Ciento setenta y nueve años después del nacimiento de Herculine Barbin (8 de noviembre de 1838-febrero de 1868), el 8 de noviembre de este año, fecha conmemorativa del Día por la Solidaridad Intersex, el Tribunal Constitucional de Alemania ha publicado la sentencia de 10 de octubre del presente en el que insta al Estado alemán a reconocer jurídicamente un tercer sexo en el Registro Civil antes del 31 de diciembre de 2018. Lo que aparentemente puede ser considerado una conquista del movimiento intersex, deja muchas zonas de penumbra que me gustaría señalar.

Primero quisiera contextualizar esta sentencia. En el año 2012, el Deutscher Ethikrat, un conjunto de expertos dependiente del Bundestag, elaboró un extenso informe bajo el somero título “Intersexualität. Stellungnahme”. Este comité ético denunció los tratamientos médicos de “normalización” que atentan contra el derecho a la integridad física, el respeto por el género o la identidad sexual o el derecho a la libertad reproductiva, así como propuso una serie de recomendaciones médicas y jurídicas entre las que se encontraban la prohibición de los tratamientos médicos de normalización sin consentimiento o la incorporación de una tercera categoría en la inscripción registral bajo el nombre de “anderes” (otro).

Con este informe en la mano, en mayo de 2013 el gobierno alemán incorporó la categoría “sexo indeterminado” (unbestimmte Geschlecht) con la Gesetz zur Änderung personenstandsrechtlicher Vorschriften (Personenstandsrechts-Änderungsgesetz). Como ya señalé en este mismo diario hace unos años, esta reforma supone una discriminación hacia las personas intersex porque hablar de “sexo indeterminado” presupone que hay un “sexo determinado”, lo que provoca polarización, clasificación y, en definitiva, patologización. Que un recién nacido pueda ser inscrito como X, en lugar de hombre o mujer, no conlleva evitar las cirugías de normalización. Es decir, un bebé puede ser inscrito con sexo indeterminado y sufrir mutilaciones porque sus genitales no se “adaptan” a la forma y tamaño que prefigura la “norma” binaria hombre-mujer.

Ahora el Tribunal Constitucional alemán obliga al legislador a que antes del 31 de diciembre de 2018 haga una reforma legal para incorporar una tercera categoría en el Registro Civil, a saber: “inter” o “diverso”. Lo que aparentemente podría ser un cambio significativo para proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas intersex, esconde un grave peligro. El Tribunal Constitucional entiende que con la simple modificación registral se solventan las graves violaciones contra los derechos humanos de las personas intersex. Que una persona pueda inscribirse como “inter” o “diverso”, como desde 2013 “indeterminado”, no evita las mutilaciones que sufren las personas intersex. De esto el Tribunal Constitucional alemán no dice nada. No dice nada de los 1000 menores de edad intersex que entre 2005 y 2014 fueron mutilados en Alemania en las llamadas “cirugías de feminización”. Ninguna crítica o denuncia sobre las (mal) llamadas cirugías de normalización. Ninguna crítica o denuncia contra la experimentación hormonal con recién nacidos intersex. Ninguna crítica o denuncia contra las presiones que, en ocasiones, el dispositivo médico realiza a las madres/padres de menores intersex para someterlos a cirugías/mutilaciones. Silencio. Y el silencio es cómplice de la tortura. Ya lo dijo Naciones Unidas en su informe de 2013 “Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”: estamos ante un caso de tortura infantil.

Si ante la tortura lo único que hacemos es modificar el Registro Civil, dice mucho de la falta de comprensión de un grave problema. Este consiste en asociar genitalidad con inscripción registral. Cuando en este próximo año Alemania modifique su legislación cumpliendo con la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que tendremos será la distinción normativa entre los cuerpos que cumplen con la norma “mujer”, los cuerpos que cumplen con la norma “hombre” y los otros cuerpos, aquellos que incumplen con la norma “hombre” y con la norma “mujer” (¿y qué hacemos con las personas no binarias?). Crear nuevas categorías en el Registro Civil basadas en las características biológicas no es la solución del problema, sino su conservación.

