modelo supone mayores beneficios para los grandes propietarios, pero no para los pequeños agricultores, que no tienen modo de acceder a las inversiones de esa tecnología, o deben incurrir en elevadas deudas. A pesar de los intentos de eldiario.es de recoger su versión, Monsanto ha rechazado responder las preguntas.

La ley que el Gobierno chileno acaba de retirar del Senado iba a poner las cosas aún más difíciles a esos campesinos, al obligarlos a pagar una cuota cada año a las empresas semilleras. “Se estaba otorgando un poder a las grandes corporaciones”, asegura Esteban Bruna, militante de la Red Semillas Libres. Bruna explica que, de haberse aprobado la ley, hubiese impedido la costumbre de los agricultores de guardar las mejores semillas para la siguiente cosecha o de intercambiarlas; también permitiría la destrucción de cultivos o la confiscación de las semillas, y que los campesinos acabaran denunciados en los tribunales por no respetar los derechos de propiedad intelectual de la compañía.

Eso alarmó a las comunidades rurales y a los movimientos sociales en las ciudades. “Las multinacionales quieren apropiarse del poder ancestral de nuestro pueblo, que lleva siglos seleccionando el choclo o la papa”, explica Mercedes, una agricultora mapuche, en un encuentro organizado por la Red Semillas Libres en la localidad chilena de Temuco. “Las mujeres siempre hemos sido guardianas de las semillas, pero no nos hemos considerado sus dueñas; ahora, estas empresas quieren apropiarse de un bien que no les pertenece”.

Las comunidades mapuches y movimientos como la Vía Campesina y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas (Rapal) aunaron esfuerzos para hacer cumplir a presidenta Michelle Bachelet la promesa de campaña de que revisaría la ley.

Colombia como espejo

Los movimientos chilenos se miraban en el espejo de Colombia, donde, en agosto del año pasado, la masiva paralización de los campesinos consiguió dejar en suspenso la Resolución 970, una ley que obligaba a los agricultores a utilizar exclusivamente semillas certificadas, es decir, patentadas por las empresas del sector del agronegocio.

Por las mismas fechas, se difundió por internet el documental 970, de Victoria Solano, que denuncia la injusticia cometida contra unos agricultores del departamento del Huila, en el interior del país, a quienes se requisó 70 toneladas de semillas de arroz no certificadas. Los campesinos respondieron que ni siquiera se les había comunicado la nueva ley. Muchos colombianos se enteraron a través de esa película de que, en Colombia, regalar o intercambiar semillas era delito. El presidente Juan Manuel Santos optó dejar la ley en suspenso; a finales de año, el Tribunal Constitucional declaró ilegal la ley al no haberse sometido a la consulta de los pueblos indígenas.

Pese a la importancia que otorgan a esas victorias, los movimientos sociales en Chile y Colombia no bajan la guardia. Su recelo es común: en ambos casos, las leyes de privatización de las semillas respondían a un compromiso adquirido con Estados Unidos al firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con esos países. Ambos tratados incluyen, por imperativo de Washington, la ratificación de un convenio internacional llamado UPOV 91, que coloca restricciones a los agricultores en beneficio de los derechos de patente de las corporaciones.

Monsanto en Argentina

Monsanto en ArgentinaAunque no ha firmado el TLC, Argentina tiene su propia Ley Monsanto, que también ha suscitado el rechazo popular: más de 10.000 argentinos firmaron contra la ley en la Campaña No a la Privatización de las Semillas. En este momento el proceso parlamentario de la ley no avanza, pero los movimientos sociales se mantienen vigilantes: “Ahora el trámite está parado, pero se está impulsando de a poco, como a escondidas. Y una ley de semillas como la que se planea sería muy peligrosa: nos dejaría totalmente fuera de la soberanía alimentaria”, explica Piru Famatina, activista del movimiento vecinal que rechaza la construcción de una planta de maíz transgénico en la provincia de Córdoba.

