Barcelona, Hotel Barcelona Sants. Estoy frente a la puerta de la sala en la que está a punto de realizarse el acto central de campaña de Ciudadanos. Un guardia jurado la gestiona. No podemos entrar, que la sala está llena. Frente a esa puerta nos apretujamos periodistas y aficionados. Afición C's, concepto: señores y señoras a los que, por lo visto, nunca jamás un guardia jurado les había dicho que no podían pasar por una puerta, algunos con pulseritas y pins con la bandera española.

Si les parece, mientras el Gobierno Provisional de C's gestiona mi petición para acceder al acto vía guardia jurado, les explico dónde estamos. Ubicación física: el Hotel Barcelona Sants es un hotel edificado encima de la estación de Renfe, Adif, o como se haya reprivatizado esta mañana a primera hora. Lo que le confiere un aire relativamente aislado. Por eso era utilizado por el PP para sus congresos locales, no sea que la cosa acabara como Bob Esponja, con espontáneos, horcas y antorchas.

Aquí me pelé un Congreso del PP hace mil años, cuando Aleix Vidal-Quadras/el techo del PP en Catalunya. Aquel techo se consiguió a partir de un anticatalanismo radical, cuyo eje era la cosa idiomática. El invento, y Vidal-Quadras, se fue al garete con el pacto PP-CiU. Momento en el que el PP, que nunca había tenido resultados muy lucidos en Catalunya, empezó a bajar, sin prisas, pero sin pausas. Para estas elecciones se esperan unos resultados marginales, más propios de un partido vegano que de uno estructural.

Ubicación espiritual: quizás, a su vez, estamos donde Vidal-Quadras lo había dejado. C's, ese intento meditado y exitoso de coger la derecha, sacarla del PP -un partido amortizado, condenado, tal vez, a desaparecer tras ser motor de la contrarreforma democrática, y de diversos casos de de financiación creativa-, y meterla en C's, es una derecha en progresión, que parece sustentada, en su génesis y primer acto -que finaliza en estas elecciones- en la cosa idiomática, que tan bien les fue en su día.

Vaya, por la puerta sale una señorita vestida de azafata de congresos, que autoriza la entrada al salón de un par de periodistas y de un par de candidatos. Yupi.

Interior Salón. No se cabe. Somos unos 300, como en las pelis de griegos cabreados. En primera fila, el staff. Es el liberalismo español, tal y como ha quedado tras 200 años de exterminio del liberalismo español. Señores con melena de a-mí-nadie-me-tiene-que-decir-hips-cómo-tengo-que-conducir, en pie, departiendo con el de al lado, para que les vea todo la sala. En las otras filas señores, señoras, parejas maduras, usuarios de otras clases sociales, ya descritas por Owen Jones.

Empieza el acto. Toma la palabra el parlamentario Carlos Carrizosa. Sinopsis: somos la pera, mil candidaturas en España, 90 en Catalunya. Luego, con aire sereno, va colando el punto de vista C's. “Somos una nación uniforme”; “el separatismo nos roba” -también, parece ser, por cierto, la España imperial-; “queremos una educación trilingue” -en Baleares, la desaparición del catalán en la escuela también se ha llamado trilingüismo-; “exigimos el respeto a la ley en materia lingüística” -en un primer momento, exigían la enseñanza monolingue, pero con la ley Wert, se han hecho más legalistas-. Hace alusión a la bandera -aplausos-. El tono es moderado, casi campechano. Parece que no habla desde la ideología, sino desde el sentido común. La derecha española es, en fin, un sentido común, que empezó a labrarse en 1492, cuando por sentido común, para potenciar lo que nos une, el hecho de que somos una nación uniforme, legalista, abierta al mundo, trilingüe in pectore, se expulsó al primer pack de ciudadanos. Desde entonces, no han parado. Parece que sigue siendo un buen negocio. Al parecer, en ocasiones, el único.

Interviene Carina Mejías, la candidata por Barcelona. Ex-PP, hija y esposa de militares, prosigue con la reivindicación de esa sociedad civil. Alude a las grandes amenazas que sufre Barcelona. No es el paro, la corrupción o el acné, sino el separatismo y el populismo venezolano. Alusiones a gogó a la libertad. Libertad es, en la derecha local, lo que empresa mixta en el centro-izquierda también local: algo que sólo se reivindica cuando has modulado el contrato.

Posteriormente, la candidata enumera un combate identitario en la ciudad en el que ella quiere participar desde, al parecer, la cosa sentido común, trinlingüismo, nación uniformizada, 1492. Nota mental: la candidata de C's a la alcaldía adolece de un conocimiento de Barcelona llamativo, y de una cultura municipalista. No es la única. El PP jamás presentó a nadie con el municipalismo en el cráneo. Esa es la opción de este año de ERC, otro partido que también superpone banderita a políticas municipales.

Barcelona -paréntesis filológico-, es una ciudad cuya seña de identidad, cuya razón de ser histórica, es el municipalismo. Poseedora de una de las instituciones municipalistas más protodemocráticas del Sur, tras la reforma del Consell de Cent, cuando la proclamación de la República en el siglo XVII. En el siglo XVIII, esas instituciones realizan la primera formulación de la democracia universal en la Península. Desprovista de instituciones electas desde 1714 hasta 1821, Barcelona aprovecha el paréntesis del trienio liberal para recuperar la planificación urbanística. En los breves periodos democráticos del XIX se autoplanifica desde el municipalismo como una posesa. En el siglo XX, el municipalismo crece. El Partido Socialista Radical, en el consistorio de los años 10, crea la escuela municipal, racional, sucesora del recién fusilado Ferrer i Guàrdia -la sanidad, ya hacía siglos que la gestionaba-.

En la II República, el municipalismo proyectó una ampliación de Barcelona hacia el sur, ideada, entre otros, por Le Corbusier, fundamentada en nuevas formas de propiedad. El socialismo barcelonés, recientemente fallecido, no dejó de encuadrarse en esa tradición de meditación de la sociedad a través del municipio, en ocasiones, en la dirección opuesta de la esperada. Anyway. Se trata de una tradición y un corpus de conocimientos demasiado extensa para sustituirla por una banderita como parece ser la actual propuesta.

Finaliza el acto Albert Rivera. Habla de un cambio similar al del 77, que no describe. Reivindica la Constitución, explica el municipalismo como la prolongación, al parecer, entre el conflicto entre esa constitución y “el separatismo”, y explica que la solución al encaje catalán es “que Ciudadanos gobierne en Moncloa y Sant Jaume”. La palabra que más utiliza es “españoles”. Acaba con un “España necesita un partido que diga las cosas como son”. Quizás la aportación de C's, no muy diferenciada del PP salvo, tal vez, en su mayor beligerancia lingüística -que ya es decir-, sea decir. Emitir sentido común de ese, recordar que lo normal es ser uniformes, que quien no lo sea, lo tiene crudo. Sustituir esa cruzada por la política.

En breve C's crispará hasta a un muerto. ¿Recuerdan los 90?

Su objetivo es ganar. Defender la democracia en esta gran crisis de la democracia, acabar con el Régimen del 78, establecer una ruptura efectiva. Y crear un marco para el 99% de la sociedad

El Estado ha iniciado un proceso constituyente. Se inició en 2012, con la reforma constitucional exprés, cuando en un plis-plas se cambió el sentido de la Constitución del 78, y el Estado, en minutos, dejó de ser garante del Bienestar para pasar a ser garante del pago de deuda. Hasta ese momento, por otra parte, el sentido de aquel texto, escaso de soberanía –hasta el punto de ser reformado con rapidez y más allá del deber, ante indicaciones externas– estaba determinado por unos marcos, una lógica de la interpretación, que había mantenido sin estrenar interpretaciones más sociales de la cosa.

