Este jueves, el CatSalut dio luz verde a la creación del Consorcio sanitario de Lleida. El miércoles, el consejo de dirección del CatSalut había aprobado una primera propuesta de estatutos y convenio para la constitución del ente con los votos en contra de los sindicatos. El consorcio, dicen, estará sometido al derecho público pero la letra del convenio desgraciadamente es otra. A ninguna nos ha extrañado que si se seguía adelante el descuartizamiento del ICS lo que tenía que quedar garantizado es que no habría ningún control previo de los gastos que el ente gaste, y que el control democrático quedaría condicionado a que las auditorías posteriores consideren. Para nosotros el Consorcio de Lleida, el descuartizamiento del ICS, forman parte de una estrategia de privatización por segmentos o por territorios.

Una estrategia de privatización de la sanidad por segmentos o territorios

El momento que vivimos, de devaluación de las condiciones de vida de las clases populares, de trabajo precario, de paro y de años de precarización de los centros de salud (recortes en los recursos, cierre de camas y quirófanos, reducción de plantilla y bajada de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores) hace que resulte impopular, antisocial y antielectoralista llevar a cabo privatizaciones integrales o clásicas. Hace que los ideólogos sanitarios hayan tenido que pensar operaciones subterfugio, veladas, segmentadas por la entrada de capital privado que puedan verse como operaciones aisladas y nunca como parte de una estrategia integral de privatización de la sanidad.

Los think tank de esta estrategia de privatización por segmentos o territorios los veremos a continuación, en todos ellos se repite la misma metodología: el gobierno haciendo un de la Generalitat encarga un informe a la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) esta informa y concluye con la necesidad de llevar a cabo una u otra operación de privatización y acto segui este informe pasa a ser la política pública a ejecutar por el departamento de salud. Vemos los tres casos.

3 informes, 3 espacios para la entrada de capital privado

La promoción de la entrada de capital privado en la sanidad pública, o la privatización por segmentos, se refleja en el primer informe de los casos que queremos exponer, un informe de principios de 2011 realizado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) por encargo de la Generalidad de Cataluña. En él se detalla la propuesta de privatizar y mercantilizar la sanidad: ambulancias, laboratorios clínicos, emergencias médicas, institutos tecnológicos, hospitales, centros de atención primaria, etc.

Un segundo informe de finales de 2012 de la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC), decidía apostar por un consorcio como la figura jurídica con la que comenzó el desmembramiento del Instituto Catalán de la Salud (ICS) en una veintena de sociedades sometidas al derecho privado , uno de los principales objetivos del consejero de Salud, Boi Ruiz, desde que llegó al cargo. El ejemplo de la privatización por territorios se ha hecho evidente con el Consorcio de Lleida. Otro ejemplo, peculiar, lo tenemos al consorcio encubierto de Tarragona entre el hospital del ICS Juan XXIII y la Red de sanidad privada Santa Tecla, y decimos encubierto porque se ha hecho con nocturnidad y alevosía y porque en lugar de consorcio la han bautizado como “alianza estratégica”.

Un tercer informe de 2013, “Diez temas candentes de la sanidad española para 2013” nos advertía de la necesidad de hacer negocio con las bases de datos clínicos. El eufemismo tecnocrático se denomina “open data en salud” y literalmente expone sobre nuestra historia clínica que “la información debe estar disponible como un todo ya un coste razonable” con una insistencia más que persistente con que “no haya restricciones para ciertos usos como el comercial”.

Una metodología que sería una mera anécdota si no fuera porque ha marcado las políticas de los Departamentos de Salud de los últimos 4 años. Años en los que se ha acelerado la deriva neoliberal del sistema de salud, un sistema por otro lado diseñado para facilitar estas operaciones de entrada de capital privado. Un sistema que ha contado con el consenso de CiU y del tripartito (PSC, ERC, ICV-EUIA), donde se ha querido diseñar un mercado relacional, de cohabitación público y privado y de complejidad jurídica que facilita una descapitalización permanente de recursos público sin control en el sistema sanitario privado.

Un consorcio para entrar en el tráfico mercantil

Con estas palabras literales describe el convenio del Consorcio sanitario de Lleida cuáles deben ser sus principios de gobierno: “El Consorcio actúa regido por los principios de rentabilidad, economía y productividad y con aplicación de técnicas de gestión empresarial; por esta actuación el Consorcio desarrollará y aplicará sistemas de información sobre la actividad, los costes y el desarrollo de la gestión clínica ”. Y adjuntamos el literal porque el consejero Boi Ruiz siempre tiende a las acusaciones fáciles, una de las que más le gusta es decir que se hace alarmismo, que se hace demagogia con la sanidad. Y no es alarmante que este redactado sean los principios de gobierno del órgano que debe garantizar la sanidad en Lleida, como sistema público? equitativo, universal y de calidad?

Lo es de alarmante! Es alarmante que se haya optado por el consorcio como fórmula para entrar en el tráfico mercantil. Es alarmante que se mienta a la sociedad diciendo que será un consorcio sometido al derecho público y luego ver que éste no estará sujeto a la normativa de control y fiscalización de los gastos públicos. Lo es porque la fiscalización previa de los gastos de las administraciones públicas es el momento donde se controla que el gasto está justificada y que el procedimiento es adecuado a derecho. Lo que quieren hacer con el consorcio es una fiscalización posterior por auditoría de cuentas. De modo que no habrá ningún control público sobre lo que se gasta, si está o no justificado; ni sobre cómo se gasta; ni si se hacen server los procedimientos legales.

El control con auditorías a posteriori, que es el método pensado para controlar cómo se gastarán los recursos públicos en Lleida, es un control posterior al gasto por lo que no se puede comprobar si está justificado el gasto y / o es adecuado a derecho su procedimiento, es más, no es un control de todos los gastos sino que se hace por muestreo.

Después de los diferentes casos de corrupción asociados a la sanidad. la solución es menos control?

Y es que si hacemos una panorámica de la gestión sanitaria en los últimos 10 años no han parado de aflorar casos de irregularidades, muchos de ellos, en la gestión de los consorcios. Ejemplos tenemos unos cuantos: el Consorcio del Maresme y la Selva donde afloraron pagos de sueldos, sobresueldos y gastos sin justificar. Otro ejemplo lo tenemos en el Consorcio Sanitario y Social de Cataluña donde Ramon Bagó, que presidió la vez y durante muchos años el Consorcio y el grupo privado Serhs-que se dedica a los caterings de grandes menjadors-, obtuvo un total de 50,85 millones de euros en contratos de hospitales y consorcios financiados por la Generalitat.

Pensábamos que era muy grave que una comisión que se creó en el Parlamento sobre la gestión en el ámbito sanitario se cerrara en falso, que se pactara un silencio cómplice CIU-PSC, que no se depurase responsabilidad política. Pero es mucho más grave que, constantes y abastecimientos documentados los problemas de falta de control sobre los gastos de los consorcios se insista con esta fórmula de nuevo. Una fiscalización posterior vía auditoría de facto supone actuar como una empresa privada en el tráfico mercantil, eso sí, subvencionada con impuestos de todas.

Os animamos a participar en todas las movilizaciones, todas, las que se lleven a cabo para detener esta puerta de entrada al capital privado, esta despublificació de nuestros servicios sanitarios, os animamos por tanto a luchar contra la privatización del sistema de salud, porque cuando el ánimo de lucro entra por la puerta la calidad asistencial y la equidad salen por la ventana.

"Hay que ser explícito en la prohibición del uso del patrimonio público por parte de la sanidad privada", aseguran la exdiputada y la diputada de la CUP

Los presupuestos de 2016 llevan una sorpresa amarga para la sanidad pública. El anteproyecto de ley de medidas fiscales, la norma que acompaña a los presupuestos y que modifica ochenta artículos de leyes existentes, posibilitará la utilización por parte de la sanidad privada de las instalaciones de los centros sanitarios públicos.

En concreto, el anteproyecto que el Gobierno aprobará antes de final de mes modificará el artículo 51 de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LOSC), que regula el patrimonio del Servicio Catalán de la Salud. La modificación habilitará que el Director del CatSalut, “pueda autorizar con una simple resolución el uso de los bienes inmuebles de su patrimonio, ya sean propios o adscritos, vinculados a la prestación de servicios de salud para las entidades proveedoras de servicios sanitarios”.

