Hace unos días se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo en el conocido como caso Tíbet, en la que se afirmó una suerte de doctrina cuyas consecuencias van mucho más allá del caso concreto. De hecho, y por si alguien pudiera tener duda, el mismo Tribunal Supremo (TS) señaló que lo que mantenía para ese caso concreto debía aplicarse a “otros supuestos similares”. Y precisamente eso es lo que ha ocurrido con el Auto del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional del pasado día 9, en el que el Juez Pedraz se ha visto obligado a dar por cerrada la investigación por la muerte de José Couso.

No es tarea sencilla condensar las más de cien páginas de esta sentencia del TS, tampoco traducir sus vueltas y revueltas jurídicas. Valga, eso sí, adelantar una consecuencia práctica general: los responsables de crímenes como el genocidio, los crímenes contra la humanidad o de guerra pueden estar tranquilos, también si sus víctimas son españolas, porque nuestros tribunales no van a poder hacer nada de nada contra ellos mientras se mantengan fuera de nuestras fronteras. En menos palabras: una garantía bastante amplia de impunidad para los criminales y de desamparo para sus víctimas.

Como es sabido, el punto de arranque hasta llegar a este desolador panorama hay que situarlo en la Ley Orgánica 1/2014, con la que el legislador pretendió dinamitar el principio de Jurisdicción Universal en nuestro ordenamiento. El motivo es también conocido: lograr que se archivasen distintos procedimientos judiciales que incomodaban a algunas de nuestras autoridades. De este modo, y en resumen, se intentó imponer que los tribunales españoles sólo podrían perseguir los más graves crímenes internacionales si su autor era español, o residía habitualmente en España, o estando en nuestro país, otro Estado pedía su extradición y nosotros no la concedíamos. Punto final.

En realidad, me corrijo, existía aún un escollo para ratificar semejante cosa: una  serie de normas internacionales aceptadas por España, cuyo contenido parecía hacer imposible lo que el legislador deseaba. En ellas se sostuvo, de hecho, el mismo Juez Pedraz para recién aprobada la Ley Orgánica 1/2014, en su Auto de 17 de marzo, afirmar que aquella restrictiva ley no podía ser de aplicación ante crímenes de guerra, acordando así continuar con el caso Couso. El motivo principal es que la normativa (internacional pero también española) al respecto dispone literalmente que: España “tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, [”crímenes de guerra“], y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad” (artículo 49 del primer Convenio de Ginebra, 50 del Segundo, 129 del Tercero y 146 del Cuarto –en BOE desde 1952).

A partir de aquí, mantener que el legislador pudiera modificar estas disposiciones con la Ley Orgánica 1/2014, exigiendo sin más que ahora ya sólo podría abrirse un proceso si el criminal de guerra era español, etc., supondría hacer saltar por los aires distintos principios básicos del Derecho, así como lo que expresamente señala nuestra Constitución (artículo 96) y es pacífico para todos nuestros tribunales. En consecuencia, el punto final  vino por otro lado. Transformando lo reproducido en un interrogante, digamos que la (auto)pregunta sería o fue algo como: Pero, ¿cuándo tendrá España esa obligación de buscar a los criminales de guerra? ¿Desde que tenga evidencias de ese crimen, en tanto que es un crimen internacional que por definición atenta contra la Comunidad Internacional en su conjunto, España incluida? O, ¿quizá sólo a partir de un momento o circunstancia determinada? Pues sí, esto último… Y es que, en síntesis, lo que mantuvo el TS es que cuando el artículo citado afirma la obligación de nuestras autoridades de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, un crimen de guerra, lo que realmente está diciendo no es exactamente eso, sino que esto debe hacerse sólo y exclusivamente si están o desde que estén en España. ¿Y si no lo están? Pues entonces no. Esto es, que nuestros tribunales nada podrán hacer. Y cuando digo “nada”, me refiero exactamente a eso. Por parafrasear el mismo Auto del Juez Pedraz: “Así, ante un crimen de tal tipo cometido contra periodistas o personas españolas consideradas como población civil (p.e. cooperantes), ni aun los familiares de víctimas o el Ministerio Fiscal podrán instar la apertura de diligencias en España para al menos identificar a la víctima, solicitar la autopsia u otras diligencias urgentes o investigar cómo acontecieron los hechos”.

De este modo es como se llegó al acto final, que por la misma sentencia del TS supuso el fin del caso Tíbet, y tras él y en su virtud, el del caso Couso. La base de todo ello, en fin, es que la Ley Orgánica 1/2014 no sólo no vulnera ninguna obligación internacional en materia de persecución de crímenes internacionales, sino que es total y plenamente acorde con todas ellas. Y ello porque aunque ninguna de estas obligaciones lo dice, lo que hay que entender es que sólo exigen perseguir a los responsables de estos crímenes cuando estén en nuestro país; y todo esto, añade el TS, pese a que por “la gravedad y universalidad de [estos] delitos [fuera] aconseja[ble]” que sean perseguidos universalmente... Con todo, parece olvidársele al mismo TS que para la Ley Orgánica 1/2014, ni siquiera esta restrictiva interpretación es suficiente, pues rizando el rizo lo que exige es, en general, no ya que el presunto autor  esté en España, sino que “resida habitualmente en España”, como ya vimos. Como sobre esto nada indica el TS, a la postre cabe entender que la tesis final pudiera resumirse así: Lo que en verdad dicen los Convenios Ginebra no es lo que todos podemos leer, sino que España “tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, [”crímenes de guerra“], sólo cuando estén en España pero no de paso sino que solamente si residen habitualmente aquí, y (entonces sí) deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad”.

