Una primera versión en inglés de este post fue publicada en The Monkey Cage, un blog de The Washington Postfue publicada en The Monkey Cage

Las elecciones europeas del pasado mayo dejaron a su paso una mezcla paradójica de estupor, nerviosismo y previsibilidad. El porcentaje de votantes que concurrió a esas elecciones fue bajo, aunque no dramático: 43,1%. Las fuerzas antieuropeas ganaron impulso, aunque la mayoría de los escaños del Parlamento Europeo continúa en manos de los partidos de centro, ideológicamente más moderados. Como puede leerse en la síntesis del New York Times, partidos fuertemente opositores a la Unión Europea lograron buenos resultados en varios países, incluidos Francia, Grecia, Gran Bretaña y Dinamarca. En total, cerca de 140 escaños de los 751 del Parlamento Europeo estarán ocupados por fuerzas nacionalistas y de euro-escépticos.

Sin embargo, la narrativa sobre el ascenso de los partidos euroescépticos a veces se apresura en colocar a todos esos partidos en una misma bolsa, ignorando que tienen pocas cosas en común, además de su desagrado con el proyecto político de una Europa unificada y su crítica hacia el funcionamiento actual de esta instancia supranacional. Lo cierto es que en este momento la crítica hacia la Unión Europea viene tanto desde la izquierda como desde la derecha. O, lo que es lo mismo, se puede ser euroescéptico por izquierda tanto como se puede ser euroescéptico por derecha. Lo que predomina en Europa es la desafección con el propio proyecto europeo, precisamente por la dificultad de ese proyecto de dar respuesta a problemas concretos de la ciudadanía.

En algunos países la estrella de la jornada fue la ultraderecha. En Francia, el Frente Nacional de Le Pen derrotó a los partidos de centro izquierda y centro derecha simultáneamente, y ganó con un 26% del voto. En Gran Bretaña, el partido antieuropeo UKIP le ganó las elecciones al laborismo, al partido conservador y a los liberales-democráticos. Un partido abiertamente neonazi ganó tres escaños en Grecia, habiendo más que duplicado sus votos de una elección a otra. Y partidos de ultraderecha ganaron escaños en el Parlamento Europeo gracias a los votos procedentes de ciudadanos de Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega y Hungría.

Los partidos antieuropeos de derecha no fueron los únicos en incrementar su fuerza electoral. La izquierda también creció. El partido de izquierda anti-ajuste Syriza resultó el más votado en Grecia. En Italia, el partido Democrático, de centro izquierda, ganó las elecciones, Beppe Grillo salió segundo, y el antiguamente dominante partido de Berlusconi terminó tercero. Y en España fue una buena noche para el nuevo partido de izquierda Podemos, liderado por profesores de Ciencia Política y los movimientos sociales antiglobalización, surgido al calor del movimiento del 15M, así como para Izquierda Unida, mientras que el PP, a pesar de ganar el mayor número de escaños de la elección, y el PSOE, sufrieron un duro golpe.

Frente a esta diversidad ideológica, ¿qué conclusiones pueden extraerse sobre el devenir de los sistemas de partidos europeos? Se sigue manteniendo la idea de que las elecciones al Parlamento Europeo no son automáticamente extrapolables a las elecciones de cada uno de los países, ya que es sabido que este tipo de elección favorece un voto más expresivo, más ideológico y menos preocupado por la gobernabilidad. Los votantes tienen más libertad para ejercer un “voto protesta” en elecciones como ésta donde no se eligen los y las gobernantes que, la ciudadanía cree, deberán hacerse cargo del país, sino los representantes en un cuerpo colegiado que es visto como algo remoto y que no se entiende aún muy bien cuál es su papel en la política democrática de los países. A pesar de las innovaciones democráticas que estas elecciones de mayo suponían para ampliar la democratización de las decisiones europeas, la ciudadanía no terminó de cambiar su escepticismo antieuropeo.

