Cada 10 de diciembre supone un hito en el calendario de las organizaciones sociales; se celebra el Día Universal de los Derechos Humanos. La defensa de uno o varios de estos es el leitmotiv, el motor de la máquina, la razón de ser, la esencia de todas y cada una de las ONG existentes, sea cual sea su ubicación o tamaño. Por eso es un día importante: alzamos la voz, unimos fuerzas, hablamos de nuestro trabajo, llamamos la atención sobre lo (tanto) que queda por hacer, ponemos el foco en datos que queremos cambiar, metemos nuestro discurso en uno o varios trending topics, y lanzamos fotogalerías, reportajes o acciones en medios para que a nadie se le escape que hay mucha gente trabajando para que los derechos humanos sean una realidad para todos y todas, y que nosotros también tenemos cosas que decir. ¡Es el Día Universal de los Derechos Humanos! Sería de locos quedarnos callados.

En Ayuda en Acción, defendemos prácticamente todos los derechos contenidos en la Declaración Universal; los defendemos sobre el papel y lo hacemos, día a día, con nuestro trabajo. Y también hacemos todo lo anterior cada 10 de diciembre, cada año desde hace 35 años. Normalmente nos fijamos e intentamos acompañar la propuesta anual de Naciones Unidas, porque tiene mucha fuerza y porque ayuda a que todos vayamos a una ese día. De poco serviría poner el foco en la libertad o en la educación, si se está hablando de otra cosa. Aprovechar la sinergia del discurso y apropiarnos del lema propuesto para ese año, es la mejor forma de buscar el –aunque sea mínimo– impacto. Sería de locos no aprovechar esa oportunidad.

En este 2016, la ONU hace una llamada para que defendamos los derechos del otro; nos insta a posicionarnos para que defendamos los derechos de un migrante, de una persona con discapacidad, de un afrodescendiente... y nos lo hemos tomado al pie de la letra. El lema de este año es “defiende hoy los derechos de los demás”.

Confieso que, antes de darnos por vencidos, hemos intentado ser originales buscando cómo desmarcarnos con un nombre diferente para nuestra acción... hasta hemos barajado el Get Up, Stand Up de Marley. Así son los brainstorming. Pero hemos optado por la sencillez y la simplicidad; muchas veces hay que inclinarse por el menos es más. Con la colaboración de este diario, esta semana estrenamos un especial multimedia que, bajo el título Yo Defiendo, pone el énfasis en el trabajo que hacemos para defender los derechos de las personasYo Defiendo con discapacidad, para defender el derecho de protección de los desplazados forzosos, los derechos de las mujeres afrodescendientes, de la infancia o de las personas que viven con VIH o SIDA. Todos necesitan de nuestro apoyo y sería de locos no hacerlo.

Para cada una de estas temáticas hemos contando con la visión de compañeros de Ayuda en Acción, expertos que nos han dado su visión sobre la problemática, los avances y retos a los que se enfrentan estos colectivos discriminados, y que acompañamos con infografías de contexto.

Además, contamos con el apoyo de personas que han querido acompañarnos en esta defensa como “activistas” de cada una de estas causas. Las conocen de cerca y desde hace años se involucran directamente en su defensa; bastó que las invitáramos para que se manifestaran (una vez más) y se sumaran al Yo Defiendo. Anuradha Koirala ha discurrido sobre los derechos de la infancia y la necesidad de erradicar la trata; Amuda Goueli pide una oportunidad para los desplazados forzosos; Cayetana Guillén-Cuervo solicita dignidad y menos estigma para las personas que viven con VIH/SIDA; Pablo Pineda defiende la capacidad de luchar, de soñar o de trabajar de las personas con discapacidad; y María Teresa Fernández de la Vega alza la voz por los derechos de las mujeres negras. No ha sido con nosotros con quienes han tenido la deferencia; pero desde Ayuda en Acción queremos darles las gracias, en nombre de estos colectivos que sufren discriminación, por postularse en su defensa. Sería de locos no agradecérselo.

Los verdaderos protagonistas del especial Yo Defiendo son otrosYo Defiendo. Son Javier Soto o Kamila Romaní, para los que depender de una silla de ruedas no les ha impedido estudiar y superarse porque discapacidad no quiere decir incapacidad. Se llaman Phulsani o Puspa, que viven con dignidad tras ser víctimas de trata y ser explotadas sexualmente con apenas 11 y 12 años respectivamente. Son Mercedes Acosta, Gina Anagonó o Lizeth de Jesús, que luchan cada día por los derechos de las mujeres afroecuatorianas y por revertir los patrones socioculturales que la esclavitud les dejó en herencia. También Adela, Angelina o Teresa, que han sufrido en su entorno cercano el fenómeno migratorio, la necesidad de dejar México para buscar oportunidades en Estados Unidos, y han buscado soluciones para revertir la situación. O la población de Erati, en Mozambique, que se han implicado ejemplarmente para detectar los casos de VIH/SIDA en su distrito y evitar que se siguiera propagando la enfermedad.

Desde Ayuda en Acción les hemos acompañado para que pudieran defender sus derechos. Porque que todas estas personas disfruten plenamente de sus derechos es nuestro leitmotiv, el motor de nuestra máquina, nuestra razón de ser y nuestra esencia. Y porque sería de locos no hacerlo.