Como consecuencia de ese rapto del sentido desde una cultura determinada, se había eliminado, por los hechos, también el título territorial del texto, hoy sin función, en opinión de Javier Pérez Royo. Cabe suponer que ese proceso constituyente, asumido por las regiones menos ensimismadas del PP, suplicado por CiU, animado por el PSOE y sugerido reiteradamente por alguna empresa del IBEX –subsector financiero, que ya ha alertado de que urge una solución territorial al asunto–, tomará cuerpo en breve, y se centrará en la opción federal. Un Estado catalán –y, previsiblemente, otro vasco– diferenciado, y la oficialización del carácter plurinacional de la federación resultante.

También se tendrá que adecuar la Carta a la reforma exprés, y eliminar así los fósiles textuales que aluden aún al Bienestar, para no crear contradicciones. Igualmente se retocaría el título de la Monarquía, de manera que una mujer o un trans pudieran ser jefes de Estado habiendo nacido antes que su competidor directo. Es posible que también se asuma, sin desarrollar, algún derecho, ya existente implícitamente en la sociedad, siempre que no cueste un euro al Estado. Y poco más. La nueva Constitución, como la vieja, se cerrará dejando como discutible, para los próximos 35 años, el tema territorial. No es complicado. Ya se hizo en el 78.

Es posible que el rol del autonomismo –canalizar conflictos y ser el centro de la discusión política de todo lo posible–, los siga realizando un autonomismo2.0, que se llamaría independentismo, y un nacionalismo español2.0, que se llamaría federalismo. Todas las demás tensiones estarían, otra vez, sobreseídas con este nuevo texto, la Constitución que nos dimos a todos nosotros, un/otro gran éxito democrático, que volvería a fijar qué y quién es demócrata –es decir, sobre todo qué y quién no lo es–, realizado –ya lo estoy viendo– gracias a un loable ejercicio de responsabilidad del pueblo español que bla-bla-bla...

Frente a esa proceso constituyente, esta prórroga del Régimen para otros 35 años, hay otro, iniciado un año antes, en 2011. Empezó en el 15M, si bien nadie lo sabía aún. Con el paso de los años, se ha ido formulando. Se está dibujando en el mismo sitio en el que el que lo hizo el 15M. Es decir, no se sabe dónde, fuera de los medios. Es un proceso constituyente con una agenda diferente al que está esbozando el Régimen. De hecho, supone una ruptura con él. ¿En qué consiste ese proceso y esa ruptura? Por lo que oigo e interpreto, en un itinerario legal diferente al propuesto por el Régimen. De hecho, es su ruptura, a través de un itinerario legal que, sucintamente, les esbozo a continuación.

¿En qué consiste ese proceso constituyente? ¿En qué consiste la ruptura? En una sociedad con un gran porcentaje de ciudadanía en riesgo de exclusión, el proceso y la ruptura pasa por garantizar -es decir, formalizar, desarrollar, ampliar y dotar de sentido-, el derecho a la vivienda, a los alimentos, al acceso a la energía y al agua, al trabajo o, en su defecto, a la renta básica. Pasa por garantizar el Bienestar -es decir, la sanidad y la educación-, con nuevas fórmulas que garanticen su pervivencia e imposibiliten su privatización. Tal vez, introduciendo y ampliando el concepto de comunes. Tal vez cambiando la titularidad pública, para que deje de ser del Estado –ese sujeto que no ha garantizado la existencia de lo público– y pase a ser del conjunto de la sociedad.

La ruptura pasa por someter la territorialidad a votación. Es decir, por garantizar como derecho la autodeterminación. Y –-la vida es muy larga; quién se va puede querer volver; a otro sitio– por establecer mecanismos para la federación de nuevos territorios que así lo deseen. Pasa por que el Estado pierda centralidad frente al Estado federado y el municipio. Pasa por votar la forma del Estado. República o Monarquía. Eso sería un sello de que, en el nuevo Estado, no sólo todo es discutible, sino que se va a discutir. Pasa por ampliar la democracia. Reformular la representatividad, implantar diversos tipos de democracia simultáneos. Por la democracia directa, por la adopción también de la tecnología en los usos democráticos. Incluso en la redacción misma de la nueva Constitución. La ruptura consiste en la separación el Estado y la empresa, establecer mecanismos legales para que la empresa regulada no regule, a su vez, el Estado, por establecer mecanismos de defensa de la sociedad frente a la empresa. Pasa por poner límites legales a la empresa financiera y a sus productos. Pasa por el impago de la deuda una vez auditada.

Es decir, la ruptura consiste también en un duro enfrentamiento con la UE, esa organización no democrática con la que es difícil enfrentarse, pues no se sabe dónde ni cómo hacerlo. Quizás, a través del Estado. Quizás a través de los Estados del Sur endeudados. La ruptura pasa por establecer la Justicia en el Estado. Es decir, en primera instancia, separar la Justicia del poder ejecutivo, depurarla y refundarla. Y pasa por llevar a la Justicia el conflicto con la democracia que este país arrastra. Es decir, juzgar a los autores vivos del Franquismo. Juzgar a los autores de la corrupción sistémica en una economía y un Estado extraños, cuyo IBEX35 esta integrado por 29 empresas reguladas. También pasa por investigar y juzgar a los autores del fin del Bienestar –la forma de la democracia en Europa– y de las contrarreformas antidemocráticas desde la reforma exprés, y que en opinión del politólogo Joan Subirats, conformaron una reforma constitucional encubierta.

En esta etapa de franco colapso del Régimen, en breve el Régimen sólo hablará de su reforma constitucional, ante la imposibilidad de hablar de otra cosa. Es de prever que el tema tomará cuerpo y cierto aspecto sexy. Será la agenda explícita o implícita. Será el grueso de la política y de la información. Llevar a cabo este recauchutado federal y postdemocrático de un Régimen del 78 en caída libre, por otra parte, no tiene por qué ser complicado. Basta con enmarcarlo como una reforma necesaria, positiva y radical. Y basta, para gestionarla, con una Gran Coalición, posíblemente la opción de gobierno más verosímil tras las próximas elecciones generales. El dato menos comentado del último CIS es, en ese sentido, que el PP y el PSOE, aún sin ganar, siguen siendo mayoría, una mayoría que será distorsionada y aumentada por el sistema electoral. No obstante, esa reforma no se podrá hacer si se hace (aún más) en falso. Es decir, si no participa el nuevo sujeto político emergente, si la nueva política que está naciendo a través de objetos como Podemos, o los diferentes Guanyem o Ganemos, no juegan esa Liga.

Jugar en la Liga BBVA –nunca mejor dicho– de la política es tentador para, como su nombre indica, un político. Por otra parte, el Régimen'78, tiene como característica fundacional saber tentar a quién sabe que, de ser tentado, modulará poco en cualquier proceso. Sería, pues, importante, que los representantes de los nuevos sujetos políticos dominaran sus tiempos. Que aplazaran su acceso a la política hasta que no sea su política. Que fueran conscientes de que accedieron a la política después de un 15M que jubiló por igual a partidos y a movimientos sociales, precísamente por la imposibilidad contratada de hacer política y cambios perceptibles desde la política, tal y cómo la había dejado el Régimen. No acceder a la política del Régimen es, por otra parte, algo rentable: nuestros amiguitos de la UE, en los dos últimos años, ya han aplazado recortes en España por 25.000 millones, sin duda por la mera existencia de una sociedad desligada de la cultura de la política oficial, y por la progresiva formación y aceptación de Podemos. Por temor a una ruptura, vamos.

El Régimen, es decir, la política, una vez congelada la austeridad gracias al post15M, ya empieza a ser sólo ese proceso constituyente con el que quiere salvar la vida. Participar o no en él será la diferencia entre practicar la vieja política y la nueva, empezada a formular en 2011, y que no tiene como objetivo participar en la política, ponderar lo mejor o lo peor en la política. Su objetivo es ganar. Defender la democracia en esta gran crisis de la democracia, acabar con el Régimen del 78, establecer una ruptura efectiva. Y crear un marco para el 99% de la sociedad.

La ruptura, en fin, es el aliento que debe de sentir el Régimen y su reforma constitucional en la nuca. Continuamente. Y, con ese aliento, debe de sentir miedo. Pues ese aliento es su muerte. Ese aliento es el fin de un Régimen y de sus usuarios, que ya han perdido importantes atributos, como la capacidad de hacer, o el respeto social.

