Se ha evocado de nuevo la vieja duda de Adorno cuando se preguntaba si había lugar para la poesía después de Auschwitz. Hoy debemos preguntarnos si cabe seguir predicando los ideales europeos de libertad, justicia y solidaridad después de Gaza. Es cierto que se ha escrito poesía después de que Europa asumiera -a veces a regañadientes y tarde- la magnitud de los crímenes cometidos por europeos contra judíos y contra otros europeos, durante los años del nazismo. Por fortuna, la poesía -a veces trágica- sobrevivió. Pero la huella de aquella infamia no puede borrarse ya de la historia europea: especialmente, de la de quienes la perpetraron de forma más o menos directa y la de quienes prefirieron ignorarla o silenciarla.

Sé que es muy arriesgado invocar aquellos acontecimientos para referirse ahora a lo que está ocurriendo en Gaza. Pero es un paralelo que cuesta rechazar. A conciencia de lo doloroso que pueda ser y con todos los matices exigibles en cualquier comparación histórica. La reacción tardía y timorata de las instituciones de la UE -de su Consejo y de su Comisión- ha sido demasiado evidente para que quede rápidamente atrás, como un momento incómodo de su historia. Será algo más que un episodio pasajero. Tendrá efectos duraderos, aunque sean quizás poco perceptibles e intentemos ocultarlos.

Porque todos estamos presenciando en directo la implacable acción represiva del gobierno de Israel contra la población gazatí, vulnerando los derechos humanos fundamentales de sus habitantes y las normas básicas de la legalidad internacional, incluidas las rudimentarias “leyes de la guerra”. Según sus mismos perpetradores, es una actuación destinada a acabar no solo con Hamas, sino con la presencia de los palestinos en aquel territorio, mediante su desplazamiento violento o su extinción por enfermedad y hambre. Se trata -y lamento escribirlo- de la versión actualizada de una “solución final” al conflicto que las autoridades israelíes no han sabido o no han querido gestionar de otro modo.

Recordemos que fueron estas mismas autoridades -y así lo han reconocido- quienes fomentaron y financiaron los inicios de Hamas. Pretendían desestabilizar lo que era entonces una precaria Autoridad Palestina, pero con cierta capacidad de incidencia. Los resultados perversos de aquella maniobra subterránea se han revelado dramáticamente. No solo debilitó a la Autoridad Palestina tal como se buscaba, sino que acabó haciendo también de Hamas una organización dictatorial y violenta, capaz de consumar asesinatos y secuestros tan odiosos como los de octubre de 2023.

En una reacción explicable pero absolutamente desmesurada, Israel se ha enfrentado ahora a la misma organización violenta que contribuyó a generar. La ataca con métodos feroces que poco distan de los condenados por la opinión pública europea cuando eran empleados por Hamas. Partiendo del antecedente de los asesinatos selectivos de sus dirigentes y sus familias, se ha llegado en estos últimos meses a la carnicería masiva e indiscriminada de una población a la que se ataca sin tregua ni distinción en escuelas, hospitales, mercados, centros de acogida y otros lugares de refugio. Sin dejar en pie ningún vestigio de asentamiento habitable y organizado.

Nos gusta repetir que la UE no es solo un acuerdo comercial entre mercaderes y que su identidad última se funda en los valores superiores de un complejo legado histórico, reformulado sucesivamente en una serie de tratados europeos que lo definen. En este legado figuran como componentes esenciales el respeto a la dignidad de la persona y la protección de sus derechos y libertades. La tardía y pusilánime reacción de las instituciones europeas ante la hecatombe de Gaza hace ahora muy difícil reivindicar aquella identidad y hacerla creíble. Ante la propia ciudadanía y ante la opinión pública de los pueblos de otros continentes que han tomado buena nota de esta pasividad.

¿Cabe alimentar todavía la expectativa de alguna reacción, por tardía que sea? Ya no restaurará ni reparará lo que se ha destruido en lo humano y en lo material. Tampoco servirá para rehabilitar suficientemente la reputación humanitaria de la UE. Pero podría ser indicio de que todavía subsiste algo de aquella presunta identidad europea. Lo demostraría la aplicación inmediata y contundente de sanciones económicas y comerciales -especialmente, el embargo de armas-, junto con una efectiva reclamación ante las jurisdicciones internacionales de las responsabilidades atribuibles al estado de Israel y a sus dirigentes por la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad. Son medidas requeridas para detener la matanza que contemplamos en Gaza y la deportación sistemática que se desarrolla en Cisjordania por parte del ejército de ocupación.

Se dé o no esta reacción de la UE, hay que admitir que las bases que la sustentaban han quedado seriamente dañadas en su concepción democrática original. Después de Gaza, por tanto, parece imperativo reconstruir un nuevo proyecto europeo con la ambición social, política y moral que pretendían quienes lo concibieron en aquella Europa que despertaba de la pesadilla nazi-fascista. ¿Es posible imaginar que la reacción ante esta barbarie pueda ser a medio plazo la ocasión para refundar la idea europea, dándole más contenido social y solidario? Está por ver, en todo caso, si aparecerán ahora los líderes capaces de impulsarla o habrá que esperar a otra generación.

Quienes se dedicaron durante cuatro años –partidos, poderes establecidos y medios de comunicación– a hostigar al gobierno municipal de los 'comuns' y de Ada Colau reclaman ahora a la alcaldesa de Barcelona que les resuelva una situación incómoda para sus intereses. La presunta ambigüedad en el tema nacional que le han reprochado sin tregua le es ahora valorada como un expediente útil para cerrar el paso a sus respectivos contrincantes. Paradojas de la política.

No es quizá el momento para entretenerse en reproches. Hay motivos para que los 'comuns' y Colau acepten esta instrumentación y, a su vez, intenten instrumentalizar a sus aliados de ocasión. Conservar la alcaldía y una posición sólida en el ejecutivo municipal le permitiría llevar adelante lo mejor de la obra de gobierno desarrollada en los últimos años y corregir lo pendiente por falta de tiempo o de experiencia. A la vez, mantener el protagonismo simbólico que comporta la alcaldía de la capital de Catalunya tendría ventajas innegables en más de un escenario. En el escenario local, daría mayor consistencia a un movimiento político que se encuentra todavía en fase de consolidación. Lo mismo puede decirse para el escenario español en el que “los ayuntamientos del cambio” han corrido peor suerte. Incluso en el escenario global, la presencia de Colau en la alcaldía reforzaría su reconocido papel internacional en el impulso de políticas capaces de contrarrestar las derivas reaccionarias que contemplamos en muchos países.

Sin embargo, este balance se hace bastante menos concluyente si se tiene en cuenta el contexto en que debe adoptarse una decisión que va más allá de su incidencia local, por importante que esta sea como lo es en el caso de Barcelona. Los demás jugadores relevantes en este tablero lo han dejado claro desde la misma noche electoral al señalar sus objetivos principales: para unos, impedir el acceso del independentismo al gobierno de la ciudad; para otros, convertir a Barcelona en la capital de la “república soñada”. Solo Colau, al reconocer que no había conseguido la clara victoria electoral que esperaba, señaló su preferencia por una opción de gobierno de izquierdas para dar a la mayoría progresista del electorado la respuesta que tenía derecho a esperar.

A primera vista, no parece difícil identificar objetivos programáticos compartidos por las tres fuerzas –ERC, BComú y PSC– que se sitúan a la izquierda del espectro político y que reúnen más del 61 por ciento de los votos y el 68 por ciento de los concejales. Podrían compartir un programa de gobierno con tres ejes principales: primero, impulso de los derechos ciudadanos en el ámbito de la vivienda, el espacio público, el transporte, el empleo de calidad y el acceso a los servicios básicos; segundo, defensa y mejora de la calidad ambiental en materia de gestión del agua y la energía, reducción de la contaminación y adaptación al cambio climático; tercero, prácticas de decisión basadas, por un lado, en la proximidad y, por el otro, en la imprescindible articulación de la realidad metropolitana.

Al mismo tiempo y con su propuesta de gobierno de izquierda, Colau intenta también desactivar la estéril e irritante dinámica de los dos frentes nacionalistas a la que una parte sustantiva de la ciudadanía no se ha dejado arrastrar. Promover esta desactivación trasciende la realidad barcelonesa y catalana, favoreciendo un marco de diálogo a escala estatal. Se reclama ahora a Colau y a los 'comuns' que renuncien a este objetivo, aceptando una opción que será interpretada como un reforzamiento de los frentes antedichos con el fin de conservar la alcaldía. En último término, un paso atrás en el camino por definir espacios de encuentro que a medio plazo permitan desbloquear la actual parálisis mediante una negociación inevitable.