Sin embargo, estas prevenciones no deben invalidar el hecho de que parecen percibirse algunos cambios en los sistemas de partidos europeos. Sobre todo, el hecho más relevante parece ser el vaciamiento del centro del espectro político. Los partidos de “centro-y-algo” (centroizquierda y centroderecha) tienen dificultades serias para acumular votos en el centro y evitar que se escapen votantes hacia uno y otro lado del espectro ideológico. No se trata de un “vuelco a la derecha” o un “viraje hacia la izquierda”, sino de una pérdida de la capacidad de los partidos más institucionalizados de operar como representantes eficaces de las diversas posiciones ideológicas y de intereses presentes en la sociedad. Se trata de su incapacidad para adaptarse a las exigencias del ambiente. El dato central no es sólo el crecimiento de los partidos euroescépticos sino que el mismo se ha dado a expensas del caudal electoral de los partidos de centro más institucionalizados.

Dado el timing de este fenómeno de “vaciamiento del centro” pareciera ser que una causa de esta pérdida de capacidad representativa es el compromiso bipartidista de los partidos de centro con las medidas de austeridad tomadas luego de la crisis financiera del 2008 y 2009. La crisis tuvo como respuesta medidas de ajuste que fueron aplicadas con un desigual reparto de los costos sociales. Estas medidas fueron aprobadas con el apoyo, en general, de todas las fuerzas partidarias institucionales, que siguen, aún hoy, comprometidas con la agenda del ajuste económico. En España, el PP y el PSOE no tienen demasiadas diferencias en cuanto a la política económica necesaria frente a la crisis; lo mismo sucedió en Grecia, en donde draconianos paquetes de recorte del gasto público fueron impuestos con el apoyo de los partidos más importantes.

Algo similar se dio en Gran Bretaña, donde el partido conservador gobierna en coalición con el partido Liberal Demócrata y en donde el partido Laborista no ha articulado públicamente una agenda alternativa a los recortes realizados por el gobierno de Osborne. Tal vez ningún caso sea tan paradigmático como el de Francia. En este país con una fuerte tradición socialista, el gobierno promercado de Nicolas Sarkozy fue repudiado en las urnas y reemplazado por el del socialista François Hollande. Este fue electo con una plataforma que prometía un aumento de impuestos a los ciudadanos más ricos y una (moderada) reducción de la austeridad; sin embargo, una vez en el gobierno, Hollande repudió muchas de sus propuestas de campaña y abrazó una política económica que es en gran medida de simple continuidad. Este giro, tomado en nombre de la responsabilidad y el realismo político, ha hundido la popularidad del Partido Socialista a cifras récord y ha facilitado el dramático aumento del poder electoral del Frente Nacional.

¿Qué puede esperarse de una situación en la que el descontento de sectores importantes de la sociedad para con el modo de gestionar la economía no es representado por ninguna de las fuerzas políticas de centro? ¿Cuáles son las consecuencias posibles del vaciamiento del centro?

Para responder a estas preguntas podemos realizar un ejercicio comparativo con los años que precedieron al llamado “giro a la izquierda” latinoamericano. La crisis de representación política y los cambios radicales o graduales que se dieron de manera subsecuente en los sistemas de partidos de América Latina, luego de la implementación de las políticas de ajuste neoliberal, son un buen espejo donde Europa podría mirarse. Existen interesantes paralelos entre un proceso y otro, dada la manera en que las crisis económicas y sociales prolongadas y el compromiso de los partidos de centro con los planes de ajuste económico, impactaron sobre el sistema político, minando los niveles de confianza de la ciudadanía hacia esos partidos cuando no fueron capaces de adaptarse a las exigencias del ambiente.

Francisco Panizza narra en Contemporary Latin America Development and Democracy beyond the Washington Consensus el modo en que la combinación de la altísima deuda externa, la inflación fuera de control y un bajo crecimiento económico crearon graves crisis económicas y sociales a fines de la década de 1980 (default en México, inflación alta en Brasil, hiperinflación en Perú y Argentina, entre otros). Frente a esto, tanto los organismos financieros internacionales como (más crucialmente) las élites políticas latinoamericanas se convencieron de que la única salida era la implementación de planes de ajuste que incluían un menú variable de restricción monetaria, privatizaciones, desregulación financiera, liberalización de comercio exterior y reducción del tamaño del Estado.

