La frase “No viviremos lo suficiente para ver la igualdad entre mujeres y hombres en la UE” es una de las frases del documento de trabajo de la Comisión Europea sobre el Progreso en la igualdad entre mujeres y hombres en 2013 publicado el mes pasado y de muy recomendable lectura para el candidato Sr. Arias Cañete.

Este informe asegura que al ritmo actual se tardará cerca de 30 años en alcanzar el objetivo de la Unión Europea de que el 75% de las mujeres estén empleadas; cerca de 70 años para que la igualdad salarial sea una realidad; alrededor de 20 años para conseguir que los parlamentos nacionales dispongan al menos de un 40% de diputados de ambos sexos; ese mismo plazo para alcanzar un equilibrio en los consejos de las compañías más grandes de Europa y casi 40 años para asegurar que las tareas domésticas se compartirán en un plano de igualdad. En otras palabras, muchos de los que leemos estos datos no llegaremos a ver la consecución de la plena igualdad entre mujeres y hombres.

No obstante, este documento de trabajo de la Comisión mantiene que en el marco de la Unión Europea unas políticas bien diseñadas podrían acelerar el progreso hacia la igualdad entre sexos y reducir las diferencias salariales o de cualquier otro tipo. Dichas políticas deberían concretarse en forma de legislación, recomendaciones y medidas de cofinanciación con los Estados miembros para la implementación de acciones de igualdad o de actividades de sensibilización.

Siguiendo la Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2010-2015, el documento de la Comisión señala los principales objetivos y áreas a las que deberían ir dirigidas aquellas políticas de la Unión Europea:

1. En primer lugar, avanzar hacia la consecución de una igual independencia económica de los dos sexos. Debería apostarse por una combinación de medidas que promuevan el empleo femenino, por ejemplo a través de un aumento de los servicios de guardería, evitando lo que ha ocurrido en España, donde los recortes gubernamentales han supuesto la eliminación de muchos de dichos servicios y han afectado a su calidad y accesibilidad. El documento de la Comisión también señala la importancia de regular modalidades de trabajo flexible y aumentar los tipos de permisos retribuidos para conciliar la vida familiar y laboral (también en este ámbito España es citada como ejemplo de país con poco uso por los padres de permisos de paternidad).

2. En segundo lugar, luchar contra la brecha salarial de las mujeres respecto de los hombres (de media, las primeras cobran un 16% menos que ellos) y, en este sentido, cumplir con el principio de igual salario por trabajo de igual valor. Este problema se traduce en situaciones de pobreza, exclusión social y también desigualdad en la percepción de pensiones por parte de las mujeres, lo que debería llevar a la Unión Europea a prestar una atención especial a su vulnerabilidad en el mercado de trabajo, a aumentar sus niveles de educación y sus cualificaciones profesionales y a incrementar también el porcentaje de empleos mixtos, es decir empleos donde confluyen mujeres y hombres en un mismo espacio (de hecho, sólo el 16% de los empleados de la Unión Europea trabaja en dicho tipo de empleos).

3. En tercer lugar, las políticas de la UE deberían conseguir que se alcanzara la igualdad de género en los centros de toma de decisiones de las empresas, de los partidos e instituciones políticas u otras organizaciones. El importante desequilibrio que se registra en los consejos de las grandes empresas que cotizan en bolsa, el hecho de que muchos parlamentos nacionales no reflejen la composición de su electorado (rasgo negativo del que sí se escapa España), o la baja representación de mujeres en posiciones de altos cargos de medios de comunicación social o de entidades deportivas, debería llevar a plantear acciones legislativas para mejorar esta situación. De hecho, como señala el documento de trabajo que se está reseñando, las políticas de autorregulación en el ámbito de los consejos de administración de las grandes empresas no han supuesto cambios rápidos ni importantes en la solución de este problema de subrepresentación femenina.

4. Finalmente, la Unión Europea debe focalizar también sus acciones en la búsqueda de la dignidad, la integridad y el fin de la violencia de género: entre otros datos, no se puede permitir que una de cada tres mujeres en Europa haya experimentado situaciones de violencia física o psíquica de carácter sexual desde los 15 años, como tampoco se puede aceptar la mutilación genital femenina. La coordinación entre los Estados miembros en la adopción de medidas de prevención y protección y su oportuna financiación deben ocupar un lugar esencial en este ámbito de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.

