Este fin de semana nos despertamos estupefactas con un artículo de la Directora del Instituto de la Mujer del Gobierno de España que señalaba la existencia de un “feminismo contrario a los derechos de las personas trans”. Esa aseveración que, por supuesto, es falsa, se enmarca en las estrategias de silenciamiento de opiniones, reflexiones y debates que, en todo el mundo, están poniendo en cuestión la existencia del “sexo” como una categoría biológica y jurídica.

La afirmación de Gimeno viene a embarrar porque el feminismo no está cuestionando derechos de las personas transexuales, lo que pretende es un debate social que permita conocer las consecuencias de imponer algunas normas basadas en las teorías queer que implican el BORRADO DE LAS MUJERES.

Ni una sola feminista que yo conozca es contraria a la igualdad de derechos. Ese exceso verbal de la señora Gimeno solo busca protegerse preventivamente de quienes ponen en evidencia a una izquierda que se ha enfangado en los postulados posmodernos de las identidades, para confrontar con el feminismo político.

El debate pivota sobre la oposición del feminismo a varios Proyectos de Ley que introducen la negación del sexo como categoría jurídica y el intento de sustituirlo jurídica y administrativamente por una categoría cultural cambiante a la que llamamos “género”.

Para poner pie a tierra, tenemos que explicar y mostrar de manera concreta las realidades que ya conocemos tras la implantación en otros países de leyes que sustituyen, jurídica y administrativamente, el sexo de las personas eliminando la referencia biológica para sustentarlo en el “género” como algo identitario.

La categoría jurídica del “sexo” es un apunte registral de la genitalidad de los seres humanos al nacer. Se observa, es constable, describible e inapelable (incluida la intersexualidad). El sexo es una realidad que no atenta contra ningún derecho. Es el género, cuando construye la jerarquía sexual, lo que atenta contra los derechos de las mujeres.

Lo que se pretende acallar, a base de insultos, acosos y descréditos públicos, es la voz de las personas que están mostrando algunas de las consecuencias sociales que comporta dar categoría legal a un esencialismo de género que conlleve el negacionismo del sexo biológico. 

Quien se acerque a la disputa a través de las redes sociales puede caer en el desconcierto y le costará comprender en qué se basan las indiscriminadas acusaciones de transfobia, a diestro y siniestro, hasta tal punto que llegan a consideran “transfóbico” explicar a las niñas que cuando llegan a la pubertad menstrúan.  

¿Cómo es posible que esa afirmación sea motivo de controversia social? ¿Quién percibe las evidencias como amenazas? ¿Qué está pasando para que el feminismo se haya puesto en posición de alerta, a nivel global, ante el negacionismo queer que pretende incluso redefinir los paradigmas básicos de la ciencia?

¿Contra qué nuevo dogma establecido ha atentado Joanne Rowling, autora de la saga ‘Harry Potter’, para ser objeto de insultos, acoso, persecución y boicots disciplinarios? ¿Cuántos conocen el texto que supuestamente destila tanta “transfobia”?

¡Pues vamos a verlo! Los insultos, amenazas, llamadas al boicot e intentos de censurar a la obra de Joanne Rowling surgen tras haber publicado en su cuenta de Twitter un mensaje de apoyo a Maya Forstater una experta en fiscalidad que fue despedida del Centro para el Desarrollo Global por defender en su red social que el concepto “sexo” describe “un hecho biológico, no un sentimiento o una identidad”.

Las tres líneas de su tuit que la han llevado hasta la picota del odio tribal son las siguientes: 

“Vístete como quieras. Llámate como quieras. Duerme con cualquier adulto que te consienta. Vive tu mejor vida en paz y seguridad. ¿Pero obligar a las mujeres a abandonar sus trabajos por afirmar que el sexo es real?”

Quienes han atacado este pronunciamiento a favor de la tolerancia buscan arrastrar a la sociedad a un reproche colectivo, irracional y estigmatizante contra quienes sostengan que el sexo es una categoría biológica constatable que no pone en peligro los derechos de nadie.  

El sexo no define comportamiento, roles o aspectos. Es el “género”, como constructo cultural, el que interviene para determinar cuáles serán los roles que desempeñarán unos y otras y es el género el que opera para definir lo masculino o femenino. Lo hace construyendo estereotipos (sexistas) que remarquen bien las diferencias. No olvidemos que el sexismo incluso comercializa una estética que busca remarcar hasta la exageración las diferencias biológicas secundarias.  

No es el sexo, es el sistema de “género” lo que crea la jerarquía sexual y socializa con dos repertorios separados para, de manera ilegítima, naturalizar que las mujeres del mundo tengan menos acceso a la educación, la salud o la representación y dificultar, o prohibir, su presencia en cualquier aspecto de la vida, cultural, deportiva, científica, etc,.

Por tanto, lo que combate el feminismo es al sistema de género y se pregunta: ¿cómo es posible que se pretenda su reconocimiento legal como identidad?, ¿qué consecuencias prácticas tendría?, ¿tiene la sociedad española derecho a exigir un debate público, pausado y profundo que permita conocer las consecuencias prácticas de eliminar el sexo como categoría jurídica para ser reemplazado por un concepto que representa la jerarquía y opresión que combate el feminismo?, ¿por qué ha surgido este debate de manera repentina y virulenta?

Si el caso de Joanne Rowling hubiese sido su primera toma de contacto con estas nuevas inquisiciones, debe saber que la cosa viene de lejos. La conocida en los círculos feministas como la ‘inqueersición’ ya había conseguido censurar y suspender, la representación de los ‘Monólogos de la Vagina’, icónica obra teatral de Eve Ensler basada en las mujeres y su relación con el sexo, la violación, la menstruación, la mutilación o la masturbación. ¿Por qué había que impedir la representación? Lo que alegan los promotores de la censura es que es una obra “que excluye a las mujeres que no tienen vagina”. A las personas transexuales que yo conozco esto les resulta tan marciano como a mí y no se sienten representadas en esas reivindicaciones ni en esos discursos. 

El debate que algunos tratan de opacar a toda costa se centra en la oposición del feminismo a las propuestas legislativas que pretenden regular el subjetivismo y el esencialismo de género que coloca a lo queer en el mismo discurso que defiende la extrema derecha.

El debate ha irrumpido en la agenda política gracias a un movimiento feminista internacionalista que tomó conciencia de que no estábamos ante debates especulativos, sino ante Proposiciones de Ley y normativas que afectan gravemente a las mujeres y que en general estaban pasando desapercibidas en el debate público. 

Valga de ejemplo práctico la decisión del COI que, tras ceder a intensas presiones aderezadas de falsas y atemorizantes acusaciones de transfobia, estableció en 2015 una normativa que autoriza la participación en las categorías deportivas femeninas de personas transgénero y varones autoidentificados como mujeres.  

Existen diferencias anatómicas que producen una ventaja deportiva para los varones. Por eso hay categorías deportivas femeninas. El Ministerio de Defensa en su manual Conceptos y métodos para el entrenamiento físico indica que “las féminas entrenadas solo puedan alcanzar valores aproximados al 60% – 70% del nivel de fuerza del varón entrenado en las mismas condiciones” y cualquier médico puede certificar que reducir la testosterona no es suficiente para equiparar las condiciones en las competiciones ya que son ciertas las observaciones de Martina Navratilova sobre que “un hombre acumula, desde la infancia, mayor densidad muscular y ósea y un mayor número de glóbulos rojos que transportan oxígeno”.

A pesar de las quejas de las mujeres deportistas, el número de varones (autoidentificados como mujeres) que compiten profesionalmente va en aumento y su presencia en los pódiums es ya una seria amenaza para el deporte femenino.  

Rachel McKinnon: batió el récord en sprint de 200 m, en la categoría femenina de 35 a 39 años. Al día siguiente ganó el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista y en octubre de 2019 batió el récord de la contrarreloj.

Michelle Dumaresq: ganó el título nacional en Columbia Británica en 2006.

Hannah Mouncey: con 1,90 metros de altura y 100 kilos de peso, compite en la selección femenina de Australia.

Laurel Hubbard ganó el oro femenino en el campeonato internacional de Australia y en el Open de Melbourne. En 2019 ganó dos medallas de oro en los Juegos del Pacífico.

Cece Telfer: ganó el título nacional de Estados Unidos en 400 m vallas en 2019. 

Maxine Blythin: Nombrada Jugadora del Año de las Mujeres de Kent en 2019.

Estos y otras decenas de casos han puesto en alerta a la coalición internacional de organizaciones de mujeres atletas que relaman al COI la suspensión de la política de autoidentificación de género en las competiciones deportivas.

