Desde hace varios años, ante el continuado abuso de las entidades financieras y a causa del incumplimiento del deber de las Autoridades Públicas de proteger los legítimos derechos, han sido los Tribunales de Justicia –sobre todo el Europeo– los que han tratado de restablecer el equilibrio y la justicia en las relaciones contractuales que unían a los bancos con los consumidores de crédito.

Ha sido una labor difícil, lenta, pero ha dado sus frutos. Poco a poco se han ido declarando nulas, por abusivas, multitud de cláusulas de los más diversos contratos hipotecarios, y ello a pesar de las considerables ventajas procesales con las que han contado y cuentan las entidades financieras.

La más famosa de esas cláusulas, pero no la única ni la más importante, es la conocida como cláusula suelo en los contratos de préstamos hipotecarios, vinculados a índices variables para el cálculo de los intereses que debe pagar la parte prestataria o, como el Tribunal Supremo acertadamente la denominó en su sentencia de 9 de mayo de 2013, cláusula de “interés fijo variable solo al alza”.

A pesar de todo lo sucedido en los juzgados, hemos sido testigos de la negativa de las instancias superiores de los Tribunales de Justicia (Tribunal Supremo y algunas audiencias provinciales) a aplicar las consecuencias legales de la declaración de abusividad de las cláusulas, esto es: su nulidad y la desaparición de los contratos sin que produzcan ningún efecto. Esto ha provocado que, finalmente, como en otro tipo de “cláusulas bancarias”, la cuestión terminara llegando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Este ha resuelto definitivamente la cuestión sobre los efectos de la declaración de nulidad de las “cláusulas suelo” en su sentencia de 21 de diciembre de 2016. Confirmó lo que ha repetido en otras muchas sentencias y que el Estado Español, y en concreto su actual gobierno, parecen negarse a entender: el Derecho de Protección del Consumidor existe y produce las/sus consecuencias en los contratos con absoluta efectividad. Así, frente a nuestro Tribunal Supremo, que negó los efectos retroactivos de la nulidad, el Tribunal Europeo impone la cordura, la ley y, en definitiva, la Justicia, haciendo honor a su nombre y significado.

Cuando los consumidores y sus defensores se las prometían felices en ese mes de diciembre de 2016, el Gobierno de Mariano Rajoy se sacó de la manga –en enero de 2017– un Real Decreto Ley que dejaba en manos de la banca de nuevo el asunto de las “cláusulas suelo”. Este decreto estaba diseñado para retrasar y evitar los efectos demoledores de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y posibilitar, con ello y de varias formas, el incumplimiento de los bancos de lo establecido en la Sentencia del TJUE. El decreto se convalidó en el Congreso de los Diputados gracias al voto del PSOE y de Ciudadanos. Es un decreto que todos los juristas y asociaciones de consumidores consideramos una de las mayores injusticias posibles. En él se establecían mecanismos para obstaculizar el acceso a los Tribunales por parte de los consumidores, convirtiendo al Estado, por la forma de actuar y por los fines perseguidos, en un sujeto cómplice de una de las partes, utilizando las mismas tácticas que emplean las entidades para engañar a sus clientes.

El decreto en cuestión ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por el grupo Parlamentario de Podemos, porque vulnera y contradice principios básicos del derecho procesal y de defensa. Y es desolador comprobar cómo el Poder actúa con esa desfachatez en contra del principio de Justicia que inspira nuestra Constitución. De modo que, como era previsible respecto a los efectos del Real Decreto Ley 1/2017, salvo Bankia (este dato proviene de su propia propaganda), el resto de los bancos no han devuelto voluntariamente el dinero cobrado ilícitamente, utilizando el Decreto para entretener durante cuatro meses a los consumidores.

Pasado el plazo establecido en el decreto, y cuando debía comenzar el constante y eficaz goteo de demandas judiciales frente a los bancos para reclamar justicia, se produce un hecho inesperado, por provenir de un órgano cuyo desprestigio trata de alcanzar al resto de los órganos políticos. El Consejo General del Poder Judicial, utilizando atribuciones que no están previstas para lo que ha hecho, decide alterar el principio básico de acceso a los tribunales del consumidor, que siempre debe ser el de su domicilio. El Consejo se salta la prohibición de obstaculizar ese acceso inventándose una innecesaria especialización de determinados Juzgados que han de conocer de esas demandas hipotecarias, estableciendo que será un solo Juzgado en cada provincia, en su capital, el único que podrá resolver ese tipo de demandas.

De un plumazo, mediante un acuerdo administrativo, pues el Consejo General del Poder Judicial no tiene facultades jurisdiccionales ni hace normas jurídicas con valor de Ley, pretende derogar una norma fundamental en esta materia, que es la que establece para los consumidores el principio de que pueden/deben demandar en el Juzgado de su domicilio:

Artículo 51.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

“14.º En los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporación al contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la contratación, será competente el tribunal del domicilio del demandante”.

Mediante el acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Estado el 27 de mayo de 2017, el CGPJ invade competencias del legislador y lo hace a sabiendas, pues considerar que este órgano puede cometer tal acto por ignorancia o negligencia sería aún peor, más grave, más espantoso.

El hecho de pretender imponer a todos los consumidores que tienen contratos de préstamo con garantía hipotecaria un único juzgado por provincia, para que sólo en él puedan demandar a los bancos por cláusulas abusivas, no parece tener otra finalidad que provocar un inmediato colapso de esos juzgados. Sería la causa de un retraso en la resolución de asuntos de gran gravedad, que provocaría a los consumidores sufrir un enorme desaliento, desistiendo definitivamente de demandar a su banco.

Pero resulta que el Consejo no se detiene en la perpetración de actos injustos. Además, establece, sin previo aviso, un mecanismo para que estos juzgados especializados sean servidos por jueces y juezas que se encuentran en prácticas.

Extraña paradoja ésta en la que se crea un órgano especializado para que sea ocupado por personal novato. La norma del CGPJ entraba en vigor el jueves día 1 de junio. Diligentemente, se presentaron las juezas y jueces en prácticas en los respectivos Juzgados cuya lista aparecía en el BOE, según estuvieran realizando las prácticas en la correspondiente ciudad. ¿Adivinan con que se encontraron? Efectivamente, se encontraron con la ridícula situación de que nadie había resuelto ni previsto absolutamente nada para que eso sucediera. Que el órgano encargado del Gobierno y la organización de juzgados y tribunales sea el responsable de una situación como la descrita viene a decir mucho del mismo, empezando por que es incapaz de cumplir sus propios acuerdos.

Pero no queda ahí la cosa. El Consejo General del Poder Judicial, a través de su Servicio de Inspección (?) dictó y comunicó unos criterios y recomendaciones en abril de este año 2017. Es decir, la cuestión tiene antecedentes y premeditación. Lo hizo antes de la creación de estos supuestos juzgados especializados. En ellos se dice, literalmente: “ … con la finalidad de establecer métodos de trabajo eficientes, respetando siempre la independencia judicial”.

Ya. Pues juzguen ustedes mismos:

– El CGPJ recomienda agrupar señalamientos de juicios por “entidades”, agrupando en el mismo día las demandas que se dirijan contra el mismo banco. Eso puede ser una idea útil o un favor al banco, para que no tenga que gastar mucho en desplazamientos al juzgado de sus defensas.

– Recomienda el Servicio de Inspección, que dado que “la única prueba necesaria” en estos juicios es la documental, y en consecuencia, “la única admisible”, y por tanto, el asunto se zanje en la Audiencia Previa, y “ya está”, esa “eventualidad se tenga en cuenta a la hora de determinar el número de señalamientos diarios.

Menos mal que se iba a respetar la independencia judicial, decía el Servicio de Inspección en su escrito, que “recomienda” a sus señorías cómo deben actuar y qué deben hacer procesalmente en estos juicios.

– Si fallará algo de lo “anteriormente recomendado”, el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial , dispone que las audiencias previas debe durar 15 minutos, los juicios verbales 30 minutos y los juicios ordinarios 45 minutos. Debe ser por aquello de que en las Audiencias Previas no hay conclusiones.

– Consecuencia de lo anterior, valora el Servicio de Inspección que los Juzgados deben señalar unas 14 Audiencias Previas cada día.

El artículo 508 del Código Penal dispone lo siguiente:

“La autoridad o funcionario público que se arrogare atribuciones judiciales o impidiese ejecutar una resolución judicial dictada por la autoridad judicial competente, será castigado con penas de prisión e inhabilitación.”

