Casi todo el mundo quedó deslumbrado ante el testimonio de Josep Lluis Trapero, el que fue jefe de los Mossos. Sorprendió (y agradó) a toda la gente de orden porque habló sin eufemismos y con naturalidad de la ilegalidad del referéndum, porque dejó literalmente como irresponsables tanto al expresident Carles Puigdemont como al exconseller de Interior Joaquim Forn por coquetear con el riesgo de graves desórdenes públicos. E incluso apabulló cuando dijo que en el momento de la declaración unilateral de independencia él ya tenía preparado un dispositivo para detener a todo el Govern catalán si era eso lo que se le ordenaba desde la legalidad constitucional española.

En lenguaje coloquial se podría decir que casi fue un 'A por ellos', refiriéndose a quienes desobedecieron las leyes, por parte de la gran esperanza blanca de quienes le consideraban la persona clave para defender a la fuerza lo que hoy todavía se llama técnicamente “rebelión”, “sedición”, “malversación” o “desobediencia” en las acusaciones del juicio del procés.

Intentemos analizar con precisión lo que hizo Trapero ante el tribunal. Efectuó la declaración perfecta como testigo de una persona acusada (aunque no en este juicio) de prácticamente lo mismo que quienes están en el banquillo. Desplegó una defensa verbal muy inteligente de su persona, de su propia inocencia y de lo que hicieron -y no hicieron- los Mossos que estaban a sus órdenes, sobre todo si consideramos que estaba en un ensayo general de su próxima cita en la Audiencia Nacional.

La palabra “ensayo” me parece correcta porque su intervención tuvo una sobria dimensión teatral. Si desmenuzamos con frialdad lo que dijo convendremos en que no fueron cosas extraordinarias. Ahora ya hay mucha gente que habla mal de Puigdemont y Forn, también está roto en Catalunya el tabú de negar que el referéndum fue manifiestamente ilegal, y lo de la posibilidad de detener a los miembros del Govern llama la atención aunque sean palabras que no pueden demostrarse ya que ni se dijeron en público ni están verificadas porque no se le ordenó que actuase en esa dirección.

El juicio hasta ahora ha traído muchas palabras. El testimonio de Trapero choca frontalmente con el que dio Diego Pérez de los Cobos, responsable de la policía española. El uno dice que intentó cumplir el mandato judicial, el otro precisó con muchos detalles que no, que el mandato de la Fiscalía era impedir la votación y “garantizar la paz social” de la gente que quería votar, cuando en realidad la actuación de los Mossos buscó respetar al máximo a la gente aunque eso comportase no impedir la votación.

Como en los juicios siempre hay testimonios contrapuestos, la verdad acaba deduciéndose de los hechos. Respecto a ese punto-clave, la realidad es que los Mossos respetaron al máximo “la paz social” y no impidieron la votación. Otra realidad es que las visitas previas de los mossos a los colegios electorales, anunciando que se presentarían a las seis de la mañana para evitar que la gente se apalancase en esos centros, comportó que el 1-O hubiera grupos de numerosos votantes que ya habían tomado posiciones, de modo que a los agentes les resultó casi imposible retirar las urnas.

Una tercera evidencia es que enviando una simple pareja de agentes a cada centro no se iba a poder evitar la votación, y los Mossos, que eran el cuerpo central que debía protagonizar el operativo, habían rechazado refuerzos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para incrementar desde el principio el número de hombres de esas dotaciones. Trapero habló muy poco, por cierto, de estos detalles concretos. Otro aspecto: la gente que estaba en los colegios electorales ha expresado en general una curiosa y llamativa satisfacción por lo que hicieron los agentes autonómicos para intentar impedir -sin conseguirlo- su voto, censurando sólo lo que hicieron los policías y guardias civiles.

Hay otro detalle interesante. Ante lo mal que lo hacía el interrogador de Vox , que no conseguía que Trapero explicase su guión, tuvo que ser Javier Melero, abogado defensor de Joaquín Forn, quien provocó con una pregunta que pareció improvisada que el jefe de los Mossos hiciese la parte más comprometedora para, entre otros, su propio cliente, y quedase bien cerrado el círculo de lo que posiblemente se quería que acabase saliendo. En el lenguaje de los cronistas deportivos a eso se le denomina lanzar un buen centro para que el ariete marque el gol previsto desde antes en las casetas.

Ante todas estas cosas vale la pena que la gente de orden que sigue el juicio piense en si realmente se cree lo que dijo Trapero.

Casi todos los que siguieron a través del televisor lo sucedido el jueves en Catalunya con motivo de la convocatoria de huelga general, tuvieron la impresión de que se vivió un ambiente pseudoinsurreccional. Todo eran movilizaciones con banderas independentistas, concentraciones gritonas y excitadas de huelguistas contenidas a duras penas por la policía, neumáticos incendiados cortando carreteras, algunas carreras y choques -aunque de escasa virulencia- así como complejas operaciones de desalojo de personas apalancadas en el suelo en actitud pacífica intentando obstruir el espacio público...

El paralelismo aparente con lo que nos queda en la memoria de, por ejemplo, las insurrecciones de la Primavera Árabe, era muy nítido, pero en este caso prácticamente todo era ficción. No más de unas cien mil personas, la mayoría jubilados y estudiantes, protagonizaron voluntaria o involuntariamente una convincente representación teatral de día caótico, porque la verdad es que el jueves apenas hubo huelga, no fue en absoluto general, tuvo nulo impacto en la industria, y consiguió escasísimo seguimiento en el transporte, comercio y sanidad. La prueba del nueve es que el consumo energético catalán se redujo en un ínfimo 3,7% respecto a un día normal. Aún así los voceros oficiales de esta protesta contra el juicio, voceros respaldados por la Generalitat, no solo calificaron la huelga de “éxito” sino que subrayaron que por sus dimensiones era la segunda mayor de los últimos 15 años, cuando únicamente fueron significativas las manifestaciones complementarias que hubo al atardecer en las grandes ciudades, después, paradójicamente, de la jornada laboral.

El independentismo ha conseguido acumular una excelsa calidad escénica y los directores de sus espacios teatrales callejeros son magníficos. En esta ocasión, conscientes de que no movilizarían a una parte significativa de la población, apostaron por el efecto --seguro, ya testado-- de un asegurado parón estudiantil generalizado que sumado a mucha gente del romanticismo separatista de tercera edad llevaría hacia las aceras y plazas de las localidades a la masa coral necesaria para que el espectáculo televisivo fuese convincente. Así, el jueves no hubo ninguna insurrección en Catalunya pero ópticamente pareció rozarse en contraste con una verdad tozuda: la mayor parte de la gente trabajó y vivió una jornada casi normal a efectos prácticos. Las únicas gotas de ácido las pusieron, gracias a la tolerancia policial --léase lentitud a la hora de actuar-- veinte o treinta grupos de CDR's aprovechando las horas que les dejaron para materializar sus obstrucciones duras. Pero el jueves, como representación teatral publicitaria retransmitida por TV, la jornada de huelga fue un espectáculo muy convincente y llamativo.

Pienso en esta falsa jornada insurreccional cuando veo cómo se desgranan en paralelo las largas horas de otro plato fuerte de la pequeña pantalla: el juicio sobre el Procés. Y valoro esa ya mencionada gran calidad de los directores de escena soberanistas cuando la pobre fiscal Consuelo Madrigal, que da cierta pena por su calidad dialéctica, intenta sustanciar junto a sus compañeros de tribunal elementos que avalen la tesis de que hubo violencia --y por lo tanto rebelión-- en los hechos que se juzgan. ¿Por qué? Porque mi tesis es que aquellos acontecimientos de la Rambla de Catalunya a la altura de la Conselleria de Economía fueron otra magna representación teatral de pseudoasedio, casi pseudorebelión, muy bien manejada y contenida por parte de quienes los pusieron en escena, pero no técnicamentre una rebelión. Considero que debieron ser delitos, como lo que sucedió en el Parlament en los momentos de la falsa declaración de independencia. Estoy convencido de que lo que se hizo merece alguna sanción, pero no fue esa rebelión que les quieren probar a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que manejaban la escena con más habilidad de la que muestran ahora quienes deben calificar su actuación. Puestas las cosas así, créanme: estamos en un juicio imposible por la misión imposible que tienen encomendada los fiscales y por las expectativas imposibles que ha creado el pensamiento ultra español respecto a los desenlaces que pueden producirse.

Respecto a este juicio imposible hay otro dato relevante: la ausencia de Carles Puigdemont en el banquillo. Es algo que no encaja con nada. O solo encaja con otra tesis que tengo: Puigdemont quiere, y tal vez deje que se haga en el futuro, un juicio pero que sea en solitario y en torno a su papel personal. Si estamos hablando de escenarios me parece que ese es el único que él debe contemplar.

Por supuesto que el tema del relator es una cuestión discutible, como casi todo. Pero quienes lo proponen no merecen que se les machaque con la sinfonía de insultos, descalificaciones, desprecios y desmesuras dialécticas que se han puesto en circulación. Surgen del rencor partidista y de la animadversión recelosa contra todo lo de Catalunya (sepan que en Catalunya la mayoría de la gente detecta que no se circunscribe a ir contra los irresponsables dirigentes que desean la independencia aunque no sea la opción de la mayoría de los catalanes). Pero en España lo que predomina es el miedo a que Pedro Sánchez, a efectos electorales, pueda cumplir su promesa de encontrar una solución política para el conflicto de Catalunya que no suponga la independencia.

Vuelvo a acogerme hoy a la expresión 'Reñidero Español', acuñada desde el libro de Franz Borkenau, para señalar que en este país tan bien definido por estas dos palabras lo que necesitamos son precisamente relatores. En un escenario repleto de cobardías y secretitos en casi todos los contactos políticos la existencia de relatores independientes que levanten actas de esas reuniones evitarían las medias palabras subjetivas con que luego nos explican lo que han tratado.

Los relatores, que de eso está hablando el equipo de Sánchez, no son ni mediadores ni vigilantes. Hacen firmar lo que se ha dicho y pactado. Son unas piquetas demoledoras de la ambigüedad con que le llegan actualmente a la opinión pública los desenlaces de esos contactos. Quebrarían el doble lenguaje calculado que practican muchos políticos contra los ciudadanos -especialmente contra sus propios partidarios- para dulcificar unas cosas, endurecer otras, y sobre todo no confesar que cualquier negociación supone tanto obtener pequeñas victorias como efectuar cesiones.

Hacen falta relatores y no sólo en este pulso sobre Catalunya. Dentro de cada uno de los bandos en liza también tienen mucho campo por recorrer. La falsa unidad del soberanismo catalán está jalonada por innumerables reuniones de conciliación que aparentemente acabaron bien, se publicitaron como definitivas, y duraron frecuente dos o tres días. A los catalanes no les cuentan ni lo que piensan, ni la verdad de la situación ni el alcance de lo que hablan. Un relator en los contactos a alto nivel desmontaría buena parte de las falacias disimuladas en un tiempo en que, por ejemplo, nadie cree que los CDR vayan tan por libre que nadie a nivel de Puigdemont y Torra no supiesen y discutiesen en su momento la posibilidad de que se empezase a tirar mierda contra las fachadas de los juzgados.

Me desconciertan de forma particular las reticencias contra esa figura por parte de los veteranos socialistas jubilados y los barones que desoyen el alcance del planteamiento de Sánchez y en el fondo hacen suya la idea de que su oferta del relator es tan bastarda como dicen el PP, Ciudadanos y Vox. Aludo a mi desconcierto porque es precisamente la familia socialista la que ha sufrido y sufre más en sus carnes el efecto de sus ambigüedades no aclaradas. Cuando Rubalcaba y Pere Navarro llevaron a Granada la propuesta de que el PSOE aceptara la realidad de que España es un estado unitario pero plurinacional la inexistencia de un relator solvente que precisase lo que allí realmente se dijo y aprobó ha dañado al partido. Eso creó un largo rosario de desencuentros a propósito de si aceptar solo verbalmente esa plurinacionalidad era el límite de lo que harían los socialistas o si por el contrario luego actuarían de forma consecuente con esa declaración. Y así le ha ido el crecimiento posterior del cisma interno; circula la frase dramática de que el PSOE desde entonces además de no seguir siendo Obrero, sí que está Partido, tiene que aclarar en qué consiste su naturaleza Socialista, y es Español al estilo de lo que no se definió en Granada.

