La gente que participamos de una u otra manera en la Fundación Nueva Cultura del Agua somos muy conscientes desde hace tiempo de que la política del agua de este país se ha limitado a cubrir la oferta sin hacer ningún tipo de gestión de la demanda y sin ninguna perspectiva ambiental. Así, desde la publicación de la Directiva Marco del Agua, a las distintas confederaciones hidrográficas no hacen más que “salpicarle” los problemas mientras al Estado español le “llueven” las multas. No obstante, hay días en que no sé si lo de loco aún se queda demasiado corto para definir lo absurdo de los planteamientos que pueden llegar a hacer algunos gobiernos.

Voy con algunos ejemplos de esta semana. Mientras Doñana sigue en el foco debido a la reciente aprobación, por parte del Gobierno andaluz, de un plan de regadíos que pueden afectar de manera irreversible a su biodiversidad y ecosistema poniendo en grave peligro, además, la sostenibilidad del sistema agrícola de la zona haciendo colapsar su principal activo económico sin tener un plan B; un informe del estado del clima del Servicio de Observación por Satélite europeo Copernicus, alerta de los impactos del cambio climático en 2022, que para España se han traducido en un incremento de las temperaturas y las olas de calor; la frecuencia de las sequías y las lluvias torrenciales; y una disminución de la cantidad de agua que llega a los ríos y acuíferos.

En Castilla-La Mancha, Page, inmune a enfrentar los problemas reales que se avecinan, aprovecha para hacer anuncios que bien podría estar diciendo Moreno Bonilla. “Castilla-La Mancha convocará la Mesa de la Sequía la próxima semana junto a las organizaciones agrarias”, seguido de… “Page promete un plan de regadíos si gana: ”Vamos a usar el agua para beber, pero también para regar“. Por supuesto la mesa de la sequía que se plantea no tiene nada que ver con coordinar y poner en marcha los planes de sequía a los que están obligadas tanto las comunidades de regantes o usuarios como las ciudades de más de 20.000 habitantes, porque en su mayor parte no están hechos; ni tampoco en priorizar o poner en marcha medidas de reducción de uso y consumo de agua en la región para capear el temporal.

Anuncios sin autocrítica

Y no tengo bola de cristal donde leer el futuro, pero vista la política de estos últimos años del consejero de Agricultura, nada apunta a que el “famoso” plan de regadío lleve aparejado algún diagnóstico sobre los recursos hídricos existentes y vaya en la línea de implementar un sistema agrícola sostenible y adecuadamente dimensionado para evitar, por ejemplo, que la superficie encharcada del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel caiga un 40% en solo dos meses y que el Patronato proponga un nuevo trasvase del Tajo. Por si alguien se lo pregunta, no, ninguno de los dos anuncios de Page hacía autocrítica sobre cómo las Tablas de Daimiel han podido llegar a este punto.

Pero lo más loco de todo en un contexto de sequía en el que se están produciendo algunos casos de cortes de suministro a poblaciones y los acuíferos están al límite; en el que volvemos al falso dilema sobre los caudales ecológicos y “tirar el agua al mar” o la industria agrícola; o en el que una mínima limitación al trasvase Tajo-Segura del PHT ha levantado en armas al campo de Cartagena, es oír al gobierno de la Comunidad de Murcia decirle a la Ministra que saque agua del acuífero del Campo de Cartagena porque REBOSA y contamina el Mar Menor.

Si llegados a este punto alguien no ve claro que eso de la “transición hídrica” es mucho más que urgente y tiene que ir de la mano de una “transición agrícola”, es que roza la locura.

El próximo día 8 de septiembre hará 3 años que se produjeron las graves inundaciones de Cebolla. Entre el 5 y el 6 de septiembre casi un año después de aquello, similares fenómenos extremos, nos dejaban otras imágenes similares en localidades castellanomanchegas como Borox, Seseña o Villanueva de los Infantes. Y cada año se repite… y claro, al final… ¡qué os voy a contar que no hayáis visto en las redes! 

