El pasado miércoles 12 de febrero, Venezuela vivió una de las más agitadas y violentas jornadas de los últimos años. Las manifestaciones se han prolongado hasta ahora. Durante estas dos últimas semanas ya han muerto 10 personas, se ha producido el bloqueo de calles en las principales ciudades, se han atacado edificios públicos y grupos paramilitares se encuentran en la calle, sin ningún tipo de control evidente.

Para el oficialismo, las protestas responden a un intento de golpe de Estado por parte de la “derecha fascista” financiada por los Estados Unidos. Su reacción ha sido la represión de los manifestantes a través de los cuerpos de seguridad del Estado, la censura y amenazas a algunos medios de comunicación y la orden de expulsión de tres funcionarios de la embajada. Además, la Fiscalía General ordenó la detención de Leopoldo López, líder opositor acusado de instigación del delito, daños y asociación para delinquir.

La crítica situación que vive el país –que posee las mayores reservas petroleras del mundo, según la OPEC– ha generado diversas reacciones en el contexto internacional. Por un lado, algunos Gobiernos de América Latina afines al proyecto bolivariano han mostrado su respaldo al presidente Maduro como, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Argentina. El resto de los países latinoamericanos han manifestado una posición más cauta que se limita a la llamada a la calma y a la resolución de los conflictos por vías institucionales.

Estados Unidos ha rechazado las acusaciones del Gobierno venezolano, aunque no ha dado muestras de tener intenciones de intervenir formalmente. La posición más firme la han tenido las organizaciones y organismos internacionales como Human Rights Watch o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han denunciado la restricción de los derechos y libertades de los manifestantes y detenidos, la censura de los medios de comunicación nacionales e internacionales (incluidas las redes sociales), el ataque de grupos paramilitares y la persecución de algunos líderes de la oposición.

Hasta la Internacional Socialista ha cuestionado la reacción del Gobierno al manifestar que “nunca la lucha por mayor justicia e igualdad puede lograrse a costa de la negación de la democracia y la libertad”.

¿Cómo interpretar esta situación? Las demandas de las movilizaciones del 18F se orientaban, principalmente, al reclamo de soluciones a los problemas de escasez, empobrecimiento e inseguridad que asolan al país, así como al rechazo a las detenciones de estudiantes en las manifestaciones previas. Sin embargo, esta ola de protestas va más allá de estos reclamos; contiene un cuestionamiento directo al proyecto bolivariano, específicamente, hacia lo que tal vez es una de sus principales debilidades: la exclusión política de una parte importante de la sociedad que no se siente representada ni beneficiada por el socialismo del siglo XXI.

La otra gran debilidad puede verse no tanto en la causa de la convulsión social que hoy emerge con fuerza como en la gestión de dichos conflictos, y es la ausencia del potente liderazgo que ejercía Hugo Chávez Frías. Chávez poseía un capital político propio que le permitió, además de poner en marcha su proyecto político, revalidar su hegemonía de elección a elección (ver tabla 1).

Este es un hecho muy significativo si se tiene en cuenta que, durante sus mandatos, Chávez y su partido, el Movimiento V República refundado en 2008 en el Partido Socialista Unificado de Venezuela, se sometieron en 24 ocasiones a las urnas (cuatro elecciones presidenciales, cuatro legislativas, cinco elecciones a gobernador, tres municipales, una para elegir la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 y cinco referéndums, incluido el revocatorio convocado por la oposición en 2004).

Resulta obvio decir que Maduro no es Chávez. Pero son resaltables los problemas que está generando la excesiva dependencia del proyecto bolivariano de su creador. Muerto Chávez, su heredero, el actual presidente, debe hacer frente a varios dilemas, como, por ejemplo, los problemas internos que afectan a gran parte de la población (la elevada inflación que alcanza ya el 56% anual, la escasez de productos básicos y una elevada criminalidad).

Asimismo, Maduro tiene ante sí el reto de consolidar su liderazgo tanto en el partido como entre las bases chavistas y en el contexto regional. Amparado en la figura de Chávez, le urge cada vez más encontrar su propio estilo de liderazgo, acumular su propio capital político y recabar apoyos internacionales.

Pero los problemas no son sólo para Maduro. La oposición agrupada en la MUD también tiene ante sí varios retos. El primero de ellos –o al menos, el más urgente– es diseñar una hoja de ruta que defina la estrategia a seguir tras la ola de movilizaciones. Si continúa animando las movilizaciones sociales con el fin de presionar un adelanto electoral (posición liderada por López y Corina Machado) o si, por el contrario, apuesta por el desgaste gradual del Gobierno que le permita llegar con una buena posición a las próximas elecciones (posición defendida por Capriles).

Si optan por la primera opción, corren el riesgo de ser incapaces de conducir políticamente las manifestaciones, sin poder evitar la deriva violenta de éstas y sus costos. Si optan por la segunda, la pregunta es: ¿cómo capitalizar a medio plazo el desgaste gubernamental teniendo en cuenta los problemas internos de la MUD?

