En la tarde del 16 de marzo de 2020 Boris Johnson compareció ante la prensa para anunciar nuevas medidas contra el coronavirus. Flanqueado por Chris Whitty, asesor médico jefe, y Patrick Vallance, principal asesor científico del gobierno, el primer ministro británico aconsejó a los ciudadanos evitar todo tipo de contacto físico innecesario y no acudir a bares, teatros ni discotecas. Johnson también solicitó que las personas que pudieran pasaran a teletrabajar y a aquellos con síntomas de la enfermedad se les pedía aislarse en sus casas con sus familias durante 14 días. A los mayores de 70 años y a los enfermos crónicos se les recomendaba un aislamiento de 12 semanas. Según Johnson, las medidas eran el comienzo de un “contraataque nacional” contra el virus, una operación sin precedentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Si bien las medidas del gobierno británico no eran especialmente duras, comparadas con las que se habían impuesto en casi todos los países de Europa, lo cierto es que significaban un giro sustancial en su política contra el coronavirus. El 5 de marzo Johnson había dicho en una entrevista televisiva que los británicos debían seguir comportándose como si no pasara nada (business as usual) y que el país saldría de la crisis “en buena forma”. El mensaje de tranquilidad recordaba mucho al famoso lema que el gobierno británico produjo ante la amenaza de una invasión alemana a principios de la Segunda Guerra Mundial: “Mantén la calma y sigue con tu vida” (Keep calm and carry on).

Una semana después de la entrevista en televisión, Johnson compareció con Whitty y Vallance para anunciar que el Reino Unido iba a seguir una estrategia completamente distinta a la del resto del mundo. Los británicos apostaban por una inmunización colectiva (herd immunity). La idea era que la población se inmunizara en masa a base de que un porcentaje muy elevado de esta (entre el 60 y el 70% de los británicos) se contaminara con la enfermedad. De este modo, si el virus volvía en un futuro próximo no tendría unos efectos tan devastadores como en su primera oleada.

La política de 'inmunidad colectiva' tenía un coste social elevadísimo, ya que podría suponer la muerte de unas 450.000 personas, y Johnson advirtió de que muchas familias tenían que prepararse para “perder a sus seres queridos antes de tiempo”. Con todo, el primer ministro quiso lanzar un mensaje patriótico de calma y acabó su intervención recordando a los británicos que superarían la epidemia del mismo modo “que habían sobrevivido situaciones más duras en el pasado, cuidando los unos de los otros y comprometiéndonos de todo corazón con este proyecto nacional”. 

El tono nacionalista del discurso de Johnson cabe enmarcarlo en un conjunto de mitos muy consolidados en el Reino Unido. Las referencias a la Segunda Guerra Mundial, que llevan asociadas la idea de que los británicos derrotaron ellos solos a la Alemania de Hitler, y las alusiones a los esfuerzos colectivos en un pasado victorioso forman parte de una mitología muy arraigada, que ayuda a explicar por qué se llegó a pensar que Gran Bretaña podía seguir una ruta distinta a la del resto del mundo para superar la crisis del COVID-19. Este discurso oficial del sacrificio patriótico también tiene por objetivo asegurarse la obediencia acrítica de los británicos ante unas políticas que han sido censuradas por la OMS, que han contribuido a la propagación del virus en Gran Bretaña y que el gobierno sabe que van a costar miles de muertes.

Como nos recordaba hace muy poco Íñigo Sáez de Ugarte en este mismo periódico, los propios diputados conservadores saben que Johnson es un darwiniano que cree en la supervivencia de los más preparados. Sobre esta base ideológica, el retraso en la toma de medidas restrictivas supone un intento por minimizar el impacto en la economía del país, aunque esto conlleve aumentar el número de víctimas del COVID-19. En esta línea cabe entender que hasta el momento no se hayan anunciado medidas de apoyo a los grupos sociales más desfavorecidos, ni se haya dado a conocer un plan de choque radical para frenar la pandemia. En el Reino Unido hay más de dos millones de personas que dependen de la caridad para comer a diario y el 22% de la población vive bajo el umbral de la pobreza.

Es muy probable que en los próximos días la situación cambie y el gobierno empiece a aplicar medidas mucho más drásticas, porque parece claro que los discursos patrióticos pueden reconfortar y disciplinar, pero no sirven para frenar la expansión del COVID-19. En muchos aspectos será demasiado tarde. La distopía que para muchos suponía una Gran Bretaña fuera de la Unión Europea y gobernada por un personaje como Boris Johnson está entrando en una nueva fase mucho más negra. Un político famoso por sus mentiras, su verborrea y su incompetencia está al mando de una país en una situación crítica. Ya no cabe estar tranquilos y seguir con nuestras vidas como si nada.

El escándalo del máster fraudulento de Cristina Cifuentes es tremendamente rico. Desde que el pasado 21 de marzo eldiario.es publicara las primeras informaciones al respecto y a medida que han ido pasando los días, el caso Cifuentes se ha convertido en un curso acelerado sobre corrupción de funcionarios, vanidades intelectuales de políticos, falsificaciones de documentos oficiales, mentiras en sede parlamentaria, desprestigio de instituciones públicas, gestión de crisis políticas, cálculos electorales, teorías de la conspiración y regalo de títulos académicos a políticos.

Uno de los temas que, como es lógico, ha sido debatido con cierta asiduidad estos días ha sido el funcionamiento de las universidades españolas y el nivel de corrupción en estas. Algunos profesores han señalado que el caso de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) es excepcional y han hecho hincapié en que la universidad española no es así.[1][2] Algo de razón tienen. El número de miembros del PP y familiares de estos colocados en esta universidad probablemente no tenga parangón en España[3] y en el mundo universitario español era bien conocido que la URJC era “el basurero académico” del PP.[4] Creada en 1996 como contrapeso de la Carlos III, controlada por el socialista Gregorio Peces-Barba, la URJC ha estado dirigida, desde sus orígenes, por una serie de rectores con serios problemas con la justicia. Pedro José González Trevijano, actual magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, fue condenado por perpetuarse ilegalmente en el cargo. Su sucesor, Fernando Suárez Bilbao es un plagiador en serie forzado a dejar su puesto en 2017 por robarle el trabajo intelectual a sus colegas de profesión. El actual rector, Javier Ramos, es el delfín de Suárez Bilbao y ha sido acusado de intentar sobornar a un profesor que en 2010 se opuso a que González Trevijano se presentase por tercera vez a dirigir la universidad[5].