Sin forzar tanto el cuadro para lograr el encaje de la Ley Orgánica 1/2014, en la cuestión general, la posición defendida por el TS es ciertamente una de las que han estado presentes en el debate jurídico desde hace tiempo. En lo que nos ocupa, eso sí, la más restrictiva. Cabría abrir aquí entonces una discusión sobre múltiples cuestiones, empezando por las reglas de interpretación de un tratado internacional. No obstante, no es éste el momento ni el lugar para ello, pero una mínima consideración al menos: En realidad, el TS sí apunta en su sentencia algunas de estas reglas interpretativas, pero omite otras y entre ellas una no menor: todo tratado internacional debe interpretarse teniendo en cuenta su objeto y fin. Lo que sí aparece, fugazmente, es alguna mención al objeto y fin del sistema en que descansa la persecución de estos crímenes internacionales; de hecho, afirmó el mismo TS que “la Jurisdicción Universal supone que los Tribunales de un Estado deben ejercer jurisdicción extraterritorial sobre ciertos delitos en función de su naturaleza, para evitar que los responsables puedan encontrar un lugar de refugio donde alcanzar la impunidad”. Estoy de acuerdo. Ahora bien, debates técnicos al margen, la clave es que con la interpretación que ha defendido de las normas en cuestión, el TS a donde nos ha llevado es a lo siguiente: A partir de este momento, los responsables de crímenes que atentan contra todos nosotros tendrán, de hecho y de Derecho, un estupendo refugio en cualquier lugar del mundo, con tal de que no vengan a España. Perdón, también lo tendrán aquí salvo que se decidan a residir habitualmente dentro de nuestras fronteras.

Frente a esta realidad, ya se está trabajando en la redacción de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Confiemos entonces en que terminemos logrando que las víctimas de los más graves internacionales, que todos los que formamos parte de la Comunidad Internacional contra la que también atentan, finalmente logremos ser amparados por la justicia española.

Defender que ante atrocidades y crímenes internacionales como un genocidio, los tribunales españoles sólo podrían ejercer su competencia sobre la base del principio de jurisdicción universal si las víctimas son españolas, ni es verdad ni tiene ningún sentido jurídicamente hablando.

El auto del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional del pasado día 9 ha suscitado gran número de valoraciones, comentarios y reacciones. Entre ellas, las del posterior comunicado del Ministerio de Exteriores de Marruecos, en el que se subrayaba el “asombro” de las autoridades de aquel país ante “la inédita decisión judicial española”. Ciertamente, debería causar asombro -como mínimo- que hayan tenido que transcurrir tantas décadas para que dejara de ser algo desconocido, nuevo, el procesamiento de algunos de los presuntos responsables del “ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes (…) con la finalidad de destruir total o parcialmente dicho grupo de población y para apoderarse del territorio del Sahara Occidental”, como considera indiciariamente acreditado este Auto. Y es que baste recordar que como se detalla en la querella presentada en 2006, desde que presuntamente se cometieron aquellos crímenes, “Marruecos ha (…) denegado y sigue denegando de forma permanente y generalizada el derecho a la tutela judicial de las víctimas”. Estamos pues ante una muy buena noticia.

No obstante, hay otro particular que temo que no ha causado similar sensación de sorpresa, pero que al menos a mí me ha dejado asombrado -como mínimo- y es al que quisiera dedicar este artículo.

En muchas referencias en los medios de comunicación, así como en diversas declaraciones de las autoridades españolas, se destacaba que este procedimiento era posible al tratarse de crímenes cometidos contra españolas. Por mejor decir, en varias ocasiones he leído, visto y oído que esta causa ha podido avanzar pese a la radical limitación que pretendió imponer la Ley Orgánica 1/2014 respecto al principio de justicia universal, en tanto que las víctimas eran españolas. En esta afirmación resuena buena parte de lo que hubo que escuchar cuando se nos presentó aquella infamia legislativa, y que ahora podemos resumir en algo que hace unos días repetía nuestro ministro de Exteriores en una entrevista: que los tribunales españoles no pueden “aplicar la justicia en 193 países afecte o no afecte a ciudadanos españoles”. Añadía el ministro que eso era “un disparate” y que en consecuencia “ellos lo habían tenido que cambiar”. Bien, vayamos por partes.

Lo primero que debe quedar claro es que, tras la modificación operada por la Ley Orgánica 1/2014, el artículo 23.4 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que nuestros tribunales no pueden enjuiciar ni los crímenes de genocidio, ni los de guerra, ni los crímenes contra la humanidad cometidos contra españoles fuera de nuestro país. No tienen competencia. O mejor expresado, con la Ley Orgánica 1/2014 el legislador ha querido establecer que no la tienen. La razón de semejante disparate -éste sí- no fue otra que intentar acabar con diversos procesos abiertos en España en los que había víctimas españolas, señaladamente el caso Tíbet. De ahí también que la Ley Orgánica 1/2014 ordenase el archivo de las causas entonces en marcha que no cumplieran con los nuevos límites que pretendió imponer.

El motivo por el que el procedimiento por el presunto genocidio cometido en el Sahara ha seguido adelante es otro. Para explicarlo debemos remontarnos a una decisión anterior de la Audiencia Nacional, el Auto de 15 de abril de 2014. Sin detenernos ahora en cuestiones técnicas, el hecho es que entonces se decidió continuar con el proceso no porque los crímenes se hubieran cometido contra españoles, sino porque se habían perpetrado en un territorio que era España. Es decir, pese a que la Ley Orgánica 1/2014 persiguiera el cierre de todas las causas por crímenes internacionales cometidos fuera de nuestras fronteras aunque sus víctimas fueran nuestros compatriotas, aquello no pudo alcanzar a este procedimiento: para hacerlo, debería haber previsto que nuestros tribunales no podrían enjuiciar crímenes como el genocidio o los crímenes contra la humanidad ni siquiera si se hubieran cometido en España. Lo cual habría sido un exceso incluso para nuestros actuales legisladores.