El segundo reto y, tal vez el más importante, es articular un proyecto alternativo al bolivariano, que hasta ahora nadie ha sido capaz de definir. Un proyecto que agregue las demandas de quienes no están de acuerdo con el modelo actual y que ilusione a los sectores que simpatizan con el chavismo, que han visto una mejora en sus condiciones de vida en los últimos años y que sienten que, tras años de exclusión, ahora son sujetos políticos con plenos derechos.

No hay que olvidar que, pese a los problemas antes mencionados, bajo el mandato de Chávez entre 1999 y 2010 el desempleo urbano descendió del 14,5 al 8,4%; la pobreza, del 44% en 2000 al 27% en 2010; y la pobreza extrema, del 23 por ciento al 8,5; el PIB por habitantes, pasó de 4.100 dólares a 10.810; y la mortalidad infantil se redujo del 20 por mil al 13 por mil entre 1999 y 2011.

Finalmente, el tercer reto es resolver las divisiones y disputas internas que debilitan a la oposición. La radicalización del sector liderado por Leopoldo López y María Corina Machado y el débil liderazgo de Henrique Capriles al frente del sector más moderado presagian una vez más el fracaso de un posible cambio en el equilibrio del poder. La división no favorece a ninguno de ellos.

Venezuela es desde hace unos años un país de blancos y negros, en donde los grises no existen. Sea quien sea quien gobierne, tiene ante sí la necesidad de abrir el espacio a la pluralidad de opiniones y a la divergencia. Ya no es un asunto normativo, del deber ser, es una cuestión estratégica.

Ni el Gobierno va a poder gobernar mucho tiempo haciendo uso de la fuerza, creando enemigos externos, desatendiendo las reclamaciones de la mitad de la sociedad, en medio de un desgaste evidente y un debilitamiento en las urnas (hay que recordar que Maduro ganó las elecciones con poco más de un punto porcentual de ventaja), ni la oposición podrá ser una auténtica alternativa si no es capaz de superar sus problemas internos, si no encuentra la forma de responder unida a la coyuntura actual para encontrar salidas democráticas mediante un nuevo proyecto.

América Latina posee un importante historial de protesta política y movilización social. Durante los regímenes dictatoriales de los años 70 y 80 emergieron diversos movimientos en contra del autoritarismo imperante y reivindicaron demandas concretas. Con la vuelta a la democracia se llevó a cabo una explosión de reivindicaciones sociales: indígenas, mujeres, campesinos, movimientos más o menos organizados, que pusieron de manifiesto la necesidad de incluir nuevos temas –referidos a viejos problemas– en la agenda política.

En la década de los años noventa y comienzos del nuevo milenio, gran parte de las protestas se centraron en el rechazo de las políticas neoliberales que se comenzaron a aplicar en la región como consecuencia del Consenso de Washington, y que ya, a esas alturas, mostraban sus consecuencias (desempleo, caída de los precios agrícolas y el consecuente deterioro del campo, etc.).

Especialmente intensas fueron las protestas en Bolivia y en Ecuador. Durante este periodo, los actores sociales más relevantes fueron los sindicatos, los desocupados, los asalariados y los empleados públicos, que se vieron directamente afectados por las medidas de ajuste presupuestario y la ola de privatizaciones. Estas últimas generaron un fuerte rechazo popular (lo que en ocasiones hizo hacer retroceder a los Gobiernos).

Justamente esto es lo que analizan Peter Kingstone, Joseph Young y Rebecca Aubrey en su último trabajo titulado “Resistance to Privatization: Why Protest Movements Succeed and Fail in Latin America”. En esta investigación, los autores demuestran que el éxito de los movimientos contra las privatizaciones se debió no a las variables económicas, sino a la existencia de condiciones, tales como, por ejemplo, la garantía de libertades civiles, la restricción de derechos políticos y la articulación política de varios sectores a la hora de llevar a cabo las protestas.

No obstante, aunque muestran estadísticamente que son estas condiciones, y no el contexto económico, las que condicionaron el éxito de las protestas latinoamericanas, los autores concluyen que el factor clave en todo este asunto es la representación política: en Estados débiles, con instituciones poco representativas, los ciudadanos disconformes buscan vías no convencionales para canalizar sus demandas ante la imposibilidad de hacerlo por vías más institucionalizadas. En este sentido, la protesta se convierte así en un sustituto de la participación política convencional.

Estos hallazgos no son nuevos. Desde la perspectiva de la estructura de oportunidades políticas, la movilización de recursos externos y la existencia de condiciones políticas favorables (como, por ejemplo, el acceso parcial a la participación, los alineamientos políticos de los actores y los electorales inestables, la división de las élites, los aliados, etc.) condicionan (y pueden llegar a determinar) el éxito de las resistencias. En este sentido, son más importantes las condiciones externas y la relación entre actores que el agravio mismo que causan las protestas (Tarrow, 1998).