Programa de gobierno progresista y contribución significativa a rehacer los tan invocados “puentes” para un diálogo posterior parecen argumentos de peso para contrarrestar vetos cruzados que se oponen a un gobierno de este tipo. Son vetos fundados en sendas desconfianzas: desconfianza sobre la capacidad de ERC para resistir el acoso permanente de su competidor directo –el PDeCAT puigdemontista– y desconfianza sobre la capacidad del PSC para mantener su autonomía frente a un PSOE cuya dirección se encuentra todavía en fase de consolidación. No son incógnitas menores.

Pero si se dan garantías explícitas de que estas formaciones intentarán salvaguardar su compromiso de gobierno municipal compartido frente a injerencias externas, la coalición a tres bandas es posible. Es lo que agradecería muy probablemente la mayoría ciudadana de Barcelona que se ha pronunciado claramente en favor de políticas progresistas y que desde hace tiempo reclama negociación y no enfrentamiento para encauzar el contencioso nacional. En todo caso, si se frustra este acuerdo sobre el gobierno municipal, no podrá achacarse la responsabilidad del desenlace a quienes desde el primer momento han propugnado una salida más constructiva para la ciudad y para el país.

Pocs neguen que la qüestió territorial a Espanya és un problema de difícil solució. Davant d'opinions simplificadores de la seva complexitat, la persistència històrica del problema revela que el seu origen no es pot atribuir únicament a la mala voluntat, a la desídia o la incompetència de les elits dirigents a Espanya i a Catalunya. Hi ha força o molt d'això. Però hi ha alguna cosa més i de major pes. Apareix quan s'entén la política, no com el que fan les elits de cada moment, sinó com una pràctica col·lectiva condicionada per antecedents històrics en què es combinen interessos, idees i emocions.

És en aquest pòsit acumulat sobre el qual es construeixen actituds i opinions. Així passa també pel que fa a la problemàtica posició de Catalunya a Espanya, una posició que es percep de forma molt discordant per uns i altres. Una mostra més que hi ha diferències substantives en aquestes percepcions ens la donen de nou les dades de les últimes enquestes del CIS (3191 i 3198) publicades aquestes últimes setmanes. En aquestes enquestes es pregunta una altra vegada sobre les preferències dels ciutadans respecte a l'organització territorial de l'Estat.

Les opcions que se'ls ofereixen són el retorn a un Estat més centralitzat, la conservació del model vigent, l'augment de l'autogovern de les Comunitats Autònomes (CCAA) i el reconeixement d'un dret a la independència. He agrupat les preferències recentralitzadores (‘Estat sense CCAA“ i ”CCAA amb menys autonomia’) i les preferències per una major descentralització, inclosa la independència. Al costat d'elles, se situa la posició conservadora que considera acceptable la situació actual. El gràfic adjunt mostra que la ciutadania espanyola en el seu conjunt segueix pronunciant de manera molt diferent de l'opinió expressada per la ciutadania catalana.

Gairebé un 30 per cent de l'opinió espanyola estaria per un retorn a un Estat més centralista, mentre que només hi donaria suport l'11 per cent dels catalans. Per mantenir el model actual sense canvis de cap mena, s'inclina el gruix de la ciutadania espanyola: gairebé un 40 per cent. Per contra, el model actual únicament satisfà a un 12 per cent de la ciutadania catalana. Finalment, estan per incrementar l'autogovern o per tenir la possibilitat de la independència tres quartes parts dels catalans, ja sigui ampliant la capacitat de la comunitat autònoma (30%) , ja sigui amb el reconeixement del dret a la independència (44 %). Per la seva banda, una mica menys del 25 per cent dels espanyols donaria suport a una possible ampliació de l'autogovern, incloent-hi partidaris del dret a la independència (13%) i d'una major descentralització en favor de les comunitats autònomes (10%).

És significatiu, a més, que només el 3 per cent dels catalans deixa de pronunciar-se sobre la qüestió davant d'un gairebé 10 per cent dels espanyols que es reserva la seva opinió.

El panorama que es configura presenta, per tant, una molt notable disparitat entre les majories socials a Catalunya i la resta d'Espanya. És una divergència recent? No. Es registra des de fa gairebé vint anys quan s'interroga als ciutadans espanyols i als ciutadans catalans, com ho fa el CIS periòdicament. A un observador atent de les dades, no hauria d'haver agafat per sorpresa la greu crisi del model territorial construït fa quaranta anys. I tampoc pot sorprendre ara la dificultat de trobar una sortida al carreró al qual ha conduït una acumulació d'errors de direcció política que, en lloc d'intentar canalitzar una deriva de fons, s'ha entestat a ignorar-la o en abordar-la sense respecte a la seva complexitat.

Hi ha remei al problema plantejat? Certament no a curt termini perquè els possibles canvis institucionals no solen ser capaços d'alterar de manera significativa tendències socioculturals que vénen de molt enrere. Menys efecte encara tindran aquests canvis si s'ignora la posició que l'opinió pública catalana sosté de forma clara i diferenciada respecte de la majoria de l'opinió espanyola.

A la vista de les dades, la conclusió provisional seria que poc s'avançarà si es pretén un tractament de l'assumpte que segueixi pensant en Catalunya com una peça d'un conjunt estatal més o menys uniforme. Els que creguin en la conveniència de mantenir la unitat d'aquest Estat -almenys a mitjà termini- no podran garantir-la sense donar una resposta raonablement satisfactòria a la gran majoria de Catalunya que es pronuncia clarament i repetidament per canviar la seva situació.

Pocos niegan que la cuestión territorial en España es un problema de difícil solución. Frente a opiniones simplificadoras de su complejidad, la persistencia histórica del problema revela que su origen no puede achacarse únicamente a la mala voluntad, a la desidia o a la incompetencia de las elites dirigentes en España y en Catalunya. Hay bastante o mucho de ello. Pero hay algo más y de mayor peso. Aparece cuando se entiende la política, no como lo que hacen las elites de cada momento, sino como una práctica colectiva condicionada por antecedentes históricos en los que se combinan intereses, ideas y emociones.

Es sobre este poso acumulado sobre el que se construyen actitudes y opiniones. Así ocurre también en lo que se refiere a la problemática posición de Catalunya en España, una posición que se percibe de forma muy discordante por unos y otros. Una muestra más de que hay diferencias sustantivas en estas percepciones nos la dan de nuevo los datos de las últimas encuestas del CIS (3191 y 3198) publicadas estas últimas semanas.

En dichas encuestas se pregunta otra vez sobre las preferencias de los ciudadanos sobre la organización territorial del Estado. Las opciones que se les ofrecen son el regreso a un Estado más centralizado, la conservación del modelo vigente, el aumento del autogobierno de las CCAA y el reconocimiento de un derecho a la independencia. He agrupado las preferencias recentralizadoras (“Estado sin CCAA” y “CCAA con menos autonomía”) y las preferencias por una mayor descentralización, incluida la independencia. Junto a ellas, se sitúa la posición conservadora que considera aceptable la situación actual. El gráfico adjunto muestra que la ciudadanía española en su conjunto sigue pronunciándose de manera muy diferente a la opinión expresada por la ciudadanía catalana.

Casi un 30% de la opinión española estaría por un retorno a un Estado más centralista, mientras que solo lo apoyaría el 11% de los catalanes. Por mantener el modelo actual sin cambios de ninguna clase, se inclina el grueso de la ciudadanía española: casi un 40%. Por el contrario, el modelo actual únicamente satisface a un 12% de la ciudadanía catalana. Finalmente, están por incrementar el autogobierno o por tener la posibilidad de la independencia tres cuartas partes de los catalanes, ya sea ampliando la capacidad de la comunidad autónoma (30%), ya sea con el reconocimiento del derecho a la independencia (44%). Por su parte, algo menos del 25% de los españoles apoyaría una posible ampliación del autogobierno, incluyendo partidarios del derecho a la independencia -13%- y de una mayor descentralización en favor de las comunidades autónomas -10%-.

Es significativo, además, que solo el 3% de los catalanes deja de pronunciarse sobre la cuestión frente a un casi 10% de los españoles que se reserva su opinión.