Si llegara a aprobarse el proyecto de ley, los agricultores argentinos se verían obligados a comprar la soja Intacta RR2BT, patentada por Monsanto. Eso respondería a la reclamación que Monsanto ha hecho al Gobierno argentino durante años: que muchos productores utilizan variedades locales muy similares a su soja transgénica, sin pagarle nada a cambio. Pero, mientras la ley es aprobada, la corporación estadounidense encontró una manera de obtener dinero: la empresa, bajo la amenaza de no seguir proporcionándoles su tecnología, ha firmado acuerdos privados con centenares de productores. “Esos contratos actúan como una estructura paralela de gobierno. Monsanto tiene detectores en los puertos para verificar si la soja que sale debe pagarle regalías”, asegura el doctor Mauricio Berger, profesor en el Seminario de Justicia Ambiental de la Universidad de Córdoba.

En el país austral, la soja acapara ya alrededor del 60% de la superficie cultivable en el país y generó en 2013 ganancias por 34.000 millones de dólares, unas divisas de las que la economía argentina es cada vez más dependiente.

“¡O se van las multinacionales del territorio, o las echamos!”. Esta fue la consigna de los campesinos afectados por la construcción de una represa de Endesa sobre el río Magdalena durante meses de resistencia, en el Huila, una región al suroccidente de Colombia. La central hidroeléctrica de El Quimbo es el proyecto insignia de la filial colombiana de la multinacional italoespañola. Pero a la empresa se le han complicado las obras: cientos de habitantes de municipios como La Jagua y Hobo rechazan al embalse y han unido fuerzas en la asociación Asoquimbo.

Hablan con conocimiento de causa: 30 años atrás, a pocos kilómetros y sobre el mismo río Magdalena, los vecinos del municipio de Hobo (en Huila, Colombia) y otros pueblos aceptaron la construcción de la represa de Betania, que llegó con dos promesas: empleo y progreso. No llegó ni lo uno ni lo otro. “En Hobo sabemos bien qué trae la represa: aquí antes crecía arroz, maíz, cacao. Las tierras más fértiles se inundaron y nos vimos obligados a vivir de la pesca. Y ahora, con la nueva represa, nos echan de nuevo, porque desde que empezaron las obras, cada vez hay menos peces”, cuenta Gilberto. La única salida que les queda a muchos es vender agua o queso a los costados de la carretera.

Por eso, ahora que Endesa llega a La Jagua con la misma promesa de desarrollo, no le creen. Emgesa ya se ha hecho con las tierras de los terratenientes de la zona: eran fincas productivas y ahora serán inundadas por la represa, dejando a decenas de jornaleros sin trabajo. Pero la mayoría de los pequeños propietarios no están dispuestos a malvender sus fincas. “La lucha es por la tierra, por el río. Quieren privatizar el río, ¡a quién se le ocurre! Estamos perdiendo territorio: si no lo recuperamos ahora, nuestros hijos no van a tener de qué comer”, explica Jarol, un jornalero que, después de perder su empleo, decidió junto a varios compañeros ocupar una finca abandonada para producir alimentos.

La historia se repite al sur de Chile, en la región cordillerana del Alto Bío Bío. Las comunidades mapuches aceptaron la instalación de las centrales de Pangue y Ralco, en 1996 y 2003 respectivamente. Endesa logró en ambos casos el consentimiento de los mapuches, pero el Estado y la empresa incumplieron buena parte de los acuerdos y realojaron a los afectados en tierras yermas o sin acceso al agua.

La inaccesibilidad de las tierras dificulta a las comunidades su actividad económica ancestral, el pastoreo. Además, “han dividido a las comunidades, porque les han entregado tierras dispersas, distantes”, explica la ñaña (hermana) Anita, que resistió hasta el final contra las represas. Por eso, muchos de quienes apoyaron el proyecto se arrepienten hoy, por el lonko de la comunidad (la autoridad política), Carmelo Levy, que apoyó con entusiasmo el proceso: “Nos engañaron por no tener educación. Pero ahora no queremos más represas en la zona”, dice. Les toca dar la pelea, porque otra central hidroeléctrica, esta vez de la compañía chilena Colbún, está ya en construcción.

