En toda Europa ha crecido el interés y la preocupación por los partidos de derecha populista radical. Por “derecha populista radical” nos referimos a partidos cuyo perfil ideológico es radical pero no extremista. La diferencia está en que mientras los partidos extremistas tienen como objetivo acabar con la democracia y establecer un régimen autoritario, los populistas aceptan la democracia pero rechazan diversos elementos del régimen democrático liberal. Por ejemplo, la derecha populista radical está en contra de la inmigración y de los derechos a las minorías.

La cuestión de cómo hacer frente a estos partidos ha ganado impulso en los últimos años. Sin embargo, el caso de España ha recibido poca atención. Esto se relaciona con el hecho de que los partidos de derecha populista radical casi no tienen influencia política.

Los partidos de derecha populista radical más relevantes en España son Democracia Nacional, España-2000 y Plataforma per Catalunya. Democracia Nacional y España-2000 son partidos a nivel nacional, mientras que Plataforma per Catalunya se organiza exclusivamente dentro de Cataluña. El perfil ideológico de Democracia Nacional se caracteriza por una combinación de anti-elitismo y nacionalismo español. Su lema es “No seas tonto, reacciona! Los españoles primero”. España-2000 pone énfasis en la ley y el orden, la reducción de impuestos y las políticas anti-inmigración. También utiliza el lema “Los españoles primero”, llamando a su enfoque como de “patriotismo social”. Por último, Plataforma per Catalunya declara estar más allá de la brecha socioeconómica entre izquierda y derecha. Al igual que los otros dos partidos, hace un llamamiento a aquellos que están en contra de los inmigrantes y no se sienten representados por la clase política. Su lema es “nativos primero”.

Curiosamente, si nos fijamos en los datos electorales en España desde 1980, ninguno de estos partidos ha recibido alguna vez más de 1% de los votos en unas elecciones. ¿A qué se debe este escaso éxito electoral? En nuestro trabajo recientemente publicado en la revista South European Society and Politics, nos dispusimos a responder a esta pregunta.

Durante un tiempo pareció que existía un atractivo potencial para este tipo de partidos. Fue en la década de los 2000, cuando, atraídos por una economía en auge, los inmigrantes llegaban a España en grandes números. A principios de los 90 los inmigrantes representaban sólo el 2% de la población española, mientras que en 2013 esta cifra había aumentado hasta el 12%. En la década de los 2000, las actitudes negativas hacia los inmigrantes españoles crecieron cada vez más, como lo demuestran las encuestas del CIS. La preocupación de los españoles respecto a la inmigración alcanzó su pico en octubre de 2006, cuando el 59% lo veía como el principal problema de España. Sin embargo, la prominencia de la inmigración como problema comenzó a desvanecerse con el estallido de la crisis económica. En 2011 el número de españoles que creía que la inmigración era el principal problema del país había caído por debajo del 10%, y en mayo de 2013 se había reducido a un mero 1,5%, mientras que el número de españoles que indicó que el desempleo era el principal problema del país llegaba al 82%.

En resumen, está claro que entre los años 2000 y 2010 los partidos de derecha populista radical tuvieron una oportunidad de oro para explotar la presencia de sentimientos anti-inmigrantes entre la población. La pregunta es, ¿por qué no fueron capaces de obtener beneficios electorales de este estado de ánimo de los ciudadanos? En nuestra opinión, hay dos factores principales que lo explican.

Por un lado, el sistema electoral español beneficia a los grandes partidos con un apoyo geográficamente concentrado, a expensas de los partidos pequeños que tienen un apoyo geográficamente disperso. No es casualidad que el partido de derecha populista radical de mayor éxito en España sea Plataforma per Catalunya, un partido que se concentra geográficamente en una Comunidad. Por otro lado, la derecha populista radical tuvo grandes dificultades para encontrar un nicho electoral durante los 2000. Esto se debe en parte al hecho de que estos partidos no podían diferenciarse lo suficiente del Partido Popular. El nacionalismo (con tonos xenófobos) y el autoritarismo están muy arraigados en los principios ideológicos de la identidad del PP, como se demuestra por la hegemonía electoral del partido entre los votantes de extrema derecha; en las elecciones generales de 2011, entre el 80 y el 83% de la derecha y los votantes de extrema derecha votaron al PP. El único elemento que diferencia claramente estos partidos del PP es el populismo radical de los primeros, en oposición a la defensa del statu quo de este último. El discurso populista se caracteriza por la afirmación de que “las élites” no respetan la soberanía popular, y ha llegado el momento de tomar el poder y darlo de nuevo a “el pueblo”.

