El Gobierno acaba de presentar una propuesta para elevar un 19% la tasa que pagan las eléctricas para que el Estado español se haga cargo de los residuos radiactivos de sus centrales nucleares así como de su desmantelamiento. A primera vista parece una buena noticia, veamos qué hay de fondo en ello.

Desde el año 2010, la ley establece que son las propias eléctricas las que deben asumir los costes que origina a largo plazo —nunca mejor dicho, pues los residuos de alta actividad seguirán siendo peligrosos dentro de 10.000 años— la gestión de su basura nuclear. La tarifa eléctrica, esto es, tú y yo, que hasta entonces nutría un fondo para hacer frente a estos costes, dejó de hacerlo, salvo una “pequeña” contribución (de unos 150.000 € anuales) que se mantiene hasta hoy para cubrir principalmente los costes de las centrales que habían cesado su actividad por aquel entonces.

El procedimiento es aparentemente sencillo: ENRESA, la empresa pública que tiene encomendado el tratamiento de los residuos y el desmantelamiento de las nucleares, debe presentar al Gobierno al menos cada cuatro años su mejor style=“text-decoration: underline;”>previsión de costes contenida en una propuesta de actualización del llamado “Plan General de Residuos Radiactivos”. A partir de esta estimación y considerando la vida útil style=“text-decoration: underline;”>prevista de las centrales, el Gobierno se limita a dividir el montante económico entre la energía que producirán los reactores para determinar el importe de la tasa por MWh producido que estos deben abonar a ENRESA para que pueda afrontar la gestión. El truco está en el subrayado.

El primer problema es que el Plan General de Residuos vigente, el sexto, data del año 2006 aunque, como el criterio de imputación de costes se cambió en 2009, la tasa se fijó entonces y se empezó a aplicar en enero de 2010. Así que llevamos 10 años sin actualizar la tasa. Y no será porque no hacía falta.

En efecto, en 2015, el Tribunal de Cuentas, tras fiscalizar la actividad de ENRESA durante los años 2010 y 2011 alertaba de un agujero de 1.800 millones de euros causado por la no actualización de la tasa. Concluía que nuestra regulación “no garantizaría, como requiere la normativa comunitaria y la legislación nacional de protección del medioambiente, que no se trasladen a generaciones futuras parte de los costes derivados de la clausura y desmantelamiento de las instalaciones nucleoeléctricas”. En junio de este año 2019 el propio Tribunal publicaba un informe de seguimiento de sus recomendaciones de 2015 y ya cuantificaba el agujero en más de 2.300 millones.

No sería por culpa de ENRESA, que envió al Gobierno borradores de actualización del Plan General de Residuos Radioactivos, que yo tenga constancia, al menos en cuatro ocasiones, junio de 2010 (Zapatero), junio de 2013, abril de 2014 y marzo de 2015 (Rajoy). En ellos constataba un incremento de los costes previstos y, como consecuencia de no considerar extensión alguna de la vida útil de los reactores, proponía sendos incrementos de la tasa. Ni caso.

Tenemos, por tanto, un primer problema consistente en que los Gobiernos, aun siendo conocedores de que las eléctricas debían incrementar sustancialmente sus aportaciones al fondo nuclear, no lo hicieron. Hasta ahora.

Pero me temo que con la actualización de la tasa que ahora se propone no basta. El segundo problema, como avanzaba, es que el cálculo se basa tanto en costes previstos como en energía prevista. Los primeros están sujetos a una enorme incertidumbre dada la escasísima experiencia en el desmantelamiento de centrales en nuestro país y en la gestión de residuos durante tan largo plazo. La segunda depende, principalmente, de cuándo se clausuren los reactores, imbricada cuestión con múltiples aristas económicas, sociales y políticas.

Sobre la estimación de costes pondré sólo un ejemplo. Como he comentado, cuando en 2010 se cambió el criterio de asunción, se determinó que una parte del fondo recaudado hasta la fecha se destinaría a financiar los costes de los reactores que ya habían cesado su operación (dos, Vandellós 1, cerrado tras el accidente de 1981 y Zorita, cerrado en 2006 tras 37 años de actividad) y que la tarifa eléctrica seguiría recaudando una “pequeña” cantidad para atender los costes futuros de estas centrales inoperantes. Los costes (a valor de 2009) se estimaron en 1.200 millones de euros, que sobradamente se podrían cubrir con el fondo recaudado hasta la fecha, que acumulaba más de 2.500 millones. Textualmente: “estarían, en principio, garantizados con la cantidad detraída del Fondo actual para las mismas con lo que no sería necesaria recaudación alguna a este respecto”.

Por aquel entonces sólo se había acometido una primera fase de desmantelamiento preliminar de Vandellós 1.

Diez años después, tras haber acometido gran parte del desmantelamiento de Zorita—que no todo—, resulta que los costes futuros de esta partida se estiman en torno a 950 millones y que del fondo ya sólo quedan poco más de 500. Es decir, el desmantelamiento de un solo reactor nos ha bastado para cometer un error de estimación de unos 450 millones de euros. Si tenemos en cuenta que, aparte de Vandellós 1, tenemos otros ocho reactores que desmantelar y que Zorita era minúsculo comparado con los actualmente activos (tiene seis veces menor potencia que estos) podremos hacernos una idea de la magnitud de los posibles errores. No digamos si entramos a valorar costes de almacenes de residuos que ningún país del mundo tienen aún operativos y que deben sobrevivir a cambios geológicos.

Surge entonces la cuestión clave del momento del cierre. Inicialmente estaba previsto que los reactores funcionaran durante 40 años. Como los que siguen en activo se pusieron en marcha entre 1983 y 1988, su cierre se preveía entre 2023 y 2028. Según se ha ido acercando esta fecha, las eléctricas y los municipios donde se ubican, muy dependientes económicamente de su funcionamiento, han presionado para extender su vida útil hasta los 50 años.

Sin necesidad de valorar que, con la suficiente planificación de su sustitución por renovables, podría perfectamente preverse el cierre de las nucleares sin incrementar el precio de la luz ni las emisiones de gases de efecto invernadero, un consumidor podría estar tentado en aceptar la extensión de la vida de las nucleares considerando que así tendrían más tiempo para contribuir al fondo de gestión de sus residuos. Pero claro, enseguida uno se da cuenta de que si las eléctricas están dispuestas a aportar los 2.300 millones que faltan es porque cuentan con ganar con las centrales mucho más dinero en el tiempo que les quede de vida. Susto o muerte: si cierran ya, pagas tú el agujero y si no, pagas tú los beneficios además del agujero.

Así las cosas, ENRESA llegó a un acuerdo con las eléctricas en marzo de este año para clausurar ordenadamente las centrales entre 2027 y 2035, esto es, cuando cumplan entre 43 y 47 años de operación comercial. En ese acuerdo, curiosamente, ENRESA se comprometía a que su propuesta de actualización de la tasa del primer borrador del séptimo Plan General de Residuos Radiactivos “no superaría el 20% sobre el valor vigente”. De ahí que ahora el Gobierno nos proponga subirla un 19%.

Pero ojo, su compromiso sólo alcanzaba a la propuesta. No a la versión definitiva del plan. De ahí que nosotros, en el periodo de alegaciones que ahora se abre, podamos solicitar que se TRIPLIQUE la tasa.

La cifra no es caprichosa. Sale de considerar, por una parte, que son las empresas las que deciden si cierran o no las centrales y que, hasta que no esté en vigor el nuevo Plan de Residuos, si lo hacen anticipadamente nos endosarán el agujero. Según los cálculos de ENRESA, en el escenario de cierre a los 40 años (vinculante con el plan actualmente en vigor) la tasa debiera incrementarse en un 74% en lugar del 19 propuesto. Pero es que, además, lo más probable es que los costes futuros sean mucho mayores a los previstos. Por eso en Alemania incrementaron su estimación en un 35,5% en concepto de “recargo de riesgo”. La suma de ambos efectos nos lleva a multiplicar la tasa actual por un factor de 3,06 dejándola en 20,45 €/MWh, un valor mucho más apropiado para cumplir la ley y, al menos a fecha de hoy, tratar de no trasladar estos costes a nuestras generaciones venideras.

Puedes unirte a mi propuesta compartiendo en redes sociales la etiqueta #TriplicarLaTasaNuclear y haciéndola llegar al Gobierno.

Somos muchos los que, a raíz de los últimos resultados electorales, confiábamos en que la mayor fragmentación del Congreso de los Diputados condujera a una legislatura donde el pacto fuera la tónica dominante. Se abría un nuevo escenario muy distinto al de las abultadas mayorías vistas con anterioridad que, en la práctica, ninguneaban permanentemente al Parlamento aplicando el rodillo del que gozaban los Gobiernos respaldados por mayorías absolutas.

Nos faltaba conocer el artículo 134.6 de la Constitución. Ese que permite al Gobierno vetar cualquier iniciativa legislativa del Parlamento cuando esta tiene impacto en los Presupuestos Generales del Estado.

Como es fácil imaginar, casi cualquier norma afecta de forma directa o indirecta a la recaudación de impuestos, por lo que el Gobierno puede hacer uso masivo de tan peculiar facultad en una suerte de secuestro permanente al Parlamento. Así ha ocurrido en más de dos decenas de proposiciones de ley en los escasos meses que llevamos de legislatura.

Cuando el Gobierno veta una propuesta, eso sí, la Cámara del Congreso puede levantar el veto y proseguir con la tramitación de la ley. Al Gobierno, en ese caso, le queda el recurso al Tribunal Constitucional, pero la ley sigue adelante. Sorprendentemente, hasta la fecha sólo una iniciativa legislativa de entre las muchas vetadas ha conseguido que la Mesa del Congreso desoiga al Gobierno y proceda con la tramitación de la ley.

El caso del denominado “impuesto al sol” es paradigmático. La práctica totalidad de la oposición, claramente mayoritaria en la Cámara Baja, ha sido capaz de ponerse de acuerdo en una redacción legal muy concreta que permitiría a quien quiera comprarse un panel solar para abaratar su factura de la luz, hacerlo sin las innumerables trabas administrativas y económicas que existen en nuestro país, el más restrictivo del mundo en lo que autoabastecimiento energético se refiere.

Cuando en enero de este año se presentó en rueda de prensa la iniciativa, todos los partidos representados en el Congreso, salvo el Partido Popular y Foro Asturias, la respaldaron.

Hace unos días el Gobierno hizo uso de su ya famosa facultad constitucional y la vetó. El informe de escasísimo rigor que utilizó para ello argumentaba, sencillamente, que quien se pusiera un panel estaría no sólo reduciendo su factura, sino también las de sus vecinos, por lo que la recaudación del impuesto especial de electricidad e IVA se verían mermadas. Lee usted bien, el problema del autoabastecimiento es que abarata la factura. Sin más.

Incluso en el escenario ficticio dibujado por el Gobierno, que sobreestima claramente el número de estos intrépidos consumidores sin aportar dato alguno que lo justifique, el impacto sobre el Presupuesto no llega ni a decimales, pero eso no importa. Tampoco lo hace que el informe olvide que la compra e instalación de paneles lleva aparejada una mayor recaudación de IVA, impuesto de sociedades, cotizaciones sociales… No hace falta que el informe para vetar una norma sea completo. Ni siquiera es recurrible ante la justicia. En nuestro ordenamiento jurídico no hay exigencia alguna de rigor para vetar una norma apoyada por la mayoría de los representantes de los ciudadanos.

Así las cosas muchos esperábamos asistir a una segunda vez en la que la Mesa del Congreso levantara el veto del Gobierno a la proposición de ley sobre autoabastecimiento eléctrico. Al fin y al cabo, el apoyo había sido prácticamente unánime en la oposición. La sorpresa surgió cuando Ciudadanos decidió respetar la facultad constitucional del Gobierno y se negó a levantar el veto como sí hicieron los representantes del PSOE y Unidos Podemos. Ciudadanos no discute la propuesta, pero sí la estrategia: prefiere negociar con el Gobierno una reforma de la ley, dado que el asunto se encuentra en el pacto que permitió la investidura de Mariano Rajoy con el apoyo del partido naranja.

El problema es que en el referido pacto se contempla el apoyo al autoabastecimiento “eficiente” y ya hemos escuchado a los representantes del Gobierno decir que para ellos la eficiencia equivale en la práctica a restringir la actividad a unos nichos muy concretos. Olvídense de convertir en generalizada la posibilidad de comprar paneles solares para abaratar el recibo de la luz. Para eso hay que irse a Francia o a Alemania. Será porque allí hay más luces, porque desde luego no hace más sol.

Lamento la decisión de Ciudadanos. He vivido otras ocasiones donde un pacto con un ministro luego queda en papel mojado, por lo que permítame que no confíe en absoluto en una negociación que, lejos de estar cerrada, ahora se pretende iniciar.

