Yo no tengo foto. Uno siempre cree que ya habrá tiempo para eso. Pero luego no lo hay. Así que ya ves, mi querido Carlos: me toca homenajearte por lo tradicional, pegando una palabrita tras otra con el garrotazo a cuestas y la culpa dolida de una visita que dejé debiendo. Siempre queda faltando una visita.

La noche del martes 31 de marzo al miércoles 1 de abril Carlos Gaviria Díaz, universitario (de los que hace llena esa palabra de contenido), filósofo del derecho, ensayista, conferencista, juez constitucional, político por horas y luchador a tiempo completo colombiano, consiguió morir de muerte natural en Colombia, lo que -habiendo decidido vivir tomando la discrepancia como bandera- no es sino otro logro más que sumar a los méritos de su brillantísima carrera.

Y vino a morirse Don Carlos Gaviria, muy recordado presidente de la primera Corte Constitucional colombiana, justo en el momento en que el contemporáneo presidente, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, anda investigado por (presunto bastante) sinvergüenza multidisciplinar pero en condiciones -(presunto bastante) parece- de abrirle los cajones de la porquería a compañeros igualmente inescrupulosos.

Parece que el cuerpo de Don Carlos, a fuerza de convivir con su mente, igualmente se volvió sabio y apagó el interruptor en el momento justo para ahorrarle la vergüenza ajena de una Corte Constitucional arrastrada por el fango, pero también para volver a encender en la memoria de los colombianos el recuerdo de un tiempo en el que el país fue capaz de generar esperanza y de colocar personas prudentes y capaces en, al menos, la Corte Constitucional. La jurisprudencia de la Corte presidida por Carlos Gaviria sigue siendo ejemplo y objeto de estudio para los constitucionalistas. Es una lástima que su ejemplo no se mantuviera en las Cortes posteriores.

Pero es que se muere Carlos también el mismo año en que se cumplen los 30 años de la masacre del Palacio de Justicia, o la forma en que el establishment colombiano manejó el desarrollo de un poder judicial independiente: con la destrucción de los expedientes que involucraban a militares en la violación de derechos humanos, la muerte de varios de los magistrados y la represión de los testigos. ¿Cómo gestionará el poder colombiano ahora la progresiva descomposición de un poder judicial cada vez más genuflexo? Que el ejemplo rebelde de la Corte de Gaviria alcance a ser un faro para cualquier propuesta de reforma del poder judicial en Colombia.

Muere también el político, el candidato presidencial alternativo que logró una votación histórica para la izquierda en Colombia, desbancando del segundo lugar al candidato del tradicional Partido Liberal y abriendo el imaginario de la posibilidad de una derrota electoral del establishment colombiano. Las divisiones de la izquierda colombiana y el ataque continuado de la casta periodística convirtió esa posibilidad en un montón de fragmentos. Y merece observarse con detenimiento el hecho de que el hombre que consiguió la mayor concentración de voto alternativo al sistema político tradicional en Colombia fuera un liberal y un hombre ajeno a ese compadreo familiar que es la política en Colombia. Un liberal radicalmente consecuente, claro está.

Pero muere sobre todo la principal voz crítica de Colombia. El hombre que era capaz de defender sus ideas contra cualquier tipo de presión; de repetir sus principios frente a los improperios de la marea de opinadores indocumentados; de dimitir ante un presidente de la República por contradecirle los postulados; de dictar sentencias no solo contra la politiquería, sino contra la mayoría de la opinión pública de su tiempo. Los periodistas ramplones que dirigen medios o tienen programas en el prime time, los fascistas de alma, los comunistas cacrecos, los politicastros de vocación y los fabricantes de juguetes de plástico no están hoy de luto.

El resto, hagan sonar hoy sus cucharillas con un poco más de fuerza contra las paredes de la taza del café con leche. Pongan pañuelos de colores en los cuellos de sus camisas sin corbata. Lean algo de Tomás Gómez, de Evelio Rosero o quizá “Avicena y la izquierda aristotélica”. Hagan hoy tortilla de yuca en vez de patatas. Beban whisky del bueno aunque el médico se lo haya prohibido. Coman o cenen en “La catedral de Zamora”, junto a la Plaza de Chamberí. Todo ello -y otras muchas cosas que no llegué a saber- harían sonreír a un hombre extraordinario que se nos fue, como siempre, quedando pendiente una visita.

Queda sin embargo su obra escrita, sus conferencias en internet, la asociación de constitucionalistas críticos que presidía y su ejemplo indeleble de compromiso. Así como todas esas fotos que el cariño colgará en las redes sociales. El cariño que a Carlos Gaviria Díaz le dejó la política.

Descuide maestro, que ya le cuido yo esa mesa donde el francés.

La cuestión del fondo de pensiones de los europarlametarios ha provocado una dimisión, pero los elementos oscuros del problema no se acaban aquí.

El Parlamento ha incurrido en muchas irregularidades de forma y de sustancia.

Resulta bochornoso que los representantes de la eurocámara no cuestionaran frontalmente el sistema.

Aunque hasta el momento es la única razón que ha provocado una dimisión, que el fondo de pensiones de los europarlamentarios fuera una SICAV, no es el único problema, ni siquiera el central, dado que todos los fondos de pensiones tienen tratamientos fiscales favorables. Por el contrario, existen otros elementos que ponen en duda tanto la posición adoptada por el Parlamento Europeo al respecto, como el pretendido carácter intachable del fondo.

Los hechos son los siguientes. Por decisión de la Mesa del Parlamento Europeo de 12 de junio de 1990 se reguló el régimen voluntario de pensión complementaria de los eurodiputados, disponiendo que la Junta de Cuestores del Parlamento creara un fondo de pensiones. Con este fin se creó en noviembre de 1991 una asociación sin fines de lucro, denominada “Fondo de pensiones-Diputados al Parlamento Europeo”, conforme al derecho luxemburgués, donde los servicios administrativos del Parlamento tienen su sede.