Los estudios[1] hace tiempo que concluyen que los cambios en las magnitudes de inundación observados en las últimas décadas se pueden atribuir claramente al cambio climático. Y en este punto en el que ya vemos que estamos más expuestos, cabe preguntarse si los seguros nos seguirán cubriendo igual o cada vez pondrán más problemas y excusas. O si nos subirán la póliza por aumentar la exposición y lo pagaremos nosotros porque se supone que es imprevisible e inevitable. ¿Pero eso es así? ¿Nadie pudo o puede hacer nada por evitarlo? Porque parece que, dentro de la aleatoriedad de los fenómenos intensos, hay algunas cuestiones previsibles y algunas medidas que se pueden adoptar. Y luego también está eso de que nuestras Administraciones empiecen a “gestionar el riesgo” (que no es algo solo de locos ecologistas[2]). 

Sé que está muy mal el “ya se lo dije”, pero hace un par de años, y con este mismo titular[3], se me ocurrió advertir al amable lector de que Toledo es una ciudad de riesgo. Así, en el PRICAM (Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha), mientras poblaciones que habían sufrido inundaciones en los últimos años aparecían con niveles A2, el segundo más elevado, otras zonas de la Región como Toledo, Talavera, Guadalajara, Cuenca o Albacete, con niveles A1, más altos, en aquel momento aún no habían sufrido percance. Pero cuando la exposición aumenta las probabilidades de que sea un desastre también y el pasado 01 de septiembre la DANA llegó a Toledo. Y con ella, el desastre.

Reconoce el PRICAM que “las avenidas e inundaciones son el fenómeno natural que produce mayores consecuencias y pérdidas socio-económicas medias anuales con coste en vidas humanas”. Como además ya hemos ido más allá de los “avisos” y tenemos una triste experiencia, espero que en lo sucesivo, el Ayuntamiento de Toledo tome nota y recurra a las herramientas cartográficas[4] disponibles para no hacer borriquerías. Dicho esto, que es lo mínimo, el reto futuro de la Corporación es empezar a plantear alternativas para aquellos desatinos que ya no tienen remedio, y aprovechar el Plan de Ordenación Municipal del que carece desde la anulación del POM de 2007 para reconfigurar las cosas. Pero también espero que se acuerde de la Consulta Pública del Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones (PGRI)[5] que está elaborando la Confederación Hidrográfica del Tajo y que está abierta desde el 23 de junio, para hacer alegaciones con sólidos argumentos.

Porque no solo el Ayuntamiento de Toledo tiene responsabilidades, el Estado en 2010 ya perdió una oportunidad magnífica de regular la inundación derivada de las redes de alcantarillado (que ya verán como nos dará un disgusto más tarde o más temprano) y ahora, al elaborar el segundo ciclo de los PGRIs ya se está dejando alguna cosa en el tintero. Para empezar, la CHT en su evaluación de riesgos que hizo a finales de 2018 no consideró el Arroyo de la Rosa, el arroyo de Villagómez que pasa por Azucaica o los que pasan por la Fuente del Moro (Arroyo de la Fuente del Moro; Arroyo de la Fuente del Tesoro; Arroyo del Taray que nacen en la Dehesa de Las Nieves) como susceptibles de provocar algún tipo de inundación en Toledo. Y el Arroyo de la Degollada, al parecer, solo genera problemas en Cobisa. Como consecuencia de esa falta de previsión (no corregida tampoco por el Ayuntamiento), el actual borrador del Plan de Gestión no aborda ninguna medida específica para la capital.

Pero todas estas cuestiones serán insuficientes si no empezamos ya a cambiar de cultura y de leyes. Nuestra ordenación territorial no es retroactiva y la incorporación del riesgo, ya sea natural o antrópico, a la planificación urbanística es inexistente. El uso de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, tirar o impedir la construcción de edificaciones para dejar un espacio fluvial suficiente a los ríos o recuperar las riberas y su vegetación como parques periurbanos no solo no son abordadas en las planificaciones existentes, sino que no están asentadas adecuadamente en las cabezas de los responsables de la normativa o de la planificación del futuro.

El Ayuntamiento de Toledo tiene una buena oportunidad de evitar que el desastre del 01 de septiembre sea una tónica anual. El Estado y las Comunidades Autónomas deberían hacer sus deberes para dotar a las Administraciones Locales de herramientas que permitan impedir la ocupación de zonas inundables y poner en riesgo tanto a personas como a actividades económicas. En su mano está replantear la ciudad y evitar que acabemos, otra vez, con el agua al cuello.

