Cuando en estos momentos uno se pone delante del ordenador para escribir sobre un tema que no está relacionado con el coronavirus siente un cierto embarazo por el peso de la situación. Pero el día que esta pesadilla termine tendremos que reconstruir el mundo en el que vivíamos antes. Y en esta reconstrucción las inversiones en energías renovables pueden contribuir a ayudar a salir de la crisis económica en la que hemos caído al tiempo que se contribuye a luchar en la otra crisis, la climática, que seguirá allí cuando todo esto pase.

El camino correcto lo sigue marcando el PNIEC [Plan Nacional Integrado de Energía y Clima], con unos objetivos ambiciosos pero coherentes. Pero ahora tendremos que ver el impacto que la presente crisis puede tener en la senda marcada y si es necesaria la introducción de medidas correctoras.

Si nos atenemos a los 113 GW de puntos de conexión concedidos se aprecia el gran interés del sector por invertir en energías renovables, tanto interés que ha llevado a algunos a plantearse la necesidad de la intervención por parte del Gobierno a través de la convocatoria de subastas. Parecería lógico pensar que, si las tecnologías renovables pueden producir por debajo del precio de mercado, no sería necesaria esta intervención.

Para comprobarlo analicemos cuáles son las alternativas. La primera que hemos comentado, ir directamente al mercado mayorista, con unos precios medios por encima de 40€/MWh hasta la aparición del COVID-19, lo que podría producir un margen interesante para los inversores si nos atenemos a los precios reflejados en las subastas internacionales.

Pero en el sector eléctrico en este momento hay un “gran elefante en la habitación”: la inadecuación del sistema de fijación de precios a las características de las tecnologías que se desea que sean dominantes. No parece muy lógico que un sistema de fijación de precios marginalista, basado en los costes variables de las tecnologías, sea un asignador eficiente de precio para unas tecnologías que no tienen costes variables.

En una situación en la cual estas tecnologías no sean las que fijan el precio y con la correlación actual de los mismos podrían disfrutar de una sobrerretribucción, pero el escenario marcado por el PNIEC de un objetivo del 78% de electrificación para el año 2030 supone que una parte importante del tiempo el 100% de las tecnologías que coparán el mercado no tendrán costes variables. ¿A qué precio ofertarán? En alguna manera la situación actual con la influencia en los precios que está teniendo la caída de la demanda eléctrica nos está dando una fotografía de lo que pasará próximamente.

Esta inadecuación del sistema de fijación de precios supone un riesgo para los inversores y, por tanto, la disponibilidad de financiación para este tipo de proyectos tiene más limitaciones y peores condiciones, particularmente de apalancamiento, que las que tendría un proyecto que saliera de una subasta. Las empresas que contarán con financiación corporativa son las que más posibilidades tendrían de llevar a cabo los proyectos y las restantes verían disminuida de forma importante su potencialidad.

La otra posibilidad son los contratos bilaterales, conocidos por su abreviatura en inglés PPA. Esta fórmula se ha desarrollado de manera importante en los últimos años, con más de 4GW de contratos firmados. Aparentemente esta podría ser una solución muy interesante, un acuerdo entre empresas que podría sustituir la seguridad aportada por las subastas públicas. Sin embargo, si analizamos la realidad, nos encontramos con serias dudas de que podamos fiar a este instrumento la consecución de los objetivos marcados.

La práctica totalidad de los proyectos anunciados han sido firmados con comercializadoras, mientras que este mercado ha dado señales de agotamiento, no se ha conseguido penetrar en manera significativa en el mercado corporativo por las diferentes barreras existentes. Sin olvidarnos de que la evolución de los precios en el mercado marginalista también afecta a los PPAs y que la visión de los precios de mercado actuales va a empujar estos precios también a la baja.

Por todo ello, estas alternativas no plantean ninguna seguridad de cumplimiento para los objetivos del PNIEC. Frente a ello las subastas se alzan como la única alternativa que da certeza a esta consecución de los objetivos, a la vez que ayudan a capturar el mejor precio posible para los consumidores.

Subastas homologables internacionalmente, con un precio fijo y una precalificación exigente para ganar en certeza, imaginativas, permitiendo que un 25% de la potencia pueda ir al mercado, participativas, poniendo topes a la potencia asignada a un único oferente, y con subastas especiales para los pequeños proyectos.