Aclarado lo anterior, volvamos al primer “disparate”, pero abramos el enfoque. Aunque el término justicia universal puede evocar algo entre la mística y la poética, su esencia es bastante sencilla de acotar: desde hace decenios se ha convenido en que existen unos crímenes en los que además de cada víctima individual, también lo es toda la Comunidad Internacional. De ahí que por citar un ejemplo, en 1946, en una de las primeras Resoluciones de la Asamblea General de la ONU, se afirmase que el genocidio es un “crimen internacional”, cuyo castigo “es un asunto de preocupación internacional”, ya que “conmueve la conciencia humana, causa una gran pérdida a la humanidad [y] es contrario a la ley moral y al espíritu y objetivos de las Naciones Unidas”. En consecuencia, lo que hay que preguntarse es: ¿quién debería entonces perseguir y enjuiciar a los responsables de este tipo de crímenes? Si la respuesta no fuera que todos y cada uno de los tribunales de esa misma Comunidad Internacional, sino sin ir más lejos, los del país del que fuesen nacionales sus víctimas individuales, convendría ser honestos y dejar de hablar de justicia universal. De hecho, eso no se denomina principio de justicia universal, sino de personalidad pasiva. Pero tecnicismos al margen, defender que ante atrocidades como un genocidio, ningún tribunal tiene nada que hacer mientras “no afecte a sus ciudadanos” es algo más que jurídicamente intragable.

En el caso de España, ya hemos visto que además es falso. Con lo que sin necesidad de acudir al poema de Martin Niemöller, valga otra pregunta, en cadena: ¿qué ocurre con las víctimas de estos crímenes internacionales si no obtienen justicia en el país donde se cometieron? ¿les indicamos que sólo les quedaría acudir a los tribunales del Estado del que son nacionales? Pero, ¿y si según las leyes de ese país esos tribunales carecen de cualquier competencia? ¿a qué tribunales podrían ir esas víctimas para lograr el amparo de la justicia? A ninguno, exacto.

En este punto, uno siempre podría alegar que acudan a la Corte Penal Internacional, manera de escurrir el bulto muy común por lo demás. Pero cualquiera que conozca, en lo jurídico y en lo fáctico, esta institución no podría tomarse tal aseveración más que como otro disparate. De hecho, la misma norma que creó esta Corte comienza recordando que no suyo, sino que “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”.

Así, sostener que ante crímenes internacionales como el genocidio, nuestros tribunales sólo podrían ejercer su competencia sobre la base del principio de justicia universal si las víctimas son españolas, ni es verdad ni tiene ningún sentido. Y por volver al inicio, y al tiempo a algo que siempre parece concitar el mayor interés y atención generales: ante el temor, el murmullo o la simple afirmación de que estos procedimientos no hacen sino dañar las relaciones entre unos u otros países, entre España y Marruecos en este caso, no responderé ahora más que con una pregunta final: ¿a las víctimas de los más horribles crímenes internacionales hay que decirles que olviden sus reclamos de justicia porque las autoridades de un Estado u otro pudieran molestarse o enemistarse con nuestro país? Yo, bajo ningún concepto podría hacerlo. ¿Puedes tú?

A su luz, ya en la sentencia de Sala de 13 de noviembre de 2012 se había concluido que desde hace décadas existe una clara y constante tendencia que determina que la concesión de amnistías generales respecto de crímenes internacionales -crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, etc.- está prohibida por el Derecho internacional. En concreto, se dijo entonces, lo anterior se extraía de las normas consuetudinarias de Derecho internacional humanitario, los tratados de derechos humanos, así como las decisiones de tribunales internacionales y regionales y de la práctica de los Estados (párrafo 74).

Por su parte, en su sentencia la Gran Sala añadió a todo ello algunas consideraciones que merecen destacarse: De un lado, sostuvo que la misma jurisprudencia anterior del TEDH permitía concluir que la concesión de amnistías respeto al asesinato y maltrato de civiles es contraria a las obligaciones contenidas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; en tanto que ese tipo de leyes impiden u obstaculizan la investigación, y necesariamente conllevan la impunidad de los responsables (párrafo 127). Del otro lado, subrayó la obligación unánimemente reconocida de los Estados de procesar y castigar a los responsables de las más graves violaciones a los derechos humanos; y a su tenor, la general y desde hace lustros creciente orientación internacional a considerar, en consecuencia, a las amnistías como jurídicamente inaceptables (párrafo 139).

Ahora bien, ciertamente aquí podrían plantearse algunas discusiones técnicas de orden temporal, pero lo que me interesa destacar es otra cuestión. Junto a todo lo que he resumido, la Gran Sala apuntó algo que con sinceridad no sé si trae ecos de la confusa fórmula que utilizó la Comisión Europea de Derechos Humanos allá por 1991 en el caso Dujardin y otros contra Francia, o es más probable que responda a algo de lo mantenido en este caso Marguš por, se dice, un “grupo de académicos” asociados con la Middlesex University London -a los que de inmediato volveremos. El hecho es que la Gran Sala literalmente agregó a lo anterior que “incluso si se aceptara que las amnistías son posibles cuando hay algunas circunstancias particulares, como un proceso de reconciliación y/o una forma de compensación a las víctimas”, ello no se daba en esta causa (párrafo 139).

El enunciado en forma de una suerte de mera hipótesis reduce la potencial perplejidad que podrían causar estas valoraciones, pues en caso contrario sería imposible no preguntar -no sé si antes o después de pellizcarse- algo como: perdón, pero ¿circunstancias particulares que hagan posible que un Estado decida unilateralmente no investigar ni perseguir los más graves crímenes internacionales, como es su obligación internacional? ¿Cuáles y cómo? ¿Vía invocar algo llamado “un proceso de reconciliación” para hacer jurídicamente aceptable que un Estado disponga de algo que no es suyo: los derechos a la justicia y la verdad de esas víctimas?

