Muchas personas celebran hoy la dimisión como ministro de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón, como si su abandono de la política pusiera fin a su programa de reformas y retrocesos en materia de Justicia. Gallardón se ha ido, pero sus leyes, de momento, permanecen.

Desde el inicio de la legislatura, el Ministerio de Justicia impulsó un amplio programa de reformas que han supuesto, en numerosas ocasiones, un retroceso de los derechos fundamentales y las libertades públicas consagradas en la Constitución.

Los que a diario pisamos los juzgados hemos sido testigos privilegiados del intenso deterioro de la Justicia durante el mandato de Ruiz-Gallardón. Paralización en la creación de nuevas unidades judiciales, falta de cobertura de vacantes, severa restricción en el uso de jueces sustitutos, etc. Medidas que han provocado una Justicia aún más lenta en plena crisis económica, cuando su rapidez resultaba, si cabe, más necesaria. Gallardón no ha sido capaz de solucionar los problemas de la Justicia, sino que los ha agravado.

Por si esto no resultara suficiente, el todavía ministro de Justicia es el artífice de la puesta en marcha de una de las leyes más injustas de la historia de nuestra democracia. Me refiero, obviamente, a la Ley de Tasas Judiciales. Con Gallardón, que un ciudadano o una empresa pueda acudir a la Justicia se ha convertido en un privilegio al alcance de muy pocos, algo que las estadísticas del Poder Judicial acreditan trimestre tras trimestre, con una continua caída de los recursos que llegan a los Tribunales Superiores de Justicia y, especialmente, al Tribunal Supremo. Desde la Abogacía seguimos esperando a que se aclare el destino de lo recaudado en tasas judiciales pues, a pesar de las promesas que en su día hizo Gallardón, las tasas judiciales no se están destinando a mejorar la justicia gratuita.

Tampoco podemos olvidar que Gallardón ha sido el causante de la privatización del Registro Civil o del recorte presupuestario para sostener el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos más desfavorecidos.

No sabemos quién asumirá la cartera de Justicia, pero sí sabemos que la persona que la ocupe tiene encima de la mesa numerosas leyes en fase de tramitación, las cuales supondrían un paso más en los recortes en materia de Justicia iniciados por Gallardón: la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la reforma del Código Penal (cambios popularmente conocidos como Ley Mordaza), la Ley de Colegios Profesionales y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (que podría dificultar aún más el acceso a la Justicia si desaparecen los partidos judiciales, así como el control político sobre la judicatura), entre otras.

Esperemos que la nueva política ministerial se base en el diálogo con todos los partidos políticos y operadores jurídicos, el consenso en la toma de decisiones y la recuperación de los derechos y libertades que han sido restringidos, como el derecho a la tutela judicial efectiva por causa de la Ley de Tasas Judiciales.

Se llaman Adolf Todó y Jaume Masana, y ocuparon los cargos de Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración de Catalunya Banc, S.A respectivamente. El 10 de marzo de 2013, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (en adelante FROB) les comunicó su cese como Consejero Delegado y Presidente. Ese mismo día Catalunya Banc les despidió aduciendo diversos motivos, entre los cuales se incluía el incumplimiento de los deberes básicos que les correspondían por su posición y responsabilidad, incluido un intento de manipulación de las cuentas anuales del año 2010.

Es importante recordar que Catalunya Banc se encuentra nacionalizada desde el 30 de septiembre del año 2011, momento en que fue intervenida por el FROB. Tampoco podemos olvidar que este organismo se encuentra políticamente controlado por el Gobierno, pues la Comisión Rectora que lo gestiona está compuesta por 4 miembros designados por el Banco de España, uno de los cuales será el Subgobernador, así como por el Secretario General del Tesoro y Política Financiera, el Subsecretario de Economía y Competitividad, el Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el Director General de Política Económica y el Director General de Presupuestos.