Se necesita una convocatoria de subastas lo antes posible. Con el grado de competitividad alcanzado por la energía solar y eólica se abre para la industria española una interesante oportunidad de por primera vez tener a su alcance la posibilidad de tener acceso a un precio de la energía eléctrica más barata que los de los países de su entorno.

Desde la convocatoria de subastas de energías renovables el año pasado y la demostración de la competitividad de la tecnología fotovoltaica en el entorno energético actual, se han sucedido las noticias positivas para este sector.

En primer lugar, la fotovoltaica ha sido noticia en sí misma por la apuesta de sus empresas de cambiar el riesgo regulatorio por riesgo de mercado, acudiendo directamente al mismo sin ningún tipo de primas o subvención y al mismo tiempo comenzándose a desarrollar la posibilidad de llevar a cabo contratos bilaterales directos entre los productores y los consumidores. Todo esto ha supuesto un renacer del sector en nuestro país de tal magnitud que en estos momentos hay 30 GW de proyectos fotovoltaicos en tramitación.

Y en este momento de renacer llegan dos buenas noticias que van a contribuir al afianzamiento del sector. Por un lado, las declaraciones realizadas por la ministra de Transición ecológica, Teresa Ribera, en el sentido de acabar con la inseguridad jurídica institucionalizada y eliminar el injusto “impuesto al Sol” que pesaba sobre los autoconsumidores.

Y por otro lado, la reciente aprobada Directiva de Energías Renovables, que viene a consagrar los mismos principios señalados anteriormente, además de fijar un objetivo a 2030 de un 32% de energías renovables solo revisable al alza.

En esta positiva redacción final de la Directiva es de justicia el papel fundamental jugado por la ministra, que algún colega de otro país calificó como “brillante”, el excelente papel jugado por José Blanco como redactor de la ponencia del Parlamento, que con experiencia y dedicación consiguió llevar las diferentes posiciones al punto del acuerdo y los buenos oficios del comisario Arias Cañete y sus servicios. Todos alineados en conseguir el mejor resultado para la lucha contra el Cambio Climático.

Ahora lo que el sector espera es en primer lugar la normalización del dialogo institucional con un sector de la economía española llamado a ser cada vez más importante y la adopción de medidas concretas que normalicen la situación regulatoria, en concordancia con el espirítu de la nueva Directiva de Energías Renovables. Además de la eliminación del peaje de respaldo y de las barreras administrativas, es importante la definición de la regulación del autoconsumo colectivo.

Por lo que se refiere a las grandes plantas fotovoltaicas, consideramos fundamental que se fije la rentabilidad razonable, tanto para los proyectos ya construidos, como para los proyectos adjudicatarios de la subasta y los futuros, poniendo fin al inestabilidad que ha caracterizado los últimos años.

Además, es importante que se actualicen y simplifiquen las condiciones de acceso y conexión a la red y que se convoquen en un corto plazo las subastas fotovoltaicas para las Islas Canarias y las Islas Baleares. Además de resolver el permanente problema de retrasos injustificados en los pagos a los proyectos insulares. Es importante también la dinamización de las tramitaciones administrativas, especialmente las ambientales, tanto a nivel de Administración Central como de CCAA

Con vistas al futuro es necesario conocer cuál será la senda de la transición energética para llegar a los objetivos intermedios de la transición. La previsibilidad y estabilidad de estos objetivos, evitando el modelo seguido hasta ahora de acelerón-apagón-acelerón, permite a las empresas organizarse de forma más eficiente, lo que redunda en un menor coste para los consumidores y favorece las inversiones industriales y en I+D.

La energía fotovoltaica está llamada a jugar un papel muy importante en el proyecto de un país moderno, con una energía limpia y barata, que genera desarrollo económico y tecnológico y empleo capilar, tanto a nivel de centros tecnológicos como de instaladores locales, y de calidad. Hacer una apuesta por nuestra tecnología ya no es una carga para el país; es construir un importante activo para el futuro.

La amplitud del objetivo hace que, si de verdad hay voluntad política para alcanzarlo, será necesario implementar importantes reformas estructurales no solo en el sector energético, sino también en el sector económico y en el conjunto de la sociedad. Frecuentemente se menciona la posibilidad de que sea necesario un pacto de Estado para su implementación, pero sería más necesario un auténtico Pacto Social. El éxito en la lucha contra el cambio climático no dependerá de la posibilidad o no de poder disponer de importantes fondos, sino solo si todos, gobiernos, instituciones, empresas y ciudadanos interiorizan en su proceso de decisiones la variable “repercusión en el cambio climático” como una variable determinante.

