La vida y la obra de Suárez ofrecen un conjunto de claroscuros que dificultan su valoración. Se dirá que los claroscuros son una característica de todos los seres humanos pero en el caso de Suárez es un rasgo muy característico: los primeros 44 años de su existencia muestran a un arribista de escasas convicciones que sólo busca el triunfo social a través de los enredos políticos de la Dictadura. En los 38 últimos encontramos un político inteligente que gobernó menos de cinco años y con gran dignidad y que encontró al final de su vida toda clase de desgracias familiares, profesionales y de salud.

A diferencia de otros políticos, Suárez es un personaje muy trasparente en su vida... salvo en el tema más relevante de su existencia que fue su dimisión. Tanto los historiadores profesionales (como Juan Francisco Fuentes con su Adolfo Suárez. Biografía política, 2011) como los periodistas que han aportado biografías más próximas (Carlos Abella, José García Abad, Abel Hernández, Gregorio Morán, Victoria Prego) y hasta los colaboradores que se han decidido a narrar vivencias o recuerdos (Fernando Ónega, Manuel Ortiz) nos proporcionan una trayectoria propia de un arribista que quiere triunfar en una Dictadura.

Sin otra cualificación profesional que una mediocre licenciatura en Derecho, supo aproximarse a personajes del régimen que le proporcionaron, primero, medios de vida y, luego, el acceso a cargos políticos de cierta importancia (gobernador civil, procurador en Cortes, director general de RTVE). La carrera del arribista culmina cuando, a la muerte del dictador, es nombrado ministro secretario general del Movimiento, es decir, ministro del partido único que, a la altura de 1975, era un cascarón sin nada dentro.

Pero ese arribista llega a la Presidencia del Gobierno por decisión del rey y, en connivencia con el monarca y con Torcuato Fernández-Miranda (que a la muerte del dictador prefirió presidir las Cortes que el Gobierno) diseña y ejecuta una política de salida de la dictadura con la que conecta con la oposición democrática.

El terceto formado por el rey, Fernández-Miranda y Suárez (a los que luego se unió Gutiérrez Mellado), en negociación cada vez más pública con la oposición democrática, hizo aprobar en las Cortes de la dictadura la Ley de Reforma Política que creó el marco normativo para celebrar elecciones democráticas y, al tiempo, legalizó partidos y sindicatos y se implicó especialmente con el Partido Comunista de España. Porque con los comunistas no sólo se arriesgó con su legalización (una operación inteligente cuyo eventual riesgo sólo se entiende por el fanatismo de los altos mandos militares de la época), sino que también propició la detención de los asesinos fascistas de la matanza de Atocha. El tema no es baladí porque otro presidente no se habría implicado en la persecución de los asesinos.

Con el motor del cambio democrático funcionando a muchas revoluciones, era muy difícil que Suárez se retirara cuando se iban a celebrar las elecciones de 1977. No lo hizo pero no fue capaz de crear un partido que le fuera fiel. Montó un partido de retales donde la ambición predominaba sobre la inteligencia política cuyos dirigentes quisieron desde muy pronto escorarle a la derecha (cuando él ya se había convertido en un político centrista) y, además, desplazarle.

Así se explica su inesperada dimisión en enero de 1981 aunque en la misma influyeron probablemente otros factores que a día de hoy desconocemos (¿presiones militares, comportamiento del rey en la línea de su abuelo que nombraba y cesaba presidentes del Consejo de Ministro a su gusto?).

Hay que decir que, mientras presidió el Gobierno, Suarez cada vez tenía más conciencia de su nueva personalidad. Cuando en 1979 el periodista Gregorio Morán publicó Adolfo Suárez. Historia de una ambición, que era un texto demoledor, tuvo la inteligencia de no darse por enterado y no intentó ninguna operación dirigida a impedir la difusión de la obra. No todos los gobernantes actúan así.

Después del cese, Suárez creó otro partido, el Centro Democrático y Social, con el que volvió a equivocarse creyendo que alcanzaría un score electoral digno y continuado. Con su nuevo partido, Suárez cometió algún error histórico (como cuando, a través de Agustín Rodríguez Sahagún, derribó al alcalde socialista de Madrid, Barranco, sin comprender que la Alcaldía que alcanzó era un triunfo efímero del que luego se valdría el Partido Popular para apalancarse y arruinar Madrid).