A Sánchez le acusan de vivir calculando el factor electoralista; es una falsedad, muchas de las cosas que hace probablemente no le van a ayudar. En cambio sus barones discrepantes anteponen su adhesión al run run anticatalán a la lealtad debida al presidente del Gobierno y al espíritu de las bases que lo promovieron al cargo precisamente contra la cerrazón retrógrada de la mayoría de ellos.

Otro relator necesario sería el que debería presenciar y levantar acta en los forcejeos internos del Partido Popular ahora que ya ha trascendido que las desmesuras de Casado (¡que error su elección!) no están bien vistas por los más demócratas Núñez Feijóo, Juan Manuel Moreno y Alfonso Alonso, que apuestan por una derecha española que se pareciese a la alemana o la francesa en sus planteamientos. Si tuviésemos ese relator sabríamos mejor donde está el PP y si su acercamiento a VOX es esencial y durará todo lo que dure Casado.

Que se sepa por lo menos una cosa: la opinión pública española y catalana sería más feliz con más transparencia y sinceridad en la descripción de los contactos que mantienen los políticos entre sí. Los relatores ayudarían a ello. Pero toda la clase profesional que vive de los partidos y las instituciones se ha puesto en contra de esta buena idea de Sánchez. La España eterna sigue viva.

El soberanismo catalán juega con prisas, poco éxito y escasa convicción, sus últimas cartas de antes del juicio. La franja que busca una independencia por la vía unilateral en un plazo de tiempo más o menos corto  y a través de una movilización popular mucho más enérgica y combativa que las producidas hasta ahora, apura sus nuevas apuestas sin conseguir hasta ahora emocionar o convencer a quienes necesita enrolar.

¿Las dos últimas jugadas? Lo de hundir al Gobierno Sánchez zancadilleando los presupuestos españoles ya es visto por una amplia mayoría de catalanes como pegarse un tiro en el pie. Hacer caer a los socialistas equivaldrá a forzar el casi inmediato regreso de otro 155, esta vez con efectos inmediatos sobre la inmersión lingüística en la enseñanza y poniendo un punto final a la navegación prosecesionista de los medios públicos de comunicación. Sería la apoteosis de un cuanto peor mejor que una mayoría absoluta —incluidos los votantes de las formaciones separatistas— no desea con toda seguridad. La otra maniobra, la botadura de La Crida, ha provocado pocos entusiasmos y enmaraña todavía más al espectro soberanista, lo fragmenta aún más porque supone la materialización de un nuevo corte en un pastel ya muy dividido.

La Crida es el enésimo búnker en el que Puigdemont, Torra y los indepes con más prisas intentan reagrupar en torno de su radicalidad a los amplios apoyos -mayoritariamente moderados- que históricamente reunía Jordi Pujol con su Convergència. Pero ese intento hasta ahora no logra disimular que es simplemente la Penya Puigdemont con un nuevo nombre. De momento ni siquiera el PDeCAT, las siglas de quienes son oficialmente los herederos del pujolismo, se dejan absorber. E incurre en patetismo cuando, hija de la desunión, nace reclamando unidad y juego limpio pese a que todo el mundo sabe que su primer objetivo estratégico es romper en dos a ERC, aislando a la dirección que obedece a Oriol Junqueras y quedarse con sus bases asamblearias más proclives al canto de sirena de que todavía todo es posible y para pronto.

Sólo el juicio puede reagrupar al independentismo. Pero el juicio se encara asimismo desde dos posturas muy diferenciadas. En líneas generales puede decirse que la Penya Puigdemont ha organizado unas defensas políticas de los encausados para buscar una conmoción popular de la media Catalunya irreversiblemente harta de España. Su eje central: que Catalunya quiere y tiene derecho a la independencia respecto al estado opresor. Su límite: no entrar en la delicadísima cuestión de que la mayoría de la población catalana no la desea. Los políticos que serán juzgados son unos mártires. Por otro lado, los procesados más afines a ERC optan mayoritariamente por defensas técnicas que intentarán quitarle importancia a lo sucedido en el Parlament y la calle hace un año y medio. La tesis será que no pasó nada porque todo tuvo un carácter simbólico y en realidad no se cometió ningún delito por lo que España se equivoca al darle una dimensión que no tuvo. Los políticos juzgados son inocentes que en todo caso desobedecieron a la Constitución y el Estatut a petición expresa de la mayoría de los ciudadanos, efectuando, eso sí, la misma omisión sobre el pensamiento de la mayoría que hará el otro grupo.

Si la ciudadanía cruje por el juicio el independentismo puede rehacerse. Una radicalidad del tribunal que no sea comprensible para las sensibilidades de la Catalunya más templada, y el efecto dinamizador de las retransmisiones en directo, día a día, de todo lo que sucederá en la sala del juicio, puede traducirse en cualquier cosa.

La apuesta soberanista casi es a todo o nada porque en los últimos meses han reaparecido en el escenario catalán otros elementos importantes. Uno es el realismo de una parte del soberanismo, que parece encarnar Junqueras. Cree que la independencia va para largo por lo que es necesario preocuparse por como vivirá Catalunya mañana por la mañana, y también pasado mañana, mientras se espera a que haya una mayoría absoluta amplia a favor de la secesión. La otra es el regreso  —con consistencia— de la idea de que aunque el horizonte pueda ser la independencia no son lo mismo la derecha que la izquierda. Regresa  la prioridad de defender las y ampliar las conquistas sociales vaya como vaya la otra reivindicación. Eso estratégicamente es importante porque acerca más a ERC a los comunes, la CUP y los socialistas catalanes que a la vieja Convergència, Puigdemont y Torra, que lo subordinan todo a salir de España.

A partir de esta situación de fondo si el juicio no lo altera todo Esquerra confía en traducir su aparente hegemonía social en una mayoría parlamentaria, en ganar o estar presente en el futuro gobierno municipal de Barcelona, y en poder estabilizar una vida distante y fría con Madrid pero técnicamente desde dentro de España. Desea representar a la mitad de la población que se siente sentimentalmente desunida del proyecto estatal. Puigdemont y Torra únicamente podrían contrapesar eso rompiendo a ERC, volviendo a ganar las elecciones o consiguiendo la insurrección pacífica con la que sueñan.

A la vista de las nuevas tendencias del tipo de vida que los independentistas quieren imponer como habituales y normales en la actual fase del conflicto catalán urge algo esencial: aclarar dónde empieza lo que técnicamente tenemos que considerar violencia. Esta cuestión ya es la clave de la parte más compleja de los acontecimientos de hace un año que se juzgarán a partir de enero; las otras son la vulneración explícita del Estatut y la Constitución que hizo una parte del Parlament, y la procedencia del dinero gastado en el Procés y las consultas populares promovidas desde la Generalitat y desautorizadas por los tribunales. Y debemos tener en cuenta que el debate sobre la violencia sin duda continuará retorciéndose y eternizándose desde los dos lados para imposibilitar que lo pueda descifrar con claridad la opinión pública.

Los agitadores de Arrán han elevado a la categoría de Gran Teoría formal que actualmente tirar piedras contra los agentes policiales ya no es violencia. ¿Respalda ese criterio la mayoría de la gente? ¿Lo suscriben la Policía, así como los tribunales de aquí y los del resto de la Unión Europea, incluso tomados estos dos últimos por separado? Que un grupo reducidísimo de personas corte a su voluntad autopistas y carreteras, levante peajes de autopistas, forme barreras con contaminantes montones de neumáticos ardiendo aprovechando en muchas ocasiones la inhibición total o temporal de los policías, ¿es técnicamente violencia? Y si no lo es, ¿pueden hacerlo en el momento que lo deseen todos los ciudadanos?, ¿podrán efectuarlo libremente a su placer los catalanes en caso de que al final accedan a la República? Como aquí hay tanta contaminación dialéctica e informativa sugiero que se pida un arbitraje o un dictamen internacional con garantías para aclarárnoslo.

Mas allá de esta cuestión tan trascendente, podemos considerar que la jornada del 21 de diciembre en Barcelona ha tenido dos éxitos. Uno, el de la protesta. Buscaba que el Consejo de Ministros en La Llotja estuviese rodeado de todo un día de gran desbarajuste, y lo consiguió. El otro, la firmeza de las nada fáciles apuestas del cada vez más imperturbable Pedro Sánchez pese a la situación de debilidad política en que se mueve. Se reunió con su Gobierno, se decidieron cuestiones importantes y tuvo una entrevista evidentemente no claudicatoria con Quim Torra (al que hizo recular en su anunciada postura de que o se realizaba un encuentro bilateral de Gobiernos aparentemente iguales, o no se vería con él). Sánchez ahondó la división soberanista entre buena parte de su cúspide y las bases más intransigentes. En las algaradas de protesta quedó de manifiesto que los veinte mil más radicales estaban tan enfadados con la presencia gubernamental española como con el hecho de que Torra y su equipo estuviesen dialogando –en la calle decían que claudicando– al hablar con quienes tal vez aceptarán más descentralización pero de ninguna manera una secesión de Catalunya.

Sobre las movilizaciones el factor más llamativo ha sido la inmensa eficacia de la publicitación y la intimidación previa. Anunciando repetidamente, incluso desde TV3 con todo tipo de detalles sobre la geografía de los futuros cortes y obstrucciones a la movilidad, y de los lugares con posibilidades de bofetadas, con relativamente muy pocas personas se paralizó sustancialmente la normalidad ciudadana a partir de actuaciones temporales y muy puntuales en diversos sitios concretos. Se esperaba muchísimo más de lo que hubo e infinidad de barceloneses contribuyeron indirectamente al éxito de la protesta al renunciar de antemano a circular, a abrir las tiendas y acudir al trabajo o a los centros educativos. Eso creó incluso paradojas. El metro, por ejemplo, funcionó casi con normalidad, pero iba casi vacío.

La táctica de fabricar mediáticamente unas expectativas catastróficas en la nueva sociedad sustituyen a la necesidad de materializar la mayor parte de lo anunciado. Entiéndase, claro está, que hubo mucha anormalidad, mucha pasión contestataria y algunas actuaciones contundentes entre CDR enmascarados y policías. Pero también hubo, y es muy significativo, momentos en que manifestantes verdaderamente pacíficos se interponían entre sus amigos radicales y los Mossos pidiéndoles que no destrozasen contenedores o lanzasen objetos y vallas contra los uniformados, o incluso impidiéndoselo. Esto también es una novedad.

En honor a la verdad la jornada ofreció otra mala lección: hubo tanta radicalidad en algunos indepes desabridos como en el señor Casado y su entorno, en su caso declarativamente y sin pisar siquiera la calle. Su insistencia por cerrar los ojos para no ver que en realidad no hay ningún pacto antiespañol entre el señor Sánchez y los independentistas, sus ganas de azuzar para ganar miserablemente votos retratando actitudes y situaciones que no son ciertas, alimentan mucho la decepción antiespañola de muchos ciudadanos catalanes que no son enemigos del Estado.

Mayoritariamente avanza en Barcelona la sensación de que, aunque parecía teóricamente imposible, este hombre puede acabar siendo más dañino para una remozada coexistencia encajada de Catalunya y el resto de España que el mismísimo señor Rajoy, que lo estropeó todo con su torpeza, su abulia, su partidismo y el desvarío de anteponer lo conveniente para su continuidad en el poder a todo lo demás.

Visto desde Catalunya, lo que está haciendo Casado únicamente puede contrarrestarse con muchas actuaciones públicas, serias y razonadas de otros españoles que desde el resto del país entiendan que el hondo conflicto que divide a Catalunya únicamente tiene posibilidades de paliarse mejorando la calidad de la democracia española, la aceptación de la realidad heterogénea y la modernización de muchas de nuestras instituciones. Y dando tiempo a que la actitud de buscar soluciones políticas –incluso cuando Quim Torra y Puigdemont cometen incoherencias– vaya madurando la situación y de frutos. Es el único camino, por muy difícil que sea y aunque nadie pueda asegurar que vaya a salir bien.