En este contexto el autoconsumo energético lo tenemos que entender, además de una forma de reducir los costes económicos, como uno de los modos en los cuales los agentes sociales pueden ejercer su corresponsabilidad en la consecución de este objetivo.

Detrás del autoconsumo no hay grandes números, por sí solo no va a resolver el cambio climático. Con un autoconsumo liberalizado, sin barreras económicas o administrativas, pero también sin incentivos, el tamaño máximo anual que se podría implantar en nuestro país sería de 250 MW.  Sin embargo, además de ser una vía de desarrollo tecnológico hacía el futuro próximo de ciudades o islas inteligentes, tiene una alta carga simbólica por este ejercicio de corresponsabilidad. Por lo que poner barreras al autoconsumo es ponerlas a alcanzar los objetivos del acuerdo de París.

El argumento más utilizado en su contra es el que afecta a la sostenibilidad del sistema eléctrico. Argumentación insostenible, ya que, en ese escenario de máximos, 250 MW supondrían una pérdida de ingresos para el sistema del 0,02%, porcentaje a todas luces insuficiente para representar ningún tipo de riesgo.

Descalificado este argumento y el de la insolidaridad económica entre los autoconsumidores y los que no lo son, ya que el saldo neto es positivo para todos los consumidores por el efecto depresor sobre los precios del pool que tiene el autoconsumo, el “nuevo ”argumento se basa en afirmar que el autoconsumo produce una “distorsión” en el mercado.

Entrar a discutir si el autoconsumo produce una distorsión o no en el mercado, sería admitir el marco conceptual de sus oponentes. Un marco conceptual que antepone una supuesta perfección del “mercado” sobre la lucha contra el cambio climático. Presentando un modelo de mercado anticuado, anacrónico con los nuevos mix energéticos que se están empezando a configurar, desarrollado en los años 80 del siglo pasado como el único modelo posible. ¿Es distorsión del mercado el que se deje de ingresar 4,1 millones de euros al año por el autoconsumo, pero no lo es que en una hora como la de la tarde del lunes 30 de octubre los consumidores tengan que asumir un extracoste de 4,3 millones de euros por el funcionamiento del susodicho mercado?

Realmente el autoconsumo, al no solicitar subvenciones ni primas es mercado, es la competencia entre dos diferentes modelos eléctricos. Al ponérsele barreras realmente se están poniendo barreras al libre mercado.

Además, en contra de lo que establece la reciente sentencia del Tribunal Supremo, el autoconsumidor sí contribuye a los costes del sistema, exactamente igual que cualquier otro consumidor que lo utilice en la misma medida que él. Cuando se introduce una barrera económica lo que se hace es que exigirle una contribución mayor que la de cualquier otro consumidor.

Por ello, esta es una cuestión de principios. El principio de luchar contra el cambio climático, el principio del libre mercado y el principio de no pagar por lo que no se utiliza. Y en los principios no hay términos medios.

La iglesia de la Cienciología se basa en un curioso precepto: “Si para ti es verdad, entonces lo es”. A veces en el debate de ciertos temas se aprecia cómo se utilizan conceptos de forma que el que los expresa parece poseedor de la “verdad absoluta”, llevando a discusiones técnicas formas de razonar más propias de los pensamientos mágicos. Cuando estas discusiones transcurren en el campo de las ideas, es difícil rebatirlas, pero cuando entran en el campo de la posible constatación empírica la cosa cambia. No hay mayor enemigo de la mitología que la matemática.

En el debate sobre el autoconsumo se quiere hacer pasar la idea a la opinión pública de que su utilización es regresiva e incluso personas que en otros aspectos se consideran liberales en términos económicos en este caso ven bien la introducción de barreras al libre mercado como es el llamado popularmente “impuesto al sol”. Claro que esto aparentemente sucede solo en nuestro país, ya que por ejemplo en Estados Unidos los partidarios del Tea Party los son a su vez del uso del autoconsumo, por lo que significa de defensa de la libertad de los ciudadanos frente a las grandes corporaciones y el Estado.