[1] https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2019/08/31/el-cambio-climatico-altera-la-magnitud-de-las-inundaciones-en-europa-1331848.html

[2] https://www.managementsolutions.com/sites/default/files/publicaciones/esp/gestion-riesgos-cambio-climatico.pdf

[3] https://toledodiario.es/sin-una-adecuada-ordenacion-territorial-seguiremos-con-el-agua-al-cuello/

[4] https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/Mapas-peligrosidad-por-inundacion-fluvial.aspx y http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/Riesgo_inundacion/Paginas/DescargaGeopdf_Ciclo_2.aspx

[5] http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/Riesgo_inundacion/Paginas/PlanDeGestion.aspx

El último trasvase que nos regalaban a Castilla-La Mancha desde le gobierno de la nación se producía estos días atrás. Supongo que el nuevo ejecutivo se “levantará” en armas una vez más —aunque dentro de unas semanas porque ahora, salvo Nacho Hernando, los demás están de vacaciones— poniendo un nuevo recurso al acto administrativo del Ministerio.

En junio anunciaron el último de un total de 34 recursos. De lo que no nos han informado es de los resultados. En todo caso, importa poco, los recursos se ponen porque en la autorización de los trasvases se produce un incumplimiento del principio de prioridad de la cuenca cedente al no tener en cuenta los requerimientos medioambientales del río Tajo ni garantizar adecuadamente todos sus usos, sin embargo, los fallos están en la normativa en sí, pensada para que eso sea lo de menos.

El gobierno de García-Page solo ha hecho lo que el de Pedro Sánchez con su “transición ecológica”: “postureo”. Pero Page, un poco más burdo, lo camufla peor y en lugar de transición ecológica lo llama Desarrollo Sostenible y lo mete en un cajón. Sabe menos que su jefe. Los recursos contra los trasvases hasta ahora le han servido al señor Hernando y a la anterior consejera de Fomento, Agustina García Elez, para lanzar los últimos lances de su campaña electoral, pero un Gobierno regional como el de Castilla-La Mancha tiene mucho trabajo y muchas posibilidades de trabajo para revertir el trasvase basándose en políticas ambientales y de futuro, pero eso sólo si se tiene voluntad, claro, lo que, de momento, no parece. Veamos:

1/ La ordenación de los usos y consumos del agua: desde la publicación de la Directiva Marco del Agua, allá por el 2002, la gestión del agua debe ser considerada una “Política Ambiental”. ¿Y qué significa esto?, pues significa que siendo el agua un recurso básico para la vida y los ecosistemas, hay que considerar los ríos en su conjunto y tratarlos de una forma integral para conseguir dos cosas: conservar su estado medio ambiental adecuado y mejorarlo en aquellas “masas de agua” que por su modificación antropológica lo han perdido.

Esto garantiza que el río pueda cumplir sus funciones ambientales de abastecimiento y regulación. De ahí las últimas sentencias del Tribunal Supremo con respecto a los caudales ambientales en el Plan Hidrológico del Tajo. Incumplimos la DMA. Esto, que no se lo ha tomado en serio ningún gobierno nacional (ni regional) ni en ninguna Confederación Hidrográfica en España, es esencial para poder hacer frente al cambio climático y a los retos ambientales del futuro y supone, entre otras cosas, supeditar la política agraria (que usa hasta el 80 % del agua de nuestros ríos y consume hasta un 94 % de la misma), a la política hidrológica y no al revés.

Que la nueva Consejería de Agricultura sea la “propietaria” de la competencia sobre el agua da una idea de por dónde el Gobierno de Castilla-La Mancha NO va a trabajar, por muchos recursos que luego ponga. ¿Qué tipo de interlocutor vamos a tener con el Gobierno nacional para cuestionar las reglas del trasvase por su prioridad de uso? Por cierto, algo que no hizo ni Cospedal aun supeditando el desarrollo sostenible, el cambio climático y el medio ambiente a la Agricultura.

2/ La ordenación del territorio y el desarrollo sostenible: grandes damnificados desde hace ya demasiados años, que tampoco van a ser protagonistas los próximos 4: Las políticas ambientales en agua que marca la Directiva Marco del Agua son un ejemplo de la tendencia Europea que nos invitan a emplear la ordenación del territorio como un elemento para evitar las vulnerabilidades (véase el ejemplo de Cebolla) y para favorecer fórmulas de desarrollo sostenible que tengan en cuenta los límites ecológicos que ya está claramente demostrado que existen y están sobradamente rebasados, como nos demuestra día a día el clima.