Despreciar las diferencias entre los sexos en aras de una mal entendida inclusividad avoca a que las federaciones deportivas permitan ventajas injustas que desalientan el deporte femenino y que borraran las marcas deportivas, propias de las mujeres.

El generismo queer también dinamita las políticas de paridad entre los sexos.

El neosexismo que promueven estas teorías ha llevado a finiquitar la histórica conquista de Eleanor Roosevelt y la League of Women Voters que obligaba a que las candidaturas del Partido Demócrata estuviesen compuestas por personas de los dos sexos. Los Demócratas estadounidenses acaban de asumir las tesis del generismo queer presentadas por Emilia Decaudin, –primera trans-género del Comité Demócrata del Estado de Nueva York– y han fulminado el requisito de “equilibrio” entre los sexos, para sustituirlo por la representación de “géneros diferentes o no binarios”. El pasado 1 de julio de 2020, los Demócratas eligieron representantes aplicando ese criterio y el resultado ha sido que ninguna mujer representara a los Demócratas de NY.  

También en México (2018) hubo de intervenir el Instituto Estatal Electoral y el de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca ante un evidente fraude en el registro de candidaturas que debían cumplir con la ley de paridad por sexo.

En Oaxaca, donde convive una ley para la paridad con la de autoidentificación del género, se permitió que 19 varones pertenecientes a cuatro partidos políticos diferentes se autoproclamasen mujeres sin otro requisito que manifestar de puño y letra su voluntad de ser registradas como tal. Esto fue denunciado por la comunidad muxe y puso en entredicho una norma que no da seguridad jurídica al concepto de “identidad sentida” ya que el sexo se puede certificar, pero el sentimiento no.  

Pero volviendo con Emilia Decaudin. La resolución a través de la que consiguió acabar con la representación paritaria entre los sexos también incluye una cláusula para reemplazar todos los pronombres que permiten la identificación del sexo, como “él” o “ella”. Esta es otra característica de la doctrina queer que figura ya en todo tipo de guías y recomendaciones. Es el conocido como lenguaje inclusivo, que se contrapone al lenguaje no sexista y que propone la generalización del neutro que invisibiliza la existencia de la realidad sexuada. Cuando esto ocurre se borran las especificidades de las mujeres y la desigualdad que padecen, ya que como bien indica Raquel Rosario Sánchez, “elles” oprimen a “elles” invisibiliza a quien oprime y a quien es oprimida.

Pero el neolenguaje de las propuestas del generismo queer pretende cambios de mayor calado. En 2017 se registró la Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Una ley con la que todas y todos esperábamos tener instrumentos contra la discriminación pero que también se dejó infiltrar por lo queer hasta tal extremo que en sus disposiciones finales proponía la modificación del Artículo 139 del Código Civil para sustituir la palabra “mujer” por “progenitor que figure como gestante” y eliminaba del mismo artículo la palabra “maternidad”.

No era una ocurrencia. El neolenguaje es una pieza angular de lo queer. Precisa modificar conceptualmente incluso las evidencias científicas. Y lo está haciendo. Lewis Carroll en Alicia a través del espejo, hace mantener a Humpty-Dumpty y Alicia la siguiente conversación: 

–Cuando yo uso una palabra –dijo Humpty-Dumpty con un tono burlón– significa precisamente lo que yo decido que signifique: ni más ni menos.

–El problema es –dijo Alicia– si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.

–No. –dijo Humpty-Dumpty– El problema de verdad es quién manda aquí. Eso es todo.

Esta conversación reafirma el pensamiento Orwelliano de que “la palabra es el único vehículo de pensamiento del ser humano que, si se consigue influir y modificarlo a placer, puede guiar la conciencia de las personas, sus intereses y motivaciones”.

El generismo queer está inmerso hasta el cuello en esa estrategia y recurre a litigios estratégicos para ganar posiciones que aboquen a lo que el feminismo ya denomina “leyes de borrado de las mujeres”.

En Reino Unido el periodista Freddy McConnell, un transmasculino que retuvo sus órganos reproductores femeninos y dio a luz a un niño, demandó al Hospital que certificó su parto por registrarle como la “madre” del bebé. McConnell ha perdido en el Tribunal Superior la demanda y también la Corte de Apelaciones (abril de 2020) le recordó que en el derecho consuetudinario inglés quien da a luz debe ser descrito como madre en el certificado de nacimiento.

¿Y qué pasa con las estadísticas desagregadas por sexo?

La desaparición del concepto “sexo” como categoría jurídica implica la desaparición de “sexo” como categoría estadística y dificultará o imposibilitará tener datos desagregados que permitan medir la desigualdad. Sin datos desagregados por sexo, es casi imposible identificar las desigualdades reales y potenciales. En esta borrachera del todo vale, algunas Universidades están avalando y extendiendo la utilización sinonímica de “género” y “sexo” lo que a efectos estadísticos supone la inutilización del indicador estadístico que permite medir la desigualdad entre mujeres y hombres. En estadística, los indicadores han de ser reales y medibles. El sexo cumple el requisito, el género, no.

Distintas organizaciones nos alertan de que también se está produciendo una ficción estadística, cuando en los boletines sobre criminalidad se registra como mujeres a personas transgénero con genitalidad masculina que cometen delitos sexuales (o de otro tipo). Diferentes organizaciones de la sociedad civil trabajan en Reino Unido y EEUU para documentar los casos y medir su impacto como falsedad estadística.

Usar las leyes de transexualidad para introducir lo queer

España tiene una ley que permite rectificar la mención registral del sexo a personas mayores de edad que cumplan con dos requisitos:

1. Que exista diagnóstico de disforia de género (la OMS ha sustituido este concepto por el muy sexista “incongruencia de género”).

2. Que la persona haya sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado (no es exigible cirugía).

La acreditación de estas dos condiciones debe realizarse mediante informe de médico o psicólogo clínico que ha de certificar a su vez dos aspectos clave:

1. La estabilidad y persistencia de esta “disonancia de género”.

2. La ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir en la existencia de la disonancia.

La profesora de la Universidad de Granada Tasia Aránguez ha analizado la evolución de las propuestas legislativas en esta materia y ha definido tres fases que llevan al borrado de las mujeres en la legislación, la estadística y los espacios o actividades donde es necesario considerar las desventajas de las mujeres.

Fase 1: El reconocimiento en las leyes de la noción de “identidad de género”. Es decir, el reconocimiento del género como una identidad humana

Fase 2: La autoidentificación del sexo a través del reconocimiento de la “libre determinación de la identidad sexual”

Fase 3: El desaparición de la categoría legal “sexo”. Es el objetivo del generismo queer que considera al binarismo de sexo como un “constructo opresor”.

Según esta categorización, la ley española estaría en la Fase 1 y las reformas registradas en anteriores legislaturas y que han ido decayendo como consecuencia de las frecuentes convocatorias electorales, propondrían pasar a la Fase 2 lo que implica eliminar los requisitos citados que incluye la ley en vigor. Se trataría de eliminar las condiciones de diagnóstico, así como dejar “a demanda” los tratamientos hormonales o el apoyo psicológico.

Al eliminar los requisitos, (estos u otros), se elimina por defecto la necesidad de certificación pública para la modificación registral del sexo y de este modo, se da el paso a la conocida como “autoidentificación de género” un eufemismo que esconde que lo que se pasa a autoidentificar es el apunte registral del sexo.

No es ciencia ficción. México debate en las próximas semanas un texto legislativo que permite el borrado del apunte registral de la partida de nacimiento. Argentina en la avanzadilla del absurdo queer pretende “proteger a toda persona contra la asignación sexual compulsiva” y ya está registrada en la cámara de Diputados una proposición de ley cuyo primer artículo reclama “eliminar la categoría de ‘sexo’ de cualquier documento público o privado” y Holanda anunció que suprimirá la inscripción del sexo en los documentos de identidad a partir de 2024/2025.

Las personas que hayan llegado a este punto podrán comprobar que este es un debate que trasciende al de la transexualidad y que parece pertinente que el feminismo reclame conocer cuáles son las consecuencias de la sustitución jurídica del sexo como hecho concreto y verificable por algo subjetivo e imposible de comprobar.

La preocupación de que la desigualdad por razón de sexo se vuelva imposible de combatir desde el derecho no es una preocupación fóbica. Con leyes de autoidentificación que reconozcan que cualquiera puede ser una mujer se oculta la realidad de las mujeres, se pierde la operatividad de las leyes de igualdad entre mujeres y hombres y se llega exactamente a donde quiere Vox: negar las diferencias que reclaman atenciones diferenciadas. El ejemplo del deporte es suficientemente explicativo.