¿A quién puede autorizar este uso? La norma, de momento, no lo dice. Es decir, no dice a quién beneficia esta modificación sobre el uso del patrimonio público. Lo que sí dice pero es que “puede establecer el carácter gratuito o con contraprestación del uso autorizado”.

¿Por qué decimos que esto puede ser grave? El patrimonio del Servicio Catalán de la Salud es público, y se usa para llevar a cabo actividad sanitaria pública. La introducción de esta modificación permitirá que este patrimonio ya no sólo sea usado para hacer actividad sanitaria pública sino también para hacer actividad privada.

Lo permitirá porque la norma no hace ninguna mención sobre quién puede usar o no el patrimonio público, y porque no excluye expresamente el aprovechamiento privado para generar beneficios de estas infraestructuras públicas. Además, incluye un precepto destinado a orientar el patrimonio a la utilización privada: ¿qué sentido tendría exigir una contraprestación por la utilización del patrimonio del CatSalut?

Estamos ante otro intento de permitir y regular la realización de actividad privada en los centros sanitarios públicos, como lo hizo en su día la Instrucción 5/2015. La instrucción entraba en vigor el 1 de abril de 2015 y quedó suspendida por orden del Parlament el 7 de mayo pasado mediante una resolución que la deja “sin efecto” hasta que no “se someta a debate y aprobación en sede parlamentaria la regulación de la actividad sanitaria privada en centros sanitarios del Sistema Sanitario Integral de utilización pública de Catalunya (SISCAT)”. El SISCAT es la red de centros de utilización pública, aunque su titularidad también puede ser privada o público-privada.

Si el objetivo de esta modificación incluida en el anteproyecto de ley de acompañamiento de presupuestos no es facilitar la actividad privada en los centros sanitarios públicos evitando así el debate público, hay que ser explícito en la prohibición del uso del patrimonio público por parte de la sanidad privada.

La voluntad de hacer actividad privada en los centros sanitarios y en las instalaciones públicas volvía a estar sobre la mesa en el Plan de Choque de Junts pel Sí. “La asistencia sanitaria privada en centros, servicios y establecimientos del SISCAT es una fuente de ingresos para el sector sanitario público que si se regula adecuadamente tiene un impacto positivo en la reducción de las listas de espera”, decía el punto 31 del documento de JxSí.

Debemos recordar además, que esta voluntad de hacer actividad privada llega tras años intensos de recortes y de precarización de la sanidad pública y de favorecimiento deliberado de la sanidad privada. Así, desde el comienzo de la crisis, los centros sanitarios total o parcialmente públicos, han visto sus presupuestos mermados de forma importante, comprometiendo en algunos casos la propia viabilidad del centro. Desde 2010, el presupuesto del Departamento de Salud ha adelgazado más de 1.000 millones y ha pasado de un total de 9.548 millones a los 8.467 de este año, un 11,3% menos.

Mientras tanto, se ha disparado el número de derivaciones de pacientes hacia centros privados -más de 16.000 sólo en 2014-, así como el negocio con fondos públicos de grupos con ánimo de lucro, con IDC Salud (la antigua Capio) como máximo exponente. El grupo ha pasado de ingresar menos de 56,5 millones en 2008 -a través de los convenios o contratos con el Servicio Catalán de la Salud- a ingresar casi 82 en 2013, un 45% más. En época de recesión económica, también ha crecido el volumen de personas con seguros médicos privados.

Este panorama nos dibuja que más del 24% del presupuesto de Salud, en concreto 2.450 millones de euros, se derivan a la sanidad privada. Y esto genera una red de sanidad privada parasitaria, ya que las mutuas y otras empresas privadas sanitarias pueden prestar servicios a sus clientes sin tener que asumir costes de inversión en infraestructuras, por lo tanto les sale más barato y pueden conseguir más clientes ofreciendo precios más bajos. Nos encontramos pues que con los recursos de todos se permite el lucro de unos pocos, donde ofrecen unos servicios asistenciales de menor calidad para abaratar costos y así pueden generar más beneficio. Negocio redondo.

Lo que se quiere aprobar mediante la ley de medidas fiscales es doblemente grave: por el contenido pero también por la metodología, por no plantear el debate abiertamente y de cara sobre si queremos o no actividad privada en los centros sanitarios públicos. Incluirlo en la ley de acompañamiento de los presupuestos es una manera de colarlo por la puerta trasera.

Consecuencias en las listas de espera y en la equidad de acceso

Más allá de eso, no podemos dejar de explicar qué implicaciones tendrá que se posibilite la utilización de las infraestructuras públicas para hacer sanidad privada.

Supondrá un aumento de las listas de espera si los centros deben atender más actividad. Además, se genera una doble lista de espera, una para aquellas personas que no queremos pagar y una para las personas que quieran y puedan pagar. Nuestros derechos sanitarios dependerán de nuestros recursos económicos, lo que hará aumentar la desigualdad en el acceso a la salud. Las clases populares veremos empeorado nuestro acceso a la sanidad pública, y en consecuencia nuestra salud.

Las instalaciones pagadas con recursos públicos estarán al servicio de los intereses económicos privados. Así, se blinda una práctica muy común durante los años de Boi Ruiz al frente de Salud: los quirófanos que se cierran por las tardes para la sanidad pública debido a los recortes abren para pacientes de pago. Con la adopción de criterios de “sostenibilidad” y “eficiencia” el concepto de “servicio público” se diluye en favor del concepto de “servicio de mercado”.

Esta medida que el Govern quiere aprobar para la utilización de las infraestructuras del servicio de salud es uno más de los chanchullos para no situar una diferenciación clara entre lo público y lo privado. Que una misma infraestructura, y está por ver si también el personal sanitario (como es el caso de Barnaclínic) deban responder a intereses públicos ya intereses privados facilita que se confundan estos dos ya que no se establece una línea de separación clara sobre dónde empieza lo privado y donde termina.

Recordemos que el confusionismo de intereses públicos y privados es una de las conductas facilitadoras de la corrupción en sanidad de los últimos años, así casos como el INNOVA en Reus y muchos otros. Son un ejemplo de no establecer la separación entre lo público y lo privado, de gestionar lo público como si fuera privado.

Si esta medida se aprueba, la aceleración y sobre todo la normalización de la actividad privada a cargo de los presupuestos públicos estará garantizada. Si no queremos que con nuestra salud se haga un negocio, está en nuestras manos pararlo: digamos no a la actividad privada en los centros públicos.

El TTIP és una amenaça latent, i no menor, i cal que acompanyem la lluita al carrer d'una accelerada institucional per la municipaliltzació perquè, literalment, ens hi va la vida

El dilluns teníem accés de nou a filtracions sobre l'estat de les negociacions de l'Acord de Lliure Comerç i Inversions (TTIP, per les seves sigles en anglès) entre els Estats Units i la Unió Europea. L'acord és un projecte que va més enllà del comerç. És un projecte polític, ideològic i social que tindrà conseqüències en el nostre dia a dia.

Un dels pitjors aspectes del tractat és l'obertura definitiva dels serveis a la inversió privada -també dels serveis públics amb greus conseqüències per la sanitat pública, les energies, l'alimentació, el medi ambient, la seguretat dels consumidors, i la salut pública. Per dur a terme aquesta 'obertura', és dir, per fer més atractius els serveis als possibles inversors, s'haurà d'eliminar tota 'barrera' (entesa barrera com tot allò que pugui desincentivar o afegir costos a les inversions d'empreses transnacionals).

El TTIP, com també el TISA i el CETA, estableix tres mecanismes per possibilitar l'entrada de capital privat a la gestió dels serveis públics: un primer de desregulació o equiparació normativament a la baixa de les legislacions europees i la dels EUA -que afavoreix l'entrada de transnacionals-; un segon que preveu que tot nou servei públic hagi de sortir de la contractació pública per ser gestionat per un ens diferent a l'administració -externalitzacions i privatitzacions-; i un tercer per incloure una clàusula d'irrevocabilitat de manera que un cop privatitzat un servei ja no podrà tornar a mans públiques.

Entre les clàusules d'irrevocabilitat, ens colen la nefasta 'ratchet clause' o clàusula trinquet. En un acord de comerç internacional, una clàusula d'irrevocabilitat implica que un país no pot reintroduir un obstacle a la privatització si l'ha eliminat de forma unilateral.