Necesitamos una apuesta clara hacia un cambio de paradigma en nuestro modelo territorial que no se puede abordar desde una lejana desconexión con las políticas y sectores económicos, que pretende maquillarlas, sino que debe transformar las mismas para que nuestra región no hipoteque el futuro de las próximas generaciones.

Por eso, una Consejería de Desarrollo Sostenible, hoy, es solo chapa y pintura. Y por eso, que en la actualidad el portal de transparencia, a la hora de informar sobre la Ordenación Territorial regional solo muestre dos proyectos de singular interés (de interés privado, por cierto), dice mucho de la visión anclada al pasado que Page le ha puesto a sus próximos 4 años. Otra oportunidad perdida, no sé si nos quedan demasiadas. Prepárense para los baches del Delorean. Volvemos a 1985.

El pasado 9 de agosto aprobaban un nuevo trasvase de 20 hm3 del Tajo al Segura. Poco duró la transición ecológica del nuevo ministerio. Solo un mes antes, mientras el primer trasvase de agua del nuevo gobierno, de 38 hm3, circulaba por el canal desde el Tajo hasta el Segura, el municipio de Chillarón del Rey, situado a pocos kilómetros de Entrepeñas y Buendía, ponía cisternas (a 500 euros cada una) a disposición de sus vecinos para abastecimiento. El 80% de ese agua se dedica a regadío en el Levante, y esa es una de las denuncias principales de los colectivos que rechazan el trasvase y sus reglas de explotación introducidas de rondón en varias leyes para dejar inaplicable el plan hidrológico del Tajo: ya que se salta la prioridad de usos que se marca en la ley de aguas de 2001 (artículo 60.3).

También mientras el agua circula desde un río al otro, los gobiernos de Murcia y Castilla-La Mancha han hecho su aparición veraniega enarbolando sendos pactos regionales negociados con sus respectivos tejidos sociales (en ambos casos predominantemente regantes) donde cada uno dice defender los intereses de su región como si se mantuviera una guerra que deba tener ganadores y perdedores.

Esta escena veraniega, repetida durante años desde que el trasvase se puso en funcionamiento allá por en año 1979, es un reflejo de los grandes retos que le deparan a cualquier gobierno español en relación con el agua en un futuro próximo, en un escenario de cambio climático donde ya no solo vale pensar en la sensibilización de la población en cuanto a la restricción a un uso sostenible, sino que hay que pensar en la adaptación a un futuro que, hoy por hoy, se manifiesta incierto dado que la producción global de gases de efecto invernadero que lo provocan sigue en aumento.

Así, mientras que por una parte, la ONU ya indicó que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano incluido en los ODS que hay que garantizar para la población mundial (y para la local), por otro, en esta España cañí, desde los años de Carlos I, se viene diseñando una política hídrica productivista que contabiliza cada uno de los metros cúbicos de agua y los reparte para la mayor producción económica posible (riego, navegación y transporte, energía eléctrica, industrias pesadas...) sin estimar el uso ecosistémico y ambiental como parte de las ganancias. Y en ese mercadeo del agua, el suministro a la población no da beneficios… ¿o tal vez sí? 

Entre los nuevos beneficiarios de la mercantilización creciente del agua han aparecido en las últimas décadas las antiguas corporaciones de la construcción que se fueron reorientando al sector servicios. La caída del ladrillo sólo cambió el objeto de venta en unos ayuntamientos infrafinanciados desde el principio de la democracia: del suelo se pasó a los servicios, y con un premio especial al del agua a través del canon concesional. Así, los grandes grupos empresariales vieron un filón en un sector con clientes cautivos y se dispusieron a explotarlo convirtiéndose en un 'lobby' más, que puja por su parte alícuota del pastel. Y en este verano en que sigue trasegando agua del Tajo al Segura, también se mueve el “mercado” del abastecimiento urbano. 