Hasta hace poco, el populismo en España estaba en un estado de latencia en algunas de las actitudes políticas. Durante la década de 2000, la sensibilidad de los españoles hacia estas actitudes aumentó pero el factor que generó un cambio en este sentido fue la crisis económica. Como se puede observar en el gráfico 1, el nivel de confianza en las instituciones democráticas en España ha caído en picado desde 2008 y la satisfacción con la democracia ha disminuido de la misma forma. No sería exagerado afirmar que ahora mismo hay un Zeitgeist populista en el país.

Gráfico 1: La confianza en las instituciones democráticas y la satisfacción con la democracia entre 2002 y 2014 en España (valores medios)

La crisis económica ha tenido un efecto dramático en la sociedad española y en su sistema de partidos. El PP ha perdido el monopolio de la derecha como el PSOE ha perdido su hegemonía en la izquierda. En consecuencia, se han abierto espacios en los extremos del espectro político, los cuales están siendo ocupados por nuevas fuerzas políticas en estos momentos. A la izquierda, Podemos, un nuevo partido político con un discurso populista, ha crecido de manera exponencial en un período muy corto. En las elecciones del Parlamento Europeo del año pasado obtuvo el 8% de los votos y cinco escaños. Las probabilidades de que repita este éxito inicial en las elecciones nacionales y demuestre que sus apoyos son estables están a su favor. Después de todo, la gran recesión ha provocado en España un aumento en la preocupación por las cuestiones socioeconómicas en lugar de cuestiones migratorias, y además hay poca confianza en las instituciones democráticas del país.

Pero a la vez este es también un momento difícil para la derecha. La derecha populista radical perdió una oportunidad de oro cuando las actitudes anti-inmigrantes estaban en su punto más alto. Ahora ha surgido una nueva oportunidad, no tanto por la retórica xenófoba sino por los mensajes populistas y anti-casta. Por otro lado, el Partido Popular ha perdido en gran medida el control sobre los votantes conservadores y de extrema derecha debido a los escándalos por corrupción. ¿Será capaz algún partido de derecha populista radical de convertir este nuevo contexto a su favor? Con un año tan electoralmente cargado como 2015, puede que no tengamos que esperar demasiado tiempo para conocer la respuesta.

Mucho se ha escrito últimamente sobre los efectos de la crisis económica en el sistema político. La gran mayoría de los análisis toman en consideración tan sólo la situación de un país europeo, sobre todo la de aquellos que se han visto más afectados, es decir, España, Grecia, Irlanda y Portugal. Hasta ahora prácticamente no se ha elaborado ninguna mirada comparada que vaya más allá de la situación de los países desarrollados. A mi juicio, uno de los más obvios candidatos para hacer comparaciones transregionales con Europa es América Latina.

El continente latinoamericano sufrió una fuerte recesión económica en los años 80, la cual estuvo directamente relacionada a una crisis de la deuda externa y terminó abriendo paso a la implementación de profundas reformas económicas a favor del libre mercado a lo largo de los años 90. Muchas de las dificultades que los países europeos están viviendo actualmente fueron experimentadas por países latinoamericanos con especial vigor hace no mucho tiempo. Basta pensar en la presión foránea para recortar el gasto público, modificar el sistema impositivo y liberalizar el mercado del trabajo.

¿Pero hasta qué punto el camino recorrido por América Latina arroja luces sobre lo que podrá suceder en Europa el día de mañana? En este breve post quiero defender que para comprender el presente y futuro de Europa, resulta pertinente fijarnos en lo que sucedió en América Latina. A modo de ejemplo, me interesa plantear dos tentativas lecciones que me parecen particularmente válidas.