Però més enllà, el TTIP implica que qualsevol modificació legal que faci menys restrictiva la mesura consolidarà automàticament el nou nivell d'obertura. D'aquesta manera, s'estableix un principi de liberalització futura automàtica i autònoma denominat principi de cremallera. La 'ratchet clause' donaria lloc a que les empreses transnacionals tinguin el dret a demandar, a personar-se, en cas de la revocabilitat d'algun servei davant del que fins ara es coneixia com ISDS (mecanisme de resolució de conflictes del tractat) i que amb la nova informació passa a anomenar-se ICS. Aquesta mesura de protecció als inversors permetria a les empreses reclamar als països per les pèrdues de beneficis que pugui ocasionar la reversió de privatitzacions ja fetes.

El més perillós per tant, és la possibilitat de no recuperar el que, sense la signatura d'aquests tractats, s'ha anat externalitzant i privatitzant des dels anys 80. La clàusula bloquejaria els nivells actuals de liberalització dels serveis públics en cada estat, en cada municipi.

I per què és important la gestió dels serveis públics? Importa si el servei el presta el municipi o si el presta l'empresa privada de torn? La resposta és 'sí' perquè el model de prestació de serveis públics que es triï té implicacions directes al nostre dia a dia, en:

1. La possibilitat de garantir més drets, tendint a la universalitat i no condicionada als recursos econòmics dels quals es disposi.

2. Foragitar la cerca de benefici privat en la prestació del servei a costa de rebaixar la qualitat del mateix.

3. La vocació de servei comunitari universal adreçat, sense discriminacions, a totes les veïnes del municipi -amb o sense documentació, amb o sense recursos econòmics.

4. La garantia d'unes condicions de treball dignes per les treballadores i els treballadors que presten aquests serveis.

5. El control i la participació popular en la planificació del servei i en la gestió. Nosaltres hem de poder decidir com volem que siguin els nostres serveis públics.

Som conscients que, en aquest entorn, col·lisionen dos models de societat: el propi de la reproducció del capital, patriarcal, agressiu, autoritari, explotador i altament desposseïdor de la riquesa col·lectiva, i el de la societat que aspira a construir un entorn social del bon viure. Per a aquest segon model, és imprescindible que recuperem, que revertim les externalitzacions i privatitzacions que gestionen els nostres serveis públics com a simples negocis, quan es tracta de drets.

Ara, tenim l'obligació política de remunicipalitzar els serveis públics. No només de fer grans campanyes comunicatives, ni de fer estudis per veure com municipalitzar, sinó de municipalitzar-los. Tenim una amenaça latent, i no menor, i cal que acompanyem la lluita al carrer d'una accelerada institucional per la municipaliltzació perquè, literalment, ens hi va la vida, a la classe treballadora.

El TTIP es una amenaza latente, y no menor, y hay que acompañar a la lucha en la calle de una acelerada institucional para la municipalización porque, literalmente, nos va la vida en ello

El lunes teníamos acceso de nuevo a filtraciones sobre el estado de las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) entre Estados Unidos y la Unión Europea. El acuerdo es un proyecto que va más allá del comercio. Es un proyecto político, ideológico y social que tendrá consecuencias en nuestro día a día.

Uno de los peores aspectos del tratado es la apertura definitiva de los servicios a la inversión privada -también de los servicios públicos con graves consecuencias para la sanidad pública, las energías, la alimentación, el medio ambiente, la seguridad de los consumidores, y la salud pública. Para llevar a cabo esta 'apertura', es decir, para hacer más atractivos los servicios a los posibles inversores, se deberá eliminar toda 'barrera' (entendida barrera como todo lo que pueda desincentivar o añadir costes a las inversiones de empresas transnacionales).

El TTIP, así como el TISA y el CETA, establece tres mecanismos para posibilitar la entrada de capital privado en la gestión de los servicios públicos: un primero de desregulación o equiparación normativamente a la baja de las legislaciones europeas y la de EEUU -que favorece la entrada de transnacionales-; un segundo que prevé que todo nuevo servicio público tenga que salir de la contratación pública para ser gestionado por un ente diferente a la administración -externalizaciones y privatizaciones-; y un tercero para incluir una cláusula de irrevocabilidad de manera que una vez privatizado un servicio ya no podrá volver a manos públicas.

Entre las cláusulas de irrevocabilidad, nos cuelan la nefasta 'ratchet clause' o cláusula trinquete. En un acuerdo de comercio internacional, una cláusula de irrevocabilidad implica que un país no puede reintroducir un obstáculo a la privatización si la ha eliminado de forma unilateral.

Más allá de este punto, el TTIP implica que cualquier modificación legal que haga menos restrictiva la medida consolidará automáticamente el nuevo nivel de apertura. De esta manera, se establece un principio de liberalización futura automática y autónoma denominado principio de cremallera. La 'ratchet clause' daría lugar a que las empresas transnacionales tengan el derecho a demandar, a personarse, en caso de la revocabilidad de algún servicio ante el que hasta ahora se conocía como ISDS (mecanismo de resolución de conflictos del tratado) y que con la nueva información pasa a llamarse ICS. Esta medida de protección a los inversores permitiría a las empresas reclamar a los países por las pérdidas de beneficios que pueda ocasionar la reversión de privatizaciones ya hechas.

Lo más peligroso, por lo tanto, es la posibilidad de no recuperar lo que, sin la firma de estos tratados, se ha ido externalizando y privatizando desde los años 80. La cláusula bloquearía los niveles actuales de liberalización de los servicios públicos en cada estado, en cada municipio.

¿Y por qué es importante la gestión de los servicios públicos? ¿Importa si el servicio lo presta el municipio o si lo presta la empresa privada de turno? La respuesta es 'sí' porque el modelo de prestación de servicios públicos que se elije tiene implicaciones directas en nuestro día a día, en:

1. La posibilidad de garantizar más derechos, tendiendo a la universalidad y no condicionada a los recursos económicos de los que se dispongan.

2. Ahuyentar la búsqueda de beneficio privado en la prestación del servicio a costa de rebajar la calidad del mismo.

3. La vocación de servicio comunitario universal dirigido, sin discriminaciones, a todas las vecinas del municipio -con o sin documentación, con o sin recursos económicos.

4. La garantía de unas condiciones de trabajo dignas para las trabajadoras y los trabajadores que prestan estos servicios.

5. El control y la participación popular en la planificación del servicio y en la gestión. Nosotros tenemos que poder decidir cómo queremos que sean nuestros servicios públicos.

Somos conscientes de que, en este entorno, colisionan dos modelos de sociedad: el propio de la reproducción del capital, patriarcal, agresivo, autoritario, explotador y altamente desposeidor de la riqueza colectiva, y el de la sociedad que aspira a construir un entorno social del buen vivir. Para este segundo modelo, es imprescindible que recuperemos, que revirtamos las externalizaciones y privatizaciones que gestionan nuestros servicios públicos como simples negocios, cuando se trata de derechos.

Ahora tenemos la obligación política de remunicipalizar los servicios públicos. No sólo de hacer grandes campañas comunicativas, ni de hacer estudios para ver cómo municipalizar, sino de municipalizarlos. Tenemos una amenaza latente, y no menor, y hay que acompañar a la lucha en la calle de una acelerada institucional para la municipalilzación porque, literalmente, a la clase trabajadora nos va la vida en ello.

El fet que es puguin vendre les nostres dades sanitàries o no, entenem que hauria de generar un fort debat en la societat

El Projecte visc+, és la versió catalana del “big data care” -com l’entorn globalitzat l’anomena. Es refereix al tractament i anàlisi d'enormes repositoris de dades de salut, tan desproporcionadament grans que resulta impossible tractar-los amb les eines de bases de dades i analítiques convencionals. Ja, alguns, el defineixen com “el Nou Or” o “el Petroli del Segle XXI”. I es tracta d'una autèntic avantatge competitiu per a les empreses que analitzin, relacionin i aconsegueixin extreure conclusions a partir d'enormes quantitats d'informació.