Los ciudadanos catalanes detectan las nuevas tendencias para endurecer las reglas de juego que intenta imponer el independentismo en todo el territorio. Se dan por quemadas etapas con prácticas que ya han quedado victoriosamente consolidadas, como la marea de lazos amarillos o el progresivo incremente de rótulos tipo No Pasarán, y ahora el hincapié se pone en una cuestión psicológicamente capital: en subir todavía más el listón de que unos se pueden manifestar pacíficamente y otros, los contrarios no.

De forma creciente a los no independentistas les provocan contramanifestaciones e incidentes violentos cada vez que solicitan permiso para exhibirse y expresarse en la calle, como ha pasado el Día de la Constitución. El argumento fácil es que son simplemente fascistas peligrosos. Esa hostilidad no la protagonizan las familias con niños que asumían el papel central en la etapa blanda de las diadas de las sonrisas, sino grupos bastante reducidos de jóvenes y adultos -alrededor de veinte personas- inidentificables tras sus pasamontañas y con palos de béisbol. Ante sus actuaciones tienen que intervenir los Mossos, y lo hacen. Intentan diferenciar áreas para unos y otros, y fijarlas con barreras de hombres y separadores metálicos, pero habitualmente son desbordados.

Los Mossos en general lo hacen con profesionalidad, por lo que ya son objeto de una creciente y amplia campaña de desacreditación por traidores, aunque hay ocasiones que sus actuaciones recuerdan un poco a las de los árbitros caseros del fútbol. Casi casi como norma suele haber más detenidos, lesionados y pruebas válidas para los juzgados cuando actúan contra los antiindependentistas desmadrados que si lo hacen contra los otros. Pero esta vez, tras sucesos en Girona y Terrassa, les acusan de excesos desde el propio Govern, por lo que se inicia previsiblemente una depuración de mandos, protestas de los sindicatos de Mossos defendiendo la profesionalidad de cuanto se hizo, y una intensa campaña de presión a favor de que se molesten lo menos posible las extralimitaciones de quienes no son constitucionalistas.

Esta estrategia de desazón va acompañada por otras cosas. Por ejemplo, que ahora las cargas contra los manifestantes en los medios públicos de la Generalitat no tienen la repetición de las imágenes más agresivas que se pusieron de moda a todas horas -franja infantil incluida- cuando las efectuó la policía el 1-O. Es lógico, porque son casos diferentes y aquellas salvajadas merecieron también divulgación mediática internacional. Pero en lo de ahora puede hablarse de cierta infrainformación por parte de esos medios públicos. Y tanto sobre los momentos más abusivos de las cargas de los nostres Mossos como de los excesos más agresivos de los agitadores soberanistas. Hay, sin duda, políticas informativas en juego. No es nada extraño si tenemos en cuenta la impudicia con que ha quedado hilvanado públicamente de cara al futuro qué partido independentista controlará qué medio, tanto en radio como en la TV, en los próximos meses, a través de reservarse la designación de los responsables.

Otra novedad provoca chispas pero esta vez dentro del propio sector soberanista: el hecho de que momento las huelgas de hambre de los políticos presos afecta únicamente a procesados de JxCat y no a los de ERC, mientras Puigdemont, que tiene las manos completamente libres para hacerla y darle proyección internacional, en el arranque de esta operación se limita a apoyos solidarios simbólicos. También ha motivado profundo desagrado transversal la manipulación que acaba de efectuarse con la memoria de un capítulo particularmente sensible de la memoria histórica: la Caputxinada.

Se ha querido fagocitar a favor del catalanismo aquel máximo símbolo de la resistencia universitaria y civil al franquismo ocurrido en el año 1966. En el convento de los capuchinos de Sarriá se encerraron y debatieron las bases de un futuro en libertad básicamente antifranquistas, bastantes catalanistas de espectro amplio y los separatistas eran minoría absoluta. Y el estado democrático que querían conseguir no es el que ahora encarna el president Torra. Lo sabemos quienes tenemos edad para recordarlo por haberlo vivido, y lo saben los más jóvenes que han tenido la mínima voluntad para conocerlo con rigor a través de los textos de historia porque fue un hecho que está debidamente clarificado.  Este tipo de tics apropiatorios de los actuales impulsores del Procés daña colectivamente mucho.

Pero la estrategia más trascendente que se aplica más que nunca, es apretar a Esquerra Republicana para que no consiga encarar como primera fuerza del país el tiempo futuro inmediato que hasta los independentistas saben que no habrá escisión y la situación será más o menos malcarada pero jurídicamente autonómica. Desde JxSí, la CUP y los integristas del puigdemonismo se intenta desestabilizar a Esquerra desde abajo, para que su base se disocie del actual equipo de dirección, y por arriba, trajinando para que la figura ahora probablemente más flexible que antes de Oriol Junqueras -sin salirse de la ambición indepe- se beneficie lo menos posible de la imagen de cárcel injusta o excesiva ante las clases medias. Hay horror a que le saque tanto provecho como el que obtuvo Jordi Pujol y le permitió situarse en la transición moralmente (palabra inadecuada pero definitoria) por encima de los demás líderes.

Es a esta pinza a ERC a la que tienen que estar más atentos el posibilismo del Gobierno de Sánchez, los miembros de la magistratura dispuestos a reconocer los parámetros actuales de la justicia europea, y la siempre excitada prensa de la derecha y la prensa de la marcha atrás que tanto influye desde Madrid en la carrera de las radicalizaciones de los partidos llamados, ay, nacionales.

A veces conviene repasar la Historia. Adolfo Suárez fue cuidadosamente seleccionado para traicionar la herencia política de Franco en su calidad de Secretario General del Movimiento. Era un Tiempo de Ciegos y Miopes. Ha pasado a la posteridad Ricardo de la Cierva, que vivía de analizar, por su capacidad de perspectiva en su famosa frase “Qué error, qué inmenso error” pretender que fuese Suárez quien encarrilase una transición. Desde la bancada de la prensa también dio la nota mi queridísimo Cuadernos para el Diálogo que acuñó el título de portada más compartido por la progresía de la época: “El apagón”. Para la revista Suárez era el apaga y vámonos a cualquier esperanza de apertura.

Los posibilistas confiaban en que el elegido sería José María de Areilza, a quien el muñidor de la jugada, Torcuato Fernández-Miranda, todavía más ortodoxo que Suárez encarnando al franquismo del Movimiento Nacional, ni siquiera incluyó en la terna de candidatos a la presidencia del Gobierno que le presentó al Rey. Los otros dos nombres, recuérdenlo, eran el ultracristiano no demócrata Federico Silva Muñoz (que luego se hizo prudentemente invisible cuando se investigó la trama civil del golpe del 23-F), y Gregorio López Bravo, opusdeista, algo así como la extrema izquierda de la extrema derecha. Siguiendo con las miopías, a quien más le gustó el primer discurso presidencial de Adolfo Suárez fue al editorialista del diario El Alcázar, que tituló su texto “Lealtad y Continuidad”.

Muchos reconocemos ahora, desde la frialdad que proporciona la distancia, que si Areilza hubiese sido el elegido para la presidencia del Gobierno todo habría ido mucho peor. Hay cosas delicadas y difíciles que únicamente pueden hacerlas desde dentro de los lodazales los hombres y mujeres que son madera de la misma cuña de lo que debe cambiarse. Hay maniobras sólo ejecutables por los no sospechosos de poderlas hacer, por quienes no van a ser acusados -y zancadilleados- por los suyos hasta que han cumplido la misión.

¿De qué estoy hablando? De quién le puede poner el cascabel de la No-Rebelión al gato.

Lo que seguro que tiene presente Manuel Marchena:

1.- La justicia internacional desacreditará masiva y llamativamente a la justicia española si la condena a los independentistas es por rebelión. En realidad, ya ha avisado. Y lo que decida el tribunal será luego analizado con lupa y bendecido o repudiado por las altas instancias mundiales de casación.

2.- Eso se producirá en un momento en que la cúpula de justicia española, heredada esencialmente del franquismo, atraviesa el peor momento de su historia, despreciada por un amplísimo sector de la opinión pública -posiblemente mayoritario en términos cuantitativos- después de los descarados producidos en torno a la composición del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo y de la Sala que debe juzgar a los independentistas.

3.- Crea o no crea la cúpula judicial española en la separación de poderes, pesa mucho la convicción del Gobierno español de que lo de Catalunya es sustancialmente un problema político más que judicial, y pesa mucho asimismo su tesis de que los hechos del año pasado no encajan con la definición legal que tiene en este país el delito de rebelión.

4.- Sí que ha empezado una rebelión real, aunque en el sentido conceptual y no técnico de la palabra, que además va a ir a más. Centenares de catedráticos y profesores de Derecho Penal de universidades no catalanas (las informaciones ya aluden a Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía y Valencia) recogen firmas cualificadas que suscriben la tesis de que es un error considerar rebelión o sedición lo que va a juzgarse porque no hubo ni el preceptivo alzamiento público y violento y porque no se planteó el uso de armas de guerra o explosivos para destruir el orden constitucional.

Lo que no es seguro que tenga presente Marchena:

A) El Partido Popular, que le ha aupado hasta sus altas responsabilidades, va a la baja en todas las previsiones preelectorales de cara al futuro inmediato.

B) La capacidad decisoria del PP para imponer a partir de ahora sus nombres y criterios en el inevitable reordenamiento que se producirá más pronto que tarde en la estructura judicial española también va a la baja. Eso comportará lógicamente decisiones sobre futuros personales, carreras y cargos y sueldos y tarjetas de crédito. Y puede abrirse el melón de las exigencias de responsabilidades si la justicia internacional estima que se han producido irregularidades, prevaricaciones, contaminaciones u otras anomalías delictivas. En definitiva, ese futuro judicial puede vivirse quizás en paz o quizás en guerra.

C) Manuel Marchena tiene hasta ahora un amplio prestigio de alta capacidad y calidad jurídica. Se lo reconocen incluso por quienes le consideran ideológicamente adscrito a la España ultraconservadora en la que ya no quieren vivir las nuevas y amplias capas emergentes y dinámicas de este país.

D) De su coherencia, de su sentido de la independencia íntima, de su comprensión de que los grandes problemas de un Estado deben resolverse a través de grandes soluciones políticas, de su patriotismo a la hora de analizar si conviene sustituir el “España es diferente” democrática y judicialmente hablando de cara a los próximos años, tiene que tomar una gran decisión. Necesita valentía. A Adolfo Suárez no le fueron muy bien las cosas después de cumplir con su obligación, pero a medida que pasan las décadas se reconoce de forma casi unánime que en el momento más difícil fue grande y ejemplar pese al lastre de proceder del ominoso Movimiento.

Los dos temas centrales que tenemos ahora encima de la mesa  están muy relacionados entre sí. La votación de los presupuestos de Pedro Sánchez, necesitados del apoyo de los secesionistas catalanes para aprobarlos, y la proximidad del juicio por una discutible rebelión de sus políticos. Lo diabólico es que la posible caída del Gobierno si no logra aprobarlos podría crear dos escenarios peores para los independentistas: un Pedro Sánchez más reforzado (que en adelante ya no les necesitaría para nada), o una llegada a La Moncloa de Casado y Rivera que retrotraería la relación Catalunya-España a los momentos duros y sin puentes de diálogo de la etapa Rajoy.

Los secesionistas han puesto precio al respaldo: que por ejemplo haya gestos en favor de los presos. Los gestos se están dando aunque trasciendan poco. Un ejemplo, la desobediencia-provocación de celebrar una fiesta en la cárcel en el aniversario del 1-O, con pasteles, fuera de las horas de discrecionalidad que tienen los presos y en una dependencia inadecuada no ha comportado su alejamiento fulminante a prisiones de fuera de Catalunya. Pero el independentismo quiere más. Y al Gobierno español no le sobra la finezza:  la tontería de Borrell al hacer una apuesta pública a favor de una posible bajada de pantalones de ERC y que apoyará los presupuestos no ayuda precisamente a facilitar las cosas.

Las cosas parecen estar algo más calmadas pero surgen continuamente recordatorios de que entre los que llevan las riendas hay gente sibilina. La declaración más perversa  de la semana, cuidadosa  y calculada para ser recibidas con distintas lecturas, ha sido de Agustí Colomines, de la extraparlamentaria y asamblearia -pero obediente a Puigdemont-  Crida per la República. Se queja de que hasta ahora el Procés ha cometido demasiadas ingenuidades, y alude a continuación a “este experimento catalán” de intentar una independencia sin un solo muerto. “De momento todas las independencias del mundo han costado muertos”, asevera. Lectura posible: ¿es una ingenuidad intentar la secesión sin muertos?

