Javier León de la Riva no deja a nadie insatisfecho. Ama a quien lo ama y aborrece a quien lo aborrece. Así ha sido siempre el exalcalde de Valladolid, el regidor que fue condenado por la Justicia por desobedecer diversos autos judiciales, el que arremetió contra todo y contra todos o aquel político que tenía especial inquina por las mujeres.

Ahora, la Audiencia Provincial de Valladolid ha desestimado el recurso que presentó León de la Riva y confirma la sentencia por el que se le condenaba a 13 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia al retrasar durante casi un lustro la obligación judicial de restaurar la legalidad en el edificio de Caja Duero en la Plaza de Zorrilla por irregularidades urbanísticas y donde además tiene un piso.

De esta manera, la Audiencia de Valladolid mantiene los 13 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público de alcalde o concejal y una multa de 12.600 euros (seis meses a razón de 70 euros el día), junto con el pago de las costas, incluidas las de la acusación popular, según la sentencia que se notificó ayer a las partes.

El fallo judicial destaca que el delito de desobediencia “se encuentra en el largo tiempo transcurrido desde que la Sala de la Contencioso Administrativo del TSJ ordenó al exalcalde a través de requerimientos personales para que procediese al desalojo de los propietarios y ocupantes de las viviendas y oficinas sitas en los áticos del edificio”.

Y añade que ese desalojo “era necesario tanto para la realización de las obras como para que procediesen a la incoación del correspondiente expediente administrativo sancionador contra los responsables de la infracción urbanística”.

Horas después de conocer la sentencia, Javier León de la Riva convocó una rueda de prensa para tratar de salir airoso, acompañado por concejales anteriores y actuales del PP en el Ayuntamiento de Valladolid. Y como es habitual en él logró titulares.

Diversas fuentes consultadas por La Meseta han reconocido que con esta sentencia el futuro político del exalcalde vallisoletano puede haber acabado, al que muchos en su partido ya pretenden darlo por amortizado.

Sin embargo, León de la Riva no dejó claro qué pensaba hacer en el aspecto político. Así, dijo que se tenía “que pensar con mucha tranquilidad” si quería ir en las próximas listas al Congreso o al Senado. “Primero tendría que hablar con la familia, luego pensarlo”, añadió.

Y dejó claro que “no abandono” la política. Aunque está por ver si el PP lo abandona a él. “Todavía las neuronas me funcionan como para desaprovecharlas” y agregó que solo está “para ser concejal o alcalde durante 13 meses”.

En el tono desafiante que muchas veces le ha caracterizado, León de la Riva presumió de haber ganado “todas las elecciones” y dijo sentirse “orgulloso de lo hecho en 24 años.Si me dicen que me iban a condenar no me hubiera presentado, pero entonces era el mejor candidato”.

Por su parte, el presidente del PP en Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, mostró su “total y absoluto” respeto a las sentencias judiciales y definió a León de la Riva como “un gran alcalde” y el “transformador de Valladolid.

El presidente de la Junta de Castilla y León y del PP en esta Comunidad Autónoma, Juan Vicente Herrera lleva meses jugando al barón díscolo. Con el ministro de Hacienda Montoro, con el de Industria José Manuel Soria. Incluso con el propio presidente del Gobierno y de su propio partido, Mariano Rajoy. Pero, ¿qué le ha llevado a plantearle, incluso, un órdago o un pulso?

En los últimos días, Herrera ha definido su estado de ánimo: “estoy un puntín cabreadado” con el Gobierno central. Y también estaba enojado con los senadores que representan a su región y que votaron en contra de los intereses de Castilla y León en el denominado 'céntimo verde'.

Y quizá por problemas de agenda, o coincidencia, pero el presidente del PP castellano y leonés se ausentó hace unos días de un encuentro de Mariano Rajoy en Toledo con los pesos pesados del partido. Al ser preguntando por esta ausencia dijo, en su tono entre enigmático y querer que le lean entre líneas: “los futbolistas a veces no están en condiciones de jugar por alguna indisposición” y también habló de una “pequeña incidencia de salud”.

Con anterioridad, cuando presentó los Presupuestos de la Comunidad dijo estar un “puntín cabreado” con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y con el más ministros, por los cambios de criterio contable del Gobierno central, además de los que le ponen a Castilla y León en cuanto al déficit y la deuda, los principales obstáculos de la Junta para hacer sus presupuestos.

También dijo sentirse “abandonado” por el Gobierno de Rajoy en cuanto al denominado 'céntimo verde', que dicen en Madrid haría más competitivo el carbón nacional. Tras el rechazo del PP en el Senado a la proposición del PSOE de ponerlo en marcha, Juan Vicente Herrera dijo que Castilla y León se siente “maltratada” por el Ministerio de Industria, al que le falta “conocimiento, sentimiento, reflexión y alma”.

Ya advirtió que si él fuera senador sabría que votar por “coherencia y dignidad política”. Ningún senador de esta Comunidad Autónoma rompió la disciplina de voto del PP. Y Herrera contestó: “yo más alto no lo puedo decir, pero más veces y más claro no”.

Herrera no quiso presentarse a las últimas elecciones autonómicas. Lo hizo para dar gusto a Rajoy. Y para evitar una guerra interna en el PP de esta Comunidad Autónoma. Meses antes de los comicios, incluso algún año, comenzaba a barruntarse una ligera borrasca interna, sobre todo en la zona Oeste de la región. Todo ello, auspiciado por su propio secretario general, Alfonso Fernández Mañueco -a quien María Dolores de Cospedal llamó “presidente”, en una reunión de la Interparlamentaria del PP en Salamanca-.

Mañueco, el actual alcalde salmantino que ha perdido la mayoría absoluta y miles de votos, pensó que ser secretario general del PP en Castilla y León le daba puntos para sustituir al mismo Juan Vicente Herrera. Tan claro lo vio que comenzó a buscar adeptos. Y los encontró en Zamora -con Fernando Martínez Maíllo, ahora número tres de Rajoy- y en León -con la asesinada Isabel Carrasco-.

Pero poco a poco comenzó a darse cuenta de que aquel sueño se había convertido en una utopía y que se había quedado sin apoyos.

Ante ello, Herrera, aconsejado por su fiel guardián José Antonio de Santiago-Juárez, aceptó ser el candidato del PP. Ganó las elecciones, perdió votos y la mayoría absoluta -aunque solo por un procurador- y llegó a replantearse la opción de ser el presidente de Castilla y León. Pero aceptó, aunque ya no de buen grado, sin ese talante tranquilo y sumiso que en muchas ocasiones le ha caracterizado.

Y ya no asentía todo lo que se le planteaba desde Madrid. Ya plantea órdagos a su propio presidente. Ya se enfrenta a Cristóbal Montoro. Y a José Manuel Soria. Ahora bien, ¿dónde se parará? ¿Hasta cuándo estos enfrentamientos?

Al PP no le ha quedado más remedio que levantar (aunque solo sea un poco) las alfombras en la actuación del Gobierno de Castilla y León. Lo hará con una comisión de investigación, inédita desde hace casi 30 años. Pero será sin luz ni taquígrafos. Sin medios de comunicación. Con actuaciones secretas.

La oposición en las Cortes de Castilla y León –previa petición inicial del PSOE- ha obligado al PP a abrir una investigación sobre el supuesto cobro de 110 millones de euros en comisiones por parte de cargos públicos de la Junta a cambio de adjudicaciones de parques eólicos en esta Comunidad Autónoma. Pero el PP ha logrado hacerse, no solo con el poder de la comisión, sino ha impedido que sea pública, como habían pedido los partidos en la oposición: PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU y UPL.

Desde el Parlamento regional, a través de su presidenta Silvia Clemente, se han acogido al Reglamento de funcionamiento y así han conseguido que el presidente sea el procurador del PP Juan José Sanz Vitorio –gracias a su derecho de partido más votado- y que no haya ni luz ni taquígrafos.

No hubo forma que los miembros del PP se salieran del guión, del argumentario, y que no era otro que ceñirse a lo que marcaba el Reglamento, “pactado” hace años “por el PP, PSOE y Grupo Mixto”, como llegó a recordar el procurador del PP Raúl de la Hoz.

El secretismo de esta comisión de investigación impide conocer la fecha de la siguiente sesión, en la que habría que diseñar un plan de trabajo y comenzar a pedir documentaciones y comparecencias. Según ha publicado El Norte de Castilla, “lo primero que tendrán que hacer es solicitar el informe de la Agencia Tributaria que lleva desde diciembre pasado en manos de la Fiscalía Anticorrupción y que es el documento sobre el que se asienta la propia razón de ser de la comisión”.