El panorama que se configura presenta, por tanto, una muy notable disparidad entre las mayorías sociales en Catalunya y el resto de España. ¿Es una divergencia reciente? No. Se registra desde hace casi veinte años cuando se interroga a los ciudadanos españoles y a los ciudadanos catalanes, como lo hace el CIS periódicamente. A un observador atento de los datos, no debería haberle cogido por sorpresa la grave crisis del modelo territorial construido hace 40 años. Y tampoco puede sorprender ahora la dificultad de encontrar una salida al callejón al que ha conducido una acumulación de errores de dirección política que, en lugar de intentar encauzar una deriva de fondo, se ha empeñado en ignorarla o en abordarla sin respeto a su complejidad.

¿Hay remedio al problema planteado? Ciertamente no a corto plazo porque los posibles cambios institucionales no suelen ser capaces de alterar de forma significativa tendencias socioculturales que vienen de muy atrás. Menos efecto todavía tendrán dichos cambios si se ignora la posición que la opinión pública catalana sostiene de forma clara y diferenciada respecto de la mayoría de la opinión española.

A la vista de los datos, la conclusión provisional sería que poco se avanzará si se pretende un tratamiento del asunto que siga pensando en Catalunya como una pieza de un conjunto estatal más o menos uniforme. Quienes crean en la conveniencia de mantener la unidad de este Estado -al menos a medio plazo- no podrán garantizarla sin dar una respuesta razonablemente satisfactoria a la gran mayoría de Catalunya que se pronuncia clara y repetidamente por cambiar su situación.

Los aficionados a la historia han señalado el paralelismo entre el 6 de octubre de 1934 y los acontecimientos de estas últimas semanas. Proclamación del Estado Catalán, suspensión de la autonomía por el Gobierno central, encarcelamiento, juicio y condena por sedición del President Companys y su gobierno. Por lo general, aquellos aficionados a la historia no llevan el paralelismo más allá y se detienen en este punto. Pero sería bueno recordar la secuencia de los hechos posteriores: gobernador militar en Cataluña, nombramiento de un Consell de la Generalitat integrado por políticos de la derecha, elecciones generales en febrero 1936 con victoria del Frente Popular en toda España y en Cataluña, amnistía inmediata para Companys y sus consellers y regreso triunfal de Companys a la presidencia de la Generalitat en marzo de 1936. Unos meses después, se producía el golpe de Estado que condujo a la guerra civil. Se nos ha dicho que la historia no suele repetirse. Entre otros motivos, porque cambian los actores y los contextos. Pero no está de más tomar algunas precauciones por si acaso.

La situación actual tiene carácter crítico, en el sentido literal del término. Puede decantarse en un sentido o en otro en función de contingencias imprevistas. Pero también depende en gran medida de las decisiones que puedan adoptarse por los actores principales. A mi juicio, se ha llegado hasta aquí porque estos actores calcularon mal sus respectivas fuerzas y entendieron equivocadamente que tenían todas las de ganar. El gobierno de Rajoy y sus apoyos se han parapetado en el arsenal jurídico-penal-policial, con legitimidad discutible para ser benévolos para con su elaboración oportunista. Y el president Puigdemont y la mayoría política que le acompaña han recurrido básicamente a la gestión de un “relato” simbólico y emocional que les favorece, pero sin cálculo razonado de lo que tenían enfrente. Por este motivo, han jugado claramente a su favor la movilización ciudadana y la violencia desmedida -incluso el ensañamiento- de las fuerzas estatales de seguridad contra personas que deseaban expresar su opinión política de manera pacífica. El destrozo producido en todos los ámbitos costará de reparar, sea cual fuere el desenlace.

¿Cabe la posibilidad de no aumentar los daños que acarrea prolongar ahora la tensión estéril de estas últimas semanas? Entiendo que la única oportunidad reside en una transacción de partida: aceptar un referéndum con garantías a cambio de la renuncia a una declaración unilateral de independencia. El referéndum con garantías figuraba entre las posibilidades barajadas por expertos juristas en los prolegómenos de este largo contencioso. Lo avalaron, entre otros, el desaparecido constitucionalista Rubio Llorente, con títulos más que sobrados -Tribunal Constitucional, Consejo de Estado- para ser escuchado. ¿Es necesaria para ello una corrección en la Ley Orgánica 2/1980 sobre el Referéndum? Hágase ya esta modificación sin más dilación. Frente a los escrúpulos literalistas de algunos, ¿por qué no utilizar la misma “imaginación jurídica” que se empleó a finales de 1980 para tratar el caso de Andalucía en contradicción con las previsiones legales del momento?

El PSOE de Sánchez tiene en estos momentos la oportunidad de encabezar la presentación de la correspondiente proposición de ley en el Congreso al frente de una mayoría parlamentaria, en el caso de que el gobierno minoritario de Rajoy no tomara la iniciativa de hacerlo por su cuenta. El PSOE dispondría probablemente de los votos de la mayoría del Congreso si persuadía a ERC de que dicho referéndum iba a contar con garantías avaladas por instancias internacionales.  Esta misma mayoría parlamentaria podría superar un veto del Senado si la decisión del Congreso no hubiera recibido el asentimiento o la abstención del Partido Popular. El resultado del referéndum daría lugar a la negociación de los gobiernos respectivos para establecer la ejecución del resultado, ya fuera la separación, ya fuera una relación renovada entre Estado y Generalitat.

Las probabilidades de una salida negociada al embrollo no son muy altas. Sin embargo, es responsabilidad de los dirigentes políticos de explorarlas a fondo cuando están en juego bienes colectivos como los que están en juego en estos momentos. No cabe duda de que los sectores más radicales en las dos orillas están presionando para romper definitivamente los vínculos existentes: los rompería la aplicación del art. 155 -aunque sea por la puerta de atrás- y los rompería la declaración unilateral de independencia. Compensar esta tensión entre extremos obliga a explorar espacios medios. Y hacerlo inmediatamente, no sin renuncias de envergadura por todas las partes. ¿Es demasiado exigir perspectiva histórica para evitar de nuevo errores de coste incalculable?

Epílogo.- Hoy, jueves 5 de octubre, parece que sí es demasiado tarde para intentar lo que proponía en el artículo del lunes. No lo es, en cambio, para recordar de nuevo la secuencia de 1934: estado de guerra (o de alarma), suspensión de la autonomía, condena por sedición y encarcelamiento del President de la Generalitat y sus consellers, elecciones generales en febrero de 1936 con victoria de la izquierda, retorno triunfal de Companys a la presidencia, etc. etc. No creo demasiado en una visión cíclica de la historia. Pero, incluso como farsa -según decía Marx- la repetición puede acarrear costes inmensos.

Els aficionats a la història han assenyalat el paral·lelisme entre el 6 d'octubre de 1934 i els esdeveniments d'aquestes últimes setmanes. Proclamació de l'Estat Català, suspensió de l'autonomia pel govern Espanyol, empresonament, judici i condemna per sedició del President Companys i el seu govern. En general, aquells aficionats a la història no porten el paral·lelisme més enllà i s'aturen en aquest punt. Però seria bo recordar la seqüència dels fets posteriors: governador militar a Catalunya, nomenament d'un Consell de la Generalitat integrat per polítics de la dreta, eleccions generals al febrer 1936 amb victòria del Front Popular a tot Espanya i a Catalunya, amnistia immediata per a Companys i els seus consellers i retorn triomfal de Companys a la presidència de la Generalitat el març de 1936. Uns mesos després, es produïa el cop d'Estat que va conduir a la guerra civil. Se'ns ha dit que la història no sol repetir-se. Entre d'altres motius, perquè canvien els actors i els contextos. Però no està de més prendre algunes precaucions per si de cas.

La situació actual té caràcter crític, en el sentit literal del terme. Pot decantar-se en un sentit o en un altre en funció de contingències imprevistes. Però també depèn en gran mesura de les decisions que es puguin adoptar pels actors principals. Al meu parer, s'ha arribat fins aquí perquè aquests actors van calcular malament les seves respectives forces i van entendre equivocadament que tenien totes les de guanyar. El govern de Rajoy i els seus suports s'han parapetat en l'arsenal jurídic-penal-policial, amb legitimitat discutible per ser benèvols envers la seva elaboració oportunista. I el president Puigdemont i la majoria política que l'acompanya han recorregut bàsicament a la gestió d'un “relat” simbòlic i emocional que els afavoreix, però sense càlcul raonat del que tenien davant. Per aquest motiu, han jugat clarament a favor seu la mobilització ciutadana i la violència desmesurada -fins i tot l’acarnissament- de les forces estatals de seguretat contra persones que desitjaven expressar la seva opinió política de manera pacífica. La destrossa produïda en tots els àmbits costarà de reparar, sigui quin sigui el desenllaç.