Su justificación se basa en la idea que los autoconsumidores son “insolidarios” porque no contribuyen a pagar los gastos del sistema. La realidad es que estos consumidores siguen pagando tanto el término fijo de la factura, que permanece inalterado, como el término variable en función de la energía que utilizan de la red. Con este respecto, es importante recordar que el 70% de los cargos y de los peajes del sistema se paga con la parte fija de la tarifa, mientras que el restante 30% se paga con la parte variable, de la que los autoconsumidores dejan de pagar la parte proporcional de los cargos de la energía que no consumen del sistema. Estos números demuestran que los autoconsumidores, aunque reduzcan el consumo de electricidad que usan de la red, no dejan de contribuir al mantenimiento del sistema, como cualquier otro ciudadano.

Hablando de un caso concreto, si tomamos como referencia una instalación de autoconsumo situada en una zona con buena insolación y con una potencia instalada igual o menor a la potencia contratada, vemos que ésta produce aproximadamente el 35% de la electricidad total que se necesita, por lo que es necesario adquirir el restante 65% de la red, por la que se seguiría pagando los cargos correspondientes. Lo que se dejaría de pagar es la cuota correspondiente a la parte variable de la tarifa: el 35% del 30%, es decir, un 11,6%.

Entonces, ¿cuál sería el verdadero impacto del desarrollo del autoconsumo en España? Por cada 100 MW de autoconsumo instalado, los autoconsumidores dejarían de pagar el 11,6% de la parte variable de la tarifa, lo que implicaría una reducción de los ingresos del sistema de 2,6 M€, es decir, un 0,01% del total de ingresos del sistema.

Las previsiones de crecimiento del autoconsumo en España, que se basan en estudios de mercado y comparaciones de la experiencia de países en los que existe un marco normativo similar a la propuesta recogida en la Proposición de Ley para el Fomento del Autoconsumo Eléctrico, presentada hace unos días en el Parlamento, nos indican que este mercado podría crecer alrededor de los 400MW al año, lo que implicaría que el sistema dejaría de ingresar 10,4M€, cantidad irrelevante si comparada con los más de 18.000 M€ que éste factura al año. Repartida entre los consumidores, esta cantidad supondría un recargo de 11c€ al año, cifra que pone de manifiesto la insensatez del alarmismo que se pretende crear.

Asimismo, una mayor penetración del autoconsumo implicaría una reducción del precio del mercado pool, que se traduciría en un importante ahorro económico en la factura para todos los consumidores. El autoconsumo, por lo tanto, es solidario con el resto de ciudadanos también desde un punto de vista económico, no solo ambiental, beneficio reconocido también por el Ministerio de Energía, en su reciente informe enviado al Parlamento para justificar su veto a la Proposición de Ley de Autoconsumo de Ciudadanos.

Además, el autoconsumo es desarrollo tecnológico, generación de empleo; es poner al ciudadano en el centro de decisión del modelo energético en la transición hacia las ciudades del futuro o ciudades inteligentes. Sería una grave irresponsabilidad dejar a nuestro país al margen de este camino.

El consumo de electricidad generada únicamente por fuentes renovables no es un futurible; es una realidad palpable

Los autoconsumidores no quieren privilegios ni subvenciones, pero tampoco barreras ni discriminaciones

¿Usted llamaría agricultor a alguien que tuviera un cerezo en su jardín? Si la respuesta es negativa, comprenderá que no tiene sentido llamar autoproductor a alguien que tiene una placa fotovoltaica en su techo.

Hoy en día la tecnología fotovoltaica, en aquellos países que cuentan con el recurso adecuado, es probablemente una de las más baratas que existen. Subasta tras subasta, se van rompiendo los récords de precios bajos. Hace poco más de un mes en México fueron 34€/MWH y hace unos días, 26€MWh en Dubái, sin ningún tipo de primas o bonificaciones. Si ponemos estas cifras en contexto con los 40€/MWh de media del precio del pool español [mercado mayorista de electricidad], vemos el grado de competitividad alcanzado por esta tecnología.

Bien es verdad, que estos precios se refieren a grandes plantas, no a pequeñas instalaciones en tejados. Cuando surgen voces criticando el elevado precio de la energía fotovoltaica se está cometiendo un error metodológico, ya que está comparando dos sistemas: uno centralizado, al cual solo aplican sus costes variables, con otro descentralizado, al cual aplica la totalidad de sus costes. Si piensa que es así de cara y nadie está pidiendo primas o subvenciones, no tiene por qué preocuparse, solo debe dejar actuar a las fuerzas del mercado, eso sí, sin ponerle barreras. 

