• Luis Recuenco afirma que la congelación del salario mínimo que ha llevado a cabo el Gobierno de Rajoy aumenta la desigualdad en la renta y genera una mayor caída del consumo. En cambio, aumentarlo mejoraría la calidad de vida de los trabajadores con salarios más bajos y no tendría un efecto negativo sobre el empleo.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha congelado por segunda vez el salario mínimo desde que llegó al poder. Mientras, el nuevo Gobierno de coalición en Alemania acordó recientemente establecer un salario mínimo (60% superior al español) y Barack Obama tiene intención de aumentarlo un 40%. En EEUU el debate sobre este asunto ha sido muy intenso durante los últimos años.

En 2007, 650 prestigiosos economistas, entre ellos cinco Premios Nobel y cinco expresidentes de de Economía, firmaron un documento reclamando un aumento del salario mínimo. Señalaban que era una herramienta imprescindible para luchar contra la pobreza, que mejoraría la calidad de vida de los trabajadores con salarios más bajos y no tendría un efecto negativo sobre el empleo.

¿Qué evidencia encontramos en la literatura sobre el salario mínimo? Este es uno de los temas más investigados desde la economía en EEUU. Sin lugar a dudas, el estudio más influyente y citado es el de Card y Krueger de 1992, que analizó 410 restaurantes de comida rápida en los estados de Nueva Jersey y Pensilvania.

En Nueva Jersey aumentó el salario mínimo, mientras que en Pensilvania se mantuvo constante, mostrando los autores que este incremento no representó una destrucción de empleo en este tipo de establecimientos. En 2009, Stanley y Doucouliagos llevaron a cabo un metaanálisis, es decir, un estudio de 67 artículos publicados desde 1992 hasta 2007 sobre el salario mínimo, que corroboró el estudio de Card y Krueger: un efecto insignificante sobre el empleo.

En España se ha estudiado muy poco el tema en relación a EEUU. Los resultados son muy divergentes dependiendo del grupo de edad, sector económico o comunidad autónoma. Pero no se puede concluir que un aumento del salario mínimo supondría la destrucción de empleo en términos globales.

La idea tan promocionada por parte de determinados economistas e instituciones internacionales sobre la necesidad de una devaluación interna (bajar salarios) para favorecer la competitividad de la economía, y de esta forma aumentar las exportaciones, ha sido un fracaso para el conjunto de la sociedad. También, el énfasis excesivo del actual Gobierno orientando todos los esfuerzos en facilitar la contratación (modificando convenios colectivos) de las empresas.

Dado que el consumo de los hogares representa alrededor del 50% del PIB y que las exportaciones suponen el 22% del PIB, para poder compensar una caída del consumo interno con las exportaciones, estás últimas deberían aumentar espectacularmente. Una estrategia de competitividad, bien diseñada, para nuestras empresas exportadoras no se puede improvisar durante una crisis, reduciendo los salarios. Es necesaria una visión de futuro centrada en dos ejes estratégicos: mayor inversión en I+D y en capital humano. En el ámbito interno, por mucho que se facilite la contratación a los empresarios, estos no contrataran a más trabajadores si no venden sus productos.

Las decisiones sobre las políticas públicas más acertadas deben considerarse teniendo en cuenta el contexto institucional y la realidad socioeconómica de los diferentes países. Nuestra pertenencia a nos impide devaluar la moneda e inyectar dinero masivo en los mercados financieros, básicamente porque no ha existido un posicionamiento enérgico y conjunto de los países más afectados por la austeridad frente a la troika. Si bien debemos tener presente los constreñimientos exteriores anteriores, el salario mínimo es un asunto interno. Disponemos de plena autonomía en esta materia, el salario mínimo es uno de los pocos estímulos económicos que conservamos de la política económica.

La decisión de Mariano Rajoy de volver a congelar el salario mínimo es un disparate. No tiene sentido considerando las evidencias empíricas apuntadas anteriormente, el desplome de los salarios más bajos, el aumento tanto de la desigualdad en la renta como de la pobreza y la caída del consumo. Por si no fuera suficiente, el salario mínimo es de los más bajos de y el más bajo respecto al salario medio, según el índice de Kaitz. Suba el salario mínimo.

Los estudios sobre la viabilidad de las pensiones en España, financiados mayoritariamente por entidades financieras, no incorporan los efectos de una desigualdad creciente.

El jueves pasado el pleno del congreso aprobó el proyecto de ley de la reforma de las pensiones. Los últimos meses se ha escrito mucho a cerca de las consecuencias de la reforma, pero muy poco sobre cómo influye la desigualdad de la renta en los ingresos de la seguridad social. La desigualdad ha aumentado en la inmensa mayoría de los países de la zona euro durante la última década. España es el país de la OCDE donde más crece la desigualdad durante los últimos años y exceptuando Letonia, es el más desigual de la zona euro.

Hace dos semanas Mariano Rajoy señaló: “No hay en este momento unos indicadores precisos ni en España ni en Europa sobre los datos de desigualdad…” En cambio, cinco días antes, Barack Obama realizó un discurso centrado en la desigualdad de EE.UU., tema muy presente en la agenda pública los últimos años. Es quizás una consecuencia tanto de la alarmante desigualdad de la renta, como de un trabajo constante de denuncia, por parte de think tanks progresistas, periodistas, movimientos sociales y científicos sociales.

En el informe Envejecimiento 2012 de la Comisión Europea, que ha orientado nuestra reforma, no aparece la palabra desigualdad. Los estudios sobre la viabilidad de las pensiones en España, financiados mayoritariamente por entidades financieras, no incorporan los efectos de una desigualdad creciente. En España, en 2012, por primera vez en democracia, las rentas del capital superaron a las rentas del trabajo en relación al PIB total: 46,1% versus 44,2%. Una realidad muy diferente respecto a la UE-15, donde las rentas del capital suponen el 37,4%, frente al 50,4% de las rentas del trabajo.

Dado que las rentas del capital no cotizan a la seguridad social, cuando estas aumentan y paralelamente disminuyen las del trabajo, se reducen tanto las cotizaciones como los ingresos de la seguridad social. Imaginemos que nuestro PIB es 100 y las pensiones públicas se financian con unas cotizaciones (trabajadores y empresarios) del 24% de los salarios. Si las rentas del trabajo representan un 44% del PIB la seguridad social ingresaría 10 euros (24% de 44). Pero supongamos que cambia el gobierno y decide implementar políticas para converger con la UE-15 aumentando las rentas del trabajo hasta el 50%. En este nuevo escenario la seguridad social ingresaría 12 euros, 2 euros más, un incremento espectacular teniendo en cuenta la riqueza del país.

La mayoría de los estudios sobre la viabilidad de las pensiones realizados en España han sido financiados por entidades financieras. Estos estudios erraron estrepitosamente a mediados de la década de los noventa. Proyectaron una población total en 2010 entre 6 y 8 millones menos de habitantes respecto al valor real. También estimaron a la baja la población de 15 a 64 años en 2010, de 5 a 6 millones. Pronosticaron, creando alarma social, la quiebra del sistema, estimando déficit en 2000 (de -0,42 a -1,61 del PIB) 2005 (de -0,75 a -1,80 del PIB) y 2010 (de -0,99 a -2,15 del PIB) cuando realmente existió superávit.

A pesar de estos errores, la insistencia de mensajes sesgados, basados en el catastrofismo demográfico, han acabado creando un imaginario colectivo de colapso financiero de nuestro sistema de pensiones en el futuro. En este contexto parece poco probable que entidades financieras, que han visto aumentar sus beneficios, financien estudios sobre las pensiones, incorporando la variable desigualdad.