El Real Decreto Ley altera el régimen de costas judiciales de manera exclusiva y sólo para este tipo de demandas, favoreciendo a los bancos injustificadamente para que no tengan que hacer frente a las mismas. Además, el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial directamente se salta la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de fuero territorial del consumidor para este tipo de juicios por cláusulas abusivas. Les dice a los jueces qué pruebas deben admitir y cómo proceder en los juicios contra los bancos por cláusulas abusivas.

¿A ustedes les parece que el Gobierno de la Nación, contando con el apoyo del PP, PSOE y Ciudadanos, así como el Consejo General del Poder Judicial y su Servicio de Inspección están respetando la independencia judicial y tratando de que se ejecuten las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de cláusulas abusivas de los bancos? ¿O les parece como a mí, que efectivamente la injusticia se ha tomado como forma y modelo de gobierno?

Se me antoja imposible, sin incumplir la Constitución y las leyes, cualquier medida derivada del artículo 155 que pretenda sustituir a la voluntad manifestada por el pueblo catalán en las urnas

El consejo de ministros del Reino de España, en su reunión de la pasada semana, activó de forma oficial el mecanismo de protección de la ciudadanía previsto en el artículo 155 de la Constitución española de 1978.

Tal artículo se ha establecido para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y aquellas otras obligaciones que impongan las leyes, en el supuesto de que una comunidad autónoma las incumpliere. Pero también para el caso de que la comunidad autónoma en cuestión “actuare” de forma que atente gravemente contra el interés general de España.

Decimos que es un mecanismo de protección de los ciudadanos y ciudadanas, porque en última instancia en una Constitución como la nuestra, que antepone sobre todo lo demás una serie derechos y libertades fundamentales, son precisamente esos ciudadanos y ciudadanas los que cuentan con la sujeción de las autoridades y de las instituciones (el Estado y la comunidad autónoma como instituciones) al imperio de la ley, en garantía de esos derechos y libertades, y porque las libertades y los derechos fundamentales de sus ciudadanos son el principal interés de España.

Recapitulemos para poder saber cómo hemos llegado hasta este punto, contemplando solo la realidad jurídica. En la ley de presupuestos de la comunidad autónoma de Catalunya (marzo de 2017) se incluyó una disposición adicional, la número 40, que preveía lo siguiente:

El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, debe habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Catalunya.

2. El Gobierno, dentro de las posibilidades presupuestarias, debe garantizar la dotación económica suficiente para hacer frente a las necesidades y los requerimientos que se deriven de la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de Catalunya, acordado en el apartado I.1.2 de la resolución 306/XI del parlamento de Catalunya, con las condiciones establecidas en el dictamen 2/2017, de 2 de marzo, del Consejo de Garantías Estatutarias.

No se concretó el importe. Contra la disposición adicional se interpuso recurso de inconstitucionalidad, que se resolvió en sentencia del TC el 5 de julio de 2017, declarando inconstitucional la disposición. Tal declaración expulsó la norma del ordenamiento jurídico.

A partir de ese momento, los acontecimientos se precipitan y los cauces jurídicos y las actuaciones necesarias para que efectivamente se cumplan las obligaciones que la Constitución y otras leyes imponen a una comunidad autónoma se duplican, indebidamente. Duplicidad originada a causa de la constante presión que sufre el ordenamiento jurídico en los últimos tiempos por parte de los responsables de los poderes ejecutivo y legislativo:

La reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional del año 2015 impuso a este la obligación de ejecutar sus resoluciones en caso de que alguna parte procesal lo solicitara. Algo nunca visto en el derecho comparado.

Por su parte la ley orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, dictada en desarrollo del nuevo artículo 135 de la Constitución, establece la aplicación del artículo 155 en caso de que no se cumplan sus preceptos por parte de alguna comunidad autónoma.

Consecuencias: por un lado el Estado, a través del Ministerio Fiscal, activa la ejecución de la sentencia de 5 de julio de 2017 del TC, para impedir que se celebre el referéndum, recurriendo a la vía penal, por actuar las autoridades de Catalunya por la vía de los hechos consumados e incurrir en un posible delito de desobediencia (cuestión está nada clara, pues solo se puede cometer ante instrucciones de la administración y el TC no es administración) e incurrir también en los posibles delitos de prevaricación y malversación.

Por su parte, de acuerdo y en ejecución de la misma sentencia del TC de 5 de julio de 2017, el Gobierno de España, por su propia cuenta e iniciativa, activa los mecanismos previstos en la ley orgánica 2/2012, que obligan a la activación del artículo 155 en caso de que a nivel financiero y presupuestario no se cumplan las normas, interviniendo las cuentas corrientes bancarias, la tesorería y en definitiva, todas las finanzas de la comunidad autónoma de Catalunya, en busca de la posible financiación del referéndum. Las cuentas ya estaban intervenidas en parte, pero a partir de la orden de la comisión delegada del Gobierno del 16 de septiembre de 2017, se intervino todo. (El grupo parlamentario de los senadores de Podemos ha recurrido dicha orden porque el Gobierno no cumple los requisitos del artículo 155 de la Constitución, al aplicarlo sin convocar al Senado. El recurso ha sido admitido por la sala tercera del Tribunal Supremo y al publicar este texto está pendiente de la contestación del Gobierno y de su resolución, ya que se está tramitando como recurso preferente).

No consta a día de hoy ningún desvío de fondos ni ninguna partida presupuestaria gastada en el referéndum, a efectos de prueba ante los tribunales. Incluso la intención de la correspondiente consejería catalana de licitar la compra de urnas fue rápidamente bloqueada por el Ministerio Fiscal y los tribunales mediante actuaciones penales contra la consejera.

El Parlamento de Catalunya aprueba dos normas a principios de septiembre, en dos controvertidos plenos, los días 6 y 7. Una de ellas, denominada ley del referéndum y otra denominada ley de transitoriedad jurídica (para el caso de que como consecuencia de la primera y del resultado del hipotético referéndum, fuera posible transitar hacia un estado independiente, en forma de república parlamentaria, del territorio y los habitantes de Catalunya).

Ambas son inmediatamente recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de España y suspendidas en cuestión de horas. La suspensión de dichas normas se publica no solo en los boletines oficiales estatales, sino también en los boletines de oficiales de la comunidad autónoma de Catalunya y del Parlamento de Catalunya. Ayer se ha declarado en sentencia la inconstitucionalidad de la ley del referéndum. Fuera también del ordenamiento jurídico.

El Ministerio Fiscal insta nuevas actuaciones penales ante el tribunal competente, en este caso, el Tribunal Superior de Catalunya, para que se proceda a la ejecución forzosa de las resoluciones del Tribunal Constitucional al respecto de la suspensión de las leyes sobre el referéndum y la transitoriedad.

Nuevamente, y antes del dictado del auto de medidas cautelares en las correspondientes diligencias previas 3/2017 por la sala de lo civil y de lo penal, de 27 de septiembre, en el cual se dan instrucciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que no se abran los locales en los que celebrar el referéndum, en caso de estar abiertos se cierren y en todo caso, se incaute todo el material relacionado, a cumplir única y exclusivamente el día 1 de octubre, el Gobierno antes de tener constancia de nada al respecto, desplazó un número de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de varios millares a Catalunya, por “si acaso”. Continúan desplazados a día de hoy.

Inhabilitados todos los campos y vías de validez jurídica del referéndum, el día 1 de octubre de 2017, incomprensiblemente, en los locales previstos inicialmente se encuentran urnas y papeletas y se procede por un número considerable de ciudadanos a introducirlas en las urnas a lo largo de la jornada. Además se producen, en determinados centros públicos o en sus aledaños, un número de cargas policiales contra ciudadanos que obstaculizan la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. No se producen detenciones. Al final de la jornada, al no existir autoridad electoral en relación al referéndum, por haber dimitido o haberse disuelto, no se produce ningún efecto legal.

Hasta ahí los hechos jurídicamente relevantes, que por lo descrito, son un cúmulo de actos de aprobación, suspensiones y/o nulidades.

El pasado día 10 de octubre, se celebra un pleno en el Parlamento de Catalunya en el que se preveía una sesión de control al Gobierno en forma de comparecencia (una de las actividades ordinarias de cualquier Parlamento), en la que se suponía que por una parte, el presidente de la Generalitat iba a dar por válidos los resultados de ese cúmulo de suspensiones y anulaciones y, tras la votación por parte del Parlamento (en aplicación de la ley de transitoriedad suspendida por el Tribual Constitucional) de una declaración de independencia, este iba a proclamar la República de Catalunya.