El sistema sanitari, sols al principat de Catalunya, genera i emmagatzema: 46 milions de visites anuals a centres d’atenció primària, 760.000 informes hospitalaris, 1,3 milions de visites anuals a hospitals, 60 milions de documents i informes de salut, 100.000 informes anuals d’alta sociosanitària, 2,7 milions de visites d’urgències, 140 milions de receptes anuals i 400 terabytes d’imatges mèdiques digitalitzades. Un autèntic jaciment i un autèntic nínxol de negoci per tota classe d’empreses. Heus aquí el nus gordià del projecte de venda de dades sanitàries Visc+, que és que si totes aquestes dades imprescindibles per planificar, fer promoció i prevenció de la salut, fer recerca i innovació pertanyen al sector públic, que és qui les tracta, recull i emmagatzema o si pel contrari es permet cedir aquestes tasques de planificació, promoció i prevenció de la salut a la demanda del mercat.

Ens expliquem, un bon tractament públic d’aquestes dades és el futur per millorar la planificació de la salut, permetria disposar d’informació imprescindible per planificar polítiques de promoció de la salut, de prevenció en salut, aspectes que els governs sovint -de manera deliberada- obliden perquè no són tan rentables com tractar la malaltia, per exemple, amb aquest conjunt de dades es podria arribar a perimetrar determinats focus de virus, o determinades malalties.

I és que, el fet que es puguin vendre les nostres dades sanitàries o no, que entenem que hauria de generar un fort debat en la societat, gairebé està passant desapercebut als mitjans de comunicació de masses. Lamentablement el desconeixement majoritari sobre el projecte no impedeix la seva tramitació i aquest s’està treballant i evoluciona. Així, fa dues setmanes el Departament de Salut feia un encàrrec de gestió a l’Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries (RESOLUCIÓ SLT/570/2015) a qui facilita l’accés a totes les dades personals i de salut contingudes en els fitxers administratius i estadístics de l’àmbit d’aquest departament. Però la informació que arriba és confusa i hi ha una distància més que raonable entre les declaracions a la premsa i la informació publicada a la pàgina web de l’AQUAS.

La venda de dades sanitàries vulnera drets col·lectius

Quan es debat sobre el Projecte Visc +, acostumen a quedar en un segon terme quins drets col·lectius es vulneren amb el fet que es vengui o es cedeixi de manera gratuïta informació sanitària per generar beneficis, ja que sols s’esgrimeixen drets individuals a la privacitat de les dades personals de la informació. Per nosaltres, vendre la nostra informació sanitària o cedir-la per fer beneficis, vulnera totes dues esferes, vulnera drets col·lectius i drets individuals. En l’article, sense desmerèixer els drets individuals, ens volem centrar en l’impacte als drets col·lectius.

Els drets col·lectius que el projecte vulnera deriven del dret a la salut i del dret a l’accés universal i equitatiu a la sanitat pública. Així, vendre informació sanitària –informació, que els nostres professionals sanitaris s’encarreguen de recollir- descapitalitza a marxes accelerades la sanitat pública en favor de la sanitat privada. En un context de precarització del sistema sanitari públic i simultani d’injecció de recursos econòmics al sistema sanitari privat (directes i indirectes), la venda de la informació sanitària, ens fa perdre un actiu que ara tenim. Ens desposseeix d’aquest actiu per cedir-lo a una lògica de recerca del benefici privat. En aquesta mateixa lògica perversa –mercantil-, el sistema de salut públic perd competitivitat respecte el sistema sanitari privat. Projecte en mà, els centres sanitaris privats amb ànim de lucre, que són competidors directes del centres de salut públics podran accedir també a aquesta informació. I és que, el sistema públic a més d’invertir temps en la recopilació de dades, finançaria el tractament de la informació i les operacions per col·locar aquesta informació al mercat, a l’espera que altres en treguin beneficis privats d’ella. En definitiva perdrem i perdrem.

Aquest projecte a més cedeix, a demanda, les eines de les quals disposen els poders públics per fer una bona promoció i planificació de la salut. Amb el visc+, per exemple, una empresa de consultoria podrà dir “m’interessen aquestes determinades dades, d’aquest determinat lloc, per fer un estudi sobre tal política”, serà l’empresa la que decidirà quines polítiques de salut estudia, i donat que és una empresa ho farà seguint criteris d’allò que pot acabar generant guanys econòmics. Això comporta que s’acabin fent unes feines de recerca i innovació no en funció del què necessita la societat per millorar la seva salut, sinó del que necessiten les empreses per millorar el mercat privat de salut, o simplement per millorar els seus guanys.

Vendre o cedir els recursos d’informació del sistema públic descapitalitza la nostra sanitat i fa augmentar les desigualtats en salut. Insisteix en considerar la sanitat com un negoci i facilita la generació d’una sanitat dual on si no tens diners hauràs de patir les llargues llistes d’espera, on el teu dret a la salut depèn de la teva classe social i per tant de la teva butxaca. O pitjor, on un determinat tractament farmacològic dependrà de si surt rentable a l’empresa farmacèutica que haurà pogut comprar les dades de salut de la població i estudiar la rendibilitat econòmica del mateix o no.

A banda, obliga a que la propietat i l’accés a la informació sanitària sigui un dels criteris per definir la competitivitat dels centres sanitaris i hem vist que aquesta exigència sobre que els centres sanitaris hagin de ser competitius és nefasta per la qualitat assistencial i per la dignitat laboral de les treballadores i treballadors, fa que els centres estalvien a base de reduir costos i per l’equitat d’accés ja que precisament empenta als mateixos a buscar finançament normalment de la realització de l’activitat privada, generant una doble llista d’espera, una espera a la velocitat i mida de les butxaques dels malalts.

Aquest petroli que generem amb les nostres dades, qui se l’ha de quedar llavors? Ens el quedem totes, se’l queda el sistema públic, és patrimoni de totes! Usem-lo per millorar la nostra salut, usem-lo per garantir-nos una vida millor!

El hecho de que se puedan vender nuestros datos sanitarias o no, entendemos que debería generar un fuerte debate en la sociedad

El Proyecto Visc+, es la versión catalana del “big data care” -como el entorno globalizado le llama. Se refiere al tratamiento y análisis de enormes repositorios de datos de salud, tan desproporcionadamente grandes que resulta imposible tratarlos con las herramientas de bases de datos y analíticas convencionales. Ya, algunos, lo definen como “el Nuevo Oro” o “el Petróleo del Siglo XXI”. Y se trata de una auténtica ventaja competitiva para las empresas que analicen, relacionen y consigan extraer conclusiones a partir de enormes cantidades de información.

El sistema sanitario, sólo en el principado de Catalunya, genera y almacena 46 millones de visitas anuales a centros de atención primaria, 760.000 informes hospitalarios, 1,3 millones de visitas anuales a hospitales, 60 millones de documentos e informes de salud, 100.000 informes anuales de alta sociosanitaria, 2,7 millones de visitas de urgencias, 140 millones de recetas anuales y 400 terabytes de imágenes médicas digitalizadas. Un auténtico yacimiento y un auténtico nicho de negocio para todo tipo de empresas. He aquí el nudo gordiano del proyecto de venta de datos sanitarios Visc+, que es que si todos estos datos imprescindibles para planificar, hacer promoción y prevención de la salud, hacer investigación e innovación pertenecen al sector público, que es quien los trata, recoge y almacena o si por el contrario se permite ceder estas tareas de planificación, promoción y prevención de la salud a la demanda del mercado.

Nos explicamos, un buen tratamiento público de estos datos es el futuro para mejorar la planificación de la salud, permitiría disponer de información imprescindible para planificar políticas de promoción de la salud, de prevención en salud, aspectos que los gobiernos a menudo -de manera deliberada- olvidan porque no son tan rentables como tratar la enfermedad, por ejemplo, con este conjunto de datos se podría llegar a perimetrar determinados focos de virus, o determinadas enfermedades.

Y es que, el hecho de que se puedan vender nuestros datos sanitarias o no, que entendemos que debería generar un fuerte debate en la sociedad, casi está pasando desapercibido en los medios de comunicación de masas. Lamentablemente el desconocimiento mayoritario sobre el proyecto no impide su tramitación y éste se está trabajando y evoluciona. Así, hace dos semanas el Departamento de Salud hacía un encargo de gestión a la AQUAS, Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias (RESOLUCIÓN SLT/ 570/2015) a quien facilita el acceso a todos los datos personales y de salud contenidos en los ficheros administrativos y estadísticos del ámbito de este departamento. Pero la información que llega es confusa y hay una distancia más que razonable entre las declaraciones a la prensa y la información publicada en la página web de la AQUAS.