Pero, por muy amplios que sean los niveles de injerencia de políticos en la URJC, lo cierto es que el caso de la universidad madrileña no es único. La connivencia entre políticos y profesores es una constante en las universidades españolas. Hace más de un quinquenio que Clara Eugenia Núñez, exdirectora general de Universidades en la Comunidad de Madrid, denunciaba que gran parte de los males que acechaban a la enseñanza superior española tenían su origen en las relaciones personales instauradas entre políticos y el lobby universitario[6]. En ocasiones estas relaciones tienen como origen la mera vanidad del político de turno. Cabe recordar que Rodrigo Rato, Francisco Camps, Juan José Ibarretxe y Javier Lambán están entre los políticos con un título de doctor. Y a nadie se le escapa que, en la mayoría de los casos, directores de tesis y miembros del tribunal tienen un vínculo político y de amistad muy estrecho con el doctorando, al cual se le dan todo tipo de facilidades para realizar su trabajo[7].

Más allá de la injerencia fruto del deseo por parte de políticos de adornar su currículo con títulos universitarios, existen motivos estructurales dentro de las universidades españolas que facilitan las prácticas irregulares. El chiringuito que a todas luces tenía montado el catedrático Enrique Álvarez Conde en el Instituto de Derecho Público de la URJC requiere la colaboración de muchos profesores. La falsificación de actas, el aceptar poner sobresaliente a alumnos que nunca pasaron por clase en un máster presencial y la no celebración de tribunales de TFM sólo es posible con una potente red de colaboradores activos y pasivos. La existencia de redes clientelares en la universidad es sobradamente conocida por todo aquel que haya trabajado en educación superior en España. En muchos aspectos, el sistema de contratación universitario está directamente relacionado con la creación de estas redes. En la gran mayoría de los casos, los puestos de profesor titular y contratado doctor salen de tribunales preparados para que el candidato de la casa obtenga la plaza. Esto conlleva problemas muy serios de endogamia y desincentiva la investigación como método de promoción académica, pero genera unas lealtades y unos servilismos de por vida.

El caso del máster de Cristina Cifuentes es un buen reflejo de una élite política que predica meritocracia, pero que vive instalada en el enchufe, el privilegio y el chanchullo[8]. A algunas universidades españolas les pasa algo parecido: promueven pensamiento crítico y esfuerzo intelectual, pero, en muchos casos, están lastradas por un sistema en el que redes clientelares fomentan el enchufe, el privilegio y el chanchullo.

Aunque la salida de Reino Unido de la UE está aún lejos de completarse, el referéndum ya ha producido cambios significativos: la Gran Bretaña de hoy es un país distinto al de hace un año

En un par de semanas se cumplirá un año del referéndum por el cual los británicos acordaron abandonar la Unión Europea. El resultado de aquella consulta sorprendió a muchos en el Viejo Continente e hizo que se encendieran las alarmas sobre la viabilidad del proyecto europeo. Doce meses después, la votación ha tenido como efecto el reforzamiento de una cierta unidad entre los gobiernos de la UE y una radicalización del discurso nacionalista en el Reino Unido. Si bien la salida del país de la UE está aún lejos de completarse, el referéndum ya ha producido una serie de cambios significativos. La Gran Bretaña de hoy es un país distinto al de hace un año.

Una de las transformaciones más significativas se ha producido en el Gobierno británico. La primer ministra Theresa May ha adoptado un discurso contra los inmigrantes y refugiados que recuerda mucho al de los ultraderechistas del UKIP. Los recientes atentados de Manchester y Londres han servido a la primera ministra para insistir en “la superioridad” de los valores británicos y vincular al terrorismo islamista con la acogida de refugiados.

Los europeos también han estado en el punto de mira de los Tories en los últimos meses. En primavera el Partido Conservador utilizó por dos veces su mayoría en el Parlamento de Westminster para impedir que se les garantizaran los derechos a los ciudadanos de la UE que residen en el Reino Unido. Pese a la oposición del resto de los partidos y de la Cámara de los Lores, los Tories defendieron su decisión argumentando que los tres millones de miembros de la UE que viven en Gran Bretaña iban a ser utilizados como moneda de cambio en las futuras negociaciones con Bruselas.

Es más, el Gobierno de May ha presentado la Unión Europea como enemigo de las ancestrales libertades británicas. En lo que parece un caso demagogia nacionalista de libro, a principio del de mes de mayo, la primera ministra acusó a “políticos y funcionarios de Bruselas” de ser una amenaza para el Reino Unido al querer interferir en las elecciones generales británicas del 8 de junio para impedir su victoria.

Los laboristas también han modificado su discurso en el último año. Jeremy Corbyn y otros muchos dirigentes laboristas han empezado a hablar de la necesidad de controlar la inmigración, de ser selectivos con quien se deja entrar en el país, de restringir, en definitiva, el número de extranjeros que llegan al Reino Unido. Corbyn también ha cambiado su posición sobre la UE. Pese a la oposición de muchos en su partido, el líder laborista votó a favor de activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa para propiciar la salida del Reino Unido de la UE. Su promesa de consultar a la ciudadanía sobre el acuerdo de salida que se alcanzará con Bruselas por medio de unas elecciones generales o a través de un segundo referéndum ha sido abandonada porque ahora se considera que esto sería ir en contra de la “voluntad del pueblo”.

El fenómeno anti-inmigración y anti-europeísta que sacude el Reino Unido es en sí muy europeo y muy poco novedoso. Hace más de veinticinco años, la socióloga Brigitte Orfali contó en su libro L'adhésion au Front National cómo la extrema derecha francesa tenía muy poco éxito electoral, pero su discurso y posicionamiento sobre inmigración habían sido paulatinamente aceptados por los partidos mayoritarios de todo el arco político. Parece obvio que lo ocurrido en Gran Bretaña en los últimos meses sigue un patrón parecido: el UKIP tiene un apoyo bastante limitado en las urnas, pero sus discursos y propuestas han sido recogidos, en diferentes grados, por conservadores y laboristas.