Censurar a Morán y a su

El Cura y los mandarines

(Crítica) es un ataque a una de las pocas personas que han defendido, con criterios solventes e impecables, la libertad de expresión y de disensión. Algo está pasando, y habría que tomar buena nota

Hace escasas horas que tenía que haber aparecido el último libro de Gregorio Morán (Oviedo, 1947). Y no lo ha hecho. Se trata de El Cura y los mandarines. Historia no oficial del bosque de los letrados. Cultura y política en España, 1962-1996 (Crítica). Habría sido un Morán auténtico, muy grueso. Y muy esperado. Habría supuesto un repaso cultural a varias décadas que culminan, a partir de los 80, en la cultura europea más especializada en vincularse al Estado, hasta el punto de llegar a ser una cultura y un Régimen político absolutamente unidos y dependientes, situación que sólo parece haber empezado a tambalearse en el siglo XXI. El uso que hace Morán del nombre propio y de los trazos biográficos de sus investigados –siempre alejados de lo que el canon cultural oficial considera publicable, investigable e, incluso opinable–, eran otro gran motivo de interés. La expectativa del libro, constatable en la redes, era absolutamente justificada.

Nada, hasta hace poco, indicaba que el libro tuviera problemas previos. El autor, este verano, estaba elaborando el índice onomástico, y había recibido la portada del libro. Por otra parte, en el último número de la revista Leer, aparecido hace pocos días, se publicaba una entrevista, firmada por Fernando Palmero –muy buena, por cierto–. Tenía el aspecto de ser una entrevista promovida por la editorial con motivo de un lanzamiento. La entrevista llevaba como titular un entrecomillado de Morán: “Este es el libro más duro y brutal de todos los que he escrito”. Y, tal vez, eso es, exactamente, lo que ha pasado. Un autor escribió un libro duro y brutal que hablaba de la cultura española. Ha sido censurado en su último tramo editorial. Y ese libro no existe, en este preciso momento, para el lector. En lo que es un síntoma del carácter terminal de la cultura oficial, hegemónica hasta ahora, todo ello ha sucedido con precipitación, con cierta improvisación, y con escenografía y vocabulario poco certeros.

Este agosto, la editorial debería haber facilitado, en lo que es una dinámica común, las galeradas a los periodistas que así lo solicitaran. No se enviaron. Cuando, ya en septiembre, llamabas a Crítica, sello de editorial Planeta, se te comunicaba que había surgido un problema técnico. Un primer indicio de que algo no funcionaba. En la tradición local, cuando un producto cultural –un artículo, un libro– es censurado, siempre es, en la primera instancia de respuestas, por un motivo técnico. Finalmente, el servicio de prensa, al menos en mi caso, dejó de contestar llamadas o de devolverlas. A escasas horas de la salida oficial del libro, el libro desapareció de la web del Grupo Planeta. Sí, sigue a la venta en webs como Amazon, si bien, y esto es divertido, el libro no llegará jamás a sus compradores vía web. Según personas cercanas a Planeta, nunca llegó a imprimirse. Por lo que jamás fue posible su presentación en la fecha señalada. ¿Qué es lo que ha pasado?

Al parecer, la editorial identificó un capítulo, el penúltimo del libro, como problemático. Supone un total de 11 páginas, lo que en formato Morán equivaldría a un tuit. En esas 11 páginas se abordaba como tema la RAE y, si bien se evaluaban trayectorias político-culturales de otros académicos paradigmáticos de una época y un modelo cultural, como Muñoz Molina, Cebrían o Anson, brillaba con luz propia la figura de Víctor García de la Concha. Ese nombre propio parece ser el epicentro de la decisión editorial de censurar el libro. La editorial, de hecho, pidió a Morán suprimir ese capítulo, un par de semanas antes de la fecha de publicación del libro. La negativa del autor precipitó la rápida y desordenada decisión final, de la que el autor tuvo noticia el pasado viernes. Cabe señalar aquí que Víctor García de la Concha, en su etapa como director de la RAE, ya recibió escarnios y críticas intelectuales llamativas. Francisco Rico, académico de la RAE, accademico de la prestigiosa Accademia Nazionale dei Lincei y, sin duda, uno de los más respetados filólogos en todo el mundo, dedicó al entonces director de la RAE un acróstico en el colofón a una de sus ediciones de El Quijote, en 2005, en el que se podía leer un sintético “VGDLC, idiota de la RAE”. Algo que ilustra que, con la censura del libro, no se protege, a estas alturas, ningún prestigio personal sino, tal vez, otro negociado. En las próximas semanas, en ese sentido, Planeta publicará el nuevo diccionario de la RAE. Lo que parece indicar que, con su decisión de evitarle al lector, primero un capítulo y, luego, un libro, Planeta está protegiendo su relación con otro cliente. Algo sin duda extraño y de otra época.

También cabe la posibilidad de que lo que defiende Planeta al defender a García de la Concha de 11 páginas sean sus relaciones con una institución. La que actualmente dirige García de la Concha: el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes no es una ONG, como demuestra su trayectoria, explícitamente gubernamental desde su fundación y su eclosión como brazo tonto de la ley (máxima), en los 90. No es un Instituto Goethe. Es, como toda manifestación de cultura oficial en nuestro modelo cultural, Estado. Por lo que defender esa institución equivale a defender al Régimen que le da lógica. En lo que es una metáfora de todo ello, la sede del Instituto en Utrecht, censuró recientemente la presentación del imprescindible Víctus, de Sánchez Piñol, por entender que la obra –que narra el enfrentamiento entre élites y sociedad catalana en el siglo XVIII–, era una amenaza al Régimen -a la convivencia, dijeron–. Explicación no solo tiene guasa, sino que orienta sobre las el carácter de la censura, más cotidiano y explícito que en otras etapas, en estos momentos en los que el Régimen, y la cultura que, durante décadas, le protegió de críticas, están en franca crisis.

No he conseguido hablar –en formato llamada, o en formato devolución de llamada– con la editorial Planeta. El periodista Carlos Prieto, de El Confidencial, me dice que la respuesta que consiguió fue que se trata de “un libro estupendo, pero nos habrían cosido a demandas”. Una frase, a su vez, estupenda. Como otras –“la portada de El Jueves era de un pésimo gusto”–, que no explican la realidad del trance de optar por la censura. Es decir, de optar por reducir la libertad de emitir y recibir ideas a través de un acto autoritario, arbitrario y violento. Si una editorial no quiere fricciones, siempre puede optar por cualquier otro autor más dado a puntos de vista previsibles, optimistas y oficialistas –el mercado ofrece una lista inacabable de nombres–. Si una editorial ha optado por Morán, cabe preguntarse por qué opta después por la censura, un hecho editorial inaudito en cualquier otra gran cultura europea, que explica las dimensiones reales de la cultura local y el carácter grave y nada anecdótico de la decisión.

La obra de Morán ofrece amplias posibilidades de diálogo del lector con la realidad. Es autor de obras que, a través de la reedición ampliada -como es el caso de la biografía de Suárez, editada en 1979 y reeditada en 2009, o Los españoles que dejaron de serlo, imprescindible punto de vista sobre el Euskadi postfranquista, editado en 1982 y 2003–, abordan amplios fragmentos de una problemática. Ha conocido la censurada –“blanda”, pero efectiva– de la cultura oficial, consistente en el silencio, el ninguneo y la expulsión nominal de los medios, con libros como su El Maestro en el Erial. Su Miseria y Grandeza del PCE es una de las pocas biografías críticas y solventes de un PCE europeo. Su El precio de la Transición –un balance prismático de la Transición, en el que por primera vez se evalúa la cultura democrática, y en el que establece que las izquierdas realizaron un alto pago moral en la construcción del Régimen–, supone un exotismo y un punto inicial sobre el que posteriores generaciones elaboraron el concepto CT. Su último libro, La decadencia de Catalunya contada por un charnego –2013, una recopilación de artículos publicados en La Vanguardia diario en el que publica una Sabatina Intempestiva, cada sábado, desde hace más de 25 años–, supuso la publicación de un artículo –sobre Pujol–, hoy de rabiosa actualidad, que no pudo aparecer en su época, por lo que confiere al libro un objeto de defensa y restitución ante la censura, esa constante en su trayectoria de Morán.