Como Colominas es una de las bocas por las que se expresa Puigdemont, enervado por su lento pero progresivo desplazamiento a símbolo, perdiendo su control férreo de Catalunya, se refuerza la teoría de que desde Waterloo se piensa que “hay que hacer algo”. Los múltiples enfrentamientos estratégicos que se abren entre el posibilismo legal de la Esquerra de Oriol Junqueras y el purismo radical de Puigdemont se acercan a algo similar a una Final de Copa. Instituciones democráticas o calle, ¿quién ha de llevar la iniciativa?

Se trata de que, a partir de ahora, tomen la dirección del Procés el Govern y el Parlament de Catalunya, las instituciones votadas por todos, o efectuar un reflujo a lo otro. Lo otro es que hasta hace un año la ANC (Assemblea Nacional Catalana) y Òmnium Cultural, entidades privadas, se arrogaban ilícitamente la representación de lo que llamaban “el pueblo de Catalunya en la calle”, despreciando olímpicamente el sentir de más de la mitad de los ciudadanos. Tras el descabezamiento de sus máximos dirigentes, los dos Jordis, Sánchez y Cuixart, se han producido reflexiones de calado sobre esa suplantación. ANC mantiene con Elisenda Paluzie el tono mitinero de quienes dicen que si hace falta se llegará hasta el final, expresión que ya no llama la atención cuando la pronuncia Quim Torra, pero ya nada es lo mismo; desde que la justicia española encausa por todo lo que no sean palabras y opiniones, las cosas han dejado de ser igual.

La capacidad imaginativa de Puigdemont, a falta de la obligación de gobernar las cosas cotidianas del país -cosa que, por cierto, no hace prácticamente nadie-, ha urdido nuevos canales de acción directa. El más conocido son los CDR (Comités de Defensa de la República). Esta misma semana, aunque sin exhibir su nombre, a través de grupos encapuchados conexos efectuaron un llamativo corte de la Diagonal, enlazando con anteriores ataques contra los peajes de las autopistas, la quema de contenedores, intimidaciones varias y acosos digitales como el denunciado por los hijos de Millo, el anterior delegado del Gobierno en Catalunya. Este activismo no oculta que su objetivo es que se vayan de Catalunya los no independentistas (una de las que ha verbalizado esa insinuación ha sido la otrora moderada democristiana presidenta del Parlament, Nuria de Gispert). Cabe pensar que si esa estrategia tuviese éxito sería más fácil que en las elecciones llegase la mayoría absoluta independentista por la que esos sectores porfían.

En paralelo a esta kale borroka, que se enfrenta sin embargo al problema de que los Mossos de Esquadra ya han disuelto varios de sus excesos a golpe de porrazos pese a que les tildasen de traidores y botiflers, hay otras actuaciones sibilinas. La Crida por la República se presenta como otro movimiento transversal, aunque menos agresivo. Pero apunten asimismo los llamamientos mediáticos a cara descubierta para que la población retire el dinero de los bancos catalanes que deslocalizaron sus sedes. La campaña concentra sus esfuerzos en ellos y no en los grandes bancos españoles de siempre, quizá para evitar que la población coja miedo a que vayan avanzando las intenciones anticapitalistas de la CUP, formación que no suele recibir muchos votos. Pero el daño apunta a las entidades financieras que más sostienen en realidad la actual estructura económica de Catalunya y el apoyo a sus empresas, que son las que emplean los puestos de trabajo.

Lo que cualquier persona sensata llamaría paz está lejos. Y esta guerra, créanme, es poco fría.

Todos coinciden en llamarla “La batalla de Barcelona” y la consideran emblemática de la trascendencia que tendrán las próximas elecciones municipales. Pero si se fijan bien percibirán que a los políticos involucrados lo que menos les interesa es el debate sobre el modelo de ciudad. Alardean de que esa es su preocupación (es lo políticamente correcto) pero mienten. Manuel Valls busca un empleo que comporte mando, y no enfrentarse a los desahucios. Nadie cree que al Maragall viejo, más conocido por ser el hermano mayor del auténtico, le apetezca volver a enredarse con las ordenanzas sobre el uso de las bicicletas.

Lo de Barcelona será crudamente una lucha para mostrar e imponer fuerza en la Catalunya actual, un pulso del poder por el poder. Y si quieren hilar más fino piensen en un escenario teatral en el que se representará el drama de ver si ganarán las alianzas entre diferentes mal avenidos o la fuerza de quienes tengan la tentación de ser coherentes.

Dentro del problema español de la secesión que desean algunos de sus ciudadanos la principal característica de la convocatoria es que estas municipales de Barcelona no tratarán sobre las relaciones entre el Estado y ellos sino que serán descarnadamente un pulso interno entre catalanes. Como en Catalunya pasan continuamente cosas, y como la población vive desconcertada por la diferencia entre lo que ve y lo que dicen que está viendo, sometida a la refinada tortura de la política declarativa incesante y contradictoria, hay avidez por conocer la verdad, por medirse continuamente, por contarse, por saber cómo fluctúan numéricamente las correlaciones de fuerzas y cómo están al día de hoy. Por eso, no por manía, la mayoría quiere referéndums con preguntas claras, y por eso la desorientan con consultas de lectura ambigua. Cuando llegan elecciones la gente sabe que los resultados son indicativos de la verdad.

Desde hace tiempo Catalunya sabe que las próximas municipales serán trascendentes. Con la excepción de Girona, que los independentistas consideran desde hace tiempo territorio liberado, las demás capitales viven inmersas en unas larguísimas precampañas que empezaron al día siguiente de las municipales anteriores. En Lleida y Girona el secesionismo trata de sustituir a unos alcaldes socialistas, ambos duchos en las componendas, que los electores se empeñaron en renovar.

En Barcelona tras la caída del convergente Xavier Trías la amplísima popularidad de la progresista atípica Ada Colau trae tan de cabeza al soberanismo como a los bienestantes que siempre han tenido sentido de propiedad sobre la ciudad, incluso cuando se la administraban unos empleados 'sociatas'. En todos esos casos la media Catalunya que no se quiere separar de España es la que dictó su ley y decidió en la convocatoria anterior, y la que volverá a pesar decisivamente dentro de unos meses.

Lo de ahora se jugará previsible desde frentes, aunque sean unos frentes desunidos (que por algo son catalanes). Ciudadanos creyó ganarse a Manuel Valls como rutilante cabeza de lista pero cada vez está más claro que fue Valls quien consiguió barato el apoyo del partido de Albert Rivera pues su proyecto es personalista: encabezar un frente más de continuidad en España que lo que se entiende por unionista con lo imperial.

A pesar de lo que se diga parece muy difícil que el PP de Catalunya (sería excesivo llamarle PP catalán) no acabe convergiendo allí, entre otras cosas porque en solitario esta vez puede quedarse sin concejales y porque en el partido saben que los electores que les quedaban esta vez apostarán por ese francés-catalán que graciosamente ha elegido la calle París para residir en Barcelona. La auténtica prueba de fuego de este frente es que se le sume el PSC, que no está por la labor. Con todo, los socialistas catalanes saben -y lo sabrán hasta el último momento- que yendo en solitario muy probablemente no se beneficiarán gran cosa del efecto Pedro Sánchez.

Ada Colau pese al deshilachamiento de su retaguardia podemita tiene muchas posibilidades de conservar y ampliar el voto popular reformsita que la aupó. Por eso las conjeturas se centran en el frente separatista que no sabe como estructurarse. Carles Puigdemont ordenó una candidatura unitaria que volviese a diluir a Esquerra, pero Oriol Junqueras ya se ha cansado de los juegos de manos personalistas del ex-president, piensa en la Catalunya posible de los próximos años y deja para más adelante las otras consideraciones. Por eso se ha adelantando eligiendo un apellido Maragall para que defienda los colores de ERC.

Puigdemont puede resignarse y sumarse o puede firmar la enésima fragmentación. En cualquier caso la división indepe duraría justo hasta, tras las elecciones, el momento de escoger alcalde entre candidatos sin mayoría absoluta. Pero todos saben que cuanto más triangular sea la situación más puede favorecer a Ada Colau. Porque si Valls a la hora de la verdad tiene que elegir entre los independentistas y ella, no vacilará. Y si los secesionistas tienen que hacerlo entre la actual alcaldesa y el candidato promovido por Ciudadanos, tampoco. Aunque aún hay tiempo para sofisticar las componendas, el campo previo a esta batalla en Barcelona tiene estas características.

El símbolo de la bifurcación de unas vías férreas, que tiempo atrás hizo fortuna en el mundo independentista como la imagen alegórica de la separación Catalunya/España, vuelve a estar de actualidad aunque ahora con un significado diferente. Lo que divide en estos momentos la bifurcación es la vía férrea secesionista que antes dejó atrás a la vía española. Porque las diferencias internas en el mundo separatista no son ni menores ni coyunturales, por mucho que las dos sensibilidades enfrentadas se hayan conjurado para minimizarlas y ocultarlas. Se acerca el juicio de los responsables de los hechos de hace un año y todo lo que lo rodea es como un ácido sulfúrico que erosiona y quema los puentes entre las dos posturas dando validez de aquella imagen de la nueva bifurcación.

El sector independentista radical que encarna Carles Puigdemont y habla a través de Quim Torra se ha encerrado a cal y canto en la estrategia maximalista de defender, ante el juicio, que sólo puede aceptarse la absolución total de los encausados porque hace un año o bien no pasó nada o bien no pasó nada delictivo. Se trata de la continuidad de la máxima confrontación posible. Sin haber mostrado hasta ahora ninguna predisposición a aceptar nada que no sea la independencia o el choque máximo posible con España, el nuevo desafío es defender que la única alternativa es la absolución total o el choque frontal, sin tomarse siquiera la molestia de precisar que harían los independentistas en caso de la imposible absolución total. La postura no deja ningún resquicio para que Pedro Sánchez y su gobierno puedan sacar adelante una tercera vía que podría intentar construirse desde la política. Torra ya ha anticipado su cerrazón rechazando públicamente una posible mejora de la autonomía: o independencia o nada, en la misma línea de o absolución o nada.

Pero en el escenario soberanista, emergiendo prudentemente, delante de eso hay otra opción independentista que aunque de momento no tenga ningún protagonista que ponga abierta y públicamente su nombre para encarnarla y defenderla (en Catalunya el miedo a que te llamen traidor, lo seas o no lo seas, es superior al que suscita la muerte) también es clara y concreta. Puede resumirse así: reconocer que hace un año sí que pasaron cosas, se cometieron errores trascendentes, no fue una rebelión pero hubo vulneración de las leyes de modo que los autores son sancionables… Y se completa con un añadido: …pero el año de cárcel preventiva equivale aproximadamente al máximo castigo justo de privación de libertad que corresponde como pena, es el límite de lo aceptable. Esto tendría el aval técnico de muchos juristas, salvaría la cara a las partes y muy probablemente caería bien en la Unión Europea. 

Esta segunda postura en el fondo tiene el valor de que es una aceptación de responsabilidades, del juicio, y de una sentencia que no sea machacante, pero al mismo tiempo no comporta en absoluto una renuncia de nadie a seguir luchando, aunque con armas legales para la normativa española y catalana, para conseguir la independencia. Nadie puede o quiere o se atreve a decir formalmente que ésta sea la filosofía actual de Oriol Junqueras y del grueso de la dirección actual de ERC, tal vez la de algún Jordi, y tal vez la de varios distinguidos exdirigentes convergentes. Pero se reconoce que esto es lo que haría el independentismo posibilista, más moderado que el de Puigdemont y Torra, si tuviese las manos libres, como primer paso crucial para empezar a desencallar lo más estridente de la crisis catalana e intentar una convivencia menos conflictiva con el resto de España durante los próximos diez o doce años.