Detrás de este proceso existe un claro interés por hacerse con el electorado del UKIP por parte del Partido Conservador y del Partido Laborista, pero la adopción de discursos nacionalistas anti-inmigración y anti-europeístas es también reflejo de posturas xenófobas que se encuentran muy arraigadas en amplios sectores de la sociedad británica. No fue casual que en los días que siguieron al referéndum del Brexit el número de agresiones a extranjeros y minorías religiosas se disparara hasta máximos históricos, pasando de unos 120 a más de 200 ataques semanales.

Pero, quizás, más significativo aún es el elevado número de agresiones racistas y xenófobas, que, además, ha ido aumentando desde principios de la década actual. Según los datos de la policía, entre el segundo semestre de 2011 y el primero de 2012 se produjeron un total de 35.944 ataques racistas en Inglaterra y Gales. Entre el segundo semestre de 2015 y el primero de 2016 la cifra llegó a 58.197. Estos datos nos muestran un país con unos altísimos niveles de agresiones contra extranjeros y minorías étnicas. Se trata, además, de una violencia en buena medida normalizada socialmente, ya que rara vez encuentra hueco en los medios de comunicación y está prácticamente ausente del debate político.

Sin embargo, la idea del inmigrante como enemigo de la nación británica es un tema recurrente en los medios de comunicación y el discurso político que tiene un apoyo social considerable. Una investigación de la Aurora Humanitarian Iniciative reveló hace unos días que el 56% de los británicos consideran que las minorías étnicas son una amenaza para su país. En particular, esta amenaza se entiende en el ámbito de la identidad nacional. Lo que se considera atacado es una idea particular de lo británico basada en una serie de mitos sobre el Imperio, la Revolución Industrial y las dos Guerras Mundiales que fomentan una identidad nacional fundamentalmente blanca y promueven un sentimiento de superioridad con respecto a sus vecinos europeos. Así las cosas, no debiera sorprendernos que la negativa a garantizar los derechos fundamentales de los europeos residentes en el Reino Unido fuera mayoritariamente apoyada por un 55% de los británicos, frente a un 29% que defendió lo contrario.

Los resultados de las elecciones del jueves van a determinar el tono de las negociaciones con Bruselas para formalizar la salida del Reino Unido. Hasta el momento, la táctica de Londres se han caracterizado por la improvisación y la agitación nacionalista. Pero, sea cual sea el resultado electoral, el nuevo gobierno tendrá que vender un acuerdo de secesión a una sociedad británica donde los sentimientos anti-europeos y anti-inmigrantes se han disparado tras el referéndum del Brexit. La Gran Bretaña cosmopolita, tolerante y multiétnica está a la defensiva y un tanto atónita ante la nueva situación. De su capacidad para articular un proyecto alternativo al nacionalismo xenófobo dependerá en gran medida el futuro del Reino Unido fuera de la Unión Europea.

¿Por qué un país que se beneficia económica y socialmente de su pertenencia a la UE está a punto de votar para salir de ella?

El sentido de pertenencia común a un proyecto europeo, la defensa de una legislación social conjunta y la salvaguardia de los derechos humanos apenas han sido invocados para defender la permanencia.

En 1973, el gobierno del conservador Edward Heath firmó la entrada del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea (CEE). Dos años más tarde, el nuevo primer ministro laborista, Harold Wilson, convocó un referéndum sobre la permanencia de Gran Bretaña en la CEE. Wilson no tenía ningún interés en la salida británica del Mercado Común, pero había prometido que celebraría una consulta no vinculante y renegociaría los términos del acuerdo entre el Reino Unido y la CEE en el caso de ganar las elecciones, para así apaciguar a los euroescépticos de su propio partido. La líder de la oposición conservadora, Margaret Thatcher, se puso un llamativo jersey con las banderas de los entonces nueve países que integraban el Mercado Común e hizo campaña por la permanencia. “Todo el mundo tiene que participar y votar sí para que el debate se acabe de una vez por todas. Evidentemente estamos en Europa y estamos preparados para seguir adelante”, declaró Thatcher en una entrevista televisiva. Los partidarios de la permanencia del Reino Unido en la EEC ganaron con un holgado 67% de votos.

Cuatro décadas más tarde los británicos vuelven a votar sobre su futuro en Europa. David Cameron convocó el referéndum con la idea de aplacar al ala eurófoba de su partido y frenar el ascenso de los nacionalistas del UKIP. El Primer Ministro ha renegociado la posición del Reino Unido en la Unión Europea y ha defendido la permanencia de Gran Bretaña en ésta. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, apoya a Cameron en este aspecto. Sin embargo, esta vez, la victoria de los europeístas parece mucho más difícil. Hace poco más de un mes las encuestas daban 18 puntos de ventaja a los partidarios de que Gran Bretaña se quedara en la UE. En la última semana la mayoría de los sondeos han señalado a los defensores del Brexit como ganadores. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué un país que se beneficia económica y socialmente de su pertenencia a la UE está a punto de votar para salir de ella?

Algunas de las repuestas debemos buscarlas en el tipo de argumentos e ideas utilizados durante la campaña. Los partidarios del sí a la UE han insistido en los beneficios fundamentalmente económicos. La pérdida de mercados, de puestos de trabajo y de subsidios europeos han sido los argumentos más habituales. El sentido de pertenencia común a un proyecto europeo, la defensa de una legislación social y laboral conjunta y la salvaguardia de los derechos humanos apenas han estado presentes. Incluso los más fervorosos eurófilos, como es el caso del ex-Primer Ministro Gordon Brown, han dejado claro que el Reino Unido tiene que encontrar un equilibrio entre una “autonomía nacional”, que no se debe sacrificar, y una “cooperación continental”, que en ningún caso pase por la construcción de un superestado europeo.

La recuperación de la soberanía nacional ha sido uno de los argumentos principales de los partidarios del Brexit. Estos han apelado continuamente a la necesidad de retomar el control del país en materia de inmigración y han descrito a la Unión Europea como una máquina burocrática que utiliza el dinero británico para malgastarlo en el Continente: 350 millones de libras a la semana según sus cálculos. Es más, Bruselas se presenta constantemente como un ente profundamente antidemocrático que impone normas absurdas y roba a los británicos la capacidad de decidir sobre sus propias leyes. Lo que se promete con la secesión es una nueva Gran Bretaña independiente, soberana y libre de las imposiciones de la UE. Para la mayoría de sus partidarios, el Brexit es el primer paso en la creación de una renacida Gran Bretaña capaz de recuperar su liderazgo internacional.