La venta de datos sanitarios vulnera derechos colectivos

Cuando se debate sobre el Proyecto Visc+, suelen quedar en un segundo plano qué derechos colectivos se vulneran con que se venda o se ceda gratuitamente información sanitaria para generar beneficios, ya que sólo se esgrimen derechos individuales a la privacidad de los datos personales de la información. Para nosotros, vender nuestra información sanitaria o cederla para hacer beneficios, vulnera las dos esferas, vulnera derechos colectivos y derechos individuales. En el artículo, sin desmerecer los derechos individuales, queremos centrarnos en el impacto a los derechos colectivos.

Los derechos colectivos que el proyecto vulnera derivan del derecho a la salud y del derecho al acceso universal y equitativo a la sanidad pública. Así, vender información sanitaria -información, que nuestros profesionales sanitarios se encargan de recoger– descapitaliza a marchas aceleradas la sanidad pública en favor de la sanidad privada. En un contexto de precarización del sistema sanitario público y simultáneo de inyección de recursos económicos en el sistema sanitario privado (directos e indirectos), la venta de la información sanitaria, nos hace perder un activo que ahora tenemos. Nos despoja de este activo para cederlo a una lógica de búsqueda del beneficio privado. En esta misma lógica perversa -mercantil-, el sistema de salud público pierde competitividad respecto al sistema sanitario privado. Proyecto en mano, los centros sanitarios privados con ánimo de lucro, que son competidores directos de los centros de salud públicos podrán acceder también a esta información. Y es que, el sistema público además de invertir tiempo en la recopilación de datos, financiaría el tratamiento de la información y las operaciones para colocar esta información en el mercado, a la espera de que otros saquen beneficios privados de ella. En definitiva perderemos y perderemos.

Este proyecto además cede, a demanda, las herramientas de las que disponen los poderes públicos para hacer una buena promoción y planificación de la salud. Con el Visc+, por ejemplo, una empresa de consultoría podrá decir “me interesan estos determinados datos, de ese determinado lugar, para hacer un estudio sobre tal política”, será la empresa la que decidirá qué políticas de salud estudia, y dado que es una empresa lo hará siguiendo criterios de lo que puede acabar generando ganancias económicas. Esto conlleva que se acaben haciendo unos trabajos de investigación e innovación no en función de lo que necesita la sociedad para mejorar su salud, sino de lo que necesitan las empresas para mejorar el mercado privado de salud, o simplemente para mejorar sus ganancias.

Vender o ceder los recursos de información del sistema público descapitaliza nuestra sanidad y aumenta las desigualdades en salud. Insiste en considerar la sanidad como un negocio y facilita la generación de una sanidad dual donde si no tienes dinero tendrás que sufrir las largas listas de espera, donde tu derecho a la salud depende de tu clase social y por tanto de tu bolsillo. O peor, donde un determinado tratamiento farmacológico dependerá de si sale rentable a la empresa farmacéutica que habrá podido comprar los datos de salud de la población y estudiar la rentabilidad económica del mismo o no.

Además, obliga a que la propiedad y el acceso a la información sanitaria sea uno de los criterios para definir la competitividad de los centros sanitarios y hemos visto que esta exigencia acerca de que los centros sanitarios deban ser competitivos es nefasta para la calidad asistencial y para la dignidad laboral de las trabajadoras y trabajadores, hace que los centros ahorren en base a reducir costes, y para la equidad de acceso ya que precisamente empuje a los mismos a buscar financiación normalmente de la realización de la actividad privada, generando una doble lista de espera, una espera a la velocidad y tamaño de los bolsillos de los enfermos.

Este petróleo que generamos con nuestros datos, ¿quién se lo debe quedar entonces? ¡Nos lo quedamos todas, se lo queda el sistema público, es patrimonio de todas! ¡Usémoslo para mejorar nuestra salud, usémoslo para garantizarnos una vida mejor!

Aquest dijous, el CatSalut va donar llum verda a la creació del Consorci sanitari de Lleida. El dimecres, el consell de direcció del CatSalut havia aprovat una primera proposta d’estatuts i conveni per a la constitució de l’ens amb els vots en contra dels sindicats. El consorci, diuen, estarà sotmès al dret públic però la lletra del conveni desgraciadament és una altra. A ninguna ens ha estranyat que si es tirava endavant l’esquarterament de l’ICS el que havia de quedar garantit és que no hi hauria cap control previ de les despeses que l’ens gasti, i que el control democràtic quedaria condicionat al què les auditories posteriors considerin. Per nosaltres el Consorci de Lleida, l’esquarterament de l’ICS, formen part d'una estratègia de privatització per segments o per territoris.

Una estratègia de privatització de la sanitat per segments o territoris

El moment que vivim, de devaluació de les condicions de vida de les classes populars, de treball precari, d'atur i d'anys de precarització dels centres de salut (retallades en els recursos, tancament de llits i quiròfans, reducció de plantilla i baixada de les condicions laborals de les treballadores i treballadors) fa que resulti impopular, antisocial i antielectorialista dur a terme privatitzacions integrals o clàssiques. Fa que els ideòlegs sanitaris hagin hagut de pensar operacions subterfúgies, velades, segmentades per l'entrada de capital privat que puguin veure's com operacions aïllades i mai com a part d'una estratègia integral de privatització de la sanitat.

Els think tank d'aquesta estratègia de privatització per segments o territoris els veurem a continuació, en tots ells es repeteix la mateixa metodologia: el govern fent un de la Generalitat encarrega un informe a la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) aquesta informa i conclou amb la necessitat de dur a terme una o una altra operació de privatització i acte segui aquest informe passa a ser la política pública a executar pel departament de salut. Veiem els tres casos.

3 informes. 3 espais per l'entrada de capital privat

La promoció de l'entrada de capital privat en la sanitat pública, o la privatització per segments, es reflecteix en el primer informe dels casos que volem exposar, un informe de principis de 2011 realitzat per la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) per encàrrec de la Generalitat de Catalunya. En ell es detalla la proposta de privatitzar i mercantilitzar la sanitat: ambulàncies, laboratoris clínics, emergències mèdiques, instituts tecnològics, hospitals, centres d'atenció primària, etc.

Un segon informe de finals de 2012 de la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC), decidia apostar per un consorci com la figura jurídica amb la qual començar el desmembrament de l'Institut Català de la Salut (ICS) en una vintena de societats sotmeses al dret privat, un dels principals objectius del conseller de Salut, Boi Ruiz, des que va arribar al càrrec. L'exemple de la privatització per territoris s’ha fet evident amb el Consorci de Lleida. Un altre exemple, peculiar, el tenim al consorci encobert de Tarragona entre l’hospital de l’ICS Joan XXIII i la Xarxa de sanitat privada Santa Tecla, i diem encobert perquè s’ha fet amb nocturnitat i traïdoria i perquè en compte de consorci l’han batejat com “aliança estratègica”.

Un tercer informe de 2013,“Diez temas candentes de la sanidad española para 2013” ens advertia de la necessitat de fer negoci amb les bases de dades clíniques. L’eufemisme tecnocràtic s’anomena “open data en salut” i literalment exposa sobre la nostra història clínica que “la informació ha d'estar disponible com un tot i a un cost raonable” amb una insistència més que persistent amb que “no hi hagi restriccions per a certs usos com el comercial”.

Una metodologia que seria una mera anècdota si no fos perquè ha marcat les polítiques dels Departaments de Salut dels últims 4 anys. Anys en els quals s'ha accelerat la deriva neoliberal del sistema de salut, un sistema d'altra banda dissenyat per facilitar aquestes operacions d'entrada de capital privat. Un sistema que ha comptat amb el consens de CIU i del tripartit (PSC, ERC, ICV-EUIA), on s'ha volgut dissenyar un mercat relacional, de cohabitació públic i privat i de complexitat jurídica que facilita una descapitalització permanent de recursos públic sense control al sistema sanitari privat.