Rosa María Magda nos recuerda que la teoría feminista acepta que el sexo es lo biológico y el género lo cultural y combate por tanto lo segundo y remata: “lo queer va a invertir esa relación al pretender mostrar que el sexo es también un constructo cultural, elegible, transformable y teatralizable”.

La cuestión es que lo queer nos dice que la identidad se construye a gusto de cada uno a través de “la preformatividad” despreciando la evidencia de que “nuestra identidad es el conjunto de características sociales, corporales y subjetivas que nos caracterizan de manera real y simbólica de acuerdo con la vida vivida”, como bien indica Marcela Lagarde.

Una última cuestión (de momento) ¿Por qué la ministra de Igualdad del Reino Unido ha abierto una investigación?

El gobierno británico ha iniciado una investigación para entender las razones del aumento hasta de un 4.500% de niñas que fueron derivadas por médicos a lo que se conoce como “tratamiento de género”.

Fuente: Elaboración de la autora con datos de telegraph.co.uk

Los primeros datos indican que son fundamentalmente niñas quienes están siendo derivadas a las “clínicas de género”. Representan el 72% del total y el número de casos pasó de 40 anuales a 1.086 en menos de 8 años (ver tabla).  El intenso debate social en Reino Unido ha implicado a toda la sociedad y recientemente se ha paralizado la tramitación de su Proyecto Ley de Reconocimiento de Género, lo que supone que mantienen la necesidad de certificación ya que tienen una ley similar a la española.

También el Consejo de Ética Médica de Suecia (SMER) está pidiendo precaución en el tratamiento médico en jóvenes con “disforia de género repentina”, ya que estadísticamente es atípico que sean las mujeres púberes quienes representan el 82% de los casos.

Desde la Unidad de Transexualidad e Identidad de Género del Hospital de Málaga reclaman prudencia y nos recuerdan que con el desarrollo y la pubertad, los problemas de identidad sexual desaparecen siendo solo el 15% de quien inicia esos procesos los que derivan en casos de transexualidad. Este tema reclama por si solo un extenso artículo, pero es preciso que no olvidemos que somos las mujeres quienes en la niñez y la pubertad manifestamos más rechazo a las limitaciones de los roles de género y también quienes vivimos transformaciones fisiológicas importantes que muchas veces son vividas con desconcierto.

No deberíamos confundir a las/os menores en edades críticas inundándoles con discursos que pretendan que la disconformidad con el género cursa con la disconformidad con el sexo. Disconformes con el género, incómodas en los roles de género estamos la mayoría de las mujeres y eso no implica incomodidad con nuestro sexo.

No ayuda mucho el recalcitrante sexismo de una OMS que acepta como signo y síntoma predictor de la disforia de género, para el caso de las chicas, la “resistencia a vestir ropa femenina y preferencia a usar la masculina” (sic) y en el de los chicos “un fuerte rechazo a los juguetes, juegos, actividades típicamente masculinos, así como una marcada evitación de los juegos violentos” (sic).

Hay muchas otras preguntas que hacerse, por ejemplo: con esos indicadores claramente sexistas, ¿de verdad vamos a poner al profesorado, (como indican diferentes protocolos de atención educativa), a efectuar según esos parámetros “la posible detección temprana de aquellas personas en educación infantil que puedan estar incursas en un proceso de manifestación de su identidad de género”? 

Muchos profesoras/es feministas están alertando sobre la incursión en el sistema educativo de quienes pretenden catalogar los comportamientos no normativos de niños y niñas como sintomáticos de transexualidad o transgenerismo. Como decía la magnífica viñeta de Feminista Ilustrada, una niña jugando al fútbol no predice ni lesbianismo ni transexualidad, es solo una niña jugando al fútbol. Cuando manifestar lo evidente conlleva linchamientos y señalamientos públicos al más puro estilo batasuno algo no va bien, sobre todo si hay un silencio regodeante por parte de la Direccion General de Diversidad Sexual y LGTBI ante los ataques a parte del colectivo. Quienes como institución callan ponen manifiesto que manejan lo que a todos nos representa como si fuese un círculo de amiguetes.    

El sexismo se combate, no se refuerza. La diversidad sexual y la transexualidad se respetan, no se fomentan (ni se dejan de fomentar). Oponerse a la eliminación del sexo como categoría jurídica no tiene su origen en ninguna fobia, sino en un sentido de la realidad que comparte el feminismo junto a una mayoría social que aún tiene pie en tierra y no dobla la rodilla seducido por el neoliberalismo posmoderno.  

Un periodismo que censura estas reflexiones o desequilibra la presencia de unos u otros argumentos y permite que algunas/os redactores impongan el silencio o hagan residual una información de interés para la sociedad, no es periodismo.  

Las reformas que se están proponiendo son de un calado social que obliga a los medios de comunicación a intermediar facilitando a la sociedad su derecho a ser informada sobre los impactos de las reformas que afectarán a sus vidas.

Un periodismo que se autocensura, que actúa de parte o cede miedosamente a las presiones de lo políticamente correcto, no es periodismo. Cuando las acusaciones de transfobia a las feministas pasan a significar ¡cállate!, quizás haya llegado el momento de que la prensa deje de enfocar como anecdótico el discurso amenazador que promueve la censura queer y se pregunte, honestamente, el porqué de los linchamientos a personas con trayectorias de un compromiso inapelable con los Derechos Humanos y la igualdad.

Chimamanda Adichie también está en el elenco de hostigadas. Las palabras de la autora del best seller Todos deberíamos ser feministas son las palabras del feminismo:  

“La Diversidad no significa división. Porque podemos estar en contra de la violencia que sufren las mujeres trans mientras somos conscientes de las diferencias. Porque deberíamos ser capaces de ver las diferencias mientras nos apoyamos. Porque no tenemos que insistir, en nombre de la complicidad, que todo es lo mismo. Porque el riesgo que corremos es el de reducir el género a algo único y esencialista”.

Si se busca silenciar la reflexión y negar los debates y la palabra a quien demuestra que algunas propuestas dañan a las mujeres, a las personas transexuales, a gais y lesbianas, actúa temeraria e irresponsablemente. El feminismo se ha ganado el derecho a ser escuchado y el Ministerio de Igualdad no puede hacer oídos sordos.

La Delegada del Gobierno contra la violencia anunció el pasado 17 de abril que en la presente semana, el Gobierno llevaría a Consejo de Ministros una propuesta de reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LO 1/2004).

Esta reforma de la LO 1/2004 ha sido un acuerdo de todos los grupos de la Cámara y debe por tanto circunscribirse y limitarse a las modificaciones acordadas en el Pacto sin que pueda utilizarse para introducir cambios no acordadas.

Las medidas del Pacto contra la Violencia apuntaron el sentido de las reformas pero no detallaron la literalidad que debe figurar en el texto normativo, por eso, los grupos parlamentarios que promovieron y acordaron los términos del Pacto deben tener acceso, de manera previa, al texto que el Gobierno pretende llevar al Consejo de Ministros.

Esta es la única manera de garantizar que dichas reformas se circunscriban a los acuerdos sin sobrepasar ni quedarse cortos respecto del consenso acordado en la Subcomisión y las votaciones realizadas en el Pleno del Congreso de los Diputados el día 28/09/2017.

Esto implica la convocatoria previa y con carácter de urgencia de la Comisión de Seguimiento o en su defecto el envío del borrador del Anteproyecto a los Grupos que han sustanciado los acuerdos ya que no estamos ante una reforma del Gobierno de España, sino ante una reforma, promovida y acordada por el conjunto de los Grupos Parlamentarios.

Si el acuerdo es de todos, todos deben conocer y validar que el texto que vaya al Consejo de Ministros no excede de aquello que ha sido acordado.

Aplicar con el Gobierno del PP la hermenéutica de la sospecha es obligado. Son un gobierno que ya ha faltado a su palabra y dinamitando los acuerdos económicos poniendo en riesgo la puesta en marcha de las principales y más importantes medidas.

Al PP se le han visto, permanentemente, las ganas, de menguar la importancia adquirida por una ley socialista que ha sido premiada y reconocida en el ámbito internacional y han buscado insistentemente desenfocar su importancia.

Especialmente atentos habrá que estar a la medida 86 que busca dar acomodo a todos los tipos de violencia contra las mujeres contenidos en el Convenio de Estambul, pero que debe hacerlo respetando los acuerdos para que las violencias no previstas en la LO 1/2004, se rijan por las leyes específicas e integrales acordadas en el Pacto. Eso implica garantizar que los sistemas de seguridad, la intervención psicosocial y la respuesta judicial esté adaptada a las necesidades específicas de cada forma de violencia, mientras que el tratamiento preventivo y estadístico son generalistas y deben estar en el marco de la LO 1/2004.