El concepto del agua como derecho humano

A pesar de que la ciudadanía europea logró una victoria en 2013 alcanzando casi 2 millones de firmas para una iniciativa legislativa europea que regulara el derecho humano al agua con la propuesta 'Right to water', a la Comisión Europea le tembló el pulso y la revisión de la Directiva sobre agua potable no incluyó el concepto de derecho humano que la ONU definió en 2010. No sé si si en ello tendrá que ver el creciente 'lobby' de los operadores privados del agua en Europa (del que apenas se tiene información). Lo que sí sé es que el aún nuevo gobierno español tampoco ha sido excesivamente exigente con la inclusión del concepto en el texto durante el debate en el último Consejo de Ministros de Medio Ambiente del pasado 25 de junio, a pesar de los requerimientos de la Federación Europea de Servicios Públicos

Y aunque estamos cerca de una victoria en Andalucía, donde el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio anunció el pasado 20 de julio la futura introducción en la ley autonómica de agua del derecho humano y que en el nuevo Reglamento del Ciclo Integral del Agua Urbana se fijará un suministro mínimo vital de 100 litros por persona y día, no hay que perder de vista el gran esfuerzo que ha supuesto lograrlo. Desde el primer borrador que salió a la luz pública a principios de junio, que consideraba sólo 50 litros por persona y día, y no hablaba del derecho humano, colectivos sociales y ambientales en trabajo conjunto con FACUA o AEOPAS, y concejales y alcaldes de Izquierda Unida en toda Andalucía que ya han regulado cosas similares en sus respectivos ayuntamientos y en mancomunidades en las que intervienen, no han parado de moverse hasta conseguir un logro que finalmente se ha apuntado el PSOE Andaluz. Y aunque quedar por debajo de lo que de facto ya está regulado en muchas empresas públicas del agua significaba quedar muy mal, es importante resaltar que el borrador inicial, trabajado desde la Consejería junto a operadores privados, trató de soslayar esa realidad que la ciudadanía andaluza ya había conquistado. 

Y así las cosas, con avances muy peleados, privatizaciones aquí y allá, o dificultades en las lícitas remunicipalizaciones abordadas, mientras nos preocupamos por dónde se va el agua para regar, el verano se llena de anuncios que nos indican por dónde va la película... Y ahora es curioso encender la tele y ver al tipo de Acuaservice, muy guapo él, llevándote el agua a casa como si no tuviéramos grifo y como si el plástico de las garrafas no estuviera ya en el punto de mira de la política de economía circular europea. Y mientras los operadores públicos se dejan los sesos y los pocos recursos que tienen en creativas campañas 'progrifo', la comunicación institucional de algunos operadores privados como Aqualia se esfuerza en demostrar que ellos no forman parte de la privatización del agua, sino que son gestores indirectos para los ayuntamientos que son los responsables reales.

Como concejal responsable del abastecimiento y saneamiento de un ayuntamiento con el agua privatizada desde 1995 les podría dar muchas contra argumentaciones a sus falacias, como también lo podría hacer María Sánchez tras la recuperación de la gestión directa del servicio en el Ayuntamiento de Valladolid tras varios recursos ganados a la anterior concesionaria que no quería permitir que el ayuntamiento decidiera, en posesión de sus competencias, cómo gestionar el agua.

En resumidas cuentas, un reto integral y estratégico que el nuevo gobierno debe abordar de manera decidida y certera para poner unas buenas líneas de futuro y en el que las alianzas con la izquierda social y ecologista debería ser el camino y no el obstáculo. No, está claro que en las siguientes elecciones no nos vale cualquier cosa y eso se debería ir trabajando, también en el agua.

El jueves de esta semana, 8 de marzo, durante el Día de la Mujer celebramos una huelga feminista que a nivel internacional, lleva cerca de un año preparándose. Las mujeres colgaremos los delantales de las ventanas, porque en esta huelga, que no es una huelga al uso (no es la típica huelga laboral), las mujeres queremos demostrar que si nosotras paramos, se para el mundo. Estos días muchos hombres, buenos hombres, nos preguntan a las mujeres cuál es su papel ante la huelga, y ese es precisamente uno de los primeros motivos de hacerla.

Queridos compañeros, en primer lugar, el feminismo nos ayuda a entender las cosas para deconstruir un machismo que está metido en todas y todos nosotros debido a la cultura patriarcal imperante. Ser hombre feminista, como ser mujer feminista, implica reflexionar sobre nuestro comportamiento habitual y cómo ser más igualitarios.