Por parte del PSOE, Javier Izquierdo ha destacado la “buena noticia” de que se constituya la primera comisión de investigación en muchos años, aunque al mismo tiempo ha manifestado su “malestar” porque es el PP el que la presidirá. “Espero que no sea un anticipo de obstáculos en los trabajos y que no se nos niegue ningún tipo de documentación ni comparecencia solicitada para que sea efectiva”, ha añadido.

La respuesta inmediata la ha dado el procurador del PP Raúl de la Hoz, quien ya ha vaticinado que la conclusiones que se obtengan “serán favorables a la actuación de la Junta de Castilla y León”, ya que en su opinión “no han existido irregularidades” en la autorización de parques eólicos en Castilla y León.

Por parte de Podemos, su portavoz en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ha lamentado el carácter secreto de esta comisión y ha calificado de “obsoleto e inútil” el Reglamento del Parlamento regional por lo que ha reclamado su “reforma”. Desde Ciudadanos, José Ignacio Delgado ha afirmado que el PP “tiene miedo a la verdad”, por lo que ha impedido que fuera el procurador socialista, José Francisco Martín, el presidente de la comisión.

Los integrantes de la comisión de investigación de la trama eólica serán Juan José Sanz Vitorio (presidente) y Raúl de la Hoz, por el PP; Javier Izquierdo y JF Martín, por el PSOE; José Ignacio Delgado, por Ciudadanos; Pablo Fernández, por Podemos; y Luis Mariano Santos, de UPL, por el Grupo Mixto.

Hace escasas semanas, cuando Javier Izquierdo, secretario provincial del PSOE en Valladolid, anunció las candidaturas al Congreso y Senado, todo parecía indicar que los socialistas vallisoletanos habían iniciado un nuevo camino de entendimiento, en el que las diferencias internas se habían difuminado.

Había un acuerdo previo entre Izquierdo y el dirigente que en los últimos años había encabezado las revueltas contra la dirección provincial, el que fuera subdelegado del Gobierno en Valladolid, Cecilio Vadillo.

Pero cuando todo parecía indicar que el conflicto se había apaciguado, cuando se creyó que el temporal había dejado paso a un mar en calma, surgieron nuevas voces discordantes y nuevas peleas que ponen a Javier Izquierdo, de nuevo, ante un fuerte temporal.

Hace unos días, la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE en Valladolid acordó las candidaturas al Congreso y al Senado. Unas listas que, se suponía, eran fruto de un acuerdo entre el bando oficial –encabezado por Izquierdo- y el crítico –auspiciado por Vadillo-. En ese momento, se ratificaron la lista al Congreso: Soraya Rodríguez, que repetirá como cabeza de lista, seguida por Cecilio Vadillo, Helena Caballero, Mario Bedera y Marta Carro. Al Senado, la lista estaría encabezada por el actual senador Emilio Álvarez, seguido por Emiliana Centeno y Juan José Tomás-Biosca.

Pero las votaciones para lograr sacar adelante estas candidaturas no dejaron a todos satisfechos, ya que un nuevo sector crítico considera que en la votación que se realizó en las agrupaciones provinciales y de la capital, el resultado no permitía confeccionar esta candidatura. Según los críticos, Mario Bedera aventajaba a Cecilio Vadillo y Juan José Tomás-Biosca a Emilio Álvarez en determinadas agrupaciones de la provincia.

Asimismo, consideran que en aquellas agrupaciones donde no se votó porque, supuestamente, se aceptaba la lista oficial se debería quedar excluido el recuento final. Ante ello, este nuevo sector crítico ha impugnado los acuerdos de la Comisión Ejecutiva provincial y exigió anular anulación el Comité. En total, han sido 14 militantes y precandidatos los que han firmado esos escritos, remitidos a la Comisión Ejecutiva autonómica, la Comisión Autonómica de listas, la Comisión Autonómica de ética y garantías, la Comisión Ejecutiva Federal y a la Comisión Provincial.

En términos generales, estos críticos, encabezados por Mario Bedera y Juan José Tomás-Biosca, aseguran que no se ha respetado la voluntad de los militantes, expresada en las agrupaciones locales, ya que, tal y como manifiestan, Cecilio Vadillo, propuesto como número dos al Congreso, tuvo menos votos que Mario Bedera. Igual ocurrió en la lista al Senado, con más avales para Juan José Tomás-Biosca que para Emilio Álvarez.

De la revisión del acta de la agrupación de Tordesillas, los críticos consideran que hay una anomalía que “quebranta” la normativa reguladora de los cargos públicos, en cuyo artículo se señala que “serán las agrupaciones quienes propongan los nombres de los candidatos o candidatas al Congreso o al Senado, sin que se recoja la posibilidad de que el secretario general realice de forma previa una propuesta al carecer de competencia para ello”.

Esta nueva batalla tiene un nombre para el secretario del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, “legítima discrepancia”. Incluso considera que es preferible que sea así porque “todo partido político debe llevar sus procesos de forma democrática” y esas alegaciones responden a “legítimas discrepancias”.

Además, Tudanca alabó esa discrepancia y debate, algo que, en otros partidos políticos no existe, ya que “toman sus decisiones a dedo sin contar con nadie”.

Uno de los delegados sindicales de la organización Acaip, la mayoritaria en Prisiones, en la cárcel de Topas (Salamanca), ha sido imputado por un supuesto delito de injurias contra otro funcionario público, según el auto judicial al que ha tenido acceso La Meseta.

Por ello, tendrá que declarar en un Juzgado de Salamanca, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número cinco de Alcalá de Henares (Madrid) -el lugar donde se ha presentado la querella- firmara una providencia para que se le tome declaración en calidad de imputado.

Según la querella, el delegado de Acaip pudo verter injurias en un Internet, en un foro para funcionarios de prisiones, por lo que se pide que se le condene a 10.900 euros en concepto de indemnización civil por daños morales. También se exige la publicación de la sentencia en la página principal de la web a costa de los condenados durante tres meses y retirando los contenidos injuriosos de la citada página web.

En el texto de la querella, se asegura que las supuestas injurias “van encaminadas a desacreditar la labor profesional” de un funcionario de prisiones, jefe de servicio y compañero del delegado sindical, lo que genera “una desagradable e injusta repercusión en la esfera personal”, además de “un daño moral” y afecta a su “reputación” profesional. Por todo ello, el funcionario supuestamente vejado ha pedido, también, la intervención del Ministerio Fiscal.

Las supuestas injurias se cometieron en cuatro días diferentes en un foro de Internet para funcionarios de prisiones. Así, el primer día, el 5 de febrero, el supuesto autor de esas injurias, bajo el seudónimo de ‘justiciero’, consideraba que el jefe de servicio de la cárcel de Topas era un “asque..ro…so que no le quieren ni en su casa”.

Dos días después, el 7de febrero, lo definía como “perro chivato2, que le ”huele la boca a mierda a cientos de kilómetros“. También lo llamaba un ”ser despreciable“, además de una ”mala persona, vengativa, y mal compañero“, un ”piojoso, misógino y rastrero, chupapollas, que está deseando que le dan alguna plaza en mando, para cargarse a más de uno“. Y añadía que ”más de uno le ha dicho que le da una puñalada en cuanto se pase un pelo. No se habla con nadie y todo el mundo sabe que es un cobarde miedoso que si tiene ocasión empapela al primero que pille“.

En otro párrafo de ese comentario decía que “aquí en Topas, ya se tuvo que encerrar una noche en el W.C. de Jefatura, porque los de su guardia querían darle una paliza. Lástima que al final se calmasen y le dejasen escapar”.

“Pero cada cerdo le llega su sanmartín y antes o después se hará justicia con esta escoria humana”, concluía el día 7 de febrero.

El último día en el que se vertieron acusaciones contra el jefe de servicio, el 10 de febrero, se decía que “hace un año, más o menos, viendo lo aislado que estaba, pidió una comisión de gestor de producción a las Palmas 2 por 6 meses, y nada más que le calaron, le anularon la comisión y de vuelta a Topas. No le quieren en ningún sitio. Porque será?”.

Ni cien días ha durado la paz. O una tranquilidad impuesta. O el sueño de ayuntamientos y diputaciones en manos del pueblo. La realidad es que Podemos Valladolid ha saltado por los aires, después de que su Consejo Ciudadano retirara el apoyo a la marca blanca con la que se presentó a las elecciones municipales en esta provincia: Sí Se Puede Valladolid. Bajo este nombre, Podemos se presentó a los comicios acompañado por la formación Ganemos y por otros grupos minoritarios. Y logró un éxito sin precedentes, ya que entraron en el Consistorio vallisoletano y en la Diputación Provincial, con tres concejales y un diputado.