La tierra tembló en Nepal el 25 de abril de 2015 con magnitud 7,8 en la escala Richter, provocando el caos en uno de los países más pobres de Asia y del mundo, según el Índice de Desarrollo Humano. A las miles de personas fallecidas y heridas, a los millones de afectados y desplazados, se unía también un daño en infraestructuras que colapsaba las comunicaciones, el transporte o el acceso a la educación en 31 de los 75 distritos que forman el país y, principalmente, en Katmandú y en distritos situados en las afueras de la capital como Lalitpur, Nuwakot, Rasuwa, Sindhupalchowk o Dolakha. La tierra volvió a temblar en Nepal el 12 de mayo de ese mismo año. Y el nuevo seísmo, de magnitud 7,3, se llevó por delante los pocos edificios que habían sobrevivido al primer temblor en las zonas más afectadas y la esperanza de recuperar sus medios de vida de millones de personas.

Kanchi Tamang, de 19 años, perdió su hogar y a su madre en el primer terremoto. Un hombre llegó a su aldea y le ofreció trabajo en Dubai junto a otras nueve amigas cuyas vidas también habían sido afectadas por el terremoto. Se hizo pasar por agente de trabajo en el extranjero y les dijo que era necesario hacer escala en la India, en Bangalore, para poder llegar a Oriente Medio. A la hora de viajar, les quitaron el pasaporte y las separaron a todas. Kanchi quiso saber dónde estaban las demás chicas y el hombre le dijo que no hiciera tantas preguntas. En la frontera con India, las chicas fueron interceptadas por Maiti Nepal –organización que lucha contra la trata y con la que trabajamos en Nepal– y fueron salvadas de ser traficadas y vendidas al mejor postor.

La falta de oportunidades y los contextos de pobreza y exclusión son el cultivo perfecto para las mafias de la trata, que aprovechan la vulnerabilidad de las personas y especialmente de mujeres e infancia. Esta vulnerabilidad aumenta en situaciones de conflicto y de emergencia. Lo hemos visto en los terremotos de Haití o Nepal y lo estamos viendo en el terremoto de Ecuador. También en el caso de los refugiados que huyen de Siria... ¿dónde están los 10.000 menores refugiados y no acompañados cuya desaparición denuncia Europol? Lo vemos en el caso de Kanchi y sus nueve amigas. Un año después del terremoto de Nepal, país de origen de trata donde –según datos de diferentes organizaciones– entre 12.000 y 15.000 niñas y mujeres caen en sus redes cada año, las posibilidades de ser víctima de este crimen han aumentado en un 15%. La falta de recursos de este país, donde un 25% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y más del 80% de la población procede de zonas rurales, agrava aún más este problema: el terremoto ha incrementado aún más la falta de oportunidades. En enero de 2016 se empezaron a poner en marcha los planes nacionales de reconstrucción, cuyo plan quinquenal ha hecho público el gobierno en el primer aniversario del terremoto (reconstrucción de casas a tres años y de edificios públicos a cinco), aunque la administración no está siendo ágil en el proceso de ejecución del plan ni a la hora de indemnizar a algunas familias.

El riesgo de caer en la trata aumenta un 15% en mujeres y niños

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nepal (NHRC) publicó en marzo un esperado informe que por fin vierte algo de luz sobre el aumento de los casos de trata tras el terremoto. Hasta la fecha no se contaba con datos oficiales, más que aquellos vertidos por las organizaciones en terreno, recolectados en el desempeño de su labor y no siempre una muestra fiable por ser demasiado selectiva. A través de conclusiones de la CEDAW –Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres de Naciones Unidas– y de la actividad anual y memorias emitidas por organismos oficiales de Nepal (ministerios, departamentos, la corte suprema...) y organizaciones no gubernamentales trabajando en el país, el informe “Trata de personas 2013-14-15”, analiza el problema de la trata durante tres añosTrata de personas 2013-14-15 y compara la situación antes y después del terremoto llegando a varias conclusiones. Las más reveladoras, que el número de personas vulnerables a la trata interceptadas en la frontera aumentó un 15% en los tres meses posteriores al terremoto; y que la proporción de población por debajo del umbral de la pobreza aumentará un 2,8% en 2016.

Cerca del 44% de la población afectada son menores de edad y, de las 8790 muertes provocadas por los terremotos, 2737 eran niños y niñas, un 31% del total, lo que aumenta la vulnerabilidad de los más pequeños. El informe recoge que hay evidencias suficientes para asegurar que la trata de mujeres y niños ha aumentado tras los seísmos: la policía registró la desaparición de 1233 mujeres y niños en los tres meses posteriores. Y nuestra socia local en esta lucha, Maiti Nepal, que monitoriza 12/26 puestos fronterizos terrestres con la India, estima en al menos un 15% el aumento de casos, como indica su director Bishwo Khadka: “No hay cifras oficiales sobre el aumento de la trata después del terremoto; pero a través de nuestro trabajo diario en los 12 puntos de vigilancia que tenemos en la frontera abierta con India, nos dimos cuenta de que los intentos de traficar a niñas y mujeres habían aumentado, por lo que también aumentamos nuestros esfuerzos no sólo en la frontera con India, sino en nuestras labores de rescate de víctimas y nuestro trabajo de prevención en las aldeas”. Las organizaciones en terreno no esperan a tener cifras sobre la mesa para redoblar sus esfuerzos tras una emergencia o conflicto. Es el caso de este terremoto, en cuya respuesta hemos creado también 26 espacios seguros para mujeres y niños junto a nuestro otro socio en terreno, ActionAid Nepal.