El 4 de marzo del 2014 el Juzgado de lo Social nº 8 de Barcelona declara improcedente el despido de estos dos exdirectivos, debiendo abonar Catalunya Banc, S.A. una indemnización a cada uno de ellos de 600.000 euros. ¿Resulta escandaloso que quienes llevaron un banco a la quiebra sean indemnizados de forma millonaria? Sin duda, pero el que quiera buscar responsables haría bien en centrar su mirada en el FROB en lugar de hacerlo en el juez, pues si algo deja claro la sentencia es que el Banco y el FROB hicieron todo lo posible para perder el juicio, de modo que el despido tuviera que ser declarado improcedente por el Juez.

Cuando el Banco comunicó el despido a Todó y Masana les entregó una carta de más de 10 folios de extensión, a lo largo de los cuales el Banco relataba hasta seis hechos que acreditarían un incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones por parte de estos directivos. Sin embargo, y tal y como literalmente indica la sentencia, iniciado el juicio por despido “la dirección jurídica de la entidad demandada desiste y renuncia expresamente a la defensa de los hechos obrantes en la carta de despido” salvo tres excepciones que analizaremos a continuación. Para que todo el mundo lo entienda, lo que señala el juez es que los abogados del banco dicen que, de los seis motivos que usaron para justificar el despido, renuncian a tres. Reconozco que es la primera vez en mi vida como abogado laboralista, y eso que ya empiezo a tener canas, en la que una empresa renuncia expresamente en el juicio a la mitad de los hechos que utilizó en su carta para justificar el despido.

Pero para perder el juicio hace falta más, y la sentencia deja muy claro que los abogados de Catalunya Banc y el FROB se esforzaron en este propósito. El Juez achaca al Banco falta de concreción en las imputaciones contenidas en la carta de despido, incapacidad para acreditar estos hechos y, lo que es más grave insuficiencia probatoria. El Juez echa en cara a los abogados del banco que no solicitasen el interrogatorio de Todó y Masana a pesar de estar estos presentes en el juicio, que no aportasen un informe pericial sobre el posible falseamiento de las cuentas del año 2010, que los documentos que aportaron como prueba fueran meras fotocopias sin firma ni dato que permitiera verificar su veracidad, que el único testigo propuesto por el Banco no tuviera conocimiento real sobre los hechos que se imputaban a estos dos directivos, que no se hubieran propuesto como testigos a las personas que se citan en la carta de despido como posibles conocedores de los hechos, etc. Con esto queda bien claro que dos no pelean cuando uno (en este caso el Banco y el FROB) no quiere.

El juez, que no es tonto, sabe que aquellos que con sus actos le obligaron a declarar la improcedencia del despido, son los mismos que al día siguiente saldrán en los medios de comunicación haciendo recaer el pago de la indemnización sobre él. Por eso, porque sabía lo que se le avecinaba, el Juez hace constar en varios puntos de su sentencia que todo está recogido en la “grabación del juicio”. Con ello nos indica claramente donde se debe poner el foco de lo acontecido.

El ministro De Guindos ha anunciado que la sentencia se va a recurrir para salvar la cara ante la opinión pública. Que nadie espere un buen resultado del recurso, porque lo que no se ha probado en el juzgado de lo Social no se puede probar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debido a la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación. Alguien del FROB debe salir a dar explicaciones de forma inmediata sobre lo sucedido, pues Catalunya Banc es una entidad nacionalizada y seremos los ciudadanos los que, en definitiva, pagaremos 1,2 millones de euros de indemnización por despido a los responsables de emitir participaciones preferentes sin control. Y todo porque alguien decidió que ese juicio se debía perder. Y se perdió.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares declaró ayer improcedente el despido de los trabajadores del yate Fortuna, embarcación empleada por la Familia Real durante sus vacaciones. Con todo, la auténtica noticia no se encuentra en el hecho mismo de la improcedencia del despido, sino en que el contenido de la sentencia es una concatenación de evidencias de que esa improcedencia fue deliberadamente buscada por las empresas codemandadas, hecho que resulta especialmente grave si tenemos en cuenta que una de las condenadas es Patrimonio Nacional, o lo que es lo mismo, todos los ciudadanos de este país. Así, el erario público tendrá que hacer frente al pago de unas indemnizaciones por despido que ascienden a más de 1,2 millones de euros para solo 10 trabajadores.