En marzo de 1994, este Fondo formó una SICAV luxemburguesa con el mismo nombre, que se encarga de la gestión de los activos del Fondo y nombra al asesor de inversiones, al depositario, al actuario, a los contables y elige a los auditores externos independientes.

Sin embargo, parte de la administración financiera del Fondo (cálculos relativos a las contribuciones y pagos de pensiones, recaudación de contribuciones y mantenimiento de los expedientes, la lleva a cabo el Servicio de Pensiones de los Funcionarios y de Pensiones y Seguros de los Diputados del Parlamento Europeo. Las contribuciones al Fondo se efectuaban mensualmente, correspondiendo una tercera parte a los eurodiputados (749 euros en marzo de 1999) y dos terceras partes al Parlamento (1498 euros en la misma fecha), que las pagaba con cargo a la partida presupuestaria 1 0 3 3 . La contribución de los eurodiputados era detraída por el propio Parlamento de los pagos de las dietas para gastos generales (3.314 euros mensuales en 1999). Debe tenerse en cuenta que por aquel entonces los eurodiputados no recibían un sueldo del Parlamento europeo, sino de sus propios Estados de origen, y lo que existía era un sistema de dietas en el que los gastos generales eran una suerte de cajón de sastre destinado a sufragar los gastos derivados de las actividades parlamentarias de los diputados que no cubrieran las dietas de viaje o de contratación de asistentes.

En su Informe Especial 10/98, el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas se muestra muy crítico con la indeterminación de los gastos cubiertos por estas dietas generales, aunque en su Dictamen 5/99, emitido a solicitud del Parlamento europeo, no encuentra obstáculo en la legislación vigente para que de ahí se retuviera la contribución al Fondo. Sin embargo constata que, aunque ésta era la práctica que realizaban los servicios del Parlamento europeo, la reglamentación no especificaba ni el modo en que debían abonarse al Fondo las contribuciones, ni la forma de recaudar las contribuciones de los diputados. En este mismo Dictamen, el Tribunal señalaba que debe establecerse una base jurídica suficiente para el Fondo los antes posible, y que el régimen jurídico debería “incluir normas claras que permitieran definir las obligaciones y responsabilidades del Parlamento Europeo y de sus afiliados” en caso de déficit. Todo ello antes de que se apruebe el estatuto del diputado establecido en el art. 190.5 del Tratado y que no entraría en vigor hasta 2009, estableciendo un régimen estable de remuneración y pensiones.

En su Informe Anual sobre el ejercicio 2002, el Tribunal de Cuentas señala un saldo negativo en el Fondo de 41 millones de euros y reitera los señalamientos realizados en 1999, al igual que en los Informes publicados en 2005, 2006 (cuando ya se había aprobado el Estatuto de los diputados, aunque no había entrado en vigor) y 2008. A finales de 2004, el déficit actuarial es de 43,8 millones de euros, ante lo que la Mesa del Parlamento aprueba una serie de medidas, entre las que está reconocer la responsabilidad del Parlamento frente al déficit y eliminar la posibilidad de que los participantes pudieran retirar activos en forma de capital antes de la jubilación.

A finales de 2008, el déficit es de 121,84 millones de euros. Por carta de 4 de mayo de 2009 del Presidente de Parlamento pidió a los administradores no exponer el Fondo a riesgos de fluctuación de los tipos de interés y se adoptara una estrategia de inversión prudente. El déficit se redujo a 84,56 millones de euros a 31 de diciembre de 2009. Como se sabe, el agujero actualmente es de más de 227 millones de euros que pagarán los contribuyentes.

Estos datos son determinantes por cuanto:

Frente al comunicado realizado por el servicio de prensa del Parlamento Europeo, es falso que “un grupo de eurodiputados” creara el Fondo y que en ello “participara” la Mesa, sino que lo hizo el propio Parlamento Europeo a través de la Mesa y de la Junta de Cuestores. Consecuentemente, se trata de un acto de un organismo de la Unión Europea que está sometido a las reglas de transparencia y de acceso a documentos que rigen con carácter general en la UE y el Parlamento tiene la obligación de poner a disposición de la opinión pública toda la información relevante. Dentro de esta información debería incluirse las inversiones realizadas por la SICAV, el tipo de control y dirección que el Parlamento Europeo realizaba sobre ellas y si las inversiones eran compatibles o no con las observaciones que realizara la Comisión en materia de responsabilidad social de las empresas (2001 y 2002) y desarrollo sostenible (2001).

Es también falso que la creación del Fondo pueda relacionarse con el hecho de que algunos europarlamentarios no tuvieran regímenes de jubilación en sus Estados de origen, porque esta situación se afrontó mediante las Decisiones de la Mesa del Parlamento Europeo de 4 de noviembre de 1981 y 24 y 25 de mayo de 1982.

Y es igualmente falso que el agujero del fondo se deba exclusivamente a la crisis financiera, porque al menos desde 2001 existe un déficit actuarial de decenas de millones de euros al que no se puso freno.

Frente a la “absoluta regularidad jurídica” invocada por el Parlamento y por los participantes en el Fondo, resulta muy discutible jurídicamente que un fondo de pensiones de empleo pueda constituirse regularmente sin aportación alguna de las retribuciones del trabajador, y sólo con aportaciones de unas dietas que están destinadas a sufragar y reembolsar gastos relacionados con la actividad parlamentaria y que, por tanto, difícilmente pueden conceptuarse como “remuneración”. Además, puesto que el régimen permitía retirar una parte de las aportaciones en forma de capital antes de la jubilación, resulta que las dietas, mediante el lavado mágico del Fondo, se convertían en dinero para el bolsillo de los europarlamentarios.

Y resulta bochornoso que a ningún honorable representante se le ocurriera preguntar: “Oiga ¿cómo es eso de que el dinero destinado al funcionamiento de mi oficina me va a pagar la jubilación?”.