Tras su paso por el Centro Democrático y Social, Suárez se convirtió en el protagonista de una tragedia griega, como se titulaba el libro que le dedicó García Abad. Porque al dejar la política acudieron a buscar a Suárez la ruina y la muerte. Sin apenas medios económicos, con la muerte rodeando a su mujer y a su hija, Suárez sólo descansó cuando la enfermedad de alzhéimer le arrebató la conciencia y la memoria. Es probable que el Decreto de 1992 que regula el estatuto de los expresidentes se dictara para paliar su situación económica.

Cuentan sus colaboradores que Suárez se preparó psicológicamente ante la eventualidad de ser secuestrado por ETA, con objeto de morir con la dignidad de un presidente del Gobierno. Esa actitud le hizo actuar con valentía el 23F. Pero si la última actuación de Suárez como presidente fue enfrentarse a un delincuente es porque el afán arribista de sus años jóvenes había sido trastocado por el cargo de presidente del Gobierno: el cargo cambió al personaje y, desde julio de 1976, el personaje se esforzó por dar dignidad al cargo.

En enero de 1981 probablemente se creyó obligado a dimitir pero su dimisión fue voluntaria. Eso explica también que un personaje que había alcanzado el summun de lo que podía esperar un arribista político, la Presidencia de un Gobierno, abandonara el cargo porque ya no podía ejercitarlo con dignidad.

La figura de Suárez evoca el prototipo del personaje público que muere joven. Fracasado como presidente y como fundador de un segundo partido, tragado por la enfermedad de su familia, es posible que no tuviera conciencia de la importancia de su obra, la obra de un arribista transformado en un presidente digno que dirigió la operación que nos trajo la democracia a España.

Que una medida tan contundente sea presentada por el Partido Popular y que acuda a su presentación su candidato por Barcelona otorga a la operación un aire electoral y sucio que resta toda credibilidad a la iniciativa

Se pretende que sea el Tribunal Constitucional el que adopte las medidas más duras como la destitución del presidente de una comunidad autónoma

La proposición de ley que ha presentado el 1 de septiembre el Grupo Parlamentario Popular con el fin de reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es una de las iniciativas más desleales y más inútiles que ha conocido la política española desde que entró en vigor la Constitución.

En primer lugar, sin entrar en los aspectos concretos de la propuesta hay que destacar que una medida de tantísima importancia debería emanar del Gobierno, previa negociación con los partidos parlamentarios. La medida que se considera más contundente para parar jurídicamente una eventual declaración de independencia de Cataluña tiene que ser negociada muy cuidadosamente con la oposición y ha de hacerlo el Gobierno, no el grupo de vicarios agresivos que tiene en el Congreso, sobre todo cuando, vista la redacción, el texto ha sido preparado en algún Ministerio. Pero el hecho de que una medida tan contundente sea presentada por el Partido Popular y que además acuda a su presentación su candidato por Barcelona otorga a la operación un aire electoral y, al mismo tiempo, sucio que resta toda credibilidad a la iniciativa. Y si había duda no hay más que ver la presentación que han hecho Hernando, el portavoz popular en el Congreso, y el candidato García Albiol, que sólo han dicho groserías políticas y banalidades jurídicas. ¿Y esperan que así les vote alguien en Cataluña?

Es igualmente grave que, además, el partido proponente quiera tramitar la iniciativa mediante el trámite de lectura única y por urgencia. Es cierto que si Rodríguez Zapatero reformó la Constitución por ese procedimiento ya creó un mal precedente. Pero que se hiciera una vez no impide que sea criticable el procedimiento porque limita mucho las posibilidades de debate. Por cierto, ¿no habría sido conveniente que dictaminara el Consejo de Estado, aunque no sea preceptivo?