Con la reforma que han anunciado, sin consulta previa a los Grupos del Pacto, ¿buscarán liderar lo que nunca lideraron y de paso abrirle boquetes a la actual Ley? ¿Se atreverán a sobrepasar los límites de los acuerdos? Todos debemos saber que las reformas acordadas no son del Gobierno. Las hemos acordado entre todas, y todos y por eso debemos garantizar que se cumplan en los términos en que fueron acordadas.

El Pacto además, plantea modificaciones legales que trascienden a la Ley 1/2004. Esta Pacto busca organizar un buen sistema preventivo, de identificación de víctimas o completar y extender por todo el territorio buenos sistemas de atención para la reparación del daño o acabar con los fallos de seguridad detectados. Todo eso no se hace con la sola reforma de la Ley 1/2004.

Por tanto tres cosas a saber:

1. Es preciso conocer si las reformas del Gobierno se limitan a modificar la Ley 1/2004 en su articulado o usará la reforma para introducir, a través de disposiciones adicionales, reformas del Código Penal, C.Civil , Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley del Consejo General del Poder Judicial, Ley educativa, Ley del Deporte etc.

2. Esto es importante porque cualquier reforma que no entre en el actual periodo de sesiones difícilmente verá la luz en esta legislatura y eso implica retrasos irresponsables e imperdonables.

3. La Comisión de Seguimiento debe ser convocada de urgencia con anterioridad a la presentación del Anteproyecto en el Consejo de Ministros a efectos de poder analizar y validar que la propuesta se circunscribe a los términos de los acuerdos y que el Gobierno no se “chotea” una vez más de los Grupos Parlamentarios, la sociedad civil y lo más importante, de las mujeres afectadas por una violencia que este Gobierno combate, de momento, con desidia y deslealtad.

El PP hasta el momento no ha dado ni un solo motivo para la confianza. Por eso, yo no me fío. ¿Ustedes?

El pasado noviembre, el Congreso aprobó por unanimidad una propuesta del PSOE  que instaba al Gobierno a aprobar, en caso de prórroga presupuestaria, un Decreto-ley sobre medidas urgentes en materia presupuestaria para dar cumplimiento a los acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Insisto, “por unanimidad”, es decir también con los votos del Partido Popular.

La Constitución contempla expresamente la prórroga de los presupuestos vigentes, y arbitra un mecanismo automático que impide la paralización de la actividad estatal cuando no se presentasen los Presupuestos Generales del Estado en los tres meses anteriores a la expiración de los del año anterior.

Pues bien, ya tuvo lugar el último Consejo de Ministros de 2017 y como todo el mundo sabe, el Gobierno no ha presentado los PGE 2018. 

Desde la aprobación de la Constitución, esta situación de prórroga presupuestaria se ha producido en cuatro ocasiones y en todas ellas, la prórroga vino acompañada de Decretos en materia presupuestaria, tributaria y financiera (Real Decreto-Ley 24/1982, de 29 de diciembre, Real Decreto-Ley 7/1989, de 29 de diciembre, Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre y Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre) que sirven para actualizar las previsiones que la simple prórroga automática no hubiera contemplado.

Así ocurre, por ejemplo, con las retribuciones de los funcionarios o las pensiones de jubilación, que hubiesen permanecido congeladas hasta la aprobación de los nuevos Presupuestos de no haberse acordado un incremento inmediato, así como diferentes previsiones de la ley de Presupuestos, como las relativas a las autorizaciones para emitir Deuda Pública o la prestación de avales públicos, entre otros aspectos.

El pasado viernes el Gobierno ha perdido la oportunidad de poner la violencia contra las mujeres entre sus prioridades. Produce rubor que solo dos días después de la anhelada foto que ha buscado la ministra Dolors Montserrat para cerrar el año, el Gobierno no haya incluido como medida urgente en materia presupuestaria el Decreto Ley que habilite los 200 millones que permitirían echar a andar el Pacto. Este es desde luego el primer incumplimiento del Gobierno en relación al Pacto y la pregunta obligada es: ¿El Gobierno no ve urgencia a pesar de las decenas de asesinatos y el hecho de que en los últimos crímenes los fallos de protección por parte del Estado han sido clamorosos? 

La partida de la que hablamos supone el 0,0011 de lo que la ministra Cospedal ya ha prometido a la OTAN.  No es una cuestión de dinero, es una cuestión de compromiso y prioridades políticas. El del Gobierno para con el Pacto contra la violencia, esta inédito.

Además, si consideramos los antecedentes del Gobierno, las previsiones anunciadas por la ministra para habilitar los fondos deben disparar las alarmas.  Si pretende aprobar ese Decreto dentro de los cuatro primeros meses de 2018, la cuestión es saber en qué fecha estarían disponibles los fondos y con los ritmos del Gobierno, y considerando que hay que definir y negociar los criterios de reparto, tardaran otros tres o cuatro meses más.

Si llegásemos al verano, la imposibilidad y los problemas para ejecutar los programas por parte de Comunidades y Ayuntamientos podrían ser reales.

Hay que decirle al PP que en relación al Pacto lo superfluo es hacerse fotos para anunciar las medidas y lo urgente llevarlas a cabo para no desesperarnos y desesperanzarnos ante lo que nunca llega.

El Gobierno debería ir a las ruedas de prensa para anunciar lo que hizo y no para vender futuribles que condiciona de tal manera que nunca los hace efectivos.

De momento el último Consejo de Ministros del año ha excluido el Decreto Ley que hubiese permitido echar a andar las medidas y esto pone en evidencia qué el PP no lo considera urgente: toda una declaración de intenciones que de facto supone congelar el Pacto.

Todos los Grupos Parlamentarios, experto/as, organismos y asociaciones hemos trabajado para mejorar y hacer efectiva la confianza en la respuesta institucional que reclaman las víctimas cuando interponen una denuncia. El gobierno debería estar a la altura y saber que no vamos a cejar, ni ser conniventes con su desidia. Cada vez que algún miembro del gobierno nos muestre declarativamente su compromiso habrá que decirle que “obras son amores” y las suyas de momento solo son promesas reiteradamente anunciadas y sistemáticamente incumplidas.

Como ha quedado de manifiesto durante el proceso de primarias, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, mantiene una postura contraria a la práctica del alquiler de vientres –la mal llamada “gestación subrogada”–, que suscribimos plenamente.

Es importante saber que este es un debate sobre los derechos fundamentales de los individuos y sobre si deben primar los deseos de las personas por encima de estos. El problema es que no cabe armonización posible ya que la satisfacción de los deseos de unas personas exige la renuncia de los derechos de otras. Es pues, un debate para el que no hay, pese a los intentos bonancibles y tramposos, una solución intermedia.

A la hora de valorar la llamada “maternidad subrogada” lo fundamental es hacer lo que hasta ahora no se hizo: prestar atención especial a las dos partes que resultan más directamente afectadas en esa práctica; es decir, las mujeres embarazadas y el resultado de ese embarazo, los niños/as. Ni estas cuestiones ni el gran negocio que se está consolidando alrededor de la mercantilización del cuerpo de las mujeres encuentran acomodo en unos medios de comunicación más preocupados por mostrarnos imágenes idílicas de quienes consiguieron, saltándose la legislación española, alquilar un vientre para satisfacer sus deseos de maternidad o paternidad.

La cuestión de fondo es que quienes defienden esta práctica ponen los deseos frente a los principios éticos y los derechos, ya que la práctica del alquiler de vientres anula derechos fundamentales.

La mal llamada “maternidad subrogada” se materializa en un contrato previo al embarazo en el que las distintas partes acuerdan la cesión de un menor. No nos cansaremos de recordar que la cláusula central del “contrato de subrogación” exige que la madre (la mujer que lleva a término el embarazo y el parto, según nuestro Código Civil) renuncie de manera irrevocable al derecho de filiación y custodia. Si el PSOE se mostrara favorable a esta práctica estaría dando por buena una modalidad contractual abusiva, ya que ningún contrato puede exigir la renuncia de derechos fundamentales a una de las partes. Pues bien, la renuncia a la filiación y custodia por parte de la mujer embarazada es la cláusula esencial en los contratos de subrogación. A nadie se le escapa que, sin esa cláusula, el alquiler del vientre de una mujer carecería de objeto.

Tampoco se le escapa a nadie que no existen esos miles de mujeres altruistas dispuestas a llevar a término un embarazo y parto para otros a quienes no conocen. Sabemos que la propuesta de la regulación “garantista” es una trampa. Cuando quienes hablan de garantías incorporan en sus discursos que la renuncia a un derecho fundamental se haga por “generosidad”, “altruismo” o “ayuda” vuelven a colocar a través de un proceso de manipulación y chantaje emocional la responsabilidad (“altruista”) de que las mujeres den satisfacción a los deseos de quienes no pueden gestar a sus hijos.