Frente al desconocimiento invocado por algunos de los participantes, hay que decir que la entidad gestora creada en 1994 se llama “Fondo de pensiones-Diputados al Parlamento Europeo, Sociedad de Inversión de Capital Variable”, que resulta verosímil pensar que algún documento tendrían que firmar los eurodiputados en el que constara el destino de las cantidades que se detraían de sus dietas generales y que la estructura del Fondo consta, al menos, en un Dictamen, un Informe Especial y cinco Informes Anuales del Tribunal de Cuentas que, digo yo, serán documentos de obligada lectura para poder ejercer la función de control asignada a los europaramentarios.

• El autor utiliza un relato de Ursula K. Le Guin (incluido en su colección de relatos “Las doce moradas del viento”) como metáfora literaria de lo sucedido tras las elecciones europeas para plantear diferentes escenarios de futuro en la izquierda.

Al final del relato así titulado de Ursula K. Le Guin, nadie sabe dónde van las personas que, tras contemplar la miseria y el sufrimiento del niño encerrado en un sótano que garantiza la resplandeciente felicidad de Omelas, abandonan la ciudad. Pero todos los que se van de Omelas parecen saber muy bien hacia dónde van.

Sirva esta serena huida como metáfora literaria de los resultados electorales del 25 de mayo. Me dirán que el bipartidismo no es la Fiesta del Verano de Omelas y que un niño desnutrido y preso es un exceso de patetismo para las miserias del sistema político español. Puede que sea cierto, pero la validez de las imágenes no radica en su literalidad, sino en su capacidad de mediar nuestra propia confusión.

Entre las banalidades y los exabruptos que dijo Felipe González contra Podemos esta semana (precisamente en la presentación de un libro que se llama Democracia sin política y respaldado por el logo de La Caixa) hay algo que es cierto. Los movimientos sociales no tienen un proyecto estructurado, coherente y plenamente definido, como quizá (y sólo quizá) lo fueron las grandes ideologías del siglo XX. Como los que abandonan Omelas, parece decirnos Felipe González, los que apostaron por fuerzas abiertas a la influencia del 15M no saben dónde van.

También es cierto que un proyecto de este tipo no lo tiene nadie hoy en día. El bipartidismo finge tener un proyecto que alternativamente apoya una mayoría relativa, pero ya hemos comprobado todos que el margen de decisión que los imperativos sistémicos del poder y la ganancia le deja es cada vez más estrecho. Los partidos de gobierno no van a ninguna parte. Simplemente se quedan en Omelas.

No queda más remedio que elegir. O se confrontan esos imperativos sistémicos en busca de mayores espacios de decisión, asumiendo la incertidumbre del cambio, o se aceptan los imperativos. No es una cuestión de voluntarismo, sino la propia dinámica de la realidad. Cuando has visto al niño preso y desnutrido sabes que no hay margen de negociación con los imperativos. Hollande fue con esa intención a Europa. Ahora tiene un 3% de respaldo popular y al fascismo festejando. Mateo Renzi ha ido con la misma cantinela, y ha vuelto con palmaditas en la espalda.

La política ha retornado a su expresión más íntima, esa que nos enfrenta con la radicalidad de elegir: o se justifica la realidad; o se confronta para transformarla. Para irse de Omelas no hace falta saber exactamente dónde se va. Basta con saber lo que resulta inaceptable.

Pero al tiempo que la política ha vuelto a su radicalidad, el escenario ha cambiado. Las elaboraciones políticas sobre los problemas colectivos ya no se producen de forma exclusiva y concentrada en los partidos, sino que los hace la propia sociedad de forma -claro está- fragmentada y diversa. Cada vez existe menos “mayoría silenciosa”, ese ciudadano que confía en la simplificación de la realidad que le hacen los partidos políticos, porque cuando llegan los partidos, ya se la ha simplificado la tele, la industria cultural, un tuit o la columna de sus amores, pero también porque el activismo que requieren los movimientos sociales de sus voluntarios está sustituyendo a la pasividad que exige la maquinaria partidista de sus militantes como forma de involucrarse con la realidad.

La apertura de los partidos a la sociedad no es algo que esté en discusión. Hace ya tiempo que los partidos elaboran sus plataformas electorales mediante la agregación de demandas y propuestas de lobbies de muy variado cariz que no son susceptibles de una auténtica articulación coherente y sistemática. Lo que los ciudadanos han puesto en discusión el 25 de mayo ha sido cómo se abren los partidos a la sociedad y a qué tipo de elaboraciones deben abrirse. No hay Democracia sin política, sino más bien un modo y un lugar distinto de la política que nos mostró, de manera rotunda, el 15M. Otra ciudad por construir fuera de Omelas.

Los partidos que se han abierto a la influencia y las enseñanzas del 15M tienen, a este respecto, una ventaja objetiva sobre el sistema político tradicional. Tienen un diagnóstico: existe una mayoría social, que no política, de cambio en España. Y tienen un método para convocarla y articularla. Este es el temor del bipartidismo. Porque ellos erraron el diagnóstico y en ambos partidos se está cuestionando el método. La desventaja -claro está- sigue siendo la división.

Los que se van de Omelas, apenas pasan la última casa iluminada de la ciudad se sumergen en las tinieblas de los campos. A todos los movimientos de cambio nos espera una etapa dolorosa de reconstrucción y confluencia. Es la prueba de nuestra madurez y generosidad que muchos están esperando. Un diagnóstico y un método no hacen un proyecto, pero los determinan en mayor medida de lo que pudiera parecer, porque si el método es la participación amplia e inclusiva, la propia práctica del método genera sus condiciones de posibilidad y de eficacia. Un excesivo afán de posicionarse de forma diferenciada dentro de la voluntad de cambio, creo que es un error. La centralidad del proyecto hoy la debe ocupar el método.

La confluencia es posible porque existe una base material de práctica común. Buena parte de los militantes activos de las fuerzas emergentes de cambio se conocen, discuten, transigen y llegan a acuerdos todos los días en Juventud sin Futuro, en Ecologistas en Acción, en la PAH, en las mareas, en la RSP, etc. Aunque parezca contradictorio, la porosidad de las organizaciones políticas hacia los movimientos sociales no creo que sea hoy una fuente de conflicto, sino una condición de confluencia. Las palabras de orden hoy deberían ser “articular”, en vez de “estructurar”, y “reconocer” antes que “definir”.