Un consorci per entrar al tràfic mercantil

Amb aquestes paraules literals descriu el conveni del Consorci sanitari de Lleida quins han de ser els seus principis de govern: “El Consorci actua regit pels principis de rendibilitat, economia i productivitat i amb aplicació de tècniques de gestió empresarial; per aquesta actuació el Consorci desenvoluparà i aplicarà sistemes d’informació sobre l’activitat, els costos i el desenvolupament de la gestió clínica”. I adjuntem el literal perquè el conseller Boi Ruiz sempre tendeix a les acusacions fàcils, una de les que més li agrada és dir que es fa alarmisme, que es fa demagògia amb la sanitat. I no és alarmant que aquest redactat siguin els principis de govern de l’òrgan que ha de garantir la sanitat a Lleida, com a sistema públic? equitatiu, universal i de qualitat?

Ho és d’alarmant! És alarmant que s’hagi optat pel consorci com a fórmula per entrar al tràfic mercantil. És alarmant que es menteixi a la societat dient que serà un consorci sotmès al dret públic i després veure que aquest no estarà subjecte a la normativa de control i fiscalització de les despeses públiques. Ho és perquè la fiscalització prèvia de les despeses de les administracions públiques és el moment on es controla que la despesa està justificada i que el procediment és adequat a dret. El que volen fer amb el consorci és una fiscalització posterior per auditoria de comptes. De manera que no hi haurà cap control públic sobre el que es gasta, si està o no justificat; ni sobre com es gasta; ni si es fan server els procediments legals.

El control amb auditories a posteriori, que és el mètode pensat per controlar com es gastaran els recursos públics a Lleida, és un control posterior a la despesa pel que no es pot comprovar si està justificada la despesa i/o és adequat a dret el seu procediment, és més, no és un control de totes les despeses sinó que es fa per mostreig.

Després dels diferents casos de corrupció associats a la sanitat. la solució és menys control?

I és que si fem una panoràmica de la gestió sanitària en els últims 10 anys no han parat d’aflorar casos d’irregularitats, molts d’ells, en la gestió dels consorcis. Exemples en tenim uns quants: el Consorci del maresme i la Selva on van aflorar pagaments de sous, sobresous i despeses sense justificar. Un altre exemple el tenim al Consorci Sanitari i Social de Catalunya on Ramon Bagó, que va presidir alhora i durant molts anys el Consorci i el grup privat Serhs -que es dedica als càterings de grans menjadors-, va obtenir un total de 50,85 milions d'euros en contractes d'hospitals i consorcis finançats per la Generalitat.

Pensàvem que era molt greu que una comissió que es va crear al Parlament sobre la gestió en l’àmbit sanitari es tanqués en fals, que es pactés un silenci còmplice CIU-PSC, que no es depurés cap responsabilitat política. Però és molt més greu que, constats i abastaments documentats els problemes de manca de control sobre les despeses dels consorcis s’insisteixi amb aquesta fórmula de nou. Una fiscalització posterior via auditoria de facto suposa actuar com una empresa privada en el trànsit mercantil, això sí, subvencionada amb impostos de totes.

Us animem a participar a totes les mobilitzacions, totes, les que es duguin a terme per aturar aquesta porta d’entrada al capital privat, aquesta despublificació dels nostres serveis sanitaris, us animem per tant a lluitar contra la privatització del sistema de salut, perquè quan l’ànim de lucre entra per la porta la qualitat assistencial i l’equitat surten per la finestra.

A través del programa VISC+, nuestro historial sanitario podrá venderse a las farmacéuticas, aseguradoras, empresas de tecnología sanitaria, prestadores de servicios sanitarios privados, o en las empresas de recursos humanos. Nosotros no lo autorizamos.

El pasado mes de marzo el Gobierno aprobaba el proyecto VISC+. Gracias a este, a partir de enero de 2015 nuestro historial sanitario podrá venderse a las farmacéuticas, aseguradoras, empresas de tecnología sanitaria, prestadores de servicios sanitarios privados, o a las empresas de recursos humanos, entre otros.

La excusa para vender la información: añadir valor

Los motivos convergentes para la venta son los mismos que de manera repetitiva y mecanicista acompañan la promoción, subvención (encubierta) y subsidio a las empresas privadas parásitas de las administraciones: promocionar la colaboración público-privada, mejorar la transparencia, modernizar el sistema, ser más eficientes y añadir valor a la información, entre otros.

Pese a que el proyecto establece que se debe crear “un modelo que permita facilitar las grandes cantidades de datos (...) a todos los agentes que intervienen o tienen capacidad para mejorar la salud de la población (...), empresas, centros de investigación, centros tecnológicos, empresas de tecnología sanitaria ”; lo cierto es que con este proyecto, el Departamento de Salud privilegiará los agentes privados con la venta de datos estratégicos para la planificación y el fortalecimiento de cualquier sistema sanitario como la historia clínica del conjunto de la ciudadanía, así como otros datos obtenidos por el sistema, como el estado de salud mental, los hábitos sobre el consumo de alcohol, u otras enfermedades, por poner algunos ejemplos.

Boi Ruiz acelera, por tanto, un proceso en que la sanidad pública será cada vez más precaria y subordinada a la privada, y en el que la privada, más subvencionada con nuestros recursos, concentrará aún más beneficios privados en pocas manos.

PwC diseñando ideología y ejecutándola en nuestras administraciones

PwC advertía en su informe de 2011, “Diez temas candentes de la sanidad española para 2011” de la necesidad de hacer negocio con las bases de datos clínicos. El eufemismo tecnocrático se denomina “open data en salud” y literalmente expone sobre nuestra historia clínica que “la información debe estar disponible como un todo y a un coste razonable” con una insistencia más que persistente de que “no haya restricciones para ciertos usos como el comercial ”.

Este informe define tópico tras tópico, escasamente documentado, el hilo argumental que hemos estado escuchando de las clases dirigentes en torno a la sanidad pública. Un relato, heredero de la tradición thatcherista neoliberal en el que no hay recursos para un sistema público de salud, el sistema público de salud es un servicio deficitario y por tanto no resulta competitivo, y, además, como todo servicio social es una gasto que hay que reducir. Para ellos, la solución para la viabilidad del sistema público es un sistema de salud mixto público-privado como una fase de transición hacia un sistema sanitario eminentemente privado, donde la atención sanitaria dependa de las posibilidades económicas de cada persona.

El informe sería una mera anécdota si no fuera porque ha marcado las políticas de los Departamentos de Salud de los Països Catalans que CiU, con el apoyo de ERC, y de forma puntual con el del PSC y el PP, han ido desarrollando / siguiendo.

No debería extrañarnos pues que el informe contaba con la ilustrísima participación del conseller Boi Ruiz cuando aún ejercía de hecho y de derecho como Presidente de la Unión Catalana de Hospitales y de Alberto de Rosa, Director General Ribera Salud (gestores privados del Hospital de la Ribera en Valencia).

El perjuicio va más allá de la confidencialidad de los datos

Desde el pasado mes de marzo, en Inglaterra el NHS (National Health Service) puede vender el historial sanitario de la población, una oportunidad que la multinacional de seguros BUPA ya ha comenzado a aprovechar, a través de la compra masiva de datos. Los medios de comunicación se han tenido que esforzar para legitimar la operación mercantil y para canalizar todo el malestar de la población sobre si habría o no confidencialidad de los datos a la venta.

Responsables del proyecto inglés advertían que ciertos pacientes ya han sido “re-identificados” para las aseguradoras, los grupos farmacéuticos y otras empresas del sector de la salud tenían sus propios datos médicas que pueden ser cruzadas con los registros sanitarios públicos y así burlar la anonimato.

Una vez que el proyecto VISC+ entre en vigor, no sabremos a ciencia cierta si nuestros datos se utilizarán por parte de un departamento del Gobierno, de una compañía farmacéutica o de una aseguradora.

Más allá del debate de la confidencialidad, e incluso de si autorizamos o no a ceder nuestros datos médicos, es evidente que el sistema público recoge y registra una serie de informaciones (algunas de carácter privado) necesarias para la mejor atención sanitaria de la población (para atender mejor, para planificar mejor). Hay que seguir pidiendo a los poderes públicos que promuevan la salud, que mejoren la investigación, que generen conocimiento adicional orientado a mejorar los servicios de salud que recibe la sociedad. Pero, tenemos que confiar en que aseguradoras y farmacéuticas harán esta tarea?