El libro censurado por Planeta es, junto a su El maestro en el erial –una biografía de Ortega en el momento de adentrarse en el Franquismo, al parecer, y esa era la tesis contrastada del libro, muy felizmente–, una amplia biografía intelectual de España, que aborda más de siete décadas, una región formidable del siglo XX, esa pesadilla. El libro censurado podía ayudar a dibujar uno de los periodos más oscuros de la cultura española: los primeros enfrentamientos –y, todo lo contrario, pactos y flirteos– entre la cultura no oficial y la oficial/el Franquismo, la desarticulación de la cultura durante la Transición y, tras ella, el nacimiento de una novedosa concepción de la cultura, que hoy, como un zombie, está muerta, camina desprestigiada en círculos, pero muerde. El hecho de que una editorial que, en su día, luchó ferozmente contra todo un Presidente de Gobierno para que el primer libro de Morán viera la luz, casi cuarenta años después interiorice la defensa del Estado a través de la defensa de algunos de sus sacerdotes culturales, ilustra un cambio cultural descomunal, un último estadio de la cultura-Estado, en el que la empresa, esa compañera de juergas económicas del Estado, adopta la defensa del Estado y, con ella, sus formas de censura más explícitas. Pasó hace pocos meses con El Jueves/la cultura popular. Ha vuelto a pasar con Morán/la alta cultura.

Morán es un autor solitario, único en su trayectoria y puntos de vista. Y, por ello mismo, frágil. Censurar a Morán, es más que atacar un símbolo. Es un ataque desproporcionado a uno de las pocas personas de su generación –y no sólo de su generación–, que han defendido, con criterios solventes e impecables, la libertad de expresión y de disensión. Algo está pasando, y habría que tomar buena nota.

Una manifestación por el derecho a votar. La mani, en primer lugar es eso. Una mani antigubernamental. Contra un Gobierno que niega la posibilidad de un referéndum reclamado por la sociedad catalana. Pero también es una mani contra el grueso de la oposición, contra la mayoría de partidos que apoyan también ese decisión gubernamental. Es, en fin, una mani contra un Régimen sin capacidad discursiva, sin soberanía, deslocalizado en instituciones no democráticas que, a través del Gobierno, están realizando la mayor contrarreforma democrática de los últimos tiempos. El tema territorial es, precisamente, el único tema en el que aún parece tener alguna soberanía este Gobierno. En un momento en el que el Estado se revela como una entidad con muy poca entidad, el Régimen carece siquiera de la capacidad intelectual para dar una respuesta democrática a las demandas de la sociedad catalana. Entre todas las situaciones de fin de Régimen que se van dibujando, el Gobierno, con su negativa e incapacidad, está aumentando, tal vez, la única que está capacitado de serie para entender: una crisis territorial. El Gobierno aún no ha entendido, por ejemplo, que lo que intentaba CiU al pedir un Pacto Fiscal era salvar el Régimen en Catalunya. Y que, tras ese fracaso, pedir un referéndum no vinculante, con pregunta y fecha sensibles de ser negociadas, y resultado que conduciría a una negociación de dos gobiernos, antes que a la aceptación propia del resultado –es decir, pedir poco o nada, pedir que siguiera existiendo una CiU que fuera pactado cositas–, es también una lucha desesperada para que siga existiendo algo parecido al Régimen. A estas alturas de partido, es posible que el Régimen, desautorizado en esta manifestación descomunal, acabe pagando a un precio muy alto el no haber comprendido que, hasta hace muy poco, se le pedía lo de siempre.

Una manifestación progubernamental. A su vez, la manifestación tiene un alto componente gubernamental. El Govern ha participado más allá de lo decoroso en la manifestación, a través de los medios de comunicación públicos. En ocasiones, de forma bochornosa/letizista: un locutor, por ejemplo, emitía por TV3 esta alocución norcoreana/urdaciana: “Los manifestantes hacen una ola perfecta, aún con la dificultad añadida de que, muchos de ellos, llevan una bandera en la mano”. Otra participación gubernamental es a través de la policía. Es decir, a través de su ausencia. Estas manifestaciones carecen de tipos encapuchados, que la lían y, posteriormente, te detienen, como en el grueso de manifestaciones en la lógica 15M. La ANC –Assemblea Nacional de Catalunya, organizadora del acto–, es, a su vez, una cosa rara. En su cúpula es una suerte de AVT, al servicio de lo que diga el Govern –ex.: su presi, Carme Forcadell, en un arranque de extroversión, llegó a declarar: “No molestemos al Govern con preguntas”, glups–. En su base, por otra parte, la ANC integra un gran tejido social catalán, seriamente comprometido en algunos tramos con la revolución democrática que está erosionando el Régimen, también en Catalunya. La manifestación, en todo caso, acabó con sendos discursos de Forcadell, Muriel Casals –presi de Omnium Cultural–, y Vila d'Abadal –presi de Associació de Municipis per la Independència–, en los que unían las demandas de la manifestación y el futuro a las políticas gubernamentales. En ese sentido, la manifestación, como casi todo en Catalunya, es una tensión, también muy de fin de Régimen, consistente en intentar reducir y reconducir las demandas de renovación democrática de la sociedad, hacia un sólo tema y una sola solución –un referéndum, no vinculante, de bajo perfil–. Y en intentar evitar que el malestar se exprese en otros temas y en otros referéndums no canalizados por el Govern.

Una manifestación por la ruptura. En ese sentido, era perceptible en la mani la presencia de personas que ven en el Derecho a Decidir una lógica que supera a CiU e, incluso, a ERC. Que superaban el marco del Régimen en Catalunya, una forma antigua de concebir la política, la representación, la selección de temas y agenda, los límites de la democracia y de los derechos, el trabajo y los sueldos de los políticos, y el sistema de financiación de los partidos. Esa percepción se realizaba a través comentarios, de camisetas con textos y de cierta tendencia a la omisión de banderitas y de uniformización.

Una manifestación por la continuidad del régimen. A su vez, también era perceptible la asistencia masiva de usuarios de CiU y de ERC que a través de voces coreadas, parecían no ver una crisis democrática y de bienestar en Catalunya, y que definitivamente parecen defender que la única crisis de esas características viene de fuera, de la negativa del Gobierno a una consulta. Me atrevería a decir que este era el público mayoritario. En Catalunya, curiosamente, se observaba hasta hace poco con incomprensión, si no como seña de identidad catalana, el hecho de que otras sociedades –Madrid, País Valencià–, votaran sistemáticamente opciones políticas cuya corrupción estaba contrastada. Parece que ahora Catalunya dispone de más respuestas sobre el tema. Tarde o temprano deberá afrontarlas. Superar el marco descriptivo de la crisis democrática que emite el Govern y sus asociados, parece que será un destino fatal, ineludible. No puede, por otra parte, tardar mucho. El 9N, la fecha anunciada para esa consulta que la sociedad catalana quiere, que un Gobierno niega y que el Govern teme, puede ser un jalón importante. Será cuando el Govern y asociados tendrán que emitir otra campaña publicitaria, de difícil construcción –no se pueden quejar; esta ha durado 3 años–, o lanzarse hacia la desobediencia y la ampliación de la democracia, hacia el choque con el Régimen. Es decir, hacia tradiciones democráticas cuyo trade-mark no es tanto de ningún partido del Régimen en Catalunya, como de la organizaciones y ciudadanía que practican formas de desobediencia, no deseadas por el staff político catalán, de manera cotidiana desde 2011, frente a los bancos, las empresas beneficiarias de esta crisis y de la venta del Estado, frente al Gobierno y el Govern. Será divertido.