Ayuda en Acción lleva trabajando en Nepal desde 1984 junto a ActionAid. Nuestra respuesta ante los terremotos que asolaron el país en 2015 incluye el reparto de alimentos a 92.000 personas, la dotación de viviendas seguras a 5.000 familias, asegurar la recuperación de medios de vida de otras 8.750 y la creación de 50 centros temporales de enseñanza. En Nepal, país de origen de trata, combatimos el tráfico de mujeres, niñas y niños junto a la organización Maiti Nepal a través de campañas de sensibilización, casas de acogida de menores, programas de rehabilitación o asistencia legal, entre otros. La campaña Sácalos del mercado pone voz y rostro al problema de la trata en Nepal a través del testimonio de víctimas que cuentan su historia en primera persona. Víctimas como Kanchi, que consiguió no ser una de las centenares de niñas vendidas por el terremoto.

El municipio montañoso de Camotán, al este de Guatemala, es sinónimo de desnutrición: el 89% de su población vive en la pobreza, los recursos hídricos son escasos y la mortalidad infantil es la más alta del país. En noviembre de 2011, utilizando un enfoque basado en derechos fundamentales, la asociación Nuevo Día ayudó a impulsar una demanda insólita contra el Estado en nombre de cinco niños: Dina, Mavélita, Brayan, Mayra y Leonel. El motivo, no protegerlos contra la desnutrición.

La iniciativa fue secundada por 14 organizaciones –entre ellas Ayuda en Acción/ActionAid–, que dieron apoyo a familias de la zona de Camotán para demandar al Estado por vulnerar su derecho a la alimentación, a la vivienda o a la educación. Se decidió que la mejor vía era que los propios menores, cuyas edades comprendían entre los 2 y 10 años, interpusieran la denuncia. El Estado respondió de la peor manera, no sólo intentando anular la sentencia por la vía de amparos, sino castigando a estas familias sin medicamentos y otros recursos básicos.

“Somos un país en el que constantemente se violan nuestros derechos. Son seres humanos y tienen derecho a la alimentación, la salud y la educación ”, afirmó entonces José Castillo, coordinador del acompañamiento legal en Nuevo Día. “Estamos frente a un gobierno cuyas políticas públicas no responden a la realidad de Guatemala. Lo que quiere este proceso es exigir al Estado que modifique sus políticas; es la única manera de detener la pobreza y la desnutrición”.

A lo largo de 2015, los recursos de amparo presentados por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) y varios ministerios de Guatemala en 2013 y 2014 se encontraron con la negativa de la Corte de Constitucionalidad, el tribunal supremo del país. La justicia guatemalteca dio la razón a los cinco menores de Camotán que denunciaron al estado por no luchar contra su hambre cuatro años atrás; aunque el único caso que cuenta con sentencia firme, de momento, es el de Brayan.

El proceso de una sentencia sin precedentes

En 2011, Mayra tenía cuatro años y un defecto en la cadera que le impedía caminar y que, junto a otros problemas de salud, llevaron a varios médicos a la conclusión de que no le quedaba mucho tiempo de vida. “Mi hija estaba muy mal, tenía diarrea cada día y cada noche y no mejoraba. La llevé al médico y me dijo que era un problema de nacimiento y que le quedaba poco tiempo. No podíamos seguir en esta condición ”, señala su madre, Angelina Raymundo.

Cada uno de los cinco casos se presentó de forma individual en un proceso que duró 18 meses, durante los cuales se implementaron diversas medidas cautelares para asegurar que los niños recibían los cuidados de salud y de nutrición adecuados. Mayra, por ejemplo, fue operada de la cadera y se le administraron medicamentos para combatir la diarrea.

Dado que fue el primer caso de este tipo en América Latina, no estuvo exento de cierta creatividad. Por ejemplo, a la hora de anticiparse a la reacción del Estado con el fin de proteger a los niños de más sufrimiento. Durante una de las audiencias el representante del Estado afirmó que la solución era simple: la institucionalización de cada uno de los niños. Los abogados de los niños tenían la respuesta premeditada: “bien, vamos a institucionalizar también a los niños de Tisipe y de Lelá Chancó –otras aldeas del municipio de Camotán– porque todos viven en las mismas condiciones.”

Para que el juez no se sintiera presionado por la opinión pública regional e internacional, se decidió mantener un perfil bajo a nivel de comunicación e involucrar en el proceso a la Comisión Internacional de Juristas, un tercero que actuó como amicus curiae, vertiendo luz sobre el derecho humano a la alimentación, en qué consiste o cómo tiene que ser legislado.

Finalmente, el Juez de la Niñez dictaminó que el Estado había violado los derechos a la alimentación, a una vida adecuada, a la salud, a la vivienda y a la educación de los niños, ordenó que aplicara 26 acciones con el fin de reducir la desnutrición en la zona y mejorar las condiciones de vida. Para ello, debía contar con la participación de 12 instituciones diferentes; por ejemplo, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación se le ordenó que creara programas que beneficiasen a toda la comunidad, al Ministerio de Salud que vigilara el estado nutricional de los niños, y al Ministerio de Trabajo que se encargara de crear más puestos de trabajo en la zona.