¿Hi ha la possibilitat de no augmentar els danys que ocasiona perllongar ara la tensió estèril d'aquestes últimes setmanes? Entenc que l'única oportunitat resideix en una transacció de partida: acceptar un referèndum amb garanties a canvi de la renúncia a una declaració unilateral d'independència. El referèndum amb garanties figurava entre les possibilitats estudiades per experts juristes en els prolegòmens d'aquest llarg contenciós. El van avalar, entre d'altres, el desaparegut constitucionalista Rubio Llorente, amb títols més que sobrats -Tribunal Constitucional, Consell d'Estat- per a ser escoltat. És necessària per a això una correcció en la Llei Orgànica 2/1980 sobre el Referèndum? Feu ja aquesta modificació sense més dilació. Davant dels escrúpols literalistes d'alguns, per què no utilitzar la mateixa “imaginació jurídica” que es va emprar a finals de 1980 per tractar el cas d'Andalusia en contradicció amb les previsions legals del moment?

El PSOE de Sánchez té a hores d'ara l'oportunitat d'encapçalar la presentació de la corresponent proposició de llei al Congrés al capdavant d'una majoria parlamentària, en el cas que el govern minoritari de Rajoy no prengués la iniciativa de fer-ho pel seu compte. El PSOE disposaria probablement dels vots de la majoria del Congrés si persuadís a ERC que aquest referèndum comptaria amb garanties avalades per instàncies internacionals. Aquesta mateixa majoria parlamentària podria superar un veto del Senat si la decisió del Congrés no hagués rebut l'assentiment o l'abstenció del Partit Popular. El resultat del referèndum donaria lloc a la negociació dels governs respectius per establir l'execució del resultat, ja fos la separació, ja fos una relació renovada entre Estat i Generalitat.

Les probabilitats d'una sortida negociada a l'embolic no són molt altes. No obstant això, és responsabilitat dels dirigents polítics de explorar-les a fons quan estan en joc béns col·lectius com els que estan en joc en aquests moments. No hi ha dubte que els sectors més radicals en les dues ribes estan pressionant per trencar definitivament els vincles existents: els trencaria l'aplicació de l'art. 155 -encara que sigui per la porta del darrera- i els trencaria la declaració unilateral d'independència. Compensar aquesta tensió entre extrems obliga a explorar espais intermitjos. I fer-ho immediatament, no sense renúncies d'envergadura per totes les parts. És massa exigir perspectiva històrica per evitar de nou errors de cost incalculable?

Epíleg.- Avui, dijous 5 d'octubre, sembla que sí és massa tard per intentar el que proposava en l'article de dilluns. No ho és, en canvi, per recordar de nou la seqüència de 1934: estat de guerra (o d'alarma), suspensió de l'autonomia, condemna per sedició i empresonament del president de la Generalitat i els seus consellers, eleccions generals al febrer de 1936 amb victòria de l'esquerra, retorn triomfal de Companys a la presidència, etc. etc. No crec massa en una visió cíclica de la història. Però, fins i tot com a farsa -segons deia Marx la repetició pot comportar costos immensos.

Maragall va abandonar l’escenari polític ja fa una dècada. No va ser una sortida fàcil després de seixanta anys de presència activa com a oponent a la dictadura primer i, després, com a actor rellevant durant quaranta anys. Maragall no ha passat mai desapercebut. Va desvetllar grans adhesions, recels significats i oposicions irreductibles. Cinc assaigs d’un llibre col·lectiu (Pasqual Maragall: Pensament i acció. RBA, Barcelona 2017) s’apropen ara al personatge a través dels seus textos i de les seves actuacions. Si fem cas de la presumpta afirmació de Txu En Lai quan deia que cent-cinquanta anys eren pocs per valorar l’impacte de la Revolució francesa en la història del món, probablement ens falta perspectiva per ponderar la influència de Maragall sobre el seu entorn i, fins i tot, més enllà. Però és possible -i cal fer-ho- un primer inventari de les seves reflexions expressades en documents públics i notes privades, contrastant-les amb les decisions adoptades com alcalde de Barcelona i president de la Generalitat.

Aquest inventari no és un exercici fàcil. Per l’abundància de material i per la diversitat dels temes. Els autors del llibre ens ofereixen les seves visions de Maragall qualificant-lo de “polièdric, heterodox, antidogmàtic, inclassificable, extemporani, complex, etc.”. Però reconeixen que no poden titllar-lo de contradictori, ni d'inconseqüent. Perquè reflexions i actuacions -amb èxit i resultat desigual- són del tot consistents, tal com acredita la seva fama de tenaç i tossut en les seves idees i projectes.

El llibre defineix la seva visió de la política com a canvi (Fuster-Sobrepere), exposa la amplitud conceptual de la seva idea de “ciutat” que desborda de molt el municipalisme (Nel.lo), el doble sentit de la seva ’“acció catalana” com a revisió del catalanisme (Bellmunt) o les aliances socials i cíviques que articulen les polítiques públiques que empeny (Brugué). Els Jocs Olímpics apareixen, no com esdeveniment, sinó com a metàfora d’una llarga trajectòria política. En les seves realitzacions hi ha hagut llums i ombres, però és innegable la coherència entre reflexions i iniciatives, tal com es deriva de la lectura dels seus textos originals.

Ha estat un tòpic afirmar que Maragall no encaixa en l’estereotip del polític professional. La lectura del llibre ho confirma. Almenys, en dos aspectes que ressaltaven dos observadors qualificats que van fer política professional i van intentar analitzar-la. Em refereixo a Manuel Azaña i -una mica abans- Marc Tul.li Ciceró.

Segons Azaña, “nada estrecha tanto la mente, apaga la imaginación y esteriliza el espíritu como la política activa y el gobierno. Quiero decir que (en esta actividad) la capacidad del espíritu no se ensancha, ni se ahonda, ni se mejora...”. (Memorias de Guerra (1936-39), vol. II, p. 128. Barcelona, 1978). Una afirmació categòrica -molt pròpia del seu autor- prou justificada quan considerem el ritme embogit de la política activa, la visió a curt termini que la presideix i el sectarisme i la parcialitat que solen dominar-la. ¿Podem atribuir aquest tret a Maragall? Crec que no, si fem cas del llibre. La seva trajectòria demostra una interacció permanent entre idees i polítiques. En contra del que Azaña afirma, Maragall s’esforça per aprofundir, eixamplar i millorar la seva perspectiva sobre els problemes que detecta i que intenta resoldre. En el seu cas, la política activa i la responsabilitat de govern no esterilitzen la disposició reflexiva. Al contrari. L’estimulen.

Per exemple, en el seu tractament de les polítiques de ciutat, en la seva intenció de transcendir les insuficiències del format-partit, en el seu projecte de resoldre l’articulació territorial de les Espanyes, en la seva confiança en la coalició entre actors públics i privats per superar les insuficiències d’un estatalisme que considera esgotat, etc.

L’obra política de Maragall ha estat considerable i positiva. Però se li pot retreure que potser ha intentat fer més del que podia abastar. És cert. No per ambició personal, sinó perquè sabia que allò que desitjava pels qui tenia més a prop -és a dir, més llibertat i més igualtat- era indestriable del que necessitava la gent de tot arreu. “Un home ha d’aconseguir més del que té al seu abast. I si no ho fes, ¿per què tenim el cel?” (Browning). En un context global en la que la democràcia i la justícia xoquen amb obstacles enormes, calia “pensar el que encara no existeix, però que és possible i és millor” (Maragall). Una altra forma d’expressar que “un altre món és possible” i que -tot i les errades i les barreres- “sí que es pot”.