El escenario tiene sin embargo un problema nada menor. Salir de la cárcel resuelve el problema urgente de los políticos presos y alivia parte de la gran tensión ofendida que hay en las calles catalanas, pero deja en su misma situación actual a quienes optaron por fugarse al extranjero. A corto plazo para ellos no hay sentencia posible que les beneficie, aunque si se produce una distensión podrían regresar con mejores expectativas judiciales que hasta ahora. En cambio, los ya juzgados y excarcelados podrían reconstruir su vida personal, y aunque muy previsiblemente quedarían inhabilitados temporalmente para cargos públicos podrían volver a estar presentes con libertad de movimientos en la dirección de sus formaciones políticas. Hace un año pasaron cosas, y eso nadie conseguirá que se olvide.

Volvemos a depender, pues, de un pulso entre los soberanistas, mayoritarios en el Parlament por la voluntad democrática de las urnas. Es el mismo pulso soterrado que en los últimos tiempos han ido manteniendo quienes dicen vivir sirviendo a una república imaginaria y los que estiman que esa república en todo caso es el objetivo futuro a conseguir. Entre quienes gobiernan sin gobernar, sin legislar, sin encarar los problemas que se multiplican en la calle, y quienes de momento preferirían intentar ensanchar el apoyo a la independencia a través de una gestión realista que mejore la vida cotidiana y la tranquilidad psicológica de la población. Entre quienes no se ruborizan por la paradoja de reclamar la libertad de unos presos que están en cárceles de las que ellos tienen las llaves, y los dispuestos a aceptar la situación autonómica hasta que legalmente puedan acceder a otra cosa.

El embrollo es complejo. Pero los no independentistas harían bien en no alegrarse demasiado ante estas disensiones entre secesionistas. Actualmente lo máximo que a corto plazo puede suceder es que entremos en una fase más lenta de la degradación del entendimiento entre unos catalanes y otros y entre Catalunya y el resto de España. A medio y largo plazo, si llegan unos arreglos constitucionales y se produce un cambio de mentalidad de la derecha española sobre las servidumbres que comporta la unidad plural bien aceptada, puede enderezarse tal vez el panorama. De lo contrario se eternizará el Procés.

Las fotografías de la reunión de la comisión bilateral del Gobierno español y la Generalitat eran expresivas. Recuerden que al acabar el encuentro el desacuerdo era tan grande que ni siquiera se pusieron de acuerdo en eso. La representación catalana lo consideró decepcionante y casi nada fructífero mientras los enviados desde La Moncloa se acogían al éxito formal de que se hubiera regresado a la normalidad institucional pero no hablaban de avances en ninguna materia. Aun así las imágenes confirman algunas cosas positivas. La primera y principal: que hubo reunión. Un contacto demorado siete años sin justificación (salvo que consideremos como tal la abulia de Mariano Rajoy) finalmente se produjo. Un segundo dato que proporcionan las fotos era que a los dos lados de la mesa había gente normal hablando y escuchando pese a sus discrepancias sobre casi todo. Hablando y escuchando, sí, tras años de un largo silencio enconados. Los desacuerdos, con todo, desembocan en un avance: las reuniones seguirán y tienen ya esbozados temarios concretos.

Es difícil deducir lo que buscaba la Generalitat en este primer contacto más allá de dar testimonio de que su prioridad absoluta es resolver el problema de los presos y buscar la manera de que en Catalunya haya un referéndum de verdad sobre la relación con España (enésima confirmación de que el 1 de Octubre fue muchas cosas pero no eso). Es muy difícil deducir nada más porque en este momento el soberanismo no sabe qué hacer y además se le nota mucho. Dice que tiene una República pero no es verdad, y reconoce en cambio que no tiene la mayoría social necesaria para imponerla. Rechaza el autonomismo pero lo ejerce. Y carece de apoyos externos para avanzar. En realidad no sabe si al sentarse con Madrid está ganando o perdiendo tiempo.

No sabe qué hacer y está profundamente dividido. Lo de reunirse civilizadamente para hablar con el Gobierno central a su franja más radicalizada, la que forman la CUP y algunos miembros de Junts x Si, ya le parece una traición. Se ignora incluso si Carles Puigdemont está totalmente de acuerdo con sentarse a hablar de temas que él considera menores si antes no se sustancian aquellas dos cuestiones fundamentales, presos (y exilados, su caso) y consulta, en encuentros en los que participe él. Lo más probable sobre el porqué de la participación del Govern en la reunión ya celebrada, en este no saber qué hacer, es una demostración para terceros, es decir para la Unión Europea y la comunidad internacional en general, de que el independentismo está a favor del diálogo aunque no quiera ceder en nada. No sentarse a esa mesa arruinaría su credibilidad.

En la práctica, al empezar a hablar ya dieron testimonio al recordar lo que querían tratar y no estaba en el orden del día. Al finalizar, cuatro horas después, lamentaron públicamente que en la reunión convocada para tratar otros temas no se hubiesen discutido aquellos. ¿Ingenuidad? Por supuesto que no. ¿Sorpresa por haber sido tratados como representantes de una simple autonomía cuando deseaban presumir de bilateralidad? Creo que tampoco. Pero cuando no se sabe qué hacer una buena posibilidad es estudiar al otro. Y los de enfrente sí que tenían y tienen un plan, y además poco rechazable. Primero, y pronto, desandar los recursos que planteó Rajoy por simple puntillo ante el Tribunal Constitucional contra diversas leyes sociales catalanas razonables. Luego, entrar a desbloquear temas económicos congelados injustamente, y más adelante empezar a subsanar incumplimientos sobre infraestructuras que tendrían que estar en marcha. ¿Va a oponerse la Generalitat a que desde Madrid arreglen algunas de estas cosas?

El soberanismo atrapado en la caja del autonomismo no sabe qué hacer pero empieza a saber lo que no debe hacer. Se va dando cuenta de que no puede plantear con tono de chantaje nada de lo poco que está al alcance de Pedro Sánchez. Éste, muy vigilado desde todos los lados, puede hacer cosas, establecer pactos, organizar determinadas cesiones, pero siempre que no se le planteen como exigencias respaldadas por puñales. Sánchez además tiene que actuar sin correr; no puede gastar en cuatro días todo lo que está en condiciones de dar pero que precisa administrar para que las entregas le duren hasta dentro de dos años. Este es el juego.

Pero la gran cuestión es si sabe Pedro Sánchez lo que tiene que hacer, lo de verdad, lo de fondo. A él no le basta con dar testimonio. ¿Sabe que debe ir preparando políticamente su gran y trascendental aportación para desatar el nudo del problema? ¿Sabe que ésta podría ser abrir el debate de la verdad y reconocer políticamente -de alguna forma- que en Catalunya hubo una gran desobediencia culpable, con delitos conexos también sancionables, pero que no se produjo todo lo que el sentido común, la letra precisa de nuestras leyes y lo que la justicia internacional consideran que son elementos imprescindibles para constituir técnicamente un delito consumado de rebelión? Subrayo lo de “políticamente” porque ese es el plano que no puede abandonar el presidente del Gobierno. Pero es también el plano desde el que su opinión unida al criterio de la justicia internacional pueden empezar a remover lo que luego tendrán que hacer judicialmente –también de una forma u otra- los magistrados españoles sensatos que le quieran ahorrar a la Justicia de nuestro país nuevos ridículos. Se trata de defender la imagen democrática de España porque luego, en la posterior apelación a las instancias de fuera de nuestras fronteras, ese ridículo quedaría sustanciado públicamente para siempre.

En definitiva, los soberanistas no saben qué hacer pero nos convendría a todos que la política y Pedro Sánchez sí supieran definir cuál es el camino para que no acabemos en un desastre irreversible.  

La renuncia de Pablo Llarena a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE la negativa legal alemana a entregar a Carles Puigdemont por rebelión significa varias cosas. La primera, que Llarena sabe que allí volvería a perder. La segunda, que no le queda más remedio que aceptar que de forma global la justicia europea considera erróneos los criterios que él (y que se sepa el resto del Tribunal Supremo español) quiere aplicar para castigar como rebelión la actuación del ex president de la Generalitat y sus principales colaboradores. La tercera es que, contra lo que él dice, estamos ante una actuación judicial europea que no cortocircuita el mecanismo diseñado para la cooperación en la persecución conjunta de los delitos. Eso funciona y continuará funcionando bien y España lo sabe perfectamente.

La negativa alemana lo que nos sitúa es ante un caso en el que Europa intenta ampliar las garantías del derecho a una justicia justa que tenemos los españoles desde que pertenecemos a la UE. Esa fue precisamente una de las razones por las que muchos hicimos todo lo posible para que llegase nuestra integración.

Aunque estas tres consecuencias son importantes la principal es la cuarta, la lectura política de lo que ha sucedido. Desde el punto de vista de la técnica jurídica España ha sido condenada moralmente desde Europa por una mala práctica: intentar estirar más de la cuenta el contenido y alcance de algunas leyes dentro del intento de poder acusar a un presunto delincuente.

Como periodista creo que la clave de este complejo incidente es más sencilla de lo que parece. Por tener un mal Código Penal, impreciso en muchas ocasiones, desfasado y desactualizado otras veces en temas en que la vida no sigue los esquemas de antes, su texto tiene una laguna manifiesta: ni siquiera prevé un supuesto delictivo real como el que se cometió en Catalunya. ¿Qué pasó exactamente en Catalunya? Puestos a definirlo diría que algo que no es formalmente una rebelión en el sentido que el sentido común, la comprensión tradicional y la letra de las leyes considera como tal, sino más bien una desobediencia tan grave y trascendente que es más que una desobediencia, un desafío a la Constitución que va más allá que el desacato, y un uso del poder (en el sentido amplio de la palabra) contra las leyes vigentes pero que al entender de los juristas europeos que hilan fino no puede estimarse que usase o consumase violencia. El error ha sido llamar rebelión o sedición a otra cosa, aunque ésta merezca ser considerada delictiva.

Si Mariano Rajoy en vez de perder el tiempo trasladando a los tribunales la respuesta al problema político hubiese tenido más lucidez se habría dedicado a buscar pactos transversales amplios y posibles para legislar de acuerdo a las nuevas coordenadas y formas de la realidad. Tuvo margen para anticiparse ya existían indicios de que podían ocurrir acontecimientos de una manera que las leyes vigentes no tenían prevista.

Si Rajoy hubiese hecho esto -hubo varios años para ello- España no estaría ahora incurriendo en una sinrazón jurídica que avergüenza por sus contradicciones a toda la franja seria del personal del continente. Pero Llarena, que si es un buen jurista debe saber que está en fuera de juego, ha intentado tirar para adelante porque cree que en la práctica aquí se puede condenar de manera autóctona, a lo Made in Spain, lo que en la justicia europea no se considera un delito igual, resistiéndose a entender y aceptar que su maniobra es cortoplacista ya que en un tema política y judicialmente tan importante al final los recursos y apelaciones llegarán hasta instancias internacionales que impondrán sus estándares.

Vuelvo al fondo de la cuestión. La Europa a la que pertenecemos estima que nuestro Tribunal Supremo comete un exceso en su interpretación sobre el nivel de violencia que justifica que pueda aplicarse la legislación sobre rebelión. No es verdad que violencia no hay más que una, en una cuestión de o blanco o negro. En un ejemplo simplista recordaría que una condenable bofetada puntual a un hijo tiene poco que ver con un mucho más grave maltrato físico sostenido, y por lo tanto no puede ser sentenciada como si fuesen dos cosas iguales. En este sentido creo que la justicia europea acierta cuando considera que los desobedientes y desafiantes catalanes que deben responder por la gravedad de lo que hicieron, en la práctica tuvieron la cautela de ir con mucho cuidado al presionar e intimidar con toda la fuerza de su poder –que por una parte era autonómico y por otro era respaldado por decenas de miles de ciudadanos no autonomistas desde la calle– sin incurrir en las violencias frontales que tradicionalmente acompañan a los procesos de rebeldía e intento de secesión. Por eso desde Europa se estima que a juzgar por sus razonamientos Llarena es poco fino y poco preciso en una función en la que serlo o no serlo resulta decisivo para que a un magistrado se le pueda considerar competente.