Detrás de esta práctica existe una mercantilización y cosificación del cuerpo donde, médicos, abogados y agencias de intermediación se lucran con la explotación reproductiva de las mujeres. Curiosamente son ellas quienes menos beneficios obtienen del “negocio” ya que hasta el 80% termina en manos de estos intermediarios a pesar de que a nadie se le escapan los riesgos que implica un embarazo en términos emocionales, vitales y de salud.

Es importante recordar que quienes contratan estas prácticas se arrogan la potestad de tomar decisiones como el número de embriones que se implantan en la gestante y que los embarazos múltiples son muy demandados, ya que les permiten “ahorrar grandes cantidades de dinero”.

La implicación que para el conjunto de las mujeres tiene una posible legalización del alquiler de vientres debe ser un eje central del debate, que necesitaría ser afrontado con más honestidad informativa, buscando desentrañar las consecuencias que esta práctica tiene para TODAS las mujeres.

Quienes nos declaramos socialistas y feministas sabemos que la libertad individual no puede avalar una práctica contraria a los derechos humanos y que los derechos no se pueden ceder ni vender, porque son inalienables.

En el 39º Congreso del PSOE fijaremos los principios y valores que van a sustentar el socialismo español de los próximos años y debemos hacerlo sin perder de vista el lema que nos acompañará este fin de semana: “Somos la izquierda”. Somos, además, la izquierda feminista que sabe que el derecho fundamental no puede ser objeto de relación contractual.

Somos la izquierda feminista que rechaza que el Estado legisle para considerar el útero de la mujer y la gestación como bienes colectivos.

Desde el PSOE seguiremos abanderando la lucha por los derechos de las mujeres y enfrentándonos al neoliberalismo que pretende dar validez a la idea de que hasta los derechos pueden estar sujetos a contrato.

"¿Sabe usted cuántas personas (fundamentalmente niñas y mujeres) son esclavizadas sexualmente en las calles de las grandes ciudades del mundo?", pregunta Álvarez

¿Estamos dispuestos a que el liberalismo económico mercantilice los cuerpos de  millones de personas como mercancía reutilizable?

¿Tan degradados estamos que vemos “normal” que los cuerpos de las personas sean tratados como objetos y puedan, por tanto, venderse o alquilarse?

¿Sabe usted cuántas personas (fundamentalmente niñas y mujeres) son esclavizadas sexualmente en las calles de las grandes ciudades del mundo?

Además de declaraciones institucionales ¿qué más cree usted necesario hacer para acabar con la explotación sexual de aquellas jóvenes asiáticas, latinas, africanas, europeas  (y españolas) que son captadas con violencia o seducción, con engaño, coacciones o aprovechamiento de necesidad y que son, primero expuestas, y después utilizadas sexualmente (previo pago) en calles, clubes, pisos, o a través de catálogo en la red?      

¿Cree usted que se precisan acciones realmente efectivas en la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual?

Debe saber que España ya se sumó al consenso internacional que considera la trata como un delito de lesa humanidad, y al hacerlo adquirimos el  compromiso de prevenir estas prácticas, procesar a los autores del delito y proteger de manera efectiva a las víctimas. Sin embargo, poco parece que cambia y el crecimiento de prostíbulos y proxenetas en España es imparable.

Esto ocurre como consecuencia de una legislación contradictoria que elude el hecho de que la trata tiene un marcado componente de género y que es la explotación de la prostitución ajena, la pornografía, los espectáculos de carácter sexual y el turismo sexual lo que representa el grueso de la  trata que se convierte así en el medio para proveer de mujeres y niñas al “mercado de la prostitución”.  

La entrada en vigor de convenios internacionales tan elementales como el de Protocolo de Palermo y el de Varsovia  ha sido complementada con actividad normativa en los diferentes estados y España ya desarrolla los mandatos de los convenios internacionales gracias a trasposiciones normativas que han ampliado la acción de la justicia y protocolizado las acciones policiales y de intervención social para proteger a las víctimas. Sin embargo, todos estos esfuerzos parecen inútiles y la industria del sexo crece exponencialmente en España al amparo de una legislación permisiva que alimenta que  cientos de mujeres sean ofrecidas en paquetes 'low cost', con copa incluida, en cientos de locales establecidos a las afueras de los pueblos o en el centro de las ciudades.

Vamos mal si no se combate el origen del problema. Que alguien pueda establecer un sistema empresarial prostituidor, para inundar el mercado de mujeres a las que poder utilizar sexualmente, debe ser combatido con claridad. Nadie debe ser beneficiario de la prostitución ajena.

Ni tan siquiera la hipocresía puede ocultar que la trata de personas, con fines de explotación sexual, se aviva por la desigualdad entre los géneros y la falta de igualdad de oportunidades y que es la demanda de prostitución el factor que contribuye a promover, alentar y sostener uno de los mayores negocios ilícitos del mundo. Esta es la verdad incómoda que el sistema se niega a aceptar porque son cientos de miles quienes demandan diariamente servicios sexuales bajo pago  y quienes necesitan creer que es “natural” que el acceso sexual al cuerpo de las mujeres se pueda hacer bajo precio.

El 'Informe de la relatora especial sobre los Derechos Humanos de las víctimas de la trata de personas, especialmente mujeres y niños' (ONU) ya ha considerado como “evidente” que la mayor parte de la prostitución implica uno o varios de los medios ilícitos señalados en el apartado a) del artículo 3 del Protocolo de Palermo, y que por lo tanto constituye trata.

Lo dice el informe y lo sabemos todas/os nosotros. Ni tan siquiera la coartada de la supuesta libertad de unas pocas puede servir de cortina para ocultar este escenario de explotación.

Los pasos dados hasta el momento han obtenido escasos resultados. Si de verdad esta realidad pretende ser combatida, no cabe mirar tan solo los aspectos relacionados con la reparación del daño a las víctimas. El modelo de intervención paliativo poco soluciona, más allá de ser un bálsamo para quien sufrió o sufre la explotación. La intervención estratégica debe combatir todo el entramado prostituidor que se compone de quien demanda, quien recluta, quien explota y todos aquellos que se lucran y apoyan de una u otra manera todo el sistema.

Legislar contra la explotación de la prostitución ajena es el principal paso para acabar con la industria de la trata de personas. A estas alturas sabemos que la apuesta de los Estados que han promovido legalizar la prostitución ha sido fallida y que solo ha servido de instrumento de perpetuación de la trata que encuentra en esos países una cómoda complicidad gracias a la institucionalización del proxenetismo.

No nos engañemos, la prostitución es una práctica social que nadie desea para sus hijas pero que demasiados aceptan y utilizan. Las encuestas sobre la utilización de mujeres para prácticas sexuales bajo precio sitúan a España a la cabeza del “consumo”. Los llamados “clientes” o “prostituidores” son personas que se justifican y eluden su responsabilidad como agentes activos de la explotación sobre la base de pensar que existe consentimiento por parte de las mujeres para ser explotadas en el ejercicio de la prostitución.

Si la cuestión de fondo es acabar con la explotación, convirtamos en actividad ilícita el lucro por prostitución ajena. Dar ese paso es esencial para acabar con las mafias, los chulos, los tratantes, los proxenetas y la permisividad social hacia la explotación del cuerpo de las mujeres.

La reciente reforma del CP ha venido a empeorar las cosas, con un PP hipócrita que rechaza institucionalmente la práctica pero apuntala a los proxenetas dando carta de naturaleza a la categorización de un proxenetismo bueno y otro proxenetismo malo. El PP ha perdido un tiempo precioso para combatir la explotación sexual con una reforma que sigue dejando en manos de interpretaciones permisivas -a través de la indeterminación jurídica- la vida de miles de mujeres a las que se exige prueba de “no-consentimiento” a pesar de que la libre voluntad de la víctima, a menudo, se vea  limitada  por la fuerza, el engaño, el abuso de poder, o la vulnerabilidad.

El camino es otro: deben ser suspendidas las ordenanzas que multan a las mujeres prostituidas. Es inconcebible que en el siglo XXI haya políticos que no sepan que no podemos castigar a las mujeres por su propia explotación mientras son permisivos con el proxenetismo. El proxenetismo debe ser combatido en todas sus formas.

Recuerdo que durante las comparecencias en la “Subcomisión para el estudio de la trata de seres humanos con fines explotación sexual” de la X legislatura el Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería expreso literalmente:

“Yo no soy nadie para juzgar a una mujer que ha decidido ganarse la vida ejerciendo la prostitución, (…)  pero sí que tengo derecho a exigir que no haya nadie que se lucre o que reciba un beneficio como empresario”.  