Cediendo nuestra información sanitaria descapitalizar la sanidad pública

Mientras los presupuestos sanitarios para la pública se reducen año tras año, asistimos a un aumento de derivaciones de pacientes de la sanidad pública hacia la privada, a la firma de convenios de compra de actividad sanitaria en centros privados, y a la utilización de los quirófanos de los hospitales públicos para el aprovechamiento privado. Una descapitalización que se hace más dramática cuando se invierten recursos públicos en las herramientas informáticas que han de permitir la recogida de la información sanitaria y en la dedicación de los profesionales de los centros públicos de salud (dedicación que resta tiempo a la atención de los pacientes) en su registro, para que luego ésta sea vendida.

Vender información esencial para planificar y mejorar nuestra salud es descapitalización. Facilitar información para la sanidad privada compita con la sanidad pública es descapitalización. Renunciar a las tareas de promoción de la salud a favor de las empresas farmacéuticas o aseguradoras que persiguen el ánimo de lucro es descapitalización.

¿Autorizas que tu información sanitaria sea vendida a compañías farmacéuticas, compañías de tecnología sanitaria, a mutuas, aseguradoras, empresas de recursos humanos o a cualquier ente con ánimo de comerciar con la salud? Nosotros no lo autorizamos.

Tendremos que organizar un fuerte movimiento de resistencia a la venta que, como el propio director de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña advertía, es la única situación que podría hacerles hacer marcha atrás.

A través del programa VISC+, el nostre historial sanitari podrà vendre's a les farmacèutiques, asseguradores, empreses de tecnologia sanitària, prestadores de serveis sanitaris privats, o a les empreses de recursos humans. Nosaltres no ho autoritzem.

El passat mes de març el Govern aprovava el projecte VISC+. Mercès a aquest, a partir de gener de 2015 el nostre historial sanitari podrà vendre's a les farmacèutiques, asseguradores, empreses de tecnologia sanitària, prestadores de serveis sanitaris privats, o a les empreses de recursos humans, entre d'altres.

L'excusa per vendre la informació: afegir-hi valor

Els motius convergents per a la venta són els mateixos que de manera repetitiva i mecanicista acompanyen la promoció, subvenció (encoberta) i subsidi a les empreses privades paràsites de les administracions: promocionar la col·laboració público-privada, millorar la transparència, modernitzar el sistema, ser més eficients i afegir valor a la informació, entre altres.

Malgrat que el projecte estableix que s'ha de crear “un model que permeti facilitar les grans quantitats de dades (...) a tots els agents que intervenen o tenen capacitat per millorar la salut de la població (...), empreses, centres de recerca, centres tecnològics, empreses de tecnologia sanitària”; el cert és que amb aquest projecte, el Departament de Salut privilegiarà els agents privats amb la venda de dades estratègiques per a la planificació i l’enfortiment de qualsevol sistema sanitari com la història clínica del conjunt de la ciutadania, així com altres dades obtingudes pel sistema, com l’estat de salut mental, els hàbits sobre el consum d’alcohol, o altres malalties, per posar alguns exemples.

Boi Ruiz accelera, per tant, un procés en el qual la sanitat pública serà cada cop més precària i subordinada a la privada, i en el qual la privada, més subvencionada amb els nostres recursos, concentrarà encara més beneficis privats en poques mans.

PwC dissenyant ideologia i executant-la a les nostres administracions

PwC advertia en el seu informe 2011,“Diez temas candentes de la sanidad española para 2011” de la necessitat de fer negoci amb les bases de dades clíniques. L'eufemisme tecnocràtic s'anomena “open data en salut” i literalment exposa sobre la nostra història clínica que “la informació ha d'estar disponible com un tot i a un cost raonable” amb una insistència més que persistent que “no hi hagi restriccions per a certs usos com el comercial”.

Aquest informe defineix tòpic rere tòpic, escassament documentada, el fil argumental que hem estat escoltant a les classes dirigents al voltant de la sanitat pública. Un relat, hereu de la tradició thatcherista neoliberal en el qual no hi ha recursos per un sistema públic de salut, el sistema públic de salut és un servei deficitari i per tant no resulta competitiu, i, a més, com tot servei social és una despesa que s'ha de reduir. Per a ells, la solució per a la viabilitat del sistema públic és un sistema de salut mixt público-privat com una fase de transició cap a un sistema sanitari eminentment privat, on l'atenció sanitària depengui de les possibilitats econòmiques de cada persona.

L'informe seria una mera anècdota si no fos perquè ha marcat les polítiques dels Departaments de Salut d’arreu dels Països Catalans que CiU, amb el recolzament d’ERC, i de forma puntual amb el del PSC i el PP, han anat desenvolupant/seguint.

No ens hauria d'estranyar doncs que l'informe comptava amb la il·lustríssima participació del conseller Boi Ruiz quan encara exercia de fet i de dret com a President de la Unió Catalana d’Hospitals i d'Alberto de Rosa, Director General de Ribera Salud (gestors privats de l'Hospital de la Ribera al País Valencià).

El perjudici va més enllà de la confidencialitat de les dades

Des del passat mes de març, a Anglaterra el NHS (National Health Service) pot vendre l'historial sanitari de la població, una oportunitat que la multinacional d’assegurances BUPA ja ha començat a aprofitar, a través de la compra massiva de dades. Els mitjans de comunicació s'han hagut d’esforçar per legitimar l’operació mercantil i per canalitzar tot el malestar de la població entorn sobre si hi hauria o no confidencialitat de les dades a la venda.

Responsables del projecte anglès advertien que certs pacients ja han estat “re-identificats” perquè les asseguradores, els grups farmacèutics i altres empreses del sector de la salut tenien les seves pròpies dades mèdiques que poden ser creuades amb els registres sanitaris públics i així burlar l’anonimat.

Una vegada que projecte VISC+ entri en vigor, no sabrem del cert si les nostres dades es faran servir per part d'un departament del Govern, d'una companyia farmacèutica o d'una asseguradora.

Més enllà del debat de la confidencialitat, i fins i tot de si autoritzem o no a cedir les nostres dades mèdiques, és evident que el sistema públic recull i registra una sèrie d'informacions (algunes de caràcter privat) necessàries per a la millor atenció sanitària de la població (per atendre-la millor, per planificar millor). Cal seguir demanant als poders públics que promoguin la salut, que millorin la recerca, que generin coneixement addicional orientat a millorar els serveis de salut que rep la societat. Però, hem de confiar que asseguradores i farmacèutiques faran aquesta tasca?

Cedint la nostra informació sanitària descapitalitzem la sanitat pública

Mentre els pressupostos sanitaris per a la pública es redueixen any rere any, assistim a un augment de derivacions de pacients de la sanitat pública cap a la privada, a la signatura de convenis de compra d’activitat sanitària a centres privats, i a la utilització dels quiròfans dels hospitals públics per a l’aprofitament privat. Una descapitalització que esdevé més dramàtica quan s’inverteixen recursos públics en les eines informàtiques que han de permetre la recollida de la informació sanitària i en la dedicació dels professionals dels centres públics de salut (dedicació que resta temps a l’atenció dels pacients) en el seu registre, perquè després aquesta sigui venuda.

Vendre informació essencial per planificar i millorar la nostra salut és descapitalització. Facilitar informació perquè la sanitat privada competeixi amb la sanitat pública és descapitalització. Renunciar a les tasques de promoció de la salut a favor de les empreses farmacèutiques o asseguradores que persegueixen l’ànim de lucre és descapitalització.

Autoritzes que la teva informació sanitària sigui venuda a companyies farmacèutiques, a companyies de tecnologia sanitària, a mútues, a asseguradores, a empreses de recursos humans o a qualsevol ens amb ànim de comerciar amb la salut? Nosaltres no ho autoritzem.

Haurem d’organitzar un fort moviment de resistència a la venda que, com el mateix director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya advertia, és la única situació que podria fer-los fer marxa enrere.

Entendemos que la desobediencia del colectivo médico es vital, es vital que no operen en la privada. También lo es la de los pacientes al negarse a ser operados en el Sagrat Cor

Los traumatólogos del Hospital Clínic de Barcelona deberán operar las fracturas del tercio proximal de fémur en el enfermo geriátrico en el Hospital del Sagrat Cor, propiedad de la antigua Capio, de titularidad privada. Y esto se produce después de que la Dirección Médica del Clínic haya desobedecido la asamblea de médicos.