Mientras que el veredicto sugería un cambio favorable en el equilibrio de poder entre el pueblo y el gobierno, la incapacidad del Estado para poner en práctica la mayoría de los decretos del juez ha dado credibilidad al argumento de que el Estado opera por encima de la ley y hace caso omiso de las necesidades del pueblo. Algo especialmente grave en un país que arrastra tres años de sequía continuada que han mermado aún más su seguridad alimentaria y donde 12 de sus 22 departamentos presentan alto o muy alto riesgo de desnutrición crónica.

Sentando precedente

“Me sentí contento cuando me dijeron que el juez había resuelto el caso. Pero ahora ha pasado un tiempo y no hemos visto nada. Las instituciones se toman a broma la palabra de un juez ”, afirmó Santos Floridalma, cuyo hijo, Brayan sufre de trastorno del crecimiento debido a su desnutrición. Cada una de las familias cuyos hijos demandaron, han recibido desde entonces raciones mensuales de alimentos, pero el cambio ha sido casi inexistente en el resto de la comunidad, donde viven alrededor de 560 personas. El Ministerio de Trabajo ha creado talleres textiles para dar formación a 75 mujeres de la localidad pero, dado que no existe un mercado en Camotán para vender sus productos, no han conseguido rentabilidad.

La reacción del Estado ha sido lenta y mal ejecutada, y la falta de cumplimiento ha creado una brecha entre las familias y la comunidad en general, resentida al ver que sus vecinos reciben ayuda pero ellos no. Sin embargo, el fallo es histórico y ha sentado un precedente en Guatemala. Y se espera que esta victoria anime a otras comunidades a exigir el cumplimiento de sus derechos ante el Estado. Una buena noticia, que celebramos en el Día Mundial de la Justicia Social.

Eduardo Galeano nos dejó este año y entre su enorme legado hay una frase que retumba en mi cabeza de cuando en cuando: “somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”. El próximo domingo acudiremos a las urnas a ejercer nuestro derecho a voto. Viviremos unas elecciones históricas, pues nunca antes había habido tal variedad de fuerzas y parece que se avecina un cambio, o al menos cierto equilibrio, en la composición del futuro Parlamento. Las encuestas predicen que el bipartidismo o la polarización social dejarán de ser nuestro único destino. Y el simple hecho de que nuevos partidos y nuevas maneras de hacer adquieran poder, de que se enriquezca el discurso político, de que existan alternativas, es un triunfo para la democracia y para la sociedad. Lo demás, el resultado de las elecciones y el devenir de la próxima legislatura, está por ver.

En Ayuda en Acción, sea cual sea el partido más votado, sea cual sea el color del nuevo Gobierno, pedimos también un cambio: que no haya más candidatos a la pobrezacandidatos a la pobreza. No queremos seguir leyendo en los periódicos o en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE que 1 de cada 3 niños y 1 de cada 5 personas están en riesgo de pobreza y exclusión en España. Casi todo se reduce a una cuestión de oportunidades y, especialmente, a la falta de ellas. Algo contra lo que llevamos luchando los tres últimos años en nuestro país, apoyando a través de, por ejemplo, becas de comedor, a niños y familias que están pasando dificultades. Porque queremos que todos tengan las mismas oportunidades.

Irónicamente, la educación y la cultura son las mejores armas para combatir la pobreza, pero hemos empeorado en ambas cuestiones. La ensalada de sucesivas reformas educativas, los recortes en educación y la caída de las becas –la mayor desde 1996–, la subida de tasas universitarias –un 45% desde 2009–, el 25% de jóvenes españoles sin estudiar o trabajar –según la OCDE, son las peores cifras de Europa–; una tasa de paro juvenil que no baja del 50% –el 2014 se cerró con un 51,8% según la EPA–… por no hablar de la cultura, cada vez más inaccesible, sobre todo para las personas con menos recursos. Quizá el hecho de que un 25% de los españoles crea que el Sol gira alrededor de la Tierra se deba a las consecuencias de un sistema educativo que sigue fracasando; a una especulación inmobiliaria y un boom de la construcción que, entre otros motivos, ha provocado unos niveles de abandono escolar que doblan la media de la Unión Europea; a una gestión del Estado español que, lejos de reducir la desigualdad social, ha conseguido aumentar la brecha. 

La historia se remonta atrás en el tiempo y sigue sin solución. No se ha hecho lo suficiente y la infancia y la adolescencia siempre es la peor parada. Si hacemos memoria, de los JASP (Jóvenes aunque sobradamente preparados) pasamos a la JSF (Juventud sin futuro) y llegamos a los NINI (Ni estudian, ni trabajan). ¿Cuántos jóvenes hay en el exilio intentando alcanzar un futuro mejor? Otra manera tiene que ser posible. La única salida no puede ni debe ser a costa de la fragilidad del Estado de bienestar. Y la solución tampoco pasa por que las organizaciones sociales, sostenidas mayormente por la solidaridad de la sociedad, asumamos una responsabilidad que le corresponde al Estado, al situarnos al lado de los ciudadanos que están sufriendo las peores consecuencias de una prolongada crisis económica disfrazada de recuperación y brotes verdes.

Por eso creemos que una de las mejores iniciativas para combatir la pobreza infantil es el Pacto de Estado por la Infancia que estamos impulsando (junto a otras organizaciones, a través de la Plataforma de Infancia)... y que exigiremos al próximo Parlamento con el aval de más de 30.000 ciudadanos y ciudadanas que han apoyado nuestra campaña Candidatos a la pobreza. Esta campaña seguirá recabando apoyos entre la sociedad civil tras el 20D, con la intención de colocar la pobreza infantil como un problema urgente y prioritario en la próxima legislatura. Porque nuestros candidatos, los candidatos a la pobreza, no desaparecerán con la celebración de elecciones y, por eso, seguirán de campaña. 