El Parlamento, a mi juicio, está para legislar y el Gobierno debe acostumbrarse a que su capacidad de acción tiene límites, precisamente los que le marca el poder legislativo. La negociación, en su caso, debe producirse durante la tramitación las leyes, no hurtando a los representantes de los ciudadanos la posibilidad de tan siquiera debatirlas.  De lo contrario podríamos llegar a la conclusión de que el Congreso de los Diputados sólo sirve para nombrar Gobierno puesto que este tiene siempre la facultad de secuestrarlo, tanto si goza de mayoría absoluta como si sólo cuenta con apoyos minoritarios. Y eso, sencillamente, es inadmisible.

Los días próximos al 6 y 8 de diciembre son conocidos en España como los del “puente de la Constitución”. Muchos los asociamos con tiempo de ocio previo a la Navidad. Desde el punto de vista meteorológico, sin embargo, se relacionan ya por derecho propio con otro fenómeno bien distinto: la contaminación del aire.

Corría al año 1952 cuando una densa nube de humo causada principalmente por la quema de carbón y agravada por las condiciones meteorológicas oscureció por completo la ciudad de Londres desde el 5 hasta el 9 de diciembre, causando 12.000 muertos y poniendo en jaque al todopoderoso primer ministro Winston Churchill.

Poco hemos aprendido desde entonces. Son cada vez más frecuentes las grandes ciudades que se ven obligadas a tomar drásticas medidas contra la contaminación del aire exterior que, según la Organización Mundial de la Salud, causa 3,7 millones de muertes prematuras al año, 26.000 de ellas en España, decenas de veces más que las debidas a los accidentes de tráfico.

Durante el puente de la Constitución de 2016 París se ha visto obligada a instaurar, por primera vez en la historia durante dos días consecutivos, la circulación alterna de vehículos consistente en que sólo pueden circular cada día la mitad de los coches, aquéllos cuya paridad del número de matrícula coincide con la del día en la que se aplican las restricciones.

No es de extrañar que las medidas para atajar este enorme problema a escala internacional se centren en el sector energético, causante de más de dos terceras partes de las emisiones contaminantes. Lo que resulta descorazonador es que dispongamos de la tecnología para acabar de una vez por todas con este aire envenenado que nos mata y la estemos despreciando.

El cambio en el diseño de las ciudades que favorezca la vida en el interior de las mismas sin innecesarios dispendios energéticos es, sin duda, la solución a largo plazo. Mientras tanto disponemos de vehículos eléctricos que son mucho más eficientes que sus homólogos de combustión, que hoy en día podrían alimentarse en su mayor parte a partir de electricidad producida mediante fuentes renovables, cuya autonomía está creciendo a pasos agigantados y que, si consideramos no sólo el coste de adquisición –sino también el de combustible y el de mantenimiento– ya resultan más baratos para la inmensa mayoría de los usuarios.

¿Qué falta entonces para que se generalice su uso? Pues sencillamente que nuestros políticos eliminen las trabas a su desarrollo y favorezcan la implantación de una red de recarga.

Quien dispone de un garaje particular ya puede disfrutar de un coche eléctrico cargándolo, como si de un móvil se tratara, mientras duerme. No obstante, una adecuada distribución de puntos de recarga rápidos sería deseable para calmar la ansiedad que podría producir un hipotético olvido o una jornada más ajetreada de lo previsto. Si éstos se colocaran estratégicamente en las principales carreteras sería posible, además, recorrer grandes distancias con el coche eléctrico.

Una red de puntos de recarga así diseñada no es hoy en día rentable por sí misma, por lo que requiere de apoyo público para su implantación. Las administraciones, por su parte, también deben favorecer que quien no dispone de garaje propio pueda fácilmente instalar o utilizar puntos de carga lentos en la vía pública cerca de su domicilio.

Quizás porque me muevo desde hace más de un año en coche eléctrico soy consciente de lo poco que se necesita para reducir drásticamente nuestra contaminación. Quizás por eso me he llevado una enorme decepción cuando he leído el acuerdo del Consejo de Ministros del 9 de diciembre –casualmente, o no, de nuevo el puente de la Constitución– por el que se ha aprobado un paquete de medidas para favorecer las energías alternativas en el transporte. En él se incluye un plan que prevé alcanzar 250.000 vehículos propulsados por Gases Licuados del Petróleo (GLP) en 2020 mientras que deja la penetración de vehículos eléctricos en un total de 150.000 unidades.

Sabiendo que cada año se matriculan en España más de un millón de vehículos, ambas cifras resultan irrisorias. Mucho más si se comparan entre sí, dado que es mayor la apuesta por una tecnología, el GLP, que el propio Gobierno reconoce que no llega a evitar ni el 15% de las emisiones contaminantes de los combustibles convencionales. El vehículo eléctrico, por el contrario, tiene cero emisiones directas, a prueba de todo tipo de fraudes en el control de las mismas y reduce al menos un 60% las emisiones indirectas, cifra que aumenta según se incrementa la participación de las renovables en la generación eléctrica.

En el fondo las previsiones anteriores no deben extrañarnos. El plan del Gobierno en lo que al vehículo eléctrico se refiere se cimenta en el fortalecimiento de una actividad, la del denominado gestor de carga, única en el mundo e ideada para obligar a todo aquel que se disponga a instalar un enchufe para cargar coches en una suerte de empresa eléctrica. La figura del gestor de carga viene siendo denunciada por centros comerciales y establecimientos hoteleros como una insalvable barrera para la instalación de puntos en sus locales y sólo es defendida por las compañías energéticas tradicionales.

Esperemos que el Gobierno no pretenda emular a Churchill y sólo esté dispuesto a tomar medidas verdaderamente eficaces, entre ellas la eliminación de la innecesaria figura del gestor de carga, cuando la situación sea ya insostenible por la evidencia de su gravedad. Por si acaso, algunos no dejaremos de recordarle la enorme irresponsabilidad que supone seguir favoreciendo que el aire que respiramos nos esté matando.

En plena campaña electoral acabamos de conocer un auto del Tribunal Supremo por el que se ordena al Ministro de Economía, en su papel de sustituto del renunciado —papeles de Panamá— Ministro de Industria, Energía y Turismo, a que eleve al Consejo de Ministros, antes del 30 de junio, una propuesta de metodología de cálculo del valor de los componentes de los precios de la tarifa eléctrica.

Se trata del precio aplicable a esos más de 12 millones de suministros que siguen acogidos al denominado “Precio Voluntario del Pequeño Consumidor” (PVPC), esto es, a la opción por defecto facilitada por el Gobierno, ésa reservada a aquéllos que siguen resistiéndose a aceptar las supuestamente fabulosas ofertas con las que son bombardeados día tras día por hordas de comerciales a la puerta de casa. Resistencia, por otra parte, elogiable en la medida en que asociaciones de consumidores llevan años denunciando algunas de esas prácticas comerciales por considerarlas abusivas. No deben de andar muy desencaminadas las asociaciones cuando la propia Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha informado de que, curiosamente, los consumidores que “salen” de la tarifa oficial lo hacen pagando de media más de lo que venían haciendo. Curioso mercado en el que masivamente se quiere pagar más por lo mismo.

La necesidad de establecer la referida metodología no es otra que la de calcular de forma objetiva el denominado “margen de comercialización”, esto es, el conjunto de costes que afronta la compañía eléctrica por atender al cliente, facturarle y cobrarle. Se excluyen del cálculo los costes de adquisición de energía y de su transporte hasta el domicilio.

Cuando en abril de 2014 el Gobierno ideó la nueva “tarifa por horas” —ya sabe, lo de poner la lavadora a las 6 de la mañana porque es más barato que hacerlo a las 6 de la tarde, aunque depende del día— decidió que la tarifa oficial sería un mero traslado de los costes de adquisición y transporte de energía a los que se sumaría un margen de comercialización que estableció provisionalmente en 4 € por kW contratado y año antes de impuestos. Dado que la potencia contratada más habitual es de 4,6 kW, la cifra equivale a un margen de 23 € por familia y año, impuesto de electricidad e IVA ya incluidos.

Pues bien, las eléctricas consideraron el margen insuficiente, lo recurrieron en los tribunales y lo ganaron. Para ser exactos, la sentencia del Supremo que les dio la razón se dictó el 3 de noviembre del año pasado. ¡Vaya!, ahora se comprende por qué cuando semanas después, cuatro días antes de las pasadas elecciones generales, el Gobierno anunció una inmediata bajada de la tarifa eléctrica, algunos la discutimos porque, entre otras “trampas”, no incorporaba lo que el Supremo había sentenciado: que había que recalcular el margen de comercialización. Y había que hacerlo nada menos que desde abril de 2014. Nueva refacturación a la vista que se acumulará al famoso por incomprensible recibo eléctrico.

La cuestión por tanto es cuánto nos va a subir la luz esta vez. Los números, una vez más, los proporciona la CNMC. Su sala de supervisión regulatoria aprobó el 19 de mayo una propuesta de metodología que dejaba en manos del Gobierno una subida de entre el 1,2 y el 6,8% del recibo. Antes de entrar en la justificación de tan amplia horquilla, permítaseme detenerme en la política de comunicación del supervisor. Según la web de la CNMC, su propuesta se publicó el 3 de junio mientras que la nota de prensa explicativa es de 17 de junio. Es verdaderamente sorprendente que las sanciones al sector de los pañales de adultos, de las agencias de viaje o de los extintores, por ejemplo, gocen de nota de prensa explicativa en cuanto se publican. Parecen ser de mayor interés que la factura de la luz de más de 10 millones de hogares.

Entrando en la horquilla, la razón de su amplitud es que, además de los costes, cabría la posibilidad de que el Gobierno reconociera un margen a las comercializadoras eléctricas (que la CNMC estima no debiera en ningún caso superar el 3,5% de sus ventas) y, además, un coste de captación y retención de clientes. Coste éste en el no incurren las comercializadoras que venden energía a la tarifa oficial pero que se sugiere incorporar (para luego reintegrar “al sistema”) con el fin de no distorsionar el mercado, dado que las empresas que ofertan electricidad en competencia sí que lo afrontan.

En definitiva, que en el mejor de los casos la luz subirá muy por encima del 0,7% de bajada anunciada por el Gobierno en la anterior campaña electoral. Es más, como el cálculo habrá que retrotraerlo a abril de 2014, se nos incorporarán en concepto de atrasos entre 20 y 120 € por familia, según los márgenes que finalmente el Gobierno decida incorporar. El procedimiento, aventuro, tiene muchas posibilidades de ser polémico, principalmente porque muchos de los consumidores que estaban acogidos a la tarifa oficial por entonces ya no lo están.

Dejando de lado justificaciones de costes que pueden parecer más o menos razonables, conviene elevar la perspectiva para preguntarse el sentido que tiene que se vayan a reconocer ahora mayores costes a unas eléctricas que declaran un margen bruto conjunto de más de 7.000 millones de euros anuales en España.

Hay quien dirá que se trata de actividades distintas y que es necesario garantizar la competencia en todos los segmentos del negocio eléctrico. Quizás, entonces, ahí estaría el problema: en que en algunas actividades la competencia sería tan escasa que los márgenes permitirían dedicarse a otras que resultaran deficitarias. Quizás, pues, el próximo Gobierno debiera centrarse en reestructurar definitivamente el sector para evitar márgenes desproporcionados en todas sus actividades. Quizás entonces la factura eléctrica resultara comprensible para la mayoría de los ciudadanos.

A todo esto, el Sr. De Guindos previsiblemente no cumplirá la orden del Supremo. En la medida en que la semana pasada se negó a firmar una orden que establecía el reparto entre las eléctricas de los ingresos que les abonamos por la gestión de las redes, por haber sido Consejero de Endesa antes de su actual cargo, cabe presuponer que, por evidente analogía, nuevamente recaerá sobre la Vicepresidenta la decisión de reconocer más o menos margen comercial a las eléctricas.

Hay quien piensa que el compromiso alcanzado en diciembre en París por cerca de 200 países de prácticamente descarbonizar (no emitir a la atmósfera gases de efectos invernadero o capturar tantos como se emitan) la economía en 2050 es utópica. Los menos argumentan que las tecnologías renovables aún no están técnicamente desarrolladas para sustituir a la generación de energía a partir de la quema de combustibles fósiles, principal causante del problema. Los más, que el problema es económico.

En esto estábamos cuando ha llegado la consultora Monitor Deloitte, nada sospechosa de defender irracionalmente las renovables, y nos ha agraciado con un informe exhaustivo sobre las posibilidades que tiene España de cumplir con el objetivo europeo de reducir entre un 80 y 95% sus emisiones contaminantes con demoledoras conclusiones.

La más importante de ellas: no sólo es posible alcanzar la meta con las tecnologías que son maduras hoy en día, sino que, además, únicamente contando con ellas el precio de la luz en España se rebajaría nada menos que un 42% lo que supondría una notable mejora económica para un país que se gasta la friolera de 34.000 millones de euros anuales en importar productos petrolíferos.

Hablamos no sólo de que la generación eléctrica sea 100% renovable (actualmente llega a un 40%, aproximadamente), sino de reducir drásticamente las emisiones en el resto de sectores energéticos (transporte, industria, edificios…). Esto último se logra, en primer lugar, aumentando la eficiencia energética, esto es, consumiendo menos para hacer lo mismo; en segundo, electrificando la demanda, es decir, cambiando vehículos de combustión por eléctricos, incrementando el transporte de mercancías por ferrocarril… También a través del uso de renovables no eléctricas (por ejemplo, biomasa o geotermia para calefacción o refrigeración) y, en último caso, sustituyendo petróleo y carbón por gas natural en aquellos usos de mayor dificultad de penetración renovable (por ejemplo, en aviación).