La solución, por tanto, no está en crear nuevas categorías registrales, sino en eliminarlas todas (y, hasta que llegue ese momento, establecer la no obligatoriedad de la inscripción del sexo): eliminar la asignación de sexo en el Registro Civil, prohibir todo tratamiento médico o intervención corporal sin consentimiento (sobre todo en personas menores de edad), asegurar los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la integridad física. Y esto sobre la base de un principio bien conocido: “verdad, justicia y reparación”. Es hora de reivindicar la memoria histórica de las personas intersex, de reparar las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido y se siguen cometiendo en atención a las características sexuales de las personas.

En definitiva, esta sentencia del Tribunal Constitucional alemán es una suerte de “pinkwashing”: un lavado de imagen para esconder las manos manchadas de sangre por las mutilaciones ejecutadas sobre personas intersex. Es hora de construir un nuevo derecho. En el borrador de Ley para el Estado español de la Plataforma por los Derechos Trans se dice claro: garantizar el derecho a la libre autodeterminación de la identidad y expresión de género de las personas. Y para ello es preciso poner fin a las graves violaciones sobre los derechos humanos de las personas intersex. Como ha señalado Mauro Cabral, “lo demás es un intento absurdo, ignorante y fóbico de imponerle a la carne saberes que le son tan ajenos como violentos”.

Con su pastoral sobre la Ley de Identidad y Expresión de Género, la Iglesia católica vuelve a mostrar que jurídicamente se encuentra en la Edad Media

Presos de un fanatismo muy actual, los eclesiásticos firmantes olvidan hasta el tradicional respeto cristiano a la naturaleza

El pasado 21 de marzo, los obispos de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, y Getafe, Joaquín María López de Andújar Cánovas del Castillo, junto con el auxiliar de este último, José Rico Pavés, emitieron unas reflexiones pastorales tras la aprobación en la Asamblea de Madrid de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación. La carta, escrita “con profundo dolor” tras conocer la aprobación de esta ley, califica este hecho de “muy grave e injusto”. Y fundan esta gravedad e injusticia en el derecho natural, aquella doctrina que impuso durante siglos la idea según la cual el derecho creado por el ser humano dependía directamente de la ley de dios. Es por ello que, dicen estos prelados, no puede haber discriminación (de las personas trans e intersexuales) “cuando esa defensa se funda en una comprensión equivocada del ser humano”. De ahí que la única respuesta posible sea el incumplimiento de la ley (“se trata, en esencia, de una ley injusta y, por tanto, a nadie obliga en conciencia”), apelando a una “emergencia cívica de los católicos”.

En primer lugar, los obispos atacan al derecho a la autodeterminación de sexo y género que establece el artículo cuarto. Señalan que se trata de una “expresión ideológica del legislador que choca frontalmente con la antropología cristiana”. Posteriormente, señalan que la diferencia sexual (hombre-mujer) es algo natural procedente de la “teología de la creación”. Para, al final, sentenciar que se trata de una ley que “aboca a un pensamiento totalitario” enmarcado en un “proyecto global planificado, científica y sistemáticamente, contra el orden de la creación y de la redención”.

Quisiera recordarles a los firmantes de esta carta algunos hechos. Durante siglos, por ejemplo, las personas intersexuales fueron condenadas a morir en la hoguera (porque su mera existencia suponía un “delito nefando contra natura”). Hoy en día son mutiladas al nacer, aspecto este que la ley madrileña –por primera vez en España– prohíbe (artículo 15). No obstante, la propia Iglesia católica entendió la intersexualidad como algo natural: pensemos en el término para referirse a dios en el libro del Génesis (Antiguo Testamento): “Elohim”, la mezcla en un mismo cuerpo de lo masculino y lo femenino; o en la doctrina del Papa Inocencio III (Siglo XIII), que entendía a Adán como una persona hermafrodita. Del mismo modo, ya que los obispos utilizan a Cicerón, cabe recordar el magnífico texto El banquete, de Platón, donde se narra cómo originalmente existían tres sexos: hombre, mujer y andrógino. Incluso en el plano jurídico, allá por el siglo XVII, el juez valenciano Lorenzo Mateu y Sanz salvó de la hoguera a una persona intersexual: ¿quiénes somos nosotros –se preguntaba este juez–, simples mortales, para contradecir los designios de la naturaleza?

Esta ley no ataca la antropología cristiana. Al contrario, defiende a quienes se encuentran en una posición de especial vulnerabilidad. Los ataques (físicos y verbales) contra las personas transexuales en nuestras ciudades son cada vez más habituales, así como el bullying transfóbico que sufren los menores trans y que, en ocasiones, lleva al suicidio (una forma de “asesinato social”) o las mutilaciones genitales de personas intersexuales en los hospitales de este llamado occidente democrático y defensor de los derechos humanos, pasando por la discriminaciones laborales o sanitarias.