Es posible también porque no hay contradicción entre las fuerzas, sino más bien complementariedad. El objetivo no son los votos de la izquierda, sino los votos del cambio y esos votos no hablan un único lenguaje político. Ursula K. Le Guin no nos dice porqué se van los que se van de Omelas. Nos dice que permanecen silenciosos uno o dos días, y luego abandonan su hogar.

Podemos ha conseguido un lenguaje capaz de canalizar el descontento y resultados espectaculares en plazas tradicionales del PSOE. Eso ha provocado que las miradas se vuelvan a IU y se cuestione porqué le cuesta tanto interiorizar el método que nos mostró el 15M. Estamos tan acostumbrados a crecer moderadamente que ni nosotros mismos creemos poder liderar un proceso de cambio. Y claro que el cabeza de lista aparece en las fotos del Mundo Obrero desde que yo era niño. Y por supuesto que la lista se elaboró teniendo más en cuenta los equilibrios de poder que las urgencias del momento, que la estética es cutre y que muchas veces la imaginación queda sepultada por el aparato. Pero IU es la formación que ha hecho un esfuerzo mayor de convergencia en la izquierda española. Está claro que no ha sido suficiente. Lo que nadie sabe es cuánto puede dejar IU de parecerse a sí misma sin dejar de convocar a los que siempre estuvieron fuera de Omelas. Podemos casi siempre hizo de la necesidad virtud, pero ahora tiene que estructurarse en órganos que publicitarán las discrepancias y atender los fatigosos equilibrios internos para los que ni la tele ni las redes sociales son un remedio. Ojalá el riquísimo patrimonio de errores de IU en este terreno les sirva de referencia.

Nuestra autora nos dice que los que se van de Omelas lo hacen siempre solos y que cada uno de ellos va hacia el oeste o hacia el norte. Esta vez, no puede ser el caso.

El autor apunta, a partir de los principios de solidaridad y máxima participación, diez propuestas sobre las que debería girar la propuesta constituyente en el Estado español.

La nueva Constitución española tendrá que hacer las cuentas con las dos grandes transformaciones de nuestros días: la fragmentación del sujeto político y de la esfera pública, por una parte; y el surgimiento de un espacio internacional de decisión e interdependencia, por otra. Las consecuencias más determinantes de estas dos transformaciones son la crisis de las instancias tradicionales de mediación política, la pérdida de centralidad del Estado como espacio de integración y articulación de los intereses, y la autonomía del poder respecto a los electores, provocando todo ello una creciente desafección ciudadana hacia la política y los políticos.

Sin embargo, la aspiración de toda constitución democrática no puede ser otra que integrar a los ciudadanos en los procesos decisorios y responsabilizarles de su resultado. Es decir: crear una comunidad política. La sociedad española contemporánea es precisamente lo contrario de una comunidad política: sus características son la separación, la soledad, la fractura. Resulta casi imposible concebir la posibilidad de un proyecto común en estas condiciones. Sin embargo, la respuesta social a la gestión de la crisis supone, de un lado, una cierta rearticulación de la sociedad sobre la práctica de la solidaridad; y, de otro, una repolitización de los ciudadanos sobre la base de demandas concretas y no de grandes proyectos políticos.

La misión principal de la nueva constitución consiste en frenar los procesos de descomposición social y potenciar los procesos en curso que son funcionales a la creación de esa comunidad política. Será, en todo caso, una constitución de transición, destinada a generar la democratización necesaria para reconstruir un espacio público donde sea posible formular proyectos comunes.

Las recientes experiencias constituyentes muestran que el proceso se desencadena por un vuelco electoral en favor de una opción constituyente o la politización de grupos tradicionalmente excluidos que emergen como actores hegemónicos. En España, el vuelco electoral todavía parece lejano porque, si bien es cierto que se reduce el apoyo electoral de los dos grandes partidos, tres de cada cuatro votos que pierden va a la abstención y sólo uno a las alternativas. En cambio, la dinámica social muestra la emergencia política de un actor múltiple, que carece de un proyecto político definido y que rechaza su inserción política a través de los partidos. Su articulación política se produce a través de la práctica de la solidaridad, del voluntariado y de la protesta.

Está por ver si ese nuevo actor es capaz de consolidarse y si lo hará a través de las dinámicas que hasta el momento ha presentado. En todo caso, no parece que pueda responder unitariamente a lo que tradicionalmente venimos considerando un programa de gobierno, sino que más bien podría articularse en torno a una opción que hiciera de la apertura del proceso constituyente el elemento central de su propuesta. Ello plantea un reto formidable, porque si es cierto que la nueva constitución podría dotar al actor emergente de la unidad y la integración políticas de las que carece, al mismo tiempo tendrá que respetar el carácter múltiple, diverso y fluido del movimiento para que pudiera apropiarse de la constitución naciente. La participación no puede ser un resultado, sino el propio método constituyente.

Los ámbitos concretos en los que la participación debería manifestarse serían los siguientes:

1. La demanda ciudadana por un sistema electoral que refleje de forma más adecuada las divisiones políticas de los españoles es clara. Las reformas deben ser de carácter constitucional, ampliando el tamaño de las circunscripciones electorales, permitiendo la recuperación de voto en un colegio nacional residual y eliminando la corrección territorial del sistema a través de una auténtica cámara de representación territorial.

2. Debería formularse no sólo un derecho de participación “política”, sino un derecho de participación a secas que fuerce y ampare las prácticas experimentales que deberán ir desarrollándose en diferentes ámbitos e instancias hasta dar con el diseño institucional adecuado.

3. Por otra parte, la sistemática de ordenación de los derechos debe expresar que éstos no son exclusivamente límites al poder de la mayoría, sino también condiciones necesarias para que la mayoría se constituya y participe. Por ello, el principio participativo -que es uno de los contenidos que expresamente deben atribuirse a la definición democrática del Estado- debe emerger como un criterio interpretativo del contenido y el alcance de los derechos.