En el diario de sesiones no consta ninguna actividad ni actos que supongan tales hechos.

Se ha documentado por los medios de comunicación la firma por la mitad de los parlamentarios de una declaración de voluntad al respecto, en una sala del edificio del Parlamento de Catalunya ese mismo día, sin más valor que el puramente propagandístico.

¿Por qué y contra qué se activa el artículo 155 de la Constitución y qué se pretende?

Si, como se ha podido documentar y comprobar, se trata de que la comunidad autónoma de Catalunya cumpla las obligaciones que la Constitución y otras leyes le imponen, en relación con los hechos del día 1 de octubre, que simulan un referéndum, que carece en el ordenamiento jurídico de existencia y efectos, esto es, un hecho que además ya ha sucedido, ningún sentido tiene dar instrucciones a las autoridades y tomar medidas tal y como previene el apartado segundo del artículo 155 para cambiar el pasado. Parece racionalmente imposible.

Toda la actividad del Estado se ha dirigido a impedirlo y finalmente el Estado no lo ha logrado. Pero una vez sucedido, y dado que no produce efectos, solo quedarían las correspondientes actuaciones por parte de y en los tribunales de justicia contra las personas que lo “perpetraron”. Nada más. Ni el estado de derecho ni la Constitución necesitan del artículo 155 para producir consecuencias legales derivadas de lo sucedido el día 1 de octubre.

Si, en cambio, tal y como anticipaban las ordenes de la comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (publicadas en los boletines oficiales del Estado los días 22 de julio, 16 y 18 de septiembre de 2017, en los que se aplica sin cumplir los requisitos ni los cauces formales ni oficiales el artículo 155 de facto y se intervienen todas las cuentas del comunidad autónoma de Catalunya) se entiende que la comunidad autónoma esta actuando gravemente contra los intereses generales de España, mediante actos no jurídicos, sino mediante manifestaciones y actuaciones meramente políticas de sus autoridades y parte de sus representantes parlamentarios, entonces cabría plantearse que medidas e instrucciones puede presentar el Gobierno de España al Senado para su aprobación y con ellas evitar o detener el actuar contra los intereses generales, identificando previamente en que consisten esas actuaciones y que efectos están produciendo.

En las órdenes se menciona (literalmente) que “se está perjudicando de forma grave la confianza sobre la situación financiera de Catalunya, y son elementos que podrían afectar negativamente a la imagen de estabilidad de la situación económica del conjunto de España, e incidir sobre los principales indicadores económicos que miden dichas circunstancias, como son la prima de riesgo, la calificación crediticia y el acceso a los mercados financieros”.

Si consideramos que hasta ahora es lo único que ha podido suceder y que puede afectar gravemente a los intereses generales de España, no se entiende que se adopten más ni diferentes mediadas de las meramente financieras, por otra parte, ya ejecutadas y en marcha desde hace un mes.

Si, lo que se quiere es forzar cambios políticos fuera de la vías y cauces constitucionales, entonces es necesario analizar si eso es posible mediante el artículo 155 de la Constitución española.

Numerosas personalidades y algunos partidos políticos reclaman la disolución del Gobierno y del parlamento de Catalunya y la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas. Incluso la suspensión de la autonomía.

La Autonomía es una institución que existe porque la propia Constitución la reconoce, y su plasmación se traduce en el correspondiente Estatuto de Autonomía. No es posible suspender la Constitución ni el Estatuto de Autonomía por el Gobierno ni aún con la aprobación por unanimidad del Senado.

Una actuación similar ya se produjo y ejecutó durante la II República Española, mediante la Ley de 2 de enero de 1935, que suspendió la vigencia del Estatuto de Autonomía de Catalunya, sustituyendo a la autonomía completamente el Estado. La Ley fue recurrida ante el Tribunal de Garantías Constitucionales (el Tribunal Constitucional de la República), que declaró su inconstitucionalidad en la sentencia de 5 de marzo de 1936. Suspender una autonomía suponía infringir la Constitución y su estructura organizativa de poderes públicos. Ni el Gobierno ni el Senado tienen competencias para realizar tal actuación, ni la misma se podría encajar de ningún modo admisible en derecho en las instrucciones y medias que prevé el artículo 155.

El antecedente es fundamental. Ambas situaciones y supuestos normativos son similares.

La otra posibilidad exigida al Gobierno por numerosas personalidades y por algunos partidos políticos supone la celebración de elecciones. Supondría dar instrucciones al Gobierno de Catalunya para que disuelva el Parlamento y convoque elecciones. Además de que no es posible ejecutarla forzosamente en caso de que no sea obedecida (suponiendo que tal instrucción fuera posible), tampoco cabe imaginar como el Gobierno puede proceder a disolver el Parlamento por si mismo y a convocar elecciones sin violar a su vez la Constitución y numerosas leyes. Contamos con otro antecedente como guía para saber por qué no es posible esta opción.

En la tramitación parlamentaria del texto constitucional de 1978, se propuso por la UCD una enmienda (con el número 957, diario de Sesiones, 7 de agosto de 1978) que fue rechazada, y que disponía lo siguiente:

“Los órganos regionales podrán ser disueltos si las medidas adoptadas no se cumplen o también por razón de seguridad nacional. La disolución requerirá el acuerdo favorable del Senado en el primer caso y el de ambas cámaras en el segundo. Se nombrará una comisión gestora integrada por personas elegibles para la Asamblea de la comunidad autónoma, según el Estatuto de la misma. Esta comisión convocará elecciones dentro del plazo de tres meses y despachará mientras tanto los asuntos urgentes a reserva de ratificación por los nuevos órganos de la comunidad.

Si la disolución tiene por causa razones de seguridad nacional, la comisión gestora actuará durante el tiempo y con las facultades que señale el Gobierno, previo acuerdo favorable de las cámaras. Al cesar la comisión gestora se procederá a las nuevas elecciones para los órganos regionales.“

El constituyente rechazó tal posibilidad. Si la misma se contempló y se rechazó, pudiendo haberse incluido, es claro que no se quería optar por una solución a un posible conflicto de tal naturaleza.

A día de hoy, se nos antoja imposible, sin incumplir la Constitución y las leyes, cualquier medida derivada del artículo 155 que pretenda sustituir a la voluntad manifestada por el pueblo catalán en las urnas, forzando unas nuevas elecciones.

La Constitución autoriza e incluso obliga a adoptar medidas para el cumplimiento de las normas o para detener una actuación contraria a los intereses de España, pero no a cambiar gobiernos “salidos” de unas elecciones legítimas. Puede que a muchas personalidades no les guste la composición del parlamento de Catalunya, ni su Gobierno, ni las actuaciones de ambos, pero eso no significa que se pueda dar un golpe institucional amparándose en el artículo 155 y acabar con el poco prestigio democrático que nos queda.

No olviden además que para aquellos diputados que se han opuesto a todo lo votado, seria una aberración jurídica que además se les privara del derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución por la conducta de otros.

Hay soluciones legales a todo este embrollo político, otra cosa es que se quieran utilizar. Ni el Gobierno de España está utilizando las correctas, ni el Gobierno de la Generalitat usa las posibles vías legales para sus fines. Y ambas existen.

La verdadera motivación para plantear mi candidatura, la necesidad de completar con propuestas concretas, tangibles, que se pueden hacer ya, mañana, al resto de documentos.

En el día en que Podemos dio la campanada en las elecciones Europeas, yo viví una situación muy peculiar. Concurría a aquella cita en las listas del Partido X, un “rival directo”, podríamos decir. Sin embargo, el resultado de Podemos me causó la misma alegría que si hubiera sido mi lista la que se alzase con cinco eurodiputados. La razón es muy simple. Éramos lo mismo, queríamos las mismas cosas: una salida justa de la crisis, una verdadera redistribución de la riqueza, una mejora de los servicios públicos, regenerar de verdad la política y las instituciones, formar un frente común contra la austeridad impuesta desde el norte de Europa, etc.

Hoy vivimos una coyuntura convulsa en Podemos. Los conflictos internos y la competición exacerbada nos hacen olvidar que somos lo mismo, que queremos lo mismo y que, por encima de matices tácticos o estratégicos, nuestros verdaderos rivales están ahí fuera y ahí arriba.

Obviamente, la dinámica en la que nos encontramos no es casual. Ha sido alimentada por la construcción del partido de una determinada manera, vertical, jerárquica, poco democrática y poco garantista. Incluso las personas que diseñaron el Podemos de Vistalegre I reconocen ahora que se equivocaron y que hay que hacer un cambio de rumbo.