Pero cien días después, esta felicidad ha estallado. Y se hace sin conocer el final, sin que se sepa hasta dónde llegará esta explosión y cuáles serán las consecuencias reales.

Desde Podemos se ha anunciado que “se desvincula” de Sí Se Puede, una decisión tomada “por unanimidad” el pasado martes, tras una reunión muy tensa de la directiva. Y para justificar esta decisión se han lanzado un sinfín de reproches: “falta de cumplimiento” del código ético de Podemos e “inacción política” en las dos instituciones donde están representados.

Daniel García, secretario local de Podemos, acusó de “falta de transparencia” a los tres concejales en el Ayuntamiento de Valladolid, ya que, según dijo, Charo Chávez –portavoz municipal de Sí Se Puede-, y los otros concejales, Héctor Gallego y Gloria Reguero, no han  enseñado sus nóminas para “conocer cuánto cobran en realidad”. Algo que, en opinión de Daniel García, “es inaceptable”, pues el discurso de transparencia “se demuestra con hechos”.

El reglamento de Podemos y el de Sí Se Puede señalan que sus cargos electos no pueden cobrar más de 1.935 euros brutos al mes. Y se les obliga a entregar al partido o a fines sociales el excedente salarial que ingresen por el desempeño de su actividad pública.

Por su parte, Daniel García también ha revelado que los cargos vallisoletanos han aceptado “prebendas”, entre las que habría “invitaciones” a eventos o “seguros de vida por razones de cargo”.

Pero las acusaciones no quedaron ahí. Desde el Consejo Ciudadano de Podemos Valladolid también se ha recriminado el trato que los cargos electos han dado a los asesores contratos tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación. Así, tres miembros del Consejo Ciudadano, cuyos nombramientos como técnicos se consensuaron, han denunciado el acoso sufrido por los políticos de Sí Se Puede. Dos de estos técnicos han renunciado a esos cargos “por dignidad” y han vuelto al paro.

Ante estas acusaciones, la directiva regional de Podemos, que encabeza el leonés Pablo Fernández, ha salido en defensa de los cargos electos. El también miembro de la directiva nacional, ha asegurado que el Consejo Ciudadano de Valladolid “no tiene legitimidad” para desvincularse de Sí Se Puede.

Así, ha añadido que “las decisiones trascendentales las toma la ciudadanía”, por lo que ha dejado claro que la decisión de separarse de Sí Se Puede solo se adoptaría “si está refrendada por los inscritos” de Valladolid, ya que “la asamblea es soberana”.

Y la portavoz de Sí Se Puede en el Ayuntamiento vallisoletano, Charo Chávez, también se ha defendido argumentando que sus “nóminas están publicadas en la página web del Ayuntamiento” y el patrimonio de los tres concejales ya ha sido publicado por periódicos locales. Por ello, para Chávez el origen de las acusaciones de la directiva local de Podemos se deben a “discrepancias sobre algunas cuestiones”.

El jefe de la Policía Local de Salamanca, José Manuel Fernández, conocido entre los policías y políticos salmantinos como ‘JM’, tiene ante sí unas semanas difíciles de asimilar. Si a principios de este mes, el equipo de Gobierno, presidido por su amigo, el alcalde Alfonso Fernández Mañueco, se vio obligado a aprobar una comisión de investigación sobre la gestión de José Manuel Fernández, ahora se conoce un asunto judicializado.

El próximo día 18, el jefe de la Policía Local salmantina tendrá que declarar ante los juzgados por un posible delito de acoso laboral, según las informaciones a las que ha tenido acceso La Meseta. Hace unos meses, una agente policial salmantina presentó una querella por supuesto acoso laboral y uno de los Juzgados de Instrucción ya ha abierto investigación para determinar qué responsabilidad tuvo José Manuel Fernández.

Aunque la querella se ha presentado hace escasos meses, los hechos a los que se refiere la denunciante podrían haberse producido en los últimos años, desde que el Jefe de la Policía Local regresara a Salamanca, en enero de 2012, aunque las diferencias entre los dos podría haberse iniciado con anterioridad, cuando los dos coincidieron como agentes policiales en la capital salmantina y donde, supuestamente, hubo presiones del responsable policial a la policía.

Aunque no han transcendido más datos respecto a la querella, a partir del día 18, cuando declare José Manuel Fernández, empezarán a pasar por el juzgado que investiga los hechos, en los primeros días de octubre, testigos de la querellante.

De esta manera, el conocido en los ambientes políticos, policiales y sindicales de Salamanca como ‘JM’ tiene ante sí unas semanas difíciles, ya que el Ayuntamiento ha abierto una comisión de investigación para conocer su gestión al frente de la Policía Local, además de conocer el funcionamiento del grupo ‘SIETE’ -Servicio de Información, Escolta y Técnicas Especiales-, y cuyos miembros pudieron participar en seguimientos a políticos, sindicalistas y periodistas.

Así, desde uno de los grupos políticos precursores de esta comisión de investigación, Ganemos Salamanca, se considera, por parte de su concejal Gabriel de la Mora, Gabriel de la Mora, que hay “graves sospechas en el seno de la Policía Local”.

A estas críticas se sumaron desde Ciudadanos, quien su concejal Fernando Castaño recuerda que el informe entregado a Ganemos “se señala como una de las labores informes de seguridad de la corporación municipal que abre más la sospecha”. Además, añade que desde las explicaciones dadas por parte del equipo de Gobierno “han generado más dudas” pues no entiende este concejal que “se cree un Grupo tan opaco con actuaciones tan absurdas como ir contra los grafiteros”.

Por su parte, desde el PSOE, el portavoz José Luis Mateos afirma que “si se demuestra que se han cometido las irregularidades, el Grupo Municipal Socialista será el primero en pedir responsabilidades pero no haremos de la política municipal un espectáculo”.

Se cierra el cerco contra José Manuel Fernández, conocido como 'JM' y amigo del alcalde salmantino, Alfonso Fernández Mañueco, por supuestas irregularidades y por su cáracter.

El Ayuntamiento de Salamanca abrirá una comisión de investigación sobre el funcionamiento de un grupo que creó dentro de la Policía Local, denominado 'SIETE' y que podría invadir competencias de la Policía Nacional.

Ganemos propuso la apertura de esa comisión y Ciudadanos también pidió su dimisión al desvelar su supuesta relación con anomalías con los seguros de los vehículos policiales.

Es conocido en Salamanca como 'JM'. Y también por su posible amistad con el alcalde salmantino, Alfonso Fernández Mañueco. Y también por haber sido el jefe de la Policía Local de la capital salmantina que ha logrado enemistar a todos: oposición, sindiciatos policiales, Policía Nacional... Y ahora, es el propio equipo de Gobierno de Salamanca el que estaría dispuesto dejarle caer. El mismo que lo nombró ahora incluso se plantea dejarlo caer.

Así, el Ayuntamiento de Salamanca ha confirmado, a través de una nota de prensa, que el departamento de Recursos Humanos del Consistorio tiene abierta una información previa ante una denuncia sobre un posible caso de fraude al seguro de los vehículos de la Policía Local, sin que hayan trascendido más aspectos ni de la investigación ni de esas posibles anomalías.

Y todo esto se produce, o se conoce, después de que Ganemos Salamanca presentará una propuesta de comisión de investigación para analizar la creación del grupo de la Policía Local denominado 'SIETE' y que podría vulnerar las competencias de la Policía Nacional. Poco después de presentar esta propuesta, el portavoz de Ciudadanos, Alejandro González, dio una rueda de prensa en la que pedía la dimisión del Jefe de la Policía Local porque “concurren circunstancias que hacen imposible” que José Manuel Fernández continúa como responsable policial.

“El jefe de la Policía Local no puede continuar ni un minuto más con 'JM' porque, en opinión de Alejandro González, ”no se puede permitir que el jefe del cuerpo local esté bajo la sombra de la duda.

En 2014 fue el PSOE quien pidió la dimisión porque no quedaron claras las decisiones sobre el apoyo que había que dar a la Policía Nacional en una concentración en febrero de 2014 y en el que la Policía Local se retiró en un momento dado en medio de un altercado.

Y en los últimos meses los sindicatos han denunciado, incluso se han manifestado, en contra de José Manuel Fernández porque según fuentes sindicales “realiza prácticas no muy legales”. Entre ellas se podría incluir las perpetradas por el denominado Grupo SIETE, un grupo dentro de la Policía Local que está, de forma constante, entre dudas por su funcionamiento.