En cualquier caso, la realidad es que fue en la intervención que ante la Gran Sala realizó aquel “grupo de académicos” que ya mencioné donde de manera expresa se mantuvo, nada más ni nada menos, que aunque una amnistía pudiera suponer la impunidad para los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, y el correspondiente menoscabo de los derechos de sus víctimas, importantes razones políticas permitían afirmar que era posible conceder una amnistía general para acabar con, por ejemplo, una dictadura violenta y/o lograr la reconciliación (párrafos 112 y 113). Tesis -ni qué decir tengo que no jurídica- que mantuvieron aportando como ejemplo primero, adivinen…, justo: lo afirmado singularmente por nuestro Tribunal Supremo en la causa contra el juez Garzón -que, aunque ya venía de atrás, desde entonces y hasta la fecha ha sido replicado sin fin. Esto es, ya sabemos: todo aquello de que la ley de amnistía española no es una norma de impunidad (más) al uso, sino que “tuvo un evidente sentido de reconciliación”, que “en ningún caso fue una ley aprobada por los vencedores (…) para encubrir sus propios crímenes”, y que “fue consecuencia de una clara y patente reivindicación de las fuerzas políticas ideológicamente contrarias al franquismo”. En fin, cuestiones que no es momento de volver a discutir, pero que como se quiera, tienen un peso, incidencia o relevancia jurídicas-internacionales completamente nulas.

Dicho en otras palabras, lo que desde hace años, muchos venimos defendiendo y combatiendo; lo que ya hace más de media década apuntó el Comité de Derechos Humanos; lo que poco después señaló el Comité contra la Tortura; lo que de manera expresa y directa tuvieron que reiterar hace pocos meses el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las Naciones Unidas. Y lo que de manera indirecta, ya antes pero también ahora, recuerda la Gran Sala del TEDH: Que la generalizada posición oficial en España respecto a la ley de amnistía de 1977 es, en suma, jurídicamente insostenible.

La única duda ya es que no sé si llegue antes el día en que el mundo entero se dé cuenta de que está equivocado, o el momento en que logremos que nuestras autoridades entiendan y asuman que una amnistía no puede impedir, de plano y sin más, la investigación de los más graves crímenes de derecho internacional: la aprobase quien la aprobase, invocando lo que se quiera y por los motivos que fuera, se digan o se oculten.

En las últimas semanas han aparecido en los medios de comunicación diversas noticias en torno a la necesidad de dotar de “mayor flexibilidad a las universidades a la hora de reponer personal, incorporarlo o mantenerlo”. No es preciso apuntar nada respecto a cómo se ha traducido en la práctica de estos últimos años el término “flexibilizar” en tantos y tantos ámbitos, pero en este caso a lo que aparentemente se refiere es a tratar de “acabar con las restricciones en la convocatoria de plazas de profesores en las universidades, cuya tasa de reposición se mantiene en el 10 por ciento”.

La pertinencia de tal medida puede, sin duda, abordarse desde múltiples puntos de vista; con el debate general siempre de fondo respecto a la valoración de los efectos que ha tenido la consiguiente y constante reducción del profesorado universitario en los últimos años. No obstante, en lo que vendrá quisiera centrarme en un aspecto más específico, que en mi opinión transforma la “pertinencia” en absoluta necesidad, salvo que queramos apostar o seguir apostando por el más absurdo despilfarro de los recursos de todos.

Tratar de explicar qué y cómo ha sido y es lo que generalmente se ha conocido como la “carrera del profesor universitario” es una tarea imposible aquí y ahora. Pero sí podemos referir brevemente lo que la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) estableció al efecto, y que la posterior Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, no modificó sustancialmente.

Así, en la Exposición de Motivos de aquella ley se caracterizó el nuevo sistema como uno “de selección más abierto, competitivo y transparente [...] [con] el desarrollo de una carrera académica equilibrada y coherente, mediante la creación de nuevas figuras contractuales y la introducción de incentivos”; todo ello, sobre la base de un “procedimiento de selección de un alto nivel de transparencia y rigor mediante el requisito de la evaluación externa de la actividad previa de los candidatos”.

De este modo, lo que en alguna ocasión se ha denominado como el “itinerario LOU” marcaría un camino cuyos pasos fundamentales llevarían, sobre el papel, desde la figura de Profesor Ayudante (PA) hasta la de Catedrático (CU), mediante la superación de las preceptivas “evaluaciones externas” ante la Agencia estatal (ANECA) o autonómica correspondiente. En concreto, el “itinerario” sería entonces algo así: 1) PA, 2) Profesor Ayudante Doctor (PAD), 3) Profesor Contratado Doctor (PCD), 4) Profesor Titular (TU) y 5) CU.

Sin poder entrar ahora en dónde y cómo encajarían las restantes figuras que existen en nuestro sistema, es importante destacar que sólo las figuras de PCD, TU y CU tienen carácter permanente o indefinido (la primera con vinculación laboral, los TU y CU como funcionarios). De su lado, las figuras de PA y PAD son de naturaleza (laboral) no permanente o temporal; esto es, en concreto, sólo se puede ser –ya PA, ya PAD– un máximo de cinco años, y como dice el art. 50 de la LOU: “en cualquier caso, el tiempo total de duración conjunta entre [PA y PAD], en la misma o distinta universidad, no podrá exceder de ocho años”.

A partir de lo anterior, con carácter general y en mi opinión, semejante itinerario tendría sentido como “una carrera académica equilibrada y coherente” si según se acreditase el trabajo y méritos suficientes para superar las distintas evaluaciones externas ante la ANECA u órgano análogo, el profesorado fuese pasando de una figura docente a otra; transformando, si se quiere, su vinculación/condición según fuese obteniendo la acreditación/habilitación externa precisa(s). Sobre esto hay opiniones distintas, pero en cualquier caso, el hecho es que la realidad general, y sobre todo en los últimos años, ha sido bien diferente.

Resumiendo, podríamos condensar lo realmente exigido para ir progresando en la “carrera” establecida por la LOU en tres puntos:

1. Reunir los méritos suficientes para superar la evaluación externa requerida para cada figura a partir de la de PA.

2. Que una vez conseguido, se convoque una plaza de esa figura docente (en el caso de los PA y PAD, desde hace años y en general, previo agotamiento del tiempo máximo de sus contratos).

3. Presentarse a ella y ser el candidato ganador.

En consecuencia, la oportuna exigencia de constante trabajo del profesor universitario habría de coincidir con la posibilidad de convocar una plaza para la figura para la que se fuesen acreditando méritos suficientes, pues sin ello, todo el sistema no pasaría de ser una triste y frustrante reedición del cuento de la lechera.