4. En estos términos, los derechos a prestaciones y servicios públicos se revelan no como derechos individuales, sino como garantías de intereses colectivos y difusos necesarios para la integración política y social de grupos en riesgo de exclusión, pero también para que la comunidad política pueda constituirse y funcionar. La solidaridad emerge así como uno de los principios constitutivos del Estado, no sólo a nivel interterritorial, sino transversal, afectando a la propia interpretación de los derechos.

5. Los mecanismos participativos deben ampliarse mediante la introducción de referendos vinculantes, revocatorios de los cargos públicos electivos, y de la iniciativa popular, eliminando la toma en consideración de las iniciativas legislativas populares e incorporando derechos nuevos en materias que la realidad ha ido mostrando como fuente de nuevas desigualdades y asimetrías. Así, debe lucharse contra el dominio estratégico de la información y del conocimiento a ella asociado, contra la brecha digital, convirtiendo en un bien público el acceso a y el uso de las nuevas tecnologías, o la protección de la persona en los entornos virtuales. Los trabajos adelantados por el ciberactivismo resultan cruciales a este respecto.

6. El desarrollo de la democracia participativa exige poner fin al proceso de desmantelamiento de lo local que se está impulsando en el sur de Europa por parte de la troika. Lo local no debe incorporarse constitucionalmente simplemente como un “nivel” administrativo, sino como “democracia local”, como un ámbito valioso para el aprendizaje y la práctica de la democracia en donde es posible experimentar nuevas formas de relación entre la administración y el ciudadano. A este respecto conviene no dejar al albur de la voluntad del Estado y de los niveles intermedios la articulación competencial de lo local, sino incluirlo en el sistema de reparto competencial previendo técnicas de colaboración para los entes menos poblados.

7. El tamaño y la complejidad del Estado contemporáneo hacen imposible un monopolio del control de su actividad por parte del poder judicial. Es necesario desarrollar otros mecanismos de control horizontal de los poderes públicos basados en la idea de “control social”, abriendo la designación de sus miembros a los movimientos sociales y estableciendo acciones populares colectivas.

8. Para ello se requiere que se sienten las bases constitucionales para una definición sectorial precisa de los ámbitos de actividad pública, distinguiendo entre aquéllos cuya complejidad técnica requiere un conocimiento especializado de los que pueden y merecen ser controlados por el común, así como de protocolos, buenas prácticas y modelos que permitan volcar la actividad pública en documentos accesibles para -e inteligibles por- la mayoría de la población. Existe ya un importante conocimiento acumulado a este respecto en la práctica comparada de las instituciones participativas.

9. Sería igualmente necesario potenciar decididamente el papel del parlamento en la política de España ante la Unión Europea, no sólo mediante auténticas competencias de control sobre la acción exterior del ejecutivo, sino con autorizaciones e intervenciones previas (el modelo alemán ofrece un buen campo de reflexión a este respecto). La ratificación por referéndum de las reformas de los tratados debería ser un requisito constitucionalmente previsto.

10. Finalmente, la Constitución tendría que establecer un método de reforma abierto a la iniciativa popular y cuyo único elemento de rigidez fuera el referéndum aprobatorio, contemplando la convocatoria de una asamblea constituyente como método de reforma total.

El autor plantea la cuestión del voto en blanco en España, haciendo referencia, en primer lugar, a su caracterización como voto comprometido de disenso y, en segundo término, a los efectos que un hipotético aumento del mismo tendría en el caso español.

En una entrega anterior abordaba la cuestión de qué hacer con el voto en blanco por referencia a su regulación en Colombia y los resultados de sus recientes elecciones legislativas. En este artículo pretendo replantear el problema haciendo referencia al caso español, como se solicitaba en algunos de los comentarios hechos a aquella entrega. Para ello me referiré en primer lugar a la cuestión del mérito, es decir, si una opción puramente negativa como la del voto en blanco merece ser representada en democracia, para ver después qué efectos puede tener un aumento del voto en blanco en el sistema electoral español.

Si en otros momentos históricos el voto en blanco se ha podido identificar con el voto de la indiferencia hacia la política o de la equidistancia frente a las fuerzas políticas, hoy cada vez parece más aceptado que es el voto del disenso, de la protesta frente al sistema político existente. No es un voto “pasota”, sino comprometido, pero sin proyecto o, al menos, sin un proyecto público que se someta a discusión. El voto en blanco renuncia a producir gobierno, a “conquistar el poder”. Su único objetivo expreso es deslegitimar lo existente. Esta pura negatividad que está detrás de la lógica del voto en blanco hace que, si bien su radicalidad resulte idealmente coherente con la democracia a secas, sea absolutamente incompatible con su forma actual de democracia representativa o de élites.

Si concebimos la democracia no como un estado, sino como un proceso de democratización paulatina tanto de las instituciones como de las propias estructuras económicas y sociales, entonces la deslegitimación social de lo existente es un paso necesario de todo avance democrático. En este orden de ideas, aunque el voto en blanco es incapaz de producir gobierno, sí podría influir en el estado de opinión favorable al cambio, pero con el peligro de que no le dota de ninguna dirección precisa. Ello puede resultar funcional a los intentos contemporáneos de configuración teórica y política del rechazo mediante movimientos sociales que expresamente renuncian a la “conquista del poder” como medio de transformación, para situarse fuera de los mecanismos del sistema entendiendo que es el espacio adecuado de transformación de las relaciones sociales.

Para evitar los efectos destructivos que pudiera tener un voto masivo en blanco, las soluciones pueden ser dos: no asignarle ningún efecto institucional directo, como es el caso español, en cuyo caso las reflexiones que pudiera motivar un aumento significativo del voto en blanco estarían necesariamente mediadas por el sistema político contra el que se vota, que probablemente aceptaría la necesidad de un cambio, pero limitado a lo estructuralmente asumible por el sistema; o bien prever directamente esos efectos asumibles, como ocurre en Colombia. De esta suerte, mi elección radical de no ser representado acabaría, paradójicamente, en la representación obligatoria de mi voluntad por lo que, en sus consecuencias inmediatas, el voto en blanco se mueve entre la irrelevancia y la interpretación oportunista.