Esta ley se enmarca en un cambio profundo en las estructuras jurídicas de nuestro Estado que estas últimas semanas estamos viviendo. Primero esta ley madrileña tan necesaria para garantizar vidas vivibles, vidas que puedan ser vividas, especialmente por menores de edad (después de Malta, es la segunda ley en el mundo en prohibir las mutilaciones genitales a menores intersex –Chile lo ha hecho por medio de una circular ministerial en diciembre de 2015–). Pero a ello hay que sumar dos resoluciones judiciales sin precedentes: 1) la Magistrada del Registro Civil de Mislata (Valencia), contra la literalidad de la Ley 3/2007 (de rectificación registral de sexo y nombre: requiere de un informe de disforia de género y dos años de tratamiento hormonal) que excluye a los menores trans, ha permitido (¡por primera vez!) que en el DNI de un menor aparezca, por fin, el sexo que siente (y sin necesidad de pasar por el tratamiento hormonal); y 2) el Tribunal Supremo ha elevado al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por excluir a los menores transexuales. Son tres hechos que nos marcan el nuevo paradigma sobre el que debe asentarse el derecho: la autodeterminación de sexo y género como piedra angular de los derechos fundamentales.

No deben temer los obispos estos cambios. El único pensamiento totalitario es aquel nacional-católico que durante tantos años padecimos en la muy grave e injusta (esta sí) dictadura que sufrimos y que la Iglesia católica bendijo. Entonces, ¿están ustedes, señores obispos, a favor de la patologización de las personas transexuales, de la violencia que cotidianamente sufren por parte del propio Estado (por acción u omisión), o de las mutilaciones de bebés intersexuales? Señores obispos, la única comprensión equivocada del ser humano es aquella que ampara, oculta y protege a pederastas. Y, aunque parece que las leyes terrenales no les afectan, debo pedirles, por último, que se lean el artículo 510 del Código Penal, no vaya a ser que estén cometiendo un delito. Al resto, sobre todo a lxs niñxs, déjennos vivir en paz.

Balance de los logros alcanzados en la lucha por los derechos de las personas intersexuales

En el día por la visibilización de las personas intersexuales (mañana, 26 de octubre), quisiera hacer balance del último año y medio. Porque han sido muchos los logros conseguidos, después de años de lucha, y es hora de que se reconozcan. Podemos situar 6 documentos históricos para la lucha de las personas intersexuales.

El primero, fechado en mayo de 2014 y firmado por la Organización Mundial de la Salud (en colaboración de, entre otros, UNICEF), lleva por título Elimination forced, coercive and otherwise involuntary sterilization: “Las personas intersexuales, especialmente, han sido objeto de cirugías cosméticas e innecesarias (médicamente) en la infancia, lo que lleva a la esterilidad, sin su consentimiento informado o el de sus padres o tutores. Estas prácticas han sido reconocidas como violaciones de los derechos humanos por organismos internacionales y tribunales nacionales […]. Las personas intersexuales son sometidas involuntariamente a la llamada normalización sexual u otros procedimientos durante la infancia y la adolescencia, llegando, en algunos casos, a la eliminación de su capacidad reproductiva. Niños que nacen con características sexuales atípicas son sometidos a cirugías cosméticas y otros tratamientos innecesarios médicamente sobre sus órganos reproducctivos, sin su consentimiento informado o el de sus padres, y sin tener en consideración el punto de vista del menor. Como resultado, estos niños están siendo sometidos a intervenciones irreversibles que tienen consecuencias de por vida sobre su salud física y mental”.

El segundo documento fue publicado en abril de 2015. Malta aprueba la primera ley en el mundo que prohibe las cirugías innecesarias sobre los menores intersexuales. Como ya informamos en este mismo blog, esta pequeña isla reconoció los derechos a la autodeterminación y a la integridad corporal y autonomía física.

En mayo de 2015, la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa aprueba el documento “Humans rights and Intersex people”. La relevancia histórica de este documento es, lamentablemente, inversamente proporcional a la acogida que ha tenido por los Estados. Allí se destaca la situación de especial vulnerabilidad de las personas intersexuales, especialmente menores, los tratamientos médicos a los que se ven sometidos y las necesidades jurídicas que precisan para el reconocimiento pleno de sus derechos.