No está en juego el régimen democrático sino su calidad

Abundan los análisis que establecen una similitud entre la situación europea actual y la situación europea en el período de Weimar. Visto así, la posibilidad del colapso del régimen democrático estaría a la vuelta la esquina, lo cual supuestamente se visibiliza en el crecimiento electoral de los partidos populistas de extrema derecha. Si bien es preocupante el discurso y el programa de estos partidos, es exagerado pensar que estos estén cerca de obtener más del 50% de los votos. Más aún, no es del todo claro que dichos partidos vayan a crecer electoralmente producto de la crisis económica, sino que hay varios indicios que permiten pensar justamente lo contrario.

América Latina ha demostrado que la democracia puede subsistir pese a shocks económicos, espantosos niveles de desigualdad y serios problemas en la capacidad del Estado para cobrar impuestos. No hay mejor ejemplo de esto que la experiencia de Argentina, un país que sufrió una devastadora crisis económica en los años 2000 y 2001, la cual obligó al país a declararse en bancarrota y sufrir devastadoras consecuencias sociales. No obstante, el mundo militar no hizo un golpe de Estado y aun cuando reinó la inestabilidad política por un tiempo, Argentina fue capaz de mantener un sistema democrático.

Con esto no quiero decir que la democracia Argentina ni la de los países latinoamericanos sea perfecta. Se trata de regímenes políticos que permiten la realización periódica de elecciones libres y limpias, pero en donde subsisten una serie dificultades y por tanto evidencian una baja calidad democrática. Desde este ángulo, cabe pensar que la actual crisis económica afectará sobre todo la calidad de la democracia de muchos países europeos, pero no así la existencia misma del régimen democrático. Al decir esto mi intención no es disminuir la gravedad de la crisis, sino más bien girar el ángulo desde dónde se observa el problema. De hecho, creo que convendría investigar mucho más en el rol que juegan partidos de centro-derecha en patrocinar el adelgazamiento del Estado de Bienestar al igual que la escasa innovación programática de partidos de centro-izquierda, y mucho menos en la amenaza ejercida por partidos populistas de extrema derecha.

No está claro que las disputas por mejorar la redistribución ganen preponderancia

Si hay algo que la historia reciente de América Latina demuestra con bastante elocuencia es que la implementación de políticas de austeridad no produce de forma automática una repolitización de las demandas materiales. Aunque parezca curioso, solo recientemente y en algunos países de la región, las elecciones se ganan mediante la elaboración de un programa político centrado en combatir la desigualdad socioeconómica. ¿Cómo se explica que después de la crisis económica que América Latina sufrió durante los años 80 no hubiese un triunfo generalizado de fuerzas políticas de izquierda que promoviesen una mejor redistribución de la riqueza?

Esto obedece probablemente a que en momentos de crisis los votantes suelen preferir aquellos actores y partidos que sean capaces de ofrecer calma y capacidad de controlar la situación. Si bien una gran mayoría de los latinoamericanos no estaba a favor de las recetas neoliberales, ellos optaron por tragar la píldora amarga: dejar que los políticos efectúasen las reformas con la esperanza que esto iba a permitir generar estabilidad y una mejor situación económica en el futuro. Ahora bien, después de que las reformas fueron implementadas y que resultara evidente que éstas no ayudaban a combatir la desigualdad, movimientos sociales y partidos de izquierda comenzaron a ganar terreno mediante la politización de las demandas materiales. De hecho, el así llamado giro a la izquierda ha acontecido en América Latina durante la primera década del siglo XXI y no antes.

En consecuencia, no sería de extrañar que en el caso de Europa exista una importante brecha temporal entre la implementación de políticas de austeridad y la emergencia de una agenda política centrada en la desigualdad que sea rentable electoralmente. Parte de esto se explica porque para que esta agenda irrumpa con fuerza y movilice a los electores, es necesario que se consoliden recursos organizacionales que usualmente son provistos por movimientos sociales y nuevos partidos políticos. Movimientos como el de los indignados en España y el de 5 estrellas en Italia serían tan solo el inicio de un largo camino por recorrer, para que disputas por una mejor redistribución se transformen en el eje central del conflicto político y no la discusión en torno a la estabilidad económica, la inmigración u otros temas.