En cuanto a los efectos concretos que los votos en blanco tendrían en el sistema electoral español, el más repetido consiste en que, computando como “votos válidos” y disminuyendo la cantidad de votos a repartir entre las listas, dificultaría la superación del umbral electoral por parte de los partidos minoritarios, favoreciendo así el bipartidismo. Puesto que el umbral electoral varía entre tipos de elecciones y se aplica en las circunscripciones electorales, habrá que analizar este efecto de forma separada en las distintas elecciones y en cada circunscripción, lo que supera con mucho el espacio de este artículo.

En términos generales, y centrándonos sólo en dos tipos de elecciones, podemos decir que la media de municipios en los que el umbral electoral del 5% ha tenido efectos desde las elecciones de 1979 ha sido del 1,8%, si bien ha aumentado desde el 1,2% de las primeras elecciones hasta el 3,2% de las últimas. El porcentaje medio de votos obtenido por el partido más pequeño representado en los ayuntamientos es bastante alto, del 24,8%, lo que se debe a la cantidad relativamente baja de listas que se presentan, mientras que el porcentaje medio de votos del mayor partido que queda sin representación es muy bajo, del 1,7%, siendo el más alto el de las elecciones de 2007, que llegó al 2,7%.

Respecto a las elecciones generales, el umbral del 3% de los votos válidos no es operativo, toda vez que ningún partido que quedó fuera del reparto de escaños por obra del umbral hubiera obtenido representación de no haber existido éste. Baste como ejemplo que en las elecciones de 2011 el porcentaje más bajo de votos en una circunscripción para conseguir representación fue del 5,92%, por el que UPyD consiguió el último escaño en juego en Valencia. IU no consiguió diputado en Córdoba en 2011 con un 9,82% de los votos válidos, pero sí en Málaga con un 9,02%.

Atendiendo a este último dato, cabe también preguntarse por el efecto que, superado el umbral, podría tener el voto en blanco en el reparto de escaños. Como se ha señalado reiteradamente, para las elecciones generales el tamaño de las circunscripciones en España hace que un mismo sistema electoral se comporte como tendencialmente mayoritario en las circunscripciones pequeñas, moderadamente proporcional en las medianas y tendencialmente proporcional en las grandes, de suerte que para que pueda obtener representación un tercer partido hace falta que se elijan entre 5 y 6 diputados (con las excepciones de Lleida, que repartió 4 diputados entre 3 partidos en 2008 y 2011, y Araba, que repartió 4 diputados entre 3 partidos en 2008 y entre 4 en 2011), y para que lo haga un cuarto, se deben elegir entre 7 y 8 diputados. De esta suerte, el voto en blanco tiende a ser irrelevante en las circunscripciones pequeñas, en las que hay que rondar el 20% de los votos para tener representación, aunque sí puede tener efecto en circunscripciones en las que se puede conseguir un diputado con un porcentaje relativamente pequeño de los votos, como Valencia.

Respecto a la proyección de futuro, diversos estudios señalan que, frente a la etapa anterior de consolidación del bipartidismo, desde 2004 se observa en las elecciones generales una tendencia a la reducción del número de votos de los dos partidos mayoritarios en beneficio de la desafección (entendiendo por tal la suma del voto en blanco y de la abstención) y, en menor medida, de las alternativas (según la intención de voto en julio de 2013, con todas las reservas pertinentes, sólo entre 1 de cada 3 y 1 de cada 4 votos que pierde el bipartidismo iría a las alternativas). No he encontrado proyecciones sobre los efectos de un crecimiento significativo del voto en blanco, con lo que cualquier afirmación resultaría aventurada. Pero el hecho de que en estos estudios el voto en blanco se compute conjuntamente con la abstención electoral, en la que es imposible distinguir la protesta de la abulia y la pereza -lo que vuelve discutible concebirla como “desafección” cuando es enormemente funcional a la reproducción del sistema mediante alternancias nominales sin cambios de rumbo- da idea de lo lejos que está el voto en blanco en España de convertirse en una opción con voz propia.

El autor plantea, al hilo del caso colombiano, el dilema sobre cómo tomarse en serio el voto en blanco en los sistemas políticos.

En noviembre saltaron todas las alarmas. Según las encuestas de intención de voto para las elecciones legislativas colombianas que se celebraron el 9 de marzo pasado, el voto en blanco alcanzaba entre el 23% y el 30% de preferencia y amenazaba con convertirse en la primera opción política de los colombianos. Todos los candidatos se apresuraron a introducir en sus argumentarios de campaña referencias al peligro del voto en blanco; los columnistas se esforzaron en mostrar que sí había políticos honestos y capaces por los que votar; y el diario El Espectador no se anduvo por las ramas: a mediados de enero, cuando alguno de los comités promotores del voto en blanco comenzaba a tener espacio en los medios, publicó que las mismísimas Farc proponían el voto en blanco, aunque de la transcripción literal de las declaraciones en el cuerpo de la noticia no se desprendía llamamiento alguno que justificara tal titular.

Una cuestión que cobra relevancia en esta época de indignación es la de cómo expresar el puro disenso. Las elecciones no son un mecanismo válido en tanto que sólo permiten expresarlo mediante el apoyo a una propuesta concreta de cambio, que será la que obtenga -si es el caso- la legitimidad social y la fuerza electoral necesarias para realizarse en la práctica. No hay vacíos en política. Sin embargo, creo que hoy en día hay muchos electores deseosos de deslegitimar de forma contundente a las elites políticas y promover cambios drásticos en el sistema político e institucional, pero a los que no convencen las opciones que se muestran como alternativas o que necesitan confrontarlas con otras propuestas de cambio en un debate nacional abierto. ¿Cómo pueden estos electores moderados deslegitimar lo existente y forzar el debate sobre el cambio? ¿Cómo puede un elector castigar al sistema político sin legitimar al mismo tiempo una composición distinta del mismo?