En cierto modo, lo que la campaña ha venido a mostrar es que los británicos se ven en la tesitura de elegir entre una opción que parece más razonable económicamente y otra que apela a las emociones nacionales. Para los partidarios de la secesión, de nada han servido los informes, casi unánimes, de los economistas sobre las consecuencias desastrosas que una posible secesión tendría para las finanzas del país. De poco han servido, también, las advertencias de la mayoría de los políticos británicos, europeos e, incluso, de Barak Obama sobre los riesgos de un Reino Unido aislado y débil internacionalmente. Pero el sólido apoyo al Brexit no puede interpretarse como un proceso de enajenación colectiva en el que millones de británicos han decidido desoír a los expertos y tomar una decisión irracional y dañina sobre su futuro. En realidad, lo que plantean los Brexiters entronca bastante bien en una serie de narrativas nacionalistas que han dominado la esfera pública británica durante décadas.

Gran parte de la población británica sigue sufriendo lo que podíamos denominar una ‘resaca imperial’, esto es, una especie de aturdimiento identitario provocado por la desaparición de un gran imperio y la incapacidad para encontrar un papel en el mundo tras la pérdida de las colonias. Las narrativas nacionales que presentan al Reino Unido como excepcional en el ámbito europeo tienen al Imperio Británico y a las dos guerras mundiales como referentes históricos fundamentales. De un modo complementario, la muy extendida percepción de la UE como un ente antidemocrático, ineficiente y corrupto no deja de ser el envés de una narrativa patriótica que presenta a los británicos como los inventores de la democracia moderna, eficientes y honestos. Estos relatos de la excepcionalidad llevan décadas siendo reproducidos en escuelas, programas de televisión, periódicos y conversaciones de pub, con lo que han venido a determinar en gran medida los esquemas mentales con los que los británicos entienden su propia identidad y la de los extranjeros. Y es fácil ver cómo entre la idealización de un pasado imperial y la creación de un sentido de superioridad nacional no hay un gran trecho. Tampoco es complicado entender por qué las narrativas históricas de la excepcionalidad han supuesto un gran problema para el desarrollo de una identidad europea en el Reino Unido.

Las élites políticas británicas, por su parte, han dificultado mucho la construcción de esa identidad europea. Desde la llegada de Margaret Thatcher al poder en 1979 todos los primeros ministros británicos han ido a Bruselas con la intención de obtener un trato especial, contribuir poco económicamente y reducir presupuestos, más que con la idea de aportar a un proyecto común europeo. Como señalaba Martin Kettle en un reciente artículo, Gran Bretaña lleva más de tres décadas actuando como una “diva” y sus dirigentes han sido incapaces de pensar en los británicos como verdaderos europeos[4]. Europa son “ellos”, no “nosotros”, ha sido el mensaje de los políticos británicos durante años. Así las cosas, a nadie debiera extrañarle que el Reino Unido figure continuamente entre los países de la UE en los que los ciudadanos se sienten menos identificados como europeos.

Entre narrativas históricas nacionales y actuaciones políticas nacionalistas se ha ido minando el sentimiento de solidaridad europea e identidad común. La apuesta por la salida de la UE no es una actitud irracional sino una consecuencia lógica de la falta de vínculos emocionales con el proyecto europeo, sus instituciones y sus ciudadanos. En el marco de una Europa en crisis económica y de valores, la promesa de un renacer patrio es ilusionante para muchos británicos, como lo es para tantos otros europeos que están encontrando en la nación un refugio ante cambios que no pueden controlar. Si el día 23 gana el Brexit, nadie sabe realmente qué es lo que va a pasar. Nadie lo ha explicado. ¿Será el actual parlamento británico, compuesto por un 80% de diputados partidarios de quedarse en la UE, el que negocie los términos de la salida? Si pierden los secesionistas, será un buen momento para replantearse el papel del Reino Unido en la UE y con ello hasta qué punto es posible llevar a cabo el proyecto europeo sin una identidad común.

La labor gubernamental del PP delata el carácter verdadero de su presunto patriotismo

La agresión al Estado del Bienestar ha descompuesto numerosos vínculos de solidaridad con la comunidad nacional

El uso patrimonialista de las instituciones del Estado por parte del Gobierno también ha enajenado simpatías y e identificaciones con la idea de España

En las últimas semanas, el Partido Popular ha presentado en varios ayuntamientos una serie de mociones “en defensa de la unidad de España”. El gesto no deja de ser plenamente coherente con el discurso de un partido que se considera el único capaz de garantizar la integridad territorial del país y que lleva mucho tiempo haciendo bandera de su patriotismo español. Desde que al principio de la década pasada el PP se apuntara al llamado ‘patriotismo constitucional’, los conservadores se han presentado como los principales defensores de la Carta Magna del 78 y del modelo de nación española que se encarna en ésta, frente a las actitudes más titubeantes y fragmentadas de sus rivales políticos.

A nadie se le escapa que el uso del patriotismo español en el ámbito discursivo y simbólico por parte del PP ha ocupado un lugar importante en la política hispana de los últimos años. Sin embargo, lo que a menudo pasa desapercibido es que algunas de las políticas llevadas a cabo por el Partido Popular en esta legislatura han contribuido al desapego de muchos ciudadanos con respecto a España como Estado y como nación.

Esta desafección con España es un proceso complejo, que se ha dado de distintas formas según las tendencias ideológicas de los ciudadanos y los territorios en los que viven, si bien en muchas ocasiones ha estado vinculada a la aplicación de políticas neoliberales en materia económica. Los procesos de venta de los servicios públicos impulsados en los últimos años por los populares, en nombre de la eficiencia o del saneamiento financiero, han puesto en manos de empresas privadas cantidades ingentes de recursos que pertenecían a todos los españoles. En algunos casos, la venta de lo público se ha hecho directamente a empresas extranjeras, como ocurrió con las viviendas de protección oficial de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital vendidas a Goldman Sachs y al fondo buitre Blackstone por los gobiernos de Ignacio González y Ana Botella respectivamente. En otras ocasiones, las multinacionales se han hecho con la gestión de bienes públicos a través de sus sucursales en España. Este es el caso de Sanitas, perteneciente a la británica BUPA y beneficiaria de la concesión de varios hospitales y centros de salud públicos madrileños y valencianos. En todos los casos, estas privatizaciones suponen una pérdida de recursos públicos para el conjunto de la ciudadanía, que, además, normalmente acaba pagando más por esos servicios ‘externalizados’.