Pasando al contenido de la proposición que pretende, según dice, reforzar la ejecución de las decisiones del Tribunal Constitucional, hay que decir antes que nada que la ejecución de sentencias y autos del Tribunal Constitucional ya está asegurada por la Ley orgánica que quiere reformar el Gobierno a través del Partido Popular, pues su artículo 87 establece la obligación de los poderes públicos de cumplir lo que el Tribunal resuelva con el poyo preferente y sumario de los Juzgados y Tribunales.

Si era innecesaria la reforma, ¿qué se pretende? Se pretende que sea el Tribunal Constitucional (¿el Pleno, su Presidente, una Sala?) el que adopte las medidas más duras como la destitución del presidente de una comunidad autónoma. Y la destitución vendría dada no por participar en la declaración de independencia sino por desobedecer al Tribunal. Y no se sabe hasta dónde llegaría el poder del Tribunal, pues se prevé que podrá recabar auxilio de cualquier administración. ¿Incluso la administración militar?

Las medidas pueden ser necesarias, pero no se puede poner al Tribunal Constitucional como brazo ejecutor de la política que corresponde al Gobierno, quien debe actuar autorizado por el Senado a través de lo previsto en el artículo 155 de la Constitución, que prevé situaciones similares. Pero el Gobierno ha preferido una vía atípica, que le evita negociar con la oposición para organizar unos instrumentos que puedan atajar la declaración de independencia y donde el Gobierno no actúe por propia iniciativa sino a las órdenes del Tribunal. Así sólo se consigue dar votos a la extraña coalición Romeva-Junqueras-Mas.

El borrador de Ley Orgánica para la protección de la seguridad ciudadana puede conculcar la seguridad jurídica, el derecho de manifestación y la libertad de expresión

El borrador de Ley Orgánica para la protección de la seguridad ciudadana que empieza a conocerse rebasa todos los temores que se difundían hace algún tiempo. Es un instrumento para impedir y reprimir las protestas ciudadanas y, por ello, puede contener artículos inconstitucionales.

En primer lugar, sin entrar en regulaciones singulares, el borrador filtrado es doctrinario, reiterativo y hasta pretende ser denso pero bajo esa densidad solo hay la utilización desmesurada de conceptos jurídicos indeterminados que, según quien aplique la Ley, pueden ser utilizados para aminorar las garantías de los ciudadanos en beneficio de prácticas rutinarias de las fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Es preocupante, de entrada, un artículo como el 3º, que relaciona los fines de la Ley. En el ámbito de las libertades públicas los conceptos indeterminados de configuración legal que pretenden completar los principios constitucionales son siempre peligrosos aunque sólo sea porque van a ser interpretados y aplicados por una pluralidad amplísima de sujetos (desde un Delegado del Gobierno hasta un cabo de la Guardia Civil) que pueden tener visiones y concepciones diferentes, lo que crea inseguridad jurídica para los ciudadanos porque los conceptos no son precisos. Tanto fin indeterminado recogido en ese artículo 3º (respeto a las leyes, a la paz, preservación de la seguridad y convivencia ciudadanas) conllevan una minoración del principio constitucional de seguridad jurídica (artículo 9º) porque al amparo de unos conceptos abiertos e indefinidos se puede prohibir el ejercicio de derechos y libertades y se pueden sancionar con una desproporción notable, como veremos más abajo. Incluso el borrador llega al ridículo cuando pone como fin de la futura Ley “[L]a erradicación de cualquier forma de violencia”.

Pero si en algunas expresiones el borrador es ridículo en otras expresiones es peligroso: es fin de la Ley “[L]a prevención de la comisión de delitos y faltas y de infracciones administrativas directamente relacionadas con los fines indicados en los párrafos anteriores…”. Esta es una expresión totalitaria porque otorga a la Administración aplicadora de la Ley, es decir, a los órganos del Ministerio del Interior y a los Delegados y Subdelegados del Gobierno, una atribuciones exorbitantes sobre la vida y los intereses de los ciudadanos. Peor aún, con unas atribuciones que descansan en fines exorbitantes, el Ministerio del Interior y los Delegados y Subdelegados del Gobierno (es decir, la parte del Gobierno encargada de velar por las libertades) pueden caer en la tentación de utilizar políticamente a las Fueras y Cuerpos de Seguridad para sofocar las protestas de los ciudadanos.

