Indiferencia generalizada es lo que me encontré a mi regreso a RTVV tras ser despedida en 2002 por haber secundado la huelga general del 20J. Ese mismo año, denuncié el caso en los tribunales y, tras declararse nulo el despido, tuve que ser readmitida en la redacción de informativos de Canal 9 hasta finalizar mi contrato de redactora un año más tarde. Fueron muy pocos los periodistas que me apoyaron en el difícil proceso de denuncia y muy pocos también los que me apoyaron a mi regreso. Algunos incluso se mostraron esquivos y temerosos de hablar con una oveja negra.

Esa indiferencia y esa falta de solidaridad hicieron también que, durante años, la mayoría de periodistas de esta cadena no se uniera a la lucha impulsada desde dentro por decenas de trabajadores en defensa de una “televisió pública de qualitat”, y que tampoco denunciara (como sí lo hizo hace unos días a bombo y platillo) el ERE irregular del año pasado que dejó en la calle a cerca de 1.200 trabajadores de RTVV. Por ello, aunque en las últimas semanas muchos de estos redactores y presentadores que “escaparon” al ERE han demostrado que saben hacer mejor las cosas (aunque la autocrítica haya sido mínima), cabe preguntarse igualmente si aquellos y aquellas que sólo han conseguido informar con un mínimo de dignidad ahora que no tienen nada que perder, mantendrían la misma dignidad si TVV no se cerrara finalmente.

Además del grave problema de ética periodística y de gestión mafiosa de dinero público, hay otro gran molino de viento contra el que habría que luchar con la misma intensidad si queremos una televisión pública valenciana de verdad, es decir, que defienda los intereses de la mayoría de valencianos, y contribuya a promover una ciudadanía bien informada y participativa.

Me refiero al modelo político y social actual. De hecho, si nuestro Estado de derecho, tan cacareado por las élites políticas, quisiera de verdad democratizar las comunicaciones y la sociedad, no complicaría tanto la existencia de los medios comunitarios [1]; e incluso podría apoyar económicamente las iniciativas mediáticas ciudadanas, con deducciones fiscales por ejemplo. Pero no. No lo hace y no lo hará porque perjudicaría los intereses particulares de quienes gestionan lo público.

Por ello, aunque haya habido (y siga habiendo) honrosas excepciones, desconfío de la labor democratizadora de las televisiones públicas en un sistema político con tantas fisuras democráticas. Y dudo de que RTVV pueda ejercer su labor de servicio público sin periodistas que puedan y quieran estar al servicio de la ciudadanía, y tampoco sin un nuevo Proceso Constituyente que nos garantice el bien común de la sociedad como objetivo primordial por encima de cualquier tipo de interés privado. Un Proceso Constituyente que ponga sobre la mesa nuevos mecanismos de participación ciudadana y de control de los abusos del poder, no sólo en el campo de la economía, la política, la sanidad, la educación, el trabajo y el medio ambiente, sino también en el campo de la comunicación.

En definitiva, un cambio de modelo político y social en el que los directivos de los medios públicos no se elijan a dedo por el Gobierno de turno; donde los criterios comerciales dejen de formar parte de los criterios de programación de las televisiones públicas; y donde las rutinas y prácticas periodísticas no compliquen el ejercicio de un periodismo crítico, documentado, independiente y que genere reflexión, en lugar de espectáculo. Un modelo en el que el discurso hegemónico de las televisiones públicas deje de generar, como hasta ahora, consenso social en torno a unas ideas que acaban legitimando los intereses de una minoría.

[1: Ver denuncias hechas desde la Red estatal de Medios Comunitarios (ReMC)]

En la experiencia de este partido francés, se inspiran buena parte de los y las líderes que impulsaron la histórica manifestación antirracista del domingo 12 de noviembre. Una protesta que, a diferencia de otras con lemas similares, estuvo encabezada por personas pertenecientes a minorías étnicas o, como se denominan ellas mismas, personas “racializadas”. Con este término, subrayan el proceso de racialización que sufren a ojos de la mayoría social, pues aunque se haya demostrado científicamente que las “razas” no existen, estas personas siguen siendo vistas por la mayoría, ante todo, como “negros”, “moros”, “gitanos”, etc., con toda la carga racista que ello implica.