La venta de lo público y la reducción del Estado de Bienestar durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, primero, y Mariano Rajoy, después, han tenido también consecuencias imprevistas en la identidad de algunos españoles. Como en otros países, en España existe lo que los politólogos denominan un ‘nacionalismo del Estado de Bienestar’, esto es, un sentimiento de solidaridad y de orgullo de pertenencia a una comunidad en la que se fomenta el reparto de la riqueza y se busca el bienestar del conjunto de la población. Pues bien, investigaciones recientes muestran que, en un contexto de crisis económica y social, la erosión del Estado de Bienestar y la degradación de lo público han llevado a algunos españoles a reevaluar negativamente sus vínculos de solidaridad con el resto de la comunidad nacional y su propia identidad como españoles. Dicho de otro modo, la aplicación de recetas neoliberales de recortes en el sector público ha minado la propia idea de solidaridad entre algunos españoles, principalmente de izquierdas, que han empezado a reconsiderar a la baja su identificación con España como Estado y como nación.

La reducción de los servicios públicos, en particular en sanidad, educación y dependencia, ha venido acompañada de un uso un tanto patrimonialista de algunas de las instituciones del Estado. Si pensamos en las relaciones que ha mantenido el Gobierno en esta última legislatura con la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y Radio Televisión Española no es difícil tener la sensación de que se ha hecho un uso partidista de estas instituciones que, conviene recordar, son públicas y tienen que estar al servicio de todos los españoles. La reciente propuesta para dotar al Tribunal Constitucional de “capacidad sancionadora” que le permita castigar a quien no cumpla sus resoluciones está pensada para que este organismo pueda suspender de sus funciones a Artur Mas. El anuncio de esta propuesta en el Congreso de los Diputados por parte de Xavier García Albiol, candidato del Partido Popular a la Generalitat, el 1 de septiembre pasado es un ejemplo más de este tipo utilización de las instituciones estatales por parte del PP. Y si bien es muy difícil calcular qué rédito político obtienen el Gobierno y el partido político que lo sustenta en este tipo de casos, lo que sí parece seguro es que este comportamiento dinamita la idea de lo público como común, como nacional.

Por último, parece innegable que las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy en materia de derechos ha supuesto un recorte significativo de libertades para los españoles. De una parte, la abolición de la justicia universal significa una mayor desprotección de los ciudadanos españoles en el extranjero. Casos como el del periodista José Couso, asesinado en 2003 por tropas norteamericanas en Irak, quedan con la nueva ley sin poder ser juzgados en España. Se sacrifican, así, derechos de ciudadanos españoles para facilitar un aumento en la cuota de negocios con países como EEUU y China. Por otro lado, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza, cercena de un modo directo una serie de derechos básicos de todos los españoles. Según han denunciado los relatores de Derechos Humanos de la ONU, la nueva legislación restringe la libertad de expresión, de manifestación y de opinión de los ciudadanos y supone un intento del Partido Popular por acallar las múltiples protestas contra el Gobierno que se venían produciendo en los últimos años.

A pesar de presentarse como el partido nacional por excelencia, lo cierto es que muchas de las políticas del PP en esta legislatura han tenido un componente antiespañol. La reducción de derechos básicos, la privatización de bienes públicos y el uso patrimonialista de los organismos estatales por parte del PP, no sólo han servido para fomentar la idea de que las élites políticas utilizan lo público, lo nacional, para beneficio propio y en detrimento de la gran mayoría de los españoles, sino que también han fomentado el desapego de muchos ciudadanos con el Estado-nación surgido de la Constitución de 1978. En último término, el patriotismo del Partido Popular parece más preocupado por la defensa de una cierta idea de nación que de sus nacionales.

El ciclo de crisis económica ha acentuado en España el proceso de privatización de la sanidad, bajo la divisa de la eficiencia y el ahorro.

Las privatizaciones han resultado, sin embargo, desastrosas: han incrementado la deuda pública, han transferido recursos a manos empresariales y han dado pábulo a la corrupción.

Urge una auditoría ciudadana sobre la situación de la sanidad en España y las consecuencias funestas de su desamortización.

Una de las transformaciones más radicales que ha sufrido España en los últimos 15 años ha sido la progresiva privatización del Sistema Nacional de Salud. Se trata de un proceso que se ha llevado a cabo por diversas vías, desde la cesión de la gestión de hospitales y centros de salud públicos a grandes empresas como Sanitas, Capio y Ribera Salud, hasta la adjudicación de análisis de laboratorio a multinacionales como Unilabs, pasando por la derivación de pruebas diagnósticas y de pacientes de un modo sistemático al sector privado. En todos los casos, la privatización se ha hecho en el nombre de la eficacia y el ahorro. En todos los casos, el proceso ha conllevado un trasvase ingente de dinero público a manos privadas.

Desde que en 1999 se pusiera en marcha el Hospital de Alzira (el primer centro público en España de gestión sanitaria privada en su totalidad) hasta la actualidad, el proceso de privatización ha dado lugar a un aumento considerable de la deuda pública. De una parte, la construcción de nuevos hospitales se ha encargado a empresas que cobran de la Comunidades Autónomas o del Estado un canon durante décadas. Con este sistema las administraciones han evitado desembolsar grandes cantidades de dinero en un primer momento, pero han aumentado considerablemente su deuda a 30 años con constructoras y bancos. Este tipo de actuaciones han disparado la deuda pública en varias comunidades. La Comunidad de Madrid, una de las regiones líderes en privatización sanitaria y que en 2010 rescató a las empresas adjudicatarias de seis hospitales con 80 millones de euros, aumentó su deuda de 8.614 millones de euros en 2002, cuando asumió las competencias en Sanidad, a 32.723 millones de euros en 2014.

En un periodo de crisis como el actual, en el que la reducción del déficit público se ha impuesto como objetivo económico primordial, las administraciones han justificado todo tipo de recortes en Sanidad precisamente para pagar una deuda generada, en parte, en el proceso de privatización. De un modo un tanto perverso, la deuda adquirida en los procesos de privatización ha servido para justificar más recortes en un sistema sanitario público, al cual posteriormente se acusa de ineficiente para así respaldar un aumento de las privatizaciones, que, a su vez, generan más deuda pública.