El estudio da como indiscutibles escenarios que algunos venimos defendiendo desde hace tiempo; pero que resultan sorprendentes para la mayoría de la población, tales como que “con una gestión adecuada, toda la nueva capacidad de generación que se construya en España desde ahora debería ser renovable salvo en determinados escenarios de crecimiento de la demanda o cuando no haya sido posible implementar a tiempo otras fuentes de energía (por ejemplo, interconexiones, bombeos).”

Igualmente calcula que, con las subvenciones actualmente en vigor, un vehículo eléctrico cuesta ya lo mismo que uno de gasoil. Eso sí, consume tres veces menos energía y no tiene problemas de fraudes en el control de emisiones contaminantes. De hecho, estima que la mitad de las ventas de vehículos ligeros en 15 años corresponderá a eléctricos, llegando a la totalidad en 2050.

Es aquí donde los resultados del informe me hacen pensar que ha sido financiado (y me temo que influenciado) por las eléctricas. Veamos, para la implantación masiva del vehículo eléctrico es necesaria una reducción del coste de las baterías. Algo que, por suerte, se está produciendo a pasos agigantados y que, todo apunta, se culminará en menos de 6 años. Pero si lo hace, no será sólo en beneficio de la movilidad. La misma tecnología servirá para paliar el gran “defecto” que se achaca ahora a las renovables. Solar y eólica ya no son caras (a la vista está), sino “no gestionables”, esto es, no siempre hace sol o viento cuando queremos encender la luz. Con baterías este problema desaparece.

Lo curioso del estudio es que dedica gran parte del mismo a dibujar un hito intermedio, en 2030, hasta llegar al cual defiende que hay que evitar el “cierre anticipado” de las centrales de generación eléctrica actuales, lo que incluye, entre otros, el alargamiento de la vida útil de las nucleares hasta 60 años (actualmente está previsto en 40).

La contradicción es clara: ¿por qué para los coches eléctricos —esto es, más negocio para las eléctricas— las baterías estarán disponibles en 15 años y no lo estarán para otorgar firmeza a la producción solar y eólica?

Los autores salvan la situación argumentando que hay una gran incertidumbre sobre tecnologías y costes futuros del almacenamiento y que, aunque el respaldo de las renovables “probablemente” se cubrirá con éste, “se supone que aquella tecnología que se instale tendrá un coste competitivo frente a las soluciones actuales (estimado, a efectos del estudio, en el coste actual de una tecnología convencional de gas natural).” En otras palabras, utilizan el gas de respaldo como peor opción; pero segura.

En fin, que estamos claramente ante un escenario de cambio radical de modelo energético que, además de menos contaminante, será más barato. Nos queda sólo ponernos de acuerdo en la transición. Y ésta no va a durar más de 15 años.

Para invertir en un parque eólico en España se exige nada menos que un 10% de rentabilidad, más que en Portugal o en Italia

La semana pasada conocíamos un estudio, financiado por la Comisión Europea, en el que por primera vez se comparaban en el ámbito de la Unión las rentabilidades exigidas por el capital para invertir en energías renovables.

Cabría esperar que, debido a las diferentes percepciones del riesgo-país —la ya famosa prima de riesgo— un inversor exigiera más rentabilidad para poner su dinero en un parque solar en Grecia que en Alemania, a pesar de la innegable ventaja de aquélla en cuanto a insolación.

Lo que seguramente resulte más sorprendente es que, en un territorio donde se aplica una directiva común de fomento de las energías renovables, el rango de rentabilidades entre países sea enorme, yendo desde el 3,5% en Alemania al 12% en Grecia.

Más sorprendente aún resulta que España, un día líder mundial, le pise los talones a Grecia. Para invertir en un parque eólico aquí se exige nada menos que un 10% de rentabilidad, más que en Portugal o en Italia, por poner dos ejemplos próximos. Un proyecto tiene que ser el triple de rentable en España que en Alemania.

La explicación es sencilla: los continuos recortes que han sufrido las instalaciones construidas en España, iniciados en la última fase de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero y llevados a la furia en la de Mariano Rajoy han llevado a nuestro país a una situación de extrema desconfianza.

Hay quien argumenta que el país no estaba para alegrías y que las más de 50.000 familias y centenares de inversores internacionales cuyo único “pecado” fue confiar un día en el Boletín Oficial del Estado no son diferentes al resto de colectivos que han visto sustancialmente mermados sus ingresos en los últimos años. Por mucho que decidieran poner sus ahorros en un proyecto de amplio respaldo social y evidentes ventajas medioambientales, clave para que el país cumpliera con sus compromisos internacionales en la materia.

El problema es que traspasar la línea roja de la seguridad jurídica no solo tiene influencia en las inversiones afectadas por la transgresión, sino que sus efectos se despliegan a largo plazo y son de muy difícil reversión.

En la mayor parte de los proyectos renovables no hay coste de combustible. El sol y el viento son gratis. El coste de mantenimiento, por su parte, es muy reducido y esencialmente fijo. Por ello, el coste de cada kilovatio-hora producido por la instalación básicamente depende de la inversión inicial. Es decir, a diferencia de lo que pasa con las centrales eléctricas basadas en combustibles fósiles, cuando uno invierte en una instalación renovable es capaz de fijar casi con decimales el precio al que necesita vender la electricidad para recuperar la inversión a lo largo de su vida útil. No dependerá de que un país decida inundar el mercado de petróleo, ni siquiera de una guerra. Estas tecnologías pueden proporcionarnos energía a precio fijo, y cada vez más bajo, dado que esa inversión inicial se ha reducido espectacularmente en los últimos años.

Por eso los cambios de reglas de juego a mitad de partido resultan letales. No digamos cuando el Gobierno, como ha hecho este, se mete a empresario y, estimando lo que debió invertirse en cada momento, fija los ingresos para obtener una rentabilidad que considera razonable y que ahora sabemos está por debajo de la que exigen los inversores.

El año pasado un prestigioso Instituto alemán advertía de que, a pesar de contar con un 50% más de horas de sol, el precio que pagarían en 10 años los consumidores por la energía solar en España sería esencialmente el mismo que en Alemania.

Los datos ahora publicados confirman que el instituto alemán infravaloraba la inseguridad jurídica en España: la realidad es que un español va a pagar mucho más cara la energía solar que un alemán a pesar de contar con muchas más horas de sol que este.

No sé si alguien en el Gobierno, cuando tomó la decisión de recortar sustancialmente los ingresos prometidos a las energías renovables, calculó que el impacto sobre el coste de la energía a futuro sería mucho mayor que los ahorros obtenidos en el corto plazo. De lo que estoy seguro es que algunas empresas, propietarias de grandes centrales eléctricas convencionales, se frotan las manos con esa decisión, pues les permite prorrogar durante unos años más los rendimientos de sus activos obsoletos, tantos más cuantas más caras vuelva el Gobierno a las tecnologías que, sin lugar a dudas, acabarán por desplazarlos.

Es fácil entender ahora que me sonroje cuando escucho al Gobierno en funciones enarbolar la bandera de la confianza de los mercados a la vez que trata de infundir el miedo a cualquier alternativa que no pase por su continuidad. De algunas de las nefastas decisiones de esta última legislatura vamos a estar hipotecados durante años.

El 14 de enero de 2016 ya forma parte de la historia del sector energético en España. Tras cuatro años de barbecho impuesto por una moratoria instaurada por el Partido Popular nada más llegar al Gobierno, el país retomaba la inversión en energías renovables de la que un día fue líder mundial.

Y lo hacía mediante un mecanismo novedoso: por primera vez en España se adjudicaba una cierta capacidad de generación mediante una subasta. Quien menor precio ofertara por instalar parques eólicos o centrales de biomasa (materia orgánica) para producir electricidad, ganaría.

El resultado ha sido espectacular: toda la capacidad eólica ha sido adjudicada a precio cero, esto es, no cobrará prima, complemento ni subvención alguno. Los nuevos parques se limitarán a cobrar el precio del mercado mayorista de electricidad, el mismo que reciben las centrales de gas, carbón o nucleares. Eso sí, lo harán con un enorme balance de impactos sociales y medioambientales a su favor. Ni CO2, ni óxidos de nitrógeno, ni riesgo de accidente nuclear, ni basura radiactiva durante decenas de miles de años…

Es más, resulta que ninguna de las centrales convencionales cobra solo el precio del mercado: las sucesivas normas aprobadas durante los últimos 20 años las han agraciado con sutiles conceptos, ininteligibles para el común de los consumidores, tales como pagos por capacidad, restricciones técnicas, regulación secundaria, gestión de desvíos… que contribuyen a incrementar sustancialmente sus ingresos por encima del precio del mercado mayorista. No será así para la nueva eólica, que cobrará exclusivamente el precio mayorista. Sin aditivos.

La biomasa sí contará con un aditivo, la retribución por operación, que la llevará a cobrar aproximadamente el doble que las nucleares; pero, atención, algo menos que las centrales de gas.

No pretendo profundizar aquí en las razones que han podido llevar a los promotores a presentarse a una subasta para obtener algo que podían haber conseguido sin la necesidad de ésta. Al fin y al cabo, jamás hubo moratoria para la instalación de parques eólicos que estuvieran dispuestos a cobrar el precio de mercado. Solo diré que tiene que ver con las expectativas de conseguir prioridad en la evacuación de energía en puntos de la red ya saturados y en la percepción —a mi juicio, errónea— de que obtendrían una cierta estabilidad de ingresos. Creo que, con independencia de las razones, lo sustancial es que ha quedado demostrado que la energía eólica ha conseguido ser competitiva con las tecnologías convencionales a pesar de los enormes impactos de éstas. La regulación debería centrarse en eliminar todos los obstáculos a su desarrollo, sean éstos referidos a redes o a configuración de mercados.

Llegados a este punto es inevitable preguntarse: ¿a qué esperamos para exigir a nuestros políticos un plan acelerado de transición energética? Si la nueva eólica ya es más barata que la vieja nuclear incluso olvidando las enormes subvenciones que ésta requirió para su construcción, ¿a qué esperamos para dejar de hipotecar a los bisnietos de nuestros bisnietos con la basura nuclear que hoy generamos?

Yo, de paso, también me pregunto, ¿por qué se ha excluido a la energía solar de la subasta si en países donde ha competido con la eólica, como en Chile, ha ofertado precios aún menores que ésta? No me digan que “cualquiera puede montar un panel solar en su casa”, que no me vale.

Desde el punto de vista técnico es indiscutible que el cierre inmediato de la totalidad del parque nuclear español no supondría riesgo alguno para la garantía de suministro eléctrico

Parece que, por fin, la energía se ha colado en la precampaña electoral. Quizás sea porque nuestros políticos han constatado la creciente preocupación social por un desbocado recibo eléctrico que empeora notablemente nuestra calidad de vida y deteriora sensiblemente la competitividad de nuestras empresas. Quizás porque se han dado cuenta de que gran parte del actual crecimiento económico del país se debe a un espejismo: la oportunísima bajada del precio del petróleo que en cualquier momento puede revertirse con efectos devastadores. O quizás porque, además de lo anterior, por primera vez son conscientes de que existe una oportunidad única para cambiar el modelo productivo del país recuperando el liderazgo mundial en energías renovables y avanzando en políticas de eficiencia energética que son el mayor nicho de empleo de calidad con el que pueden contar.

Sea como fuere lo cierto es que una parte del debate se centra en si España puede o no prescindir actualmente de la energía nuclear.

Desde el punto de vista técnico es indiscutible que el cierre inmediato de la totalidad del parque nuclear español  no supondría riesgo alguno para la garantía de suministro eléctrico. En efecto, según datos de Red Eléctrica de España, responsable de calcular los niveles de garantía de suministro, tenemos una sobrecapacidad del 40% en el momento de máxima demanda, lo que equivale a más de 12.000 MW de excedente respecto del nivel recomendable. Sabiendo que el parque nuclear español, excluyendo Garoña, cuenta con 7.400 MW de potencia, es claro que tras el cierre nuclear nuestra sobrecapacidad aún superaría el 20%.

La cuestión, por tanto, se restringe al precio. Hay quien argumenta que el cierre nuclear llevaría a insoportables subidas en el recibo. Los siete grupos nucleares actualmente en funcionamiento producen anualmente unos 57 TWh, que suponen un 22% de la energía eléctrica del país. Recientemente hemos conocido que esta energía se ha retribuido durante los tres últimos años a través del mercado eléctrico a un precio medio de 44 €/MWh. A estos ingresos por mercado hay que añadir otros que, por desgracia, no se detallan, justificados mediante terminología incomprensible para la inmensa mayoría de ciudadanos cual es “banda de regulación secundaria” y “pagos por capacidad”.