El próximo domingo acudiremos a las urnas y no deberíamos permitir que llegue al poder ningún candidato que no haya asumido un firme compromiso con la infancia, que no haya incluido en sus políticas medidas contra la pobreza infantil. Plataformas como Poletika han evaluado los distintos programas políticos en torno a 10 temas, entre ellos la infancia, cuyos resultados se pueden consultar aquí. Así como el especial de este mismo periódico “Pobreza Infantil: La desigualdad del futuro” analizaba cuánto le ha importado a nuestros diputados la pobreza infantil en los últimos cuatro años. Votemos informados para poder exigir responsabilidad. Para poder demandar y reclamar una política comprometida con los más vulnerables: los 2,7 millones de niños y niñas que siguen siendo candidatos a la pobreza y que aún no tienen derecho a votar. Al fin y al cabo, somos nosotros los que teníamos, tenemos y tendremos el poder de elegir la política que queremos. Me he tomado la libertad de tomarle prestadas unas palabras al recientemente desaparecido Eduardo Galeano  para comenzar este texto que estás leyendo: “somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”. Ojalá que el nuevo Parlamento surgido del próximo 20D sirva para cambiar (y erradicar), de una vez por todas, la pobreza infantil en España.

Jovita suspira mientras le coloco el micrófono de corbata en un aula vacía del colegio, en la parroquia Concepción. “¿Estás nerviosa?”, le pregunto. “Es que les voy a contar cosas que no he contado nunca”, me contesta suspirando. Está sentada frente a grupo de periodistas españoles que hemos viajado a Ecuador para conocer proyectos de derechos de la mujer llevados a cabo por Ayuda en Acción. En el valle del Chota, nos estamos adentrando en el trabajo de la CONAMUNE, Coordinadora Nacional de Mujeres Negras, que desde haceños está luchando por los derechos de la mujer afro en el norte de Ecuador. Ella es una de esas luchadoras.

A susños, Jovita Mercedes Borja comienza a relatarnos toda una vida de violencia e injusticia. “Me sometieron al matrimonio con doce años. El por qué fue porque en ese entonces, haceños, aún no decidíamos nosotras como mujeres. Decidía el papá, la mamá, los tíos, los abuelos… y tenía que cumplir esa orden, era por miedo”. Antes de casarse, Jovita ya tenía a su cargo a seis hermanos y la responsabilidad de alimentarles; imperaba la creencia histórica de que la mujer debía subordinarse el hombre, que las hermanas debían responsabilizarse de la casa y hacerse cargo de los hermanos. “Entonces los hijos no teníamos que decir nada, simplemente acatar las órdenes, y como yo era la mayor quedaba con los otros seis hermanos, yo cocinaba, iba a la escuela, lo hacía todo en la casa, no me dejaron experimentar quién quise ser”.

Escuchamos el valiente testimonio de Jovita sin atrevernos a interrumpir, mientras nos confiesa la dura realidad que ha combatido. “Yo era virgen. Mi marido teníaños y perdí la virginidad a la fuerza, a una fuerza totalmente bruta”. Trajo con él cuatro hijos al mundo, entre paliza y paliza, pensando que todo aquello era normal… “me encantaba saltar por las piedras y mi marido hasta me pegaba por eso. Yo lo entendía, yo nunca le alzaba la mano ni le decía nada, sólo lloraba porque me dolía, más no por otra cosa, era lo mismo que mi papá en eso. A mi mamá él le pegaba encualquier momento, y yo lloraba y entonces me pegaba a mí también, porque no le gustaba la bulla”. Como tantas otra mujeres afrochoteñas, Jovita había normalizado el maltrato intrafamiliar, pero pasados once años y tras superar la muerte de dos de sus hijos, entendió que no podía seguir así: “comencé a ser fuerte yo misma, a pesar de que decía ¿y ahora, quién me va a apoyar? Pero dije no, yo ya no quiero vivir con él”. Sin embargo, cuando su marido la seguía y le volvía a pegar, tanto sus padres como la gente de su comunidad la consolaban absurdamente con una respuesta que aún retumba en su cabeza: “es que es tu marido”.

Tras la separación, tras probar todo tipo de trabajos y soluciones para sacar adelante a sus hijos –recogió tomate y vainita; le robaba a su madre queso, papas o arroz; probó con el contrabando hasta que descubrió que era una manera tan rápida como frágil de hacer dinero; y fue empleada del hogar para familias adineradas de Quito–, Jovita se define ahora como “jefa de familia, le hago de hombre y de mujer”. Ha encontrado en el bien social uno de los sentidos que darle a su vida y que, entre otras alegrías, le ha permitido formar parte de la CONAMUNE, la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras; “me ayudó a visualizar que no estaba bien lo que viví, gracias a los talleres intensos que recibíamos. Hasta ahí, yo pensaba que eso tenía que ser y punto. Comencé acá en la comunidad a defender a la mujer, porque había muchas cosas, el machismo o la violencia, que antes no sabíamos; hoy en día sabemos de machismo”.