La regulación de la entrada y registro de domicilios cuando no se dispone de consentimiento previo de su propietario o de autorización judicial es, a mi juicio, más abierta aún que la que contenía el artículo 22.2 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionalidad mediante sentencia 341/1993. Es más abierta la regulación porque si en 1992 se justificaba la entrada policial por la constancia de que se había cometido o se estaba cometiendo un delito, el borrador de 2013 se limita a justificar esa entrada por algo tan cerrado como la necesidad de evitar daños inminentes y graves. Eso era inconstitucional en 1993 pero con el actual Tribunal a lo mejor deja de serlo.

Pero más allá de estos puntos, lo que realmente resulta preocupante es el tipo de conductas que constituyen infracciones muy graves. Así, con una redacción alambicada y oscura se prohíben manifestaciones con finalidad coactiva e inobservancia de la Ley reguladora del derecho de reunión (se entiende en lo que se refiere a notificación previa). Aquí el Gobierno respira por la herida del 13 de marzo de 2004 pero puestos a tipificar conductas quizá sería útil tipificar las mentiras sobre la autoría de atentados terroristas. Constituye infracción grave usar capuchas, cascos y objetos que cubran el rostro y las ofensas a España, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales y la incitación a través de medios de difusión a realizar comportamientos de alteración de la seguridad ciudadana…y así hasta treinta y un supuestos graves (más siete muy graves y dieciocho leves).

La técnica tipificadora de cincuenta y seis infracciones no es inconstitucional, es ridícula. En el Derecho penal y en el Derecho administrativo sancionador que tipifica actuaciones mediante una descripción excesivamente minuciosa y casuística es una técnica muy deficiente porque pone en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la utilización de muchos conceptos que no siempre se ajustan a la conducta a perseguir. Los redactores del borrador no han actuado con rigor: han empezado a recordar sus experiencias policiales y las han transformado en categorías jurídicas de muy escaso vuelo. Los delitos se persiguen y la seguridad ciudadana se implanta con categorías juridicas abstractas y generales, con el último incidente que sufrió una Unidad de Intervención Policial.

Mención aparte merece la tipificación como infracción menor del uso de imágenes de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Es cierto que cuando estos policías reprimen de manera desproporcionado, como ocurrió en la estación de Atocha, actúan conforme a las órdenes de sus mandos, por lo que habría que filmar a los mandos policiales y a los responsable políticos que han ordenado reprimir a los ciudadanos con desproporción. Pero también es cierto que con el actual Gobierno algunos funcionarios han incurrido en excesos y esos excesos se deben conocer, no ocultar.

Igualmente se deben citar las manifestaciones cuya finalidad sean las injurias o calumnias a las instituciones públicas, autoridades, agentes de la autoridad o empleados públicos y la falta de respeto de de la consideración debida a la autoridad o a sus agentes… Dicho de otra manera, los ciudadanos sufren, con el actual Gobierno, la pérdida de sus derechos sociales (sanidad, enseñanza, transporte) y la expropiación de sus derechos laborales y esas sustracciones se complementan ahora con la represión de las manifestaciones de los ciudadanos que protestan con la expropiación de sus derechos.

Este borrador (que ha sido debatido en la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios, lo que denota una voluntad de rápida remisión a las Cortes) puede conculcar la seguridad jurídica, el derecho de manifestación y la libertad de expresión y afecta a todos los derechos de ejercicio colectivo como el de huelga y el de reunión cuyas exteriorización en la vía pública puede verse perturbada. En el Ministerio del Interior habrá sido con la aquiescencia de algunos mandos policiales pero es un mal servicio que prestan alas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los que lanzan a medidas represivas propias de la Dictadura. Y todo para sofocar la protesta ciudadana que cada vez recorre más calles españolas en defensa del Estado Social que les están arrebatando.

