1. El acceso de las mujeres a servicios esenciales de salud reproductivos es un derecho fundamental que España está obligada a cumplir. Es desilusionante que el gobierno quiera dar un paso atrás cuando la mayoría del país quiere que la ley permanezca igual.

2. Los cambios propuestos a la legislación de aborto en España vulneran los derechos de las mujeres a su autonomía, a la intimidad, a estar libre de discriminación, a la salud, y a la vida digna libre de trato cruel, inhumano y degradante. Las restricciones propuestas comprometen aún más estos derechos para mujeres de grupos marginados como las adolescentes, mujeres rurales, o de bajo nivel socioeconómico.

3. Las españolas que pueden viajar a otro país para realizarse un aborto legal lo harán, y las mujeres que no pueden —pobres, jóvenes, o de otra manera marginadas— estarán forzadas a conseguir abortos clandestinos o a dar a luz, creando un sistema de dos clases donde mujeres sin recursos también se quedan sin opciones.

4. La prohibición del aborto en casos en que la mujer lleve un embarazo incompatible con la vida extrauterina vulnera el derecho a la intimidad y a estar libre de trato cruel, inhumano y degradante de las mujeres, como fue establecido por el Comité de Derechos Humanos en el 2005, en el caso de K.L. vs Perú.

5. Las restricciones en el acceso mediante diagnósticos a médicos adicionales, permisos para las menores, son restricciones desproporcionadas para acceder a procedimientos esenciales de salud, como lo son los casos de terminación del embarazo cuando la vida o salud de la mujer estén en riesgo, o en casos de abuso sexual.

6. El establecimiento explícito de que los médicos pueden objetar de conciencia a una terminación del embarazo es un derecho de los médicos y debe ser protegido, lo importante es que la norma garantice que las mujeres puedan acceder a cuidado médico sin sufrir barreras desproporcionadas en su acceso. Es decir, que se les garantice el derecho al cuidado médico aun cuando su médico sea un objetor, mediante la referencia de la paciente.

7. La prohibición de información sobre los servicios que proveen las clínicas vulnera los derechos a la salud e información de las mujeres, ya que supedita el conocimiento sobre un servicio esencial para la salud como información privilegiada que solo puede distribuirse de acuerdo al criterio de un tercero.

8. Hoy en día el 60% de la población mundial vive en lugares donde el acceso a la terminación del embarazo es permitida sin restricción en cuanto a las razones o por razones socioeconómicas. El otro 40% vive en lugares donde la terminación no es permitida o solo es permitida por algunas razones, como cuando la salud o vida de la mujer se encuentre en riesgo. En estos lugares, las mujeres ven seriamente vulnerados sus derechos humanos, y muchas veces esas restricciones les pueden costar la vida. Si España pasa la legislación va a ser el tercer país de la Unión Europea con estas restricciones, con Malta y Polonia.

9. Desde 1994 más de 30 países en el mundo han liberalizado sus leyes de aborto, expandiendo las razones por las cuales una mujer puede acceder a una terminación de un embarazo. Aun cuando la mayoría de países en Europa ya habían liberalizado sus leyes de aborto en 1994, Europa ha visto cambios normativos que aminoran restricciones de acuerdo a los motivos en Albania, Luxemburgo, Portugal, Suiza y España. Por lo tanto, el cambio supone un retroceso a la tendencia en Europa.

10. Hay que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que la probabilidad de que una mujer se someta a un aborto es la misma, sea el procedimiento legal o no. Así, desde que se reconoció el derecho con menos restricciones en España en 2010, el número de abortos solo ha aumentado por 5.000 para un número total de 118.359 en 2011.