Pues bien, aunque no formo parte de ninguno de estos grupos históricamente discriminados, llevo colaborando más de 15 años en movimientos antirracistas: en mi ciudad natal, Valencia, con asociaciones que defienden los derechos de las personas migrantes; y en Saint-Denis (una de las banlieues del extrarradio parisino), con el mouvement de sans papiers de 1999 y, años después, siguiendo de cerca la génesis del actual Parti des Indigènes de la République. Por ello, pero también por mi formación, mi edad y mi experiencia personal en Francia y en Marruecos, me siento cercana a estos movimientos antirracistas liderados por personas racializadas e inspirados en la teoría decolonial. Ahora bien, tampoco puedo negar mi profundo respeto a las asociaciones que, en las últimas décadas, han protagonizado el movimiento antirracista en nuestro país y que, hasta hace muy poco, eran creadas y dirigidas mayoritariamente por personas no racializadas.

Por ello, desde la empatía que me proporciona mi posicionamiento en la encrucijada de ambos movimientos antirracistas (si es que tiene sentido hacer esta dicotomía), y también desde mi profundo respeto a los y las manifestantes de ayer (cuya crítica al racismo estructural comparto), me gustaría plantear dos críticas constructivas a los líderes de las asociaciones que, como el Movimiento Moro Antirracista (uMMA), promovieron la marcha contra el racismo del 12N. Primero, la manera generalizada y esencialista de referirse y criticar a la “izquierda blanca” como un todo homogéneo resulta injusta (porque, como todos los grupos sociales, se trata de un colectivo muy diverso y en continua transformación) y no ayuda a sumar fuerzas en la lucha antirracista. Segundo, no creo que negar las alianzas con las asociaciones antirracistas “blancas” y, en general, con las organizaciones políticas consideradas históricamente de izquierdas sea la única vía; más bien creo que tener espacios propios es compatible con generar espacios compartidos donde, todas, personas racializadas y no racializadas, podamos participar en igualdad de condiciones.

Por otra parte, también lanzo otra reflexión a los líderes de las asociaciones españolas que en las últimas décadas han protagonizado el importante trabajo de defensa de los derechos de las personas migrantes: Quizás deberíamos cuestionar mucho más nuestras prácticas (me incluyo a mí misma) y ser más conscientes de ese etnocentrismo inconsciente que todos reproducimos, en mayor o menor medida, por haber nacido y crecido en una sociedad racista. Un etnocentrismo que condiciona a menudo sin darnos cuenta la constitución de las juntas y órganos de poder de nuestras asociaciones, la elaboración de materiales con los que trabajamos, la decisión de prioridades, etc. Quizás así, la creación de alianzas sería más viable. Eso sí, con un reconocimiento previo por parte de los y las militantes antirracistas racializadas de que, a pesar de sus limitaciones, el trabajo de estas asociaciones antirracistas “blancas” no sólo ha sido pionero, sino que ha permitido la valiosa ayuda (insuficiente, y paternalista a veces, pero importante) a personas recién llegadas que de otro modo se habrían encontrado todavía más indefensas en nuestro país.

Esta crítica no sería del todo coherente sin incluir a otro tipo de instituciones y organismos, como partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación, etc. en los cuales la inclusión de personas pertenecientes a minorías étnicas ha sido prácticamente nula hasta ahora. En Francia, ya lo hemos visto: con una población de “origen inmigrante” mucho más antigua, la élite política y las pantallas de televisión brillan por su “blanquitud”. Estas minorías también están infrarrepresentadas en espacios de poder tan importantes como las redacciones de los grandes medios, los sindicatos, el mundo de la judicatura, etc. Por no hablar de los procesos de guetización en las ciudades, los llamados “desorientadores” dentro de la escuela pública, y los nichos de empleo (no precisamente cualificados ni valorados socialmente) cuyos trabajadoras y trabajadores son mayoritariamente racializados.

Creo que en España, nos espera un futuro similar si no impulsamos un cambio de rumbo político mucho más consciente con este tipo de desigualdades y discriminaciones que afectan a buena parte de la población migrante (y ahora también española), y que debería incumbirnos a todos y a todas. Para que sea posible generar espacios de poder compartidos, será necesario contar con un movimiento antirracista político fuerte y no excluyente que presione si me lo permiten “desde abajo”, desde el margen; pero también con una mayor apertura de los actores sociales citados anteriormente a la participación activa y visible de estos grupos minorizados. Desde fuera y desde dentro, codo con codo, abriendo grietas que ayuden a la concienciación, que presionen para que la variable “raza” esté más presente en la elaboración y aplicación de políticas públicas; compartiendo como objetivo una sociedad libre de discriminaciones racistas.