Pero a lo triste y frustrante, en lo general, hay que agregar también el dato que hemos destacado antes: la existencia de una limitación temporal máxima para las figuras de PA y PAD. En estos casos entonces, si el docente ha trabajado demostrando méritos suficientes para, por ejemplo, ser evaluado positivamente como PCD o TU, pero dentro de la “tasa de reposición del 10%” –sin ir más lejos–, no se puede convocar una plaza de esa categoría, cumplido el tiempo máximo de su contrato el siguiente destino de su “carrera” es… su final.

Es evidente que este desenlace tiene unas consecuencias individuales, en lo personal y en lo profesional, dramáticas; pero no lo son menores para todos. Por aportar una sola: en la formación de nuestro profesorado, todos hemos invertido una importante cuantía de recursos que, sin irnos demasiado atrás, han permitido que, por resumir un caso típico, esa persona: 1) estudiase su Licenciatura o Grado; 2) realizara sus estudios de doctorado; 3) además, le hemos pagado todos un sueldo como PA durante, como máximo, cinco años; 4) junto a ello, todos le hemos pagado un sueldo como PAD durante los siguientes años hasta llegar al tope de ocho.

Y tras todo ello, haya trabajado lo que haya trabajado esa persona para devolvernos todo lo que se invirtió en ella, aunque haya cumplido con todas y cada una de las exigencias del sistema y acreditado ante una o todas las agencias de evaluación externa su trabajo continuo y constante, lo que hacemos con ella es mandarla a su casa.

En menos palabras y volviendo al comienzo: durante años y años invertimos una importante cantidad de recursos públicos en formar a nuestro profesorado, para luego establecer una tasa de reposición del 10% para “racionalizar el gasto público”, que lo que hace es que muchos de esos profesores no tengan más destino que el desempleo o el limbo: pues hayan hecho o hagan lo que hagan, sus contratos acaban y no es posible ni prorrogarlos ni que se convoque ninguna otra plaza a la que puedan optar. Un sistema, en fin, demencial por decir lo menos.

De este modo, y como mínimo desde la perspectiva que hemos expuesto, “acabar con las restricciones en la convocatoria de plazas de profesores en las universidades” puede traducirse en: terminar con el despilfarro totalmente irracional de los recursos que todos, durante años, hemos invertido en nuestros profesores. Últimamente se dice que se están buscando “soluciones creativas” para hacerlo; confiemos, por el bien de todos, en que así sea.

Los autores, miembros de Rights International Spain, analizan la propuesta de reforma de la jurisdicción universal planteada por el Partido Popular

El pasado octubre, la Audiencia Nacional estimaba el recurso de apelación presentado por los querellantes en el asunto Tíbet, y así ordenaba tener por ampliada la querella por supuesto delito de genocidio respecto de Hu Jintao, expresidente de la República Popular China.

En noviembre, la Audiencia resolvía librar comisión rogatoria a las autoridades chinas con el fin de notificar la querella a Hu Jintao. Además, volvía a estimar otro recurso de los querellantes, dando luz verde a la solicitud de órdenes de busca y captura frente a los querellados iniciales (entre ellos, Jiang Zemin, expresidente de China y secretario del Partido Comunista Chino).

Inmediatamente se reactivaron las protestas de las autoridades chinas, acompañadas de la advertencia de que esperaban que no se hiciera nada que dañase “la relación entre China y España”. Al día siguiente recogían algunos medios que nuestras autoridades habían respondido que “en España hay división de poderes y el Ejecutivo no puede interferir en decisiones judiciales”. Para a renglón seguido, y sin sonrojo aparente, avanzar que, en consecuencia, se estaba ya barajando reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para “limitar el alcance de la jurisdicción universal”. Aquella suerte de aviso fue adquiriendo entidad plena en las semanas siguientes.

Lamentablemente (casi), nada nuevo. Sin poder detenernos en la anterior reforma que padecimos en 2009, todos recordamos cómo poco antes de iniciarse formalmente, la entonces ministra de Asuntos Exteriores de Israel, Tzipi Livni, declaraba públicamente que el ministro Moratinos le había prometido que se modificaría la ley para evitar el enjuiciamiento de militares israelíes por su supuesta responsabilidad en el bombardeo del barrio Al-Daraj de Gaza.

Tan satisfechos como la señora Livni debieron de quedar las autoridades de otros países, China también entre ellos, cuando de la mano del PSOE y el PP en octubre de aquel año quedó aprobada dicha reforma. Más aun cuando en su virtud se fueron archivando diversas causas en la Audiencia Nacional, aunque no todas (todavía).

El 17 de enero pasamos de los avisos y rumores al hecho consumado. Así, se conoció que aquel día el Grupo Parlamentario Popular había registrado la Proposición de Ley de modificación de la LOPJ, relativa a la jurisdicción universal. En su Exposición de Motivos pudimos leer entonces que ello se hacía porque, “cuatro años” después de la anterior reforma, “la realidad ha demostrado que hoy en día la jurisdicción universal no puede concebirse sino desde los límites y exigencias propias del Derecho internacional”.

Nada se dice respecto a cuál es esa “realidad”, ni se explica cómo es posible entonces que antes la jurisdicción universal se concibiera y aplicase fuera de esos “límites y exigencias”. Pero sí se añade que dicha jurisdicción “debe venir legitimada y justificada por la existencia de un tratado internacional que lo prevea o autorice, el consenso de la Comunidad Internacional”.

Esta última frase daría para mucho, pero quedémonos con eso del “consenso de la Comunidad Internacional”. Al respecto, valga recordar que éste quedó plasmado precisamente en, por ejemplo, un instrumento que se cita expresamente en la Exposición de Motivos: el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Su Preámbulo afirma que “los crímenes más graves de trascendencia para la Comunidad Internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia”; así como que “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”.

Por otro lado, España, ciertamente, es parte de los principales tratados internacionales de derechos humanos y de Derecho humanitario. Aquí no podemos citarlos todos, ni compararlos con todas las disposiciones de la Proposición de Ley. Pero al menos refiramos un ejemplo sencillo, como lo es lo previsto en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949.