Este círculo vicioso de privatizaciones, deuda y recortes ha depauperado el Sistema Nacional de Salud hasta límites inimaginables hace pocos años y ha supuesto grandes beneficios para aquellas empresas que están en el negocio. Según mostraba un estudio reciente del Grupo de Trabajo Auditoría de la Deuda en Sanidad, las aseguradoras privadas de la salud son el único sector en el mundo de los seguros que ha crecido en España durante la crisis económica. La idea de que el Sistema Público de Salud es insostenible a medio plazo, algo que fomentan constantemente las empresas de seguros sanitarios, parece que va calando en algunos sectores de la población.

La privatización de la sanidad también ha conllevado corrupción a gran escala. Es bien sabido que la contratación de empresas privadas por parte de las administraciones públicas genera escenarios propicios para todo tipo de ilegalidades. Así lo ha recordado la Comisión Europea, quien ha alertado de los numerosos casos de corrupción que se producen en los procesos de privatización de los sistemas sanitarios públicos. En España sabemos bien de lo que habla la Comisión. En Cataluña, una comunidad autónoma con un altísimo grado de externalizaciones, dos de los últimos directores del Servicio Catalán de la Salud están imputados en el caso Innova. Se trata de un macroproceso por sobornos, contratos fraudulentos, adjudicaciones a dedo y facturas falsas en el que están imputados una veintena de ediles de CiU, PSC, ICV y ERC de Reus, entre ellos el exalcalde socialista Lluís Miguel Pérez, y Josep Prat, máximo directivo de la empresa municipal Innova, vicepresidente del grupo sanitario privado USP y número tres del Departamento de Salud. En Madrid, el escándalo de las pruebas clínicas privadas realizadas con medios públicos en el Hospital Gregorio Marañón está en manos de la fiscalía. En Valencia, el exconseller de Sanidad Rafael Blasco y la que fuera exalto cargo Tina Sanjuán han sido imputados por delitos de cohecho y falsedad documental. La Fiscalía Anticorrupción les acusa de crear una trama de empresas sanitarias que se beneficiaban de contratos públicos. La corrupción en torno a la privatización de la sanidad parece sistémica en España.

En un contexto de destrucción del Servicio Nacional de Salud y de aumento de la deuda pública y de la corrupción urge revertir el proceso de privatizaciones. No se trata sólo de dejar de contratar con empresas privadas aquellos servicios que la administración pública ha demostrado realizar de un modo más barato y eficiente, sino de llevar a cabo una gestión basada en fundaciones y consorcios de empresas públicas, como han reclamado insistentemente los profesionales de la sanidad. Cabe, además, recuperar hospitales para el Servicio Nacional de Salud. Un buen ejemplo es el Centre Hospitalier Sud Francilien en Francia, que volvió a manos públicas tras una privatización desastrosa y cuyo caso está sirviendo en la actualidad para intentar recuperar el Hospital Universitario de Burgos.

De un modo complementario, parece necesario realizar una auditoría de la en sanidad en toda España, que nos aclare qué se debe, a quién y cómo se ha generado esa deuda. Y si parte de la deuda ha sido generada de un modo ilegítimo, es decir, se ha adquirido con empresas privadas en contra de los intereses de los ciudadanos, se debe rechazar el pago de la misma con dinero público. Para todo esto, para no pagar la deuda ilegítima y para recuperar un modelo público hará falta, eso sí, no sólo una verdadera voluntad política de cambio, sino también una fortísima capacidad para resistir las presiones de bancos, fondos de inversión, aseguradoras de la salud y constructoras, que llevan demasiado tiempo enriqueciéndose con el dinero de todos los españoles.

Uno de los principales problemas que aquejan a la universidad española es la endogamia, favorecida por el actual sistema de contratación de profesores.

Los males que produce la endogamia se han visto acusados por las políticas de recortes y desinversión, que han tenido un impacto muy negativo en la investigación científica.

En las últimas semanas hemos asistido a la publicación de una serie de artículos de prensa sobre la delicada situación que atraviesa la universidad en España. Las dificultades para realizar investigación de calidad, los pésimos puestos en los rankings internacionales de las universidades españolas y el clientelismo que caracteriza a éstas han sido temas recurrentes a la hora de describir el panorama actual. Lo que en ocasiones se pasa por alto es que estos tres factores están relacionados con la naturaleza profundamente endogámica de la universidad española.

Sin duda, uno de sus principales problemas reside en el sistema de contratación de profesores investigadores. Se trata de un modelo en el que las plazas se otorgan a los candidatos internos, en la gran mayoría de los casos. Para eliminar la competencia externa, el ‘padrino’ del candidato de la casa, normalmente un catedrático, elabora una descripción del puesto ofertado que encaje con la trayectoria profesional de su protegido. De este modo se asegura una buena puntuación para el candidato interno, quien es seleccionado para la fase de la entrevista ante el tribunal de oposición. De esto también se encarga el ‘padrino’, quien prepara el tribunal con profesores afines de su propia institución y de otras universidades, que, sabe, van a apoyar a su protegido. El organizador de la farsa, a su vez, se compromete a votar a los candidatos internos de los profesores invitados cuando se lo requieran en un futuro.

Así las cosas, a nadie debiera sorprender que un estudio del CSIC publicado en 2006 estimara que el 95% de los profesores que obtenían un puesto fijo en una universidad española ya trabajaba en ella antes de sacar la plaza. Es más, según ha calculado el propio Ministerio de Educación, el 73% del cuerpo docente de la universidad pública del curso 2013/14 hizo su doctorado en el centro en el que está contratado.

Este tipo de funcionamiento en las contrataciones, cercano al fraude de ley, es ampliamente conocido en la comunidad universitaria. Se trata de un sistema heredado del franquismo que ha perdurado prácticamente inamovible a lo largo de los años, pese a haber sido denunciado públicamente en numerosos artículos de prensa, libros y congresos de la “Plataforma contra la Corrupción y el Acoso en la Universidad Pública”. Este modelo de contratación de profesorado minusvalora la calidad de las investigaciones de los candidatos y fomenta la endogamia. Y la endogamia no sale gratis: existen varios estudios que muestran la correlación directa entre mayor endogamia universitaria y menor productividad científica.