La manifestación electoral de la indignación ha sido el “voto bronca”, que en las elecciones legislativas argentinas de octubre de 2001 llevó los votos blancos y nulos al 22%, cuando en las elecciones anteriores había sido inferior al 4,5%, restando a los partidos 4,4 millones de votos. Sin embargo, en Argentina fue el voto conscientemente anulado, y no el voto en blanco, el que obtuvo un crecimiento más espectacular.

En Colombia el voto en blanco se configura como una auténtica opción con efectos jurídicos propios. En la Sentencia C-490 de 2011, que juzgaba la constitucionalidad de la Ley 1475 de 2011, conocida como “Reforma política”, la Corte Constitucional declaró que el voto en blanco es “una valiosa expresión del disenso con efectos políticos a través del cual se promueve la protección de la libertad del elector y como consecuencia de este reconocimiento la misma Constitución le adscribe una incidencia decisiva en procesos electorales”. El parágrafo 1º del art. 258 de la Constitución colombiana, introducido en 2009, obliga a repetir por una sola vez cualesquiera elecciones, salvo la segunda vuelta presidencial, “cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría”, lo que fue interpretado por la Corte como al menos un voto más de la mitad de los votos válidos, declarando inconstitucional el artículo de la Reforma política según el cual bastaba que el voto en blanco hubiera obtenido más sufragios que la lista más votada. En las nuevas elecciones, si son a cargos unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que si son a corporaciones públicas, se excluyen las listas que no hubieran superado la barrera electoral.

Para ello se habilita una casilla en la papeleta electoral (conocida como el “tarjetón”) que debe ser marcada, de suerte que se distingue entre votos en blanco y votos no marcados, no computando estos últimos para la repetición de las elecciones, y se permite la inscripción de partidos y agrupaciones de electores promotores del voto en blanco con igualdad de acceso a la propaganda y la financiación que aquellos que presenten listas, en cuyo caso se crearían casillas propias de voto en blanco para cada grupo promotor a efectos de computar los votos que darán derecho a la financiación pública. Ninguno de los promotores del voto en blanco ha conseguido en Colombia las 50.000 firmas necesarias para la inscripción.

No cabe duda de que el colombiano es el primer sistema que se ha tomado en serio el voto en blanco, pero la solución adoptada es discutible. Si el voto en blanco se considera una opción política “valiosa” que merece producir efectos, habrá que hacerlo en igualdad de condiciones con el resto de electores, es decir, asignándole los escaños que le correspondan, que permanecerían vacíos como símbolo del descontento ciudadano, y no atribuyéndole un único efecto excepcional como es la repetición de las elecciones. En el caso de las elecciones unipersonales, la prohibición de presentar los mismos candidatos a las nuevas elecciones supone un castigo a la elite política que es coherente con la idea de voto protesta, pero en el caso de las elecciones a órganos colectivos, la repetición de las elecciones tendría el efecto paradójico de reforzar a los partidos contra los que se protesta. Ello es así porque es previsible que, de obtener el voto en blanco más de la mitad de los sufragios, serían pocos los partidos que sobrepasarían el umbral electoral. Éstos podrían volver a presentar sus listas a las nuevas elecciones, en las que no participarían las minorías, por lo que su porcentaje de votos sería superior al obtenido en la elección anulada. El voto protesta se convierte así en un instrumento de reducción y refuerzo del sistema político existente.

La utilización del voto en blanco como voto protesta en Colombia se ha producido en las elecciones al Parlamento Andino. En 2010 ya fue la opción más votada, aunque no consiguió superar la mitad de los votos válidos. En las elecciones del pasado domingo sí la ha superado, después de que los partidos que integran la coalición de apoyo al presidente retiraran sus candidaturas y se ejecutara una poderosa campaña publicitaría en favor del voto en blanco por buena parte de los líderes de opinión. Se trataba de impedir la elección de un órgano cuando ya existe acuerdo para que deje de ser de elección directa, aunque la ley colombiana de reforma del sistema de elección no ha podido entrar en vigor porque está pendiente del control previo de constitucionalidad. En este caso, el voto en blanco, más que un voto protesta, es un voto de apoyo al poder ejecutivo en sus planes de supresión del Parlamento Andino y de presión sobre la Corte Constitucional para que lo valide.

Al final el voto en blanco en las elecciones a Cámara y Senado en Colombia ha quedado en un porcentaje asumible, pero la deslegitimación del sistema político colombiano es patente. A las viejas prácticas del cacicazgo electoral, las dinastías políticas, la compra de votos y la cooptación de los electos por el crimen organizado, se suma una bajísima participación. Si del raquítico 43,5% de participación en la elección del Senado -la Cámara principal en el sistema colombiano- restamos los votos en blanco, los votos no marcados y los votos nulos (más de un 10% por segunda elección consecutiva), resulta que sólo un 22% de los colombianos con derecho a voto ha votado por alguien en estas elecciones. Algo querrán decir los electores.

Para recuperar la soberanía y libertad perdidas, la ciudadanía debe implicarse en un auténtico proceso constituyente.

El pasado martes 3 de diciembre se celebró en el salón de honor de la Universidad de Valencia el acto de constitución de la Mesa Social Pro-constituyente de la Comunidad Valenciana. Como otras muchas acciones que se están dando en diversos lugares de España, la de Valencia supone una reunión de mujeres y hombres dispuestos a sentar las bases de un proceso de cambio constitucional desde abajo, mediante la discusión de temas que no están en la agenda de los medios de comunicación, ni en la de los grandes partidos ni en la de las corporaciones económicas y burocráticas. Es una llamada a la activación de ciudadanos y ciudadanas libres que estén convencidos de ser soberanos y dispuestos a ejercer el poder que ello conlleva.