Todo laboralista que se lea detenidamente la sentencia, concordará conmigo en que existen tres claves que vienen a poner de manifiesto la existencia de una voluntad empresarial tendente a perder el juicio y, en consecuencia, a lograr que se reconozca la improcedencia del despido para que de este modo los trabajadores puedan obtener unas notables indemnizaciones económicas, las cuales oscilan entre 54.964,00 y 185.802,00 euros en función de la categoría profesional, a sufragar con cargo a presupuestos públicos. Las tres claves de este fraude que tendrá que pagar la ciudadanía son los siguientes:

1. La existencia de una cesión ilegal de trabajadores: La primera evidencia de que nos encontramos ante un fraude de carácter laboral es que Patrimonio Nacional adjudicaba el servicio de mantenimiento, tripulación y reparación del yate Fortuna a una empresa externa, procediendo a realizar sucesivas adjudicaciones de este servicio a diferentes empresas privadas, intentando disfrazar con ello una realidad bien distinta. Tal y como se declara probado en sentencia, Patrimonio Nacional era el auténtico empleador de esta tripulación, era la que organizaba el trabajo de estos empleados, la que daba las órdenes e instrucciones del servicio, la que aprobaba el presupuesto anual del funcionamiento del yate y la que fijaba la masa salarial de los trabajadores. La contratación de los trabajadores por la empresa adjudicataria, que en este caso se llamaba Unión Naval Valencia, S.A., era meramente formal, limitándose a realizar una mera puesta a disposición de los trabajadores a favor del auténtico y genuino empleador que era Patrimonio Nacional. Consecuentemente, nos encontramos ante una cesión ilegal de trabajadores proscrita por el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores que, como lógica consecuencia, genera el derecho de los trabajadores a considerarse parte integrante de la plantilla de Patrimonio Nacional y, en caso de despido, a que se declare la responsabilidad solidaria de ambas empresas.

2. La rendición de Unión Naval Valencia, S.A. y Patrimonio Nacional: Es triste decirlo, pero el contenido de la sentencia no da lugar a muchas dudas. Ni Unión Naval Valencia, S.A. ni Patrimonio Nacional se defendieron de la reclamación por despido en el acto del juicio. Para darse cuenta de esto basta con leer las últimas lineas del folio quinto y las primeras del folio sexto de la sentencia, en las cuales se recogen las manifestaciones realizadas por los abogados de la empresa y la administración. Por su gran interés transcribiré literalmente el contenido de la sentencia sobre este particula.

“Concedida la palabra al Sr. letrado de la codemandada Unión Naval Valencia, S.A., manifiesta:

Que se somete a la sentencia que pueda dictar la Sala manifestando que el centro de trabajo ha sido cerrado y por tanto existe imposibilidad de readmisión de los afectados por el presente conflicto colectivo.“se somete a la sentencia que pueda dictar la Sala

Resulta llamativo que todo lo que tenga que decir la empresa respecto de la improcedencia del despido es que se somete a lo que pueda dictar la Sala, sin argumentar o alegar los motivos por los que el expediente de regulación de empleo que llevó a cabo se ajustaría a derecho y, en consecuencia, cuales serían los motivos objetivos que harían procedente este despido. Todo lo que la empresa se limita a señalar es que el centro del trabajo está cerrado y que por tanto los trabajadores no pueden ser readmitidos, pero si indemnizados. No consta en la sentencia que la empresa negara la improcedencia del despido, lo cual supone asumirlo tácitamente.

Pero si resulta chocante la actuación de la empresa, la llevada a cabo por la Abogacía del estado en defensa de Patrimonio Nacional, y por tanto de los intereses de todos los ciudadanos, resulta simplemente bochornosa. Ante una demanda que puede suponer para las arcas públicas un desembolso cercano a los 700.000 euros, esto es todo lo que tiene que decir la Abogacía del Estado:

“Concedida la palabra a la parte codemandada Patrimonio Nacional, por el Abogado del Estado se manifiesta:

Que se aceptan los hechos de la demanda, se formula oposición a la misma y se solicita de la Sala se dicte una sentencia de conformidad con el ordenamiento jurídico.“se aceptan los hechos de la demandase solicita de la Sala se dicte una sentencia de conformidad con el ordenamiento jurídico.”