Josep Pla no siempre fue un bicho. Hasta su exilio, en la dictadura de Primo, fue un crack. Un tipo con la sensualidad resuelta, a años luz del meapilas noucentista tipo, endémico en Catalunya, ese paradigma de intelectual que, en el trance de hacer pipí, salía de la ducha. Pla tenía un amplio abanico de trucos y nuevos puntos de vista para describir una mayor realidad de la esperada. Fue, de hecho, el primer periodista europeo en codificar el fascismo. Cubrió la Marcha sobre Roma, y allí describió algo nuevo y que no tenía nada que ver ni con el socialismo, ni con la democracia liberal. Su descripción de la cosa fue tan ágil que, en fin, fue expulsado con agilidad de Italia, país al que sólo pudo volver cuando él también entró a formar parte del fascismo que había descrito.

La originalidad, también estilística, de Pla es, en esta época fundacional, apabullante. Gabriel Ferrater –ignoro por qué Ferrater no existe en España; ignoro más aún por qué tampoco, snif, existe en Catalunya; humm, posiblemente tenga algo que ver con aquello del pipí y la ducha que les comentaba–, describe a Pla como único autor catalán que, en tanto que pagès, era poseedor de una cultura transmitida –la transmisión de la cultura es el gran qué, no resuelto ni en España ni en Catalunya–. Anyway. El Pla periodista y escritor chachi finaliza con su exilio, en 1931, fecha en la que ya es un asalariado de Cambó. Y eso se convierte en su límite para todo.

De su obra posterior, personalmente creo que, a lo bruto, sólo brillan dos piezas. Descomunales. Cadaqués, en la inmediata postguerra, un testamento colosal –por utilizar un adjetivo planiano– de una cultura catalana en serio peligro de extinción –extinción a la que Pla, por cierto, colaboró vehementemente, con todas las letras–. Y El que hem menjat, un compendio extrañísimo de la cocina empordanesa, redactado desde la lógica del placer y de su pérdida. Es decir, desde la vejez, esa XXXX pinchada en un palo.

Como metáfora de su obra periodística política posterior a la guerra, ahí brilla, con luz propia, su último artículo en Destino, el medio que le salvó la vida y que le hizo posible una renovación con varias generaciones de lectores. El artículo, una joya skin-head, versa sobre la Revolución de los Claveles. Es, literalmente, un manifiesto antidemocrático y en contra de cualquier cambio en Portugal. Y, claro, en España, en Catalunya o en Lima. El dueño de la revista le echó a la calle por el procedimiento de urgencia, escandalizado. Ese tipo, por cierto, era Jordi Pujol.

Pla odiaba a Pujol. Por echarle a la calle. Pero también por algo anterior. Y posterior. Es decir, por algo esencial. Pla, depositario de la Lliga, depositario del pacto entre Lliga y franquismo, y poseedor de una mentalidad original y rural –codificada, lo dicho, por Ferrater–, veía en Pujol a un traidor, un preciosismo innecesario. Me explico. Pla, pagès, era un hombre fiel. Fue fiel a Cambó, que le alimentó en sus duros días de exilio. Fue fiel a Cambó en cruzada personal contra la República. Y cuando Cambó lanzó a sus usuarios la orden de adherirse al bando fascista sin rodeos, Pla le fue fiel y lo hizo. Y fue fiel a Franco el resto de su vida. O, más correctamente, le estuvo muy agradecido desde entonces.

La razón: Pla sabía que el catalanismo conservador posterior a la guerra –y al que, en líneas generales, no le fue nada mal la vida–, provenía de la guerra. Provenía del exterminio –no hay otra palabra– de los catalanismos de izquierdas, variados, contradictorios e integrados por ERC –su programa catalanista de izquierdas de 1931 era las antípodas de la Lliga: República, autogobierno, impago de la deuda de la Expo del 29, y una prestación económica a los parados; en lo que tal vez es un dato sobre el ADN de ERC, glups, sólo cumplió los dos primeros puntos–, por el PSUC –que consiguió, in the time, que Catalunya fuera topos en la III Internacional–, por el POUM –partido que llegó a emitir referencias, incluso, indepes- y, en cierta medida, vía Peiró y su apuesta y defensa del catalán, por la CNT, algo más que un sindicato que, por otra parte, nunca se descartó a sí misma la sospecha de ser una organización netamente catalana.

Pla sabía, como Vicens Vives, que en Catalunya no se había producido tanto una Guerra Civil como una Revolución, en la que la economía había funcionado sin su empresariado. Y muy bien, sin pérdidas, con efectividad, practicando el reparto de la riqueza y la creación de bienestar –jubilación, acceso a la sanidad y a la educación, vacaciones–, y con una modernización del parque industrial que dejó haciendo chiribitas a los propietarios cuando volvieron, con todo un Ejército, a por lo suyo.

Pla sabía que Franco había devuelto Catalunya a sus legítimos propietarios. De hecho muestra su agradecimiento instantáneo en Retorno de un catalán sentimental a Gerona, artículo gore publicado en La Vanguardia en febrero del 39, una descripción de su vuelta a la Girona recién ocupada, en el coche de un matrimonio de vencedores, hasta hace poco también exiliado en Burgos. En el artículo queda patente qué es Catalunya –son ellos–, y qué no es Catalunya.

No lo eran los catalanismos que habían incorporado extranjerismos inaplicables –es decir, los catalanismos democráticos de izquierdas–, no lo era tampoco la horda de murcianos salvajes, invasores y anarquistas –desde los años 20, la Lliga y sus medios defendían que el anarquismo, la tradición política local más antigua en Catalunya, era cosa de inmigrantes incultos y equipados de serie con pistola–. Ese mes y ese mismo diario son muy prolijos en artículos de chicos de la Lliga, aún más violentos que el de Pla, en los que se saluda, sin grandes problemas éticos o intelectuales, a la nueva (tercera) vía imperial. Como La Falsa Ruta, de Fernando –antes, Ferran– Valls i Taberner, un clásico en el que se une catalanismo a izquierdas, izquierdas a horda, y Franco a civilización. Y mi favorito, el Finis Cataloniae, de Carlos –artista anteriormente conocido como Carles, nombre que recupera en 1977– Sentís, en el que contrapone la Catalunya que había construido una revolución, a la Catalunya que refunda Franco, que no es otra que, va y suelta, “la Cataluña real, que diría, vuestro y nuestro caro Charles Maurras”, ese fascista francés que, cuando Francia volvió a ser real, fue directamente a la trena bajo la lógica republicana y democrática, como hubieran ido ellos.

Pla, en fin, creía que había que reconocer a Franco por el favor. Pujol, pues no. No era franquista. En absoluto. En su reformulación del catalanismo conservador –no refundó la Lliga, sino que fundó un partido nuevo–, omitía la Lliga y su legado, y no reconocía al franquismo, sino que se le condenaba. Sinceramente. Lo suyo era catalanismo democrático. Pero, y aquí viene el caso de la cosa, con el mismo interés de Pla, Valls i Taberner, Sentís y tantos otros nombres de la Lliga y más allá, en eliminar del corpus del catalanismo el periodo 1931-39. Ahora –yupi–, no de forma física. La historia de esa desaparición en democracia de lo que anteriormente se hizo desaparecer en dictadura es, de hecho y básicamente, la historia de la cultura catalana en los últimos 35 años. Es la Cultura de la Transición en Catalunya. El catalanismo, en ese sentido, ha cumplido el rol de la palabra Democracia en España. Ha supuesto una palabra incuestionable, positiva, que se ha monopolizado e instrumentalizado desde el poder. Y se ha depurado y acotado increíblemente.

Bueno. Este periplo hasta Pujol y su obra utilizando como punto de partida a Pla, viene al caso del caso Pujol. El primer president de la Generalitat restaurada, una de las dos únicas instituciones republicanas que adoptó el Régimen del 78, ha reconocido un comportamiento económico ilegal desde 1980, el año en que accedió al cargo. Está aún por ver –todo apunta a que, en todo caso, se verá muy rápido–, si el dinero depositado en cuentas extranjeras no declaradas es la consecuencia de una herencia o es el fruto de un expolio a la sociedad, continuado, realizado en familia y con la ayuda de un partido y un proto-Estado –algo, por otra parte, no muy original ni exclusivo, si atendemos a los casos Bárcenas, Nóos, ERE o Ferrovial, que ilustran el funcionamiento íntimo del Régimen–.