Además, el sistema de contratación actual favorece el nepotismo. El escándalo de los ex-rectores de la Universidad Juan Carlos I, Pedro González-Trevijano y Rogelio Pérez-Bustamante, quienes han sido acusados de colocar a varios familiares como profesores y personal administrativo, es un ejemplo más de un modelo caracterizado por el abuso de poder y de los recursos públicos. González-Trevijano fue promovido por el Partido Popular a magistrado del Tribunal Constitucional en mayo de 2013.

Las políticas de socialistas y populares han tenido un impacto devastador en la universidad española desde el inicio de la crisis económica. Los ejecutivos del PSOE y, más aún, del PP han aplicado unos recortes tan agresivos que han provocado el desmantelamiento parcial de la investigación en España. Entre 2009 y 2013 el gasto real de inversión pública en I+D cayó un 45,7%cayó un 45,7%. De un modo complementario, el Gobierno de Mariano Rajoy impuso una tasa de reposición del 10% en las universidades españolas en el periodo 2012-2015. Esto quiere decir que por cada 10 profesores que se jubilan las universidades sólo han podido contratar a uno. Como en tantos otros sectores, las nuevas contrataciones en el ámbito universitario han venido marcadas por la precariedad y los bajos salarios. Más aún, no se ha llevado a cabo un intento por reemplazar a los profesores menos productivos, con prejubilaciones o bajas incentivadas, pero sí se ha despedido a cientos de investigadores de los escalafones más bajos y se ha suprimido el programa de formación postdoctoral en el extranjero de la Secretaría de Estado de Investigación.

Las repercusiones no se han hecho esperar: según atestigua un informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo presentado en julio de 2014, “continúa la disminución ininterrumpida del peso que tienen los autores españoles (liderazgo) y cae el número de publicaciones entre el 10% de las más citadas a nivel mundial (excelencia)”.

Encontrar soluciones al problema de la endogamia parece complejo. Se requieren cambios estructurales que desincentiven la contratación de los candidatos de la casa y promuevan la internacionalización del sistema. Una medida que sin duda contribuiría a estos procesos sería primar con más recursos públicos a aquellos departamentos universitarios con mejores resultados en el campo de la investigación. Si se vinculara el dinero recibido de las administraciones públicas a la calidad de la investigación, como ocurre en las universidades británicas, se incentivaría la contratación de los mejores profesionales, en detrimento de los candidatos internos.

Sin embargo, las reiteradas demandas por parte de los colectivos de investigadores españoles para que se cree un sistema más internacionalizado, más flexible y menos endogámico han sido continuamente ignoradas por las élites políticas y universitarias. El caso del CSIC es paradigmático. El buque insignia de la ciencia española ha perdido 1892 empleados (casi el 15%) desde noviembre de 2011. Muchos de sus trabajadores firmaron recientemente un documento en el que se pedían reformas estructurales para evitar la fuga de cerebros y salvar la institución. Ante las demandas de cambio, el presidente del CSIC, Emilio Lora Tamayo, negó la mayor y declaró que la fuga de cerebros de España era una “leyenda urbana”.

Las declaraciones de Lora Tamayo encajan bien en una España en la que dirigentes políticos no ven coches de lujo en sus garajes, ni sobres con dinero negro en sus despachos; en la que los reyes del nepotismo son premiados con cargos en el altos tribunales; un país donde la emigración se vincula al espíritu aventurero de los jóvenes y el Director General de Política Universitaria pide a los estudiantes no hacer caso de los rankings de excelencia académica internacionales. Semejantes ejercicios de ceguera voluntaria muestran un profundo desprecio por la inteligencia de la ciudadanía. Son invidencias elegidas con las que ciertas élites perpetúan las miserias de un sistema de investigación universitario que está pidiendo a gritos profundas reformas estructurales y mayor inversión. Hasta que estos cambios no se lleven a cabo, todo parece indicar que las opciones para la mayoría de los investigadores españoles van a seguir siendo la endogamia o el exilio.

Artículo publicado previamente en LSE Europp BlogLSE Europp Blog

A finales del pasado mes de octubre F.C. Barcelona y Real Madrid se enfrentaron en el primer clásico de la temporada. Como era de esperar, el partido vino precedido de una gran atención mediática y tuvo una importante repercusión internacional. A nadie sorprendió tampoco que aficionados del Barça utilizaran el encuentro para plantear reivindicaciones catalanistas. Al fin y al cabo, desde hace décadas un buen número de barcelonistas han defendido postulados nacionalistas catalanes.

Estos culés han tendido a ver al F.C. Barcelona como un símbolo de la democracia, la modernidad y, sin aparentes contradicciones, las tradiciones catalanas. A la par, no pocos barcelonistas han asociado el Real Madrid con el autoritarismo, la dictadura franquista y el subdesarrollo. Los madridistas, por su parte, consideran a su equipo como un club moderno, de vocación internacionalista y, sin aparentes contradicciones, como un símbolo de España en el extranjero. Muchos seguidores del Real Madrid, además, han pasado en los últimos años a considerar al F.C. Barcelona como un instrumento del nacionalismo catalán, lo que ha venido a alimentar sus ya de por sí elevados sentimientos anticatalanistas.

En realidad, el F.C. Barcelona y el Real Madrid se parecen bastante más de lo que les gustaría admitir. Los dos son gigantes económicos, con seguidores en todo el globo, que luchan a nivel mundial por hacerse con la mayor cuota del mercado futbolístico posible. Para llevar a cabo esta labor de conquista de los mercados internacionales ambos clubes se han beneficiado durante años de las ayudas económicas de sus respectivos gobiernos autonómicos y municipales y han contado con el apoyo financiero de cajas y constructoras, que, a su vez, estaban estrechamente vinculadas a las élites políticas. Además, F.C. Barcelona y Real Madrid han recibido entre los dos más del 50% del total del dinero generado por los derechos de televisión en los últimos años, algo impensable en ligas como la inglesa o la alemana.

El resultado de estas profundas disparidades ha sido que la Primera División en España se parece cada vez más a la escocesa, donde los dos grandes clubes parece que juegan una liga propia y el resto de los equipos compiten por el tercer puesto. Es posible que en un futuro cambien las cosas, pero el hecho de que sólo Barcelona y Real Madrid hayan ganado la liga desde que en 2004 se hiciera con ella el Valencia CF no parece una casualidad.

