Si hacemos caso a las encuestas, la popularidad de Alemania en la mayoría de los países de la eurozona se ha reducido drásticamente en los últimos años (ver, por ejemplo, Pew Research Institute 2013). Esto es debido a la forma en que Alemania, junto con las instituciones de la UE, ha respondido a la Gran Recesión dentro de la zona euro: políticas económicas de austeridad y transferencias autoritarias de poder a nivel supranacional.

Medidas como el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) o los memorandos de entendimiento liderados por la troika están profundizando la crisis económica. Los niveles de desempleo se han disparado, los derechos laborales y los sistemas de seguridad social están siendo destruidos; aumenta la pobreza, la falta de vivienda, se colapsan los sistemas de salud y disminuye la esperanza de vida; incluso el hambre ha vuelto a Europa. Todo ello puede ser visto por los ciudadanos europeos como el resultado de las políticas de la UE promovidas por Alemania.

En la actualidad, la mayoría de los países de la zona euro están dirigidos por élites políticas neoliberales que favorecen las respuestas antidemocráticas y antisociales a la crisis. Fue una decisión consensuada del Consejo Europeo la que optó por priorizar el rescate a los bancos con dinero de los contribuyentes, que es, de hecho, una forma de hacer que los ciudadanos de a pie paguen por la crisis económica. Si Grecia, Portugal, España e Irlanda no hubieran tenido gobiernos que cooperaron con Alemania en las instituciones europeas, no habría sido posible aprobar las reformas de austeridad al nivel europeo. A pesar de esta colaboración, sin embargo, todavía tiene sentido ver al gobierno alemán como el motor detrás de esta línea política.

Alemania es la economía más fuerte de Europa. Desde la implantación del euro, los gobiernos alemanes han seguido una política agresiva de exportaciones, basada en bajos salarios, liberalización del mercado laboral y reformas fiscales en beneficio de las grandes multinacionales. Usando la crisis como una ventana de oportunidad, el gobierno alemán ha comenzado a vender este modelo económico, en su versión más radical, como una historia de éxito a sus socios de la UE con el fin de convertirlo en el modelo para Europa. El Consejo Europeo, con Alemania como su miembro principal, está actualmente a punto de liderar una transformación neoliberal y autoritaria de la UE.

Es importante mencionar que no sólo fue el anterior gobierno alemán liberal-conservador el que ejerció presión para poner en marcha las reformas de austeridad en toda Europa. Siempre ha habido un consenso dentro de la élite política alemana con este tema. No olvidemos que los socialdemócratas alemanes (SPD) y los Verdes votaron a favor de todas las iniciativas del ejecutivo con respecto a la UE durante el periodo comprendido entre 2009 y 2013.

A medida que las elecciones se acercaban, sin embargo, los líderes del SPD dieron un giro en su posición europea. El giro consistió en intentar evitar el tema de la crisis de la eurozona. Cuando el silencio no era una opción, adoptaron una posición contraria a la del gobierno, en el sentido de más progresista, criticando la destrucción de los sistemas de bienestar, pidiendo la mutualización de la deuda pública (eurobonos) y favoreciendo la inversión en crecimiento y empleo en toda Europa.

Además, también hablaron a favor de que los bancos paguen la crisis, de la necesidad de regular estrictamente los mercados financieros y de la necesidad de promover un salario mínimo a nivel europeo que pondría fin a la existencia de “trabajadores pobres” de una vez por todas (programa electoral del SPD: “Das Wir entscheidet”, 2013).

Esto a su vez llevó a que muchas personas en Europa siguieran las elecciones alemanas muy de cerca, con la esperanza de un cambio político en el “corazón de la Europa neoliberal”. Lo que siguió ha sido, en cambio, una gran decepción. Ahora sabemos que el cambio político no llegará. Los conservadores y los socialdemócratas han firmado un acuerdo de coalición que está completamente en línea con la agenda de la UE y de las políticas del anterior gobierno alemán.

Las dos partes han acordado que los préstamos del FEEF deberán estar asociados a una fuerte condicionalidad y que la disciplina presupuestaria y las reformas estructurales siguen siendo necesarias. Esto significa que el gobierno entrante continuará su presión sobre la reducción de los sectores públicos de los países de la UE y de los sistemas de bienestar social, y a favor del debilitamiento de los derechos laborales en la zona euro.