Las consecuencias políticas, sin duda repercutirán en un mayor descrédito del Régimen, seriamente tocado ya. Pero las consecuencias culturales de todo ello son incalculables. Suponen, si no la bancarrota del catalanismo conservador –que, como les he apuntado brevemente, ha acaparado en 35 + 34 años la semántica del término–, sí una desautorización inusitada y de repercusiones severas.

Ese catalanismo, hegemónico, patriota, sin preocupación social salvo en crear la cohesión social, antes que en leyes, en bienestar y derechos, en una idea de patria, está más herido de lo que puede, siquiera, calcular. No ha supuesto dinámicas éticas diferenciadas de la política española. No ha contradicho la tendencia generaliza, iniciada en 1939 y no contradicha en democracia, de considerar el Estado como un botín de guerra. En su sabiduría brutal, cruel y efectiva, Pla habría opinado –habría seguido opinando, vamos– que, para ese viaje sin desplazamiento, no eran necesarias alforjas que ya se poseían, y que fueron facilitadas en su día por personas a quien él debía tanto agradecimiento.

La abdicación es una apuesta arriesgada. Pero de un riesgo limitado. Afecta sólo al vértice del Estado que, por otra parte, tal vez ya esté en cierta manera amortizado.

Tradicionalmente, cuando los diarios españoles lanzan ediciones especiales vespertinas, no es tanto para informar como para cohesionar. A estas jornadas de poca información, pero de mucha comunicación, que surgen cuando el Estado necesita una ayudita, se les podría llamar Apagón Informativo. Son uno de los sellos de la Cultura de la Transición.

Hasta ahora servían para vertebrar, de arriba abajo, el pensamiento oficial ante un tema urgente. Hoy, a pesar de que ese acopio de medios apuntando hacia la misma línea de investigación resulte, en verdad, apabullante, tal vez sólo sirva para saber cuál es el pronunciamiento oficial ante un tema.

Por lo general –y en lo que es otra característica del género, y de ahí la palabra “apagón”–, esa información vertida poco tiene que ver con lo que, ante el mismo objeto, informa y señala la prensa extranjera que, como su nombre indica, no está sometida a la cultura local. Exemplum: mientras Rajoy daba el pistoletazo de salida al festival y apuntaba los futuros titulares patrios, Le Figaro ya titulaba la cosa en otra lógica –L’impopularité de Juan Carlos menace la monarchie–. A los pocos minutos, The Washigton Post optaba por un Deeply unpopular Spanish King to Abdicate de throne in favor of son. Son titulares, en fin, poco probables por aquí abajo, que apuntan a que, por aquí abajo, el periodismo de los últimos 35 años suele tender, antes que a ser un poder, a ser una región del poder, esa cosa que, tradicionalmente, no tiende a informar sobre sí misma.

La buena noticia –la única buena noticia– es que, si bien esta cultura de Estado sigue siendo hegemónica en los medios locales, puede ser hoy deconstruida con cierta facilidad. Eso sucede desde 2011, cuando se produce algo inesperado. Una ruptura cultural, que no ha creado tanto nuevos emisores de información como receptores nuevos, personas que, zas, están modulando una nueva cultura, que no cree necesario crear la cohesión social entorno a la cultura/lo que vaya apuntando el Estado, sino entorno de derechos y democracia política, social y económica. Será divertido, en esta edición periódica de Apagón Informativo, ver ese enfrentamiento entre los miles y miles pequeños Davides emergentes y el Goliat de siempre, que sólo sabe describir la realidad a través de mitos culturales que ya son difíciles de confirmar en la realidad.

La semana pasada, por ejemplo, Goliat fue incapaz de explicar el fenómeno Podemos –utilizó tanto la palabra Venezuela que sorprenderá que la próxima Miss Venezuela no sea, como todo apunta, simpatizante de Podemos–, o la reacción ciudadana en Barcelona ante lo de Can Vies –utilizó en sus descripciones tanto encapuchado incendiario que cuesta creer que Barcelona no sea una sectorial del KKK–.

No, no está fina la Cultura de la Transición. Tres años después, aún no sabe interpretar el 15M como ruptura cultural –es decir, como ruptura–, que ha creado un nuevo sentido común, dejando grogui al antiguo canon de sentido común, que ofrecía cotidianamente protección cultural a las Instituciones. Tal vez aún no ha interpretado que el Estado cambió absolutamente de forma, sin cambiar de Régimen, con la reforma constitucional de 2011, enviando al garete el único pacto amplio de la Transición –nos dais bienestar y os quedáis con todo lo demás–.

Quizás no ha intuido que los casos Bárcenas, ERE y Ferrovial –que apuntan a la venta de políticas por parte de los partidos–, son un torpedo en la línea de flotación. Y, por lo visto, tampoco ha entendido que el caso Urdangarin –es decir, el caso infanta-, así como el fondo de inversiones creado, por Corinna y su novio, con dinero de las extintas cajas, para invertir en Arabia Saudí –ese país que jamás ha necesitado un fondo de inversiones–, son fenómenos fatales y ya de difícil sometimiento a la propaganda. No intuyen, posiblemente, en su magnitud, el creciente desapego hacía el Régimen del 78, esa cosa que nació cuando la Guerra Fría/Tonny Ronald, y que, como estaba previsto en su diseño, no estaba programado para defender la democracia y la sociedad ante lo que Josep Fontana califica como el peor proceso de reacción desde el siglo XVIII.

Pero quien tuvo, retuvo. La abdicación es una gran jugada. Posiblemente parte de la percepción del único tema de discusión posible para la Cultura de la Transición. El territorial. Un nuevo rey entraña la reformulación del Régimen dentro de su misma lógica. Supone inaugurar un proceso constituyente vertical, desde arriba, que haga algún cambio y que, fundamentalmente, adopte un federalismo limitado, tanto en sus posibilidades como en su discusión. Supondría un recauchutado del gran tema territorial, en una dirección no sólo aceptable, sino rogada por CiU –en 2012, cuando Mas cayó de la mula, ya dijo que la monarquía podría ser la solución al tema catalán, se supone que a través de la figura del conde de Barcelona–, como para el PNV, que hace décadas que señala que el anclaje de Euskadi es una solución a través de un nexo con el rey de España y señor de Vizcaya.

La abdicación es una apuesta arriesgada. Pero de un riesgo limitado. Afecta sólo al vértice del Estado que, por otra parte, tal vez ya esté en cierta manera amortizado. Y ofrece solución a un tema llamativo –Catalunya–, que de los muchos que se están amontonando sobre la chepa del Régimen, es el único que aparece a diario en la prensa. Desde 2011, evoluciona un lento, pero imparable proceso deconstituyente. Frente a él, un Estado más debilitado de lo que creemos –al punto de tirar a su jefe de Estado por la ventana a cambio de un poco más de vida–, mueve por primera vez ficha, y propone un proceso re-constituyente, liderado por él mismo.

Tampoco es la última opción. Si fracasa –puede fracasar; si alguna vez pudo fracasar, es ahora–, la última sería una república –o varias– que garantizara a nuestros legítimos propietarios el pago de deuda y un volumen de cambios limitado. Los movimientos post15M, que ya han dibujado, frente a lo viejo, lo nuevo, la agenda democrática del siglo XXI –impago, derechos efectivos, ampliación de la democracia en lo social, económico, político y territorial, con la efectividad del derecho a la autodeterminación; intensificación de la democracia directa, defensa de lo común, creación de instituciones de autogestión–, deberían empezar a vincular sus descubrimientos de estos últimos tres años con un republicanismo nuevo y sexi, de manera efectiva y rápida. Es preciso que el choque cultural lo sea también político. Es preciso que, esta vez, el choque exista. O estamos perdidos. Como antes de 2011, ¿recuerdan?