En el momento de escribir estas líneas, estoy a la espera de cuál sea el resultado de la votación celebrada en Suiza este domingo 24 de noviembre sobre la iniciativa “1:12 - Por unos salarios equitativos”, promovida por las Juventudes Socialistas. No obstante, no cabe duda de que se trata de un instrumento muy interesante para luchar contra la creciente desigualdad salarial en el ámbito europeo.

El objetivo de esta iniciativa es impulsar una modificación de la Constitución helvética en nombre de la justicia social, consistente en que la escala retributiva en una empresa entre el salario más alto y el más bajo no pueda ser superior a una horquilla de uno a doce (de ahí la correlación 1:12).

Como dicen sus promotores, se trataría de adoptar una regulación por la cual “ningún gerente debería ganar en un mes más de lo que sus empleados ganan en un año”. De hecho, la iniciativa no pretende que la legislación pase a regular unos techos retributivos, sino más bien que fije una mayor aproximación de los abanicos salariales, de forma que, si una empresa decide incrementar el salario de sus directivos y con ello supera la horquilla 1:12, deberá a su vez aumentar proporcionalmente el salario de los trabajadores peor pagados.

En el trasfondo de esta iniciativa subyacen tres cuestiones de interés sobre la concepción del mercado de trabajo en Europa, y también en España.

En primer lugar, la función del Estado a través del Derecho del Trabajo de proteger a la parte más débil en la relación laboral –el trabajador– de posibles abusos en materia salarial. Lo que la iniciativa 1:12 ha puesto de manifiesto es la necesidad de una intervención estatal para conseguir una mayor igualdad salarial. Frente a este objetivo se han alzado las posturas neoliberales en el país helvético cuestionando lo que consideran una intrusión ilegítima del Estado en la fijación de salarios y, por tanto, denunciando su intromisión en una esfera que sólo correspondería a los agentes sociales (cuestión ésta que, por cierto, debe matizarse, ya que la retribución de altos directivos se dispone en gran medida al margen de cualquier acuerdo colectivo).

Esta argumentación implica dejar de lado la configuración del Estado como Estado social, obligado en cuanto tal a promover las condiciones para que la igualdad del ciudadano, también en cuanto trabajador, sea real y efectiva, por tanto, obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la existencia de salarios desproporcionados y sus posibles consecuencias en el conjunto de la empresa.

En segundo lugar, la iniciativa de los jóvenes socialistas suizos también es un instrumento para ampliar el grado de democracia en materia de relaciones laborales al posibilitar una mayor calidad en el ejercicio de derechos en la empresa, sobre todo de carácter colectivo, por cuanto ésta debería rendir cuentas ante sus propios empleados por las retribuciones que se fijan para sus directivos. Iniciativas como ésta son un paso más en la lucha frente a la creciente impermeabilidad de las empresas al ejercicio por los trabajadores de los derechos fundamentales y libertades públicas que les reconocen las constituciones.

Finalmente, la última cuestión de interés es el efecto que una excesiva desigualdad salarial puede suponer en la propia valoración del trabajo. Me pregunto qué sentimiento puede tener un trabajador sobre su propio trabajo cuando sabe que en su empresa puede haber directivos que cobren más de 50, 70 o 100 veces lo que él gana. Incluso desde una perspectiva empresarial, también se puede reflexionar sobre qué nivel de identificación y de compromiso puede tener el trabajador respecto de su propia empresa ante una situación como la descrita.

En todo caso, es significativo que sea Suiza quien promueva la iniciativa “1:12 – Por unos salarios equitativos”, uno de los países europeos más igualitarios en la distribución de la renta. En cambio, España es, justamente, el país de la Unión Europea con mayor desigualdad en este ámbito; por tanto, con más razón el proyecto que representa la iniciativa 1:12 debería tener algún reflejo en nuestro país.

La consecución de una mayor igualdad en el abanico salarial en una empresa es una cuestión fundamental para promover el valor del trabajo y con ello dignificar el estatuto del trabajador en su relación laboral. La dirección que el Gobierno del Partido Popular en España ha tomado en relación al mercado de trabajo, apostando por un autoritarismo empresarial en materia laboral, hace dudar de que los objetivos sociales a los que se ha hecho referencia tengan algún recorrido en nuestro país.