“Reconstruir la ciutat” potser seria el lema general de la seva trajectòria. Però no d’una ciutat concreta -la Barcelona que va redefinir i liderar com alcalde- sinó la ciutat com a “polis”, com a comunitat democràtica que des de finals del XX reclama una reconstrucció. Perquè és amenaçada per un sistema econòmic que desgasta els valors de cooperació i solidaritat, indispensables si volem evitar la seva desintegració social. Una “polis” en la que les estructures actuals revelen la seva obsolescència i exigeixen la seva rehabilitació o fins i tot la seva substitució. Maragall va anar aprofundint en aquesta reflexió i no en solitari. Se sent -escriu- “caixa de ressonància de moltes veus”. Amb les antenes obertes a pràctiques noves. Sense refugiar-se en el conformisme ni en l’arrogància del que dictamina el que “ara toca” i “ara no toca”. Confiant en el concurs d’una ciutadania de la que espera iniciatives socials i econòmiques renovadores. La reflexió incessant de Maragall desmenteix Azaña.

Però el personatge també trenca amb un altre tret atribuït als polítics professionals. Fa més de dos mil anys, escrivia Ciceró que “les amistats autèntiques són molt difícils de trobar entre els qui dediquen el seu temps a la vida política. N’has trobat algun que s’estimi més la promoció d’un amic que la seva pròpia? O n’hi ha algun que es mantingui fidel als seus amics quan aquests cauen en desgràcia?” (Lel.li o de l’amistat, 64). Ciceró no nega la possibilitat d’un cas. Però ho considera rar. Maragall seria una d’aquestes rareses.

En el llibre que comento, apareix la seva fidelitat a vincles d’amistat que considera superiors a les exigències tàctiques de la política. Ho manifesta en la confiança dipositada en aquells amb qui va ha coincidit durant la seva política. Una confiança de vegades ingènua que no sempre va ser corresposta. Amb una actitud de franquesa infreqüent, adoptada sovint amb una naturalitat desconcertant. Poc comprensible en un entorn polític i mediàtic on predomina una desconfiança sistemàtica, no sols davant dels adversaris, sinó especialment davant de socis i col·laboradors.

El Maragall que es perfila en el llibre exposa idees que semblen emergir novament en allò que algú ha qualificat d’un “neomaragallisme crític”, on ressonen la seva aposta per la proximitat municipal des d’on es pot impulsar el canvi d’institucions i pràctiques inadequades en un món en transformació econòmica, social i cultural des de finals del segle passat. Què passaria si aquesta recuperació d’idees fos acompanyada per la incorporació de les actituds de Maragall que desmentien les observacions critiques d’Azaña i de Ciceró?

Maragall abandonó la escena política hace una década. No fue una salida fácil, tras 60 años de presencia activa como opositor a la dictadura, primero, y como actor de primera fila durante 40 años. Maragall no ha pasado desapercibido. Suscitó grandes adhesiones, ocultas sospechas e irreductibles oposiciones.

Cinco ensayos de un libro colectivo (Pasqual Maragall: Pensament i acció. RBA, Barcelona 2017) se aproxima ahora al personaje a través de sus textos y de sus actuaciones. Si atendemos a la presunta afirmación de Chu En Lai de que 150 años era poco tiempo para valorar el impacto de la Revolución Francesa en la historia mundial, probablemente falte perspectiva para ponderar la influencia de Maragall en su país. Pero sí parece posible un primer inventario de sus reflexiones -expresadas en documentos públicos y en notas privadas-, contrastadas con las decisiones que adoptó como alcalde de Barcelona y como presidente de la Generalitat de Catalunya.

El inventario en cuestión no es ejercicio fácil. Por la abundancia de material y por la variedad de sus facetas. Los autores del libro colectivo nos ofrecen sus visiones de Maragall al que califican de “poliédrico, heterodoxo, inclasificable, antidogmático, complejo, extemporáneo”, etc. Pero reconocen que no pueden tildarlo de contradictorio ni de inconsecuente. Porque reflexiones y actuaciones -con éxito y resultado desigual- son consistentes en grado sumo, hasta ganarle la fama de tenaz y testarudo en sus ideas y propósitos.

Se describen en el libro una visión de la política como cambio (Fuster-Sobrepere), la amplitud conceptual de su idea de “ciudad” (Nel.lo) que desborda el municipalismo, la proyección “ibérica” y “europea” de su catalanismo (Bellmunt) o las alianzas sociales y cívicas que articulan sus políticas públicas (Brugué). La realización de sus objetivos ha tenido luces y sombras, pero es innegable la coherencia entre reflexiones e iniciativas que se desprende de la relectura de sus textos originales.

Ha sido un lugar común afirmar que Maragall no encaja en el estereotipo del político que suele atribuirse a los actores de la cosa pública. La lectura del libro lo confirma. Por lo menos en dos aspectos que resaltaron dos observadores cualificados porque practicaron la política e intentaron analizarla. Me refiero a Manuel Azaña y a Marco Tulio Cicerón.

Azaña escribió lo siguiente: “Nada estrecha tanto la mente, apaga la imaginación y esteriliza el espíritu como la política activa y el gobierno. Quiero decir que (en esta actividad) la capacidad del espíritu no se ensancha, ni se ahonda, ni se mejora...”. (Memorias de Guerra (1936-39), vol. II, p. 128. Barcelona, 1978). Una afirmación no desencaminada teniendo en cuenta el ritmo frenético de la política activa, la visión a corto plazo que la preside y el sectarismo y la parcialidad que suelen dominarla.

¿Puede atribuirse este rasgo a Maragall? Creo que no, si atendemos a la lectura del libro. Su trayectoria es una interacción constante entre ideas y políticas. En contra de lo afirmado por Azaña, se esfuerza por profundizar, ensanchar y mejorar su perspectiva sobre problemas que detecta y que intenta resolver. En su caso, la política activa y la responsabilidad de gobierno no esterilizan la disposición reflexiva. Al contrario. La estimulan, por ejemplo, en el tratamiento de las políticas de ciudad, en su proyecto de trascender las insuficiencias de los partidos, en su intento de resolver la pendiente articulación territorial de las Españas, en su confianza en la coalición entre actores públicos y privados para superar las insuficiencias de un estatalismo que considera agotado, etc.

La obra política de Maragall ha sido considerable y positiva. Pero quizá ha intentado más de lo que tenía a su alcance. No por ambición personal, sino porque era consciente de que lo que deseaba para quién tenía más cerca -más libertad y más igualdad- era indisociable de lo que era necesario para la gente de todo el mundo. “Un hombre debe conseguir más de lo que tiene a su alcance. Y si no lo hiciera, ¿para qué está el cielo?” (Browning). En un contexto global en la que la democracia y la justicia chocan con enormes obstáculos, se imponía “pensar lo que no existe todavía, pero que es posible y es mejor” (Maragall). Otra manera de expresar que “otro mundo es posible” y que -pese a errores y obstáculos- “sí se puede”.

“Reconstruir la ciudad” sería tal vez el lema de esta trayectoria. Pero no de una ciudad concreta -la Barcelona cuya redefinición lideró como alcalde- sino la ciudad entendida como polis, como comunidad política democrática que desde finales del siglo XX está reclamando una reconstrucción. Porque está amenazada por un sistema económico que corroe los valores de cooperación y comunidad, indispensables si deseamos evitar su desintegración social. Una polis en la que las actuales estructuras de intervención política dejan a la vista su obsolescencia y reclaman su rehabilitación o incluso su sustitución.

Maragall fue profundizando en esta reflexión y no en solitario. Se siente “caja de resonancia de muchas voces”. Con las antenas abiertas a prácticas nuevas. Sin la arrogancia de dictaminar en solitario y confiando en el concurso de una ciudadanía comprometida de la que espera iniciativas sociales y económicas renovadoras.

La reflexión permanente de Maragall desmiente a Azaña. Pero el personaje rompe también con otro rasgo atribuido a los políticos profesionales. Hace más de dos mil años, escribió Cicerón que “las amistades auténticas son muy difíciles de encontrar entre quienes dedican su tiempo a la vida política. ¿Has encontrado a alguno de ellos que anteponga la promoción de un amigo a la suya? ¿O hay alguno que se mantenga fiel a sus amigos cuando les afectan calamidades?” (Lelio o sobre la amistad, 64).

Cicerón no niega que se den algunos casos. Pero los considera raros. Maragall sería una de estas rarezas. En el libro que comento, se subraya su fidelidad a vínculos de amistad que ha considerado superiores a las exigencias tácticas de la política. Se trata de una fidelidad manifestada también en la confianza depositada en quienes coincidió durante su vida política. Una confianza a veces ingenua que no siempre encontró correspondencia. Con una actitud de franqueza poco frecuente, adoptada a veces con naturalidad desconcertante. Difícilmente comprensible para un entorno político y mediático fundado en la desconfianza sistemática, no solo ante los adversarios, sino muy especialmente ante los socios y colaboradores.