Unos kilómetros más al sur, en la turística Región de Los Lagos, están todavía a tiempo de detener el proyecto en ciernes. Endesa quiere construir una represa sobre el Lago Neltume. Las mismas promesas de siempre: desarrollo, empleo, progreso. Para quienes rechazan el proyecto, el Bío Bío es el espejo sobre el que mirarse. Muchos mapuches y también muchos winka (blancos) creen que la represa tendrá efectos nefastos sobre el turismo, la principal fuente de ingresos para la región. “El lago es nuestra principal fuente de ingresos, aquí se bañan nuestros hijos. Si nos contaminan el lago, vamos a perder nuestra tranquilidad”, señala Rosa, represente de una de las comunidades mapuches contrarias a la represa.

Es aún un poco más al sur, en la gélida región de Aysén, donde están puestas todas las miradas. Allí, en la Patagonia chilena, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, Endesa proyecta la construcción de cinco represas sobre los ríos Baker y Pascua. La vulnerabilidad del ecosistema patagónico y la magnitud del proyecto, que se completaría con la construcción de un enorme cableado de alta tensión de 2.000 kilómetros para transportar la energía al norte del país, han despertado las alarmas, no sólo en Chile. 68 organizaciones integran la campaña Patagonia Sin Represas (PSR), que consiguió en 2011 sacar a miles de santiagueños a las calles para evitar que se dé el último paso burocrático pendiente para aprobar el proyecto. Durante su presidencia, Sebastián Piñera no se atrevió a consumar un proyecto tan impopular; las miradas están puestas ahora sobre Michelle Bachelet.

Estrategia común

Endesa es ya la mayor multinacional eléctrica privada de Latinoamérica, con presencia en Brasil, Colombia, Perú, Argentina y Chile. En muchos de estos territorios, organizaciones como el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) o Tierra Digna han identificado un patrón común en el comportamiento de Endesa, que ha rechazado hacer declaraciones al respecto a eldiario.es, así como de otras multinacionales. Sobre el terreno, comprobamos que los afectados por los proyectos de Ralco, Neltume, o El Quimbo describen una misma estrategia para vencer la resistencia de las comunidades locales a las represas. “Endesa compra conciencias, lleva fardos de pasto como regalos a cambio de una firma”, explica el activista mapuche Jorge Weke, fundador del Parlamento de Koz Koz, una organización muy activa contra la represa de Neltume.

Tanto en el Bío Bío como en El Quimbo, los desplazados y expropiados por las represas sostienen que la empresa firma acuerdos privados con los particulares, por sumas de dinero que oscilan y crean así enemistad entre los vecinos. Por su parte, Endesa, que rehusó hablar con esta reportera, enumera en su web diferentes planes de educación, medio ambiente o cooperación social que desarrollan sus fundaciones para cumplir su “compromiso de desarrollo de las comunidades”. Para Jorge Weke, se trata de planes “asistencialistas” sin otra función que “cooptar a los líderes de las comunidades, a cambio de un empleo o un beneficio”.

Weke apunta a “las complicidades entre Endesa y los gobiernos”. En la misma línea, el ecólogo Juan Pablo Orrego, presidente de la ONG Ecosistemas, denuncia que “el oligopolio eléctrico hace un lobby feroz”. Además, añade Orrego, la tendencia a impulsar la energía hidroeléctrica ha sido influida por la generosa financiación del Banco Mundial.