Como yo siempre he creído en el primer Podemos, desbordante, distribuido, descentralizado –¡pura potencia democratizadora!–, de cara a este segundo Vistalegre decidí colaborar con la gente de Profundización Democrática, que ya presentaron, en la primera Asamblea Ciudadana, un modelo de organización más coherente con lo que creíamos y queríamos que debiera ser Podemos.

Tras muchas reuniones, enmiendas y transacciones, de Profundización Democrática salió una propuesta ilusionante: más participación, más transparencia, más descentralización, menos acumulación de poder, una Comisión de Garantías independiente, sistemas de votación más proporcionales, etc. Aunque ahora tocaba lo difícil: incluir estas propuestas en alguna candidatura con opciones de ganar.

Tras largas e intensas negociaciones, fue el equipo de Recuperar la Ilusión el que accedió a incluir buena parte de nuestra propuesta en su borrador organizativo, quedando un documento final que sobrepasa, con creces, lo que se puede encontrar en los otros dos (Podemos en Movimiento y Podemos para todas). Tan participativo, tan transparente, tan democrático, tan abierto, tan plural, que incluso mucha gente se ha mostrado escéptica con que el equipo de quien fuera uno de los padres de ese rodillo que fue CQP (Claro que Podemos) vaya a cumplir algo así. Personalmente, no voy a perder un minuto en desconfiar del equipo que ha adoptado nuestras propuestas. Si desconfiase de la intención del equipo que representa a una buena parte de este partido, no se qué demonios haría en este partido. Todos podemos equivocarnos, ellos saben que se equivocaron y ahora quieren apostar por un modelo distinto: ¡bienvenido sea!

Pero junto a la propuesta organizativa, también elaboré un documento político, no porque no me gustasen los que ya había presentados –me gustan tanto que firmaría los tres–, sino porque los veía insuficientes. Las propuestas políticas de Pablo, de Íñigo y de Urbán podrían encajarse, resultando un maravilloso relato del mundo que nos gustaría. El problema es que no les veo concreción, no les encuentro un plan, unos primeros movimientos, unos pasos a seguir.

Así, ninguno termina de explicar qué pasa si ganamos y se nos amenaza de un corralito, como en Grecia. Ninguno aclara –más allá del típico recurso de la reforma fiscal– de dónde sacar los ingresos suficientes para elevar el gasto público. Ninguno incide en detalle en uno de nuestros mayores problemas: el energético. Y, por si fuera poco, todos se olvidan de la participación. Sí, lo digo en serio, se olvidan de que participar no es un parche, de que la soberanía reside en el pueblo y de que la representación política no puede ser un cheque en blanco que se firma cada cuatro años. Nadie presenta ninguna propuesta que pueda proteger a la gente de una mayoría parlamentaria. Es decir, nadie sabe solucionar el problema que ya plantease, a voz en grito, el 15M: no nos representan.

Esta ha sido la verdadera motivación para plantear mi candidatura, la necesidad de completar con propuestas concretas, tangibles, que se pueden hacer ya, mañana, al resto de documentos. Me hubiera encantado poder presentar mi propuesta política sin necesidad de ser candidato a nada, pero el diseño de Vistalegre no me lo ha permitido, de modo que aquí estoy, no para competir, sino para aportar unas cuantas ideas.

La primera es que no podemos seguir funcionando como en el siglo XIX, ni en Podemos, ni en España ni en Europa. La idea de que sean un puñado de representantes los que tomen decisiones por nosotros, y que tan solo podamos elegir quiénes son esos representantes, tenía sentido hace décadas, cuando no existía Internet o cuando los niveles de alfabetización eran muy bajos. Hoy día, ya podemos controlar en tiempo real lo que hacen nuestros diputados y participar, junto a ellos, en la elaboración y en la votación de las leyes, cuando queramos, cuando algo realmente nos interese.

La segunda es que no podremos quitarle el poder a la banca mientras esta controle todo nuestro dinero. Pero, si el dinero, hoy día, no es más que una anotación contable en un servidor, ¿por qué cada persona no puede ser su propio banco? Yo quiero que el Banco de España me dé un número de cuenta y que ahí se me ingrese mi nómina, y desde ahí hacer yo mis pagos. Y si quiero mayor rentabilidad, pues me iré a un banco y aceptaré un interés mayor a cambio de que el banco juegue a invertir con mi dinero. Pero si no estoy dispuesto a esto, no tengo por qué entregarle mi dinero a un banco. Además, este sistema de pagos que propongo ayudaría a la Hacienda Pública a combatir eficazmente el fraude fiscal, uno de los grandes problemas de nuestro país.

La tercera propuesta es tan necesaria que es vital para nuestra supervivencia. Con los recursos naturales que tenemos, es absurdo que sigamos dependiendo energéticamente de importar petróleo y gas, importaciones que nos cuestan un pico anualmente, a lo que tenemos que sumar el otro pico que pagamos a una mafia que se encarga de suministrarnos electricidad. Investigación, puestos de trabajo, una energía verde y mucho ahorro. No entiendo cómo no hemos hecho ya una transición a otro modelo energético. Bueno, sí lo entiendo.

La cuarta propuesta suele pasar desapercibida en los programas de todos los partidos y, por desgracia, también en los documentos de Pablo, Íñigo y Urbán. El conocimiento es poder, pero el conocimiento es libre. No puede ser que una farmacéutica demande al Estado miles de millones por un medicamento esencial para que los enfermos de hepatitis C sigan viviendo. No podemos consentir que la investigación que se hace en la universidad pública sea aprovechada por empresas que, ya sea por contratos mal pagados o por patentes abusivas, son las que al final le sacan rendimiento. No puede ser que la Administración Pública derroche millones de euros en software privativo. Debemos fomentar la investigación y el desarrollo técnico e intelectual con fórmulas abiertas de propiedad, que recompensen el esfuerzo de los investigadores pero que no se aprovechen del copyright para ganar miles de millones a costa de privatizar el conocimiento.

Por último, no podemos dejar pasar lo que está sucediendo en la justicia. Nos alarmamos con la Ley Mordaza o con las tasas judiciales, pero casi no se ha hablado de la Ley de “punto y final”, ideada no para descongestionar la justicia –como dicen–, sino para cerrar en falso sus casos de corrupción. Una justicia independiente necesita un órgano realmente independiente y su propio presupuesto. Necesitamos más juzgados y más jueces, y que los altos tribunales no se nombren a través del intercambio de cromos entre los partidos.

Ya sé que faltan muchas más cosas (servicios públicos, garantías laborales, pensiones…) y no se me olvidan. Estas cosas sí que las he encontrado en las propuestas del resto de equipos y, como me parecen bien, pues no hace falta incluirlas en la mía. Y es que, al contrario que en unas elecciones generales, yo no vengo aquí a enfrentarme a nadie, vengo a aportar lo que puedo y lo que sé al conjunto de personas que, a través de un proyecto, intentamos cambiar el rumbo de este país. Quizás, si recordásemos siempre esto, de Vistalegre II saldría un partido fuerte pero distribuido, cohesionado pero plural, eficaz pero democrático y, sobre todo, lleno de ideas.

Ha vuelto a suceder. Con los antisistema en las instituciones, ocupando puestos de responsabilidad pública, tenemos garantizado los abusos y las violaciones de las normas más elementales, además de la falta de respeto a los principios básicos de convivencia en una sociedad que proclama como valores supremos de su ordenamiento la justicia y el pluralismo político.

El día 9 de enero de 2017 se ha publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (nº 377) la resolución del presidente que pretende dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 3766/2015. No es de las mejores del TC, pero es una sentencia, y por tanto es obligatorio cumplirla.

Lo primero que llama la atención es que se ha hecho realidad (se ha ejecutado) el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No antes. La propia sentencia estableció el día de su dictado, el 28 de noviembre de 2016, esa anomalía. Cualquier abogado que haya ganado un recurso de amparo sabe que no se conoce el caso de que un tribunal haya dicho que hasta que la sentencia que lo otorga se publique en el BOE (lo que puede tardar un mes o más), el condenado debe seguir privado de libertad, por poner un ejemplo.

Las resoluciones de los tribunales, debidamente notificadas, tienen efectos respecto a las partes del proceso desde su notificación. El plazo para interponer un recurso, en el caso de que fuera posible, o una simple aclaración o corrección de un error material del que adoleciera la resolución del TC no se contaría desde su publicación en el BOE, sino desde la notificación. Y el Parlamento de Andalucía debiera haber ejecutado la sentencia desde que tuvo conocimiento formal y procesal de ella, esto es, desde el día 12 de diciembre si no recordamos mal.