En cuarto lugar, el Alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU presentó en junio 2015 el informe “Discrimination and violence against individuals based on ther sexual orientation and gender identity”. Allí se vuelven a denunciar las cirugías de norrmalización genital innecesarias a las que se ven obligados a someterse los menores de edad intersexuales.

En junio de 2015, la Organización Mundial de la Salud publica el infome “Sexual health, human rights and law”, donde reitera lo ya denunciado en su informe de mayo de 2014 antes comentado. Se vuelve a insistir en la necesidad urgente de eliminar las prácticas médicas que desembocan en mutilaciones, discriminaciones y estigmas.

Finalmente, el 27 de julio de 2015 el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) sentenció en el caso Dutee Chand suspender cautelarmente (dos años) el reglamento de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo sobre hiperandrogenismo (niveles altos de testosterona). Es decir, los intersexuales pueden competir sin miedo a ser suspendidos.

Pero todos estos hechos no hubieran sido posibles sin que personas intersexuales saquen fuerzas, muchas veces a contracorriente, para visibilizarse. Ejemplo de ello es la reciente sentencia del tribunal de Tours (Francia) que reconoce el sexo neutro. Hoy quisiera sacar la fuerza de una familia. Los siguientes párrafos son fragmentos recogidos (con permiso de los autores) del blog https://mibebeintersexual.wordpress.com/:

“Le tumban en una cama y allí le quitan el pañal, no dábamos crédito a lo que estaba pasando. Alguien estaba midiendo los genitales de nuestro bebé con una regla y sin nuestro consentimiento. Fue una sensación muy desagradable […]. Aun así la médico continuo diciéndonos que eso no es mucho problema, por que se le hacen pruebas hormonales para ver como responde su cuerpo y dependiendo de esto, de analíticas y más cosas que no nos queremos ni acordar, se le opera de sus genitales y no se entera ni dios. Y con todo eso y una recomendación de no buscar en internet nada, nos mandan para casa hasta el próximo día […]. Por lo visto a los padres se les comenta la situación y ellos sumisamente aceden a todo lo que los dioses doctores dicen. Al ver nuestra negativa, se dieron cuenta de que su pequeña presa se les escapaba de las manos cobijada por la modernidad de sus padres. ¿Modernos? ¿Alguien cree que eso es ser moderno? Esto no es ser moderno!!!! Esto es amar a tu pequeño bebé más que a nada en el mundo. Es querer lo mejor para su vida como persona libre que es. Es desearle una vida sexual plena. Es ofrecerle lo que esté en nuestras manos para que se exprese en el género y el sexo sentido. Es enseñarle a amar su cuerpo, que lo descubra y comprenda lo bonito que es, igual que el nuestro, el tuyo, el de cualquiera. Es asegurarle que, en un futuro si lo desea pueda reproducirse igual que lo hemos hecho sus padres. Esto para nosotros es el amor de unos padres hacia su bebé. Es sentido común y ética, no modernismo”

He aquí la fuerza de una madre y de un padre por buscar y construir un mundo en el que se pueda ser feliz.

Basándose en la simple creencia de que la testosterona mejora el rendimiento, la FIFA o el COI promueven inaceptables controles de identidad sexual entre deportistas.

El pasado 27 de julio, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha acordado suspender la aplicación de los controles de hiperandrogenismo.

El 19 de agosto de 2009 una atleta fue noticia. Su récord se tradujo en una marca representada por números, pero también en forma de proceso judicial. En el Campeonato Mundial de Atletismo que se celebraba aquel verano en Berlín, la identidad sexual de Mogkadi Caster Semenya (Sudáfrica, 1991) fue puesta en duda. Como nos diría aquel avisador de fuego que fue Franz Kafka, alguien debió de haber calumniado a Caster S. porque, sin que hubiese hecho nada malo, esa mañana su identidad fue arrestada.