No conocemos el precio que los inversores exigirían en este momento a la energía solar en España. El notorio interés de este Gobierno en que no se implante esta tecnología en el país ha impedido que se acometan proyectos de envergadura desde hace más de tres años. No obstante, los últimos datos de los que disponemos de la energía solar a gran escala en países como Estados Unidos o Chile la sitúan a precios del entorno de 60 €/MWh. El cálculo es sencillo: 16 €/MWh de sobrecoste multiplicados por 57 TWh/año nos llevan a un sobrecoste de unos 900 M€ anuales que, sobre los más de 30.000 M€ que supone el recibo eléctrico anual del conjunto de consumidores, supone menos del 3% de éste.

Repite conmigo: sustituir hoy la totalidad de la energía nuclear por solar supondría un incremento máximo del recibo eléctrico del 3%.

Naturalmente el cálculo anterior se basa en la premisa de que se pagara a las nuevas centrales un precio razonable en relación a sus costes y de que el resto del parque generador siguiera ingresando lo mismo que ahora. Esto, que a primera vista puede parecer obvio, no lo es en absoluto en nuestro alocado mercado eléctrico, que consiente obscenas ganancias a algunas tecnologías a la vez que provoca fuertes pérdidas a otras. Es necesario, por tanto, diseñar bien la regulación que promoviera la sustitución si se quiere que ésta tenga los efectos deseados. Entre otros aspectos habría que garantizar que los importantes beneficios que en este momento aportan a las eléctricas sus centrales nucleares no se trasladaran a otras actividades. Es más, haciéndolo bien, el impacto económico podría incluso ser mucho menor debido a que la energía solar, a diferencia de la nuclear, funciona más en las horas en las que el precio de mercado es más caro.

En realidad, el 3% es conservador por dos razones. La más evidente, que los titulares de las centrales nucleares no soportan gran parte de sus costes, particularmente los derivados del riesgo de accidentes y de la gestión a largo plazo de sus residuos radioactivos. Solo con exigir que cubrieran el “agujero” de más de 1.000 M€ acreditado por el Tribunal de Cuentas en la entidad pública encargada de la gestión de residuos y ampliaran desde el vigente año 2085 hasta el año 12.000 —y soy generoso, porque los residuos seguirán siendo peligrosos después de 10.000 años— el periodo de cálculo de la responsabilidad, sus costes se verían incrementados muy por encima del precio actual de la energía solar, que no tiene ninguna de estas “externalidades”.

Pero es que, además, la sustitución no sería inmediata y la energía solar sigue reduciendo día tras día sus costes. Solo en el último año, por ejemplo, han bajado casi un 20% en EEUU según datos del banco de inversión Lazard.

Un último argumento para quienes siguen pensando que el riesgo nuclear persistiría con el cierre de nuestras centrales debido a la proximidad de las francesas: la central más cercana a nuestra frontera (Golfech) se encuentra a 140 km de ésta. Siendo cierto que un accidente nuclear de relevancia podría afectarnos, también lo es que los daños a esta distancia son potencialmente mucho menores. De hecho, la zona más afectada (denominada “de exclusión”) en los accidentes de Chernobil y Fukushima se fijó a 30 km de la central. Justo la existente entre Vandellós y Tarragona o entre Garoña y Vitoria Gasteiz.

Pongámonos, pues, en marcha, para sustituir ordenadamente la energía nuclear por renovables. Además de ser técnicamente viable y socialmente exigible resulta que es económicamente rentable.

Jorge Morales de Labra

El BOE publica nada menos que 44 páginas para conformar un texto ininteligible para el común de los mortales y, por supuesto, para los periodistas. Lo hace en sábado, previo a lunes festivo en todo el país. Primera muestra de que la intención es que no se te ocurra autoabastecerte con energía del sol

Se ha consumado. Desde el 11 de octubre de 2015 España puede “presumir” de tener la regulación del autoabastecimiento energético más restrictiva del mundo.

Tras más de tres años de borradores y amenazas de “impuestos al sol” que ya habían conseguido por sí solos paralizar una pujante actividad en el resto del planeta, el Gobierno de Mariano Rajoy, a 70 días de las elecciones generales, ha aprobado una norma que había rechazado públicamente la totalidad de la oposición política, organizaciones de consumidores, ecologistas, sindicatos y organizaciones empresariales. Considerando la delicada posición del Partido Popular ante la cita de diciembre no puedo entender esta decisión, salvo que hubiera un compromiso de aprobarlo con las principales interesadas en ello: las compañías eléctricas, las únicas que han defendido las tesis del Gobierno.

Profundicemos: el Boletín Oficial del Estado publica nada menos que 44 páginas para conformar un texto ininteligible para el común de los mortales y, por supuesto, para los periodistas. Lo hace en sábado, previo a lunes festivo en todo el país. Primera muestra de que la intención es —al contrario de que lo afirmó el ministro del ramo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros— que no se te ocurra autoabastecerte con energía del sol. Como me dijo una vez un alto cargo del Gobierno: “el problema de la energía solar es que hay quien creyó que cualquiera puede producir electricidad”. Con estas estamos.

La maraña normativa apuntala la defensa contra el peligroso consumidor doméstico, ese que piensa en producir electricidad para su propio uso a partir de fuentes renovables sin necesidad de subvención alguna en tres pilares que, sin que uno prevalezca más que los otros, conforman una trampa cuasi perfecta para la mayoría de los ingenuos.

Empiezo por el pilar de las trabas administrativas. Y lo hago porque, a pesar de su indudable importancia, frecuentemente queda eclipsado por otras invenciones de indudable mayor impacto mediático.

En efecto, al contrario de lo que ocurre en otros países, en los que uno va a un centro comercial, se compra un kit solar, se lo instala (viene con un enchufe, igual al de cualquier otro electrodoméstico) y, a lo sumo, rellena un formulario tipo incluido en la caja mediante el que informa a la compañía eléctrica de la existencia del ingenio, en España el calvario de trámites administrativos para instalarse un panel que apenas produce la energía consumida por el frigorífico es desesperante: memoria técnica de diseño, solicitud de permiso de conexión a la eléctrica, pago del estudio de conexión, línea y automático específicos, contador adicional (con su cuadro accesible a la empresa eléctrica), boletín del instalador, pago de derechos de acometida, solicitud de conexión, pago de derechos de enganche, solicitud de inscripción en el registro de autoconsumidores… Y ni se te ocurre saltarte un paso, pues la sanción prevista puede alcanzar los ¡60 millones de euros!

Al Ministro se le olvidó citar la retahíla cuando “nos vendió” que los consumidores domésticos de menos de 10 kW de potencia contratada que acrediten que nunca van a inyectar excedentes de energía en la red están exentos del pago —que no de su solicitud— del permiso de conexión. ¡Qué generosidad para alguien que garantiza que nunca va a intercambiar energía con la red!

Una pregunta incómoda: ¿por qué si me compro un aparato de aire acondicionado, de cinco veces más potencia que mi kit solar —y, por tanto, susceptible de causar mucho mayor impacto en la red— no tengo ni tan siquiera que informar a la compañía eléctrica?

Segundo pilar: el “impuesto al sol”. Muchos hemos escrito profusamente sobre él, por lo que no voy a insistir. Solo decir que el conjunto de peajes y cargos que se imponen al consumidor por la energía que produce en su casa y que va directa a su frigorífico sin pasar por la red, no se justifican, como defiende el Gobierno, por una pretendida solidaridad con el resto de consumidores sino, en todo caso, con la cuenta de resultados de las eléctricas.

Si mi ahorro en la factura de la luz supone un incremento de la del resto de consumidores es, o porque está mal diseñada, o porque se parte del principio de que los ingresos de las eléctricas no dependen de la electricidad que consumimos. Ninguna de las dos opciones es tolerable.

He aquí que el Ministro, en su presentación comercial, nos dice que los consumidores domésticos de menos de 10 kW (la mayoría, salvo las viviendas unifamilares, precisamente las que más fácilmente podrían instalares paneles solares), estarán exentos de este “impuesto al sol”. Lo que no dice es que la exención está en una disposición transitoria y, como tal, puede revocarse en cualquier momento, lo que resulta letal para una inversión de largo plazo, que necesita al menos ocho años para recuperarse a través de los ahorros en la factura de la luz.

Le auguro poco tiempo de vida a la exención teniendo en cuenta que es el único punto que el Consejo de Estado, en su informe perceptivo, recoge como fuertemente contestado por parte de las eléctricas. Puedo anticipar, incluso, que argumentarán que hay que imponer peajes a “los ricos” que han optado por tener energía propia. Falaz argumento cuando, con unas políticas públicas adecuadas, el autoabastecimiento podría ser, precisamente, la vía natural de erradicar la pobreza energética.

Otra pregunta incómoda: ¿por qué mi “insolidario” vecino que ha reducido su consumo eléctrico tras comprarse una lavadora más eficiente (por cierto, ¡qué ironía!, subvencionada por la Comunidad Autónoma) no paga un impuesto “al centrifugado”?

Termino con el tercer pilar: el tratamiento de los excedentes. Salvo que uno se convierta en empresario (y ya se sabe lo que en este país eso supone: cuota de autónomos, declaraciones trimestrales de IVA, retenciones, IRPF…), tiene que regalar, repito, regalar, los excedentes de energía a la red.

En una tecnología como la solar, que produce más energía cuando el consumidor doméstico no está en casa y, por tanto, demanda menos energía, el tratamiento de los excedentes es crítico.

Lejos queda el balance neto de los más de 40 estados norteamericanos, ¡bárbaros!, que lo tienen implantado, en los que simplemente se descuenta le energía excedentaria de la que posteriormente se demanda de la red. Aquí la energía renovable producida sin subvención que inyectas a la red para que la consuma la panadería del bajo no vale nada. Al parecer, el Gobierno ha argumentado complejidad en la valoración. Tras estudiar las 44 páginas no sé si reír o llorar.

Última pregunta: ¿no se le ocurrirá a Hacienda girarme una paralela por donar al sistema energía y rebajar así la factura de los 28 millones de consumidores, verdad?

La ausencia de valoración de los excedentes lleva a la necesidad, en la práctica, de incorporar una batería al kit solar, que permita almacenarlos para hacer uso de los mismos con posterioridad. Aparte del coste (impacto ambiental e ineficiencia) que esto supone, el Gobierno también ha pensado que, ya que te compras una batería, podrías llegar a reducir tu potencia contratada (esto es, la parte fija de tu recibo de la luz) y, en consecuencia, ha aprobado un segundo “impuesto al sol” especialmente pensado para las baterías. Este es fijo y sin exención alguna. No se te ocurriera “tirar” de la batería en lugar de hacerlo de la red cuando más electrodomésticos conectas simultáneamente y rebajar así una parte del recibo cuyo precio este mismo Gobierno ha duplicado durante la legislatura. ¡Están en todo!

Sin desanimar a quienes, a pesar de esta delirante normativa, lejos de darse por vencidos se empeñen en construir un sistema energético más limpio, más democrático y más justo, yo me quedo con la esperanza de que, por una vez, la actual oposición cumpla su compromiso y derogue este Decretosu compromiso tras las próximas elecciones que, todo apunta, van a permitir un cambio de Gobierno o, al menos, eliminar la impunidad con la que éste actúa.

A buen seguro que habrá oído hablar del autoconsumo de energía. Puede incluso que alguna viñeta satirizando el “impuesto al sol” haya captado su atención. Un mínimo sentido crítico exige preguntarse si realmente es posible que el Gobierno esté dificultando que los consumidores pasemos a autoabastecernos de la energía del Sol y, de ser así, qué le impulsa a hacerlo.

Es indiscutible que presenciamos una revolución en uno de los sectores tradicionalmente más inmovilistas, el energético, derivada del fuerte abaratamiento de las energías renovables. En un número aceleradamente creciente de lugares —entre ellos, la práctica totalidad del territorio nacional— hoy en día es mucho más barato producir electricidad en el tejado de casa que comprarla a la compañía eléctrica.

La tecnología responsable, la solar fotovoltaica, ha sorprendido a propios y extraños abaratando sus costes en más de un 80% en menos de cinco años. Ha pasado de ser un artículo “de lujo”, que requería de fuertes apoyos para su despliegue, a un electrodoméstico que, en lugar de aumentar el importe del recibo, lo abarata. Es limpia, es modular (desde un pequeño panel para compensar el consumo del frigorífico hasta inmensas instalaciones de centenares de hectáreas de extensión que ya compiten con las grandes centrales eléctricas) y ahora, además, es barata. En muchos casos, la más barata.

Pero tiene dos inconvenientes: es variable (no siempre hace sol cuando queremos consumir electricidad) y, sobre todo, trata de implantarse en un sector con ingentes intereses preexistentes.

Respecto al problema de la variabilidad existen dos posibles soluciones: permanecer conectado a la red eléctrica para que ésta supla los déficits; o almacenar los excedentes para consumirlos después. Es en la primera alternativa en la que nos topamos con la normativa del sector eléctrico y, en consecuencia, con la capacidad de intervención del Gobierno.