El señor Sanchez Cobisa apuntaba que para combatir la trata con fines de explotación sexual “cabría la posibilidad de la supresión de las licencias o de la actividad empresarial en este ámbito”, asunto que recogió una de las conclusiones de dicha Subcomisión.

Para desmantelar la industria del sexo, es preciso reintroducir en el Código Penal la figura de la tercería locativa (el que alquila habitaciones) en los términos del Convenio de Naciones Unidas. Es preciso introducir la figura de penalización de todo tipo de proxenetismo lucrativo, medie o no consentimiento de la persona prostituida.  

No podemos permitir que este país se convierta en el prostíbulo de Europa como proponen algunos partidos emergentes que apuestan por incluir la prostitución como un servicio más a ofertar a turistas  y nacionales para sus ratos de ocio y asueto.  Es preciso  frenar esta incursión de organizaciones proxenetas que pretenden convertir España en una especie de Tailandia Europea.

Impedirlo pasa por contar con medios para luchar contra las redes mafiosas penalizando a quienes viven de la prostitución ajena, a los proxenetas de cualquier tipo, incluidos los que a través de la permisividad de la tercera locativa llenan el paisaje de prostíbulos, como si fuesen gasolineras. El PSOE en su programa electoral da un paso claro y decisivo para combatir este entramado  ¿Quién puede discutir la conveniencia de frenar que se ejerza la prostitución bajo la dependencia de un tercero para acabar con la proliferación de locales donde se comercia con el cuerpo de las mujeres (incluidas menores de edad)  como si fuesen esclavas en siglo XXI?

"Los recientes crímenes de Cuenca, donde fueron asesinadas dos mujeres jóvenes, en un caso con todos los ingredientes de un asesinato machista, vuelven a traer a colación la necesidad de una revisión general de los sistemas de registro de la violencia de género", reclama Álvarez.

Los recientes crímenes de Cuenca, donde fueron asesinadas dos mujeres jóvenes, en un caso con todos los ingredientes de un asesinato machista, vuelve a traer a colación la necesidad de una revisión general de los sistemas de registro de la violencia de género.

En este artículo no voy a referirme a la necesidad de ampliar las categorías estadísticas que nos permitan medir el impacto real de la violencia contra las mujeres y que supondría contabilizar, por ejemplo, los asesinatos machistas tras una agresión sexual o como consecuencia de una práctica de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Me referiré exclusivamente al impacto real de la violencia por razón de género en el marco de la  Ley Orgánica 1/2004, conocida como Ley Integral para manifestar que es preciso que las estadísticas oficiales recojan la relación completa de víctimas mortales en los incidentes por violencia de género.

Es obligación del Estado articular sistemas de seguimiento fidedignos para la mediación del impacto real de esta problemática social. Solo así, seremos capaces de dar pautas de acción y contar con valoraciones adecuadas de la realidad del problema y sus soluciones en la intervención social y las políticas públicas.

La metodología de seguimiento de la violencia contra las mujeres a que se refiere la Ley Integral computa de manera regular a las mujeres víctimas de violencia por razón de género según la definición de la Ley,  pero sin incluir al conjunto de las víctimas.

Hace tan solo dos años que se ha iniciado el computo de los menores y huérfanos (esta medida fue solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista a través de una proposición no de ley anterior que incluía 12 medidas concretas de apoyo a huérfanos que fueron rechazadas por el Partido Popular).

Para la reforzar la memoria histórica, es preciso recordar que el inicio del recuento de asesinatos lo inició en 1997 el Foro de Madrid contra la violencia hacia a las mujeres y la Comisión de Violencia de Género de un ya inexistente Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid.

Estos organismos cedieron el testigo a la Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la violencia de género que comenzó a hacerlos públicos a través de la web www.redfeminista.org.

Aquellos cómputos pusieron en evidencia la falta de criterios definidos por parte de las administraciones en aquellos momentos y mostraron que los sistemas de registro minimizaban el problema.

Entre los años 1997 y 2001 las organizaciones de la Red contabilizaron una media de 437 crímenes machistas, mientras que los datos oficiales indicaban 242 casos mortales. Es decir, una media de casi 73 crímenes anuales frente a los 40 crímenes contabilizados por las administraciones. Estas discrepancias numéricas pusieron en evidencia los erróneos criterios conceptuales que se manejaban por parte de la administración.

Para  poner un ejemplo que nos haga entender mejor el “problema conceptual” cabe decir que en aquellos años no se computaban los asesinatos donde el victimario y la víctima no tenían una relación legalmente establecida y que fue a partir de 2002 cuando el Ministerio del Interior adecuó  -corrigiendo criterios- sus bases estadísticas para incluir en el cómputo, los casos en que el victimario fuese el “excónyuge (incluido separado/a- divorciado/a), compañero/a sentimental, excompañero/a sentimental, novio/a o exnovio/a”.      

Este ajuste, que destapó parte de los crímenes no contabilizados, fue posible tras un debate promovido por aquellas organizaciones de mujeres que buscaban un “consenso conceptual” y de afinidad en los enfoques, es decir, que buscaban acordar “qué se quería medir”.

Es esencial establecer sistemas eficaces y rigurosos para la recopilación de los datos sobre las víctimas que produce la violencia de género. Algunas eventualidades en torno a esta violencia no se pueden dejar fuera del cómputo de casos con resultado de muerte. No pueden desaparecer de las estadísticas los familiares que acompañan a la “destinataria-objetivo” de la violencia o aquellas personas que fueron asesinadas porque acompañaban a la víctima en el momento del incidente -como en el caso de Cuenca-, ni aquellas otras que intermediaron en defensa de la víctima y terminaron convirtiéndose en víctimas mortales. ¿Acaso en los negros años del terrorismo etarra dejo de contabilizarse como víctimas a los escoltas que acompañaban a los destinatarios principales de aquella violencia?

No debemos considerar estos casos como víctimas “secundarias” o personas que sufren un daño “subordinado”.  En los casos con resultado de muerte, el daño que puede traer a terceros la violencia contra mujeres debe ser contabilizado y registrado estadísticamente, evitando que sea percibida de manera genérica como daños colaterales.

A lo largo de estos años el recuento de estos casos ha resultado complejo y solo la dedicación y esfuerzo de organizaciones como la Red Feminista Contra la Violencia han dado datos  fidedignos sobre la magnitud real del problema.

Los casos identificados en estos años en su web como “victimas indirectas”  sirven para evidenciar que en materia de violencia de género es precisa la creación de subcategorías estadísticas que permitan identificar el impacto real de esta violencia.

Desde 2006 hasta finales del año pasado murieron hasta 11 hombres que eran las nuevas parejas de las mujeres acosadas, siete padres o hermanos de la mujer victimizada y cuatro personas asesinadas al intermediar en defensa de las víctimas directas aunque no tenían ninguna relación con éstas: madres, padres, nuevas parejas o acompañantes de  las víctimas en el momento del incidente violento han sido asesinadas sin que estos pasen a engrosar las estadísticas.

Esta práctica, minimiza el impacto real que la violencia de género tiene en la sociedad, lo que implica una información incompleta y no veraz sobre el impacto de la violencia contra las mujeres con resultado de muerte en los recuentos estadísticos.

Ya en noviembre de 2014 los socialistas hemos propuesto incluir en las bases de datos del Ministerio del Interior indicadores para categorizar a “otras víctimas mortales” en casos de violencia de género, que incluyan la relación con el victimario o la víctima, incluyéndolos en los boletines estadísticos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y realizar un proceso de revisión de los casos registrado en las bases de datos del Ministerio del Interior desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para identificar otras víctimas no cuantificadas hasta la fecha haciendo públicos los resultados en el marco de la evaluación de los diez años de aplicación de dicha Ley.

El análisis de aplicación de las Leyes debe servir para mejorar los sistemas de registro, pero también para  ampliar los sistemas de reconocimiento, protección y  reparación. En este último punto no hay que echar en saco roto la reclamación de las madres de los niños y niñas, asesinados como venganza, que reclaman ser consideradas víctimas, con todas las consecuencias, legales y asistenciales, que ello supone y por supuesto no humillar la memoria de quienes, como Laura del Hoyo, se solidarizó y apoyo a Marina Okarynska en su decisión de acabar una relación sin duda dañina, abusadora y violenta.  Hacerlo es una necesidad estadística  pero también un deber para con la memoria de quienes se jugaron la vida dando apoyo a las víctimas y colocándose enfrente de la barbarie.