El Estado no es consciente de que en ese debate sobre la consulta no sólo el Parlament luchaba por su supervivencia, sino también el propio Estado.

Desde que los ha habido, todos los momentos de auge y tensión social en España se han traducido en un gran debate territorial. Es más, los periodos sin gran debate territorial de los dos últimos siglos coinciden con aplazamientos –violentos o no, pero sí verticales– de la tensión social y, en general, con una reducción del margen de lo opinable –exemplum: la Restauración, el Franquismo, la Restauración2.0–. El hecho de que este debate esté a tutiplén, bajo la forma –por ahora– del Procés Català, indica que estamos en uno de esos momentos históricos de auge social. Es decir, de formulación de la época, de formulación de la agenda de futuras demandas democráticas, y de posible ruptura. No se puede dar carpetazo a esos momentos metiéndolos en la carpeta Windows de anticentralismo/federalismo/cantonalismo –cuando sucedían en el siglo XIX–, o de nacionalismos –cuando suceden en el siglo XXI–. Ignoro por qué sucede eso pero, en todo caso, el tema territorial es el que acostumbra a ordenar el resto de temas por aquí abajo.

El pasado martes, en el Congreso, se pudo ver un poco todo ello en funcionamiento. Es decir, se pudo ver el esbozo de una época, de la agenda de la nueva época y, posiblemente más aún, el fin de una época. Se pudo ver qué pide el Parlament de Catalunya, el desglose de ello en diversas sensibilidades –en ocasiones, contradictorias–, y cómo el tema territorial –debe de ser, en verdad, muy amplio y potente, y debe de asumir otros temas en él, por tanto–, sometió a contradicción a todos los que participaron de él.

Lo que pedía el Parlament era sencillo como un botijo. Y, por primera vez, se pudo escuchar en toda su pequeñez: la cesión excepcional de competencias del Estado para convocar un referéndum no vinculante –y, quedó claro, sólo uno y una sola vez–. No sería la primera ocasión que se realiza esa cesión. Verbigracia: gracias a ese mecanismo se creó el Benemérito Cuerpo Armado de los Mossos. Anyway. Se ofreció al Gobierno la posibilidad de, a cambio de esa cesión, pactar la pregunta, la fecha e, incluso, una propuesta de Estado –en un momento en el que un guardia jurado es Estado, un Estado puede ser cualquier cosa; en el siglo XXI, un Estado será cualquier cosa–.

El Parlament, vamos, pedía proseguir con la dinámica de la Transición. Pactar lo que sea, en las alturas, y con ello canalizar una demanda ciudadana que no tiene por qué coincidir con el resultado de ese pacto. En cierta manera, lo que se proponía es salvar un Régimen –Mas, la Generalitat, son parte del Régimen del 78–. Duran i Lleida, profesional del Régimen, resumió el carácter dramático de esta demanda no atendida en la frase: “Pactemos algo para seguir pactando”, todo un SOS dramático, que no fue ni escuchado ni entendido.

Por lo demás, y como sello de que tras el debate territorial confluyen otros debates, la delegación del Parlament habló de la propuesta a través de diferentes accesos. Turull presentó ese referéndum pactable y reducible, como el límite de la democracia. Rovira habló de la independencia desde el patriotismo y como solución a políticas postdemocráticas que, por otra parte, ha emitido en el Parlament. Herrera, el discurso más impregnado del vocabulario creado en la sociedad desde 2011, habló de fin de Régimen, no habló de identidad, y presentó la propuesta como una ampliación de la democracia que prefiguraba una intensificación de la democracia directa.

La recepción de la propuesta también fue contradictoria, a pesar de su unidad. Rajoy, Rubalcaba y Rosa Díez hablaron desde un Régimen que ya no existe. En 2012, con la reforma exprés, se mató el único pacto amplio de la Transición –nos dais Bienestar y os quedáis con todo lo demás–. O aún no han percibido que el Régimen del 78, en realidad, es el Régimen del 2012, y que tiene serios problemas de legitimidad, o aún no han conseguido someter a vocabulario democrático la contrarreforma democrática que han hecho.

El discurso de Rajoy careció de las palabras mágicas del discurso democrático de los últimos 35 años –libertad o democracia–. En su lugar, apareció Constitución y ley. Lo mismo que Rubalcaba, que ofreció como bonus-track el federalismo que el propio PSOE cepilló en la última reforma del Estatut. Un federalismo no por todo lo alto, pero sí pactado en lo alto, sin democracia y libertad en su vocabulario, pero con mucha ley y Constitución, palabras rajoyrubalcabianas que ilustran que el Estado, en su despiste, sólo sabe que no está por preciosismos. Rosa Díez quizá fue quién dibujó mejor esa escuela de pensamiento tan restrictiva, y, me temo, tan llena de futuro, que no admite como animal de compañía ni el referéndum no vinculante pactado en todos sus tramos. A través de esta frase: “En democracia, lo importante no se vota”.

Lo contradictorio de esa propuesta territorial es eso. Es una propuesta continuista y, todo lo contrario, rupturista, patriota y, todo lo contrario, cívica, postdemocrática y, todo lo contrario, absolutamente democrática. Y su respuesta por parte del Estado también es contradictoria: rompe una dinámica de pacto –es decir, de reducción e, incluso, desactivación de propuestas–, mientras se añora lo contrario. No es consciente de que en ese debate, no sólo el Parlament luchaba por su supervivencia, sino también el Estado. No es consciente de que la ruptura la promueve el mismo Estado, al no negociar una propuesta muy negociable. Posiblemente, esa ruptura no se produjo el martes, se produjo en 2012 con la reducción absoluta del marco Democracia. Ese 2012 se puede traducir en lo territorial –esa cosa rara, que nunca es sólo territorial–, como un 1898. Un profundo cambio de mapa.

1. El proceso catalán nació como una revolución democrática en 2009, en el municipio de Arenys de Munt, a través de la primera de una serie de consultas municipales, organizadas sin apoyo de partidos políticos. Este proceso era absolutamente rupturista. Es decir, consistía en la reclamación de una democracia directa, sin mediación de partidos, suponía la superación radical, sin intermediarios, del único tema político posible en la CT (Cultura de la Transición), el tema territorial, y explicitaba la construcción de políticas de abajo arriba, a través del municipio.

Por el mismo precio, era un cuestionamiento del concepto unidad nacional, fijado verticalmente en 1874, y renovado con verticalidad, sin cambios ni participación, en 1939 y 1978. Suponía, en fin, la posibilidad de acabar con el tabú de los temas indiscutibles, problemáticos y aparcados desde 1978. Era, en fin, otra agenda de lo posible, distinta a la gubernamental.

2. En 2012, el Govern de CiU asume, después de la nutrida manifestación del 11S, una parte de ese movimiento ciudadano: el proyecto de realizar una consulta sobre la independencia en Catalunya. Lo hace justo después de haber protagonizado los recortes más radicales en democracia –y de haberse negado, por cierto, a someterlos a consulta–, que sellaron el fin del bienestar en Catalunya. Es decir, un Govern desgastado y desautorizado y desprestigiado asumió una intensificación democrática a la vez que participaba en el desmoronamiento de la democracia, materializado en la reforma constitucional exprés, votada por CiU.

3. El proceso ciudadano y el gubernamental son diferentes y contradictorios. Eso queda patente en las preguntas que proponen. En los referéndums municipales, organizados por la ciudadanía, se optó por la pregunta: “¿Está de acuerdo con que Catalunya sea un Estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la UE?”.

La propuesta gubernamental, en contra de esta pregunta nítida y directa, es la doble pregunta: “¿Quiere que Catalunya sea un Estado? Y, si es así, ¿quiere que sea independiente?”.

En un momento en el que en el sur de Europa el Estado democrático, social y de derecho hace agua, la pregunta gubernamental –de un Gobierno que ha participado activamente en la formulación posdemocrática del Estado– no supone una intensificación democrática, sino que dibuja la instrumentalización al uso de una demanda ciudadana.