Por parte de la Abogacía del Estado se aceptan los hechos de la demanda, reconociendo en consecuencia la existencia de una cesión ilegal de trabajadores y la improcedencia del despido. Pero no contento con aceptar todos los hechos, el Abogado del estado solicita a continuación una sentencia de conformidad con el ordenamiento jurídico, cláusula de estilo que todos los abogados sabemos que supone reconocer que la otra parte tiene la razón. Cuando alguien no se defiende y tira la toalla antes de empezar el juicio no resulta sorprendente que el resultado sea que le den la razón al demandante.

3. Provocar deliberadamente defectos formales para asegurar que el Tribunal se viera obligado a declarar la improcedencia del despido. He dejado para el final el punto más escandaloso de todo esto. El despido de los trabajadores del yate Fortuna viene motivado por la renuncia de su Majestad el Rey a seguir usando el mismo por sus elevados costes de mantenimiento en estos tiempos de recortes. Ante la desaparición de la actividad laboral a la cual estaban destinados los trabajadores la empresa Unión Naval Valencia, S.A., que era la adjudicataria de esta contrata, procede a iniciar el periodo de consultas para llevar a cabo un expediente de regulación de empleo. El ERE concluye con la notificación individual del despido por causas objetivas a los 10 trabajadores del Fortuna el 17 de julio de 2013. En el momento de la entrega de la carta de despido, y he aquí la clave, la empresa Unión Naval Valencia, S.A. no entrega a los trabajadores la indemnización por despido objetivo que le correspondería conforme al artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores.

El artículo 53.1.b) del Estatuto de los Trabajadores señala que es un requisito formal ineludible a la hora de comunicar un despido por causas objetivas:

b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.

Y a su vez, este mismo artículo 53 en su apartado 4 nos indica cual es la consecuencia de incumplir los requisitos formales:

“La decisión extintiva se considerará procedente siempre que se acredite la concurrencia de la causa en que se fundamentó la decisión extintiva y se hubieren cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo. En otro caso se considerará improcedente.”“

Blanco y en botella. Comunicar un despido objetivo sin entregar al trabajador la indemnización que le corresponde provoca automáticamente la improcedencia del mismo. Da igual que la empresa tenga motivos más que suficientes para ejecutar el despido, si no se entrega la indemnización, el despido es improcedente. El cumplimiento de este requisito formal es algo tan básico y tan asumido que resulta increíble pensar que el impago se haya producido por despiste o error. La indemnización no se pagó a los trabajadores de una manera consciente, pues ese impago es el camino más corto para obtener la improcedencia del despido. Cuando concurre una causa válida para extinguir el contrato de trabajo, (y en este caso concurría), la única manera de lograr la improcedencia es que se produzca un defecto formal que, curiosamente, es lo que ha sucedido en este caso. El impago de la indemnización para provocar la improcedencia del despido no es casual, es un acto deliberado y consciente. No estamos hablando de la peluquería de la esquina de nuestra calle que despide a su única trabajadora y está mal asesorada, hablamos de un astillero como Unión Naval Valencia, S.A., perteneciente al Grupo Boluda, empresa líder en el sector marítimo en España que cuenta con los mejores asesores laborales. Es imposible, repito, imposible, que en estas circunstancias se pudiera producir este error. Alguien tuvo que dar la orden de provocar la improcedencia del despido contando de antemano con la aquiescencia para asumir su coste, en todo o en parte, por Patrimonio Nacional. Cualquier laboralista compartirá conmigo que en este caso no caben las casualidades. Es una falta de respeto cargar a los contribuyentes el pago de estas indemnizaciones cuando cientos de miles de trabajadores tienen que esperar años para ser indemnizados por el FOGASA.

La gran pregunta que queda en el aire, y sobre la cual deberíamos exigir una respuesta es, ¿Quién ordenó forzar la improcedencia del despido y que se condenara solidariamente a Patrimonio Nacional? Esta respuesta tiene un coste de 700.000 euros para las vacías arcas del Estado.

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