Desde 2009, Endesa pertenece al grupo italiano Enel, que opera en 40 países y obtuvo en 2011 unas ganancias de 4.100 millones de euros. La multinacional italiana también ha dejado su huella en América Latina: en San Juan Cotzal, al norte de Guatemala, Enel Green Power, del grupo Enel, inauguró en 2012 la central hidroeléctrica de Palo Viejo. Las comunidades mayas ixil firmaron un documento en que aceptaban la radicación de Enel, pero afirmaron después que se les engañó. Muchos de los afectados por la represa ni siquiera tienen luz, y donde llega, se paga mucho más cara que en la capital.

La animadversión que despierta Enel Endesa en rincones tan lejanos del globo llevó a la creación en Italia de la organización 'Stop Enel', que decidió comprar acciones del grupo para poder intervenir en las juntas de accionistas. A esas reuniones llevaron a Jorge Weke, a Juan Pablo Orrego, a Miller Dussán, para que los accionistas conocieran los impactos de los proyectos de Enel Endesa en Colombia y Chile. De momento, la corporación no ha rectificado, ni tampoco el Estado italiano, al que pertenece un 31% de las acciones del grupo.

¿Un recurso renovable?

La mayor parte de los científicos y ecologistas está de acuerdo en que las represas pueden ser una fuente de energía eléctrica y sirven para controlar inundaciones, almacenar agua e irrigar cultivos. Sin embargo, para que las ventajas excedan los costos en términos sociales y ambientales, es necesario estudiar muy bien el emplazamiento y facilitar a la población las condiciones de realojo, y eso es mucho más que darles una vivienda: implica evitar el desarraigo y la pérdida de sus modos de vida tradicionales.

En América Latina, esto no sucede en la mayoría de los casos. Las comunidades rurales y campesinas, los mayores afectados por las represas, se llevan la peor parte. También el resto del planeta: el agua solo es un recurso renovable si se respetan sus ciclos y, a estas alturas, apenas un tercio de los grandes ríos del planeta siguen su curso natural.

El problema del que alertan los científicos y las organizaciones ecologistas es que, en América Latina, la región con mayores recursos hídricos del planeta, la gran parte de los proyectos no están siendo correctamente evaluados. Mientras, la fiebre hidroeléctrica no para de crecer: más de sesenta represas están proyectadas sólo en la Amazonia brasileña, una decena sobre el río Magdalena. ¿Pueden las venas fluviales de América Latina soportar este modelo de desarrollo? Muchas comunidades indígenas y campesinas responden con un rotundo “no”.

“Nos dicen que estas tierras son demasiado caras para la agricultura familiar”, cuenta Lucas. “Todo, para la exportación: aquí no queda nada. La mayoría de los trabajadores los traen de fuera, así que la gente del lugar se queda sin trabajo. No hay espacio para nosotros”. Lucas es dirigente del Campamento de San Antonio, al sur del Estado brasileño de Bahía. A él, como a las otras 400 familias de campesinos que forman el campamento, lo expulsaron de sus tierras. En estas tierras de tradición azucarera, un monocultivo dedicado a la exportación desde los tiempos de la colonia portuguesa, avanza ahora el eucalipto, un árbol de rápido crecimiento y que, por la cantidad de nutrientes que absorbe de la tierra, resulta muy dañino para la biodiversidad.

Las multinacionales productoras de celulosa para la exportación se sumaban así a los ingenios azucareros y desplazaban a los pequeños productores. El maíz, el frijol, la calabaza debían importarse de fuera. Pero un grupo de campesinos del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) decidió ocupar estas tierras en 2009 y, desde entonces, se ha vuelto a producir comida para las poblaciones vecinas. Estas 400 familias le huían así al destino que les marcaba el latifundio: expulsados de sus tierras, obligados a migrar a grandes ciudades, como Salvador, para pasar a formar parte de ese ejército de brazos olvidados, innecesarios, que se hacinan en las periferias y favelas de las grandes urbes brasileñas.