Nosotras nos hemos organizado para hacer una huelga, vosotros debéis organizaros para saber cómo participar en ella concediendo a las mujeres el papel principal. Vamos, que lo primero que necesitamos es que deis un pasito atrás. Y sabemos que os cuesta, que tenéis tendencia a pensar que habláis mejor que nosotras, escribís mejor que nosotras, pensáis mejor que nosotras, y sólo queréis ayudarnos. Pero nosotras no necesitamos vuestra ayuda, queremos equivocarnos solas, encontrar nuestros caminos, y solo queremos el espacio que nos pertenece y que la cultura machista os empuja a ocupar.

Por eso me gustaría que entendierais por qué las mujeres estamos hartas. Hartas de sostener la vida y ser las más precarias. Hartas de que nos maten, de que nos acosen, nos violen (a veces en manada), de que nos quiten a nuestros hijos, y nos cuestionen por nuestra ropa, nuestro cuerpo o nuestra vida sexual. Hartas de ser las víctimas de la trata sexual. Hartas de que el 39% de los hombres consideren que el cuerpo de una mujer es un objeto por el que hay que pagar.

Las mujeres estamos hartas de que las enfermedades que nos afectan a nosotras sean enfermedades de segunda o ni siquiera consideradas enfermedades; hartas de que cosifiquen nuestros cuerpos hasta el punto de ser consideradas meros contenedores; hartas de que nos digan cómo tenemos que parir y al mismo tiempo no nos dejen decidir sobre nuestros cuerpos y sobre si queremos o no, tener hijos.

Las mujeres estamos hartas de hacer el mismo trabajo que los hombres cobrando solo entre el 60 y el 75 % de su salario. Hartas de que el mercado laboral minusvalore nuestros trabajos. Hartas de ser nosotras las limpiadoras mientras ellos son “peones especialistas” o los de mantenimiento, y cobren más, y nadie cuestione por qué tras años y años las cosas solo se afianzan.

Hartas de que la defensa de nuestro trabajo la hagan hombres en su propio beneficio redefiniendo categorías y dejándonos con salarios más bajos. Hartas de cobrar de media 6000 euros menos al año que los hombres. Hartas de tener los trabajos más precarios, de ser las pensionistas más pobres. Hartas de la feminización de la pobreza.

Las mujeres estamos hartas de tener un techo de cristal. De ser las más numerosas en las aulas y al mismo tiempo las rarezas en las Cátedras; en los consejos de administración; en los puestos de dirección; en las carteras ministeriales; o incluso en los listados de premios. Estamos cansadas de pasar por la historia de manera despreciable. Como si no hubiéramos sido ingenieras; matemáticas; científicas; escritoras o cineastas… Hartas de que parezca siempre que sobre nosotras no hay nada relevante que contar.

Estamos hartas de ser las cuidadoras y que nadie nos cuide. Y me hace gracia que alguien hable de huelga a la japonesa (que por cierto, no existe), cuando el exceso de trabajo es nuestro día a día. Y no hablamos de una ampliación o doble jornada, porque esa es la que hacen los hombres, cobrando más, por supuesto. Estamos hartas porque normalmente hacemos dos (o tres) trabajos a la vez, y uno o más gratuito.

Estamos hartas de la doble presencia. De dedicar el doble de tiempo que los hombres a trabajos no remunerados (y eso porque hay hombres feministas que bajan la media). Esa es la desigualdad de la que estamos hablando. Porque nosotras no queremos ser supermujeres. Queremos que hombres y mujeres seamos iguales. Y por eso lanzamos este grito hartas ya. Por eso esto es una huelga feminista, No una Huelga Laboral.

Por eso esta huelga va de que somos desiguales en muchos ámbitos. En el laboral; en el estudiantil; en el sanitario; en el propio consumo (somos mayoritariamente las mujeres las que hacemos o pensamos las compras de la casa); por eso es secundaria la huelga laboral y es más importante la huelga en el trabajo de los cuidados. Y si queréis ayudarnos, compañeros, el 8 de marzo y todos los días que lo sigan, debéis pensar que de lo que se trata, es de asumir que la vida, en todos sus ámbitos, debe compartirse en igualdad. Y hace falta una implicación educativa, social, cultural, institucional, y sobre todo política. Bienvenidos al feminismo.