El actual Gobierno, además de plagar de trámites administrativos innecesarios las instalaciones de autoconsumo, tacha de insolidarios a quienes pretenden autoabastecerse parcialmente, porque dejan de “contribuir al sistema” en la misma proporción en que lo hacían con anterioridad y, en consecuencia, trasladan “su carga” al resto de consumidores. De ahí que haya propuesto que a aquéllos se les imputen una serie de cargos por la energía autoproducida, salga o no ésta a la red eléctrica. Es lo que coloquialmente conocemos como “impuesto al sol”.

El argumento esconde dos realidades muy preocupantes: que el Gobierno necesita de la contribución de todos nosotros a las cuentas del sector eléctrico y que hay algunas formas de ahorro que están discriminadas frente a otras.

Así es, si el impuesto al sol no persigue sino mantener invariable la estructura de ingresos del sistema eléctrico cabría penalizar igualmente cualquier otra medida que conllevara un ahorro de energía. ¿Se imagina un impuesto a la leña o al doble acristalamiento por razón de solidaridad?

En el fondo, el debate subyacente es el de qué costes del sector eléctrico son fijos y cuáles dependen de la cantidad de energía suministrada. Es comprensible que las compañías eléctricas traten de convencernos de que la mayoría de sus costes pertenecen a la primera categoría. No lo es tanto, a mi juicio, que el Gobierno, e incluso la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), compartan su criterio.

Un ejemplo: la ubicación privilegiada de una serie de centrales eléctricas (principalmente de gas), les permite obtener una retribución de casi tres veces el precio normal del mercado, lo que supone más de 700 millones anuales de sobrecoste para los consumidores que, para mi asombro, tanto Gobierno como CNMC pretenden imputar también a los autoconsumidores por la energía que no sale de sus casas.

Es más, suponiendo que fuéramos capaces de determinar qué costes son fijos —lo que, como vemos, no resulta nada pacífico— cabría preguntarse cómo hay que repartirlos entre los consumidores. Y he aquí que nos encontramos con una tarifa eléctrica plagada de arbitrariedades y de subsidios cruzados.

Los consumidores pagamos un término “fijo”, asociado a la potencia que contratamos (la demanda máxima que podemos exigir a la red en un momento determinado) y un término “variable”, que depende del consumo medido por el contador. Lo lógico sería que los costes fijos se pagaran a través del término fijo. De ser así, no habría problema en que alguien ahorrara energía o se autoabasteciera: en la medida en que no fuera capaz de bajar su potencia contratada, su contribución a éstos no se vería reducida.

Nada más lejos de la realidad: no hay ninguna metodología objetiva para calcular qué parte del recibo es fija y cuál depende del consumo. De ahí las críticas —y la confusión— a la decisión del actual Gobierno de duplicar el precio del primer término en menos de un año a costa de rebajar ligeramente el del segundo. Es más, tampoco hay criterio para imputar objetivamente los costes entre los diferentes tipos de consumidores. Mucha gente desconoce que los consumidores industriales en España prácticamente no pagan primas a las energías renovables, lo que resulta aún más llamativo cuando se escucha a éstos achacar a aquéllas sus altos precios eléctricos.

Mientras la tarta se ha repartido entre los mismos, estas disfunciones no han resultado ser demasiado problemáticas. Pero ahora que millones de personas pueden intervenir en el reparto, la cosa se complica. ¿Quién nos iba a decir que un simple panel solar iba a destapar las vergüenzas del sector eléctrico?

En efecto, lo más contradictorio es que los autoconsumos que desde hace años vienen practicando tanto el sector industrial (cogeneración) como las propias centrales eléctricas (consumos propios, que solo pagan peajes desde 2012) no hayan sufrido ningún tipo de impuesto al sol. Y la cantidad de energía involucrada no es despreciable: nada menos que el equivalente al consumo de 4,5 millones de familias.

Para salir de este enjambre nos queda, pues, confiar en un cambio radical de la regulación eléctrica —permítame que no apueste por ello en el corto plazo— o acudir a la segunda solución para afrontar la variabilidad renovable: encomendarnos a las baterías. Y en esto tenemos muy buenas noticias: están también reduciendo agresivamente sus costes, lo que las convierte en la pareja ideal de las renovables.

En un ataque de paroxismo, el Gobierno propuso un cargo complementario por el uso de las baterías. En esta ocasión era tan evidente que la motivación no era técnica —la incorporación de baterías reduce el coste del sistema eléctrico— sino recaudatoria que, esta vez sí, la CNMC lo rechazó duramente haciendo notar que en esta línea incluso “cabría impedir al resto de consumidores (los no acogidos a ninguna modalidad de autoconsumo) que redujeran su potencia contratada”. La respuesta del Gobierno ha sido escalofriante: extender el cargo complementario a cualquier sistema que permita reducir la potencia contratada y, en consecuencia, el término fijo de la factura de la luz.

Es claro, pues, que el Gobierno se afana en parchear la muy deficiente estructura de la tarifa eléctrica para evitar que el autoconsumo se desarrolle.

Lo verdaderamente notable es que gracias a la enorme reducción de precios que la tecnología aún nos va a deparar en los próximos cinco años, incluso con el impuesto al sol propuesto y sin que se valoren las enormes ventajas económicas, sociales y medioambientales del autoconsumo, éste va a acabar imponiéndose. Entonces veremos quiebras de empresas eléctricas en todo el mundo. Aquéllas que no se hayan adaptado a tiempo a un cambio de modelo de negocio.

Nos encontramos pues, ante una encrucijada histórica en el sector de la energía frente a la que caben dos alternativas: poner trabas al desarrollo del autoconsumo, lo que a mi juicio solo va a servir para retrasar su implantación y que nos acabe saliendo más caro; o integrarlo de forma ordenada en el sistema eléctrico actual sabiendo que los cambios que introduce son de enorme envergadura.

Con la actual propuesta del Gobierno estamos abocados a la primera vía, lo que nos deparará casos cada vez más numerosos de consumidores aislados de la red, incluso en el interior de las ciudades. Variar el rumbo hacia la segunda vía requiere objetividad, transparencia y visión de futuro. La pretendida solidaridad —con las eléctricas, se entiende— no sirve.

En España se lleva “el modelo sandía”. Me refiero a que la defensa de las energías renovables se identifica con la política de izquierdas. No hace falta más que darse una vuelta por Bruselas para darse cuenta de que somos un caso verdaderamente atípico en nuestro entorno, en el que gobiernos de todos los colores defienden una transición energética hacia las renovables. Como para no hacerlo sabiendo que en unos pocos años han logrado ser competitivas con las fuentes tradicionales sin necesidad de poner encima de la mesa el torrente de impactos económicos indirectos, sociales y medioambientales que son capaces de proporcionar.

Aquí la gente identifica renovables con José Luis Rodríguez Zapatero, ignorando con frecuencia que el decreto que propició su mayor auge en España fue aprobado en 2004, en el último Consejo de Ministros presidido por José María Aznar.

En este contexto, el actual gobierno del Partido Popular ha demonizado a las renovables: nada más llegar al poder instauró una moratoria a las nuevas instalaciones –moratoria que, a pesar de que en su momento se vendió como provisional, persiste 40 meses después–, luego aniquiló la seguridad jurídica con sucesivos recortes retroactivos a inversiones ya realizadas y, a pesar de tener obligación legal de haberlo hecho en 2012, dejó hasta el verano de 2013 su propuesta de regulación del autoabastecimiento de energía eléctrica (el denominado autoconsumo).

Aquella propuesta fue duramente criticada (incluso por la propia Comisión Nacional de Energía), principalmente por incluir el denominado “peaje de respaldo”, en la calle conocido sencillamente como impuesto al sol, que no era nada barato: suponía cerca de la mitad de lo que se pagaba por cada kWh que se compraba a la red. Se argumentaba que, aunque uno estuviera consumiendo energía de su propia placa fotovoltaica en el tejado, tenía que pagar “al sistema” porque éste le hacía de respaldo –estaba ahí para cuando se fuera el sol–.

El peregrino argumento no aguantaba comparaciones con ningún otro sector económico: los bares también estaban ahí para cuando se acabara el café en casa o la frutería para cuando lo hicieran los tomates de la huerta doméstica… Ni siquiera dentro del propio sector eléctrico: ¿Cómo se explicaba que una familia que hubiera ahorrado energía comprando un frigorífico más eficiente fuera a pagar menos que la que lo hubiera hecho instalándose una placa fotovoltaica?

Daba igual. El impuesto al sol sumado a las trabas administrativas que también se incrementaban hacían completamente inviable el autoabastecimiento de energía a pesar de que, en puridad, este ya resultaba mucho más barato que comprar energía de la red sin necesidad de subvención ni apoyo alguno.

Así las cosas, han pasado casi dos años sin novedad por parte del gobierno. Tiempo suficiente para que la mera amenaza del impuesto al sol disuadiera a muchos consumidores de instalarse sus placas fotovoltaicas.

Y en esto que, el pasado mes de junio, un viernes a medio día, en pleno puente del Corpus en Madrid y final de “Champions”, entre otras, el Ministerio de Energía libera para información pública en su página web la nueva propuesta del Gobierno sobre el autoconsumo.

A primera vista parece que el Gobierno ha claudicado, dado que ya no se incluye el peaje de respaldo… Pero nada más lejos de la realidad. Se trata simplemente de un cambio terminológico: se ha sustituido éste por los cargos asociados a los costes del sistema eléctrico y, atención, por un nuevo cargo “por otros servicios” definido como “el pago a realizar por la función de respaldo que el conjunto del sistema eléctrico realiza para posibilitar la aplicación del autoconsumo”. Erre que erre…

Eso sí, apuesto que el gobierno no tardará en vendernos que ha eliminado la imputación del “coste de las redes eléctricas” a la energía que no pasa por éstas por ser consumida en el interior de la vivienda. Con independencia de que esta afirmación por sí misma debería ser considerada como insultante para nuestra inteligencia, resulta especialmente llamativa en una factura de la luz caracterizada por su falta de transparencia y en la que jamás se ha explicitado cómo se reparten los costes del sector eléctrico entre los diferentes consumidores.

Que los domésticos paguemos más por las redes que los industriales no ha estado, hasta la fecha, objetivamente justificado, tampoco que el precio del término fijo se haya duplicado en los últimos dos años a costa de una ligera rebaja de la parte variable, la que sí depende del consumo. Ahora nos dicen que el impuesto al sol supondrá “solo” el 38% de lo que ya nos cuesta comprar energía a la red y nos lo justifican con conceptos difícilmente comprensibles para la inmensa mayoría de los ciudadanos cuya cuantificación, por supuesto, alcanza la categoría de acto de fe.

Pero no acaba ahí la cosa: la nueva propuesta cierra la puerta a todos los vericuetos que diferentes comunidades autónomas –algunas, como Baleares, gobernadas hasta ahora por el Partido Popular– habían encontrado para esquivar la aplicación del impuesto al sol a las instalaciones denominadas “de inyección cero”, esto es, las que están diseñadas para que nunca puedan verter energía a la red por mucho que la producción supere al consumo de la vivienda. Quizás no sea casual que en el plazo de 15 días que otorgó el Gobierno para formular comentarios a la propuesta los nuevos parlamentos autonómicos no estuvieran constituidos.

Trabas administrativas

Las trabas administrativas, por descontado, se incrementan: altas en registros, formalismos de comunicación a la compañía eléctrica, proyectos de ingeniería, exigencia de dos contadores independientes… Y ni se le ocurra saltárselas porque se explicita claramente que en ese caso se expone a una sanción de hasta ¡60 millones de euros! (recuerdo aquí que abandonar en la vía pública un residuo radiactivo está castigado con un máximo de 30 millones).

Alguien muy empeñado en utilizar la energía del sol en lugar de comprar gas de Argelia, ¡qué cosas!, podría pensar que los costes administrativos se diluirán si aumenta el tamaño de la instalación: en lugar de ponerme una placa que da para poco más que el consumo del frigorífico, me pongo diez y cubro la totalidad de la electricidad que demando. Tampoco: si haces eso, tendrás excedentes en las horas centrales del día (y déficits por la noche). Y, salvo que te des de alta como empresario y lleves declaraciones de IVA, ofertes al mercado eléctrico como si tuvieses una central nuclear en casa y demás desmanes, no se te pagará ni un céntimo por la energía excedentaria.

Pues entonces, me pongo una batería para almacenar los excedentes diurnos y consumir de ésta por las noches. Al fin y al cabo, estamos en plena revolución del sector y los precios están bajando drásticamente. El Gobierno también ha pensado en ello y, de hacerlo, propone imponer un cargo adicional que, en lugar de depender del consumo, lo haga del tamaño de la instalación solar.

Bueno, al menos nos quedarán las islas. Es conocido que el coste de generación eléctrica allí es varias veces superior al de la península y que, para que la tarifa eléctrica sea igual en todo el territorio nacional, los 1.800 millones de euros de sobrecoste se reparten entre todos los consumidores. No cabe pensar que un Gobierno limite la instalación de renovables sin apoyo alguno cuando, además de salirle las cuentas al consumidor, se desencadena un importante ahorro a todos los españoles.