En la mayoría de los países que implementaron estas reformas se logró el control de la inflación y un aumento del crecimiento económico. Sin embargo, las privatizaciones, las desregulaciones y el achicamiento del Estado tuvieron un alto costo en términos de aumento del desempleo, los niveles de pobreza y la desigualdad. Aunque la promesa de las políticas de austeridad era “cirugía mayor ahora, crecimiento luego”, este bienestar generalizado tardó en manifestarse. Paulatinamente, el empeoramiento de las condiciones sociales llevó a un aumento de la conflictividad social en varios países de la región (como Argentina, Ecuador o Perú). Este proceso, como en Europa, llevó a que sectores crecientes de la sociedad demandaran el abandono del ajuste y la adopción de nuevas políticas económicas.

El elemento central de la comparación entre los países latinoamericanos y los europeos es que en ambos casos los planes de ajuste fueron llevados a cabo con amplio consenso por los partidos del centro político. En Argentina, las leyes de ajuste de Carlos Menem fueron votadas en el Congreso tras el acuerdo entre el PJ y la UCR (Torre 1998); en Venezuela, COPEI y AD resultaron virtuales socios en la propuesta de las reformas neoliberales, continuando de ese modo su política de alianzas puntofijistas (Roberts 2003). En Perú, Alberto Fujimori, que fue electo con una plataforma de expreso rechazo al ajuste, realizó un giro radical y terminó adoptando el neoliberalismo; de manera similar en Bolivia los sucesivos presidentes electos adoptaron también la “necesidad patriótica” de las reformas neoliberales, incluyendo al propio MNR (Roberts 2002). En Ecuador incluso se llegó a dolarizar la economía en las últimas instancias del gobierno de la Democracia Popular en diciembre de 2000, antes del Levantamiento indígena-popular del 21 de enero de 2001 que puso fin al mandato constitucional de Jamil Mahuad.

En estos escenarios, nuevos líderes políticos emergieron para canalizar las demandas de rechazo que la ciudadanía manifestaba contra esas políticas de ajuste y austeridad, arrastrando con ello al recambio de la clase política. La crisis de representación de los partidos tradicionales, las medidas ant-ajuste y las condiciones económicas desfavorables fueron elementos favorables a la emergencia de los políticos y partidos outsiders (Carreras 2012).

Comparando las trayectorias de transformación experimentadas por los países de América Latina resulta evidente un patrón:

El patrón es bastante claro: en aquellos países en los que el impacto social y económico de las reformas fue muy alto, en los que las protestas sociales fueron muy fuertes y en el que los partidos de centro no pudieron adaptarse a los nuevos issues o no quisieron representar la demanda ciudadana de cambio, terminaron surgiendo actores por fuera de los partidos establecidos que se hicieron cargo de la representación de las nuevas demandas.

Una gran diferencia, sin embargo, se dio en aquellos casos en los que las nuevas demandas fueron asumidas por nuevas fuerzas partidarias (lo que llamamos “partidos outsiders”) y aquellos otros en los que fueron representadas por liderazgos personales (lo que llamamos “políticos outsiders”). La diferencia está en el nivel de estructura organizativa y autonomía de la organización con relación al liderazgo fundacional. Cuando hay “políticos outsiders” la definición del contenido del discurso, la selección de las peleas en las que se participa o la política de alianzas del movimiento político; la elección de las candidaturas o la definición de los distritos donde se compite, está a cargo de un único líder y el movimiento político acompaña sus decisiones.

Cuanto mayor fue la crisis social y económica, y mayor el compromiso bipartidista (o de los partidos mayoritarios) con el ajuste, mayor el derrumbe de los partidos de centro (caso de Venezuela, de Ecuador o de Bolivia). En estos países el vaciamiento casi total del centro del espectro partidario fue concomitante con la aparición de liderazgos “outsiders” que culminaron en transformaciones de la estructura y de la lógica de competencia del sistema de partidos, llegando en la mayoría de ellos al colapso de los partidos mayoritarios del sistema de partidos previo (Zona roja en el cuadro).