A medida que se acercaba este lunes, el de la verdad, el de empezar a ver si las cosas pueden empezar a ser realmente distintas en las relaciones entre los gobiernos de Catalunya y España después de la caída de Mariano Rajoy, el president Quim Torra ha ido moviéndose con aparatosidad lanzando simultáneamente mensajes de buena voluntad conciliadora y amenazas ásperas de ruptura. Es su estilo, dicen. Es lo que debe hacer, dicen. Es lo que sabe hacer, dicen. Es lo que se hace cuando no se sabe qué hacer, dicen.  A estas alturas se ignora si Torra es un genio o un inmenso torpe, si es un prodigio calculando lo máximo que puede llegar a efectuar sin salirse de las pequeñas dimensiones de la baldosa en que puede moverse o un incompetente desorientado que va a tientas y se equivoca continuamente mientras conduce poco a poco a su gobierno a un desastre como el de Carles Puigdemont.

En cualquier caso, a Torra todavía no se le puede juzgar. La política se mide por sus resultados y no se sabe hasta dónde llegará ni lo que conseguirá. Incluso se desconoce qué es lo que busca, si es una autonomía que sea lo que sea pero parezca la preindependència o si persigue un choque con buenas condiciones a su favor. La incertidumbre es muy grande porque además tiene enfrente a un Pedro Sánchez que es tal para cual. El líder socialista posee la característica que los orientales ensalzan de los juncos: la flexibilidad inteligente. Sánchez sobre todo sabe administrar su propia flexibilidad (como lo saben perfectamente sus enemigos de dentro del PSOE) y cuando se inclina hacia atrás suele estar tomando carrerilla y fuerza para soltar un latigazo hacia adelante. En el fondo Torra lo tenía mejor con Rajoy, que era un simple pelotero de frontón. Sánchez juega a muchas más cosas, sabe perfectamente en qué no puede ceder y desea probar la carta del máximo posibilismo sin rebasar los límites.

Las dos situaciones personales son diferentes. Con el tema de RTVE (y pese a que Sánchez empezó equivocándose al no tener en cuenta las susceptibilidades, orgullos y derechos de quienes le auparon hasta La Moncloa) se ha demostrado que existe una cosa dificilísima: hay, vive y puede continuar en pié, si se va con seriedad y cuidado, una mayoría absoluta parlamentaria que puede hacer más cosas que ir simplemente a cargarse a los corruptos que nos gobernaban. Es una mayoría frágil, pero durará si no se cometen errores y sí únicamente se pone a prueba en temas con un mínimo común denominador aceptable para todos los que la forman. Y Catalunya puede ser uno de esos temas siempre que con ella el objetivo se limite por ahora a mejorar la relación, dejando para el cambio constitucional los parches o las soluciones de fondo.

La mayoría que respalda a Torra todavía es más delicada y difícil. Ni siquiera está unánimemente de acuerdo en si el objetivo inmediato es mejorar un poco la situación. La CUP no va por ahí, y de Puigdemont vaya usted a saber... El President accidental en vez de sentirse junco con posibilidades vive mientras suenan a su alrededor los clarines del miedo. Miedo a ceder, miedo a que los intransigentes que le rodean le consideren transigente, miedo a no conseguir nada, miedo a hacer el ridículo. Se repite la tragedia que vivió Puigdemont cuando pudo convocar elecciones, pero ahora no es una sola jornada así sino el dramático día a dia indefinido. Eso pesa mucho. Y el camino para lograr simultáneamente que los suyos le consideren intransigente mientras los adversarios le crean posibilista si existe es estrecho y empinado, y si no existe Torra tiene que hacer ver que lo ha encontrado.

Estamos ante un lunes de Madrid en el que Torra tiene como máxima pretensión que luego tenga continuidad en otra cita, en cualquier día de la semana, en Barcelona, dentro de poco tiempo. ¿En Barcelona? ¿En ese Palau que tiene una pancarta inaceptable para Sánchez colgado de la balconada? Nada va a ser fácil. La única ventaja reside en que todos lo sabemos.

El Partido Popular encara el futuro sin haberse tomado la molestia de intentar aclarar qué le ha pasado y qué le ha llevado hasta donde está. En su seno se intuyen cosas, pero nadie enumera ni sistematiza la naturaleza de los errores, nadie efectúa una autopsia de su propia muerte como Gobierno. Allí se habla de rectificar pero nadie con autoridad reclama ventilar públicamente lo que han hecho mal tanto Mariano Punto Rajoy como persona y líder como el conjunto del partido en su relación de subordinación total y adoración a su presidente.

No se profundiza, al menos de puertas afuera. ¿La corrupción? Existía, hay que evitarla, se debe conseguir que los votantes piensen que ya ha quedado atrás, pero no hay ganas de determinar sus porqués. Ni porqué ha sido tan generalizada, ni porqué se ha consentido, ni porqué se ha protegido tan hasta el final a los investigados. ¿Tiene todo eso relación con una casi imprescindible implicación personal de Rajoy? ¿Continuará evitando a partir de ahora el reingresado registrador de la propiedad el banquillo de los acusados? Si el partido como tal abre este melón en vez de tener un congreso celebrará un psicodrama, pero si no lo hace protagonizará una comedia costumbrista.

Con todo, la corrupción es sólo uno de los aspectos que merecen que se sustancien las responsabilidades. También están el autoritarismo interior que convertía en nada la democracia interna del partido, la prepotencia sistemática de los viejos y jóvenes que sujetaban las riendas, la táctica suicida del avestruz de no querer ver la realidad con Catalunya, la desconexión cada vez más pronunciada con la franja de la España real que es conservadora pero no ultramontana... Esas y otras cuestiones pesan mucho en el vistazo hacia atrás y el corte de mangas que le está efectuando la ciudadanía, pero hay otra, quizá más trascendental: la sustitución de la ideología por una simple e indefinida continuidad conservadora tal vez muy pragmática pero cada vez más abstracta. Pero la racionalidad no debe hacer ilusiones: en vez de hablar de eso el PP desea zanjarlo todo como si fuese una cuestión de personas. Se hace la ilusión de que todo se regenerará automáticamente con un relevo de líder.

En la calle Génova hay incredulidad y desconcierto con lo que está pasando con Pedro Sánchez. Una amplia franja de españoles lo acepta y no porque previamente le quisiese o le esperase sino porque ha echado inesperadamente a la costra que formaban ellos. Y encima, ya puesto en La Moncloa no derrapa e intenta gobernar con un talante que tiene una única virtud: es distinto al de Rajoy como lo es el color blanco respecto al negro. También porque trae bajo el brazo cierta claridad y afronta deberes pendientes sencillos que muchos esperaban, como el de no rematar a Franco sino intentar ponerlo en su sitio. Sánchez de momento genera pocos misterios: demuestra que no hizo pactos secretos para recibir en la moción de censura los votos cansados con el PP. Por eso se desmarca de los nuevos grandes interrogantes abiertos, como el de qué pasó la tarde en que Rajoy se escondió en un bar para no dimitir como le pedían los suyos o cuáles son las verdaderas razones por las que Núñez Feijoo o no quiere o no puede sustituirle ahora.

Viene un congreso en el que no sabemos qué España quiere la dura señora Cospedal ni la de la Soraya de los tejemanejes hasta ahora fracasados. Son dos incógnitas pese a que las conozcamos desde hace tanto tiempo. Muchos sospechan que sus respectivos proyectos se limitan a concretar que a partir de ahora mandarán ellas en vez del tancredo tan amortizado. Existe el temor de que sean dos señoras que desconocen que en esto del futuro pasa lo mismo que con la migración de los que huyen de la guerra: volver atrás no es nunca una solución. Falta por ver si piensan lo mismo los hombres y mujeres del PP que tienen que darles o negarles el voto al elegir al sustituto de Rajoy.

Rajoy ha vivido revestido de una sólida coraza defensiva en relación a sus responsabilidades legales tanto como máximo dirigente del Partido Popular como en su condición de persona individual

Érase una vez un hombre que confundía política y justicia. O hacía creer que las confundía. Cuando debía hacer política solía pedir que le sustituyesen quienes impartían justicia. Pero no sólo no las confundía, sino que daba prioridad a poder disponer del aparato de justicia antes que al de la política. Resultado: Érase una vez un presidente del Gobierno que consideraba más conveniente que hubiese ministros de Justicia del perfil moral y ético de Federico Trillo, durante la etapa de Aznar, y luego Alberto Ruiz Gallardón o Rafael Catalá en la suya, que la idoneidad de los titulares de Economía, Interior o Asuntos Exteriores. Cuando se analiza la trayectoria de Mariano Rajoy se comprueba que consideraba más trascendentes las maniobras estratégicas y los nombramientos bien calculados en el área judicial que lo referente a nuestra representación diplomática en Bruselas o Washington.

Gracias a ese cuidado y a la fuerza y la inducción de temores que rodean al hecho de ostentar el poder, Rajoy ha vivido revestido de una sólida coraza defensiva en relación a sus responsabilidades legales tanto como máximo dirigente del Partido Popular como en su condición de persona individual. Esa armadura hasta ahora ha sido buena, más buena que la justicia española. Porque a pesar de algunas sentencias concretas llamativas y admiradas, la justicia española ni está bien estructurada ni es eficiente, independientemente de que a muchos ciudadanos les parezca poco imparcial. ¿Y aquellas sentencias aplaudidas? A veces la mala justicia para perpetuarse no tiene más remedio que hacer algo visible, que le salve la cara, en los casos perdidos en que existen evidencias irrebatibles que son de dominio público gracias a los medios de comunicación.

Por ahí han ido las cosas en el caso Gurtel. El tribunal no ha llegado a todo el fondo de las cosas, pero que se convirtió en un tema incontrolable desde la confesión pública de un conserje descontento de Majadahonda con la parte del pastel que le atribuían. Reunió papeles y grabaciones decisivas y no se arrugó cuando fue presionado.

Aun así, la sentencia no condenó a Rajoy. Pese a sus indiscutibles méritos para caer, a la vista de cómo es nuestra justicia hay que reconocer que se ha hundido casi por casualidad o accidente. Lo tenía todo bien atado y los magistrados no han dictaminado que fuese técnicamente responsable de delitos. De momento -el caso sigue abierto porque deben juzgarse aún diversas ramificaciones- el tribunal ha sentenciado a algunos malhechores; pero  su aportación principal a la justicia fue hacer constar que los testimonios de Rajoy no eran convincentes pese a que tenía la obligación de no mentir. Si la mayoría de la opinión pública le considerase inocente los partidos escandalizados -discrepantes entre sí casi en todo- moralmente no habrían podido aunarse para que prosperase moción de censura.

Aunque políticamente haya sido un golpe seco y en la nuca, la justicia en realidad no fue muy lejos. Ni siquiera sabemos si esos testimonios no convincentes se investigarán. Ante eso, sólo el futuro dirá si por Gürtel acabarán yendo a la cárcel todos los que deben ir, si Rajoy estará entre ellos, si pagarán todo (y no sólo parte) de lo que han hecho y si luego cumplirán de manera efectiva todas las condenas. No sean ingenuos: hay situaciones en que cuando la justicia hace Algo se nos quiere hacer creer que lo ha hecho Todo cuando eso no es verdad.

La llamémosla ‘independencia judicial’ diseñada por los Trillo, Gallardón y Catalá ha presidido la actuación de los tribunales en la etapa del destape de la corrupción generalizada del PP. Amagando y dando o no dando desde la fiscalía, moviendo continuamente peones decisivos para la composición de los tribunales, el Gobierno popular y su muy próxima cúpula del poder judicial habían conseguido que los tribunales hasta actuasen -muy poco a iniciativa propia, por cierto- con lo que se podría definir con la palabra habilidad ante las evidencias que iban rodeando a Mariano Rajoy sin mancharle. En los tribunales pasaba de todo salvo dos cosas: no se cargaba la mano contra los que suministraban ilícitamente el dinero al partido (eso habría cortado en seco la continuidad delictiva) y las exigencias de responsabilidades que se decían probadas no llegaban nunca hasta arriba del todo.