El progreso no está en defender un modelo del siglo pasado, sino en tener visión de futuro. La competitividad alcanzada por la energía solar, unido al avance de las tecnologías de telecomunicaciones, está permitiendo en todo el mundo el desarrollo de una nueva forma de producir y consumir energía. Está abriendo un camino que partiendo del autoconsumo, llega hasta las ciudades inteligentes y da la opción al ciudadano de estar en el centro del nuevo modelo energético. Un nuevo modelo que, a través de la competencia, ayuda a reducir la factura de los consumidores, produciendo una energía limpia, que genera empleo, distribuido capilarmente por todo el territorio, reduce la dependencia energética y permite la continuidad de un sector tecnológico como es el fotovoltaico en el cual nuestro país es líder y está creciendo de manera espectacular en los últimos años a nivel mundial.

El consumo de electricidad generada únicamente por fuentes renovables no es un futurible; es una realidad palpable, como se ha demostrado hace unas semanas en Portugal, donde la fuerza del viento, del agua y del sol permitieron que el país entero “autoconsumiera” durante cuatro días la energía generada por fuentes no fósiles. En el futuro esta situación, ahora extraordinaria, será común, ya que se espera un abaratamiento de los costes de inversión de solar.

Por otra parte, es cierto que, si no existen programas públicos de apoyo, las instalaciones de autoconsumo son más interesantes para aquellos consumidores cuya curva de consumo coincide con las horas solares, por ejemplo, las PYMEs, las universidades, los hospitales y centros comerciales.

Si lo que realmente le preocupa es que piensa que va a tener que pagar más en su factura de la luz por culpa del autoconsumo, me gustaría tranquilizarle. Los autoconsumidores van a seguir pagando por los costes del sistema. Como todo el mundo sabe, la factura energética tiene un coste fijo en función de la potencia contratada y otro variable en función del consumo. La parte fija del recibo la seguirá abonando el autoconsumidor, que ahorrará sobre la parte variable igual que cualquier otro sistema de eficiencia. Si cuantifica ese ahorro, comprobará que por cada 100MW de autoconsumo que se realicen el sistema dejará de ingresar para sus costes estructurales una cantidad en el entorno de los tres millones de euros. Vista la experiencia internacional, no parece realista pensar que, en el mejor de los casos, el mercado supere la cifra de 400MW/año. Es decir, estaríamos hablando de que un sistema que recauda más de 17.000 millones de euros año se vería en crisis por dejar de ingresar doce. No parece muy plausible.

Otro dato antes de terminar. En los últimos seis años el importe total de las primas a la fotovoltaica ha sido del 12%, por lo que no parece que concuerde con el que se le responsabilice de ser la principal causante de la subida del 70% del recibo de la luz en ese mismo periodo.

Los autoconsumidores no quieren privilegios ni subvenciones, pero tampoco barreras ni discriminaciones. Libre mercado y libre camino al progreso.

Los cambios disruptivos en los modelos de negocio siempre provocan la oposición de algún actor que se siente perjudicado

Esta alternativa está generando la oposición de aquellos agentes que prefieren la continuación del

status quo

actual, aunque en ningún país ha llegado al extremo del borrador de Industria

La voluntad de los responsables del ministerio es muy clara: impedir el desarrollo del autoconsumo en nuestro país

Que el mundo se mueve, que los avances tecnológicos producen que lo haga a una mayor velocidad, que los cambios que se provocan cuentan con la oposición de algún actor que se siente perjudicado por ellos y que esas reacciones están condenadas al fracaso y solo consiguen tiempo mientras se lo hacen perder a la sociedad, entra completamente en el campo de lo obvio.

El ciclo se repite constantemente con cualquier innovación, sobre todo cuando ésta tiene un carácter disruptivo sobre los modelos de negocio previos.

Este proceso de oposición está sucediendo en este momento con respecto a la energía fotovoltaica, debido al grado de competitividad alcanzado por esta tecnología y su posible utilización por parte de empresas y ciudadanos como sistema de eficiencia energética.