El Maragall que se desprende de la lectura del libro expone ideas que parecen asomar a veces en lo que alguien ha calificado recientemente de un “neomaragallismo crítico” donde resuenan su apuesta por la proximidad municipal y su urgencia por cambiar instituciones y políticas inadecuadas para un mundo en profunda transformación económica, social y cultural desde finales del pasado siglo. ¿Qué ocurriría si a esta recuperación de ideas se sumara igualmente la incorporación de algunas actitudes de Maragall que desmentían las observaciones de Azaña y Cicerón?

L'independentisme segueix encara sense comptar per ara amb els recursos suficients per consolidar el seu projecte. I no només en l'escenari europeu i internacional. També en l'àmbit intern.

Les eleccions del 20-D a Catalunya representaran una nova prova d'esforç per al projecte independentista. Els resultats electorals donaran una senyal més sobre la consistència i la viabilitat del projecte. Probablement una senyal que es prestarà a diverses interpretacions. Per aquest motiu és bo examinar també altres indicis sobre la fortalesa de l'obstinació. Perquè cal interrogar-se sobre la capacitat per calibrar aquesta fortalesa per part dels que condueixen el projecte. Ens val per a això el símil del treball d'arquitectes i enginyers, que compta sempre amb una persona que assumeix la funció de calculista d'estructures. Li correspon establir a priori si una determinada estructura podrà sostenir-se a partir dels recursos disponibles i de les condicions del seu context. Si no calcula adequadament les forces en tensió i no sap com compensar-les, la construcció projectada pot enfonsar-se.

Una cosa semblant es produeix en el desenvolupament d'un projecte polític. El bon polític s'assembla al calculista d'estructures. D'estimar la potència dels recursos de què disposa i les pressions contràries dels seus adversaris. El dirigent que s'enganya respecte a les seves forces i les dels seus opositors prepara l'esfondrament del seu propi projecte.

Són realistes els càlculs del programa independentista? Sense ignorar la importància de les grans mobilitzacions ciutadanes i d'uns resultats electorals sense precedents, considero que l'independentisme segueix encara sense comptar amb els recursos suficients per consolidar el seu projecte. I no només en l'escenari europeu i internacional. També en l'àmbit intern.

Em serveixen d'argument dades recents sobre els desitjos i les expectatives dels ciutadans sobre el Procés. Apareixen en opinions expressades després de conèixer-se els resultats de les eleccions catalanes del 27 de setembre. S'inclouen en una enquesta postelectoral de l'ICPS-UAB que se suma a la llarga i acreditada sèrie desenvolupada per aquest centre universitari de recerca.

Com es reparteixen els desitjos dels catalans sobre el procés? Desitgen abandonar-lo el 16 per cent dels enquestats. Aspiren a que culmini amb la independència catalana el 34 per cent. Però prefereixen que conclogui amb un acord per aconseguir més autogovern el 45 per cent dels interrogats. L'aspiració al pacte negociat se situa, doncs, per davant de les dues opcions més radicals.

L'enquesta desglossa aquests resultats entre els votants de les formacions que van concórrer a les eleccions del 27-S. Els electors de JuntsxSi i de la CUP aspiren a la independència en gairebé un 80 per cent. Però -dada cridanera- un 20 per cent de JuntsxSi i un 15 per cent de la CUP prefereixen la negociació. A l'altre pol, la majoria dels electors del PP -un 60 per cent- desitgen l'abandonament del procés, encara que el 40 per cent restant propugna també la negociació. Els votants de les altres forces polítiques es pronuncien clara i majoritàriament per la negociació, inclosos els electors de Ciutadans.

Però més significatives són les dades sobre previsions. Al marge dels seus desitjos, ¿com creuen els ciutadans que acabarà el procés? El 17 per cent de la mostra augura que el procés conduirà a la independència de Catalunya. El 21 per cent pronostica l'abandonament del procés. Finalment, un 46 per cent prediu que el desenllaç serà una negociació amb Espanya. Gairebé un 15 per cent de la mostra no s'atreveix a formular un pronòstic.

Com es reparteixen aquestes previsions entre els votants de cada força política? A JuntsxSí, Ciutadans, PSC, CSQP i UDC, els votants pronostiquen majoritàriament que el procés acabarà en negociació. També preveuen un resultat negociat la majoria dels electors de la CUP, encara que amb escàs avantatge sobre els que auguren la independència. Només els electors del PP creuen que s'abandonarà el procés, però a poca diferència dels qui pronostiquen la negociació.

És suggerent aquesta comparació entre desitjos i previsions. L'aspiració a la independència, no només no aconsegueix el suport de la majoria social reforçada requerida per una empresa de tanta envergadura, sinó que tampoc és assistida per una sòlida convicció sobre la seva possibilitat. I és cridaner constatar que els votants de tots els partits consideren que la negociació serà la sortida més probable. Són xifres poc encoratjadores per als promotors de la desconnexió a termini fix. Són xifres que obliguen a preguntar-se si no hi ha errors de càlcul en calibrar les forces disponibles per sostenir un projecte tan imponent com és el de la independència.

En paral·lel, és inevitable preguntar-se si aquesta aspiració majoritària a la negociació que es dóna en l'opinió catalana troba correspondència en les majories socials i polítiques que han de decantar-se a Espanya després de les eleccions del 20-D. Alguna cosa es mourà en el paisatge polític espanyol després dels comicis. Pot ser un primer pas, encara que sigui insuficient per obrir la porta a una negociació immediata com la que s'espera des de Catalunya. De tancar-se, en canvi, la possibilitat d'avançar per aquest camí convertint les expectatives catalanes en il·lusió inabastable, el Procés seguirà alimentant-se amb nous desenganys.

El independentismo sigue todavía sin contar por ahora con los recursos suficientes para consolidar su proyecto. Y no solo en el escenario europeo e internacional. También en el ámbito interno.

Las elecciones del 20-D en Catalunya representarán una nueva prueba de esfuerzo para el proyecto independentista. Los resultados electorales darán una señal más sobre la consistencia y la viabilidad del proyecto. Probablemente una señal que se prestará a diversas interpretaciones. Por este motivo es bueno examinar también otros indicios sobre la fortaleza del empeño. Porque cabe interrogarse sobre la capacidad para calibrar dicha fortaleza por parte de quienes conducen el proyecto. Vale para ello el símil del trabajo de arquitectos e ingenieros. Cuentan siempre con quien asume la función de calculista de estructuras. Le corresponde establecer a priori si una determinada estructura podrá sostenerse a partir de los recursos disponibles y de las condiciones de su contexto. Si no calcula adecuadamente las fuerzas en tensión y no sabe cómo compensarlas, la construcción proyectada puede venirse abajo.

Algo parecido se produce en el desarrollo de un proyecto político. El buen político se asemeja al calculista de estructuras. Debe estimar la potencia de los recursos de que dispone y las presiones contrarias de sus adversarios. El dirigente que se engaña respecto de sus fuerzas y de las de sus opositores prepara el derrumbamiento de su propio proyecto.

¿Son realistas los cálculos del programa independentista? Sin ignorar la importancia de las grandes movilizaciones ciudadanas y de unos resultados electorales sin precedentes, considero que el independentismo sigue todavía sin contar por ahora con los recursos suficientes para consolidar su proyecto. Y no solo en el escenario europeo e internacional. También en el ámbito interno.

Me sirven de argumento datos recientes sobre los deseos y las expectativas de los ciudadanos sobre el procés. Aparecen en opiniones expresadas después de conocer los resultados de las elecciones catalanas del 27 de setiembre. Se incluyen en una encuesta post-electoral del ICPS-UAB. que se suma a la larga y acreditada serie desarrollada por este centro universitario de investigación.

¿Cómo se reparten los deseos de los catalanes sobre el proceso? Desean su abandono el 16 por ciento de los encuestados. Aspiran a que culmine con la independencia catalana el 34 por ciento. Pero prefieren que concluya con un acuerdo para conseguir más autogobierno el 45 por ciento de los interrogados. La aspiración al pacto negociado se sitúa, pues, por delante de las dos opciones más radicales.