Al cabo de treinta y cuatro años, la Constitución se ha rutinizado, es decir, tiene eficacia pero esa eficacia no se valora, como nadie valora el oxígeno que respiramos hasta el momento en que nos falta. Ese el primer valor de una Constitución: que ordena la vida social de un pueblo sin que apenas se note. Eso explica que muchos ciudadanos no la valoren o no sientan apego por el texto normativo, sobre todo porque hay ya muchas generaciones de españoles que no han conocido otra cosa. En cambio, para quienes vivieron la Dictadura el tener o no tener Constitución es el paso de la noche al día. Con la Constitución disfrutamos de dos cosas que faltaban en el franquismo: las libertades y derechos (que nos hacen personas libres) y la forma de gobierno democrática, que nos permite elegir a los gobernantes (lo que nos hace ciudadanos).

Es cierto, sin embargo, que toda Constitución provoca frustraciones entre los ciudadanos, especialmente porque los derechos y libertades se ejercitan y se disfrutan de una manera que puede parecer restrictiva frente a los enunciados nítidos de los artículos constitucionales. Cuando la Constitución dice que los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada o cuando proclama el derecho a la salud (que ya está en riesgo con la privatización sanitaria de la Comunidad de Madrid), muchos ciudadanos pueden pensar que la Constitución se incumple o que contiene enunciados vacíos. Hay que decir que, hasta 2012, la Constitución se ha cumplido en todos aquellos artículos que eran de directa aplicación pero también se debe señalar que no todos los artículos de la Constitución tienen la misma eficacia jurídica. Hay muchos preceptos directamente aplicables (la investidura del Presidente del Gobierno, la regulación de los Decretos-Leyes) pero otros muchos, especialmente, los que regulan los derechos y libertades, necesitan leyes de desarrollo porque un artículo de setenta y cinco palabras no puede regular por completo el derecho de reunión, por ejemplo. Además, la Constitución, por el momento en que se elaboró, catalogó como principios rectores de la política social y económica la última “generación” de derechos sociales, que son un mandato para orientar las políticas públicas pero no tienen la eficacia directa e inmediata: ahí están derechos como el de la vivienda, el pleno empleo, la protección a la salud, etc.

Pero estos derechos no son papel mojado: sin la eficacia directa del derecho de reunión o el derecho a la intimidad personal, tienen dos características. En primer lugar, son un límite a políticas públicas regresivas: si un Gobierno (como el actual) diseña y ejecuta políticas atentatorias contra el derecho a la salud infringe la Constitución. Además, cuando el artículo primero de la Constitución empieza diciendo que España se constituye en un Estado social, esa noción de Estado se compone de varios pilares, entre los que están varios de los principios rectores de la política social y económica.

Es verdad que ese conjunto de derechos sociales y de principios no se pueden invocar con la misma fuerza jurídica que cuando una autoridad quiere limitar el derecho de manifestación, por ejemplo. Y también es verdad que al máximo defensor de la Constitución, el Tribunal Constitucional, sólo acceden los ciudadanos mediante el recurso de amparo tras un recorrido (generalmente largo) ante otros Tribunales. Todo ello hace creer a mucha gente que la Constitución se incumple. Hasta hoy, la Constitución se cumple pero no todos sus artículos tienen la misma eficacia. Incluso los más escépticos deben recordar que gracias a un artículo como el 47 (derecho a una vivienda digna) los ciudadanos, los partidos o los sindicatos tienen más fuerza y legitimidad para reclamar del Gobierno políticas de vivienda más intensas y eficaces.

Otra cosa es que, al día de hoy, el Gobierno del Presidente Rajoy está quebrando el pacto constitucional que se basaba en una potente Estado social. El Gobierno actual, mitad por ideología, mitad por responder a intereses empresariales muy chatos, está dedicado a demoler los pilares del Estado social (derechos sanitarios, educativos, laborales, a la Seguridad Social). Ahí, las vías para parar esta demolición del Estado social y esta vulneración de la Constitución son más débiles porque cualquier recurso ante el Tribunal Constitucional tarda demasiado. Pero el hecho de poder decir que la brutal restricción de los derechos sanitarios o laborales que sufrimos vulnera la cláusula del Estado social viene a probar la eficacia protectora que posee la Constitución. La Constitución envuelve los derechos de los ciudadanos y sigue siendo un marco de referencia para protegerlos.