En los países en los que partidos relativamente más recientes asumieron como propia una agenda de (moderada) transformación social y económica, los sistemas de partidos se mantuvieron relativamente en pie (Zona azul: Brasil, en donde el PT se erigió como alternativa partidaria, y Uruguay, en donde lo hizo el Frente Amplio). Clave en esta estabilidad de los sistemas partidarios fue la manera gradual en que el PT y el FA llegaron al poder: su transformación de “partidos outsiders” a fuerzas institucionalizadas llevó más de veinte años y dio cuenta de su capacidad de adaptación a las nuevas demandas y exigencias sociales e institucionales del entorno. La capacidad tanto del PT como del FA de interpretar las demandas anti-neoliberales fue crucial en su capacidad de transformarse en fuerzas hegemónicas (ambos partidos ganaron la presidencia una vez que el “giro a la izquierda” de la región había sido iniciado: Chávez y los Kirchner ya estaban en el poder antes de las victorias electorales de Lula Da Silva y Tabaré Vázquez). En aquellos casos donde no existieron ninguno de estos dos factores, la situación del sistema de partidos se mantuvo sin cambios (Zona verde del cuadro).

A diferencia de los anteriores, en países como Colombia y México, en los cuales no hubo crisis económica, o bien la misma fue vista por la población como secundaria a otros problemas más acuciantes (por ejemplo, la guerra con la guerrilla o la lucha contra el narcotráfico), el sistema de partidos permaneció sin cambios o, inclusive, cambió mediante un giro a la derecha, como ocurrió con el liderazgo de Álvaro Uribe y posteriormente de Juan Manuel Santos en Colombia.

La comparación entre los sistemas de partidos europeos y los latinoamericanos se debería centrar en aquellos donde ha habido un cambio radical por el agotamiento de los partidos de centro. En Venezuela, Bolivia o Ecuador, nuevos líderes políticos monopolizaron ese apoyo electoral bajo la creencia de que estaban generando una nueva revolución (la “bolivariana” o la “ciudadana”). El militar Chávez, el sindicalista Morales o el profesor Correa fueron elegidos desde los márgenes de la clase política dominante, bajo el relato de que eran ciudadanos que representaban una nueva manera de hacer política contra los de siempre (o lo que denominaron como la partidocracia como ocurrió en el caso ecuatoriano).

Los tres utilizaron las elecciones como un instrumento para transformar desde dentro a una democracia representativa que rechazaban, ampliando por una parte los derechos y la percepción sobre ellos a sectores que se sentían excluidos (democratizando el sistema político) pero al mismo tiempo ejerciendo un estilo de liderazgo que pone en duda la vocación plural, tolerante y democrática de esos gobernantes. La relación por ejemplo de esos gobiernos con los medios de comunicación de masas y con el ejercicio de la libertad de expresión han sido puesta en dudas en reiteradas ocasiones, como ha mencionado recientemente Steve Levitsky, de Harvard University, en su descripción de la relación entre dichos líderes y los medios de comunicación (o como lo ponen en evidencia los informes de Freedom House al calificarlo como de “parcialmente libre”).

Aún cuando los tres líderes surgieron con el apoyo de amplios sectores de izquierda, al punto de ser identificados como los representantes de la “izquierda radical” (Weyland 2010); el tipo de políticas públicas impulsadas, el culturalismo neoconservador de sus valores (como lo describe Magdalena López en uno de sus análisis) y el carácter pragmático de sus liderazgos dificulta un análisis simplista de la ubicación ideológica de Correa, Morales o Chávez. Los tres surgieron por el vaciamiento del centro, desde la izquierda, para cooptar con sus estrategias catch-all todo el espectro ideológico: izquierda, centro y derecha. Esa capacidad de monopolizar el relato y el espacio político les llevó incluso a generar sistemas de partidos predominantes, carentes de fuerzas opositoras antagónicas capaces de ganarles en elecciones competitivas.

Del mismo modo que los populistas latinoamericanos buscaron transformar la democracia representativa que les vio nacer desde dentro; los euroescépticos buscan transformar una Unión Europea que no les gusta como les representa desde el propio Parlamento. El ejemplo latinoamericano demuestra, sin embargo, que los partidos de centro siguen una estrategia peligrosa al atar su suerte a las políticas de ajuste que resultan antipopulares y al atacar de manera visceral y antipluralista a la emergencia de nuevos actores políticos. Precisamente, el hecho de que ganen estos nuevos partidos y de que surjan nuevos líderes tiene que ver con darle voz a demandas que estaban latentes pero no politizadas o al menos que se encontraban invisibilizadas.