Un grupo interno de la Policía Local en Salamanca que parecía no existir, al final existía y tenía competencias claras y elegidas por el responsable policial en la capital salmantina. Aquel grupo SIETE que hasta el propio alcalde Alfonso Fernández Mañueco negó que existiera, ahora se confirma por escrito.

A través de la petición realizada por la agrupación de electores Ganemos Salamanca, que en las últimas elecciones municipales logró cuatro concejales, el jefe de la Policía Local salmantina, José Manuel Fernández –diversas fuentes consideran que es uno de los hombres fuertes del propio Fernández Mañueco-, ha emitido un informe en el que reconoce que el grupo “ha tenido a lo largo de su dilatada historia diferentes nombres, Siles, Romeo, Robles y SIETE”.

Es decir que el grupo SIETE –definido en una de las memorias de la Policía Local como el grupo de “Información Local, Escoltas y Técnicas Especiales”- tiene entre sus competencias “velar por la integridad física de los miembros de la Corporación local y personalidades” o “escoltas con medios y vehículos policiales de las autoridades”, según la memoria policial.

Este grupo SIETE, según el informe, está compuesto por un subinspector, un oficial y ocho agentes. Este grupo policial realiza, entre otros cometidos, la escolta del alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco. Un grupo que hace cuatro años triplicó su número de miembros.

Además, se revela que los materiales que tiene este grupo son los “propios de la Policía Local”, entre los que están “vehículos rotulados y camuflados”, además de “equipos de fotografía y vídeo, ordenadores, prismáticos, linternas, teléfonos móviles o emisoras”.

Es más, diversas fuentes han reconocido que es frecuente ver a los miembros del Grupo SIETE realizando grabaciones y fotografías de manifestaciones o diversos actos por el centro de la ciudad. Incluso, las mismas fuentes han añadido que podrían haber realizado seguimientos en las grandes manifestaciones que ha habido en Salamanca.

Y es que, según las competencias que recoge la memoria ´de 2013 de la Policía Local, este Grupo policial se dedica a “velar por la integridad física de los miembros de la Corporación Local y personalidades” o la del “análisis, control y archivo dela información sensible relativa a su actividad policial”.

El informe realizado por el jefe policial para entregar a Ganemos Salamanca concreta más y reconoce que en 2014 entre las misiones realizadas destaca una que define como “amenazas al alcalde”, sin concretar; o “manifas –tal y como está escrito en el informe-, vandalismo, pintadas, árboles rotos, vialidad…”; además de “informes seguridad de corporación municipal”.

Ante  todo ello, Ganemos Salamanca ha solicitado explicaciones sobre el “grupo secreto y especial de la policía local denominado SIETE y exige el fin de la opacidad y el respeto a los derechos humanos en la ciudad”.

Mientras, el PSOE denuncia que todavía no se ha publicado la memoria de 2014 de la policía local, que es considerada como un “elemento importante para valorar la actuación de los agentes” y “para tener una imagen lo más fiel posible de lo que ocurre en la ciudad”.

Óscar López tiene en el PSOE Castilla y León amigos muy íntimos o enemigos muy intensos. Nunca ha dejado insatisfecho a nadie. Desde que llegó a esta Comunidad Autónoma de la mano de José Blanco para tratar de enderezar el rumbo socialista, y de reducir la distancia con el PP, Óscar López ha dejado importantes titulares.

Y, ahora, cuando ya no está en la dirección del PSOE regional sigue dando que hablar. O que discutir. Así, el pasado lunes se le volvió a ver en las Cortes de Castilla y León, ya que se designaban a los senadores. Y era él el que iba a ser elegido por el Parlamento regional. Algo que se veía claro ya que semanas antes había sido nombrado como portavoz socialista en la Cámara Alta.

Pues bien, cuando parecía que todo iba a ser normal, en el PSOE de Castilla y León se demostró que nada lo es. O casi nunca. Porque un grupo de dirigentes y militantes socialistas de Burgos, la provincia del actual secretario regional Luis Tudanca, han recurrido el nombramiento de Óscar López ante las comisiones autonómica y federal de Ética y Garantías, ya que consideran que se ha vulnerado su normativa del partido, según adelantó el sábado El Diario de Valladolid.

Según la misma información, el recurso está firmado por 72 militantes y dirigentes socialistas burgaleses, encabezados por Luis Escribano y Esther Peñalba, miembros del Comité Autonómico del PSCyL, quienes el pasado día 13 de julio ya enviaron una carta dirigida al secretario regional, Pedro Sánchez; y regional, Luis Tudanca, en la que les advertían de la obligación de cumplir la normativa interna del PSOE en la designación del senador por Castilla y León.

La respuesta oficial por parte del partido no se ha hecho esperar y Ana Sánchez, secretaria de Organización del PSOE en esta región, ha asegurado a El Diario de Valladolid que “la designación de Óscar López como senador autonómico se ha hecho de la misma forma en la que se ha elegido a los senadores en los últimos 30 años”.

Frente a la visión más oficial de la designación, los críticos afirman que el artículo 48 del Reglamento de Cargos Públicos establece que corresponde a la Ejecutiva regional elaborar la lista de candidatos, pero que “será aprobada por el Comité Autonómico para su trasladado a la Comisión Federal de listas, antes de su aprobación definitiva por el Comité Federal”.

Una vez más, Óscar López mantiene la discordia abierta en esta región. Y es ahora cuando muchos de los que esperaban la venganza intentan sacar rédito político. Porque, como recuerdan, fue el actual portavoz socialista en el Senado el que dinamitó la dirección del PSOE de Castilla y León, en contra del que fuera secretario regional Julio Villarrubia.

Y de aquellos conflictos, todavía muchas provincias siguen sufriendo las consecuencias. Así, en Zamora o en Ávila se ve a López como uno de los responsables de la actual situación del partido en esas provincias, con una importante pérdida de votos y con guerras internas de difícil solución.

O incluso se dice, entre el sector crítico, que es Óscar López el que está detrás de Luis Tudanca, actual portavoz socialista en las Cortes regionales y secretario regional del partido, aunque éste trata de desvincularse de él.

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, que esta legislatura repite departamento, siempre ha dicho que el Hospital de Salamanca es básico para la Sanidad de esta Comunidad Autónoma. Siempre se ha manifestado en apoyo a este centro sanitario. De hecho, al anterior gerente, Rafael López, que ha durado escasos meses al frente del Complejo Sanitario de la capital salmantina, lo ha fichado para la Consejería de Sanidad.

Y ahora, para el hueco que ha dejado, Sáez Aguado ha traído a Cristina Granados, que hasta ahora ha sido la gerente del Hospital de Toledo, considerado uno de los más saturados de España y que en los últimos años ha estado rodeado de polémica. En ese centro hospitalario era frecuente encontrar camas en los pasillos ante el repunte de algún tipo de enfermedades.

Cristina Granados, que dirigió el hospital toledano desde agosto de 2014, es una profesional de la Sanidad considerada como “obediente” a las órdenes que den los políticos. Y durante este año ha ejecutado todas las decisiones de sus jefes a la perfección.

Además, Granados también ha sido la gerente del hospital de Guadalajara y ha ocupado otros altos cargos de centros en la Comunidad de Madrid. Es conocida por ser del “núcleo duro” de Maria Dolores de Cospedal, favorable a los recortes sanitarios. Incluso se llegó a asegurar en Castilla La Mancha que el gerente anterior a Cristina Granados fue destituido por no estar de acuerdo con los recortes en el Hospital de Toledo.

En noviembre pasado, www.eldiarioclm.es publicó el cese fulminante del coordinador de urgencias del Hospital de Toledo por “no esconder los pacientes”. Según aquella información, “tras una acalorada recriminación por parte de Cristina Granados, gerente del área integrada del hospital de Toledo, con el coordinador de urgencias del centro 'Virgen de la Salud', la gerente ha cesado fulminantemente a este profesional de su puesto de trabajo. Los motivos, según los propios trabajadores del hospital y presentes en el momento, ha sido ”no esconder a los pacientes que están en los pasillos hospitalizados para que no estén a la vista“.

Cristina Granados es desde 2012, miembro de la Junta Directiva y representante Territorial en Castilla La Mancha de la Sociedad Española de Directivos de Salud (Sedisa), donde también es vocal el anterior gerente del Hospital de Salamanca, Rafael López.

El Gobierno de María Dolores de Cospedal justificó, en agosto del pasado año, el nombramiento de Granados por su “su apuesta por la profesionalización de este tipo de cargos y la transparencia en el proceso de selección ha convocado este puesto directivo”.

