Dentro del paquete de medidas impulsado por el Gobierno destinado a la Reforma de las Administraciones Públicas (informe CORA), se ha planteado la “Racionalización de los órganos de control externo” que, en realidad, propone la supresión de los Tribunales de Cuentas de las Comunidades Autónomas (conocidos por el acrónimo OCEX) y la asunción de sus competencias por el Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas es el órgano fiscalizador de las cuentas y la gestión económica del Estado en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los órganos fiscalizadores de cuentas que para las Comunidades Autónomas prevean sus Estatutos.

CORA pretende atribuir al Tribunal de Cuentas el peso de la fiscalización y control de todo el sector público de las Administraciones Autonómicas, que en este momento desarrollan 13 OCEX, sin tener en cuenta que hasta el 30 de octubre de 2013 aquel no concluyó las tareas sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2011. Y que en 2014 concluirá los informes de Cantabria o Extremadura (que no tienen OCEX propio) correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011.

Resulta evidente como manifiesta el propio CORA “la insuficiencia de medios con los que cuenta el Tribunal de Cuentas para asumir en exclusiva el control externo de las administraciones autonómicas y locales”.

No trato de justificar la necesidad de los OCEX en la escasez de medios del Tribunal de Cuentas ni en la tardanza en la emisión de informes, aún con los muchos problemas que ocasiona reflejar con retraso las deficiencias detectadas y su corrección, pero debe saberse. Tampoco en el escasísimo ahorro que pretende justificar la medida propuesta. El ahorro por sí mismo no es sinónimo de mayor eficiencia. Y el expuesto por CORA solo se sustentaría en la desaparición del personal funcionario que actualmente trabaja en los OCEX y al que, salvo desintegración, habría que reubicar y seguir pagando.

Además, CORA no valora el enorme dispendio y derroche de capital intelectual y económico que supone desbaratar una organización fiscalizadora en marcha y prescindir, sin más, de personas con una formación y experiencia de años en el control del Sector Público.

Por lo que respecta a Presupuesto, estructura y resultados, en el ejercicio 2012, los OCEX elaboraron 202 informes, contaban con 869 personas y sus Presupuestos sumaban 73.706.000 euros, en tanto que el Tribunal de Cuentas, con 804 personas y 62.123.220 euros de presupuesto emitió un total de 34 informes.

Lo anterior es importante, pero lo realmente sustancial, lo que justifica y reclama la existencia de órganos de control externo autonómicos es: la congruencia de que el control se organice descentralizadamente, en consonancia con nuestra descentralizada organización territorial. El art. 2 de la Constitución vigente reconoce y garantiza el derecho a la autonomía. Dicho reconocimiento supuso la base fundamental de nuestro actual régimen democrático ya que diseñó una realidad política, administrativa, institucional, social y cultural diferente.

Las Comunidades Autónomas coadyuvaron a mantener la idiosincrasia de los diferentes pueblos, fortalecieron la libertad y se constituyeron en el mejor medio para promover el desarrollo. De hecho intervienen en la práctica totalidad de los temas de interés ciudadano y las principales políticas públicas son de su competencia.

Los OCEX deben apoyar la acción de Parlamentos y Ejecutivos autónomos haciendo frente a la creciente preocupación social por la opacidad y la ausencia de ética pública detonantes del fraude y del despilfarro en el manejo de los caudales públicos. Ahí es donde su papel adquiere especial relieve. Sus funciones son más necesarias e imprescindibles ante la demanda de información y transparencia que plantea una sociedad civil cada día más preocupada por la forma en que se manejan los fondos públicos. Son el instrumento básico en la lucha contra el fraude, la corrupción y los abusos de todo tipo que tanto indignan a la ciudadanía.

Lejos de eliminarlos o integrarlos en una supraestructura arcaica y centralista, hay que desarrollarlos cada vez más eficazmente convirtiéndolos en órganos de colaboración, apoyo, y garantía del cumplimiento de la legalidad base de nuestro Estado de derecho.

Por otra parte, los OCEX no pueden mantenerse al margen de las nuevas realidades ni ir a remolque de los cambios. Como órganos especializados y cualificados en el control deben contribuir al perfeccionamiento de la gestión pública. Acercar a los ciudadanos el control de la actividad de los gobiernos, perfeccionar y ampliar la fiscalización hacia la equidad, la ética pública, la calidad de los servicios, la satisfacción ciudadana, solo puede hacerse desde la cercanía del órgano de control al órgano controlado.

Poniendo énfasis en impulsar lo que está bien y criticando aquello que no ha tenido eficacia y que se hace preciso modificar, en alianza con la sociedad para impulsar un mejor y más eficaz funcionamiento de las Administraciones a las que sirven, los OCEX han de poner la fiscalización de sus Administraciones al servicio del interés común.

Consolidando instituciones, como los OCEX, se ayuda a corregir desvíos y anomalías, se desincentivan comportamientos inmorales y se restaura la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Hay que elevar el listón, la receta propuesta retrocede al pasado siglo recentralizando el control de administraciones descentralizadas y no atiende a la importancia de los informes de fiscalización como fuente de conocimiento de actuaciones antijurídicas.

Es cierto que hay que repensar y analizar las posibilidades de mejora en el trabajo común entre el Tribunal de Cuentas y los OCEX (estableciendo claramente los mecanismos de colaboración y coordinación) y también que debe avanzarse en una eficaz relación entre estos órganos y los de control interno.

Todo ello debe hacerse, con la mirada puesta en la satisfacción del interés general. Pero la propuesta del CORA no plantea dichos mecanismos ni propicia un adecuado reparto de la ingente tarea de control que la estructura de un Estado descentralizado moderno reclama, sino que apuesta por torpedear la línea de flotación del modelo de Estado que la Constitución del 78 establece.