El MST es uno de los movimientos sociales más grandes e influyentes de América Latina: se creó en los años 70 y, desde el comienzo, colocó la reforma agraria como foco, en un país que se encuentra, desde hace décadas, entre los más desiguales y latifundistas del planeta. Su objetivo es la reforma agraria a través de la redistribución de tierras improductivas; su estrategia consiste en ocupar tierras baldías y forzar por la vía de los hechos que se cumpla el uso social de la tierra que, sobre el papel, garantiza la Constitución brasileña. Según el MST, en un país de algo más de 190 millones de habitantes y con una de las estructuras de propiedad más latifundistas del planeta, cuatro millones de familias siguen desposeídas.

La propia FAO ha reconocido que en América Latina, Argentina y Brasil están inmersos en un proceso de acaparamiento de tierras, esto es, un aumento del latifundio consagrado al agronegocio exportador, al precio de una intensificación de los desalojos de comunidades campesinas e indígenas de sus tierras ancestrales.

Hoy como ayer, la caña de azúcar es un producto clave en esa estructura latifundista global; sobre todo ahora que no sólo se alimentan de caña las personas, sino también los automóviles. El auge del etanol ha impulsado las plantaciones de caña en Brasil.

“Contrarreforma agraria”

“El acaparamiento de tierras es un fenómeno global iniciado por las elites locales y transnacionales, los Gobiernos y las compañías multinacionales para controlar los recursos mundiales más preciados”, como la tierra y el agua, sostiene la Vía Campesina latinoamericana en un comunicado de 2012. Un proceso que el dirigente del MST João Pedro Stédile califica de “contrarreforma agraria” y que, como ha denunciado Amnistía Internacional, “desplaza y disloca comunidades, destruye economías locales, culturas y tejidos sociales y pone en peligro la identidad comunitaria”. Quien ose levantarse para defender lo que es suyo sufrirá hostigamiento, amenazas y muertes: en 2010, 34 campesinos e indígenas murieron asesinados en Brasil por defender sus tierras.

“La compra de grandes extensiones de tierra para monocultivos para la exportación o para la producción de biocombustibles está provocando hambre y violando los derechos humanos en muchos países en desarrollo”, sostiene Intermón Oxfam en su informe Tierra y poder, de 2011. La organización subraya “la velocidad, cada vez mayor, a la que se llevan a cabo acuerdos sobre transacciones de tierra y que a menudo pone en un mayor peligro a las comunidades pobres”. Así, según el último informe de Oxfam lanzado hace unas semanas, desde el año 2000 se han adquirido en el mundo al menos cuatro millones de hectáreas para la producción de azúcar.

“Las comunidades ”pierden –en ocasiones de forma violenta– sus casas y sus medios de vida sin haber sido previamente consultados, sin posibilidades de compensación o medios que les permitan reclamar sus tierras“, añade IO. A menudo, las empresas o terratenientes se aprovechan de que, en las poblaciones campesinas y más aún entre los pueblos originarios, en muchos casos las comunidades no cuentan con títulos de propiedad de las tierras que han poblado desde tiempos ancestrales.

Acaparamiento global

El mismo proceso se da en el resto del planeta, con una velocidad que se ha acelerado desde que, tras el pinchazo de la burbuja financiera en 2008, los inversores apreciaron la volatilidad de los títulos financieros y se replegaron sobre valores más seguros, como el mercado de alimentos a futuro o la propiedad de las tierras.

La organización Grain documenta 416 casos de acaparamiento recientes en todo el globo, que abarcan casi 35 millones de hectáreas de tierras en 66 países; entre ellas, muchos cañaverales. Este informe llega a conclusiones interesantes, como que África es el primer objetivo de los inversores, entre los que se encuentran 298 empresas del agronegocio, pero también entidades financieras y fondos soberanos, que están detrás de un tercio de las operaciones.