En Ecuador, cada año, se pone en riesgo la vida y la salud de miles de mujeres al negar el acceso a servicios sanitarios para interrumpir embarazos no deseados

Un país que no respeta la libertad de las mujeres para decidir cuándo quieren tener hijos, cuántos y con quién no cumple los parámetros esenciales para ser premiado por promover políticas a favor de la igualdad de género

Eldiario.es informaba la semana pasada sobre un premio entregado a Ecuador “por sus políticas para lograr la igualdad de género”. Se refería la noticia al galardón que otorga el Foro Global de Mujeres Parlamentarias a los países que reducen la brecha entre hombres y mujeres en el ámbito parlamentario.

Premiar los esfuerzos para que las mujeres tengan presencia en los espacios de toma de decisiones está bien y cabe felicitarse porque el gabinete del gobierno ecuatoriano sea paritario, ya que la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones es una pieza clave de la agenda feminista.

Ahora bien, al igual que frente al antediluviano gobierno griego hemos dicho que “sin mujeres no es democracia”, tenemos que dejar claro que la mera presencia es insuficiente. Un proyecto solo es democrático, de izquierdas y revolucionario si estamos las mujeres… ¡y estamos con derechos!

En Ecuador, cada año, se pone en riesgo la vida y la salud de miles de mujeres al negar el acceso a servicios sanitarios para interrumpir embarazos no deseados. Un país que no respeta la libertad de las mujeres para decidir cuándo quieren tener hijos, cuántos y con quién no cumple los parámetros esenciales para ser premiado por promover políticas a favor de la igualdad de género.

¿Cuál es la situación?

Con este panorama en Ecuador, desde 1971, el Código Penal estipula, bajo las secciones 441-447 del Artículo 149, que el aborto puede ser legal sólo en casos en que la vida de la mujer está seriamente en peligro, así como “si el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en una mujer idiota o demente”.

En los demás supuestos, el personal médico que practique un aborto enfrenta una pena de entre dos y cinco años de cárcel, mientras que la mujer puede ser encarcelada entre uno y cinco años.

Las feministas ecuatorianas que conformaron lista en Alianza País, grupo que apoya al presidente Rafael Correa, iniciaron una campaña para legalizar el acceso a un aborto seguro para cualquier mujer violada.

La virulencia de Correa contra cualquier avance en materia de derechos sexuales y reproductivos le llevo a hacer casus belli,  con amago de dimisión incluido y a ejercer fuertes presiones a las parlamentarias para que retirasen la iniciativa; ¡todo para impedir modificaciones que den seguridad sanitaria a las mujeres!

Perdieron las parlamentarias y el único cambio introducido ha sido reemplazar la terminología discriminatoria y ofensiva de “idiota y demente” por “discapacidad mental”.

Esto ocurre en un país donde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el Ministerio del Interior calculan que en 18.000 hogares una de cada cuatro mujeres de más de 14 años ha sufrido abuso sexual, y seis de cada diez han sufrido abuso doméstico.

El pacto de Correa con el fundamentalismo anti-derechos, como ya hizo en su día Ortega en Nicaragua, le da la estabilidad que proporcionan los púlpitos ¡ y le ha llevado al extremo de designar, además, a una lobista del Opus Dei como responsable de las políticas de la “Estrategia Intersectorial de Prevención de Embarazo Adolescente y Planificación Familiar” (ENIPLA). Esta lobista del Opus Dei ha mantenido que lo mejor para lograr reducir los embarazos no deseados es promover la abstinencia sexual.

Son esas políticas desconectadas de la realidad las que ponen en riesgo la vida de muchas ecuatorianas y por tanto no parece que el país que las promueve sea merecedor de muchos premios.

Que el estadio del Real Betis Balompié jalee con cánticos una agresión machista implica un gesto social de tolerancia hacia un tipo de violencia muy extendida y que cuesta la vida, en España, a decenas de mujeres cada año.

Este tipo de actitud refuerza al violento y promueve la tolerancia social hacia este tipo de delitos. Supone, por otro lado, la minimización del problema, la estigmatización de la víctima y la justificación y normalización de las agresiones.

Todo ello alienta la impunidad, es decir la no sanción ante el incumplimiento de una norma social que indica que “agredir a las mujeres es un delito”.

Pero, esos gritos proferidos en un campo de fútbol pueden verse agravados si no se denuncia y se percibe la indiferencia de las autoridades. Allí se produjo un linchamiento a la víctima que debería generar una alerta sobre el nivel de tolerancia social al sexismo hostil y los delitos por razón de género.

En España, existen antecedentes de espectadores profiriendo insultos racistas a jugadores negros que supusieron críticas, condenas generalizadas y multas de la FIFA a la Federación Española de Fútbol.

Es preciso que la legislación castigue la apología machista y que la Fiscalía actúe. Es preciso reclamar al Club afectado que se pronuncie, a la Real Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes mayor contundencia, al igual que lo hacen frente a cánticos anti-semitas o eslóganes y símbolos racistas, frente a quienes fomentan, promueven e incitan agresiones –en este caso de manera directa– contra una persona “por razones de género”.

En toda Europa los conatos de xenofobia en las gradas fueron acometidos con rapidez por los organismos gubernamentales y los propios clubs. El Observatorio contra el Racismo y la Violencia en el Deporte demandó que los clubs deportivos “asuman liderazgo ético y moral a nivel social”, lo que derivó en medidas para la sensibilización social y para prevenir actos y actitudes racistas en el deporte.

Sorprende también el silencio inaceptable de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, de la secretaria de Estado, la señora Susana Camarero, y de los ministros José Ignacio Wert y Alfonso Alonso, todos ellos en un “compromiso de bajo tono”. Mal vamos cuando se menosprecia la importancia de que sean los responsables de las administraciones los primeros en asumir ese liderazgo ético y moral frente a la violencia machista.

Desde la oposición nos cabe la condena, la demanda de actuaciones contundentes y la sugerencia de que el Observatorio encargado de analizar la violencia en el deporte incorpore también en su composición a organizaciones y personas de reconocida competencia en la lucha contra el sexismo.

Los Presupuestos Generales del Estado en materia de igualdad de oportunidades aparecen como un mosaico claro de lo que ha sido una nefasta legislatura del Gobierno del PP. El balance pone de manifiesto que ha existido una vocación por desnaturalizar y desmantelar las estructuras específicas que se constituyeron durante la Transición como un elemento básico para la implantación de las políticas públicas para el impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En esta estrategia de acoso, encaja que una Reforma Local que plantea eliminar las competencias que venían prestando los ayuntamientos en materia de igualdad, lo que supone de facto la destrucción de, la muy articulada, red de recursos para la igualdad y contra la violencia de género.

En Castilla La Mancha las políticas de igualdad han comenzado a desfallecer como consecuencia de decisiones políticas coincidentes con las del actual Gobierno de España, mientras que Andalucía se resiste contra una reforma de la administración local que dejaría sin protección a más de 101.000 mujeres atendidas en los centros municipales distribuidos por todo el territorio y que son la pieza clave para las políticas de igualdad en esa comunidad.

Pero vayamos a los Presupuestos Generales del Estado. Los de 2015 son presupuestos de balance de legislatura. Tras la reestructuración que ha sufrido el Instituto de la Mujer existe opacidad en las partidas destinadas a Igualdad al no quedar discriminados los destinados a la Igualdad entre hombres y mujeres de los que se destinan a la Igualdad de Oportunidades de manera genérica.

El Gobierno ha querido comparar el presupuesto de 2015 con el de 2014 para intentar sacar pecho sobre la base de un paupérrimo aumento presupuestario que mantiene a las políticas de igualdad muy por debajo de lo que fueron los últimos presupuestos elaborados por el anterior gobierno socialista: exactamente 10,3 millones de euros menos en el programa de igualdad de oportunidades y 6.634.940 menos en prevención de la violencia machista.

Los números de los presupuestos en materia de igualdad que resumen la legislatura del PP vendrían a ser:

1. La teleasistencia móvil a víctimas de violencia baja con relación al ejercicio anterior un 34,55%. Casi dos millones de euros menos para uno de los principales programas preventivos.

2. No enmiendan su anterior recorte de 1.000.000 de euros para los “Programas de asistencia social para mujeres y menores víctimas de violencia de género con relación a los presupuestos de 2014, lo que implica recortes en la atención a la reparación del daño, la parte más sensibles del apoyo institucional a las víctimas.

3. Un 22% menos de presupuesto para la Delegación del Gobierno de la Violencia de Género de lo que se encontró cuando llegaron al gobierno. Gestionará 23,728 millones de euros, lo que supone 6,6 millones menos para la lucha contra la violencia de género respecto al último presupuesto elaborado por los gobiernos socialistas.