Las secuelas de la esclavitud

La CONAMUNE se creó en, “ya no queríamos lamentarnos y quejarnos, sino proponer y buscar estrategias para solucionar”, recuerda Olga Maldonado, actual presidenta de la Coordinadora en la provincia de Carchi. Entre2012, veinte voluntarias de la CONAMUNE realizaron una investigación casa por casa y puerta a puerta para medir el nivel de violencia contra la mujer negra en las provincias de Carchi e Imbabura. El resultado, escalofriante, simplemente confirmaba lo que todas ya temían:violencia en el norte de Ecuador. Descubrieron además que era una violencia estructural y cultural, que encontraba sus raíces en la esclavitud, perpetuándose hasta la actualidad. “La violencia contra la mujer afrochoteña se remonta atrás en la historia y viene de la época colonial, donde en la zona había muchas haciendas. La esclavitud y el sufrimiento que padecieron nuestros antepasados han marcado socialmente a la población. Necesitábamos hacer una investigación para ahondar en la violencia estructural y buscar una explicación a todo esto”, añade Lizeth de Jesús, coordinadora del proyecto de fortalecimiento de Ayuda en Acción, que cuenta con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

Nos lo cuentan desde la antigua Hacienda de Concepción –la mayor de las ocho haciendas asentadas en el Valle del Chota, que contaba con más de–, sobre cuyas ruinas han construido el Refugio de Oshún, donde las mujeres de CONAMUNE se reúnen todas las semanas, reciben a mujeres víctimas de violencia de género, las asesoran legalmente e incluso les dan refugio y protección si es necesario. “Hace apenas 50 años, las antiguas haciendas regentadas por los Jesuitas, seguían funcionando a manos de terratenientes”, completa nuestro compañero de Ayuda en Acción Ecuador, Vicente Pachacamac.

El cambio que intentan propiciar para visibilizar la violencia contra la mujer negra y poder combatirla es a largo plazo, pues se están modificando patrones socioculturales arraigados en la población. Las llamadas “mediadoras comunitarias”, como Narcisa Egas o Azucena Santacruz, son las encargadas de llevar los problemas de las doce comunidades de Carchi e Imbabura a las reuniones que celebran semanalmente en el Refugio de Oshún. Ellas ofrecen la primera asistencia a las mujeres violentadas e intentan mediar con sus maridos para resolver el conflicto y, si no queda otro remedio, les asesoran legalmente para que denuncien el maltrato. Recibir formación en género ha hecho que muchas de estas mediadoras quieran seguir estudiando, como Azucena, que quiere ser abogada para defender a la mujer y “hundir a los hombres malos”.

La investigación vertió otros datos importantes. Casi un 70% reconoció haber sufrido violencia física y un 65,7% la ha padecido en su propia casa. El 36,4% ha sido agredida por su padre y más del 25% por sus hermanos. También desveló que el 35% de las adolescentes quedan embarazadas entre losños; y que eso provoca un alto índice de abandono escolar, agravado por la discriminación de ser mujer, negra y pobre: un 50% termina la escuela, un 4% accede a la universidad, un 2% se licencia y sólo un 1% accede al mercado laboral. En este sentido, gracias a la mediación de la CONAMUNE, se logró ingresar en la ENIPLA (Estrategia Nacional de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes) para poder trabajar la prevención de embarazos adolescentes en las escuelas. “Se trabajan materiales didácticos para sensibilizar sobre el tema y se realizan formaciones con las mujeres. Las niñas necesitan tener un futuro y un plan de vida, y eso se consigue con educación”, cuenta Lizeth.

El área de desarrollo Chota Mira, cubre un sector importante de las provincias de Imbabura y Carchi, donde predomina la población afrodescendiente. Ayuda en Acción inició allí su trabajo en 2007, y actualmente apoya a. Entre otras, la propuesta de desarrollo se basa en el fortalecimiento de organizaciones de base como la CONAMUNE (Coordinadora Nacional de Mujeres Negras), que trabaja la identidad y reivindicación de los derechos de las mujeres afro. Formado porcomunidades, luchan por los derechos individuales y colectivos del pueblo afro, especialmente por los de la mujer.

Este niño es huérfano y padece SIDA. Su nombre, edad y la mitad de su rostro se mantienen en el anonimato para proteger su identidad. Vive en la India, donde más de 200.000 niños son portadores del VIH y se calcula que cada año nacen unos 60.000 niños de madres seropositivas. El 30% de los niños que padecen el virus en el país asiático lo contraen ellos mismos. A nivel mundial, la cifra de menores de 15 años enfermos de SIDA suma unos 3.400.000. Casi 7 millones de niños menores de 5 años murieron en 2001 en el mundo, la mayoría de enfermedades prevenibles.

Lekelini es de Malaui y tiene diez años. Tras la muerte de su madre, fue abandonado por su padre y acabó mendigando en la calle. Neria y Alinafe, ambas de 13 años, son compañeras de Lekelini. Neria fue encontrada en la calle debido a su situación de pobreza, que comparte con cinco hermanos y seis hermanas. La madre de Alinafe tiene una enfermedad mental y maltrató a la niña durante muchos años, obligándola a mendigar para conseguir algunos ingresos. Cada día, 400 millones de niños se enfrentan cara a cara con la pobreza extrema.

Elisabeth Cárdenas tieneños y vive en una comunidad rural de Bolivia. Estuvo a punto de perder una pierna porque sus padres no tenían dinero para llevarla al médico y costear el tratamiento que curase las graves heridas provocadas por una quemadura con agua caliente. En Bolivia, la atención sanitaria gratuita sólo cubre a niños menores de cinco años. En el mundo, 200 millones de niños menores de cinco años no tienen acceso a una atención sanitaria básica.