Tal y como lo pronosticaban las encuestas, Michelle Bachelet ha ganado las elecciones presidenciales en Chile. Se trata de una líder política con experiencia, miembro del Partido Socialista y Presidente de la República entre los años 2006 y 2010. Su regreso al poder implica el retorno de la coalición de partidos de centro-izquierda que ha gobernado Chile desde la recuperación de la democracia en 1990 hasta el triunfo de Sebastián Piñera y la centro-derecha en el año 2010. Si bien es cierto que Piñera deja un buen balance económico (durante su administración el país ha crecido a tasas anuales cercanas al 5 por ciento y el desempleo ha bajado hasta aproximadamente un 6 por ciento), el electorado tiene una pésima imagen del gobierno. En otras palabras, el desempeño económico del país no ha ido de la mano con los índices de aprobación de la administración de turno.

Evelyn Matthei, la principal candidata de la centro-derecha, obtuvo un magro 25.03 por ciento en la primera vuelta y un 37.83 por ciento en la segunda vuelta. Por el contrario, Michelle Bachelet, la principal candidata de la centro-izquierda, consiguió un 46.7 por ciento en la primera vuelta y una clara mayoría con un 62.16 por ciento en la segunda vuelta. Al mismo tiempo, en las elecciones parlamentarias que se realizaron de forma simultánea con la primera vuelta presidencial, la coalición de partidos que apoya a Bachelet logró un muy buen resultado electoral tanto en la cámara de diputados con en la de senadores. Todo indica que el nuevo gobierno tendrá la mayoría suficiente en el parlamento para llevar adelante una reforma tributaria y educacional. Ambas reformas son parte medular de las promesas electorales de Bachelet.

¿Cómo se explica la rotunda derrota de la centro-derecha chilena? ¿Por qué la buena conducción económica del actual gobierno no facilitó un buen resultado electoral de los partidos de centro-derecha? Varios han culpado el mal manejo comunicacional de Sebastián Piñera y otros han denunciado las divisiones al interior de la centro-derecha. Aun cuando estas interpretaciones no son falsas, el mayor problema de los partidos de centro-derecha es programático. Se trata de partidos políticos que no han sabido adaptarse al Chile democrático y que ofrecen posturas alejadas de las ideas e intereses del electorado. A estas alturas, es un anacronismo defender a rajatabla el sistema neoliberal impuesto por Pinochet y seguir oponiéndose a la demandas ciudadanas tanto por una sociedad más justa como por una mejor democracia.

Estamos hablando sobre un país que refleja de forma ejemplar que el crecimiento económico no va necesariamente de la mano con una mejor distribución del ingreso. No es casualidad que la ciudadanía viene demandando desde hace un buen tiempo que debe haber límites a la acción del mercado y que el Estado debe jugar un rol importante para combatir la desigualdad. Tal como reflejan los datos de las encuestas del Latinobarómetro, la mayoría de los ciudadanos son de la opinión que la economía de mercado no es el único sistema con el que Chile puede llegar a ser desarrollado. A su vez, estos datos indican que el electorado chileno crecientemente aprueba la idea de que la educación básica, la salud y el sistema de pensiones deben estar mayoritariamente en manos del Estado. Finalmente, cabe destacar que mientras en el año 1998 aproximadamente un 50 por ciento de los votantes chilenos opinaban que las privatizaciones de empresas estatales han sido beneficiosas para el país, hoy tan solo un 20 por ciento de la población chilena comparte esta idea.