Érase una vez Álvaro Lapuerta, que acaba de fallecer, quien con los otros tesoreros del PP (Rosendo Naseiro y Luis Bárcenas) supieron ser tan decisivos como aquel trío de ministros de Justicia para forjar la solidez de la muy bien diseñada coraza. Para Rajoy el problema es que ahora ha perdido su capacidad de elección y mando sobre el Fiscal General del Estado. Es lo más peligroso de su salida de la presidencia porque le deja solo cuando hay por delante muchos juicios que pueden comprometerle. Su situación recuerda a la de Francia, donde los verdaderos problemas con la Justicia les llegaron a Chirac y Sarkozy cuando perdieron las corazas del poder. Lo que le pase no puede llamarse revanchismo. Su nombre es justicia, eso que algunos no confunden, sino que ningunean cuando están en lo más alto de la política.

Los sondeos son cada vez más claros: los españoles empiezan a huir de Rajoy casi en desbandada. Es tarde, pero siempre se podrá decir lo de que más vale tarde que nunca. Los españoles de todas partes, empezando por la comunidad de Madrid, huyen de Rajoy como antes lo hicieron los catalanes (tanto los que se sienten españoles como los que no), que electoralmente ya dejaron al PP convertido en una desprestigiada fuerza marginal en su territorio. Empieza a ser evidente que Rajoy se irá pronto. Tal vez hará el gesto de la dignidad, tal vez tendrán que empujarle los suyos; ya muy están asustados por la cantidad de empleos que perderán y por el poco poder real que les quedará después de haber sostenido durante tanto tiempo a un líder capaz de muchas cosas, pero no de hacer política.

El problema es la situación en que nos va a dejar Rajoy. Le gustaba apuntarse todas las cosas positivas que pasaban, cuando son pocos y discretos los logros obtenidos gracias a su inteligencia. Pese al mal olor penetrante de la corrupción durante toda su etapa --los libros de historia con toda seguridad la unirán a su apellido-- él ha sonreído mucho atribuyéndose lo que nos ha ido regalando el viento de cola, pero al final eso ha pasado de favorable a desfavorable. La buena racha económica que se acaba con él (pero no porque él se vaya) se diluye por la subida del precio del petróleo, el alza de las tasas de interés y las inestabilidades económicas que provoca Trump (que se le parece tanto en el perfil ético y en la capacidad de reflexión)por enredar las relaciones comerciales internacionales.

Pero más allá inestable estado del mundo a los españoles Rajoy les dejará en herencia dos cuestiones interiores podridas. Económicamente, la desigualdad ha crecido tanto y se desmorona tan estrepitosamente el modelo de la generalización de los salarios basura, que las dinámicas positivas del negocio turístico y de la exportación no consiguen estabilizarnos. Pero políticamente el legado es peor. La situación catalana está tan emputecida como pronosticaban los más pesimistas. Con Rajoy, a la pereza de la inacción se le ha sumado que ha sido muy poco convincente al manejar los instrumentos democráticos. Pensar que el dúo Zoido-Llarena podía entrar a caballo en cualquier cristalería si era catalana es un ejemplo de su simplería.

Al final, la ligereza de consentirse embates judiciales de legalidad dudosa y la indecisión entre ser más duro o más blando ante la sedición han culminado con su apoteósico desastre de haber empujado de hecho hacia la presidencia de la Generalitat a Quim Torra, uno de los pocos candidatos peores que Carles Puigdemont, a quien supera en radicalidad, inteligencia, populismo de cara a una guerra fría contra todo lo que pueda parecerse a un autonomismo. La CUP no podía haber encontrado un compañero de viaje más compatible con sus fines que Torra.

Rajoy no ha sabido actuar dentro de la profunda división existente en el separatismo. Ni dando aire a los realistas, a quienes tomaron nota de lo sucedido meses atrás y están dispuestos a esperar a que el independentismo sea mayoritario en Catalunya, ni enredando al puigdemonismo resentido que lo quiere todo y ahora, aunque eso comporte pasar por encima de la mayoría absoluta de la población catalana y de España. Rajoy no ha jugado ninguna baza. Quienes creemos que es tarde para creer en serio que en España hay una virginal separación de poderes nunca entenderemos que la política española haya dejado crecer la animadversión popular generalizada (por encima de un 80%) a los encarcelamientos preventivos larguísimos, evitables, políticos y no justificados ni por el sentido común ni muy posiblemente por el espíritu de las leyes. Pero tampoco conseguiremos entender que Oriol Junqueras, que encarna al independentismo realista, haya estado atrapado sin sentido entre barrotes, sin posibilidad de defender sus tesis, mientras se producía el gran debate que han acabado por decantar a su favor los esencialistas.

Rajoy puede irse, pero España y Catalunya siguen. Y lo menos que puede decirse es que después de este último capítulo de incapacidad política, de falta de imaginación, de sentido común, nos va a dejar peor que nunca. Y al igual que le pasa ahora a Quim Torra, a este gallego no le será suficiente que haga eso que en Catalunya se bromea llamándolo “un Juan Carlos”. Porque pedir perdón y ya está, en las cuestiones serias nunca es suficiente.

Este país empieza a saber protestar cada vez mejor, a ejercer con un poco de soltura su indiscutible derecho a la queja democrática y a la reivindicación. Lo pudimos comprobar hace poco con las manifestaciones de los jubilados, que fueron amplias, bien coordinadas, serias, razonadas, y al mismo tiempo tan contundentes en su fondo como contenidas en las formas. Ahora lo estamos viendo con el fresco vigor del clamor crítico contra la sentencia de 'la manada'. En este caso si hay líos impresentables son los que nos ofrecen en todo caso la dialéctica defensiva -un tanto desesperada- del mundo judicial y la tradicional ligereza declarativa del ministro Catalá, porque lo que es la calle a partir de su propia convicción actúa con resolución, determinación y eficacia; sabe lo que siente, tiene ideas claras de lo que pretende y protesta con claridad.

La protesta no suele tener demasiada buena prensa porque en este tipo de actuaciones siempre se producen algunos excesos, entre otras cosas porque en este país casi nadie ha puesto el menor interés en enseñarnos a protestar bien y sin servilismos. Pero en los dos casos a los que nos referimos las extralimitaciones callejeras han sido más bien minoritarias e incluso -perdónenme quienes no esté de acuerdo- comprensibles, porque el principal problema de las protestas colectivas es su límite, sencillo de definir teóricamente pero muy difícil de delimitarse en la práctica.

¿Que se insulta mucho? Sí, pero mucho menos que en el fútbol, ese espectáculo al que a veces asisten como complacientes forzosos ante el griterío soez nuestras primeras autoridades. Somos un país mediterráneo de lengua suelta y lo que se verbaliza en las concentraciones que confieren anonimato a la gente debemos interpretarlo más en su contexto que en su literalidad. Por decirlo con claridad: cuando aquí se protesta llamando hijo de puta a alguien en el 99% de los casos nadie se refiere concretamente a la madre de quien concentra las iras sino al comportamiento del hijo. No bendigo eso, ni tampoco un supuesto derecho al insulto. Además, reclamo más esfuerzo en la etapa educativa para que se practique menos. Pero también creo que son más bien mojigatos o formalistas abusivos quienes se fijan en esos aspectos para descalificar las reclamaciones populares en vez de atender con sentido de la responsabilidad a la posible justicia o injusticia de lo que se reivindica.

Jubilados, 'la manada'... Vivimos una sana recuperación de la capacidad colectiva de participar directamente en la vida política y social a través de la legítima herramienta de la protesta cívica con ánimo corrector. La califico sana por tres cuestiones. En primer lugar, porque los sociólogos y analistas denunciaban como enfermiza y decadente nuestra tendencia al aburguesamiento colectivo del desentendimiento irresponsable ante los problemas colectivos, o al fatalismo de considerar que no hay nada a hacer ante los errores y abusos de quienes hemos elegido para que nos gobiernen. Es sana, asimismo, porque de forma mayoritaria estas grandes exhibiciones callejeras de disconformidad se están efectuando en nuestro país con relativamente pocos desbordamientos violentos. Y es sana, también, porque estamos siendo muy intensamente provocados; desgraciadamente España tiene dirigentes políticos que con sus errores y debilidades -corrupción generalizada, partidismo desacerbado, inacción, escaso respeto a la separación de poderes, etc.- justifican la existencia de rebeldías.

Se puede pedir que los protestantes pulan más sus procedimientos, que se quejen todavía mejor, pero como colectividad los españoles están desmintiendo a los agoreros que siempre les habían considerado poco idóneos para vivir pacíficamente en democracia. Y forma parte de la madurez política no creer que en democracia el papel de los ciudadanos deba limitarse a pasar cada cuatro años por las urnas y a desentenderse después dócilmente de lo que suceda entre elección y elección. Hay una nueva sociedad pujante que estima que lo del Come y calla pertenece a etapas históricas ya superadas, y que a fuerza de ver y escuchar las tomaduras de pelo y las impunidades que describen continuamente los telediarios avanza en su convicción de que el eslogan idóneo para los tiempos actuales es el más prosaico Quien no llora no mama.

Una de las características más interesantes de las quejas contra la sentencia de 'la manada' es su carácter concreto. Quedan atrás las movilizaciones en las que predominaban las lamentaciones y las protestas testimoniales. Ahora la calle formula exigencias concretas de plazos cortos para cambio de leyes, apartamiento de los jueces opuestos a las sensibilidades de la mayoría de la población y solicitud de una nueva generación de magistrados altamente especializados en materias delicadas. También queda atrás aquel límite de entender que lo políticamente correcto era decir que una sentencia se aceptaba, pero no se compartía. Hoy se reclama amplia y desacomplejadamente el Fuera los machistas de los juzgados. Estamos ante un cambio sustancial. Hasta la gente más sencilla entiende por fin que las sentencias no caen del cielo ni se redactan de una forma u otra por casualidad, sino que responden a coordenadas (mentalidades, inercias, condicionantes...) que pueden y deben ser modificadas en el contexto del advenimiento de una magistratura más moderna y más pegada a las realidades actuales de la vida de la gente y de la voluntad popular. Hay casos en que se deben cambiar las leyes y hay casos en los que se deben cambiar los jueces y la organización de todo su estamento. Posiblemente estamos asistiendo por fin al inicio de la verdadera transición democrática de la justicia, esa asignatura todavía pendiente desde la muerte del general Franco.

Pasan continuamente cosas, brotan noticias y más noticias, pero se equivocan quienes hacen la lectura de que se avanza algún milímetro hacia la solución del descosido. En España ya sabemos que algunos movimientos son trágicos, falsos e inútiles. Si el problema fuesen treinta presuntos locos, ahora que ya los han cazado y los han metido en cajas herméticas, tendríamos la sensación de que nos acercamos a un buen desenlace, pero hasta Mariano Rajoy, que ya es decir, sabe que hoy estamos más lejos que ayer de eso. Cuando dos piezas de un puzzle no encajan sirve de muy poco presionarlas por los bordes ya sea con cuidado o sin cuidado. Para resolver el puzzle hay que hacer otras cosas, pero aquí se ha optado por la presión.

Mariano Rajoy tal vez piense que ha llegado la hora de la justicia, pero tenía que haberse hecho justicia, o por lo menos más justicia, antes. Adelantarse a la recogida de firmas anticatalanas y ajustar a tiempo el puzle multinacional. Y hacer justicia de verdad, no bromas de mal gusto a partir de los textos legales. A Carles Puigdemont no se le entendía cuando discurseaba; ¿había dicho si o había dicho no? Pero a Rajoy y al juez Llarena (que lo lleva escondido entre los pliegues de la toga) o se les entiende demasiado o no se sabe de que hablan cuando se refieren a la violencia.

El pasado día 1 de octubre el secesionismo hizo de todo, empezando por trampas y acabando con exhibir mucha presión resistente, pero la violencia la puso la policía y de ello damos fe hasta quienes no somos independentistas. Lo menos que puede decirse del dúo Rajoy / Llarena es que se equivoca. Y cuando estima que los delitos cometidos por los políticos catalanes además de merecer un encausamiento se ajustan en todos los casos a lo previsto democráticamente para la prisión sin fianza, vuelve a incurrir en eso que tantos y tantos calificamos de equivocación para arriba.

Indigna que ante estos digamos que errores ni actúen –como si no pudieran– las instancias superiores de la justicia española. ¿Qué hubiese pasado si el instructor del caso Urdangarín hubiese desbarrado en el mismo sentido? ¿O si se hubiese desmadrado metiendo en la cárcel antes de juzgarlos a los sospechosos de las corrupciones del PP, jefes y no jefes? Hay una segunda indignación: ¿porqué los españoles serios y legalistas asisten tan mayoritariamente en silencio a esta subversión del Estado de derecho (y benditas sean por su coraje civil y por su lucidez las excepciones, aquellos que consideran que el fondo de este problema rebasa a lo que es meramente secesionista).