Y ahora llega a Castilla y León, a un Complejo Asistencial –como es denominado el complejo hospitalario, que aglutina dos hospitales, el Virgen de la Vega y el Clínico- de Salamanca con importantes problemas organizativos, con una destacada politización en sus órganos directivos y a la espera de concluir un nuevo edificio hospitalario, que debería haberse acabado en 2013 y que ahora se dice que acabará en 2019.

Además, los sindicatos han jugado un papel importante en los últimos meses, ya que han convocado tres grandes manifestaciones en Salamanca en contra de los recortes sanitarios y por el papel jugado por la Junta de Castilla y León en la elaboración de la plantilla.

Parece como si hasta el 24 de mayo todo se haya olvidado. Como si en Castilla y León no hubiera ocurrido nada hasta esa fecha. Es como un punto y aparte. El que ha querido añadir Ciudadanos, el partido que encabeza en esta comunidad autónoma Luis Fuentes, un salmantino que procede de partidos minoritarios de Salamanca , próximos a la derecha, y que se ha convertido en la cabeza visible de este partido en esta región.

Y como consecuencia de ese punto y aparte, Juan Vicente Herrera fue investido ayer presidente de la Junta de Castilla y León, por quinto mandato consecutivo –aunque en el primero accedió a mitad de la legislatura, tras la salida de Juan José Lucas-. Una investidura lograda con la abstención de Ciudadanos, después de que el PP perdiera la mayoría absoluta.

Ciudadanos, con una sonrisa de Luis Fuentes, consiguió que Herrera firmara el pacto por la regeneración política. Y a partir de ese momento, le dio su respaldo. O por lo menos, su abstención en la votación del pleno de investidura.

Herrera, en el inicio de este pleno, dejó claro que quería dar un giro “social” a su mandato. Pensando en la población, en los “paisanos” –como a él le gusta llamar a los ciudadanos-. Y habló de regeneración democrática e, incluso, de modificar el Estatuto de Autonomía.

Y en un talante más apaciguado que en la campaña, cuando calificaba a Ciudadanos como un partido de izquierdas, con un tono más tranquilo, tendió la mano a la oposición –en esta legislatura, cinco partidos en lugar de tres, como PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPL- y ofreció pactos en materia de financiación, de ordenación del territorio, de industria, de regeneración democrática y de población. Y habló de que es primordial modificar el Estatuto de Autonomía.

Según Juan Vicente Herrera, con ese cambio se pretende blindar “los avances sociales”, para lo que se incorporaría el compromiso de un suelo de gasto social equivalente al 80 por ciento del gasto no financiero de la Junta; así como fortalecer el papel de las entidades locales, “como prestadoras de servicios de proximidad”. También quiere introducir cambios sobre la calidad democrática.

Sin embargo, se le olvidó concretar qué va a hacer con los imputados que hay en Castilla y León relacionados con el Gobierno regional. O si ha a indagar respecto a la relación que tenía con esta región la trama Gürtell. O si perdonará a Ciudadanos por tener como imputados a su cúpula regional, aunque sea por un supuesto delito contra el honor.

De eso no se habló. Juan Vicente Herrera dejó abierta la posibilidad, sin concretar, de limitar mandatos y que se excluya de sus responsabilidades públicas a todo cargo político cuando se “le abra juicio oral por un delito de corrupción”.

El periodista vallisoletano Carlos Blanco se preguntaba ayer, en el periódico El Norte de Castilla, si a la regeneración democrática que ha reclamado Herrera “no se ha llegado tarde”. Y recuerda Carlos Blanco que en 2001, cuando ganó el PP las elecciones autonómicas por mayoría absoluta, Juan Vicente Herrera “era consciente del progresivo distanciamiento entre la clase política y la ciudadanía”. “Y sabía cómo atajar el problema. Lo esbozó y se olvidó. Cuatro años después ha tenido que firmar y comprometerse. Y asegura estar cómodo. Todo por la abstención”, concluye su artículo este periodista vallisoletano.

La realidad es que Herrera ha prometido mirar hacia el futuro. Que Ciudadanos le perdona todo. Pero ambos se han olvidado de que una veintena de cargos y exresponsables de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta están imputados por un Juzgado de Valladolid tras la querella de la Fiscalía por un presunto delito de malversación relacionado con la compra de terrenos para el polígono industrial de Portillo y para el edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda.

Enfrente han estado casi todos los grupos de la oposición, a excepción de Ciudadanos. Desde el PSOE, Luis Tudanca acusó a Herrera de “falta de credibilidad” después de 14 años como presidente de la Junta de Castilla y León.

Uno de los nuevos en el Parlamento regional, Pablo Fernández, portavoz de Podemos, dijo el jueves que “ha llegado la hora de la gente” y de “llevar la realidad” al Parlamento autonómico, un hemiciclo que está en “estado de letargo ante la cruda realidad” de la región.

Por su parte, José Sarrión, procurador de IU, lamentó tras la investidura de Herrera el “continuismo en Castilla y León” y pidió que los parlamentarios “pisen la calle y conozcan los problemas de la gente”.

El PP gobernará en cinco capitales de provincia de Castilla y león, pero ya sin la mayoría holgada que tenía hasta ahora. Logra mantener cuatro alcaldías de esta Comunidad Autónoma, aunque habrá que esperar para saber cómo gestiona un mandato en minoría de concejales.

Antonio Silván (León), Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca), Javier Lacalle (Burgos), Alfonso Polanco (Palencia) y José Luis Rivas (Ávila) serán los alcaldes que tendrá el PP en las nueve capitales de provincia de Castilla y León. Y en todas ellas, gobernará con apoyo de Ciudadanos que se abstuvo en los plenos de investidura y cuyos concejales no entrarán en los equipos de gobierno de estas corporaciones.

Sin embargo, la mayor derrota la vivió el PP en Valladolid, con un alcalde derrotado no solo por las urnas, sino por la Justicia, condenado por desobediencia judicial y que ya abandonó el Ayuntamiento vallisoletano. Tras días de intensas negociaciones, el socialista Óscar Puente se alzó con la Alcaldía, con el apoyo favorable de Valladolid Toma la Palabra, un grupo encabezado por el exconcejal de IU Manuel Saravia, y Sí se Puede, con Charo Chávez a la cabeza.

Valladolid tornó el color de su Ayuntamiento, después de 20 años en manos del PP y de Javier León de la Riva, que ni siquiera acudió al acto de constitución del nuevo Consistorio, porque tenía “una boda de una sobrina en Bilbao”.

El mismo cambio que vivió Zamora, que tendrá el único alcalde de IU en una capital de provincia. Será Francisco ‘Paco’ Guarido. Un histórico de la izquierda zamorana, trabajador incansable y látigo de la corrupción. Ahora tendrá la oportunidad de plantear una Zamora diferente, con la que él siempre ha soñado. Y gobernará con el apoyo del PSOE, que no acaba de tranquilizar sus aguas. Los socialistas empezaron la precampaña electoral en guerra interna y, después de las elecciones, se abrió una nueva batalla. Lo que demuestra es que la guerra no terminó, sino que sigue enquistada, con mensajes insultantes en redes sociales entre los nuevos concejales y la dirección regional del partido. Y mientras tanto, el PSOE sigue bajando en votos y en concejales en Zamora capital, pese a que ha logrado las alcaldías de Toro y Benavente.

Segovia seguirá con una alcaldesa, y socialista, como Clara Luquero, que se ha quedado a un solo edil de la mayoría absoluta, por lo que gobernará en minoría frente a una oposición que ni siquiera estudió la posibilidad de pactos globales sino que habrá acuerdos concretos y de forma puntal.

En Soria, Carlos Martínez es el único alcalde de capital de provincia en España con mayoría absoluta. Y entró de nuevo en la Alcaldía con el compromiso de hacer “más ciudad”, en una propuesta a la que quiere integrar al resto de formaciones políticas.

La realidad es que Ciudadanos quiso pactar con el PP, sin llegar a acuerdos de gobernabilidad en ninguno de los ayuntamientos. Desde el principio, los ‘populares’ quisieron firmar el documento de regeneración política de la formación naranja, aquella que fue calificada por los dirigentes del PP en esta región como la “izquierda naranja”, o la que quiere “cerrar ayuntamientos”. Aunque Alfonso Fernández Mañueco, secretario general del PP en Castilla y León y recién elegido alcalde de Salamanca, negara ante los periodistas que él lo dijera. Pero, ante Esteban González Pons lo remarcó, insistió y arremetió contra los que ahora ha buscado para pactar.