Probablemente el TC ha querido con esa anomalía (decir en la propia sentencia que sería efectiva a su publicación en el BOE, no antes) darle tiempo a la institución para resolver el problema que creaba. Tiempo que se ha malgastado, y siempre buscando como eludir las consecuencias de los actos propios por parte de que quien ostenta el poder y se ha visto obligado a cumplir las leyes por imponerlo el TC. Tiempo que se ha usado para, en vez de solventar los problemas, retorcer de nuevo las normas y violentarlas.

El derecho parlamentario es una rama jurídica que presenta ciertas anomalías. Su aplicación no está sujeta al control de los tribunales, y sólo lo vigila el propio TC. Naturalmente eso no impide que los conflictos de intereses que surgen y sus soluciones no puedan efectivamente confrontarse con el ordenamiento jurídico y obtener respuestas satisfactorias y justas. Siempre y cuando los afectados quieran. El problema es que los afectados no quieren.

Ni en este parlamento, ni en general en ningún otro, rigen principios tales como el de gobernabilidad o estabilidad, principios inexistentes jurídicamente. Deben regir principios que sí existen, entre ellos el de legalidad, pluralismo, respeto a las minorías y participación democrática. La resolución del presidente, que supuestamente se limita a ejecutar la sentencia sobre la composición de la Mesa de la Cámara, no los tiene en cuenta. Y opta por vulnerar, de nuevo, la legalidad.

El artículo 27, punto 2, del Reglamento del Parlamento de Andalucía no admite muchas interpretaciones respecto a esta cuestión: la Mesa de la Cámara está formada por siete miembros. No dice ocho, ni seis y medio. Dice 7. Matemáticamente siete = siete. En ese momento, y a mediando votaciones diferentes para elegir la presidencia, las tres vicepresidencias y las tres secretarias, algunos grupos, en vez de hacer honor a su esencia: negociar, confrontar, pactar y resolver problemas, prescindieron del sentido común y prefirieron buscar la satisfacción de sus intereses partidistas antes que cualquier otro.

Podemos, que suele ser respetuoso con la legalidad, no entró en ese juego. Por ese motivo, y porque el artículo 36 obliga a que todos los grupos estén en la Mesa de la Cámara, nosotros no presentamos ningún candidato para ocupar la segunda plaza (una secretaría) que por número de escaños nos correspondería. Ni participamos en la votación. ¿Ingenuos porque creemos en el principio de justicia y en el pluralismo? Como creemos en la ¡democracia, entendimos que necesariamente C's e IU tenían un derecho, fuera de toda duda. ¿Para qué forzar la situación si no cabía, ante la existencia de cinco grupos, ninguna otra interpretación que no fuera que todos debían estar?

Podríamos haber jugado al juego de enredar las cosas y perder de vista el objetivo primordial que es que las instituciones funcionen y sirvan a los ciudadanos que nos pagan. Podríamos haber presentado una candidatura y el resultado de la votación hubiera sido que el tercer puesto en las secretarías lo ocupara Podemos. O podíamos haber hecho que el miembro de IU obtuviera 20 votos, relegando a C's.podíamos haber hecho que el miembro de IU obtuviera 20 votos, relegando a C's. Ninguna opción nos parecía inteligente, pues todas significaban un abuso y una burla al artículo 36. Y en general, algo innecesario.

En la Mesa de la Cámara sólo puede haber siete, a menos que reformes el reglamento y pongas ocho o hagas algo para que todo siga igual de mal. Y a día de hoy, tanto el artículo 27.2 que establece que somos siete, como el artículo 36, que dice que TODOS los Grupos deben estar en la Mesa, siguen vigentes.

Esta sentencia introduce variable nueva en todo el asunto. Pudiera plantearse qué hubiera sucedido si en vez de cinco grupos hubieran resultado ocho, por ejemplo. Pero la realidad no es esa. La realidad es que hay cinco grupos, y que el artículo 36 existe. La política ficción es muy divertida a la hora de tomar unas cañas, pero para dictar resoluciones y plasmarlas en documentos oficiales, no tanto.

Durante el proceso, los diferentes actores han sido invitados a participar y personarse en las diversas formas que cabían, como interesados. Curiosamente, ninguno lo ha hecho, ni PSOE, ni IU, ni C's: a todos ellos podía afectarles el resultado de la sentencia; a Podemos, no. Tras la sentencia, de nuevo vuelven a hacerse las cosas mal y no se respeta el derecho.

¿Cuál es la razón que permite ahora al presidente saltarse e incumplir el artículo 36 si antes, sobre su base, se decidió que IU debía estar sí o sí, y para ello se vulneró un derecho fundamental, el del artículo 23 de la Constitución Española expulsando a quien no se debía? ¿Y ahora esa misma razón permite expulsar al miembro de IU?

La razón es la voluntad de poder por encima de todo, de los principios morales, éticos, legales y constitucionales. La razón es el estado de podredumbre en que continúan nuestras instituciones. La razón es el incumplimiento sistemático de las normas y principios porque quienes son los llamados a defenderlas, por los antisistema disfrazados de defensores de orden y de demócratas.

La razón no es otra que el hecho de que la correcta y recta aplicación supone la pérdida de poder por el PSOE en la Mesa del Parlamento de Andalucía, y por tanto, la posibilidad de que la oposición sea la que determine el devenir de la institución.

Estamos hablando de un partido que se dio un autogolpe institucional y que en lugar de cumplir las normas, convocar un Comité Federal para cumplir escrupulosamente con la única posibilidad que le imponían sus estatutos, cual era fijar la fecha de un congreso para nombrar nueva ejecutiva, optó por una junta militar hasta que el pueblo estuviera en condiciones de celebrar nuevas elecciones. Huy, perdón, no quise decir eso. Disculpas, que eso no viene a cuento.

No se puede discutir que hay un artículo que habla de siete miembros en la Mesa de la Cámara. Se plasma en la realidad mediante la existencia de siete despachos, siete personas de auxilio a los miembros, siete coches oficiales (bueno, cinco, C's y nosotros renunciamos, los demás, viven todos en otras provincias) y sus chóferes. Esto no puede discutirse.

Y si se quiere cumplir la sentencia y la ley, la solución no es la adoptada. La solución es que quien debe salir de la Mesa de la Cámara es la persona que ocupa la primera secretaría [dicho esto desde el respeto y afecto que tenemos después de más de un año trabajando juntos todas las semanas menos las de agosto] cargo que ocupa el PSOE. Esa es la verdadera razón de por qué se ha vuelto a violar la Ley.

Si efectivamente hay un problema, se solucionará como se crea conveniente, pero desde luego no violando los derechos de las minorías. Un exacto cumplimiento de la sentencia exige lo siguiente: el representante de IU continúa, el de C's, también. No hay excusa posible. No hay ocho grupos y no hay problema alguno al respecto de las plazas posibles. No lo hay. La “culpa” de la sentencia es la incorrecta actuación del PSOE. Quien debe sufrir las consecuencias es él, la mayoría, no IU, la minoría, a quien precisamente dotamos de normas de protección.

Y no. El resultado ha sido que hoy se ha expulsado, sin ningún motivo legítimo e ilegalmente al representante de IU, vulnerando claramente su derecho reconocido en el reglamento. La Mesa de la Cámara debió haber quedado constituida el lunes 9 de enero de 2017 de la siguiente manera: presidencia, PSOE; vicepresidencias: PSOE, PP y Podemos; secretarías: PP, C's e IU.

Y si se quiere respetar el resultado de una votación, o si se quiere salvaguardar el derecho de la diputada del PSOE, que no tiene sentencia a su favor aún, pues se reforma el reglamento y se hace lo que deba hacerse. Pero mientras tanto, es la mayoría la que debe ceder, porque de esa forma no se incumplen ni la sentencia ni la ley.

La actual Mesa del Parlamento de Andalucía tiene un vicio de nulidad en su composición difícil de justificar. Un miembro nato por ley no estará según una resolución de la presidencia que entendemos es aún más ilegal que la determinó el recurso de amparo.

La pregunta, señorías, es muy simple: ¿por qué se ha expulsado a IU, a quien la ley reconoce su derecho de manera directa, en vez de ceder legal y democráticamente su plaza el PSOE, al PP, tal y como se deduce de una aplicación-ejecución de la sentencia conforme al ordenamiento jurídico y a los principios del parlamentarismo?