La crisis económica, política, y de ética pública, que estamos atravesando ha sacado a la luz algunas de las carencias de nuestro sistema democrático. Hemos visto cómo el Partido Popular ha rechazado de manera habitual la petición de comparecencia del presidente, a pesar de que lo solicitaran casi la mitad de los diputados de la Cámara, se ha negado una y otra vez a la creación de comisiones de investigación y ninguna de las propuestas de los diferentes grupos que representan una parte del sentir de la ciudadanía son escuchadas.

No resulta razonable que el grupo parlamentario que sostiene al Gobierno determine si se le controla o no. No es razonable tampoco que el posible investigado decida si se abre comisión o no, ni si se efectúa una comparecencia del presidente del Gobierno ante el Parlamento.

Ante el espectáculo, a diario repetido, de falta de responsabilidad en el ejercicio de la representación otorgada, la ciudadanía asiste perpleja sin poder hacer nada. Es una situación que resulta inaudita si observamos el Derecho constitucional comparado y que, aunque durante esta legislatura ha alcanzado niveles nunca conocidos, ha ocurrido en otros periodos de nuestra época democrática. En el Reglamento de las Cortes, anclado en fórmulas de las primeras Cortes, con grandes riesgos de involución, se encuentran parte de los problemas que estamos padeciendo.

Nuestra Constitución tiene mimbres para superar esta situación. No sólo es que el Estado se autoproclame como “democrático” en el artículo 1.1., no lo es tampoco que su preámbulo ratifique la voluntad de crear una democracia avanzada. En su propio articulado se señalan fundamentos de la participación en la vida pública, por ejemplo, en los artículos 9.2 o 23, que fijan un mandato para la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

En esta línea de cauce de participación ciudadana se sitúa el referéndum revocatorio del que nos ocupamos ahora, y que debería ser aplicable no sólo en las Cortes Generales sino también en las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

El referéndum revocatorio se puede encontrar, entre otros, en las constituciones de diversos Estados de Estados Unidos (California lo utilizó, por ejemplo, en 2003 para remover a su gobernador Davis), en diversos cantones de Suiza o en la provincia de British Columbia en Canadá. El caso que más trascendió fue el de Venezuela de 2003 contra el presidente Chávez.

En nuestro caso, el referéndum revocatorio sería aquel en el que la ciudadanía decide con su voto el mantenimiento o no de las Cortes Generales (y, por tanto, de forma indirecta del presidente del Gobierno) que, en opinión de una mayoría determinada de la ciudadanía (que sería la que solicitaría la convocatoria del citado referéndum), no ha ejercitado bien sus responsabilidades políticas. Pensamos en circunstancias de mal gobierno o en situaciones como la de los papeles de Barcenas o en el lamentable espectáculo de las Cortes Valencianas con un alto porcentaje de los diputados del PP imputados por conductas de corrupción.

Las condiciones básicas para su ejercicio serían, en primer lugar, su planteamiento al menos transcurrido un año de la convocatoria de las elecciones. Tendría que solicitarlo un porcentaje significativo del censo electoral (aproximadamente un 20%) y la pregunta que se plantearía sería sobre el mantenimiento o no del mandato de las Cortes Generales. Caso de que el pronunciamiento fuese negativo, el efecto automático sería la convocatoria inmediata de elecciones generales en el plazo de dos o tres meses.

El referéndum revocatorio sirve de mecanismo de (auto)control previo en un triple sentido: para los partidos políticos, porque les obligaría a ser más responsables a la hora de configurar el programa electoral. Para el Gobierno, porque limitaría las tentaciones de tomar decisiones contrarias a dicho programa, evitaría la escasa transparencia y, además, permitiría la exigencia de la responsabilidad política en los casos de escándalos de ética pública. Por último, para el Parlamento en su conjunto, porque le obligaría a ejercitar de forma efectiva la labor de control del Gobierno, olvidando la disciplina de partido actual, que resulta tan nociva. Desde estos puntos de vista, el referéndum revocatorio constituye un mecanismo indirecto para mejorar el ejercicio de las funciones del Parlamento y del Gobierno.

Pero lo más importante, siéndolo mucho lo anterior, consiste en que la ciudadanía conserva íntegramente la capacidad de nombrar y cesar a sus representantes. Retiene en todo momento los poderes derivados de la soberanía popular. Es la que designa al Parlamento y es, al mismo tiempo, la que lo puede cesar. Justo lo contrario de lo que ocurre ahora.

Esperar al cumplimiento del mandato de cuatro años para desautorizar a un gobernante que incumple sistemáticamente sus compromisos es legal según nuestro actual sistema, pero no responde, creemos, a las exigencias ciudadanas de una mayor participación. Optar por fórmulas de democracia mayor nos colocará en el punto de salida hacia un ejercicio del poder con más responsabilidad.

El referéndum revocatorio no es, sin duda, una panacea, deberá complementarse con otras medidas de más participación democrática, como la consulta a la ciudadanía de toda decisión de especial transcendencia, tal y como ocurre en otros países. Algunos ejemplos son Massachusetts o California, en las que se preguntó el día de las últimas elecciones presidenciales por el uso terapéutico de la marihuana o la abolición de la pena de muerte; o Suiza, donde se ha preguntado a los ciudadanos esta última semana acerca de la brecha salarial. Son decisiones de especial transcendencia sobre las que hay “derecho a decidir”.

Por ello es por lo que pensamos en la conveniencia de incluir estas modalidades de referéndum en nuestro esquema político.