Frente a esta realidad, la postura de la centro-derecha chilena ha oscilado entre la transformación a regañadientes y el atrincheramiento ideológico. Así, por ejemplo, líderes emblemáticos de la derecha del país han argumentado recientemente que la agenda de Bachelet busca establecer el socialismo en Chile. Ahora bien, cualquier observador sensato se da cuenta que el programa de la centro-izquierda chilena pretende corregir los excesos neoliberales y avanzar gradualmente hacia el establecimiento de aquellos derechos universales que son característicos de las sociedades europeas. Lo que muchos de la centro-derecha chilena etiquetan como “socialismo” no es otra cosa que un conjunto de políticas públicas que son demandadas por la ciudadanía y que han permitido a las naciones europeas compatibilizar prosperidad económica y equidad social.

A modo de referencia, cabe señalar que los datos del Banco Mundial muestran que Chile tiene un producto interno bruto según paridad de poder adquisitivo de 21.310 dólares per cápita (equivalente a 15.356 dólares per cápita según valores nominales). Portugal es el país más pobre de Europa Occidental y tiene un producto interno bruto según paridad de poder adquisitivo de 24.770 dólares per cápita (equivalente a 20.182 dólares per cápita según valores nominales). Dado que las perspectivas futuras del país son positivas, Chile no está muy lejos de alcanzar el mismo nivel de desarrollo económico que Portugal. No obstante, la desigualdad económica en Chile es muchísimo mayor que en Portugal. Evelyne Huber y John D. Stephens (“Democracy and the Left: Social Policy and Inequality in Latin America”, Chicago University Press, 2012) han demostrado que esta diferencia se explica por la implementación de distintos modelos de desarrollo: mientras en Chile se han llevado a cabo profundas reformas neoliberales, en Portugal se han instaurado en cierta medida reformas de corte social-democrático.

De tal manera, la centro-derecha chilena se encuentra en una encrucijada de proporciones. Por un lado, no faltan quienes insisten en oponerse a las demandas del electorado y argumentan que el malestar de la ciudadanía con el modelo de desarrollo es tan solo un fenómeno pasajero. Por otro lado, hay quienes vislumbran que ha llegado el momento de adaptarse a un nuevo escenario y corregir las falencias del modelo de libre mercado implementado por Pinochet. Si la centro-derecha chilena tiene la intención de subsistir y seguir siendo una fuerza electoral relevante, debería escuchar a quienes abogan por la adaptación y resistir a quienes patrocinan el atrincheramiento ideológico.

En América Latina abundan los ejemplos de partidos de centro-derecha que han desaparecido de la esfera política debido a su incapacidad para elaborar ofertas programáticas que representen a amplios sectores de la ciudadanía. El futuro de la centro-derecha chilena está en las manos de sus propios líderes para renovarse y no en su capacidad para seguir obteniendo acceso privilegiado a los recursos económicos de una elite que mira con nostalgia los años del autoritarismo de Pinochet. Seguir defendiendo el modelo de libre mercado a como dé lugar y seguir impidiendo reformas que buscan profundizar la democracia equivale a caminar hacia el despeñadero. Asimismo, la solución tampoco pasa por la irrupción de caudillos o tecnócratas que creen estar dotados del carisma o inteligencia suficiente para gobernar de forma individual sin tener que invertir energía en la construcción de partidos políticos.

Ahora bien, el derrumbamiento electoral de la centro-derecha y la absoluta hegemonía de la centro-izquierda no es un escenario deseable para Chile ni para América Latina. De hecho, los partidos que apoyan a Bachelet así como muchos otros partidos de centro-izquierda latinoamericanos muestran claros signos de nepotismo y una preocupante desconexión con la sociedad civil. Una democracia saludable requiere competencia entre partidos políticos con perfiles programáticos atractivos para el electorado. Al mismo tiempo, la construcción de democracias estables que sean capaces de progresar económicamente va de la mano con la existencia de partidos políticos de diversos colores, los cuales representan las ideas e intereses de la ciudadanía. La endémica inestabilidad de ciertas naciones latinoamericanas guarda directa relación con la ausencia de un sistema de partidos establecido. En resumen, la renovación de la centro-derecha chilena es un desafío no solo para sus propios líderes y seguidores, sino que también para la democracia chilena. Por el bien del país y del próximo gobierno de Bachelet, es de esperar que la centro-derecha esté abierta a la renovación y no caiga una vez más en el atrincheramiento ideológico.