Días más tarde, en los corrillos de la celebración del trigésimo quinto aniversario de la Constitución de 1978, se hablaba de reforma. Proceso constituyente y reforma constitucional son cosas muy distintas, no sólo en cuanto a la extensión y la intensidad del cambio, sino, sobre todo, respecto al papel que juegan los ciudadanos en uno y en otra. La reforma constitucional es un pacto entre vértices burocráticos -esos que hemos oído decir que no, que no, que no nos representan, que no- en el que, de llegar a darse el pronunciamiento de los ciudadanos, será sobre un texto ya acordado. Un proceso constituyente requiere la iniciativa y el papel activo de los ciudadanos para poner sobre la mesa los temas de los que no quieren oír hablar las elites. Si un objetivo primordial del cambio constitucional en España es poner fin al monopolio de los partidos sobre la iniciativa política, abriendo las instituciones a la participación de las nuevas formas de organización ciudadana, una reforma puntual controlada y manejada exclusivamente por los grandes partidos no parece el método más adecuado. Reducir el estado de partidos no es una reforma de la constitución: es cambiar de constitución.

Si la iniciativa ciudadana es siempre saludable, ahora es una necesidad ineludible. El bochorno que nos producen nuestras elites dedicadas al compadreo que les permita mantener el cargo, a la permisividad que les garantice una carrera profesional exitosa, a la obediencia, la adulación y el robo, no lo van a cambiar ellas si no damos nosotros el paso. No se trata de un deber cívico o moral. Se trata de autoconservación.

Decía Spinoza que el fin del Estado es lograr que el alma y el cuerpo de las personas desempeñen sus funciones con seguridad y se sirvan de la razón libre. Es precisamente la seguridad lo que nos están hurtando cuando nos obligan a vivir consumidos por el miedo a perder la casa o el trabajo, cuando nos dicen que nuestra educación no sirve y que nuestra salud no está garantizada. Es la razón libre lo que perdemos cuando nos amenazan con represalias por protestar, cuando nos obligan a ser bestias o autómatas porque “no hay alternativa” o porque somos impotentes frente a los mercados: pensar que no existe otra opción es dejar de pensar. Y además es falso. La seguridad y la razón libre es lo que recuperamos cuando nos reunimos a discutir qué opciones existen, qué se debe cambiar y cómo podemos hacerlo.

Como todas las constituciones, la española de 1978 es fruto de sus circunstancias, y si en el momento de su aprobación se era muy consciente de los errores e insuficiencias motivados por esas circunstancias, la construcción de un relato legitimador de la transición particularmente intenso, llevó a que las deficiencias se fueran obviando. Hoy se nos presentan de forma abrumadora: no hay garantías de los servicios públicos; la organización territorial del estado nunca se constituyó y se dejó en manos del acuerdo político o, en su defecto, del Tribunal Constitucional; los ciudadanos están completamente ausentes de los procesos decisorios; el poder puede ejercerse en la sombra, sin medios para forzar debates abiertos y transparentes; los órganos de control se nombran por los que tienen que ser controlados; el Parlamento es un órgano de asentimiento del Poder ejecutivo; un tercio de los votantes sirve para otorgar una mayoría aplastante; podemos ser espiados impunemente; los extranjeros son parias acuchillados; la política económica no se puede controlar y Alemania nos reforma la Constitución cubierta por la Unión Europea.

Si aquellas circunstancias explican la Constitución, lo que no pueden es legitimarla 35 años después, cuando sus indudables logros se desvanecen y la mayoría que entonces no pudimos votarla, asistimos a la transformación del proyecto de modernización en la ganancia de una minoría que está en posición de rentabilizar la crisis. Lo común, aquello que compartíamos cuando la Constitución fue aprobada, ya no es nuestro: se está subastando en despachos a los que no llegan nuestra voz ni nuestros oídos.

Alguien podría pensar que las circunstancias actuales no son las más idóneas para afrontar un proceso constituyente. Mostraría mucha prudencia y poco conocimiento histórico, porque las constituciones se han hecho siempre en momentos de crisis. Es natural que así sea. En las crisis los discursos legitimadores se hacen pedazos y la tozuda realidad emerge sin mediaciones psicológicas. En las crisis el rey siempre está desnudo, el poder es incapaz de justificarse a sí mismo y el miedo al cambio se atenúa.

Pero no nos engañemos. La discusión no es si la Constitución debe o no debe cambiarse. La Constitución ya ha sido alterada y lo será aún más en el futuro porque la realidad ha desbordado las fronteras de sus arreglos institucionales. La discusión es quién y cómo debe cambiar la Constitución. Eso es lo que nos corresponde a los ciudadanos: decidir si queremos que la Constitución nos la cambie de hecho la minoría que está llamada a interpretarla y aplicarla, consolidando en el tiempo prácticas que son contrarias a su letra y que finalmente se identifican con la “constitución”; o si queremos ser los protagonistas de un cambio expreso a través de un proceso constituyente que nos dé voz frente a los intereses minoritarios pero poderosos.

Las dos cosas no son iguales. Para la primera basta con no hacer nada y dejar que las cosas sucedan tal y como lo vienen haciendo. La segunda es un engorro: exige acción, coraje e iniciativa, pero pone en manos de la gente común una importante parcela de poder de la que actualmente carecemos. En la segunda somos ciudadanos. En la primera somos súbditos: una masa indeterminada que otorga su consentimiento a decisiones en las que en realidad no participa.

Estos años de crisis nos han mostrado que la protesta es necesaria, pero también que el poder disfruta de muchos medios para obviarla, minimizarla o reprimirla. Sólo si nos mostramos dispuestos a intervenir en esos medios mediante un proceso constituyente, nuestra protesta será sentida por el poder como una amenaza. El primer paso para ejercer el poder que nos permita cambiar la aterradora realidad en que vivimos es convencernos de que somos soberanos. Y de que sólo siendo soberanos somos libres. Algunos ya han dado el paso. Ya se sienten soberanos. Están comenzando a ser libres.