El consenso bi o multipartidario es un valor positivo, pero si ninguno de los partidos establecidos representa de manera efectiva la demanda social antiausteridad, o si no son capaces de adaptarse a las presiones multidemandas de sectores sociales que no se sienten representados por la política de esos partidos del status quo, estos sectores encontrarán representación tarde o temprano más allá de los partidos políticos tradicionales. Vale decir, si los partidos del centro se abroquelan en la defensa de un orden partidario que dejó de estar en sintonía con las nuevas demandas de la ciudadanía, será el centro el que quedará vacío.

A pesar de los esfuerzos realizados en las últimas décadas en muchos países latinoamericanos para una representación más equitativa de hombres y mujeres en las instituciones públicas, los resultados aún distan de ser los deseados para unas sociedades que pretenden denominarse como democráticas. Cuando se están cumpliendo más de 80 años del derecho al voto para las mujeres en algunos países, sólo hay en este momento cuatro presidentas (en Argentina, Costa Rica, Chile y Brasil) y sólo cuatro Congresos nacionales tienen más de 35% de mujeres en sus escaños (Nicaragua, Costa Rica, Argentina y México).

Si bien en los últimos años se ha incrementado en promedio en ocho puntos porcentuales la representación de las mujeres en los legislativos nacionales (de 15% en 2000 a 23% en 2012), aún quedan varios países en la región con porcentajes muy bajos de representación en las Cámaras. En Brasil, Panamá, Haití, Belice o Barbados, las mujeres continúan siendo un grupo claramente subrepresentado, ya que suponen menos del 10% del total de los legisladores. Esto quiere decir que hay pocas mujeres ejerciendo cargos de elección popular en América Latina, aún cuando son la mayoría de la población en la región.

El problema continúa siendo crítico a nivel subnacional. La representación femenina en los gobiernos y legislativos locales muestra niveles muy bajos o destaca directamente por su ausencia en Perú, Bolivia o Uruguay (PNUD Genera). Salvo Ecuador (18%) o Brasil (11%), el resto se encuentra en niveles que apenas alcanzan el 10% de la representación femenina. En México, hay aún grandes disparidades en las legislaturas estatales en cuanto a la representación de las mujeres. Hay estados donde la representación supera el 30% (Morelos, Oaxaca o Chihuahua) y en otros donde es menor al 10% (Querétaro). De 1132 cargos a diputados estatales, sólo 301 son ejercidos por mujeres.

Estos datos obligan a pensar sobre las razones de la baja representación de las mujeres en los cargos públicos, tanto a nivel nacional como local. Por ello, en los últimos años, diversos investigadores se han centrado en desentrañar las claves que contribuyen a mejorar la representación. De ahí que hoy se sepa que las mujeres tienen mayores posibilidades de ser electas en sistemas electorales de representación proporcional en distritos plurinominales grandes y medianos que en sistemas de mayoría en distritos uninominales. Al tener la probabilidad de obtener más escaños en el primer sistema, los partidos buscan sumar a diversos sectores sociales para llegar a un electorado más amplio, a diferencia de los distritos mayoritarios donde se postula a un candidato con más posibilidades de ganar.

Existe por tanto un fuerte consenso respecto a que el sistema electoral (fórmula de representación proporcional, distritos grandes y medianos, y listas cerradas y bloqueadas) favorece la representación femenina. También existe un amplio acuerdo en que las acciones afirmativas son fundamentales para que las mujeres puedan llegar a postularse como candidatas y a resultar elegidas. En la mayoría de los países que han incrementado los niveles de representación femenina en los últimos años, esto se debe a medidas de acción afirmativa como las leyes de cuotas (PNUD Genera). Aún así, la evidencia empírica muestra que la ley de cuotas y un sistema electoral favorable no alcanzan para mejorar la representación femenina en las instituciones. Los datos muestran que algunos sistemas políticos con ley de cuota de género y sistema electoral favorable tienen muchísima más representación femenina que otros con diseños institucionales similares.