En Camboya, el programa de intercambios comerciales Everything but Arms (EBA, Todo menos Armas), que la Unión Europea aplica desde 2001 a los países menos desarrollados para que puedan importar sus productos en Europa con ventajas impositivas, ha dejado, paradójicamente, sin tierra a miles de familias que ahora luchan por la subsistencia.

Uno de los casos más conocidos ha sido el de Srae Ambel, en la sureña provincia de Koh Kong, donde los agricultores desposeídos han plantado cara a la empresa tailandesa que ha convertido sus arrozales en un extenso cañaveral. “La propia empresa ha reconocido que no estaría en Camboya si no fuera por el EBA. Creo que es una prueba suficiente para probar que está relacionado”, asegura Matthieu Pellerin, investigador de la ONG local de derechos humanos LICADHO. Los campesinos han emprendido acciones legales en Camboya y en el Reino Unido contra Tate & Lyle –una de las empresas que compra el azúcar camboyano–, y el Parlamento Europeo ha pedido una investigación ante las evidencias de violaciones de derechos humanos en las plantaciones.

Este podría ser uno de los casos que Coca-Cola, primer comprador mundial de azúcar, revisara tras prometer que evaluará la política de acaparamiento de tierras de sus proveedores –Tate & Lyle es uno de ellos–. El anuncio llega como respuesta a la campaña de acción ciudadana “Tras la marca”, lanzada por Oxfam, aunque el gigante estadounidense ya se había comprometido en 2012 a revisar la procedencia del azúcar que utiliza en su estrategia “Objetivos de Sostenibilidad 2020”.

Quien controla la tierra, controla la alimentación, la vida. La lucha es, más que un imperativo ideológico, una cuestión de supervivencia no sólo para los campesinos, sino para todos los seres humanos. Como dice Natalia, mientras prepara la comida para un regimiento en el Campamento de San Antonio: “Si el pueblo no planta, la ciudad no cena”.

Cada mes de noviembre, cuando las lluvias del monzón comienzan a arreciar, Bua Lai vuelve a afilar su machete y se prepara para pasar los cinco meses siguientes dando golpes a los gruesos tallos de la caña de azúcar. Como ella, aproximadamente un millón de jornaleros barrerán los campos de Tailandia, el segundo exportador mundial de azúcar, para recoger el dulce jugo que acabará en las mesas de medio mundo.

La caña se ha convertido durante los últimos años en la principal fuente de azúcar en el mundo y cerca de un 90 por ciento de la producción mundial procede de esta hierba de grandes dimensiones. La mayoría se planta en países en desarrollo como la India, Brasil o la propia Tailandia, donde las leyes laborales y medioambientales son más laxas. Muchos la conocen como la hierba de la miseria, porque ahí donde se cultiva, las comunidades entran en un círculo de pobreza generado por las pésimas condiciones laborales y los fuertes impactos medioambientales que lleva consigo esta planta.

Tailandia es un buen ejemplo de ello. La zona azucarera se concentra en la región nordeste, conocida como Isaan, una de las más pobres del país. Allí vive Bua Lai, una mujer menuda con la tez tostada por el sol y las manos llenas de heridas, que comenzó a cortar caña hace diez años, cuando a su marido le detectaron un cáncer de huesos y tuvo que dejar el trabajo. A sus 56 años, aún maneja el machete con presteza, pero se incorpora continuamente para dar un pequeño respiro a sus riñones. “A veces no quiero venir. Me duele todo, pero lo hago porque necesito el dinero”. La mayoría de los días, Bua Lai ni siquiera consigue ganar el salario mínimo de 300 baths (unos 8 euros) diarios estipulado por el Gobierno. Sin embargo, como buena parte de los jornaleros de este sector en medio mundo, ella cobra al peso por la caña que consigue cortar cada día. “Cuando la caña es fácil de cortar no hay mucho problema, pero les da igual si te encuentras con tallos más duros. No te pagan más”. Junto a ella, sus hijos han trabajado en los campos desde que tenían diez años. No querían estudiar y el dinero escaseaba, así que se unieron al grupo de trabajo de su madre.