Pues tampoco: se exime del impuesto al sol a las instalaciones en Canarias, Ceuta, Melilla, Ibiza y Formentera hasta el año 2020. Parece ignorar el Gobierno que se trata de inversiones a largo plazo, que solo se recuperan en un mínimo de ocho años pero que, eso sí, tienen una vida útil de más de 30, por lo que resultan rentables. Sin duda, la exención durante no más de cuatro años resulta insuficiente para animar a la inversión. Más cuando hay una incertidumbre monumental sobre el importe del impuesto de respaldo pasado el periodo de gracia.

La única salida que han dejado es, infortunadamente, la desconexión total. Auguro que algunos pioneros se acogerán a ella y forzarán una racionalización del sistema.

En conclusión, la obsesión del Gobierno contra la energía solar es tan preocupante como que en resto del mundo ésta esté avanzando a ritmos insospechados hace tan solo un par de años. Quizás es que en Alemania, en Reino Unido, en Francia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Chile, en Japón… hay más sol que en España. O más luces.

Se trata de una simple batería de ion litio, la misma tecnología que tenemos en nuestros teléfonos móviles, diseñada esta vez para, en su versión básica, satisfacer el consumo eléctrico de los hogares y, en su versión superior, el de empresas y compañías eléctricas

Viernes, 1 de mayo de 2015, 6 de la mañana hora peninsular: mientras el país se despierta celebrando el día del trabajador, Tesla, una empresa aún bastante desconocida en Europa; pero que no pasa desapercibida al otro lado del Atlántico (su valor bursátil supera al de Endesa o Gas Natural Fenosa) presenta en California “el eslabón perdido” de la revolución energética.

Se trata de una simple batería de ion litio, la misma tecnología que tenemos desde hace años en nuestros teléfonos móviles, diseñada esta vez para, en su versión básica, satisfacer el consumo eléctrico de los hogares y, en su versión superior, el de empresas y compañías eléctricas. A priori, nada disruptivo tecnológicamente hablando. Hasta que desvela su precio: poco más de 300 €/kWh. El día anterior las baterías del mismo tipo se vendían en todo el mundo por más de 1.000 €/kWh. Además del precio, se desvelan detalles técnicos de mucha importancia como su diseño (se instala en la pared sin necesidad de reservar espacio, resulta visualmente atractiva…) o su conectividad a Internet, que permitirá manejarla a distancia.

La pregunta que casi todo el mundo me hace es: ¿realmente se trata de un anuncio tan importante o es solo una estrategia de marketing de los norteamericanos?

La verdad es que, a mi juicio, nos encontramos ante uno de los hitos clave por los que será recordado este siglo XXI. La razón es sencilla: las energías renovables han reducido tanto sus costes en los últimos años que han conseguido ser más baratas que las fuentes convencionales (fósiles y nuclear); pero aún “tenían” un problema: las más competitivas (solar y eólica) son intermitentes. En un mundo acostumbrado a consumir cuando quiere en lugar de cuando puede, se trata de un desafío importante. Es aquí donde una batería doméstica, fácil de utilizar y a precio asequible resulta disruptiva: va a permitir que un “don nadie” compita con toda una gran eléctrica. Y lo va a hacer desde su propia casa utilizando al sol como aliado.

Los números son esclarecedores: unos paneles fotovoltaicos en el tejado, con capacidad para satisfacer la demanda eléctrica de una familia tipo en España más un excedente de seguridad de un 30% –no se asuste, solo necesita 20 m2 de superficie–, unidos a una de las baterías de Tesla, con capacidad de almacenamiento de la electricidad consumida en un día, pasan a costar en conjunto unos 8.000 EUR. Los paneles tienen garantía de producción de 30 años y las baterías de 10, con posibilidad de extenderlas otros 10 más.

Esa misma familia está pagando hoy cerca de 850 EUR al año en el recibo de la electricidad y sus expectativas, por mucho que el ministro de turno insista en lo contrario, no son precisamente de abaratamiento en los próximos años. En otras palabras: con una inversión equivalente a su gasto de algo más de 9 años dispone de un sistema con capacidad de autoabastecimiento de energía eléctrica renovable durante mucho más del doble.

Digo solo “con capacidad” y no garantizo por tanto el autoabastecimiento porque dependiendo de la ubicación y de la distribución del consumo entre horas es posible que, a pesar de que en términos anuales el sistema sea más que suficiente para cubrir sus necesidades, un periodo prologando de baja irradiación unido a un alto consumo puede llevar a desabastecimientos puntuales. De hecho, una simulación efectuada en Madrid con datos reales de producción fotovoltaica de los últimos dos años en una hipótesis de consumo diario constante arroja un grado de autoabastecimiento del 93% y a desperdiciar, en consecuencia, un 35% de la energía producida.

Los detractores de las renovables (más bien, los defensores del negocio energético tradicional) se encargarán de señalar que el 7% de desabastecimiento es crucial. Es más, para evitar que el modelo se popularice estoy seguro de que en pocos meses el Gobierno acabará aprobado el anunciado “impuesto al sol” con el fin de que quien necesite consumir de la red, aunque solo sea el 7% de su energía, pague a la eléctrica al menos el 50% de su factura actual.

Se equivocan: tras haber resuelto dos retos tecnológicos como son aprovechar de forma eficiente las energías renovables y almacenarlas, créame que hay decenas de soluciones para cubrir ese 7%. Infortunadamente, con la legislación en contra, todas pasan por “cortar los cables”, esto es, desconectarse de la red eléctrica.

Dejando de lado los consumidores capaces de racionalizar su consumo y adaptar éste a la producción solar –que no le quepa duda que los habrá– para cortar los cables uno puede hacerse con un grupo electrógeno, que por menos de 800 € de inversión y menos de 150 € al año de coste de combustible puede cargar la batería cuando no haya sol suficiente, lo que supone un par de años más para amortizar la inversión. O, alternativamente, y en términos más sostenibles, puede duplicar la capacidad tanto de los paneles como de la batería, lo que significa dilatar la recuperación hasta los 17 años.

Pero hay soluciones más imaginativas: sistemas de calefacción de distrito, diseñados principalmente para aportar calor a barrios enteros, abastecidos por biomasa, que perfectamente pueden producir además electricidad a demanda de sus consumidores; servicios de recarga de baterías a domicilio (recordemos que el sistema está conectado a Internet, por lo que fácilmente podría automatizarse el servicio); vehículos eléctricos cargados en electrolineras que al llegar a casa recargan la batería doméstica (la capacidad de la batería de los vehículos eléctricos actuales ya duplica la de la nueva batería doméstica de Tesla)…

El caso de los consumidores comerciales o industriales es aún mejor, dado que la producción solar se amolda mucho mejor a sus pautas de consumo.

No hace falta decir que las consecuencias de un modelo como el aquí descrito serán globales y muy profundas. Me refiero a hechos como la desaparición de la energía nuclear (a los precios actuales ya somos capaces de producir energía renovable constante a lo largo del año por menos de la mitad de precio que las nucleares en construcción), la posibilidad de que los más de mil millones de personas que actualmente no tienen acceso a la electricidad cambien radicalmente su vida, la pérdida de sentido de la geoestrategia actual y sus guerras, centradas en el control de los recursos energéticos, el control de las emisiones contaminantes y sus devastadoras consecuencias climáticas y sociales…

Pero lo más grave es que, en realidad, no nos hacen falta tantas baterías: tenemos una excelente red eléctrica, que llevamos pagando 120 años y que, unida a tecnologías renovables gestionables, como la hidráulica, la geotermia o la biomasa, nos permitiría reducir sustancialmente la capacidad de almacenamiento global si la utilizáramos para compartir electricidad. Eso sí, para ello hace falta regular la utilización de ésta como espacio común y esto, parece, es incompatible con que algunas empresas eléctricas sigan manteniendo sus beneficios.

En un país como España, con un envidiable recurso solar y tecnología para aprovecharlo, en el que nos gastamos lo mismo que ingresamos por turismo en comprar energía al extranjero, apoyar un cambio de modelo energético como el descrito debería ser una prioridad. No se trata de subvencionar, tan solo de facilitar que la gente, gradualmente, decida por sí misma cuál es la energía con la que quiere abastecerse. Esperemos que el próximo Gobierno lo comprenda y lo ponga en marcha. Hay millones de puestos de trabajo en juego.

Es necesario abordar desde una perspectiva integral la racionalidad de todas las autorizaciones que actualmente se exigen a los proyectos renovables para reducirlas al máximo e implantar masivamente el silencio administrativo positivo

Esta semana el diario El País ha destapado una trama de presunta corrupción vinculada a la concesión de autorizaciones para la construcción de parques eólicos en Castilla y León.

Desgraciadamente no es el único –ni será el último– caso de pagos de “dudosa” justificación realizados por empresas que obtienen permisos para la construcción de instalaciones energéticas.

Eso sí, éste resulta especialmente llamativo por su configuración: son muy frecuentes los casos de pequeñas sociedades instrumentales creadas únicamente con el objeto de conseguir autorizaciones que, tras invertir unas pocas decenas de miles de euros en proyectos de ingeniería y trámites, son vendidas por varios millones de euros, típicamente a grandes empresas eléctricas que son las que finalmente construyen las instalaciones. De esta forma, aunque pudiera demostrarse que tan llamativa cantidad acabara en manos de algún funcionario público, resulta prácticamente imposible implicar a la eléctrica, dado que no tenía por qué conocer la forma en la que se obtuvieron los permisos y, además, la transacción resulta razonable, económicamente hablando, en la medida en la que éstos son muy escasos.

En la trama eólica de Castilla y León llama la atención, sin embargo, que las grandes empresas desde el principio constituyen sociedades con socios locales a los que, tras obtener las pertinentes autorizaciones, les recompran sus participaciones a precios astronómicos. La eléctrica, por tanto, está al tanto de la tramitación desde sus comienzos, por lo que no puede alegar desconocimiento del proceso. Más cuando el socio local es directamente un alto cargo de la Administración, como es el caso. Luego vienen las compras de inmuebles por parte de éste, los pagos a través de Suiza e incluso los servicios de asesoría “abstractos” (sin ni siquiera mediar informes) de varios miles de euros mensuales en emolumentos a favor de diputados nacionales del mismo partido que el alto cargo implicado. Que el proceso lo haya destapado un inspector de Hacienda cuyo informe su jefa dejó en un cajón solo merece ya el calificativo de esperpéntico.

La pregunta evidente es, ¿para qué necesita una gran empresa con cientos de parques eólicos en funcionamiento en todo el mundo un socio local para construir uno nuevo en Castilla y León? Y, en caso de poder encontrar una respuesta a la anterior compatible con el ordenamiento jurídico: ¿realmente la participación de éste vale varios millones de euros?

Se abre ahora la vía penal, en manos de la Fiscalía Anticorrupción, en la que es necesario esclarecer la justificación de esos pagos y si realmente hubo o no relación entre éstos y las autorizaciones obtenidas; pero creo que tenemos que ir más allá. Es necesario trabajar en el origen del problema para evitar que se repita en el futuro. Y, como en tantos otros ejemplos de corrupción, aquí el problema se llama burocracia.

En efecto, para poder construir una instalación de producción de energía eléctrica es necesario salvar un verdadero laberinto de trámites administrativos. En el caso de las renovables, nos encontramos con la paradoja de que este proceso requiere mucho más tiempo que la construcción propiamente dicha. Para tener una cuantificación, es frecuente que el primero lleve de 5 a 10 años cuando en la segunda solo se invierten unos pocos meses. Así las cosas, no nos extraña que “los papeles” valgan mucho dinero en la medida en que ahorran tiempo. Han creado el caldo de cultivo de la corrupción.

Para complicar aún más las cosas, varios organismos intervienen en la tramitación de este tipo de proyectos. Primero hay que contar con el suelo, frecuentemente titularidad del ayuntamiento, que, además, normalmente debe recalificarlo para hacerlo compatible con el uso energético, proceso en el que usualmente debe contar con el visto bueno de una comisión provincial de urbanismo. Luego entra en juego la compañía eléctrica, que debe garantizar la capacidad de evacuación de energía a través de la red. Posteriormente, el departamento de medio ambiente de la Comunidad Autónoma incorpora las restricciones que son objeto de su competencia. Mientras tanto, todas las entidades “afectadas” por el proyecto, pueden presentar alegaciones. Con ellas y el informe de impacto ambiental, el departamento de energía de la Comunidad Autónoma concede la deseada autorización administrativa, pieza central de la trama eólica que nos ocupa. Tras ésta, el Gobierno central determina –siempre que no haya decretado una moratoria como la actual– la retribución económica de la instalación y concede, atención, un plazo relativamente corto para que se ponga en funcionamiento. Si en la ventana temporal que abre el Gobierno él proyecto no está muy avanzado administrativamente, no llegará a tiempo. En este caso, el valor de la autorización administrativa puede ser muy alto. Finalmente, el ayuntamiento en cuyo territorio se ubica la instalación, debe conceder la pertinente licencia de obras. Me dejo a propósito otros trámites que no siempre son requeridos, tales como estudios geológicos o excavaciones arqueológicas que, por sí solos, pueden llevar varios años.

No discuto que para poder poner en marcha, pongamos, una central nuclear, sean necesarios todos los trámites anteriores; pero, ¿es razonable aplicarlos a una pequeña instalación renovable?