La encuesta desglosa estos resultados entre los votantes de las formaciones que concurrieron a las elecciones del 27-S. Los electores de JuntsxSi y de la CUP aspiran a la independencia en casi un 80 por ciento. Pero –dato llamativo- un 20 por ciento de JuntsxSi y un 15 por ciento de la CUP prefieren la negociación. En el otro polo, la mayoría de los electores del PP –un 60 por ciento- desean el abandono del proceso, aunque el 40 por ciento restante propugna también la negociación. Los votantes de las demás fuerzas políticas se pronuncian clara y mayoritariamente por la negociación, incluidos los electores de Ciudadanos.

Pero más significativos son los datos sobre previsiones. Al margen de sus deseos, ¿cómo creen los ciudadanos que terminará el proceso? El 17 por ciento de la muestra augura que el proceso conducirá a la independencia de Catalunya. El 21 por ciento pronostica el abandono del proceso. Finalmente, un 46 por ciento predice que el desenlace será una negociación con España. Casi un 15 por ciento de la muestra no se atreve a formular un pronóstico.

¿Cómo se reparten estas previsiones entre los votantes de cada fuerza política? En JuntsxSí, Ciudadanos, PSC, CSQP y UDC, los votantes pronostican mayoritariamente que el proceso acabará en negociación. También prevén un resultado negociado la mayoría de los electores de la CUP aunque con escasa ventaja sobre quienes auguran la independencia. Solo los electores del PP creen que se abandonará el proceso, pero a poca diferencia de quienes pronostican la negociación.  

Es sugerente esta comparación entre deseos y previsiones. La aspiración a la independencia, no solo no consigue el apoyo de la mayoría social reforzada requerida por una empresa de tanta envergadura, sino que tampoco es asistida por una sólida convicción sobre su posibilidad. Y es llamativo constatar que los votantes de todos los partidos consideran que la negociación será la salida más probable. Son cifras poco alentadoras para los promotores de la desconexión a plazo fijo. Son cifras que obligan a preguntarse si no hay errores de cálculo al calibrar las fuerzas disponibles para sostener un proyecto tan imponente como es el de la independencia.

En paralelo, es inevitable preguntarse si esta aspiración mayoritaria a la negociación que se da en la opinión catalana encuentra correspondencia en las mayorías sociales y políticas que han de decantarse en España después de las elecciones del 20-D. Algo va a moverse en el paisaje político español después de los comicios. Puede ser un primer paso, aunque sea insuficiente para abrir la puerta a una negociación inmediata como la que se espera desde Catalunya. De cerrarse, en cambio, la posibilidad de avanzar por dicho camino convirtiendo las expectativas catalanas en ilusión inalcanzable, el procés seguirá alimentándose con nuevos desengaños.

"Catalunya Sí que es Pot es una opción que sostiene de forma coherente los tres objetivos esenciales de una visión transformadora de nuestra sociedad", asegura Josep M. Vallès, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona y conseller de Justicia durante el primer tripartito con Pasqual Maragall

Para quienes provienen de la tradición catalana de izquierdas, no es fácil la decisión sobre qué votar el próximo 27 de septiembre. Es innegable que estamos ante una cita electoral particularmente compleja y transcendente. Lo es no solo por lo que se ventila para Catalunya y también para España. Lo es sobre todo porque forma parte de una competición que desborda el ámbito peninsular y que se juega simultáneamente en tres tableros.

¿De qué tableros se trata? El primero es el que enfrenta alternativas de proyecto económico: entre quienes piensan que –tras la aparente superación de la crisis- será posible regresar a una situación parecida a la que la precedió y quienes sostienen que estamos entrando en una etapa en la que no valdrán recetas de un tiempo pasado cuando dominó un capitalismo de efectos mitigados por ciertos controles públicos. El segundo tablero de juego es el que contrapone a los satisfechos con una democracia representativa más o menos regenerada y quienes intentan explorar nuevos mecanismos de decisión colectiva que no sacrifiquen tan a menudo los valores de igualdad y justicia propios del ideal democrático. Finalmente, el último campo de juego es que distingue a los “soberanistas” utópicos y recalcitrantes –tanto los de las naciones con estado como los de las naciones sin estado- y quienes desean restar protagonismo a todo poder estatal en beneficio de comunidades políticas que se autogobiernen en todo lo que esté a su alcance y colaboren entre ellas en todo lo demás y en beneficio de sus ciudadanos.

Estas son las tres batallas simultáneas que –de una forma o de otra- se están ventilando a escala europea. Y lo harán en Catalunya el 27 de setiembre. De ahí que no sea una jornada para “el vot de la teva vida”, ni tampoco sea la apoteosis de la “lucha final”. Será un episodio más en un cambio de ciclo histórico, turbulento y de incierto final, como otros que la humanidad ha experimentado a lo largo de los siglos. En ninguno de los tres tableros se producirá una victoria clara y definitiva de unos sobre otros. En realidad, estaremos ante una escaramuza parcial en una confrontación en la que Catalunya es un escenario más. Con ello no quito importancia a los resultados de esta convocatoria electoral. No serán insignificantes. Hay que asumirlos con gran responsabilidad porque constituirán un paso más en la evolución del equilibrio entre las fuerzas que he descrito, aunque no vayan a decantarlo de modo definitivo en ninguna de las tres dimensiones del conflicto.

En este contexto político-electoral, ¿cómo pueden situarse los catalanes que aspiran a la vez a un cambio de modelo socioeconómico, a una radicalización del proyecto democrático y a una redistribución territorial del poder que no acepta la “pseudo-soberanía” de unos y otros? En primer lugar, conviene tener en cuenta que los tres objetivos son irrenunciables e indisolubles si se quiere progresar en el respeto a la dignidad y a la igualdad de todas las personas. No hay argumento decisivo que permita aplazar alguno de dichos objetivos en beneficio de otro, porque la renuncia a uno de ellos va en detrimento de los demás. En segundo lugar, está claro que tales objetivos requieren bastante tiempo para reforzar su valor ante la conciencia ciudadana y para encontrar los mecanismos –electorales y no electorales- que permitan movilizarla. Finalmente, hay que considerar que un empeño tan ambicioso y de tan larga duración reclama la máxima acumulación de recursos y capacidades en lugar de fragmentarlas aunque sea por razón de legítimos matices.

Estas son las coordenadas que me llevan a dar mi apoyo electoral a Catalunya Sí que es Pot. Es una opción que sostiene de forma coherente los tres objetivos esenciales de una visión transformadora de nuestra sociedad. Se propone trabajar en el robustecimiento de una ciudadanía activa y comprometida. Y, finalmente, opta por sumar capacidades, intentando integrarlas más allá de fronteras apriorísticas de cualquier clase. Ya sé que no hay oferta electoral impecable. Todas –también la que prefiero en esta ocasión- presentan defectos en su discurso, en su táctica o en las figuras que las representan. Pero pienso que Catalunya Sí que es Pot posee dos ventajas sobre las demás. Es más coherente cuando defiende sin jerarquía entre ellos los tres objetivos indispensables para una propuesta socialmente transformadora. Y es la que posee más perspectiva de desarrollo futuro –en su forma actual o en otras formas-, sea cual sea el resultado de la etapa que se cerrará el 27. Porque no estamos ante una carrera de velocidad para los Usain Bolt de la política, sino ante una larga marcha de resistencia que nos tocará recorrer durante bastante tiempo. En Catalunya, en España y en Europa.

Amb el projecte de llei de caixes i fundacions bancàries en tràmit parlamentari, assistim a l'acte final d'un procés: l'extirpació de l'anomalia insuportable que significaven les caixes per al sistema financer internacional. O per als mercats, si es prefereix un llenguatge més canònic. La desaparició de les caixes és una victòria per als defensors d'un capitalisme financer que ha aconseguit conduir l'economia productiva a un estat de prostració de molt incert pronòstic.

Fa uns mesos em vaig permetre qualificar aquest dolorós procés d'eliminació com la “desamortització del segle XXI”, amb resultats favorables per a uns pocs i perjudicials per a l'interès general. Però cal assenyalar que aquest procés ha tingut força de suïcidi assistit. És ben sabut que les caixes d'estalvis estaven sotmeses des de feia temps a la deslegitimació pública i l'assetjament institucional per part d'actors financers molt influents en les instàncies europees. En aquesta operació d'assetjament i enderrocament, però, va comptar amb l'eficaç auxili intern de dirigents polítics i de professionals financers. Alguns responsables polítics les van conduir cap a un clientelisme modern del que es van aprofitar especialment promotors immobiliaris i constructors. No només a escala autonòmica com s'ha repetit fins a la sacietat. També a escala estatal, tal com ha revelat meridianament el fulgurant ascens i l'estrepitosa caiguda de CajaMadrid.