En el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, estamos investigando qué características tienen que tener las cuotas y los sistemas electorales para superar las barreras que dificultan la representación femenina. En dicho estudio se propone mirar el nivel de “fortaleza de la cuota electoral” como clave para entender las diferencias de resultados en los diferentes distritos electorales. Un diseño de “cuota fuerte” supone una alta exigencia respecto al número de mujeres que deben ir en las listas, que alcance tanto a candidatos titulares como suplentes (para evitar casos como el reciente escándalo de “las juanitas” en México), con un mandato de posición explícito, sin espacio para interpretaciones minimalistas de las élites políticas, con fuertes penalizaciones para quienes no cumplan con la norma (como la imposibilidad de registrar la candidatura para esa elección) y que no sea sencillo excusarse de no usar la cuota.

Para el estudio se analizan las leyes de cuotas de los 24 distritos provinciales argentinos (y su ley nacional) y las de 31 distritos estatales mexicanos donde se eligen diputados por representación proporcional (menos Baja California Sur, donde no se le aplica cuota a los distritos de RP), más otros 27 distritos donde se eligen diputados por mayoría relativa. Los datos preliminares de esta investigación muestran que la combinación de una cuota fuerte, junto a ese sistema electoral favorable, mejoran los niveles de representación de las mujeres en los Congresos subnacionales, especialmente, en Argentina.

Los datos de Argentina parecerían mostrar que un diseño de cuota electoral fuerte y un sistema electoral favorable resultan relevantes para la representación femenina pero, en el caso mexicano, la relación no parece ser aún lo suficientemente robusta. Esto significa que en estos distritos mexicanos existen otras barreras que están dificultando la representación femenina, lo que ha llevado a que diferentes grupos y colectivos sociales presionen para la incorporación de la clausula de la paridad en el nivel constitucional (algo que finalmente se ha conseguido introducir en la propuesta de reforma política de estas semanas).

Nuestra investigación llama la atención sobre la existencia de excepciones normativas, libertad de interpretación o la ausencia de normas específicas que sancionen estas excepciones a nivel del diseño institucional de algunos estados mexicanos, como factores que explican la baja representación de las mujeres en los legislativos estatales. En ese sentido, la introducción de cuotas al interior de los partidos, financiación para las campañas electorales realizadas por candidatas mujeres, una división social del trabajo que procure la plena inserción femenina en la contienda electoral y la convicción respecto a la igualdad de capacidades del liderazgo femenino pueden ser vehículos exitosos para reducir las barreras que limitan la representación. Superar todas estas barreras es básico para contar con sociedades más democráticas.

Una de las conclusiones del IV Foro de la Democracia, que por cuarto año consecutivo tuvo lugar en Ciudad de México, organizado por el Instituto Federal Electoral de México y la Organización de los Estados Americanos, ha sido que la desigualdad es el depredador de las democracias latinoamericanas. La preocupación está justificada. Como sostiene el último informe de la CEPAL, el 40% de la población con ingresos más bajos capta en promedio el 15% total del ingreso mientras que el 10% de la población con ingresos más altos posee el 32%. América Latina, por tanto, continúa siendo la región más desigual del mundo.

Si bien al comparar los resultados de 2012 con los diez años anteriores se constatan mejoras distributivas en la mayoría de los países de la región, la situación continúa siendo crítica. Más allá de los que muchos auguraban, la reducción de la desigualdad fue posible, pese a la crisis económica que se inició en 2008. De 17 países considerados por la CEPAL, el índice de Gini se redujo al menos un 1% anual en nueve casos. Entre los países que registraron los descensos más significativos se encuentran Argentina, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, todos ellos con tasas anuales de reducción del Gini superiores al 2%.

A pesar de esta reducción, los ciudadanos están convencidos de que los países son desiguales y que la mayor parte de la riqueza está concentrada en pocas manos. Además, asocian esa desigualdad a la incapacidad de los partidos y de las diversas instituciones del Estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo). Esa desigualdad percibida por los ciudadanos sobre la manera inequitativa en la que se distribuyen los bienes económicos, políticos y sociales se correlaciona con la desconfianza hacia las instituciones y los actores políticos, lo cual dificulta la salud de la democracia.