Sylvia Ayeko, ugandesa, de 11 años, dejó el colegio porque el hambre que pasaba le impedía sacarle provecho a las clases y rendir debidamente; se sentía muy débil. Regresó a la escuela cuando se inauguró el comedor, que servía el almuerzo a cada alumno. De no ser así, no hubiera podido continuar con sus estudios, que ahora combina con duras labores del hogar con las que ayuda a su familia, como recorrer kilómetros para ir a por agua. Cada noche en el mundo, 300 millones de niños y niñas se van a la cama con hambre.

Dile al hambre y a la pobreza que se metan con alguien de su tamaño

Dile al hambre y a la pobreza que se metan con alguien de su tamañoLa infancia es, indiscutiblemente, el grupo poblacional más vulnerable de la sociedad y el que más sufre las consecuencias de las desigualdades. En España, más de dos millones viven bajo el umbral de la pobreza. De las más de 25.000 personas que mueren cada día de hambre, el 75% son niños menores de 5 años y mueren por causas que podrían evitarse.

Más de 13 millones de niños y niñas mueren cada año por enfermedades e infecciones directamente relacionadas con la falta de alimentos. Uno de cada cuatro presenta signos de retraso de crecimiento a nivel mundial, 100 millones tienen nutrición insuficiente y deficiencia de peso, y 180 millones sufren desnutrición crónica.

En Ayuda en Acción empezamos a hacernos una pregunta: ¿por qué el hambre y la pobreza no se meten con alguien de su tamaño? ¿por qué el hambre y la pobreza no se meten con alguien de su tamaño?

El hambre, la mortalidad y la pobreza infantil, la falta de acceso a la educación o a la salud son monstruosas. Y qué mejor manera que personificar en gigantescos monstruos las amenazas que afectan diariamente a millones de niños y niñas. La imagen gráfica de la campaña surge de una colaboración con el ilustrador danés John Kenn Mortensen, cuyos dibujos muestran feroces criaturas hasta diez y veinte veces más grandes que el niño que las observa. Por este motivo, en Ayuda en Acción hemos vuelto a encontrar la inspiración en la infancia para lanzar nuestra campaña de Navidad, 'Dile al hambre'.

Creemos que es necesario mirar a los monstruos a la cara y hacerles frente, y para ello proponemos como formas de colaboración el apadrinamiento en América, Asia y África o la contribución al proyecto de infancia en España. Para acabar con los monstruos, muchos niños y niñas necesitan el apoyo de personas que le digan al hambre y a la pobreza que se metan con alguien de su tamaño.

Porque cuantos más seamos, más pequeño será el problema.

“Tenía miedo. No sabía si iban a sobrevivir. Inicialmente no sentí enfado o ira, sólo preocupación y miedo”. Estas palabras son de Nurul Islam, padre de Sonali y marido de Khodaja Khatun. Hace diez años que fueron atacados por un miembro de su propia familia. Les roció de ácido mientras dormían con la única intención de culpar a otra persona, un vecino con el tenían una disputa por la propiedad de unas tierras.

Nur sufrió heridas leves, pero los rostros de su hija y de su mujer reflejarán de por vida las terribles secuelas de esta forma de violencia que en el 80% de los casos es causada a mujeres y en el 90% perpetrada por hombres. Sonali apenas contabaías, Khodaja teníaños“Tardé dos días en tomar conciencia de mi alrededor tras el ataque. Luego me invadió la preocupación por el futuro y los retos que surgirían, mi bebé y yo teníamos la cara desfigurada. Supe que nada sería lo mismo”.

Khodaja perdió un ojo y la forma de su cráneo se alteró por los efectos del ácido. Necesitó diez meses de tratamiento para recuperarse, luego tuvo que acostumbrarse a las miradas, a sentirse observada. Vivir con la idea de que quizá su hija Sonali no se casaría nunca, en un país que entiende que el mejor futuro para una niña es el matrimonio. Pasados diez años, Khodaja y Nur siguen lidiando con el sentimiento de culpabilidad, “es a causa de nosotros que haya tenido que superar el trauma de este ataque”.

Khodaja es ama de casa y Nurul es agricultor; viven de sus arrozales, donde también cultivan yute y otros vegetales. Sonali va al colegio y cursa segundo grado, tiene dos amigas pero otras niñas no quieren jugar con ella: “Dicen que no tengo buena apariencia”. A sus once años, le encanta leer y tiene de mascota a una gallina. Madre e hija no pueden exponerse al sol, la piel de sus rostros no soporta la radiación o las fuentes de calor, motivo por el que Khodaja no puede cocinar durante mucho tiempo seguido. Ambas siguen adaptándose a la vida como víctimas de un ataque con ácido.

Nur Banu tieneñosy es ciega debido a una agresión con ácido provocada por su marido, Julmot Ali. Su cara, pecho y brazos muestran cicatrices de duras quemaduras. Tras quince años de casada, tres hijos y un historial de maltrato marital que Julmot justificaba por no haber recibido una dote, Nur supo también que su marido le era infiel y decidió divorciarse. Ocho días después, él la agredió con ácido por ejercer su derecho a decidir. Tan sólo fue condenado a un año de prisión.