El incremento en la utilización del autoconsumo energético en todo el mundo, amparado por las regulaciones existentes desde Japón a California, está generando la oposición de aquellos agentes que prefieren la continuación del status quo actual a adaptar sus modelos de negocio y explorar las nuevas posibilidades de crecimiento.

No nos olvidemos que el desarrollo del autoconsumo con balance neto es sólo el eslabón de una cadena que conduce a las ciudades inteligentes. Espacio donde se entremezclarán energía, transporte y telecomunicaciones. Las transformaciones que en este escenario veremos en los próximos años harán que el mundo urbano se parezca poco al que conocemos hoy.

Las empresas que tengan la visión de ver esas oportunidades serán las vencedoras de mañana; las que apuesten por el pasado serán las perdedoras.

La oposición a esta nueva tecnología disruptiva no ha llegado en ningún país al extremo de radicalidad expresada en el reciente borrador de Real Decreto de Autoconsumo publicado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El objetivo final de dicho borrador no es otro que el de intentar cerrar cualquier puerta al desarrollo de esta tecnología, instalando todas las barreras tanto administrativas como económicas que los equipos de la Secretaría de Estado de Energía han podido idear.

Barreras como el establecimiento, con efectos retroactivos como es marca de la casa, de la obligación de solicitar un estudio de conexión a la compañía eléctrica, por pequeña que sea la instalación y aunque no se piense verter un solo watio en la red. Un estudio innecesario que, dicho sea de paso, hay que abonar y que para pequeñas instalaciones puede suponer un sobrecoste de hasta el 40%. En Portugal, por ejemplo, basta con una simple comunicación a través de internet.

Barreras, como la imposición de las cargas conocidas popularmente como “impuesto al sol”. Cargas que pretenden llevar a los posibles proyectos fuera del área de rentabilidad económica, con la finalidad de hacer desistir a los posibles interesados.

Es un borrador lleno de paradojas. Al tiempo que cita la Directiva 2009/28/CE que establece la obligación de racionalizar y acelerar los procedimientos administrativos relativos a las energías renovables, establece un proceso tan irracional como el mencionado anteriormente y cierra la puerta a las regularizaciones simplificadas que habían establecido o estaban estableciendo la mayoría de las Comunidades Autónomas.

Otra paradoja es el tratamiento que se da a los territorios extrapeninsulares. El texto reconoce que el autoconsumo, por su competitividad, supone un ahorro importante para todos los consumidores  al reducir los extracostes del sistema. Sin embargo, sólo exime del “impuesto al sol” en los territorios extrapeninsulares durante menos de cuatro años,  totalmente insuficiente para rentabilizar la inversión necesaria.

La voluntad de los responsables del R.D. es muy clara: impedir el desarrollo del autoconsumo en nuestro país. Con ello están cercenando el futuro de una industria que está compitiendo con éxito en los mercados internacionales. Se destruyen puestos de trabajo y se evita que se creen los que vendrían de la mano del desarrollo de esta actividad. Y sobre todo, se nos cierra el paso no solo al futuro sino también al presente, intentando mantenernos en un pasado obsoleto. Pero el futuro llegará.  

El sistema no necesita acabar con las tecnologías limpias y de futuro, sino revisar sus propios fallos. Hay que acabar con un sistema como el de las subastas CESUR que solo ha favorecido la especulación financiera.

Este jueves nos despertamos con la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico y la noticia de que la subasta trimestral de la electricidad alcanzaba máximos históricos, en un momento de crisis en el que, precisamente, la demanda ha bajado. Se va a subir la luz, y nadie entiende muy bien por qué.

Y como a río revuelto, ganancia de pescadores: Gobierno y grandes eléctricas aprovechan para decir que la culpa es de las energías renovables. Total, ante tanto lío, ¿quién conoce la realidad para desmentirlo?

No es difícil perderse, pues estamos viviendo unos días de auténtico vértigo: “tarifazo” (+29,5%) en la subasta CESUR en la que especulan las grandes eléctricas y las sociedades financieras como si se tratase de un “derivado” financiero más y la anulación posterior de la subasta por parte del Gobierno por primera vez en su historia; subida de peajes por parte del Ejecutivo porque decide que los fondos que iban a destinarse a disminuir el déficit eléctrico de este año van a otros fines; constantes cambios en un extenso paquete normativo sobre el Sector Eléctrico que rompe la seguridad jurídica, instalan el inédito principio jurídico de desconfianza del regulado sobre el regulador y cercena la libre competencia y las libertades individuales con medidas como el “impuesto al sol” contra el autoconsumo…

Es complicado entender lo que sucede, pero no imposible.