En concreto, recoge el texto común a los arts. 49 del primer Convenio, 50 del segundo, 129 del tercero y 146 del cuarto que “cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves [”crímenes de guerra“], y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad”.

Bien, pues según la modificación propuesta, en el caso de los tribunales españoles esto no será así, ya que se señala que sólo serán competentes si el presunto criminal es un español o un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o un extranjero que se encontrase en nuestro país y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.

Una casualidad debe de ser que la Proposición de Ley exija también que, para que los tribunales españoles puedan ejercer la jurisdicción universal respecto del delito de genocidio, tampoco sea ya suficiente con que la víctima fuera española. Como casual ha de ser también que respecto del delito de tortura se exija lo mismo o que la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y que el presunto responsable se encuentre en España.

¿Tendrá todo esto algo que ver con que en la Audiencia Nacional se encuentran abiertos procesos que no cumplirían estas nuevas exigencias, contra, ya dijimos, supuestos responsables de genocidio chinos o, por ejemplo, contra varios funcionarios estadounidenses acusados de la autoría intelectual de la base jurídica que permitió instaurar un plan sistemático de torturas y trato cruel con los detenidos en la base de Guantánamo?

Con leer la Disposición Transitoria Única, tenemos una respuesta más que probable: “Las causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en tramitación por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella”. En menos palabras, carpetazo para todos estos procesos que siguen abiertos.

No menos preocupante es el propuesto como nuevo apartado 6 del art. 23.4 de la LOPJ, que dice así: “los delitos a los que se refieren los apartados 3 y 4 solamente serán perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal”.

Es decir, ya no cabrá la acción popular ejercida por la sociedad civil. Se restringe así el derecho previsto en nuestra Constitución para la defensa de intereses colectivos legítimos y que ha sido esencial en la lucha contra la impunidad. Sin olvidar, por otro lado, que el Ministerio Fiscal, como regla general, se ha opuesto siempre a la apertura de este tipo de casos.

Una casualidad será también que estos dos aspectos (restricción de la acción popular y principio de oportunidad del Ministerio Fiscal para ejercer o no la acción penal) formaban parte de la reforma en ciernes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sobre todo recordando que dicha reforma va muy despacio y se está encontrando con la oposición tanto de fiscales como de jueces. Y ahora aparece aquí, en una reforma exprés y ad hoc de la LOPJ.

En fin, la afirmación de que esta Proposición de Ley de reforma se justifica en la general necesidad de atender a “los límites y exigencias propias del Derecho internacional” es absolutamente insostenible. Si el Grupo Parlamentario Popular quiere modificar el principio de jurisdicción universal, debe explicar por qué, para qué y también y, sobre todo, para contentar a quién, sin subterfugios, llamando a las cosas por su nombre, sin tapujos; y muy especialmente, sin tratar a los ciudadanos como menores de edad. En suma, como se supone que ha de hacerse en una democracia.

Durante los últimos meses se han intensificado los controles internacionales respecto a las obligaciones españolas en materia de investigación de desapariciones forzadas.

Por una parte, en el mes de septiembre concluyó la visita a España del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, cuyo objeto formal básico fue “seguir el progreso de [España] en cumplir con sus obligaciones derivadas de la Declaración [sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas]”. Por otra, estos días se reunía el Comité contra la Desaparición Forzada para llevar a cabo la fase final del examen a España sobre las medidas adoptadas para cumplir con las obligaciones derivadas de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Estos textos, si bien no son idénticos ni intercambiables, sí coinciden plenamente en cuanto a su objeto y fin: ambos contienen la clara decisión y compromiso de “prevenir las desapariciones forzadas y luchar contra la impunidad en lo que respecta al delito de desaparición forzada, [asegurar] el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación [y] a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida”. Asimismo, ambos están llamados a cumplir su misión guiados por una “estrecha y coordinada cooperación”.

En sus Observaciones Preliminares del pasado 30 de septiembre, el Grupo concluyó que España había ignorado, y seguía ignorando, sus obligaciones internacionales en esta materia. Puso especial énfasis en señalar que la búsqueda de desaparecidos “no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado, [de hecho] parte de una política de Estado”. En materia de derecho a la justicia, comprobó y concluyó que “la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de una Ley de Amnistía han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura”.

En definitiva, el Grupo determinó que la combinación de argumentos utilizados para no llevar a cabo investigaciones penales (la prescripción, la muerte o el desconocimiento de los presuntos responsables, el hecho de que el carácter continuado de las desapariciones es una ficción jurídica inaceptable y la aplicación de la Ley de Amnistía) “es contraria a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España, incluida la Declaración”.

Por su parte, el Comité finalizará hoy, viernes, su dictamen, que es de esperar concluya en un sentido similar a como lo hizo el Grupo en septiembre. Es más, ante la realidad en nuestro país y la actitud y comportamiento de nuestro Estado, ninguna otra cosa, tristemente, cabe esperar.

Pero hay dos preguntas importantes que el Comité realizó al Estado español dentro del proceso de examen que, por cierto, éste se negó en primera instancia a responder y que será interesante saber cómo valora finalmente el Comité.

Las preguntas eran:

1.- Cómo “se llevaron adelante las investigaciones [relativas a denuncias sobre desaparición forzada]”.

2.- “Qué medidas lleva adelante actualmente [España] para la asistencia de los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el régimen de Franco en la búsqueda e identificación de los restos de sus seres queridos”.

Cuando finalmente el 23 de octubre España se avino a contestar, sus respuestas fueron:

Sobre la primera pregunta, que “se están recopilando datos sobre esta cuestión”.

En la segunda, se refirió, en esencia, a la conocida como “Ley de Memoria Histórica”. Y punto.

La única duda sobre el sentido de su dictamen radica en un aspecto técnico, relativamente complejo, respecto a la competencia que los Estados le concedieron al Comité (art. 35). Dado que la Convención entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, podría entenderse que la competencia de fiscalización del Comité empieza en la misma fecha, esto es, sólo podría conocer las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la Convención. Esta es la tesis mantenida por España. Sin embargo, nuestra opinión es que no cabe equiparar la aplicación temporal de un tratado, la Convención, y la competencia del órgano correspondiente de control, el Comité.