Y Ciudadanos ha pactado con el PP en las cinco capitales de provincia, pese a que el PP tiene en Castilla y León imputados –entre directores generales o secretarios de consejerías- por la compra de un edificio para la Consejería de Economía, o por la venta de unos terrenos para un polígono industrial en un municipio de Valladolid.

Y el PP también tiene imputados en Salamanca, con el presidente de la Diputación Provincial, Javier Iglesias, que optará a repetir el cargo; o los diputados provinciales Carlos García Sierra y Jesús María Ortíz, por supuestos contratos irregulares en un ente autónomo o por contratos supuestamente irregulares.

Pero Ciudadanos cedió porque no hay apertura de juicio oral en ninguno de los casos.

Y, mientras tanto, el PP de Castilla y León no acaba de apaciguarse, porque su presidente regional, Juan Vicente Herrera, no deshoja la margarita ante su futuro. Y lo que hace es lanzar mensajes internos para evitar guerras fratricidas.

Las alarmas llevan sonando muchos meses por la actuación del jefe de la Policía Local de Salamanca, José Manuel Fernández. Sirenas que alertan sobre las dudas en su funcionamiento o, incluso, que hablan de prácticas “no muy legales”. Ahora bien, pocas voces quieren dar nombres y apellidos. Pocos son los que dan la cara ante el temor de represalias.

Los sindicatos en la Policía Local ya han alzado, en algunos casos, la voz en contra de la actuación del jefe policial, desde que enero de 2012 logró esta plaza. Desde entonces, sus actuaciones han estado envuelta con polémica.

Uno de los casos más llamativos, fue la constitución del denominado ‘Grupo S.I.E.T.E’, que podría “invadir competencias” con la Policía Nacional, según señalan fuentes de este cuerpo policial en Castilla y León. Según se recoge en la Memoria de la Policía Local de Salamanca del año 2013, algunas de las funciones de este grupo –“Información Local, Escoltas y Técnicas Especiales S.I.E.T.E.”-, son las del “velar por la integridad física de los miembros de la Corporación Local y personalidades” o la del “análisis, control y archivo dela información sensible relativa a su actividad policial”.

Es decir, que los escoltas del alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, forman parte de este grupo, conformado por personas de la confianza del propio jefe policial. Incluso fuentes sindicales que prefieren no facilitar su identidad señalan que a algunos de ellos es “frecuente” verlos en manifestaciones por las calles salmantinas grabando o tomando fotografías. Otras fuentes de sindicatos con sede en Valladolid revelan que en la huelga general de finales de 2012 se hicieron “seguimientos” a los responsables sindicales de esta provincia.

Otros cometidos de este grupo son: “actuación en el primer círculo en caso de atentados; elaboración, participación y propuesta de actuación en planes terroristas; planificación, realización y coordinación de los dispositivos de seguridad que afecten a autoridades y personalidades que acudan a Salamanca en determinados eventos; intervención en actuaciones que por sus características requieran formación específica en materia de uso de la fuerza y medios especiales, como pueden ser personas agresivas, violentas, con trastornos mentales o bajo las influencias del alcohol y las drogas; escoltas con medios y vehículos policiales de las autoridades, personalidades o traslados que requieran una especial formación”.

Esta posible invasión de competencias ya ha sido transmitida, en diversas ocasiones, al subdelegado del Gobierno en Salamanca, Javier Galán, quien conoce el malestar en el Cuerpo Nacional de Policía por estas actuaciones. Es más, fuentes policiales en Valladolid señalan que el director general, Ignacio Cosidó, supo de esta situación en una reunión que mantuvo en la capital salmantina con policías nacionales.

Todo ello solo ha encontrado la oposición de los sindicatos, que incluso se han llegado a manifestar en contra de su jefe. Así, a primeros de mayo denunciaron que les obligaba a realizar servicios fuera de la capital, donde tienen competencia. Pero tampoco hubo ninguna repercusión.

Como tampoco la hubo cuando se denunció que los agentes locales tenían la orden de sacar de las calles de Salamanca a los mendigos. En una orden del 25 de octubre de 2014, en su punto 4, se decía: “por parte de todo el personal del Cuerpo se vigilará y se retiran a todas las personas que se encuentren ejerciendo la mendicidad, no abandonándose la zona hasta que se compruebe que estas personas se han retirado del lugar”.

También ha sido polémica la instalación de cámaras de vídeo para vigilar posibles actos vandálicos contra el medallón de Franco que está en la Plaza Mayor salmantina, en noviembre de 2012. Este trabajo lo realizó la empresa que, posteriormente, fue la beneficiada en la adjudicación de la instalación de cámaras de videovigilancia y control de acceso a calles peatonales, según documentos a los que ha tenido acceso La Meseta.

Esta situación también ha sido aprovechada por nuevos partidos en Salamanca para arremeter contra el jefe de la Policía Local y contra el alcalde salmantino. Hace unas semanas, Gabriel de la Mora, nuevo concejal por Ganemos –apoyado por Podemos-, habló de “restricción de derechos” y de una “falta de inconstitucionalidad” por parte del responsable policial que pidió una autorización municipal para hacer fotos y utilizar música en una concentración a favor del pueblo palestino.

Otro partido que se presentó en Salamanca, Vecinos, y que no obtuvo representatividad municipal, pidió, durante la campaña electoral, que el jefe de la Policía Local fuera destituido para que “deje de actuar como una policía política”.

Y las sospechas continúan. Siguen. Incluso ya se habla de posibles denuncias.

Estaba claro que el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva (PP), no es de los que abandonan a la primera de cambio. Ni con sentencia judicial, ni sin ella. Era evidente que tampoco se iba a callar. Ni que nadie lo iba a silenciar.

Una sentencia le condenó a 13 meses de inhabilitación por desobedecer a diversos autos judiciales.  Y él, tras conocerse la condena en vía penal, dijo que recurriría y que nadie le marcaría los tiempos. Ni los políticos ni los jueces.

Ayer, León de la Riva anunció, acompañado de sus fieles concejales, que delega su cargo de alcalde en funciones, pero que se mantiene como “concejal en funciones”, como él mismo declaró ayer.

De esta manera, cede su cargo en su teniente de alcalde, Mercedes Cantalapiedra, “como ya lo ha hecho en otras ocasiones como cuando me voy de viaje o vacaciones”, y se mantiene como edil porque no cree que incumpla su inhabilitación judicial. Pero León de la Riva ya dejó claro que no deja la política, pese a que va pedir su vuelta como profesor a la Universidad de Valladolid, porque, según dijo, “al estamos si pensamos que solo se puede hacer política si eso lleva aparejado un sueldo”.

Y también anunció que el próximo día 13, cuando se constituya el nuevo Ayuntamiento, no acudirá porque tiene una boda, en Bilbao, de su sobrina, y que no quiere estar en “un espectáculo que no se sabe cómo terminará”. Y añadió: “ya he fastidiado a mi familia lo suficiente. Si fuera a ser nombrado alcalde me hubiera aguantado, pero para ver un espectáculo que nadie sabe cómo va a salir..., pues no”.

El motivo de este cambio de opinión, desde hace una semana cuando se le notificó la condena, fue un informe del secretario municipal en el que apunta que el alcalde de Valladolid “únicamente puede cesar en el ejercicio de las funciones”.  Este informe añade que un concejal perderá su condición por decisión “judicial firme”, por “extinción del mandato” y por “incompatibilidad”. Y añade que el mandato de los miembros de los ayuntamientos es de cuatro años, “contados desde la fecha de su elección”.

Pero León de la Riva tampoco puede mantenerse en silencio. Tras cinco mayorías absolutas, perderá la Alcaldía no solo por una sentencia judicial sino porque el PSOE recibirá los apoyos de Valladolid Toma la Palabra y Sí Se puede. Y cuando fue preguntado por esta coalición, el ya exalcalde de Valladolid dijo que la opción “más coherente” es la candidatura de Manuel Saravia, de Valladolid Toma la palabra, más que la del socialista Óscar Puente. Incluso dijo que le había ofrecido el apoyo del Partido Popular para gobernar el Ayuntamiento de Valladolid. «Pero el problema que tenemos con Saravia es que siempre tiene que consultar, primero con los dos concejales de su grupo y ahora con la asamblea», añadió León de la Riva. También tuvo palabras sobre el resultado electoral, que le “sorprendió”, aunque en democracia “las cosas son como son” por lo que dijo que quien optó por “dar una patada al PP en el trasero del Ayuntamiento de Valladolid verán las consecuencias”. 