Antes de entrar en las posibles consecuencias jurídicas y políticas de la propuesta de la presidenta Cospedal, conviene avanzar dos consideraciones. En primer lugar, llama la atención que la iniciativa provenga de la figura política que más sueldos, retribuciones y percepciones ha cobrado en España, situación que, según parece, ha intentado prolongar por vía conyugal. En el camino de Génova a Fuensalida, la presidenta de Castilla La Mancha se ha caído del caballo y ha descubierto las bondades de la austeridad retributiva, descubrimiento tardío que resta credibilidad moral a la propuesta.

En segundo lugar, ¿la iniciativa de la presidenta Cospedal es compartida por la secretaria general Cospedal? Porque la propuesta no procede de un presidente autonómico cualquiera que ha podido alumbrar su idea en una noche de insomnio. Se trata de una propuesta de la secretaria general del Partido Popular y hay que pensar que la dirección de este partido, incluyendo a su presidente, está de acuerdo con extender el plan a todas las Comunidades Autónomas. ¿O lo que decide la presidenta Cospedal no lo conoce la secretaria general Cospedal?

Avanzadas estas consideraciones, hay que recordar que la exigencia de que los miembros de los Parlamentos se dedicaran íntegra y profesionalmente a su trabajo político es una reivindicación de los partidos obreros y socialistas desde finales del siglo XIX, a fin de que pudieran acceder al Parlamento todos los ciudadanos y no sólo los que poseyeran una fortuna personal. Es cierto que tras el fallido golpe del 23-F el llamado Informe Enterría, que buscaba racionalizar el incipiente proceso autonómico, propuso que los miembros de las Asambleas Legislativas autonómicas no cobraran sueldos sino dietas, y así ha ocurrido durante varios años en algunas Comunidades Autónomas. Pero hubo que establecer el sistema de retribuciones permanentes porque las dietas daban lugar a muchas reuniones innecesarias y porque a partir del Pacto Autonómico de 1992 las Comunidades Autónomas (y con ello sus Parlamentos) han asumido muchas más competencias.

En el caso de Castilla La Mancha, el Estatuto aprobado en 1982 contemplaba 48 competencias de diverso alcance (exclusivas, de desarrollo legislativo, etc.), en tanto que, tras la importante reforma del Estatuto en 1997, la Comunidad Autónoma tiene atribuidas 57 competencias. Ello comporta una labor legislativa importante y una amplísima acción del Gobierno que las Cortes han de controlar. Si los diputados compatibilizan su trabajo político con su profesión (y no todos podrán hacerlo), la función legislativa y la de control han de resentirse. ¿Por qué se propone entonces esta reforma?

La respuesta no está en Toledo ni quizá en Génova. La respuesta está en la prensa conservadora que día a día, desprestigia al sistema autonómico y propone su limitación, cuando no su supresión. La derecha sociológica española marca el camino al Partido Popular y le ha ordenado que vuelva al modelo centralizador del franquismo y la iniciativa de la presidenta/secretaria general responde a esa petición pues ¿en qué queda un sistema descentralizado como el español si sus Asambleas Legislativas quedan reducidas a órganos de limitada capacidad legislativa y de control?

Además, ¿esta iniciativa tiene suficiente cobertura jurídica? Desde un punto de vista formal quizá la tenga porque no está expresamente prohibido que los parlamentarios autonómicos cobren sólo dietas. Pero materialmente la iniciativa conculca posiblemente la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Y conculca ambas normas porque la Constitución contempla que las Comunidades Autónomas tengan Parlamentos con todas sus atribuciones. Y el Estatuto de Autonomía (con más competencias que en la versión de 1982) configura un Parlamento dotado de amplísimas atribuciones legislativas y de control.

Si, por retirar los sueldos a los diputados, ambas funciones dejan de ejercitarse en su plenitud, el modelo parlamentario autonómico, ya consolidado y por ello elemento integrante de la Constitución, se verá limitado. En definitiva, se trata de una vulneración material de un modelo que forma parte de las Constitución, por lo que si se altera, también se altera la Constitución.