De dónde viene el déficit de tarifa y cómo podría reducirse el precio de la luz

¿Son las renovables las culpables del déficit de tarifa y de la escalada de precios de la energía? Nada más lejos de la realidad.

Según los informes de la CNE, el 41% del déficit de tarifa proviene del llamado déficit ex ante, es decir, el déficit en el que ya se sabe que se va a incurrir a principios de año pero que los gobiernos deciden no corregir para no sufrir desgaste político. El 31% proviene de la desviación de precios del mercado eléctrico (lo que el Gobierno calcula que costará la luz y la diferencia con el precio final), el 5% de la desviación de costes extrapeninsulares y el 22% del régimen especial, incluida la cogeneración, que no se considera energía renovable.

Es decir, del déficit de tarifa acumulado, las energías renovables no representan ni una cuarta parte. Sirva como ejemplo el sector fotovoltaico: en 2008, el déficit de tarifa acumulado ascendía ya a 16.000 millones de euros (un 60% del actual), cuando en España la industria solar era prácticamente inexistente.

La afirmación de que las energías renovables son las culpables del déficit de tarifa cuando todas en su conjunto no suman ni una cuarta parte del mismo es cuando menos tendenciosa. Igualmente lo es el buscar una correlación directa entre el coste de las energías renovables y “subida de la luz” de una subasta CESUR en la que no participan.

Está claro que el modelo de asignación de precios ha hecho aguas y que es necesaria una reformulación del mismo que vaya más allá de la presente contrarreforma , basada en un modelo de recorte de gastos sin visión estratégica de futuro. Una contrarreforma que rompe la seguridad jurídica constantemente con normas retroactivas y que va a acabar, sin razones para ello, con un sector tecnológico, el de las energías renovables, en el que España ha sido líder mundial y ejemplo de I+D+i. Una política anti-renovable que cercena las libertades individuales de cada ciudadano impidiendo el autoconsumo energético y lleva al concurso de acreedores a todo un sector, el de las 55.000 familias que invirtieron en instalaciones fotovoltaicas confiando en las condiciones económicas que marcaba el BOE, y en que estaba en un país jurídicamente respetable.

El sistema no necesita acabar con las tecnologías limpias y de futuro, sino revisar sus propios fallos. Acabar, por ejemplo, con un sistema como el de las subastas CESUR que solo han favorecido la especulación financiera, o reformar el sistema marginalista de fijación de precios por el que se está pagando la energía más barata al precio de la energía más cara.

También se podría clarificar por qué costes como el de la interrumpibilidad (750 millones al año) o el de la extrapeninsularidad (1.850 millones al año), tienen que ser sufragados por el consumidor. Algo que en la situación actual tiene más que ver con la política industrial o territorial que con la energética.

La interrumpibilidad es la disponibilidad de ciertas compañías para parar su actividad si hay problemas de suministro eléctrico. Esta posibilidad no se utiliza desde hace más de doce años y sin embargo, y a pesar de que el sistema tiene una notable sobrecapacidad, el pago por interrumpibilidad ha sido aumentado por el Gobierno un 117% entre 2008 y 2011. Sólo el año pasado, se aumentó un 50%.

La partida de la extrapeninsularidad se ha incrementado en un 980% desde el año 2002 y podría ser reducid,a entre otros métodos, favoreciendo la introducción de las energías renovables en un entorno en el cual pueden producir energía eléctrica a la mitad del precio del sistema.

El autoconsumo con balance neto podría ser otra forma de ayudar al consumidor tanto doméstico como industrial a reducir su factura energética y a incrementar la competitividad en el sector. Sin embargo, el Gobierno lo ha hecho inviable, con un “impuesto al sol” que implica que aquellos que autoconsuman paguen entre un 5 y un 9% más de peajes que los que no. Se cercenan así los derechos individuales de cada ciudadano, la vía de desarrollo natural de la industria fotovoltaica española y un avance tecnológico en eficiencia energética que envidiaremos y exportaremos de nuestros países vecinos en el futuro, teniendo actualmente en España una industria fotovoltaica que es el modelo de todo el mundo en el sector.

Hay alternativas, lo que se necesita es voluntad política y visión de futuro para poder implementarlas.