Los mendigos no dan buena imagen a una ciudad monumental como Salamanca. Y menos en época electoral. Por lo menos es lo que deben haber pensado los responsables de la Policía Local salmantina, quienes piden a sus agentes que retiren a mendigos de la ciudad según denuncian de forma interna.

Según confirman a La Meseta fuentes de la Policía Local de Salamanca, todos los días se recibe una orden verbal, por parte del jefe policial, José Manuel Fernández, para evitar que los mendigos estén por las calles de Salamanca.

Sin embargo, el alcalde salmantino, Alfonso Fernández Mañueco, que también repite como candidato a la Alcaldía por el PP, niega que él haya dado la orden, insiste en que esta noticia es “falsa”. “Es una orden de aplicación de la Policía Local del mes de octubre en aplicación de un bando de una persona especialmente sensible como fue Jesús Málaga cuando era alcalde del PSOE y lo que estamos haciendo es aplicar ese bando”, dijo el pasado jueves Fernández Mañueco.

Pero las mismas fuentes policiales consultadas insisten en reconocer esa medida de retirar a mendigos y llegan a explicar que “todos los días aparecen nombradas varias patrullas con las órdenes sobre la mendicidad”.

El alcalde de Salamanca sí recordó que en octubre del pasado año ya se pidió aplicar un bando de 1991, firmado por el que fuera alcalde socialista, Jesús Málaga. En la orden del día 30 de octubre, en su punto dos, se dice que el personal del Cuerpo “deberá proceder a aplicar el bando dictado por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Salamanca de 15 de noviembre de 1991 sobre la mendicidad y los menores”.

El bando al que se hace referencia decía, en su resolución, que la Policía Local “procederá a la detención de las personas mayores de 16 años que utilicen a menores de esa edad para la práctica de la mendicidad, poniendo a aquellos a disposición de la autoridad judicial competente”.

Es decir, el bando de 1991 no hablaba de retirar a mendigos de la calle, sino de evitar que se trafique con menores de edad y que se dediquen a la mendicidad.

En 2013, el 3 de julio, otra orden de la Policía Local requería, en su artículo tres, nombrar “una patrulla con un coche con mampara dedicada expresamente al control de la mendicidad”. Y se indicaba que debía actuar de la siguiente manera: “todo mendigo extranjero será trasladado a Comisaría al objeto de verificar los documentos de identificación que presente y su situación el país dado que se han detectado irregularidades en cuanto a falsificaciones de documentos y situaciones de residencia”. Posteriormente, se realizará “un informe social en su presencia” y se utilizará “todo el tiempo necesario para realizar estas gestiones de forma indicada”.

Toda esta situación le ha estallado al candidato del PP al Ayuntamiento de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, a una semana de las elecciones. Y los contrincantes políticos han saltado en su contra. La candidata de la coalición de izquierdas, Ganemos, Virginia Carrera, dijo que esa medida “roza la ilegalidad” y añadió que “puede ser un delito”, además de “una dudosa moralidad incontrolada por parte del Ayuntamiento”. Y añadió que “actuaciones de este tipo, apoyadas por su leyes mordaza, hacen que la ciudad de Salamanca funcione con represión”.

La tensión es más que evidente. Ya no solo afecta de forma profesional a dos dirigentes de sendas instituciones públicas –Ayuntamiento de Salamanca y Cámara de Comercio- sino que el conflicto llega a temas personales. Es una batalla que sigue abierta. Alfonso Fernández Mañueco y Juan Antonio Martín Mesonero. Dos personas que han pasado de ser ‘buenos amigos’ a enemigos irreconciliables.

El problema se acrecentó el pasado jueves, cuando Martín Mesonero, presidente de la Cámara de Comercio y de la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (Confaes), capitaneó un manifiesto a favor del desarrollo de Salamanca. Invitó a todos los candidatos de los diferentes partidos que optan a la Alcaldía de esta ciudad. Y a los sindicatos. Sin embargo, solo uno de los invitados no acudió. Ni envió a nadie. Alfonso Fernández Mañueco no fue a la cita.

No hubo respuesta alguna por parte del PP. Ni del candidato. Solo críticas, veladas y evidentes, de Juan Antonio Martín Mesonero hacia Alfonso Fernández Mañueco. Según el presidente de la patronal salmantina, este manifiesto busca “agrupar” a todos los que “han decidido pelear y denunciar las trabas que anteponen intereses particulares a los de la provincia”. Y entre ellos, Mesonero no ve a Mañueco.

“Durante los últimos cuatro años el PP ha desaprovechado la ocasión de impulsar el desarrollo de Salamanca confundiendo una mayoría absoluta, con una disposición para hacer y disponer sin contar con el criterio de nadie”, añadió el presidente del empresariado de Salamanca.

El manifiesto incide en siete líneas básicas de actuación por parte de sindicatos, patronal y partidos políticos. Entre ellas se incluye el diálogo social, la transparencia en los procesos de contratación pública, el apoyo a los emprendedores, la gestión y la moderación fiscal para las pymes, así como el impulso a las infraestructuras de “verdadero calado”.

Además, se quiere un mayor respaldo al Complejo Hospitalario de Salamanca y a los centros de investigación universitarios, así como a la celebración en 2018 del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca.

Al acto acudieron miembros de los comités ejecutivos de la Cámara de Comercio de Salamanca y Confaes, los secretarios generales de CCOO, Emilio Pérez; y de UGT, Jesús Hernández Rivas; y los candidatos Enrique Cabero (PSOE), Alejandro González (Ciudadanos), Virginia Carrera (Ganemos), Rafael Diego (Prepal), Bernardo Velasco (UPyD), Chema Collados (Vecinos por Salamanca) y Manuel Fuentes (VOX).

Pero esta unidad puede ser ficticia si se cumplen algunas encuestas, que vuelven a dar la mayoría absoluta al PP y a Alfonso Fernández Mañueco en la Alcaldía de Salamanca. Otros sondeos dicen que está a punto de perderla.

Pero la realidad es que las diferencias han dejado de ser políticas o ideológicos y han pasado a ser personales. Aquella ‘buena relación’ entre Mañueco y Martín Mesonero, que les llevó a compartir comidas e intimidades, ha derivado en diferencias insalvables, también desde la perspectiva personal.

Un ejemplo de esa amplia distancia entre ambos: hace unos días el jefe de la Oficina Económica de La Moncloa llegó a Salamanca a presentar el programa económico de Alfonso Fernández Mañueco. Fueron invitadas las asociaciones sectoriales de la provincia salmantina, además de un buen número de empresarios de la provincia, menos el presidente de la patronal, Martín Mesonero.   

Todo es mentira. Se le acusa injustamente. O por lo menos es lo que dice una persona a la que se le imputa el retraso de la tramitación de la denuncia que desvelaba el cobro de comisiones en la ya denominada ‘trama eólica’ en Castilla y León. Y sin dar argumentos y sin justificaciones, Georgina de la Lastra, actual delegada especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en esta región, acusa de lanzar “noticias falsas” a medios como eldiario.es.

De la Lastra ha mantenido silencio ante las informaciones que la señalaban como la responsable de frenar la tramitación de la denuncia que desvelaba la ‘trama eólica’ en Castilla y León. Hasta ayer, cuando ante los periodistas, en una rueda de prensa para dar a conocer la campaña de la Declaración de la Renta, solo habló de “mentiras”, de “injurias” o de difamación“.

“Nunca he retrasado, entorpecido o interferido” en ningún informe durante el tiempo que lleva en la Agencia Tributaria de Castilla y León, un año y medio. Eso sí, fue prudente al evitar inculpar a los medios de forma evidente, sino que dijo que se estaban “haciendo eco de esa mentira”. Y añadió las informaciones que se están publicando son “difamatorias e injuriosas”.

Un inspector de la Agencia Tributaria de Castilla y León, en su oficina de Valladolid, fue el que descubrió la ‘trama eólica’, que publicó a finales de abril El País. Y elaboró un informe de 94 folios en los que revelaba que varios altos cargos del Gobierno de la Junta de Castilla y León (PP) cobraron presuntamente importantes comisiones de algunas constructoras –Grupo Collosa, Parqueolid– y las grandes empresas eléctricas –Endesa, Iberdrola– a cambio de acelerar los permisos para nuevos parques eólicos. Hablaba de un posible reparto de 110 millones de euros en comisiones.

Este inspector, también rastreó otros misteriosos pagos como “asesoría” –por unos trabajos que no acaban de aparecer– a dirigentes del PP: el diputado Vicente Martínez Pujalte y el exministro y actual embajador en Londres Federico Trillo.