Gema era interina en Castilla-La Mancha. La llegada de Cospedal a la región supuso que primero la echaran de su CRA (Colegio Rural Agrupado) y luego, junto con otros miles de interinos, de la posibilidad de acceder a cualquier colegio a impartir las clases de inglés que sus tres años de magisterio, su experiencia en un colegio privado y su nota en la oposición le habilitaban a dar.

Miles de interinos despedidos en la región se tienen que ir buscando la vida como pueden entre breves períodos de clases; otros trabajos que nada tienen que ver con el ámbito educativo o su formación pedagógica; o la vuelta a la casa familiar en espera de nuevas oposiciones que no llegan o que cada vez ofrecen menos plazas. Algunos prueban suerte en el extranjero con los exigentes programas de docentes en el exterior (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12501), y otros, simplemente intentan, en otros países europeos, conseguir una puesto de trabajo que aquí es cada vez más difícil de obtener. Y éste es el caso de Gema.Después de meses sin trabajo y de probar suerte en los programas de docentes en el extranjero, tomó la determinación de plantarse en Londres. No fue fácil: papeleos para no tener problemas con una hipoteca recién adquirida; abandono de los lazos sociales y familiares hacia una solitaria vida en una gran ciudad europea; búsqueda de un alojamiento asequible y un trabajo para ir tirando mientras pone en regla y homologa su titulación en el Reino Unido… “Pensé que sería más fácil ─ nos cuenta─, pero después de dar vueltas por la embajada y varias instituciones, después de 4 meses aún no tengo todos los papeles en regla para intentar buscar trabajo en las escuelas”.

Su trabajo, en el sector de la hostelería ─el más “accesible” para los aventureros españoles─, se lleva mucho de su tiempo por un salario sólo razonable que emplea en el alquiler y la vida, y le permite pocos ahorros. La soledad se acusa tras meses de no ver avances. “Pienso en volverme todos los días. Unas veces lo llevo mejor y otras peor”.

Ahora afronta una nueva complicación. De pronto tras varios meses de estancia en Londres, su tarjeta sanitaria española no le da cobertura: “Me he ido informando y al parecer tengo que decir que vivo en el extranjero y sacarme la tarjeta sanitaria inglesa, pero los ingleses no se hacen cargo de nuestra seguridad social hasta que no llevas un año aquí. Así que no sé como lo harán”.

¿Y la tarjeta sanitaria Europea?

La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) acredita el derecho a recibir las prestaciones sanitarias que resulten necesarias, desde un punto de vista médico, durante una estancia temporal por motivos de trabajo, estudios o turismo, en el territorio de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y en Suiza. Como tiene en cuenta la naturaleza de las prestaciones y la duración de la estancia, de acuerdo con la legislación del país de destino, un servicio gratuito en España podría costar dinero fuera.

En todo caso, tanto titulares como beneficiarios deben cumplir los requisitos exigidos por la legislación española y por los Reglamentos Comunitarios de Seguridad Social de la Unión Europea. Por lo que no están cubiertas personas que se quedaron sin prestaciones o subsidio de desempleo u otras de similar naturaleza, o que están en el paro y que ya no residen en España.

Caso diferente es el de Israel, de Toledo y montador de ventanas, que lleva parado varios años con incursiones intermitentes en trabajos mal remunerados y/o irregulares. Está a punto de marcharse a Inglaterra. Un amigo suyo tiene preparado un trabajo para él los fines de semana. “Mientras pueda dormir en su casa bien, pero si no consigo encontrar trabajo durante la semana me tendría que volver, no puedo vivir en su casa siempre”. Su mujer e hija permanecerían en España porque no habría ni sitio ni dinero para los tres . “A mí lo que más me preocupa de esto es que mi hija está conmigo en la tarjeta y si me la quitan a mí, ella se podría quedar sin asistencia sanitaria”.

La reforma de la administración local ha suscitado muchas críticas por la supresión de competencias de los ayuntamientos en materia de empleo o educación, además de porque muchos servicios municipales acabarán privatizándose o desapareciendo, pero hay un aspecto en el que no se ha hecho suficiente hincapié y que también puede cambiar mucho el funcionamiento de los consistorios: la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local introduce la posibilidad de que los presupuestos municipales sean aprobados por la Junta de Gobierno si en la primera votación no fueron aceptados por el pleno y si existe una prórroga de los mismos.