Por otra parte, tampoco cabe sostener que las obligaciones contenidas en este texto internacional sólo sean de aplicación respecto a las desapariciones que hubieran comenzado tras su entrada en vigor. No existe ninguna previsión que altere la regla general por la que la Convención debe aplicarse inmediatamente respecto a aquellas desapariciones que, aunque comenzaran cuando comenzasen, continúan cometiéndose tras su entrada en vigor; tampoco que modifique o limite temporalmente, de ningún modo, por poner un solo ejemplo, “la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida”, como recoge el artículo 24.6 de la Convención.

La postura de España, poco defendible desde un punto de vista jurídico, persigue, sin embargo, un fin muy concreto: el intento último de mantener que el Comité no puede de ninguna forma subrayarle a España ni cuáles son sus obligaciones internacionales de acuerdo a la Convención ni que éstas no se refieren sólo a las desapariciones que hubieran comenzado después de diciembre de 2010. En suma, que respecto al modo que ha tratado y trata a las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron en la Guerra Civil y el franquismo no pueda decirle nada. Postura que, a la postre, de salir adelante, lo que evitaría es que el Comité declarara que España no respeta la Convención.

Y la pregunta final no puede ser otra que la siguiente: ¿qué se conseguirá con esto? Obviamente, ni el reconocimiento a las víctimas de desaparición forzada, ni el respeto a sus derechos y a los compromisos internacionales adquiridos por España, ni, en suma, a nuestro Estado de Derecho.

El lunes 30 a las 16h el Grupo de Trabajo de la ONU ofrecerá su rueda de prensa final donde evaluará los resultados de su visita.

La labor cotidiana que llevamos acabo dentro de las áreas prioritarias de trabajo de nuestra organización, cuyo denominador común podría resumirse a grandes rasgos en lograr la vigencia de la legalidad internacional y el respeto de los derechos humanos en España, conlleva que probablemente en algunas ocasiones, ya consciente, ya inconscientemente, terminemos centrando nuestras energías en la exposición, defensa, discusión y demanda de cuestiones técnico-jurídicas, más o menos complejas pero ciertamente áridas. Así, respecto a la visita a España del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que concluirá el próximo lunes, podríamos incidir de partida en por ejemplo, el valor, relevancia y consecuencias jurídicas de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 1992; o abordar qué puede esperarse de la misión del Grupo en relación con su mismo Mandato y/o su vinculación con otros mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.

Ahora bien, aunque desde luego conviene que algo comentemos sobre todo ello, hay un asunto que entiendo que es importante destacar desde el comienzo y al margen de todo lo anterior; una cuestión que podría responder a la pregunta de qué se ha logrado ya con la visita del Grupo. Respetando plenamente la confidencialidad que rige todas las reuniones que ha celebrado el Grupo, hay algo que sin duda hemos comprobado y podemos señalar: varias de ellas han permitido a muchos familiares-víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron durante la Guerra Civil y el franquismo sentirse escuchados, atendidos, amparados. Han podido hacer valer el caso de sus desaparecidos ante el Grupo, explicar lo que les ocurrió y todo lo que han pasado desde entonces, su dolor y su duelo frente al que las autoridades españolas no les ha ofrecido nada de lo que les corresponde, en Derecho desde luego, pero no sólo: Verdad, Justicia y Reparación. Más allá de cuál sea el contenido del inminente Informe del Grupo, de su valor o incidencia jurídica, de cómo podamos utilizarlo o cómo nos podrá ayudar a seguir trabajando para acabar con el desamparo e injusticia que sufren los familiares-víctimas de desaparición forzada en España, a juicio de nuestra organización y tal y como lo hemos visto y vivido, ha sido ya muy importante cómo se han sentido muchas de esas víctimas cuando han podido hablar y reunirse con el Grupo, con las Naciones Unidas.

El lunes en la tarde conoceremos el Informe Preliminar de la visita del Grupo, así como sus primeras recomendaciones. La prudencia marca pues que esperemos hasta entonces para valorar cuál es su opinión respecto a una de las principales misiones que tiene encomendada cuando realiza visitas a los Estados; esto es, “seguir el progreso de los Estados en cumplir con sus obligaciones derivadas de la Declaración”. Selecciono esta frase porque en ella se contiene algo que aunque supuestamente debería ser por todos sabido y compartido, no es nada extraño que las autoridades estatales, en el caso de España abrumadoramente, tomen a beneficio de inventario: en resumen, que el contenido de esta Declaración es jurídicamente obligatorio. Subrayado ello, y sin necesidad de reiterar en detalle cuál es la realidad y el trato que en España reciben los miles de familiares-víctimas de desaparición forzada, baste limitarnos a citar un par de las obligaciones que se contienen en la Declaración. Aclarando en todo caso, que el ejemplo escogido es sin duda extendible a muchos más supuestos, a muchas otras obligaciones incumplidas, a muchos otros derechos ignorados:

A) Artículo 17, párrafo 1: “Todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechosserá considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos”. Artículo 19, párrafo 1: “Los Estados asegurarán a toda persona que disponga de la información o tenga un interés legítimo y sostenga que una persona ha sido objeto de desaparición forzada el derecho a denunciar los hechos ante una autoridad estatal competente e independiente, la cual procederá de inmediato a hacer una investigación exhaustiva e imparcialla cual procederá de inmediato a hacer una investigación exhaustiva e imparcial”; y párrafo 6: “Deberá poderse hacer una investigación, (…) mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzadamientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada”.