La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo se encontró ante un dilema: si Caster Semenya era un hombre, su medalla de oro era ilegal; si, en cambio, era intersexual, ¿qué hacer? ¿Retirar la medalla, conservarla, permitirle seguir compitiendo como mujer o prohibírselo? En 1999, el Comité Olímpico Internacional había eliminado los “controles de sexo”, práctica vejatoria, degradante y humillante a la que hacían someterse a deportistas (en los juegos de Pekín, en 2008, se volvieron a utilizar para aquellas personas “sospechosas” de ser hombres compitiendo con mujeres), por lo que la polémica estaba abierta. El laberinto procesal al que sometieron a Caster S., durante once meses, acabó en julio de 2010 con una sentencia absolutoria (aunque, como en “El Proceso” de Kafka, solo aparente: ¿qué sponsor querría ahora financiar su carrera deportiva?): poseía testículos internos, careciendo de útero y ovarios, pero podría seguir compitiendo como mujer. Caster Semenya era intersexual. Otras, en cambio, no tuvieron la misma suerte: a Shanti Soundarajan (India, 1981) le fue retirada la medalla de plata; a la mejor vallista española, María Patiño, le prohibieron incluso entrenar, retirándole su licencia para competir. Recientemente, hace escasas semanas, la FIFA redactó una normativa para obligar a las jugadoras de la Copa Mundial Femenina de Fútbol a someterse a un test que verifique que son mujeres.

¿Por qué esta insistencia casi enfermiza de los altos cargos deportivos por verificar el sexo? Casualmente, o no, estas graves violaciones a los derechos humanos solo son realizadas sobre mujeres y de países llamados en vías de desarrollo (India, Sudáfrica, la España de los 80). ¿Se imaginan que realizaran estas pruebas a Messi, Federer, Usain Bolt o LeBron James? ¿Quién se atrevería a dudar de su masculinidad? Es más, ¿quién se atrevería a dudar de la masculinidad de toda una nación como Estados Unidos? La cuestión que esgrimen es la siguiente: mujeres con características (sexuales) de hombres poseen ventaja. Así, la FIFA o el COI creen que la testosterona mejora el rendimiento deportivo. ¿Y en qué se basan? En una simple creencia. Numerosos estudios (por ejemplo, “Serum Androgen Levels in Elite Female Athletes”, publicado en 2014 en The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism) demuestran que no existen evidencias científicas que respalden estas políticas deportivas por las que de forma arbitraria se procesa, se excluye, se mutila, a personas intersexuales (en este caso, identificadas como mujeres) por sus niveles de andrógenos, teniendo que recurrir a la esterilización y a la cirugía/mutilación (clitoridectomía parcial) para poder seguir compitiendo.

Mas por una suerte de justicia poética, María José Martínez Patiño (hoy profesora en la Universidad de Vigo) fue llamada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para asesorar en el caso Dutee Chand (India, 1996), sprinter intersexual. El 27 de julio de 2015, un año después, por fin se ha resuelto su proceso. El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha suspendido, durante dos años, el reglamento de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo sobre hiperandrogenismo (niveles altos de testosterona), pues el TAS no puede determinar que esta situación provea a la deportista de ventajas y mejoras en el rendimiento atlético. En ese plazo de dos años, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo debe probar con suficientes evidencias científicas su tesis (las ventajas que poseen las personas intersexuales o aquellas mujeres con niveles de testosterona superiores a 10 nanómetros por litro), de lo contrario dicho reglamento quedará finalmente anulado.

De esta forma, Dutee Chand puede competir. Pero también puede hacerlo cualquier mujer, independientemente de su identidad sexual o sus niveles hormonales. Se trata, sin duda, de una victoria para las personas intersexuales (tras la ley de Malta de abril de 2015), pero también para las mujeres en el deporte. Caster Semenya, Shanti Soundarajan, María José Patiño, Dutee Chand como tantas otras, como el propio Joseph K., son inocentes. Es hora de re-escribir el final de este proceso. “Como si la vergüenza debiera sobrevivirlo”, la resistencia intersexual ha llegado.

La mutilación genital se ha convertido en un ritual iniciático a la heterosexualidad a través de la tortura.

La interdicción constitucional de discriminación por razón de sexo no se ha llegado a aplicar nunca a las personas intersexuales.

Malta ha sido el primer país del mundo en aprobar una legislación integral que prohíbe las cirugías genitales sin consentimiento en menores intersexuales.