La introducción de este texto en la ley fue a través de una enmienda del PP en el Congreso. La enmienda 420 recoge los casos en que la Junta de Gobierno Local tendrá competencias para aprobar algunas cuestiones siempre que el pleno no haya alcanzado en una primera votación la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos. Este enmienda se introduce con el objetivo de “solventar determinadas incidencias que se pueden producir en el funcionamiento ordinario de una corporación local”.

Ya en el debate de la ley en la Comisión de Hacienda, Gaspar Zarrías, del PSOE, señaló que esta enmienda propuesta por el PP le parecía “muy peligrosa”, pues se pasaban del Pleno a la Comisión de Gobierno “temas clave”. El portavoz del PP, José Alberto Martín-Toledano Suárez le indicó que se trataba de un error y que su grupo también eliminaría la mención al presupuesto: “... teníamos dos borradores y por error se presentó aquel en el que figuraba que la aprobación del presupuesto sería asumida por la junta de gobierno. Mantendríamos las otras competencias, pero no la aprobación del presupuesto”.Mantendríamos las otras competencias, pero no la aprobación del presupuesto“ Su intervención se puede leer aquí, al final de la página 15.

A pesar de que el PP admite este error, en la página 26 de la “Aprobación de la Comisión con competencia legislativa plena”, se puede comprobar que la enmienda 420 no se retira y que por tanto se puede seguir dando el caso de que los presupuestos municipales sean aprobados por la Junta de Gobierno.

Llama la atención también que durante la sesión de la Comisión y, a pesar de que en todas las votaciones se suman 44 votos, hay menos diputados del PP y del PSOE de los votos que se cuentan: 20 diputados y 23 votos en el primer caso y 11 diputados y 13 votos en el segundo. El presidente de la comisión no menciona delegación de voto ni antes ni durante la votación. La votación, que se puede ver en el minuto 24:20 de este vídeo, fue: a favor el PP, en contra PSOE, IU, UPyD y GMx y se abstuvieron CIU y GPV.

El texto aprobado en la Comisión fue enviado directamente al Senado para su aprobación, donde, entre otros grupos, el PSOE vuelve a solicitar la supresión de la enmienda 420 o al menos su redacción en los términos anunciados por el portavoz del PP en la Comisión de Hacienda. Sin embargo, entre la documentación del Congreso, no hemos encontrado ninguna denuncia expresa hacia la irregularidad de la aparición del texto con el error mencionado por el diputado del Partido Popular en el trámite anterior.

En el debate plenario de la ley con las enmiendas en el Senado sí se trata el asunto durante las intervenciones de los portavoces y en la defensa de las enmiendas. Durante el turno de Portavoces, desde el PSOE, Juan Alberto Belloch sí incide en el problema del nuevo apartado treinta y siete, señalando que “en mi caso, me iría muy bien: eso de que, respecto a un grupo que no tiene mayoría en el Pleno del ayuntamiento, puede aprobar sus propios presupuestos el Gobierno de la ciudad simplemente después de un año de prórroga. Yo estoy en minoría y, sin duda, eso me facilitaría el proceso de negociación. Pero creo que no es bueno desde el punto de vista de la calidad democrática, porque supone sustraer competencias al Pleno, que es el órgano democrático, por definición”. Aquí tienes el acta de esta sesión.

Ya al final del trámite parlamentario, Asunción de las Heras, de La Izquierda Plural, también se hizo eco de que “esta ley limita y estrecha la capacidad de gobierno democrático en las administraciones locales, dejando en manos de la junta de gobierno local o del alcalde asuntos de primer orden como son la aprobación de los presupuestos o de los planes de ajuste, que ahora quedarán fuera del control democrático del pleno municipal, a la vez que refuerza e impulsa las diputaciones provinciales, instituciones de representación democrática indirecta que deberían haber sido eliminadas”.

Pero finalmente, la posibilidad de que las Juntas de Gobierno aprueben el presupuesto del ejercicio inmediato siempre que exista un presupuesto prorrogado ha quedado recogida en el apartado treinta y ocho del artículo 1 de la ley a pesar de las críticas que señalan que se restan posibilidades de control democrático al pleno municipal.