En mi opinión, no. Es necesario abordar desde una perspectiva integral la racionalidad de todas las autorizaciones que actualmente se exigen a los proyectos renovables para reducirlas al máximo e implantar masivamente el silencio administrativo positivo. Si un proyecto tiene viabilidad económica, medioambiental y social, la Administración no puede demorar su construcción.

Se da la circunstancia, además, de que la espectacular reducción de costes de las renovables exige plazos cortos para su implantación. Son tecnologías que, al carecer de combustible, tienen costes esencialmente fijos, determinados prácticamente en el momento de la inversión. Una vez realizada la misma no es posible modificar su estructura de costes. A diferencia de las centrales que utilizan combustibles fósiles, las renovables son capaces de garantizar con precisión milimétrica el precio al que pueden vender la energía durante decenas de años.

Requieren, por tanto, de una estabilidad regulatoria que se consigue estableciendo retribuciones garantizadas durante su vida útil. Ahora bien, con una evolución tecnológica tan acelerada como la que estamos presenciando resulta imposible acertar en la cuantificación de éstas con varios años de anticipación.

Para que los consumidores podamos beneficiarnos íntegramente de los bajos precios que actualmente son capaces de proporcionar ya las energías limpias es esencial eliminar la burocracia sobrante en el sector. De paso, habremos cortado de raíz una innegable fuente de corrupción.

Que el hachazo a las renovables se hiciera sin disponer de un informe técnico que avalara su metodología es muy relevante

El Gobierno del Partido Popular ha basado toda su política en el ámbito eléctrico en un solo objetivo: acabar con el “déficit de tarifa”, esto es, con la diferencia entre los costes que el propio Gobierno reconoce a las eléctricas y lo que éstas ingresan a través de los recibos de los españoles.

Ya podemos a estas alturas decir que su pretendido objetivo se verá posiblemente cumplido gracias a las espaldas de, por un parte, los consumidores, que hemos sufrido un fuerte incremento del precio de la electricidad y, por otra, por los productores renovables, de cogeneración y residuos que han sufrido el mayor recorte de ingresos de la historia del sector eléctrico, nada menos que unos 3.000 millones de euros anuales. No me olvido de las eléctricas: el Gobierno anunció en su día que ellas también sufrirían recortes; pero, a excepción de su participación en renovables, los resultados demuestran que no ha sido así. Es más, parece que han “sabido” compensar la pérdida en renovables con mayores ganancias en otras actividades, sin que su resultado en España se haya visto afectado sensiblemente.

Nótese que hablo solo de posibilidad en el cumplimiento de su objetivo. Lo hago porque los resultados definitivos del año 2014 no se conocerán hasta pasadas las elecciones generales.

Se entiende, en consecuencia, que la noticia que hemos conocido de que el hachazo a las renovables se hizo sin disponer de un informe técnico que avalara su metodología es tan relevante.

En efecto, este Gobierno configuró un complejísimo sistema bajo el que supuestamente iba a homogeneizar la rentabilidad de todos los proyectos de generación eléctrica (salvo las grandes centrales eléctricas, por supuesto). Para ello publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 20 junio de 2014 una norma con más de 1.700 páginas repleta de números que justificaban el recorte. Supuestamente –así lo indicó el propio ministro– estos cálculos estaban avalados por dos consultoras especializadas.

Ahora sabemos que los informes de las consultoras sencillamente no existían. Y lo hemos tenido que saber porque las empresas afectadas, en sus recursos ante el Tribunal Supremo, los han solicitado. El Gobierno se había negado a facilitarlos hasta la fecha, incluso en sede parlamentaria.

Después de que el Supremo haya requerido al Gobierno, éste comunica ahora que hace poco más de un mes ha resuelto el contrato con una de las consultoras por reiterados incumplimientos del contrato que, por supuesto, no explicita.

Respecto de la otra, aporta un informe fecha el 31 de octubre de 2014, esto es, más de cuatro meses después de publicada la norma en el BOE, cuyos datos, para mayor desastre, ni siquiera coinciden con los de éste.

La pregunta del millón es, por tanto, ¿de dónde salen los números del BOE? Y su corolario: ¿es posible que un recorte de tal magnitud se haya realizado perjudicando más a unas instalaciones que a otras sin criterio objetivo que lo avale?

Presenciamos el colmo de la arbitrariedad, que estoy seguro celebran los miles de demandantes –sobre todo los fondos internacionales– que ven cada vez más cerca el momento en que les sean devueltos los ingresos que el mismo BOE que se los quitó les había prometido con anterioridad.

El problema, claro, es que de anularse el procedimiento ya no se podrá decir que en 2014 no hubo déficit de tarifa, sino que éste fue de unos 3.000 millones más intereses que, por supuesto, pagaremos los consumidores. Se cae el castillo de naipes.

Pero eso es otra historia que contaremos… después de las elecciones.

La frase, muy habitual en las tertulias de café, demuestra un preocupante desconocimiento de la realidad y resulta de máxima actualidad por noticias que, sorprendentemente, pasan bastante inadvertidas.

En primer lugar, debe quedar claro de una vez que la energía nuclear no es barata. El último ejemplo lo tenemos en las abusivas condiciones que el Reino Unido ha tenido que aceptar para que, en un entorno de supuesto libre mercado, una compañía pública francesa financiada con fondos chinos aceptara construir una nueva central. La operación, aprobada recientemente por la Comisión Europea, supone garantizar –lee bien, garantizar en un mercado en competencia– durante un periodo de 30 años un precio por la energía eléctrica producida que prácticamente duplica el que actualmente necesitan para ser rentables sin necesidad de ningún tipo de apoyo las tecnologías eólica y solar fotovoltaica, por poner un ejemplo. Es más, el acuerdo garantiza una rentabilidad mínima del accionista del 11,4%, incluye el aval del Estado como garantía del crédito necesario para la construcción de la instalación y una indemnización para el caso en que se decida una clausura de la instalación anticipada por razones “políticas” no tasadas previamente. Ninguna instalación renovable soñaría con condiciones siquiera comparables a éstas.

Infortunadamente no se trata ni de un problema exclusivamente británico ni tampoco relacionado solamente con las nuevas centrales. Cito textualmente las palabras de Juan Manuel Eguiagaray, ministro de industria y energía entre los años 1993 y 1996: “es conocido que en pleno proceso de transición a la democracia el sector público hubo de rescatar financieramente a las empresas eléctricas del país, que se habían embarcado en un proceso de inversión faraónico, derivado de una planificación delirante, en absoluta contradicción con las necesidades constadas de la demanda eléctrica en España. La preferencia por la energía nuclear contenida en aquellos planes puso en marcha la construcción de más grupos nucleares de los razonablemente necesarios, lo que llevó, por razones mucho más financieras que de cualquier otro tipo, a la llamada moratoria nuclear a partir de 1982. Los costes de la paralización de proyectos de construcción en curso, así como el saneamiento financiero de las empresas, recayeron sobre los consumidores durante largos años, mediante recargos pagados en el recibo de la luz”.

Descartado el argumento del precio, es necesario destacar que el riesgo de accidente nuclear está socializado en su mayor parte. En efecto, la responsabilidad civil que asumen los titulares de las centrales en caso de accidente está limitada a 700 millones de euros. Es cierto que, una vez entren en vigor los denominados Convenios de París y de Bruselas, la anterior suma se ampliará a 1.200 millones de euros; pero no lo es menos que se estima que el coste del accidente de Fukushima superará los 100.000 millones. ¿Admitiríamos que el seguro obligatorio de los coches estuviera limitado, pongamos, a 100 euros de responsabilidad civil?

La cuestión del accidente vuelve a estar de actualidad porque la autoridad nuclear belga acaba de anunciar que se han detectado miles de grietas en dos reactores nucleares y reconoce que se desconoce su origen, que podría no estar vinculado a un defecto de fabricación, como se creía inicialmente. Por esta razón su director ha admitido que podría tratarse de un problema global para la industria nuclear en su conjunto, recomendando la inspección de todas las centrales nucleares. En España hay siete reactores en operación y uno más –Garoña– parado por el momento. No he leído nada de que se plantee una revisión de este aspecto.

Por último; pero no menos importante, tenemos la gestión de residuos radiactivos. En los últimos días hemos conocido un informe del Tribunal de Cuentas sobre los estados financieros de la entidad pública ENRESA que tiene asignada por la ley la responsabilidad exclusiva de gestión de estos residuos bajo la consideración de “servicio público estatal” y que concluye que, con el sistema de financiación actual, “quedarían sin cubrir el 28% de las necesidades de financiación estimadas por ENRESA para hacer frente al flujo de costes previstos en el periodo 2010-2085 por la gestión de los residuos radiactivos y el combustible nuclear gastado”. La conclusión es demoledora: en contradicción con los requerimientos de la normativa comunitaria y nacional de protección del medioambiente, la regulación española no garantiza “que no se trasladen a generaciones futuras parte de los costes derivados de la clausura y desmantelamiento de las instalaciones nucleoeléctricas”.

Lo peor no es que nuestros hijos vayan a pagar costes de la energía que estamos utilizando nosotros. Lo peor es que el plan de ENRESA solo abarca hasta 2085, cuando los residuos de alta actividad seguirán siendo peligrosos durante al menos 10.000 años más. No serán nuestros hijos sino centenares de generaciones posteriores. Es descorazonador comprobar que el plan de ENRESA no solo depende de que el controvertido almacén temporal centralizado (ATC) de Cuenca esté operativo en 2016, sino también de que se construya un almacén “definitivo” (AGP) a partir de 2050 que en 2085 solo requiera de “vigilancia institucional” cuando la experiencia internacional en este tipo de instalaciones es prácticamente inexistente.

Solo pido que quien defienda las nucleares en el próximo café aporte un solo dato que lo soporte.

Si las renovables ya son más baratas y, además, nos permiten afrontar el

pequeño

problema de estar convirtiendo nuestro planeta en incompatible con nuestra especie, ¿por qué somos tan poco ambiciosos?

Encargar a nuestros actuales políticos la tarea de resolver problemas de escala planetaria cuando muestran innegable incapacidad de gestionar los domésticos es, cuanto menos, una temeridad.

Me refiero en esta ocasión nada menos que al problema del cambio climático, en cuyo frente de batalla internacional estuvo, una vez, la Unión Europea. No pretendo aquí analizar los impactos sobre el clima que la actividad humana está causando, para eso existe un consenso científico mundial –este sí– sin precedentes que hace un seguimiento detallado de los mismos. Hay a quien le basta con salir a la calle y comprobar cómo se superan los 25ºC a las puertas de noviembre.

El Consejo Europeo celebrado la semana pasada en Bruselas ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias. En una reunión centrada en materia energética y climática ha fijado unos objetivos para 2030 para el conjunto de la Unión que son escasamente ambiciosos. Se trata de una reducción del 40% de los gases de efecto invernadero respecto de los niveles de 1990, una penetración de renovables del 27% de la energía final y un ahorro energético igualmente del 27% respecto del consumo tendencial. A diferencia de los actuales objetivos para 2020, además, los de 2030 no se fijarán individualmente para cada país, sino que lo harán solo para el conjunto de la Unión, lo que realmente los convierte en objetivos indicativos… ¿o alguien piensa que la Unión se va a sancionar a sí misma si los incumple?

Como muchas organizaciones sociales, de consumidores, ecologistas y sindicatos se han encargado de recordarnos, los acuerdos son decepcionantes y –yo añado– esta vez, además, son incomprensibles.

La incomprensión deriva de que, entre otros indicadores, en los últimos tres meses nada menos que tres bancos de inversión (Morgan Stanley, UBS y Lazard) han afirmado que las renovables hoy ya son competitivas en numerosas aplicaciones sin necesidad de ningún apoyo económico y sin siquiera tener en cuenta las enormes ventajas sociales y medioambientales que aportan. Es más, llegan a decir que en solo cinco años los consumidores nos desconectaremos de la red eléctrica y pasaremos a autoabastacernos de energía con un kit compuesto por paneles fotovoltaicos, batería en casa y coche eléctrico. Ya ven, bancos de inversión avisando de que el negocio tradicional de las eléctricas está en peligro.

Por tanto, si las renovables ya son más baratas y, además, nos permiten afrontar el pequeño problema de estar convirtiendo nuestro planeta en incompatible con nuestra especie, ¿por qué somos tan poco ambiciosos?

La única explicación que se me ocurre es que las renovables han dejado de ser alternativas para convertirse en las destinatarias de la mayor parte de la inversión mundial en el sector energético y eso, inevitablemente, lleva a cambios sustanciales en los negocios de empresas acostumbradas a determinar la economía mundial.

La reacción de la gran industria (de consumo electrointensivo) es paradigmática: al contrario que el resto de colectivos considera que los objetivos pactados “ponen en riesgo su competitividad” porque cree que encarecerán los precios de la energía y amenaza con la deslocalización de fábricas.