4. Una doble pregunta en un referéndum en el que se plantea la secesión es una devaluación democrática. Consciente. Los promotores de los referéndums de Quebec han señalado ese hecho, mientras que los promotores del referéndum de Escocia han mantenido unas distancias llamativas con la propuesta gubernamental catalana.

Eso es un indicativo de que el referéndum carece, pues, de posibilidades para un rigor, validación y prestigio internacionales. Carece aún más de ello la posibilidad de unas elecciones plebiscitarias, opción sin precedentes democráticos internacionales, apuntada por el Govern ante la eventualidad de que el Gobierno no autorice el referéndum –la posibilidad más probable si se observa la cultura democrática del Gobierno–.

5. La consulta catalana, por tanto, tiene pocas posibilidades de verse realizada. El proyecto gubernamental catalán, por tanto, es un producto propagandístico para consumo interno. Tiene funciones políticas internas, la principal de ellas, mantener vivo a un Gobierno.

No es una intensificación de la democracia, es su aplazamiento. Es la apropiación gubernamental de una iniciativa ciudadana, que ya ha supuesto un éxito gubernamental: CiU es el primer partido del sur que, tras recortar la democracia, volvió a ganar unas elecciones.

6. Aparte de sus funciones gubernamentales, puede ser que el proceso no exista. Al menos, desde la firma del pacto de gobierno CiU-ERC, en el que se marcaban los tiempos a seguir hasta la consulta, el calendario se ha cumplido precariamente, salvo en sus tramos propagandísticos.

La Generalitat no ha intensificado, o ha sido incapaz de intensificar, iniciativas diplomáticas de calado. Al frente de los contactos con UE hay personas de bajo perfil. No consta, de hecho, ningún contacto directo con la UE.

Lo mismo sucede con las “embajadas”. No consta ningún contacto de la “embajada” en Berlín con la RFA. Las iniciativas internacionales más llamativas –ejemplo: una circular de Mas a diversos Gobiernos europeos– carecen de valor, itinerario y funciones. Son meramente, lo dicho, propagandísticas.

7. Pero hay otros datos políticos que indican que no existe el proceso: no ha habido pugna entre el Estado y la Generalitat para rivalizar entre sí ofreciendo derechos a la ciudadanía catalana, como sucede en los contenciosos Escocia-UK, o en el de Quebec-Canadá. Más bien, ambos Gobiernos han recortado derechos ciudadanos en direcciones parecidas.

Un Govern virtualmente secesionista no ha defendido a sus ciudadanos frente a los cambios legislativos estructurales que acaban con el bienestar y rebajan la democracia y los derechos, emitidos por el Gobierno Central. De hecho, CiU ha votado en el Congreso el grueso de esos cambios estructurales.

Por parte de la Generalitat –un Gobierno, se supone, secesionista, es decir, rupturista–, no ha habido la más mínima instrumentalización del hecho de que el régimen agoniza. Así, no se ha cuestionado la Monarquía corrupta y acosada por la Justicia y la opinión pública, no se ha cuestionado el funcionamiento corrupto de la democracia que, a través del caso Bárcenas –y el caso Palau/Ferrovial–, ha evidenciado cómo los Gobiernos y partidos venden a las empresas sus políticas.

No se ha denunciado la ausencia de soberanía del Gobierno español, sometido a instancias no democráticas, como la troika. Todo eso no ha pasado porque el Govern es parte de ese régimen y de esa cultura. No dispone de otra. Cualquier proceso que lidere, limita con ese régimen y esa cultura, que es la suya.

8. La doble pregunta –anormal en democracia, y absurda hasta el punto de que aún no se conoce el algoritmo que valide el recuento en un hipotético referéndum–, y la fecha, demasiado lejana para un referéndum del que el Govern ha anunciado que sólo se realizará bajo autorización del Gobierno central, es un indicio de que tanto la pregunta como la fecha son piezas a intercambiar en un deseado pacto intergubernamental.

El PSOE ya ha anunciado su voluntad de una reforma constitucional federal. Informes de FAES orientan sobre la simpatía del PP por esa reforma. Es la opción que ha empezado a defender el Grupo Prisa y, recientemente, el Grupo Godó, muy influyente en la formación de opinión en Catalunya.

El alto empresariado catalán y español, así como entidades financieras españolas y catalanas –las dueñas de la deuda de los partidos, que en las últimas semanas han perdonado pagos a UDC y ERC, por ejemplo–, también se ha inclinado por esa opción. Todo apunta a que el pacto en las alturas –la esencia de la CT– es la opción perseguida por el régimen.

Un nuevo pacto de élites puede volver a aplazar, por generaciones, una democracia real en la península, y ubicar a la ciudadanía en esa minoría de edad de la que no ha podido salir en los últimos 35 años. Esta opción supondrá, todo apunta a ello, cambios aparentes y mínimos en el régimen, salvo un reforzamiento de roles de la Monarquía –el sello de lo indiscutible– en una federación en la que el rey sería el jefe de Estado de varios Estados.

9. En todo este proceso, el periodismo está participando activamente, emitiendo CT. En Catalunya, es común asistir a la defensa informativa de puntos de vista gubernamentales, que avivan, frenan –modulan, en fin–, el proceso, a tenor de los intereses coyunturales del Govern.

Estos puntos de vista se polarizan con otros en los que se defiende una Constitución –ese documento definitivamente sobrepasado tras su reforma exprés, y que no defiende a la ciudadanía de las políticas contrademocráticas del Gobierno– como marco legal infranqueable y garantía de convivencia en una sociedad precarizada a niveles que, por otra parte, no amenazan ya la convivencia, sino la vivencia, la calidad de vida razonable y mínima.

El proceso catalán, instrumentalizado por el Govern, verificable en el periodismo, pero no en la realidad, suple, en los medios que lo defienden o que lo atacan, la información sobre el proceso posdemocrático en el Estado, que está acabando con derechos que han costado generaciones de represión. Una contrarreforma democrática voluminosa, sin precedentes, se desarrolla imparable mientras las tertulias –el gran género informativo español– vociferan por la unidad nacional, por el proceso que lidera un Govern, o por otros mitos culturales sobre los que descansa el régimen.

10. El régimen de la Transición sólo puede reeditar la Transición. Y eso es lo que está haciendo. Posiblemente, el final del proceso catalán puede ser el broche de oro formal, la génesis de otra Constitución que selle, a través de una forma federal de bajo perfil, los cambios que se está verbalizando el régimen a sí mismo: un Estado corporativo –en el que la empresa es voz determinante–, sin una separación nítida de poderes –como está quedando patente en los casos judiciales por corrupción que se está llevando a cabo–, sin soberanía –como atestigua la reforma exprés y otras leyes estructurales dictadas por instancias foráneas–, confesional –como apunta la ley del aborto–, autoritario –como dibuja la Ley de Seguridad Ciudadana–, con derechos laborales, sociales y personales en retroceso dramático, con una Monarquía blindada –en lo que es una metáfora del blindaje de la clase política– y con el tema territorial como único asunto de discusión posible, otra vez.

Desde 2011, partes llamativas de la sociedad están en la calle contra todo eso. El proceso catalán ha sido la única reclamación de la calle recogida por un Gobierno, instante preciso en el que dejó de ser un elemento de ruptura. La ruptura, en Catalunya, es un referéndum con pregunta clara sobre la independencia, y luego una catarata de referéndums para determinar el nuevo Estado –entre otras cosas, también para decidir su posible federación o no–. La ruptura, en España, también es una catarata de referéndums. Parece ser que eso no se producirá. O no se producirá a través del proceso catalán.

Fe de errores: En la versión inicialmente publicada de este artículo, se podía leer este fragmento: 'Lo mismo sucede con las “embajadas”. A modo de ejemplo, la de Berlín está dirigida por una sobrina de una consellera, que ni tan siquiera habla alemán'. Contrariamente a lo publicado en diversos medios catalanes, que interpreté como fuentes, la “embajadora” no es sobrina de ninguna consellera y habla fluidamente alemán, si bien sigue sin constar ningún contacto oficial con la RFA para un Proceso de Soberanía.