A aquest clientelisme -de diferent abast i quantia- van contribuir-hi també una part decisiva dels executius professionals que dirigien algunes caixes. Van menystenir la funció social d'aquestes entitats i van intentar imitar pautes d'actuació -incloses les dels seus quantioses retribucions- pròpies dels competidors financers que anhelaven la seva desaparició.

En aquest procés d'autodestrucció no cal oblidar el paper del regulador. Hi va haver responsabilitats per falta de control en els polítics dels respectius governs. Però ha quedat igualment de manifest el paper negatiu del presumpte regulador independent -el Banc d'Espanya- al qual s'atribuïa tradicionalment un implacable i eficaç sistema d'inspecció, incrustat en les mateixes entitats. El fet és que aquest sistema no va poder o no va voler controlar les pulsions autodestructives de les caixes i va permetre que persistissin fins a la seva letal consumació. Em pregunto si aquest episodi pot ser també una lliçó interessant per als qui segueixen proclamant la superioritat incontestable d'aquests òrgans de regulació i de control, alliberats de les responsabilitats democràtiques.

Autodestrucció, eutanàsia o suïcidi assistit, el resultat és ja irreversible.

El paisatge financer del país ha donat un tomb. I no precisament en benefici dels que han acabat pagant la factura del dany causat: contribuents en general, honestes iniciatives benèfiques i culturals que rebien el suport de les caixes, petites o mitjanes empreses locals solvents que obtenien la seva assistència financera i constituïen teixit productiu i social.

El dany és, doncs, profund i durador. No només pel cost immediat de les injeccions de diners públics per mantenir provisionalment unes entitats que seran lliurades als mercats. També perquè s'assumirà a mitjà i llarg termini un important cost quan es comprovi que la funció social de les caixes -encara lesionada de vegades per decisions arbitràries- no trobarà ara substitució en unes administracions públiques sotmeses a severíssimes cures d'aprimament per satisfer també als insaciables mercats. I molt menys trobarà compensació en les entitats financeres privades que es faran amb els residus de les seves extintes competidores.

En aquest episodi final d'una lamentable història, Brussel·les i l'anomenada troica -un poder sense rostre tan ominós i amenaçador com el de les novel·les de Lovecraft- han exigit la rendició incondicional dels últims i comptats defensors de la cultura social de les caixes. Segons sembla, per la troica la submissió al model mercantil ha de ser total i absoluta, sense possibilitat de protegir un petit reducte de control ciutadà i aplicació social dels seus beneficis. Els pronòstics són clarament negatius per als últims resistents en aquesta batalla sense quarter.

Podria haver estat d'una altra manera? Els contrafactuals històrics són sempre arriscats. Però caldria preguntar ingènuament per què no es va procurar mobilitzar el suport ciutadà si es pretenia la defensa de les caixes en base al seu caràcter social. Probablement perquè s'havia produït ja la rendició ideològica d'una part dels gestors de les caixes en considerar els ciutadans simples clients de les seves entitats i no actors i aliats en la defensa d'un model financer amb objectius socials. Potser també per la consciència d'haver traït la confiança ciutadana en actuacions massa allunyades de l'exigible rigor professional. La dada és que haver basat tota la seva estratègia de defensa en el suposat suport d'elits tan compromeses amb els seus adversaris era incoherent i estava condemnat al fracàs, un fracàs consumat ara en una norma que es convertirà en el certificat legal d'un suïcidi assistit.

Con el proyecto de ley de cajas y fundaciones bancarias en trámite parlamentario, asistimos al acto final de un proceso: la extirpación de la anomalía insoportable que significaban las cajas para el sistema financiero internacional. O para los mercados, si se prefiere un lenguaje más canónico. La desaparición de las cajas es una victoria para los defensores de un capitalismo financiero que ha conseguido conducir la economía productiva a un estado de postración de muy incierto pronóstico.

Hace unos meses me permití calificar este doloroso proceso de eliminación como la “desamortización del siglo XXI”, con resultados favorables para unos pocos y perjudiciales para el interés general. Pero hay que señalar que dicho proceso ha tenido bastante de suicidio asistido. Es bien sabido que las cajas de ahorros estaban sometidas desde hacía tiempo a la deslegitimación pública y al acoso institucional por parte de actores financieros muy influyentes en las instancias europeas. En esta operación de acoso y derribo, sin embargo, contó con el eficaz auxilio interno de dirigentes políticos y de profesionales financieros. Algunos responsables políticos las condujeron hacia un clientelismo moderno del que se aprovecharon especialmente promotores inmobiliarios y constructores. No sólo a escala autonómica como se ha repetido hasta la saciedad. También a escala estatal, tal como han revelado meridianamente el fulgurante ascenso y la estrepitosa caída de CajaMadrid.

A este clientelismo –de diferente alcance y cuantía- contribuyeron también una parte decisiva de los ejecutivos profesionales que dirigían algunas cajas. Menospreciaron la función social de dichas entidades e intentaron imitar pautas de actuación –incluidas las de sus cuantiosas retribuciones- propias de los competidores financieros que anhelaban su desaparición.

En este proceso de autodestrucción no hay que olvidar el papel del regulador. Hubo responsabilidades por falta de control en los políticos de los respectivos gobiernos. Pero ha quedado igualmente de manifiesto el rol negativo del presunto regulador independiente –el Banco de España- al que se atribuía tradicionalmente un implacable y eficaz sistema de inspección, incrustado en las propias entidades. El hecho es que dicho sistema no pudo o no quiso controlar las pulsiones autodestructivas de las cajas y permitió que persistieran hasta su letal consumación. Me pregunto si este episodio podrá ser también una lección interesante para quienes siguen proclamando la superioridad incontestable de estos órganos de regulación y de control, liberados de las responsabilidades democráticas.

Autodestrucción, eutanasia o suicidio asistido, el resultado es ya irreversible.

El paisaje financiero del país ha dado un vuelco. Y no precisamente en beneficio de quienes han acabado pagando la factura del daño causado: contribuyentes en general, honestas iniciativas benéficas y culturales que recibían el apoyo de las cajas, pequeñas o medianas empresas locales solventes que obtenían su asistencia financiera y constituían tejido productivo y social.

El daño es, pues, profundo y duradero. No solo por el coste inmediato de las inyecciones de dinero público para mantener provisionalmente unas entidades que van a ser entregadas a los mercados. También porque se asumirá a medio y largo plazo un importante coste cuando se compruebe que la función social de las cajas –aunque lesionada a veces por decisiones arbitrarias- no va a encontrar ahora sustitución en unas administraciones públicas sometidas a severísimas curas de adelgazamiento para satisfacer también a los insaciables mercados. Y mucho menos va a encontrar compensación en las entidades financieras privadas que se harán con los residuos de sus extintas competidoras.

En este episodio final de una lamentable historia, Bruselas y la llamada troika –un poder sin rostro tan ominoso y amenazador como el de las novelas de Lovecraft- han exigido la rendición incondicional de los últimos y contados defensores de la cultura social de las cajas. Según parece, para la troika la sumisión al modelo mercantil ha de ser total y absoluta, sin posibilidad de resguardar un pequeño reducto de control ciudadano y aplicación social de sus beneficios. Los pronósticos son claramente negativos para los últimos resistentes en esta batalla sin cuartel.

¿Pudo haber sido de otro modo? Los contrafactuales históricos son siempre arriesgados. Pero cabría preguntarse ingenuamente por qué no se procuró movilizar el apoyo ciudadano si se pretendía la defensa de las cajas en base a su carácter social. Probablemente porque se había producido ya la rendición ideológica de una parte de los gestores de las cajas al considerar a los ciudadanos como simples clientes de sus entidades y no como actores y aliados en la defensa de un modelo financiero con objetivos sociales. Quizá también por la conciencia de haber traicionado la confianza ciudadana en actuaciones demasiado alejadas del exigible rigor profesional. El dato es que haber basado toda su estrategia de defensa en el supuesto apoyo de elites tan comprometidas con sus adversarios era incoherente y estaba condenado al fracaso, un fracaso consumado ahora en una norma que se convertirá en el certificado legal de un suicidio asistido.