Los datos son evidentes. Para 2012, último año en el que se consiguen datos comparables para un mayor número de casos, los países donde la riqueza estaba más concentrada eran Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y República Dominicana, donde los más ricos accedían al 40% de los ingresos mientras los más pobres lo hacían entre el 11% y el 15%. En Bolivia, Costa Rica y Panamá, los más pobres acceden a niveles de ingresos similares a los de los países anteriores, pero es algo menor el porcentaje que le corresponde al decil superior. En Argentina, Ecuador, Salvador, México, Nicaragua y Perú se registran valores mayores en el extremo inferior de la distribución (un 16% o un 17%) y algo menos entre el 10% más rico (en torno al 30%). Uruguay y Venezuela son los dos casos de menor concentración del ingreso, ya que los más pobres y los más ricos consiguen acceder al 23% de los recursos en ambos extremos.

En el foro, que se ha convertido en una cita obligada para políticos, académicos, sociedad civil y funcionarios de organismos electorales e internacionales, se alertó sobre los efectos perversos de la desigualdad sobre la democracia y sobre la urgencia de atender las demandas de los sectores más desfavorecidos, como mujeres, indígenas, jóvenes o pobres. Una de las estrategias que los Gobiernos han empleado para enfrentarla ha sido implementar programas de transferencias condicionadas como Bolsa Familia en Brasil, Jefas y Jefes de Hogar en Argentina, Bono del Desarrollo Humano en Ecuador u Oportunidades en México, algunos de las cuales han sido impulsados bajo el liderazgo de políticos y Gobiernos de la nueva izquierda o lo que se ha denominado “izquierda populista”.

Si bien no es posible asociar el éxito de los programas a una determinada ideología ni programa político, ya que ni la izquierda ni la derecha han podido erradicar de manera definitiva la desigualdad, hay algunos indicios para pensar que estos programas aplicados por los Gobiernos de izquierda populista han tenido algún éxito en reducir la desigualdad. Precisamente, en algunos de esos países (Bolivia, Venezuela o Nicaragua), como se mencionaba al principio de este post, es donde más se ha reducido la desigualdad. En un trabajo publicado por el Wilson Center en 2009, se discute más en profundidad sobre el relativo éxito de los Gobiernos de izquierda en los últimos años en la región, sobre todo en un momento de expansión y crecimiento de la economía de estos países.

De los esfuerzos realizados por estos Gobiernos con políticas de transferencias condicionadas, resulta posible extraer algunas lecciones. Primero, no hay una relación automática entre crecimiento económico y reducción de la pobreza o de la desigualdad. Si bien que la economía crezca es una condición necesaria, no implica por sí misma la eliminación de la pobreza. Este dato es importante, sobre todo porque se esperan tiempos de vacas flacas en la región. Segundo, el uso continuado de transferencias monetarias o “chorreo” de dinero de manera focalizada, como se creía en la década de 1990, no implica tampoco la eliminación inmediata de la pobreza. El efecto perverso de este tipo de políticas es la de fomentar estrategias estatales basadas en redes clientelares y el de generar grandes contingentes de individuos que dependen de un subsidio para ejercer su ciudadanía.

En el foro se discutió sobre todos los condicionantes de la democracia representativa y sobre cómo regenerarla a partir de apostar por un nuevo “círculo virtuoso” (ver vídeo en canal YouTube): Estado de Derecho y elecciones de calidad; empleo y política fiscal redistributiva, como una herramienta para luchar contra la desigualdad del ingreso; regeneración de la clase política; rendición de cuentas (accountability); capacidad de respuesta (responsiveness) y educación democrática para una ciudadanía cada vez más crítica, movilizada y activa.

Los ciudadanos son cada vez más conscientes de ello. No se trata sólo de que los representantes sean elegidos democráticamente, sino también de gobernar de manera democrática y de generar respuestas concretas a las demandas ciudadanas (responsiveness). Por tanto, hay diferencias sustantivas entre el acceso y el ejercicio del poder, en la elección del tipo de política pública que se emplea para reducir la desigualdad y en las consecuencias de los estilos de liderazgo (populistas o no) que impulsan las transformaciones sociales en América Latina.