B) Artículo 18, párrafo 1: “Los autores o presuntos autores de [crímenes de desaparición forzada] no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal”. Por si fuera preciso aclarar esto aun más, en palabras del mismo Grupo de Trabajo: “Se considerará que una ley de amnistía es contraria a las disposiciones de la Declaración aunque haya sido aprobada en referendo o procedimiento de consulta similar [o por un Parlamento democrático –de España o de donde se quiera], si a consecuencia de su aplicación o implementación se produce directa o indirectamente, alguno o todos estos supuestos: a) Cesar la obligación del Estado de investigar, procesar y castigar a los responsables de las desapariciones; (…) b) Sobreseer procesos penales o cerrar investigaciones contra presuntos responsables de desapariciones o imponer sanciones insignificantes…aunque haya sido aprobada en referendo o procedimiento de consulta similar [o por un Parlamento democrático –de España o de donde se quiera]Cesar la obligación del Estado de investigar, procesar y castigar a los responsables de las desaparicionesSobreseer procesos penales o cerrar investigaciones contra presuntos responsables de desapariciones o imponer sanciones insignificantes…”.

A todo ello opongamos la posición absolutamente mayoritaria de las autoridades y los tribunales de justicia españoles, unánime tras ratificar lo mismo el Tribunal Supremo en el proceso contra el Magistrado Garzón, como pretendida razón para justificar el rechazo y archivo de toda acción relativa a los desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo. A modo de ejemplo plenamente ilustrativo, valgan estas palabras que hacía suyas la Audiencia Provincial de Burgos (Auto de 18 de julio de 2010): “1.- los delitos han prescrito según el Código Penal vigente; 2.- la Ley de Amnistía de 1977 es aplicable a todos los asesinatos políticos anteriores a esa fecha; 3.- con toda seguridad, los autores han fallecido; y 4.- fuera de ello, el tratamiento de la memoria histórica no corresponde o compete a los Juzgados”. Debiendo aclarar que lo que llamaba (y llaman) “tratamiento de la memoria histórica” no era ni es otra cosa que las denuncias sobre desaparición forzada de personas.

Manteniendo la prudencia ya señalada, a nuestro entender no se requieren pues de grandes despliegues jurídicos para concluir qué cabe esperar que determine el Grupo respecto al cumplimiento por parte de España de sus obligaciones contenidas en la Declaración; y qué le habrá de recordar y recomendar en consecuencia. A ello y en lo inmediato, será preciso agregar lo que previsiblemente le indique el Comité contra la Desaparición Forzada en noviembre tras el proceso en curso de supervisión y control de “las medidas que ha adoptado para cumplir con las obligaciones que ha contraído” España en virtud de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; el cual, recientemente ya solicitó a nuestras autoridades información concreta sobre si: “recientemente hubo denuncias relativas a casos de desaparición forzada y, de ser el caso, (…) proporcionar información acerca de cómo se llevaron adelante las investigaciones y de sus resultados”; así como sobre “qué medidas lleva adelante actualmente [España] para la asistencia de los familiares de personas desaparecidas durante la guerra civil y el régimen de Franco en la búsqueda e identificación de los restos de sus seres queridos (art. 24)”. Y por terminar de esbozar este cuadro general de lo más cercano, añadiremos que ya parece también confirmada la visita a España del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Verdad, Justicia, Reparación y Garantías De No Repetición para el año próximo; resultando que con seguridad será uno de los temas centrales de su visita qué ha ocurrido y está ocurriendo con los crímenes cometidos en España antes de su más reciente proceso de transición a la democracia.

Sea sólo respecto a la visita e Informe del Grupo, sea en relación con todo lo anterior, soy consciente de la pregunta que podría surgir de inmediato: ¿y tras ello o con todo ello, qué? Este interrogante es fácil de responder en lo jurídico, aunque muy complejo de resolver en la práctica. En relación con lo primero, un Estado, todo Estado, debe cumplir sus obligaciones internacionales, y si no lo está haciendo, lo primero que ha de hacer es cesar en su/s comportamiento/s, dejar de incumplir sus obligaciones. Si además y expresamente así se lo señala algún órgano internacional con competencia para ello, debe por supuesto atender esas indicaciones. Ahora, en cuanto a lo segundo, respecto a obligar a un Estado que a pesar de todo no quiere cumplir con sus deberes internacionales, ésta ha sido y es siempre una cuestión extremadamente complicada. El sistema internacional de protección de los derechos humanos es un cuerpo ciertamente amplio, interconectado y complejo, con competencias diversas, posibilidades variadas, reconocimiento de efectos jurídicos diferentes, pero en todo caso con unas capacidades limitadas. Pone en nuestras manos un gran número de mecanismos, de cauces, de ámbitos de trabajo, pero al fin y a la postre, nosotros debemos apropiarnos de todas esas herramientas, hacerlas nuestras, utilizarlas con convicción y constancia hasta lograr, en fin y volviendo al comienzo, la vigencia de la legalidad internacional y el respeto de los derechos humanos en España. Por nuestra parte, desde luego no cejaremos en este empeño, y el Informe del Grupo será ya un primer e inmediato elemento de trabajo adicional.

Así y finalmente, quizás un día, pero siempre cada más cercano, deje de ser algo entre la más insoportable contradicción y el mero papel mojado afirmaciones como la de la Declaración del Gobierno con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, del pasado 30 de agosto; esto es, que: “[l]a promoción y el respeto de los derechos humanos, así como la lucha por erradicar toda violación de los mismos y, muy específicamente, las desapariciones forzadas, constituye una absoluta prioridad del Gobierno de España. Así, este Gobierno asume la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, cooperando tanto a nivel nacional y regional, como con las Naciones Unidas para el esclarecimiento de cualquier caso de desaparición forzada que se señale a su atención en virtud de la Convención y desplegando año tras año más esfuerzos en esta esfera.”

____________________________________________________________________RUEDA DE PRENSA DEL GRUPO DE TRABAJO DE NACIONES UNIDAS SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS.

El próximo lunes 30 a partir de las 16h, podrás encontrar en este mismo blog,

http://eldiario.es/interferencias una retransmisión en directo de la rueda de prensa

que va a ofrecer tras el final de su visita el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas.

Posteriormente, entrevistaremos en directo a un miembro de Rights International Spain

para que nos haga una valoración de la visita. Mediante el hashtag #InterferenciasRdP

y/o mencionando a @fanetin, podrás hacerle tus preguntas en directo.

____________________________________________________________________