Los vecinos de Bua Lai recuerdan la expansión del azúcar en los años 80 con amargura. “La vida cambió desde que la caña de azúcar llegó a la región. La gente ya no tiene tiempo libre, están todo el día cuidando los cañaverales. Ya no se conocen, no se saludan”, asegura Phan Chantalat, un hombre de 65 años ya jubilado que empezó a plantar caña en 1983. El Gobierno impulsó entonces el sector y las nuevas fábricas, que tienen que situarse cerca de los campos para procesar cuanto antes los tallos, ofrecieron suculentas ventajas para incitar a los agricultores. Pero, al mismo tiempo, la ley les obligó a firmar contratos por los que, si no llegaban al cupo establecido, debían pagar una multa; si no tenían cómo pagarla, los agricultores terminaban por ceder sus tierras a las fábricas. Y así fue como las fábricas del sector se convirtieron en las propietarias de la mayor parte del suelo en la región, mientras los antiguos pequeños propietarios, hoy convertidos en jornaleros sin tierra, viven más al límite que nunca.

Los cañaverales brasileños

En Brasil, el principal productor y exportador de caña de azúcar en el mundo, la mecanización nunca llegó a los cañaverales; es más rentable la mano de obra barata. Los jornaleros, que cobran al peso, deben trabajar extenuantes jornadas para conseguir salarios de alrededor de 800 reales (menos de 300 euros). Viven en pésimas condiciones de seguridad e higiene y, a menudo, mal alimentados. Las crónicas relatan cómo, a veces, consumen drogas, como crack o marihuana, para soportar la dureza del trabajo.

Es un secreto a voces: cada año, los informes del propio Ministerio de Trabajo revelan que las plantaciones de azúcar emplean a buena parte de los 25.000 trabajadores que, según los cálculos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), trabajan en Brasil en condiciones análogas a la esclavitud. Sólo en 2009, casi 2.000 trabajadores fueron liberados en los cañaverales del país. Se sabe también que la esclavitud y la pobreza tienen color en Brasil: según datos oficiales, tres de cada cuatro trabajadores sometidos a régimen análogo a la esclavitud son negros o mulatos.

“Los trabajadores temporales –los jornaleros– viven sin derecho al agua, comida y alojamientos recientes, humillados, sin poder volver para casa”, señala el periodista Leonardo Sakamoto, fundador de la organización Repórter Brasil. A menudo son migrantes, a los que se trajo desde sus lugares de origen por medio de engaños sobre las condiciones de trabajo, y que, una vez en el lugar de destino, deben pagar la deuda del viaje y comprar la comida a su explotador. El círculo se cierra sobre ellos: bajo ciertas condiciones, es muy fácil transformar el sistema salarial en una eficaz forma de esclavitud moderna, mucho más lucrativa, por cierto, que esa antigua esclavitud colonial en la que el propietario debía mantener al esclavo durante los 365 días del año. Ahora, el bracero, acabados los meses de cosecha, es sistemáticamente abandonado a su suerte. Y si es 'rescatado' por las autoridades estatales, se encontrará devuelto al abandono, por lo que, muy probablemente, volverá al mismo círculo vicioso la próxima cosecha.

Brasil o Tailandia no son, ni mucho menos, una excepción. Algo muy similar ocurre en la República Dominicana, donde se refieren a cortar caña como “trabajo de haitiano”, o en Filipinas, donde en las haciendas el trabajador aún está anclado a la tierra. De America a Asia, se ve una constante: el trabajo esclavo avanza en paralelo a los procesos de acaparamiento de tierras, la proletarización de los pequeños campesinos y la expansión del latifundio, que, en el caso de la caña, agota rápidamente la tierra y la deja inerte. Por eso dice Sakamoto que las nuevas formas de esclavitud “son fruto del capitalismo: no son enfermedad, sino síntoma del sistema”.