Sin embargo, el informe se lo trasladó a su jefa, Georgina de la Lastra, aunque lo ‘durmió’ durante meses en un cajón.

Ayer, sin embargo, De la Lastra se lamentó de no poderse “defender” porque según dijo no conocía el origen de esas “injurias” hacia su persona, a través de “noticias falsas”. “Quienes me conocen saben que soy honrada”, añadió. Y justificó su teoría exculpatoria en que siempre ha pedido a sus colaboradores que “agilicen los procedimientos en aras de una Administración más moderna, eficiente y transparente”.

Sin embargo, Georgina de la Lastra no habló sobre el contrato de alquiler, con opción de compra, de un edificio Inverduero SL, una de las empresas del Grupo Collosa y que está relacionado con la ‘trama eólica’ por el pago de supuestas comisiones para agilizar la puesta en marcha de parques eólicos. La firma de este contrato se hizo el 7 de julio de 2005, cuando era secretaria general de la Consejería de Hacienda. La parcela fue recalificada por el Ayuntamiento de Valladolid, en manos del PP, y después uno de los edificios construido sobre ella –el otro es un hotel– fue alquilado a la Junta de Castilla y León, también del PP. Hoy es la actual sede de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta.

Los que están a favor de esta macrofiesta hablan de beneficios para Palencia. Los que están en contra, creen que es “vergonzoso” que se ceda un espacio público como un parque para un organizar “un botellódromo”.

Palencia es, desde hace años, el centro de una fiesta denominada ITA –siglas procedentes de las Ingenierías Técnicas Agrarias, es decir, estudiantes de estas carreras en el campus de Palencia de la Universidad de Valladolid-, que reúne a miles de jóvenes. Hace algunos años se hacía en el propio campus. Pero desde el año pasado se utiliza el Parque Ribera Sur de la capital palentina. Un uso previa cesión del Ayuntamiento, en manos del PP.

Si el año pasado se llegó a una presencia cercana a los 13.000 jóvenes, para el próximo viernes se espera que haya una afluencia de 10.000 personas, que es el aforo impuesto por el propio Consistorio para ceder este espacio público.

Ahora bien, ¿por qué se ha cedido este parque? ¿Qué controles se harán para impedir la entrada a menores de edad? Si el año pasado se rompieron las vallas que rodean el parque, ¿cómo se evitará este año? Como estas, otras preguntas se han lanzado desde IU en el Ayuntamiento palentino, pero sin respuesta.

Por su parte, fuentes socialistas –el portavoz del PSOE, Heliodoro Gallego, no repite como candidato a la Alcaldía palentina, creen que las “cosas se están haciendo muy mal” en torno a esta fiesta. “No se trata de impedirla, sino de buscar la forma de una mejor organización y que todos, ciudad y jóvenes, salgamos beneficiados”, afirman las mismas fuentes.

Desde IU fueron más concretos y preguntaron a la Alcaldía “de qué manera se va a prohibir el acceso de menores al Parque Ribera Sur para evitar el consumo de alcohol”; o “cuáles son los costes directos e indirectos de la celebración de la fiesta de la ITA”; los informes “realizados por los servicios técnicos de Urbanismo y por el Patronato Municipal de Deportes sobre la legalidad de la cesión del Parque Ribera Sur”; además de preguntar “cómo se controla el beneficio que obtienen unos particulares que organizan la fiesta en el parque mediante la gestión gratuita de un parque de titularidad municipal”.

Sin embargo, no hay respuesta a estas dudas. Tampoco la Alcaldía respondió a la pregunta sobre la el control del “cobro de las entradas por parte del Ayuntamiento a un parque Público”; ni si se va a solicitar “algún tipo de fianza a los organizadores de la fiesta, por si sucedieran desperfectos que no fueran cubiertos por los respectivos seguros”; ni tampoco se respondió a los “los requisitos propuestos por el Ayuntamiento para ceder el Parque Ribera Sur”.

Porque una de las dudas existentes es quiénes están detrás de la petición de este parque, ya que desde la Alcaldía se reconoció “verbalmente” a IU –según fuentes de la coalición- que se reunieron “con cuatro o cinco estudiantes”.

Casualmente, uno de los que participarán en la fiesta, como Dj, es Héctor Calderón que irá en la lista del PP al Ayuntamiento palentino, que encabeza el actual alcalde Alfonso Polanco.

Pero, las opiniones favorables y contrarias se enconan cada vez más, cada vez que se acerca el día de la fiesta.

¿Quién pagará los desperfectos del parque público? ¿Quién lo limpiará? ¿Qué beneficios aporta una fiesta de 10.000 jóvenes a Palencia? ¿Por qué no involucrar a la Universidad de Valladolid para hace una fiesta más organizada? Son preguntas que quedan en el aire.

Fue un día negro para el PP de Castilla y León, aunque de consecuencias desconocidas hasta el día 24 de mayo. Con media de diferencia, dos de los pesos pesados de este partido en la región castellana y leonesa estaban contra las cuerdas. Uno, a las nueve y media de la mañana. Javier León de la Riva, el eterno y controvertido alcalde de Valladolid, fue juzgado por un delito de desobediencia. Otro, a las diez de la mañana se vio obligado a comparecer ante la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León por las informaciones que ponen en duda la limpieza de las autorizaciones de parques eólicos en la región.

El PP trata de evitar pronunciarse ante estos dos asuntos. Pero no le queda más remedio que verlo en los medios de comunicación.

Porque lo que nunca quiso era ver al alcalde de Valladolid durante los últimos 20 años, y candidato del PP a las próximas elecciones municipales, sentado en el banquillo de los acusados. No deseaba que entrara en los juzgados, y ayer lo hizo por un delito de desobediencia, por unos supuestos retrasos en el cumplimiento de la sentencia que le obligaba a restablecer la legalidad en un edificio de la plaza Zorrilla de Valladolid, en el que vive de forma habitual y donde hubo un exceso de edificabilidad en unos trasteros.

Y León de la Riva, en su estilo, se exculpó en cada pregunta incómoda de la fiscal y del abogado de la acusación popular. Incluso se encaró con el letrado. Y hasta fue advertido por la juez. Pero el alcalde de Valladolid insistió una y otra vez que no tiene conocimientos jurídicos, porque él es “ginecólogo”. Y que todas las decisiones que adoptó se basaron “en lo que me decían los técnicos” y la “concejala de Urbanismo”.

Además, lo que no pudo hacer en el juicio lo hizo cuando terminó, cuando hizo declaraciones ante los medios de comunicación –tras salir por una puerta lateral del edificio de los juzgados de Valladolid- y lanzó una sospecha, que este procedimiento judicial lo inició “un fiscal de Madrid que había dado una conferencia a la Asociación que denunció la desobediencia”, en referencia al fiscal Antonio Vercher.

Pero no pudo impedir que ni la Fiscalía ni el abogado de la acusación popular, que representa a la Asociación de vecinos Antonio Machado, no se creyeran sus argumentos. La fiscal pidió una pena de 15 meses de inhabilitación para cargo público y una multa de 3.600 euros por un delito de desobediencia. Y el letrado reclamó dos años de inhabilitación y 90.000 euros de multa por un delito continuado de desobediencia.

Mientras tanto, Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, compareció ante la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León para dar una explicación sobre las sospechas en las autorizaciones de los parques eólicos de la región.

Defendió la “rectitud y sujeción a la legalidad” de todos los expedientes de autorización para el desarrollo de parques eólicos en la Comunidad y mantuvo que su Consejería actuó “correctamente” y “con transparencia”.  Además, anunció que si de las investigaciones se detectase un perjuicio para los intereses públicos “la Junta a través de sus servicios jurídicos tomará activamente posición ante ello”.

Tomás Villanueva también pidió a los grupos políticos que valoren la “responsabilidad, seriedad y rigor” con la que “siempre ha obrado” la Junta y “no busquen tergiversar” las informaciones “con el solo objetivo de crear confusión en el momento político en el que nos encontramos”.

A Villanueva no le ha quedado más remedio que comparecer para responder a la denuncia de la Agencia Tributaria sobre el pago de 110 millones en comisiones. Y el PSOE arremetió contra él, a través de la portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Permanente, Ana Redondo, quien lo definió como el “chivo expiatorio” del PP en la presunta trama eólica porque “ya está amortizado”. 

Y, por su parte, el procurador de IU en las Cortes regionales, José María González, dijo que esas explicaciones “no valen” porque ha sido el propio PP quien ha puesto “frente al espejo” al consejero de Economía.