La respuesta, igual de simple, la enunciamos al principio: porque al mando están personas a las que les da igual el sistema, y si es necesario, para mantener el poder, se lo saltan, porque son ellos los antisistema.

En los procesos internos de Podemos que ya se han lanzado todo el mundo habla a las claras de superar/enterrar/transformar/... Vistalegre. Pero lo que resulta más asombroso (o no tanto) es que nadie está proponiendo nada concreto para hacerlo

La propuesta de organización y participación que presentamos se caracteriza por volver a dar sentido a los Círculos. Por un lado, eliminando esa doble estructura municipal que suponía la existencia de Círculos y Consejos Ciudadanos Municipales

Se cierra un ciclo en Podemos. Pasada la época de los comicios, es momento de analizar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, para lo cual es imprescindible evaluar si el modo de funcionar que establecimos en la Asamblea de Vistalegre es lo que necesitamos para este nuevo ciclo que se abre.

En este sentido, nos alegra ver que hay una asombrosa unanimidad entre todas las sensibilidades que habitan Podemos. En los procesos internos que ya se han lanzado, en declaraciones públicas, redes o foros de debate, todo el mundo habla a las claras de superar/enterrar/transformar/... Vistalegre. Pero lo que resulta más asombroso (o no tanto) es que nadie está proponiendo nada concreto para hacerlo.

Centrándonos en Andalucía, constatamos que todas las iniciativas, candidaturas o espacios presentados hasta ahora, de cara a la inminente Asamblea Ciudadana Andaluza, presentan manifiestos con ideas comunes y perfectamente complementarias: descentralización, participación, federalización, municipalismo, revitalizar los Círculos, feminización… Si tuviéramos que decidirnos por un manifiesto exclusivamente, nos costaría bastante hacerlo. Todos suenan muy bien. El problema es que estos manifiestos no se ven acompañados por propuestas organizativas y participativas a la altura. Muy por el contrario, lo que vemos son pequeñas e insuficientes modificaciones al modelo organizativo actual. De hecho, las candidaturas optan a copar los mismos órganos y cargos creados en la Asamblea de Vistalegre.

Suponemos que Einstein sabía de lo que hablaba cuando dijo que había que hacer las cosas de manera diferente para obtener resultados distintos, por lo que somos bastante escépticos con todos los manifiestos presentados hasta ahora, pues ninguno está siendo acompañado de una propuesta que pueda materializarlo. Esta disonancia se ve agravada, además, por el Reglamento de Primarias elaborado por la Ejecutiva de Podemos, que impone la homogeneidad de las propuestas con el modelo actual, dejando poco margen a la novedad si no se desobedece.

Pero como nosotros no somos muy buenos en eso de obedecer y cumplir con modelos y órganos que nos parecen fallidos y antidemocráticos, nos hemos concentrado en hacer realidad lo que las diferentes iniciativas presentadas hasta ahora prometen en sus manifiestos.

La propuesta de organización y participación que presentamos se caracteriza por volver a dar sentido a los Círculos. Por un lado, eliminando esa doble estructura municipal que suponía la existencia de Círculos y Consejos Ciudadanos Municipales. De facto, los CCM vaciaban de contenido y funciones a los Círculos, favoreciendo el desánimo, el aburrimiento y la frustración que han llevado a la desmovilización y el hartazgo de buena parte de las bases. Existiendo Círculos municipales o de barrio, tiene poco sentido que las decisiones se tomen en un órgano completamente separado. Por tanto, proponemos la eliminación de los CCM y sus secretarios generales para que el Círculo territorial vuelva a ser el espacio de propuesta, deliberación y toma de decisiones, dotándolo de responsables y áreas, cuya función no es dirigir sino asegurar que todo funciona bien. Mandar obedeciendo.

Por otro lado, encontramos actualmente que los Círculos sectoriales (sanidad, educación, vivienda, economía…) han sido también sustituidos por las “áreas” del partido, espacios no muy abiertos donde se deciden las posiciones respecto de estos ámbitos. De nuevo, proponemos refundir áreas y Círculos sectoriales, para que sean el verdadero motor de Podemos en la investigación, elaboración y propuesta, desde el rigor, de alternativas y políticas públicas.

Junto a los Círculos sectoriales y territoriales, proponemos la creación de Equipos de apoyo, que garanticen el buen funcionamiento de los círculos, el abastecimiento racional de recursos y el correcto flujo de la información. Estos Equipos contarían con personas elegidas en las provincias, mezclando votación y selección por sorteo, de manera que se desincentiven los intentos de control de órganos a través de listas y planchas.

La clave de todo este diseño se encuentra en la constitución de espacios colaborativos, con reuniones periódicas, en las que personas de los distintos órganos pongan en común cuáles son las líneas de trabajo que se están llevando a cabo, compartiendo experiencia, coordinando acciones y construyendo, al final, un proyecto colectivo y colaborativo de partido y de Comunidad.

Junto a la propuesta organizativa presentamos otra participativa, describiendo cómo una persona cualquiera puede aportar ideas y trabajo en cualquier ámbito del partido, cómo una iniciativa individual podría convertirse en un punto programático o en una prioridad del Grupo Parlamentario. Además, adjuntamos un sistema de participación integral para la elaboración de leyes que combinaría la acción de todos los órganos del partido, de los Equipos, de las oficinas provinciales, del Grupo Parlamentario y de los actores sociales relacionados con la iniciativa legislativa que se quiera presentar.

La propuesta participativa se cierra afianzando un mecanismo de rendición de cuentas de Círculos y Equipos que sirva, además, para establecer las líneas y la dirección política de Podemos Andalucía, a través de votaciones abiertas de los diferentes trabajos y propuestas que se vayan elaborado por periodos de seis meses. De esta forma, serán las bases y las personas inscritas en Podemos las que evalúen y decidan cuáles son los objetivos y necesidades prioritarias que debe abordar el partido.

Toda esta propuesta la podéis encontrar en la web www.andalucíacomolaquemas.org, y no implica que, como autores, vayamos a presentarnos a nada. De hecho, ponemos este trabajo a disposición de todas las candidaturas y espacios, de todo Podemos, para que lo 'remezclen' y mejoren, pues somos conscientes de que es sólo un punto de partida en la construcción de una organización más útil, abierta, participativa, democrática y mejor. Y, a pesar de que supone una transformación importante de las estructuras que funcionan actualmente en Podemos, esperamos que la dirección actual del partido vea en esta propuesta una oportunidad de mejorar, en lugar de un desafío a sus posiciones, y no intente bloquearla amparándose en reglamentos internos.

Para construir el partido del que hablamos, el partido que queremos, hay que empezar por creernos lo que decimos para, después, ponerlo en práctica. ¡Vamos!

Sí, han leído bien el título. Desahóguense, láncennos lo que tengan a mano, despotriquen. No, no estamos locos. Es cuestión de analizar los escenarios y realizar una elección racional.

Escenario 1. Lo que todo el mundo espera ahora es que el rey encargue a Mariano Rajoy formar Gobierno, y que éste lo haga con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE, postura ésta que sostienen sus pesos pesados, encabezados por Susana Díaz y Felipe González.

La política legislativa, en este escenario, la impulsaría el PP y tendría que ser apoyada por Ciudadanos y el PSOE y, quizás en aspectos profundamente antisociales, por algún nacionalismo conservador. El que la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria partan del PP nos garantiza llevarla a los extremos de la crueldad, de la austeridad y la intolerancia sufridas en la anterior legislatura.

El papel de Unidos Podemos, en este escenario, sería prácticamente irrelevante, como cuarta fuerza política en protagonismo legislativo y mediático, limitándose a oponerse a todo, sin posibilidad real de incidir en cualquier proceso legislativo. Ostracismo. Y, aun así, el rostro público de la oposición sería el del PSOE, aunque sólo se limitase a suavizar algunas políticas propuestas por el PP. La esperanza de Unidos Podemos es que la complicidad del PSOE con el PP termine por hacerle mella y, en las siguientes elecciones, poder materializar el ansiado sorpasso.

Escenario 2. En caso de no alcanzarse ningún acuerdo para la investidura, nos encaminaríamos a las terceras elecciones generales consecutivas. Viendo la tendencia, no es descabellado augurar una victoria aún mayor del PP y, en función de cómo se atribuya la responsabilidad del bloqueo, se repartirían los batacazos entre PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos.