4. El programa de “Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres” sufre un recorte del 33% desde que el PP llegó al gobierno.

Es en este último programa es donde asoma otro asunto a considerar: el sospechoso movimiento de partidas presupuestarias destinadas a las Comunidades Autónomas para “formación y fomento del empleo femenino”. En las trasferencias corrientes no desaparece el presupuesto del programa; tan solo se reubica en transferencias a las entidades locales. ¿A que atiende este 'movimiento'? Sencillamente a que 2015 es año electoral y el PP ha decidido sustraer del control político un paquete de recursos económicos por la vía de eludir el reparto a través de las Sectoriales con las Comunidades Autónomas donde existen criterios objetivos para la distribución de los créditos.

Esto no supone un cambio de estrategia que vaya a revertir en beneficio del conjunto de los ayuntamientos, sino a una artimaña para eludir los controles de reparto.

La distribución de estos fondos queda a discrecionalidad del Gobierno. Es decir, en pleno año electoral el PP elude los controles de distribución de fondos públicos establecidos y negociados entre las Comunidades Autónomas y que aseguran una cuantía mínima que permita la realización de esas acciones al considerar, por ejemplo, la heterogeneidad de la distribución geográfica de la población residente en España. Esta reubicación de las transferencias le permite al PP eludir criterios de reparto territorial como la población, la tasa de paradas, la temporalidad de las mismas y otros indicadores que permiten que la distribución se ajuste a criterios lógicos.

Pregunta: ¿El PP utilizará los fondos para el “emprendimiento, inclusión e inserción socio-laboral de mujeres” como instrumento de premio/castigo a los ayuntamientos en función de la afinidad de cada gobierno local? Cabe pensar mal para acertar: es de esperar un reparto electoralista, y por tanto injusto políticamente y técnicamente ineficaz, de esa distribución. Un reparto que buscará rentabilidad política para el Partido Popular.

El Grupo Parlamentario Popular ya votó en contra de una enmienda socialista en la Ley de Trasparencia para hacer públicos los planes de medios de las campañas publicitarias institucionales, otro espacio de reparto “gracioso” de fondos donde, por ejemplo, el ministerio de Ana Mato contrata los impactos publicitarios para prevenir la violencia contra las mujeres, no a quien tiene más oyentes o lectores, sino favoreciendo a medios con afinidad a las posiciones del Gobierno.

Los números absolutos no son suficientes para analizar los presupuestos. Por eso es preciso habilitar espacios de trasparencia real donde acceder en tiempo a informaciones que nos permitan conocer criterios tasados que reduzcan una discrecionalidad que puede derivar en abusos.

Una lectura detallada muestra que dicha Estrategia Nacional es básicamente una recopilación ordenada de las acciones ya diseñadas con anterioridad a la llegada al Gobierno del PP que incluyen muchas medidas que competen a las Comunidades Autónomas.

A diferentes periodistas a los que me he dirigido, he manifestado mi desconfianza sobre el hecho de que el Gobierno de España hubiese asignado presupuestariamente esa cantidad para combatir la violencia contra las mujeres. También he insistido en explicar que, en todo caso, no hacía referencia a una financiación nueva y específica, sino que solo podía referirse a cantidades que compendiarían el total de partidas de diferentes ministerios y organismos gubernamentales. La mayoría de ellas serian, por tanto, partidas ya existentes y presupuestadas en ejercicios y gobiernos anteriores.

Dicho de otra manera, la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género no significa un esfuerzo extraordinario sino que el Gobierno tan solo habría ordenado en un documento lo que ya se venía haciendo.

Durante los últimos presupuestos del Gobierno socialista el Ministerio de Justicia desglosó la cifra de 45 millones de euros para indicar cuáles eran las cantidades destinadas a actuaciones contra la violencia de género y promoción de la igualdad (ver ficha adjunta). Ese detalle de información ha desaparecido de los Presupuestos Generales del Estado 2014, pero cabe deducir que la suma de cada una de las partidas que destinan los diferentes organismos gubernamentales a estos fines seria lo que permitiría llegar a completar los, aún no acreditados, 1.539 millones de euros.

El problema es que, hasta la fecha, ningún Gobierno ha contabilizado la cifra global destinada a combatir esta violencia, entre otras cosas, porque no existen indicadores específicos. Sólo medidas como los brazaletes antimaltrato, las ayudas directas y alguna otra asignación específica, pueden asignarse de manera concreta, pero resulta complejo conocer –por ejemplo– qué cantidades del presupuesto de las Oficinas de Atención a Víctimas relaciona con la violencia de género ya que estas atienden a todo tipo de delito.

Un Estado moderno y exigente, para poder controlar su gasto, debería poder identificar estas cuestiones. El extinto Ministerio de Igualdad inició esa tarea y comenzó a recopilar la información referida a las actuaciones contra la violencia de género y promoción de la igualdad en cada uno de los ministerios.

Esa práctica decayó y esas cifras andan ahora dispersas en el fárrago numérico de los presupuestos. No solo es difícil de localizar; además, es improbable que se pueda cuantificar con certeza. Pero no es este el asunto al que quiero referirme.

La vicepresidenta del Gobierno, la ministra de Sanidad, su secretario de Estado y la delegada especial del Gobierno vienen repitiendo la cifra de 1.539 millones de euros como un mantra que pretende que veamos cuán grande es el esfuerzo de su Gobierno en esta materia. ¡Pero engañan!

Siempre he sospechado que la cifra referida por la vicepresidenta del Gobierno no es una cantidad real y efectiva de la inversión del Gobierno en materia de violencia de género. Es fácil de comprobar ya que, para ofrecer una cifra tan exacta, se deben recopilar las partidas de cada una de las actuaciones. Si es así, hay que demostrar que la suma de todas ellas den como resultado 1.539 millones de euros.

Pero hay más: tal y como está construido su mensaje parecería que el Ejecutivo del PP va a dedicar 1.539 millones de euros a combatir la violencia de género. Yo misma lo pensé, por eso examiné con detalle los Presupuestos Generales del Estado 2014 en busca de las partidas que lo avalase: ¡infructuosamente!

Llegaron las comparecencias de presupuestos y si el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad pasó de puntillas sobre la cifra, la subsecretaria la franqueó de refilón. En el turno de preguntas solicité las partidas en que se hallan consignadas las cantidades referidas por la vicepresidenta del Gobierno en el citado Consejo de Ministros.

Pregunté:

“¿Esa cifra de 1.539 millones de euros corresponde a qué ministerios? ¿Esas partidas, existían ya en los ministerios con anterioridad a 2013? ¿Puede indicarnos con exactitud en qué ejercicios anteriores fueron creados esos apuntes contables, capítulo presupuestario y cantidad asignada en cada uno de los ejercicios por ministerio y área?”.

Solo conociendo la respuesta a estas preguntas, podremos saber si las acciones son nuevas, si aumentó o disminuyó, si atiende a programas de nueva creación o todo lo que hace el Gobierno es arrastrar lo diseñado con anterioridad. Solo conociendo la respuesta a estas preguntas sabremos si la vicepresidenta del Gobierno, la ministra Mato, su secretario de Estado y los responsables operativos y económicos hacen trilerismo político y contable.

¡¡¡No obtuve respuesta!!!

Como no la esperaba, entregué un documento con preguntas escritas sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2014 reclamando “la dotación y partida presupuestaria en que se hallan consignadas las cantidades asignadas a la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género de cada uno de los ministerios en el marco de las acciones que les hubiesen sido fijadas”.

Llegó la contestación del Gobierno a las preguntas:

Aun así, el Gobierno insiste en “señalar que las partidas económicas en materia de violencia de género se han mantenido iguales al año anterior”. Esta afirmación no puede comprobarse ya que no ofrecen los datos que permitan cotejarlos a excepción de los asignados a la Delegación Especial del Gobierno de la Violencia, que ha perdido, desde la llegada del PP al Gobierno, 8.508.700 de euros.

Pero, gracias a la respuesta escrita, se ha destapado la trampa de los 1.539 millones de euros. Lo hace porque el segundo párrafo desvela que el Gobierno, para hacer el cómputo, “ha contemplado el crédito que los Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas destinarán, estimativamente, a la consecución de las acciones para erradicar la VG”. estimativamente,

A fecha de hoy seguimos sin saber cuántos de esos 1.539 millones de euros son reales, estimativos o ficticios, pero sabemos fehacientemente que solo es una cifra “aproximada” y dicha “a voleo” que incorpora (y hace suyo) un presupuesto ajeno... el destinado por las Comunidades Autónomas a combatir la violencia de género.

Un pufo más del Gobierno del PP. Quizás puedan decir que no mintieron... pero nadie podrá negar que han engañado.