El acuerdo de coalición indica claramente que una mutualización de la deuda no se va a producir porque debilitaría la presión (impuesta por los altos tipos de interés) sobre los “países periféricos” para implementar las reformas que ellos –los partidos de la coalición– consideran necesarias.

Ni la inversión pública en empleo y crecimiento, ni nuevas regulaciones del mercado financiero son parte del acuerdo de coalición. La única excepción a esto es el acuerdo de los negociadores en torno a un impuesto a las transacciones financieras (ITF), pero la manera en que este tema se ha tratado es una vez más decepcionante.

El SPD ya había obtenido el compromiso del anterior gobierno para el establecimiento de un impuesto sobre las transacciones financieras como concesión a cambio del voto favorable del SPD en el Bundestag para aprobar el Pacto Fiscal. Ahora los dirigentes del SPD están poniendo de relieve la misma concesión, una vez más, como si fuera algo nuevo, y sabiendo que una nueva medida es poco probable que se adopte a nivel europeo debido a la resistencia de Gran Bretaña, Suecia y otros.

No es de esperar, tampoco, por lo que se desprende del texto del acuerdo, que se establezca un salario mínimo en condiciones. La demanda central de los socialdemócratas durante la campaña electoral fue el establecimiento de un salario mínimo sin excepciones. En cambio, en el acuerdo de coalición los dirigentes del SPD han aceptado una versión débil de su posición original.

Por un lado, el salario mínimo será más bajo que lo que querían y no se iniciará de inmediato, sino en 2017 y, por otro lado, el texto deja la propuesta muy abierta a excepciones que eventualmente podrían minar el proyecto conjunto (acuerdo de coalición: Deutschlands Zukunft gestalten, 2013).

Esto significa que Alemania continuará con su estrategia de exportación basada en bajos salarios, que es una de las razones más importantes detrás de la crisis, ya que ha causado desequilibrios económicos y la presión presupuestaria sobre los países menos competitivos de la zona euro.

Nos tememos que el nuevo gobierno alemán no sólo mantendrá al día la agenda del gobierno saliente sino que además la radicalizará debido a que no existe una oposición parlamentaria efectiva. Una gran mayoría de los miembros del Parlamento (80%) pertenecen a los partidos de la coalición, lo que deja a la oposición sin ningún poder para intervenir.

Los partidos de la coalición están actualmente bloqueando todas las iniciativas que la oposición ha presentado ante la cámara baja que persiguen fortalecer las oportunidades de los grupos minoritarios de ejercer sus derechos de oposición. Por ejemplo, llevar una ley ante el Constitucional requiere, según la legislación actual, el voto favorable del 25% de los diputados. La oposición ha solicitado bajar este umbral por debajo del 25% pero la iniciativa ha sido rechazada por los socios del gobierno entrante. El resultado será un control democrático menos efectivo sobre las políticas gubernamentales.

El voto de los miembros del SPD aceptando el acuerdo de coalición ha dado un alto grado de legitimidad y estabilidad a éste. Sin embargo, los dirigentes del SPD no estaban arriesgando mucho con este referéndum interno, ya que los miembros más críticos del partido ya habían abandonado el partido antes de producirse la votación. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que los miembros restantes aprobaran el acuerdo. Sin embargo, es importante destacar que más de 100.000 miembros no participaron en la votación y que, por lo tanto, sólo el 55% de los miembros del SPD votó a favor de ella.

En resumen, los acontecimientos políticos actuales en Alemania son una mala noticia para la mayoría de los ciudadanos de la zona euro y la UE. Es poco probable que haya un cambio político serio. Tal cambio no se puede llevar a cabo contra Berlín. Y menos cuando el Gobierno alemán tiene la legislación neoliberal de la UE neoliberal (Tratados de Maastricht y de Lisboa, etc.) de su lado. Los acontecimientos políticos actuales en Alemania dejan aún más claro que un cambio político sólo puede ocurrir en contra del diseño actual de las instituciones de la UE y la integración europea.