Analicemos esta afirmación: las renovables, gracias a que sus costes variables son muy bajos (el sol y el viento son gratis) tienen un efecto depresor del precio de los mercados eléctricos. Los consumidores domésticos lo sabemos bien, lo hemos visto durante el presente 2014, caracterizado por un primer trimestre de mucha aportación renovable –y precios bajos– y por un tercer trimestre en el que la reducción de las renovables ha propiciado un fuerte incremento de precios. La gran industria ha sufrido exactamente el mismo impacto, dado que el precio del mercado eléctrico es igual para todos.

Pero he aquí que hay una contrapartida: las primas a las renovables (ahora rebautizadas como “retribución específica”), que no pagamos todos por igual. En España forman parte de los peajes que, debido a decisiones políticas, no se imputan de forma homogénea entre todos los consumidores. Son los domésticos los que asumen su mayor repercusión mientras que la gran industria prácticamente no paga nada por este concepto. En Alemania pasa algo parecido, solo que el proceso es más transparente: las primas a las renovables se repercuten en un cargo del que están exentos los grandes consumidores.

En mi opinión, por tanto, la gran industria debería analizar por qué tiene unos precios energéticos tan elevados a pesar del impacto depresor de precios de las renovables en los mercados eléctricos y de que prácticamente no paga las primas asociadas. La conclusión solo puede ser que las empresas tradicionales están intentando mantener beneficios a pesar de que su mercado está menguando a pasos agigantados.

A los demás nos toca exigir, sencillamente, que los políticos dejen de defender los intereses de unas pocas corporaciones.

Por cierto, que el Gobierno español, haciendo gala de su enorme responsabilidad medioambiental, amenazó con vetar los referidos acuerdos si no se acordaba un decidido impulso a las interconexiones energéticas, de las que la Península Ibérica es manifiestamente deficitaria. El Consejo Europeo aprobó en consecuencia una serie de medidas destinadas a mejorar la situación.

Me felicito por ello, dado que un mercado más grande debería mejorar la exigua competencia en el sector y facilitar la mayor penetración de renovables. Ahora solo queda que se regulen adecuadamente las transacciones que se realicen a través de las interconexiones, dado que, si se repite lo acontecido con Portugal en los últimos años, el incremento en las mismas redundará en que los precios en España se incrementen aún más mejorando, eso sí, las cuentas de resultados de las eléctricas.

A tenor de lo que algunos medios han publicado estos días, parece que hay consenso generalizado –es la versión oficial– en que el incremento de las interconexiones es positivo para España. Lo curioso es que se nos venda que lo es porque permitirá dar salida a nuestro exceso de capacidad. Y digo yo, ¿esos medios no se preguntan cómo es posible que un país con un enorme exceso de capacidad energética tenga uno de los precios más altos de la Unión y ahora pretenda exportar? Se ve que la lógica del mercado se ve fuertemente afectada por la –nefasta– regulación. Pero eso es otra historia.

El precio de la luz ha pasado desde los 26 €/MWh registrados de media en el primer trimestre del año, cuando fue anunciado el nuevo sistema de facturación, hemos pasado a cerrar el tercer trimestre en nada menos que 52 €

El precio del mercado eléctrico, ese al que el Gobierno con su última no-reforma nos ha empujado a 27 millones de consumidores domésticos, se ha disparado. Desde los 26 €/MWh registrados de media en el primer trimestre del año, cuando fue anunciado el nuevo sistema de facturación, hemos pasado a cerrar el tercer trimestre en nada menos que 52 €, ¡el doble!

Y lo que nos queda, porque el mes de septiembre ha finalizado prácticamente en 59 €/MWh, lo que no augura nada bueno para los próximos meses.

A pesar de tamaña subida no faltan declaraciones del Gobierno –a las que se han sumado últimamente las eléctricas– que aseguran que probablemente el año 2014 acabará con un precio inferior al del año anterior. ¿Qué hay de cierto en estas declaraciones?, ¿son compatibles con las subidas de precio que se están registrando?

Sin duda lo son en la medida en la que provenimos de precios excepcionalmente bajos en el primer trimestre. No obstante lo cual, la afirmación categórica de una previsible bajada en cómputo anual es cuanto menos arriesgada, precisamente porque los precios en los últimos meses –especialmente en el último– están resultando ser excepcionalmente altos.

Lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta cómo va a cerrar el año. Las previsiones se basan en el mercado de futuros de electricidad, que todos los días negocia el precio al que se realizan transacciones de compra/venta de energía con entrega en los próximos meses. Pero últimamente este mercado se equivoca mucho. Para muestra un botón: durante el mes de agosto, tan solo unos días antes de comenzar la entrega, este mercado estimaba que el precio de septiembre estaría en torno a 49 €/MWh, cuando finalmente ha resultado en 59 €. Nada menos que un 20% de error.

Lo que puede afirmarse con rotundidad es que, para el consumidor doméstico tipo, el precio de la energía eléctrica de los últimos 12 meses ya es superior al de los de un año antes. Esto es, la subida de los últimos meses ya ha compensado la bajada que se produjo a principios de año.

Hasta aquí la descripción de lo que ha pasado (y de lo que puede pasar); pero queda pendiente la gran pregunta: ¿por qué se dan estas variaciones tan bruscas? La razón está en las renovables y, al contrario de lo que pudiera pensarse a priori, no en el sentido de que éstas aumenten el precio de la luz, sino todo lo contrario.

En efecto, puede comprobarse que en el mismo periodo en el que el precio del mercado eléctrico se ha duplicado, la contribución renovable ha caído del 52% al 30% de cobertura de la demanda. Manteniéndose el resto de tecnologías prácticamente constantes, esta caída ha sido suplida por centrales térmicas (gas y carbón) que han pasado del 13% al 38% de aportación.

Cabe aceptar como razonable que, sabiendo que las renovables carecen de coste de combustible, una vez pagada su inversión inicial, su mayor aportación contribuya a reducir el precio del mercado. Lo que no lo es tanto es que un incremento de 25 puntos porcentuales de una fuente de generación duplique el precio final, mucho menos cuando la evolución de precios de combustible en los mercados internacionales durante los últimos meses ha resultado a la baja.

La razón hay que buscarla en un deficiente diseño del mercado eléctrico que muchos venimos denunciando desde hace años y que la última no-reforma, como todas las anteriores, no ha abordado. En todo caso, ha agravado la situación porque, aunque parezca increíble, ha favorecido que en situaciones de alta aportación de energía renovables, éstas se desconecten de la red, sosteniendo la bajada de precios que, de no hacerlo, habrían ocasionado.

Estamos en el peor de los escenarios: un mercado eléctrico con reglas manifiestamente defectuosas en el que tres empresas ostentan una cuota conjunta superior al 70% (lo que les permite ejercer poder de mercado) cuyos precios dependen fuertemente de la meteorología. Todo ello sin el menor coste político, dado que los precios ya no se determinan a priori, sino que nos dan la sorpresa cuando nos llega la factura.

Esperemos que la próxima reforma del sector eléctrico sea tal… y que llegue rápido.

Recientemente publicaba una entrada en mi blog en la que aportaba datos que demuestran cómo una sola compañía retirando producción hidroélectrica y/o nuclear del mercado eléctrico puede incrementar sustancialmente su precio. Y lo hace.

Lo más grave no es que una sola compañía –por ende, una sola persona– pueda determinar el precio al que pagamos un servicio básico más de 27 millones de consumidores en España. Lo más grave es que el Gobierno –éste y los anteriores– lo consiente, porque es completamente legal que un recurso público, como es el agua, sea gestionado a su discreción, con escasas limitaciones, por un par de empresas gracias a oscuras concesiones cuasi centenarias.

Veo atónito en estos días anuncios en televisión que ensalzan la principal virtud de la última (y van tres en menos de tres años) reforma eléctrica del actual Gobierno: ¡que el precio de la electricidad de las familias va a ser el del mercado!

Pero seamos serios: ¿qué mercado?, ¿no será el mismo mercado objeto de mi análisis?

Pues sí: llaman mercado a ese enjambre de centenares de reglas publicadas en el Boletín Oficial del Estado solo apto para expertos, entorno ideal para los departamentos de regulación de los gigantes eléctricos en el que, como he demostrado, el ánimo de un señor derivado –quién sabe– de si su última conversación con el ministro de turno o con el presidente del Gobierno puede conllevar incrementos en la factura de la luz de los consumidores de más del 10%.

En este contexto cobra especial importancia el hecho de que el principal impacto económico de las tres reformas eléctricas del actual Gobierno haya recaído sobre las renovables, con más de 1.700 millones de euros anuales de recortes. Relacionemos cifras: una subida de 6 euros por MWh en nuestro mercado bastaría para neutralizar el “ahorro” percibido por los consumidores por los recortes a las renovables. Y en tan solo dos meses, esperemos que coyunturalmente, el precio del mercado se ha incrementado en ¡¡25 euros/MWh!!

Resulta que las renovables, singularmente la fotovoltaica y al eólica, son hoy más competitivas que las fósiles sin necesidad de poner encima de la mesa el arrollador balance de externalidades –esto es, de efectos medioambientales y sociales no incorporados en el precio– a su favor.

Resulta, también, que son modulares y muy fáciles de instalar. Esto es, que cada consumidor puede “osar” hacerles la competencia a los gigantes energéticos instalándose en casa unos artilugios que le proveen de energía limpia y barata.

No hace falta decir que esta situación está cambiando el panorama energético a nivel mundial. En España, sin embargo, se las demoniza por los errores que se han cometido en su desarrollo, se las condena a la quiebra a través de cambios retroactivos propios de países de tercera y se impide con normas absurdas el autoabastecimiento de energía.

El mercado eléctrico, sin embargo, verdadera piedra angular del sistema, no se ha tocado desde que se ideara hace más de 15 años. Se ve que no interesa (a algunos, claro).

El presidente del Gobierno declaraba el viernes por la tarde que la subasta celebrada el jueves para el cálculo de la tarifa eléctrica a pagar por millones de españoles desde el próximo 1 de enero resultaba “exagerada e injustificada”. El Gobierno pretende así trasladar a la opinión pública su sorpresa por el resultado: nada menos que un 30% de incremento de precio respecto a la subasta celebrada tres meses antes, lo que se traducía –antes de la anulación– en un aumento del recibo de cerca de un 11%.

Pues bien, por paradójico que pueda parecer, el resultado de la subasta era absolutamente previsible.

En efecto, poco después de que el viernes 29 de noviembre el Gobierno decidiera, con nocturnidad, incorporar en el Senado una enmienda a la Ley del Sector Eléctrico que afirmaba que había un déficit de tarifa de 3.600 millones de euros y que esa cantidad ya no iba a destinarse de los Presupuestos Generales del Estado al sector eléctrico, los precios del mercado diario –el que todos los días negocia la energía eléctrica a entregar el día siguiente– se incrementaron súbitamente.

No voy a entrar ahora en la justificación de esta subida, lo hice hace días, lo importante para lo que nos ocupa es que el mercado interpretó que la subida no estaba técnicamente justificada y que, para explicarla, era necesario acudir a argumentos de intervención política en la fijación de precios.

Si, como argumentan las eléctricas, la subida de precios se hubiera considerado excepcional y, en consecuencia, efímera, las cotizaciones de futuro de la electricidad no se habrían incrementado.

Dicho de otra forma: si realmente los agentes se hubieran creído que la situación meteorológica singular de los primeros días de diciembre –dominada por un anticiclón, lo que conlleva frío (alta demanda) y poca producción eólica– justificaba por sí sola el incremento de precios, no se habría disparado el precio de la electricidad del primer trimestre, dado que no es razonable pensar que la situación meteorológica singular se fuera a mantener a largo plazo.

Y, sin embargo, los precios siguieron disparados hasta la subasta de este jueves.

El gráfico siguiente muestra la evolución del precio de cierre de la electricidad a entregar en el primer trimestre de 2014, el mismo periodo que se subastó este jueves, durante el último mes. Puede observarse claramente cómo a partir del citado 29 de noviembre la cotización sufre un drástico incremento, pasando en un solo día de unos 50 a 54 €/MWh (megavatios-hora), para en días posteriores consolidar el nivel de 56 y acabar este jueves en torno a 58 €/MWh.

Llegados a este punto, creo que habrá quedado claro que el resultado de la subasta no era “injustificado”, sino que se debía al incremento de precios del mercado diario.

Analicemos si es “exagerado”: la subasta cerró a un precio de 61,83 €/MWh, un 6% superior a los 58,20 €/MWh de cierre del día anterior. Si tenemos en cuenta que el volumen de la subasta era muy superior al que habitualmente se negocia en los mercados de futuros de electricidad (alcanzó los 2.500 MW frente a lo que es habitual: unas decenas o, a lo sumo, centenares de MW), es fácil concluir que sólo algunos pocos agentes eran capaces de asumir el riesgo de variación de precio para tal volumen de energía. Y, naturalmente, exigieron un precio superior a la cotización del mercado para hacerlo.

Se debate ahora sobre los motivos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para invalidar la subasta. Tardaremos unos días en conocerlos, pero mucho me temo que, o se extienden a lo acontecido en el mercado diario desde el 29 de noviembre, o difícilmente podrá justificarse que la subasta ha resultado irracional.

Es lo que tienen los mercados: ante los riesgos, suben los precios.