En cualquier caso, en el campo de las identidades nacionales los sentimientos y los estereotipos pesan mucho más que los privilegios económicos de los que disfrutan los dos grandes y el rápido aumento del independentismo en los últimos cinco años ha potenciado el uso político del fútbol en el estadio del Barcelona.

Es posible que Sandro Rosell no sea el ardiente secesionista que era su predecesor en el cargo, Joan Laporta, pero el actual presidente del Barça ha defendido el derecho a la autodeterminación de Cataluña, se ha sumado a las manifestaciones pro-independentistas de las últimas Diadas y ha cedido el Camp Nou para los multitudinarios actos soberanistas de este verano. Asimismo, la junta directiva del FC Barcelona ha dado su apoyo a la campaña de la Generalitat para que la selección catalana de fútbol pueda jugar en competiciones oficiales. Si bien Sandro Rosell aseguró al inicio de su mandato que él nunca utilizaría el club con fines políticos, el crecimiento del independentismo en Cataluña le ha hecho tomar derroteros muy distintos.

Las acciones de Rosell cabe enmarcarlas dentro del posicionamiento de unas élites políticas y mediáticas catalanas que han optado recientemente por la creación de un Estado independiente. Sin embargo, cuando nos fijamos en cómo se refleja esa nueva propuesta secesionista en la sociedad catalana el cuadro nos sale algo más borroso.

Por una parte, es indudable que el movimiento independentista ha crecido no sólo promovido desde arriba, sino impulsado por asociaciones de base, que han sido capaces de llegar a sectores sociales que anteriormente no tenían ningún interés en la secesión. El proyecto soberanista es interclasista. Por otro lado, los estudios sociológicos muestran que hay un cierto distanciamiento entre el mensaje del establishment catalán y cómo se siente la ciudadanía catalana en el ámbito de las identidades. En líneas generales, los catalanes son más flexibles con sus identidades múltiples (catalana, española, europea), más solidarios con otras comunidades autónomas y menos favorables a una ruptura con el actual sistema constitucional de lo que pudiera indicar el discurso de la clase política del Principado.

Esta multiplicidad de identidades en la sociedad catalana también se ha reflejado en el fútbol. En los últimos años las victorias de la selección de fútbol han dado lugar a numerosas expresiones públicas de identidad nacional española en Cataluña. Las celebraciones en las calles de Barcelona de los títulos del combinado español, las banderas catalanas y españolas colgadas de los balcones y los cánticos patrióticos (tan repetitivos como significativos) han dejado claro que muchos catalanes se identifican con la Roja. ¿Cómo se explica que se den estas numerosas manifestaciones de identidad española y simultáneamente crezca el independentismo en Cataluña hasta alcanzar máximos históricos?

La respuesta no es sencilla. El apoyo a la independencia se ha mantenido en los últimos dos años entre el 40 y el 57%, dependiendo de las encuestas que se manejen y el momento en que se pregunte. Sin embargo, la identificación de los catalanes con España, es decir aquellos que se sienten en mayor o menor medida españoles, supera el 70%, mientras que aquellos que se sienten únicamente catalanes ronda el 23%, según los trabajos del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat. Parece claro que existe un porcentaje significativo de catalanes que optan por la independencia pero no deja de sentirse español. Para complicar todavía más el cuadro identitario cabría añadir los datos de un sondeo publicado en el diario Ara en julio de 2012, en el que se señalaba que el 57% de los partidarios de la independencia de Cataluña se declaraban seguidores de la selección española de fútbol. Y es que cuando se trata de opciones políticas, identidades nacionales y fútbol los datos de las encuestas difícilmente encajan.

Algunos analistas han justificado la popularidad de la Roja en el Principado aduciendo que el gran número de jugadores catalanes en el combinado español y las similitudes en el estilo de juego entre el Barça y la selección potenciaba la identificación. Es posible que este peculiar proceso de ‘catalanización’ de la selección haya hecho más aceptable al equipo a los ojos de algunos aficionados, pero está lejos de darnos una explicación completa. La popularidad de la Roja tiene que ser entendida dentro del marco de un universo simbólico formado por unas narrativas nacionales que han promovido la identificación de los catalanes con España durante décadas. Estas narrativas han sido producidas y transmitidas desde diversos ámbitos, incluyendo las instituciones estatales, los medios de comunicación españoles y los jugadores de la selección de fútbol. En la gran mayoría de los casos el mensaje transmitido ha sido el de la compatibilidad entre Cataluña y España, por lo que no es de extrañar que la gran mayoría de los catalanes manifiesten identidades duales hoy en día.

Dicho de otro modo, las identidades duales son posibles porque en este universo simbólico la identificación con España no se percibe como incompatible con la identificación con Cataluña. Son estas mismas identidades duales las que han facilitado la identificación de un elevado número de catalanes con la selección española.

No quiero decir con esto que la identificación de muchos catalanes con España no sea problemática. Parece claro que lo es y el trío España-Castilla-Madrid ha actuado históricamente como el ‘otro’ nacional desde los inicios del catalanismo político. No obstante, si diferenciamos entre vínculos de afinidad política y cultural, quizás podamos entender algo mejor las cosas. Muchos catalanes son capaces de distinguir entre una identificación con una nación política española y un vínculo sentimental con una nación cultural española.

Así se pueden dar en Cataluña niveles muy reducidos de afecto hacia, digamos, las instituciones del Estado o el gobierno de España, como representantes de la nación política, pero mantener un vínculo emocional con la selección española de fútbol como personificación de la nación cultural. Esta división, claro está, no deja de ser un tanto artificial, pero nos facilita el entendimiento de los procesos de identificación de catalanes con la nación española, en general, y con la selección de fútbol, en particular.

Una hipotética independencia de Cataluña plantea una serie de preguntas de difícil respuesta en el ámbito futbolístico. ¿Seguiría el Barça jugando en la liga española o se crearía una catalana? ¿Perdería el FC Barcelona sus connotaciones catalanistas si se formara una selección catalana capaz de competir oficialmente? ¿Podrían los jugadores catalanes jugar con la selección española si así lo eligieran? Por ahora sólo podemos especular al respecto. Lo que sí parece bastante seguro es que el fútbol a va continuar siendo un medio para elaborar, transmitir y recrear identidades nacionales en Cataluña.