Escenario 3. La guerra de sucesión en el PSOE ha vuelto. Pedro Sánchez se niega a dar por investido a Rajoy, mientras que Susana Díaz presiona en esa dirección para ocupar el trono de Ferraz. Su plan es muy simple y viene de tiempo atrás: descabezar a Pedro, esperar que los recortes que están por venir minen al PP, forzar elecciones en un par de años y presentarse como la salvadora de España. Este plan da por sentado que Unidos Podemos optará por el escenario 1 pero, ¿qué pasaría si no es así?

Imagínense que Unidos Podemos declara abiertamente que va a votar sí a la investidura de Sánchez, sin exigir ningún puesto, quizás alguna reforma que compartan ambos partidos e, incluso, Ciudadanos (Ley Mordaza, reforma electoral, reforma laboral…). Y, una vez investido Sánchez, Unidos Podemos se va a la oposición.

Comparado con el primer escenario, este tercero compartiría que el grueso de las leyes las aprobarían entre PSOE, Ciudadanos y el PP, que comparten un ideario próximo a la austeridad y a las políticas fiscales y laborales impuestas por la troika. Sin embargo, la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria ya no serían del PP, sino del PSOE, un mal menor empírico, un neoliberalismo de rostro más amable, si lo prefiere el lector, con algo más –aunque sea poco– de sensibilidad social.

En este escenario, el PSOE se encontraría con dos oposiciones, la del PP por la derecha y la de Unidos Podemos por la izquierda, de manera que el partido de Iglesias no desaparecería en la irrelevancia. Cualquier ley que quisiera aprobar un gobierno del PSOE tendría que apoyarse en el PP o en Unidos Podemos. La primera opción cumpliría con las expectativas de desgaste del PSOE, albergadas para el Escenario 1. La segunda opción permitiría realizar políticas más sociales que, de otra forma, quedarían en manos del PP.

Pero hay más. Esta jugada dejaría a Susana Díaz y al sector más conservador del PSOE en fuera de juego, al suponer un balón de oxígeno para Sánchez, revitalizando al sector más joven del partido frente al más viejo, siendo coherente con otras experiencias de gobierno locales o autonómicas que, con sus luces y sus sombras, mejoran con creces los gobiernos anteriores (Madrid, Barcelona, Comunidad Valenciana…).

En definitiva, comparando los Escenarios 1 y 3, tendríamos que el 80% de la política legislativa sería prácticamente igual en ambos escenarios, sacada adelante por PP, PSOE y Ciudadanos, pero en el Escenario 3 hay espacio para suavizar impactos de los recortes (y al hablar de suavizar hablamos de reducir el sufrimiento de millones de personas). En el Escenario 1, el PSOE sería la oposición, relegando a Unidos Podemos a la nada, mientras que en el Escenario 3, UP sería el contrapeso real del PP en materia legislativa. En ambos escenarios, el PSOE sufriría desgaste, en el 1, por permitir el gobierno del PP y apoyar el grueso de las leyes; en el 3, por apoyarse mayoritariamente en el PP para llevar a cabo su política legislativa. Y, por último, creemos que el Escenario 3 permitiría a Unidos Podemos reflejar una imagen de pragmatismo y racionalidad que en los seis meses de investidura anterior había quedado bastante deteriorada.

Somos conscientes de los cortocircuitos que este escenario puede producir, sobre todo, en la militancia más activa de Unidos Podemos. Realmente, los cortocircuitos se producirían también en el PSOE, en el PP y en el grueso de los medios de comunicación, que esperan que UP se escore definitivamente hacia el rincón del Congreso al que nadie mira ni hace caso. Pero apostamos por este movimiento audaz para evitar que un partido de tintes mafiosos siga a la cabeza del Gobierno de nuestro país. No podemos permitir que sigan utilizando a la policía, a los servicios de inteligencia, a la justicia o a la televisión como herramientas para tapar sus tropelías y para incriminar arbitrariamente a la oposición política. No podemos permitir más leyes Mordaza, ni tasas judiciales, ni impuestos al sol.

Y ahora, ¿les sigue pareciendo una locura?

Un par de andaluces, entre PER y PER y mientras nos tomábamos unas cañas en el bar, tras una buena siesta, os cedemos solidariamente el trabajo que ya hemos realizado y que permite hacer real el derecho a decidir de los catalanes

Queridos catalanes,

Observamos desde Andalucía cómo avanza la campaña electoral y comenzamos a preocuparnos por vosotros, no porque queráis la independencia, o seguir en España, sino porque parece que los candidatos no se están tomando muy en serio lo que dicen, o porque no van a saber hacerlo.

Nosotros, que somos unos convencidos de esto de la democracia, estamos encantados de que reivindiquéis el derecho a decidir pero, igualmente, tenemos la sensación de que muchos de los políticos que allí lo invocan no lo quieren realmente, es decir, lo utilizan como arma electoral, o lo quieren sólo para lo que les interesa.

Total, que para que no os vayan a tomar el pelo, unos u otros, como os vienen haciendo desde hace años, aquí un par de andaluces, entre PER y PER y mientras nos tomábamos unas cañas en el bar, tras una buena siesta, os cedemos solidariamente el trabajo que ya hemos realizado y que permite hacer real el derecho a decidir de los catalanes, pero a decidir sobre otras cosas también, sobre todo: independencia, presupuestos generales, impuestos, medio ambiente...

Se trata de una propuesta de reforma del Reglamento del Parlament, consistente en introducir el derecho a votar las cosas que allí se discuten, a votarlas por los y las catalanas que quieran, en conjunción con sus representantes. Esta reforma legal no es un referéndum, por lo que las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, que hicieron inútil, por ejemplo, el simulacro de consulta del año pasado, no le son de aplicación. La potestad para reformar el Reglamento del Parlament es únicamente del propio Parlament, luego no hay en ella ningún vicio de inconstitucionalidad. Ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado, ni ningún otro legitimado podrá plantear un recurso de ningún tipo contra esta propuesta, salvo que quiera arriesgarse a poner en duda la democracia y la misma legitimidad del Tribunal Constitucional y a hacer un poco el ridículo.

Si los partidos catalanes se tomasen en serio esto del derecho a decidir, aprobarían esta reforma mañana y la llevarían, por supuesto, en su programa electoral. Al día siguiente de ser aprobada, la gente podría empezar a participar realmente en el diseño de la Catalunya que desean, pero de una manera vinculante, no de mentirijilla. El censo electoral estaría legalmente a disposición del Parlament, la propia Administración Electoral tendría la obligación de colaborar y verificar y, en definitiva, se obtendría lo que con tanto empeño buscáis –dentro del respeto a las leyes y a la Constitución– y parece ser que no encontráis.

Desde luego, éste es el instrumento dentro del marco constitucional, legal y estuario para realizar la tan ansiada consulta. Basta una Proposición No de Ley, una Moción, o cualquier otro acto parlamentario que requiera una votación, respecto a la separación o independencia, y tendréis no una consulta, sino una decisión de todos los catalanes, representantes y ciudadanos votando conjuntamente, irreprochable legalmente. Que eso conduzca a una independencia reconocida en la comunidad internacional, es otra historia pero, si lo hacéis, dad por seguro que habréis abierto una puerta a una nueva época política. En vuestras manos queda. 

¡De nada!

La jugada lógica, pragmática y funcional sería reformar el Reglamento del Parlament para introducir unas pocas líneas más de código que permitieran a los catalanes votar las leyes que allí se proponen

Rajoy tiene un problema. Artur Mas tiene un problema. Los catalanes, los españoles, los canarios, tenemos un problema.

“El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos”, cantaba Pablo Milanés. Y al igual que envejecemos las personas, también lo hacen las cosas que ideamos y construimos. La Historia no es más que una sucesión de cambios, transformaciones y revoluciones. Un no parar de nacer y morir gente, cosas... y Regímenes.

Este Régimen del '78, un sistema operativo programado en un lenguaje y con un código que ya cuenta con algunos cientos de años, se muere. En estos años han acaecido guerras, avances tecnológicos, cambios en los valores culturales, en las conductas, en los patrones de justicia, en definitiva, en nuestra manera de comprender el mundo. El Régimen del '78 y el Régimen del '78.cat (que diría Guillem Martínez) tienen un problema. Paradójicamente, o no tanto, han basado su supervivencia en un enfrentamiento continuo. Los dos viven (o sobreviven) si se pelean, mucho y fuerte, aunque terminen por darse apretones de manos, abrazos y hasta besos a la hora de repartirse el pastel. Cuanto más se gritan y se pelean, más fieles ganan para su causa.