El Convenio Marco que regula esta Alianza Estratégica es una muestra de las derivas provocadas por el confusionismo de intereses públicos y privados en la sanidad. Según este documento, “el proyecto se desarrollará por líneas de trabajo, con la constitución de equipos interdisciplinarios formados por profesionales de ambas instituciones, con el objetivo de trabajar de manera absolutamente integrada (...), para prestar asistencia a pacientes de CatSalut, privados y de aseguradoras indistintamente en uno u otro hospital”.

Este objetivo se materializará con los profesionales de los servicios públicos pasando a trabajar por el sector privado y contribuirán con su trabajo, experiencia y formación al lucro de la empresa privada.

También será así como sus pacientes, que hasta ahora provenían del CatSalut -aquellos que no queremos y no podemos acudir a la sanidad privada-. Ahora serán también “pacientes privados y de aseguradoras”. Sí, el hospital público -después de la tocada durísima de los recortes- también atenderá a los pacientes de la sanidad privada fruto de este convenio.

La apuesta ideológica del consejero Boi Ruiz, que ha consistido en el cierre de servicios hospitalarios, camas y quirófanos, así como de las urgencias nocturnas de algunos de los centros de atención primaria, en la precarización de las condiciones laborales de las profesionales, la subordinación del transporte sanitario a las ganancias de las empresas privadas, la nueva reorganización territorial amparada en las RAT (reordenaciones asistenciales territoriales) está consiguiendo lo que pretendía, simple y sencillamente, precarizar la sanidad pública y dar negocio a la privada.

¿La prueba? Pues los más de 100.000 afiliados en 2012 a las mutuas sanitarias privadas, los 127 millones de euros que ha facturado Capio (IDC Salud) del presupuesto de la sanidad pública o la bolsa de clientes/pacientes que la sanidad privada consigue mediante estas derivaciones con las que obtiene beneficios, por poner tres ejemplos muy concretos de muchos, de muchísimos por desgracia...

Pero es que en el Hospital Clínic, y sobre todo después de la relación de subyugación de éste con el Sagrat Cor, se han dado todas las irregularidades del modelo sanitario catalán: a) la sociovergencia sanitaria: no olvidemos que es el Tripartito quien comienza la privatización soft, ellos la llaman colaboración entre el Hospital Clínic y el Sagrat Cor en 2008, y es CiU quien la consolida con “convenios de privatización” posteriores; b) las puertas giratorias: recordemos que Capio fichó en 2011 al exdirector general del Hospital Clínic, Raimon Belenes, sólo dos años después de que el centro sanitario y la compañía firmaran una “alianza estratégica” que contempla el intercambio de profesionales y pacientes; c) la complejidad jurídica de la relación, derivada de unos convenios redactados de manera muy abierta, poco precisa y con un sesgo de información necesaria importante; d) opacidad en la relación: a estas alturas todavía intentamos encontrar el convenio original que fija la derivación general de actividad; e) precarización y recortes al servicio público para dar negocio y por lo tanto privatizar y favorecer un continuo drenaje de recursos que no se agota con la derivación de pacientes, que ahora afecta a las y los profesionales, las infraestructuras, etc.

Ahora, la pregunta que nos debemos hacer vecinas y vecinos del barrio del Eixample de Barcelona (el área de influencia del Clínic), también las pacientes y usuarias de la sanidad pública, profesionales de la sanidad, y en general todas las clases populares, es hasta dónde permitiremos este desangramiento, y qué podemos hacer para detenerlo.

Nosotros entendemos que la desobediencia del colectivo médico es vital, es vital que no operen en la privada. También lo es la de los pacientes de negarse a ser operados en el Sagrat Cor. No se operará a ningún paciente en el hospital privado contra su voluntad. También la de todas nosotras apoyando a los y las que desobedezcan, participando activamente en cualquier acción o campaña de protesta, y estando pendientes y activos sobre qué podemos hacer para detener esta subyugación del servicio público de salud al servicio de las empresas privadas de sanidad, al servicio de las multinacionales como Capio (IDC Salud).

Entenem que la desobediència del col.lectiu mèdic és vital, és vital que no operin en la privada. També ho és la dels pacients en negar-se a ser operats al Sagrat Cor.

Els traumatòlegs de l'Hospital Clínic hauran d'operar les fractures del terç proximal de fèmur en el malalt geriàtric a l’Hospital del Sagrat Cor, propietat de l’antiga Capio, de titularitat privada. I això es produeix després que la Direcció Mèdica del Clínic hagi desobeït l'assemblea de metges i hagi tirat pel dret.

El Conveni Marc que regula aquesta “Aliança Estratègica” és una mostra de les derives provocades pel confusionisme d’interessos públics i privats en la sanitat. Segons aquest document, “el projecte es desenvoluparà per línies de treball, amb la constitució d’equips interdisciplinaris formats per professionals d’ambdues institucions, amb l’objectiu de treballar de manera absolutament integrada (..), per prestar assistència a pacients de CatSalut, privats i d’asseguradores indistintament a un o l’altre hospital”.

Aquest objectiu es materialitzarà en què professionals dels serveis públics passaran a treballar pel sector privat i contribuiran amb la seva feina, experiència i formació al lucre de l’empresa privada.

També és així com els seus pacients, que fins ara provenien del CatSalut -aquells que no volem i no podem acudir a la sanitat privada-, ara seran també “pacients privats i d’asseguradores”. Sí, l'hospital públic -després de la tocada duríssima de les retallades- també atendrà els pacients de la sanitat privada fruit d’aquest conveni.

L’aposta ideològica del Conseller Boi Ruiz, que ha consistit en el tancament de serveis hospitalaris, llits i quiròfans, així com de les urgències nocturnes d’alguns dels Centres d’Atenció Primària, en la precarització de les condicions laborals de les professionals, la subordinació del transport sanitari als guanys de les empreses privades, la nova reorganització territorial emparada en les RAT (reordenacions assistencials territorials) està aconseguint el que pretenia, simple i senzillament, precaritzar la sanitat pública i donar negoci a la privada.

La prova? Doncs els més de 100.000 afiliats en 2012 a les mútues sanitàries privades, els 127 milions de euros que ha facturat Capio (IDC Salud) del pressupost de la sanitat pública o la bossa de clients/pacients que la sanitat privada aconsegueix mitjançant aquestes derivacions amb els quals obtenir beneficis, per posar tres exemples molt concrets de molts, de moltíssims per desgràcia..

Però és que a l'Hospital Clínic, i sobretot després de la relació de subjugació d'aquest amb el Sagrat Cor, s'han donat, totes les irregularitats del model sanitari català: a) la sociovergènciasociovergència sanitària, no oblidem que és el Tripartit qui comença la privatització soft, ells en diuen col·laboració entre l'Hospital Clínic i el Sagrat Cor l'any 2008 i és CiU qui la consolida en “convenis de privatització” posteriors; b) les portes giratòries, recordem que Capio va fitxar el 2011 a l'exdirector general de l'hospital Clínic, Raimon Belenes, només dos anys després que el centre sanitari i la companyia signessin una “aliança estratègica” que contempla l'intercanvi de professionals i pacients; c) la complexitat jurídica de la relació, derivada d'uns convenis redactats de manera molt oberta, poc precisa i amb un biaix d'informació necessària important; d) opacitat en la relació, a hores d'ara encara intentem trobar el conveni original que fixa la derivació general d'activitat; e) precarització i retallades al servei públic per donar negoci i per tant privatitzar i un continu drenatge de recursos que no s'esgota amb la derivació de pacients, que ara afecta a les i els professionals, les infraestructures, etc

Ara, la pregunta que ens hem de fer veïnes i veïns de l'Eixample, pacients i usuàries de la sanitat pública, professionals de la sanitat, i en general totes les classes populars, és fins on permetrem aquest dessagnament, i què podem fer per aturar-lo.

Nosaltres entenem que la desobediència del col·lectiu mèdic és vital, és vital que no operin en la privada. També ho és la dels pacients en negar-se a ser operats al Sagrat Cor, no s'operarà cap pacient en l'hospital privat contra la seva voluntat. També la de totes nosaltres en donar suport als i les que desobeeixin, en participar activament en qualsevol acció o campanya de protesta, en estar pendents i actius de què podem fer cadascuna de nosaltres per aturar aquesta subjugació del servei públic de salut al servei de les empreses privades de sanitat, al servei de les multinacionals com Capio (IDC Salud).