Antes de ser agredida, Nur combinaba trabajo en los campos de cultivo y en la fábrica de procesamiento de semillas. Pero las secuelas del ácido han mermado su capacidad para obtener ingresos, su ceguera hace que dependa de otros. “Ahora no puedo trabajar y me duele depender de mis dos hijos para sostener la economía familiar, al principio fue muy duro”, cuenta mientras explica que, en la sociedad bengalí, es responsabilidad del hombre mantener a su esposa.

Como mujer maltratada y superviviente a un ataque de ácido, se muestra rotunda ante la violencia de género: “Aquí es un problema”. Y demanda más justicia y protección legal: “Si las leyes se implementaran debidamente y los agresores fueran llevados ante la justicia, habría menos casos como el mío. La sociedad no apoya a las víctimas, suele posicionarse junto a los autores del ataque, pero su apoyo es fundamental para que podamos llevar una vida digna”.

El trabajo con las víctimas

El trabajo con las víctimasKhodaja y Nur son algunas de las más deíctimas acogidas bajo el Programa de Prevención de la Violencia con Ácido, iniciado en 2004, y al que prestamos apoyo a través de ActionAid, SODESH y Sharp, nuestros socios en Bangladesh. Común a todas ellas, el haber sido tratadas en la unidad de quemados con ácido del hospital especializado de Dacca y haber recibido, junto a sus familias, apoyo psicológico permanente. Algunas han recibido además donaciones económicas para que sus hijos puedan asistir a la escuela o rehacer sus vidas. Se trata de proporcionarles el entorno necesario para que puedan ser autosuficientes.

Otro de los principales objetivos de este programa es sensibilizar a la sociedad como medida fundamental en la prevención y erradicación de este tipo de ataques. La Acid Survivors Network (red de supervivientes a los ataques de ácido) fue creada enlas personas dañadas con ácido asistencia médica, apoyo psicológico para vencer el miedo al prejuicio y estigma social, y asesoramiento legal. A través de esta red, se ofrece a las víctimas un lugar seguro donde quedarse, se les proporciona información y formación laboral, sesiones de terapia en grupo y participación activa en campañas de presión para el cumplimiento de las leyes sobre ataques de ácido y de sensibilización para la conciencia social.

También se trabaja para que haya un férreo control en la compra de estos componentes químicos. Bangladesh es uno de los principales exportadores textiles del mundo, por lo que el ácido sulfúrico que se utiliza para teñir los tejidos es de muy fácil acceso. Además, se está dando apoyo técnico a nivel local para que en los distritos haya unidades médicas que puedan tratar a las víctimas y que no tengan que trasladarse a Dacca para ser atendidas.

Existe una enorme brecha legal que deja casi desamparadas a las víctimas de ataques con ácido. Bangladesh endureció las penas para castigar a los agresores con ácido enés de la Acid Crime Control Act Acid Crime Control Act(ACCA), introduciendo la cadena perpetua o la pena de muerte como condena en aquellos casos en los que la víctima pierda la vista o el oído, o sufra daños graves en rostro, pecho y órganos sexuales. La condena es deños si otra parte del cuerpo es mutilada; y deños, por una agresión en la que no se cause daño. Sin embargo, muchos agresores no cumplen la totalidad de su condena, salen de la cárcel bajo fianza o los casos se terminan desestimando.

Ataques con ácido: cifras, causas y consecuencias

Ataques con ácido: cifras, causas y consecuenciasEl primer caso documentado en el país data de 1967. Diversos estudios reflejan que más de la mitad de los ataques están relacionados con el rechazo de propuestas de matrimonio, aproximadamente una cuarta parte se deben a la violencia de género y marital, o incluso del entorno familiar, poco más de una décima parte responden a disputas por el control de tierras y apenas un dos por ciento, a rechazos sexuales. Recientemente se han registrado también ataques de ácido a niños, ancianos e incluso hombres, pero la mayor parte de las víctimas son mujeres de entre 13 y 35 años.

Desde 1999, la Acid Survivors Foundation lleva un registro de ataques de ácido en Bangladesh donde figura un total de 3.498, cifra a la que habría que sumar todos aquellos que no es posible rastrear. La organización fue creada para intentar reducir y eventualmente eliminar los ataques de ácido así como facilitar la reinserción social de las víctimas. En el momento de su creación, el país bengalí tenía la tasa de incidentes con ácido más alta del mundo, aunque las cifras se han ido reduciendo año tras año, pasando de los2012.

El ácido es un corrosivo químico que tiene un efecto devastador sobre el cuerpo. Provoca una abrasión de los tejidos que puede llegar a exponer los huesos e incluso disolverlos. En contacto con los ojos, los daña de por vida y muchas víctimas pierden parcial o completamente la visión. Las personas que sobreviven a un ataque de este tipo padecen profundas depresiones, además de crisis de identidad debido a la pérdida o distorsión de su apariencia. Muchas dejan de estudiar o trabajar y tienen que hacer frente al rechazo y aislamiento social, lo que agrava aún más el daño en su autoestima o su estatus socioeconómico.

Los ataques de ácido reflejan una severa discriminación y desigualdad de género. Las víctimas suelen ser mujeres que ejercen su derecho a decidir, transgrediendo normas, tradiciones o prácticas convencionales que las relegan a un segundo plano. Considerado un tipo de violencia contra la mujer, los ataques de ácido tienen sus raíces en el machismo y prevalecen en sociedades donde la mujer se subordina a la autoridad del hombre.

Fotogalería: "Día contra la Violencia de Género. Huellas irreversibles".