Sin embargo, si se piensa en los movimientos sociales actuales o las diversas manifestaciones de la acción colectiva en América Latina, este marco de análisis parece limitado debido a los cambios que se han llevado a cabo en torno a la protesta social en los últimos años (lo que no implica que las viejas lógicas de funcionamiento de la acción colectiva no sigan existiendo).

En primer lugar, en la región, la democracia, aunque no consolidada, muestra niveles aceptables de garantía de libertades civiles y derechos políticos (ver Tabla 1); hoy en día existen más espacios de participación que hace 20 años (ejemplo de ello es la inclusión de mecanismos de participación ciudadana en la mayoría de los textos constitucionales, la flexibilización de los requisitos para la creación de partidos o la eliminación del monopolio de la representación que tenían los partidos). Es más, las últimas grandes movilizaciones se han llevado a cabo en países con economías fuertes y democracias institucionalizadas como, por ejemplo, Brasil y Chile.

En segundo lugar, tanto los actores, como las demandas y los repertorios de acción colectiva han cambiado. Por una parte, como acertadamente señala el profesor de la Universidad de Salamanca Salvador Martí i Puig, la protesta ya no es sólo patrimonio de un colectivo específico, sino que se ha transversalizado. Además, los grupos que se movilizan poseen identidades menos definidas (las adscripciones de clase o políticas son más débiles que hace apenas unos lustros).

Por otra parte, las demandas son más difusas y más dispersas que en periodos anteriores. En la actualidad, los movimientos de protesta que emergen en un momento específico (y no sólo en Latinoamérica) pueden englobar diferentes reclamos a la vez, que van desde mejoras en la prestación de los servicios públicos hasta el castigo a una clase política percibida como corrupta, ineficaz e ineficiente.

Asimismo, a las tradicionales huelgas o manifestaciones callejeras, se han sumado nuevos repertorios: cacerolazos, piquetes y performances que definen la forma en que los ciudadanos expresan su malestar. Todo ello facilitado por el uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales (Twitter, Facebook, Flickr, etc.), que permiten que la información llegue instantáneamente a los medios tradicionales de comunicación de todo el mundo (prensa, radio y televisión), incluso cuando no hay periodistas cubriendo la protesta (emergencia del “periodismo ciudadano”).

En el contexto actual, un aspecto que cobra importancia es la forma en que se enmarcan las protestas sociales y el poder de resonancia que alcanzan. Los marcos entendidos como esquemas interpretativos que simplifican y condensan el “mundo de fuera” permiten dar un sentido al agravio y lo vinculan marcos culturales existentes (Snow y Benford, 2000).

De esta manera, la protesta encuentra eco más allá de la jurisdicción en la que tendría que circunscribirse. Si se toma como ejemplo las protestas en Brasil en junio de 2013 (como consecuencia del aumento de la tarifa del transporte público y que desencadenaron otras muchas manifestaciones de rechazo a problemas diversos como la seguridad, la corrupción o la desigualdad), puede observarse que lo que permitió la articulación de las reclamaciones ciudadanas fue un discurso más amplio que abogaba por una mejora del funcionamiento de la democracia, en un país aún caracterizado por una fuerte desigualdad social y un limitado acceso a los servicios públicos (de calidad) prestados por el Estado.

¿Cómo responden los Gobiernos ante los desafíos lanzados por sus ciudadanos a través de la protesta social? Algunos dan marcha atrás a las medidas objeto de rechazo (como, por ejemplo, Uruguay en 1991, El Salvador en 1999, Bolivia en 2000, o Perú en 2002). Otros van más allá y plantean medidas extraordinarias que intentan mejorar aquellos aspectos que son identificados por la ciudadanía como problemas (Brasil actualmente).

Y otros, simplemente, optan por restringir derechos y libertades en su afán por paliar una presunta situación de riesgo para ellos (España en la actualidad es un ejemplo de manual). Esta última opción, como bien precisan Kingstone, Young y Aubrey, limita la canalización de las demandas por vías institucionales y ofrece un elemento más para enmarcar la protesta social a través de otras vías (hace unos días se publicó aquí una entrada a propósito de este punto).

En este sentido, si el Gobierno de España, con su nuevo Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, pretende limitar las protestas en la calle, mucho me temo que, mientras persista el descontento, no conseguirá más que activar otras vías, alimentar otros canales de resistencia, de protesta… o de revuelta.

Todo esto lleva a plantear preguntas en torno al significado de la acción colectiva y de las nuevas dinámicas de los movimientos sociales, no sólo en América Latina, sino también en otras partes del mundo como España hoy en día. ¿Son estas protestas un signo de madurez cívica de las sociedades o son, por el contrario, una consecuencia de la falta de acceso a espacios de participación más institucionalizados? ¿Son alternativas sustitutivas o son estrategias complementarias de la participación política convencional? (para el caso español ver este interesante artículo del investigador Sebastián Lavezzolo).