El problema es que los argumentos se acaban y el burro idea nuevas formas de alcanzar la zanahoria, y el palo y la cuerda que sujetan la zanahoria cada vez se hacen más cortos, como las patitas de la mentira... y de los mentirosos. En esta situación, con los otros pilares del Régimen (en todas sus versiones, lenguas e identidades) desmoronándose, el órdago ha llegado a su clímax: “queremos votar”, “volem votar”. Un reclamo jugoso, incontestable, incuestionable, la misma y pura esencia de la democracia. Pero, ojo, no elegir a quien vota por nosotros (el palo, la zanahoria), sino votar de verdad, decir sí o no, esto me gusta, esto no me gusta, por aquí no paso, ¿qué hace usted votando por mí? ¿por qué vota usted por mí?

La zanahoria ha transmutado en consulta y se ha disfrazado de voto, que no son lo mismo. Bajo un discurso de radicalidad democrática se esconde un mero sondeo de opinión, pero aquí entra el Guardián de la Constitución, para recordarnos que eso de consultar sólo lo puede hacer el Gobierno, el Régimen'78.es, que tiene registrada la marca Referéndum y sucedáneos. Y como el Régimen'78.cat no quiere, bajo ningún concepto, pensar fuera del recipiente, sacar los pies del tiesto, se ha empecinado en meter un gol con la mano, a sabiendas de que el árbitro lo va a anular, pero con la esperanza de que, en los debates posteriores, tan sólo se hable de si la mano era voluntaria o no, de si el árbitro estaba comprado o de si es “justo” que en el fútbol esté prohibido darle al balón con la mano.

Artur Mas y el resto del Régimen'78.cat han renunciado a meter un gol de verdad, optando por una opción que tenía las de perder desde el principio, con la intención de jugar, una vez más, con las esperanzas de muchos catalanes. Al Régimen'78.es eso le viene de perlas, porque puede hacer lo propio con sus tifosi.

Si a Artur Mas le importase de verdad el derecho a decidir (sobre todo) y no, simplemente, recibir palmaditas en la espalda, o una oferta de renovación de su contrato laboral, o un sitio en el Cielo de los Próceres de la Patria Catalana, no hubiera planteado una Ley de Consultas, condenada a muerte antes de nacer, sino que hubiera buscado otras fórmulas que, de verdad, pusieran en un aprieto al árbitro. Quizás, meter un gol con el hombro, esa parte del cuerpo que no nos atrevemos a decir si es brazo o si es torso. De habérselo planteado en serio, el Régimen'78.cat no habría atacado el tema a través del referéndum, una herramienta inútil en nuestro ordenamiento, sobre la que las Comunidades Autónomas no tienen nada que decir. Si de verdad quisiese que los catalanes decidieran (pero sobre todo), se habría hecho fuerte en el búnker del Estatut y en las competencias exclusivas que su blindaje constitucional le otorga.

Así, la jugada lógica, pragmática y funcional sería reformar el Reglamento del Parlament para introducir unas pocas líneas más de código que permitieran a los catalanes votar las leyes que allí se proponen, algo que ya se hizo, por ejemplo, en la Comunitat Valenciana, para permitir a sus señorías votar desde casa, a través de Internet, en caso de encontrarse indispuestos para acudir a trabajar. Los Reglamentos que regulan el funcionamiento de los Parlamentos Autonómicos son competencia exclusiva de las Comunidades, que tienen potestad absoluta para determinar su funcionamiento. De esta forma, si Artur Mas hubiese desenganchado la zanahoria del palo y se la hubiera dado a la gente, a modo y en forma de derecho a votar, de verdad, en el sitio donde se aprueban las leyes, el Tribunal Constitucional y el Régimen'78.es no lo tendrían nada fácil a la hora de anular el gol. Pero esta jugada es demasiado peligrosa, primero, porque acaba con el fantasma de España como opresor, segundo, porque la gente votaría todo, no sólo lo que le conviene al Régimen y tercero, por consiguiente, porque esto significaría acabar con el Régimen en sí, en cualquiera de sus formas. El Régimen tiene un problema, se llama Democracia.

El 14 de mayo del presente año, el BOE publicaba la denominada Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, un texto de urgencia que el Gobierno sacaba presionado por la alarmante realidad de los desahucios en España, por la sentencia del TJUE, que consideraba abusivas habituales cláusulas de los contratos hipotecarios, y tras rechazar, mediante su radical transformación, la ILP propuesta por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

No vamos a entrar en profundidad en el contenido de esta nueva ley para demostrar que, en ningún caso, pretende “reforzar la protección a los deudores hipotecarios”, como reza su nombre. Pero sí que vamos a entrar en un apartado fundamental de la norma, que reforma el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), relativo a las causas y al procedimiento por el que una persona puede oponerse a la ejecución hipotecaria de su vivienda. En la nueva redacción que se le da al citado artículo, se incluyen (a la fuerza) como causa de oposición las cláusulas abusivas identificadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han servido a muchos afectados, desde la sentencia, para suspender su inminente desahucio.

Pero esta reforma escondía una trampa tras la presunta protección a los deudores hipotecarios. En el capítulo III, artículo 7, punto 14, existe un apartado (número 4) que establece que “contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva podrá interponerse recurso de apelación. Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicten”.

Esto, traducido a un lenguaje más simple, significa que, en un hipotético caso en el que un banco intente ejecutar una vivienda y su propietario alegue alguna causa legal para oponerse, si el juez estima la oposición y detiene la ejecución, el banco tiene derecho a apelar esa resolución en una segunda instancia. Por otra parte, si el juez da la razón al banco y desestima la oposición, la persona ejecutada no tiene ese derecho a un posterior recurso. Por una misma causa o cuestión, la ley le concede un recurso al banco, pero al ejecutado hipotecado, por la misma cuestión, insistimos, no.

Esta nueva redacción del artículo 695 altera considerablemente su contenido, ya que antes no había posibilidad de recurso para ninguna de las dos partes. Sin duda, el hecho de que las cláusulas abusivas permitieran ahora la interposición de muy justas oposiciones (por imposición del TJUE, no por voluntad del Gobierno) ha motivado a los redactores de la Ley 1/2013 a favorecer o compensar a la parte ejecutante, entidades de crédito, con la posibilidad de recurrir los fallos en su contra. De nuevo el Gobierno legislando en favor de los bancos.

Aunque este pequeño pero importante detalle ha pasado prácticamente inadvertido, el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 7 de Avilés acaba de elevar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional alegando que esa reforma, que permite recurrir a una de las partes una sentencia en su contra pero no la misma sentencia cuando se le da también en su contra a la otra, vulnera los derechos fundamentales recogidos en los artículos 14 y 24 de la CE, a saber, el de igualdad ante la ley y el derecho a una tutela judicial efectiva. Es tan elemental la desigualdad introducida por el Gobierno que no hay precedentes en materia civil de algo así.

Efectos de la inconstitucionalidad

Los efectos inmediatos derivados de esta cuestión de inconstitucionalidad consisten en la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria hasta que el Tribunal Constitucional emita una sentencia sobre la constitucionalidad o no de ese apartado de la norma. Conociendo los plazos de este tribunal, podemos hablar de varios años con el procedimiento de ejecución suspendido, sin que el banco pueda desahuciar a las personas que habitan el inmueble. A menos que el Gobierno rectifique rápidamente y, de paso, nos dé una explicación de por qué, en caso de rectificar, se ha vuelto a equivocar a favor de los de siempre.

Probablemente sin quererlo, el Gobierno acaba de posibilitar con este ¿error? garrafal en la redacción de la nueva ley la interposición de miles de oposiciones en las que, bien de oficio o bien a instancia de parte, los jueces deban suspender la ejecución elevando la misma cuestión de inconstitucionalidad, hasta que el TC la resuelva. Una muestra más de que, cuando se hacen las leyes aprisa y corriendo, pensando en satisfacer al poder financiero, al final se termina quedando en evidencia, demostrándose realmente para quiénes gobiernan.

En realidad, probablemente no se trate de un error, sino de una forma injusta hasta el extremo de evitar que los tribunales decidan sin recurso sobre millones de cláusulas abusivas impuestas en millones de contratos a los consumidores. La opción de permitir los recursos era correcta, pero permitirlo sólo a los bancos y no a los hipotecados supera todos los límites de una política que ya no parece dirigida a beneficiar a los bancos sino que, pocas dudas caben ya, está hecha por los propios bancos.

Merece la pena leer la resolución judicial:

Auto del Juzgado de 1ª Instancia de Avilés by eldiario.es