Aunque la PAH siempre ha contado con mi simpatía y su portavoz, Ada Colau, merece mi admiración por haberse convertido en una de las voces más impactantes de la escena sociopolítica actual, confieso que su propuesta estrella –concretada en la ILP por la dación en pago– me resultaba francamente insuficiente ya cuando fue enunciada. Una vez desvirtuada por la mayoría parlamentaria del PP, a esa sensación se unió la percepción en cuanto a la necesidad de superarla. Y de eso trata este artículo.

Pongamos un caso típico: pareja a punto de entrar en la treintena que compra un piso en el año 2002, asumiendo una hipoteca de 280.000 euros, de la cual han pagado el 75% pero, debido a que ambos se han quedado sin trabajo, son incapaces de afrontar el restante 25%. Carne de desahucio, desempleados y a las puertas de los 40 años.

El banco o caja de turno realiza los trámites para recuperar el inmueble y ponerlo a subasta, lo que finalmente consigue: el comprador paga 190.000 euros y se queda con la propiedad del piso. Veamos: el banco ha ingresado 210.000 euros (el 75% de la hipoteca pagada por nuestra no tan ficticia pareja), más 190.000 euros (precio en subasta), o sea... ¡400.000 euros por un inmueble que valoró en 280.000 y que probablemente no valía a precios de mercado más de 240.000! Pero eso no es lo peor: quien ha pagado 210.000 euros se queda sin piso y sin dinero, mientras que otro se lo lleva por un precio inferior, probablemente sin más intención que especular. ¿A alguien puede parecerle esto justo?

Si la respuesta es negativa, ya estamos más cerca de la solución: una reforma de la Ley Hipotecaria mediante la cual la(s) persona(s) titular(es) de una hipoteca pueda(n) ejercer el derecho de tanteo en la subasta del respectivo inmueble, incorporando el saldo ya pagado como parte del precio de adquisición. Ello evitaría las dos detestables consecuencias expuestas más arriba: que el banco se lucre dos veces con la venta de un mismo bien y que la propiedad de ese bien recaiga en quien ha pagado menos por él.

Por supuesto, esta medida no solucionaría todos los problemas de desahucios, pero sí una importante parte de ellos, al obligar a los bancos y cajas a negociar caso por caso, para evitar la posibilidad de que sus ingresos por ventas en subasta se viesen drásticamente reducidos –incluso a cero en no pocos casos–.

Para los demás supuestos, cualquier propuesta política mínimamente ética –no me atrevo a decir de izquierdas, ni siquiera progresista, pues pienso que este asunto es más de decencia que de ideología– debería incorporar medidas como la creación de un parque público de viviendas con alquileres que no superen el 40% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la obligatoriedad por parte de aquellas instituciones financieras que han recibido dinero del FROB de renegociar las hipotecas y de donar una parte de su cartera de viviendas al parque público.