Por esas dos cuestiones una mayoría muy amplia de los catalanes tenemos una inmensa decepción que podríamos considerar anecdótica respecto a Llarena, pero un gran cabreo trascendental con la España consentidora. Es esto lo que ensancha el descosido. Se ensancha no porque los independentistas tengan ahora más razón, sino porque a los ojos de Catalunya lo que representa al Estado unitario cada vez la tiene menos.

Esta cuestión de fondo es la más preocupante. Mucho más que el alcance de las manifestaciones callejeras y sus cifras. Porque esas protestas, aunque sea llamativas, tienen un valor muy relativo después de saber que a más de media Catalunya no le gusta manifestarse en la calle para visualizar lo que quiere. Ese otro gentío considera suficiente ir a votar (y comprobar que el independentismo todavía es ligeramente minoritario) y quedarse en casa esperando a que los jueces trabajen con rectitud contra quienes actuaron contra la Constitución y el Estatut y no los aceptan de corazón ahora.

Pero, a medida que avanza el descrédito de la justicia y a medida que oficialmente se equipara la resistencia pacífica a la violencia, no sólo crujen las convicciones, sino que se empuja inequívocamente hacia la radicalidad en la calle. Y empujar hacia la radicalidad en la calle creo que debemos considerarlo un delito lo haga quien lo haga, sean unos secesionistas o sean unos unionistas, y sean de aquí o sean de allí.

Estos días hemos tenido la oportunidad de entrever el triste futuro imperfecto inmediato de las relaciones Catalunya-España. Han sido algunos anticipos de cómo será la falsa paz en la que estamos encallados (o encanallados), llamando paz (si no es mucho llamarla así) a todo lo que no sean bofetadas físicas o la presencia de la caballería en cualquiera de sus versiones modernas.

- Ejemplo uno. La extremada tirantez de los desencuentros oficiales. Recuerden el acto del Colegio de Abogados de Barcelona. Unas palabras del president del Parlament sobre los políticos presos -él habló de “presos políticos”- tuvieron la respuesta inmediata del abandono de la sala por parte de algunos asistentes, entre los que figuraban varios de los que formaban parte de la mesa.

- Ejemplo dos. La amargura de la coexistencia forzada, muy visible en la indigesta cena oficial del Mobile World Congress. Todo fueron caras largas y conversaciones todavía más huecas que las tradicionales en este tipo de encuentros, después de que la alcaldesa de Barcelona y el ya mencionado presidente del Parlament no participasen en la bienvenida protocolaria al Rey.

- Ejemplo tres. La memoria -casi de elefante, como tanta gente acostumbra a decir cuando alude a temas reales- de una amplia franja de la ciudadanía catalana que no perdona a Felipe VI que en su mensaje de octubre no quisiera acordarse de quienes habían sido abusivamente heridos tres días atrás en la resistencia pacífica a la policía. Una monumental cacerolada popular nocturna antimonárquica, perfectamente audible por el cortejo real, acompañó en Barcelona a las descortesías de las autoridades locales.

Y de forma especial no olvidemos tampoco el contexto de la lluvia fina contestataria y silenciosa que continúa cayendo in crescendo en Catalunya. En su formato de los más variados usos del color amarillo en prendas de uso personal que lleva gente de todas las edades, en paños colgantes de todo tipo y en pasquines; o en la variante de las narices de plástico rojo, de clown, que se multiplican en todo tipo de concentraciones populares. Ambas cosas forman parte de una especie de juego colectivo que se practica con tanta sonrisa como firmeza. Pero resulta prácticamente irreprimible, por lo que se va ampliando. ¿Se puede vivir mucho tiempo así? Posiblemente sí, pero con desazón creciente. Cae una lluvia fina, pero es de ácido sulfúrico.

En cualquier caso, los datos de fondo son los que son y todo el mundo los conoce: esa desafección militante y desafiante la hace únicamente media Catalunya pero resulta dominante ya que la otra mitad, algo superior en número de personas, defiende menos activamente sus planteamientos. ¿Por qué? Porque la primera mitad tiene un proyecto ilusionado, aunque esté encallado y sea absurdamente abstracto, mientras la segunda pende le guste o no de la errática situación política española, pilotada sin brújula hacia la continuidad de algo deshilachado que mayoritariamente se considera decepcionante y sin que se vislumbren indicios de que quienes ostentan los poderes tengan ni planes ni voluntad de cambiarla. ¿Vieron ustedes esta misma semana el reportaje periodístico de Jordi Évole sobre personas apaleadas injustamente por la vida en la España que oficialmente ha salido de la crisis? Esa España deprimente es, además, la supuesta zanahoria que cuelga por delante de los constitucionalistas de Catalunya, según recuerdan continuamente los medios públicos y privados que simpatizan con la secesión.

Por encima de todos, catalanes y no catalanes, planean dos malos contextos. El primero, la persistente tendencia del poder de Madrid a cometer continuamente nuevos errores. Es lo menos que se puede decir de volver a esgrimir a reflujo del 155 el tema de la lengua en la escuela, una inmersión aceptada mayoritariamente en Catalunya porque sus niños acaban la escolarización con el mismo nivel de castellano que en las demás autonomías. El segundo, la paradoja de que el pulso con los (presuntos) malos españoles se efectúa mientras afloran continuamente novedades de las corrupciones insoportables que se les van descubriendo a los líderes de los (presuntos) buenos españoles. Los protagonistas son casi siempre gobernantes del PP de Rajoy, aunque los casos judicialmente todavía no afectan a quien mucha gente considera -salvo a la hora de votar- el Sospechosísimo Máximo. Repito, aunque ahora mirando hacia el otro lado: ¿Se puede vivir mucho tiempo así?

Estamos tan mal que se debe considerar la mejor noticia de la semana el hecho de que los policías del operativo Frenar a los Viejos Pensionistas que No se Resignan a Morirse de Hambre en Silencio (si ese no era su nombre estamos ante otro error de Zoido pues debería haberse llamado así) no actuaron en la calle contra esa protesta pacífica como lo hicieron sus compañeros que trabajaron el pasado 1 de octubre en Catalunya. ¿O incluso eran los mismos? En ese caso debieron aplicar eso que los progres -cuando existían- llamaban “la discriminación positiva”.

Formo parte de una generación que pasó la primera parte de su existencia esperando a que desapareciera un mal tipo, y ahora, en nuestro último tercio de vida, estamos igual: esperando que desaparezca otro y otros. No, no me refiero a que en estos momentos deseemos la muerte de nadie; tenemos más que suficiente con que desaparezcan de la primera línea política y que sus firmas dejen de aparecer en el Boletín Oficial del Estado y el Diari Oficial de la Generalitat. Aunque, pensándolo bien, en el caso concreto de Rajoy estaría bien que se jubilase y tuviese las condiciones económicas medias de quienes se manifestaron. Y que a partir de ahí tenga suerte, y que quienes le sustituyan le libren de la necesidad de salir a la calle para intentar conseguir dignidad y respeto en el subsidio.

Mientras pasan tantas cosas constataré una más: en los últimos seis meses este país no ha avanzado ni un solo milímetro en dirección a solucionar alguno de sus problemas de fondo. Todo lo que vemos y oímos es ruido y efectos especiales; de avance, nada.

Desde Catalunya se aprecia que en el resto de España hay gran distensión tras los problemas que hemos vivido. Es como si el agotamiento de una fase del Procés fuese su final. O como si estuviesen encarrilados los problemas. Nada de eso es verdad. Se equivoca quien crea que constituir una Mesa del Parlament no obsesionada por despreciar la legalidad (como hacía la dirigida por Carme Forcadell) o quien piense que un desenlace no estridente del pulso por la presidencia de la Generalitat son datos que enmarcan un regreso a cierta normalidad.

Estamos en una tregua generada por cierto realismo y el temor a las decisiones de la justicia. El principio de acción y reacción lleva dos o tres meses cediendo la iniciativa a lo segundo. Las retractaciones ante el juez tienen valor muy relativo. Catalunya las considera técnicas de defensa legal, un cambio de táctica tras la inmensa ingenuidad de los secesionistas que tiraron de la cuerda confiando en que el poder del Estado actuaria acomplejado por miedo al qué dirán de Europa.

Pero los datos de fondo son los que son y el independentismo continuará gobernando el día a día de Catalunya siempre que acepte desempeñar el papel de un simple buey que empuje -sin pasar de ahí- la agenda ordinaria mientras crea continuas condiciones objetivas que acerquen a su modelo final. Sólo ha muerto la prisa. El brazo de poder español ha tenido la oportunidad de aplicar una gran cataplasma únicamente por la desmesura de los errores de Puigdemont y su mundo. El independentismo lo tenía todo, avanzaba como dios, administraba dineros, vivía bien e imponía su relato. Pero se pasó de rosca y le cayó encima el látigo de la ley. En democracia si te respaldan muchísimos votos tenaces el efecto de eso es limitado, lo hemos visto y ha vuelto a ganar las elecciones. Sus dos millones de votos son sólidos y estables por muchos errores que cometa pues hay dos millones de personas que además de no sentirse psicológicamente españoles consideran prioritario y lógico seguir intentando salirse, aunque sea en un viaje más lento de lo prometido por su facción menos seria. A partir de ahí actuar a la contra es como un juego: ahora desafección maleducada, luego desprecio silencioso, mañana recordar la impotencia ante una invasión de lazos o bufandas amarillas... La otra media Catalunya es ligeramente mayoritaria, pero posee mucha menos capacidad de movilización, especialmente si España le dice que no corre ningún riesgo.

Las elecciones catalanas fueron otro gran fracaso de esa España que hasta Felipe González reconoce públicamente que carece de un proyecto conjunto atractivo. Encima, disipó dudas. Antes los miopes podían confiar en que si un día votaba prácticamente todo el mundo la unidad ganaría, aunque España no hiciese nada. El tiempo de eso ha pasado; quizá nos acercamos al momento en que la secesión pueda mostrarle a Europa un resultado favorable con mayoría absoluta en votos. Por no hacer, Rajoy ni siquiera recuerda que en poblaciones muy entrecruzadas para las decisiones trascendentes son imprescindibles unas mayorías reforzadas. Está incluso previsto por el Parlament, pero La Moncloa no lo trabaja.

El rumbo únicamente podría modificarse con actuaciones políticas de Estado, de esas que son incómodas y que hasta ahora no abordan ni Rajoy, ni Sánchez, ni Rivera, en la estela de Aznar o del Felipe González de cuando ni siquiera estaba a favor de reformar la Constitución. Pero que no crea nadie que puede eternizarse el muro de contención de los encarcelamientos preventivos forzosos sin fianza; que no crea nadie que los indepes que van detrás de Puigdemont son tan torpes como él y se meterán en laberintos tan mal medidos como el que diseñó para sí mismo cuando renunció a la valentía civil y optó por huir a Bruselas.

Mis muy tranquilizados españoles, aunque no os gusten los problemas complejos dejad de aferraros a vuestro optimismo, aunque la situación del Estado parezca que no vaya a plantearos riesgos a quince días vista. Las cuestiones abiertas -que son casi todas, por cierto- sangran, aunque estén bajo vendas, y ya caducó el tiempo de los matrimonios forzosos. Hay que moverse. Empujad para que se diseñe una estrategia regeneradora que convierta España en algo mínimamente más atractivo de lo que es, tanto para los catalanes como para los que no lo son. La hoja de ruta debe incluir desde forjar instituciones más serias hasta hacer efectiva de una vez esa separación de poderes que ha actuado tan sospechosamente en la crisis del Procés; desde una actuación no retórica contra la corrupción hasta un replanteamiento menos turístico de nuestra economía; desde llevar la nueva sociedad real a la enseñanza a regresar al imperio de la preocupación social, ahora que Bruselas acaba de levantarnos la camisa destapando que vivimos en uno de los países que ayudan menos a las rentas bajas...

Hay mucho trabajo pendiente, urgentísimo, pero nadie corre porque disfrutamos de una tregua. No es una gran táctica.