“Tortura. Estos niños son sometidos a operaciones quirúrgicas sin su consentimiento. Las personas intersexuales no están enfermas, pero la llamada medicina racional viene tras estos niños con cuchillos en sus manos”. De esta forma tan gráfica Surina Khan (International Gay and Lesbian Human Rights Commision) introducía a Cheryl Chase con ocasión del premio que recibió en el año 2000 por su lucha contra la mutilación de personas intersexuales. Porque en una sociedad interfóbica, la mutilación genital (IGM: Intersex Genital Mutilations) se ha convertido en un ritual iniciático a la heterosexualidad a través de la tortura: la variabilidad sexual es traducida en ambigüedad genital a causa de errores de desarrollo corregibles por medio de intervenciones quirúrgicas (Optimum Gender of Rearing: cirugía de normalización sexual) y hormonales. El cuerpo es así ajustado a la norma.

No obstante, como señalara Kessler (Lessons from Intersexed), lo que para la medicina es deformidad en el ámbito pre-quirúrgico, y creación a través de la intervención y genitales corregidos en el momento posterior a la cirugía, para la persona intersexual son genitales intactos en el ámbito pre-quirúrgico, destrucción a través de la intervención y genitales mutilados y artificiales en el momento posterior a la cirugía. Todo ello amparado por un sistema jurídico que obliga a vivir conforme a uno de los dos únicos sexos: hombre o mujer.

Por eso se acepta la violencia ejercida sobre el cuerpo intersex. El principio de no discriminación por razón de sexo, consagrado en el artículo 14 de la Constitución española de 1978 y que ha permitido la eliminación, al menos en términos jurídicos, de las desigualdades entre hombres y mujeres (no en el plano socio-económico), no se aplica a las personas intersexuales. ¿Por qué se permite su discriminación por razón de sexo? ¿Por qué se permiten los tratos crueles y degradantes? ¿Por qué en los Hospitales del Occidente democrático y defensor de los Derechos Humanos se tortura y mutila a personas intersexuales? Nos encontramos, como ya defendimos hace unos meses, ante un caso de crimen contra la humanidad.

A pesar de este panorama, el día 1 de abril de 2015 debe ser señalado en el calendario como una jornada histórica. Por primera vez un Estado redacta una ley para tratar de poner fin a la mutilación genital de personas intersexuales. Si bien es cierto que ya hubo avances importantes en la Corte Constitucional de Colombia (la Sentencia de Unificación 337/99 estableció ciertos límites a la cirugía intersexual), Malta ha dado un paso más al convertirse en el primer país del mundo en aprobar una legislación integral que prohíbe las cirugías genitales, médicamente innecesarias y sin consentimiento, en menores de edad intersexuales. Gracias a la lucha llevada a cabo por organizaciones y activistas (ILGA, por ejemplo, celebró su conferencia anual en Malta en 2009), las personas intersex y transex han conseguido un marco jurídico de protección.

La Ley de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales (Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act) cumple con lo señalado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su Resolución 1952 (2013) Children´s right to physical integrity en la que instaba a la protección de las personas intersexuales, así como la eliminación de los tratamientos médicos innecesarios. Esta es la misma línea contenida en el informe de la ONU sobre tortura infantil de 2013 (Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, firmado por Juan E. Méndez) o, un años más tarde (mayo de 2014), lo señalado por el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks.

La Ley reconoce a toda persona que resida en Malta el derecho a la identidad de género y su libre desarrollo sin necesidad de tratamientos quirúrgicos, hormonales o psiquiátricos (artículo 3). El procedimiento para el reconocimiento del género (especialmente destinado para personas transexuales) se libera de cargas administrativas y de eternas esperas: se realiza ante notario (un juez en caso de menores de edad) con una simple declaración de autodeterminación, prohibiéndose cualquier solicitud de información médica (artículos 4 y 5). La legislación española (Ley 3/2007), por situar un punto de comparación, exige diagnóstico de disforia de género y tratamiento médico durante dos años que en la práctica se ha traducido en la hormonación, con todos los riesgos que conlleva (como la esterilización). Asimismo, la Ley maltesa permite posponer la inclusión del sexo en el certificado de nacimiento hasta la edad de catorce años, haciendo posible así que sea el propio menor el que decida su identidad: hombre, mujer o neutro (artículos 8, 10 y 21)

El avance más significativo (pues el derecho de autodeterminación ya se reconoce en las legislaciones de Argentina, Dinamarca y Andalucía, desde 2013 y 2014 respectivamente) lo hallamos en su artículo 15 al reconocerse el derecho a la integridad corporal y la autonomía física (junto al asesoramiento psicosocial, acompañamiento y apoyo que garantiza el artículo 16): prohíbe a los médicos o a otros profesionales realizar cualquier tratamiento de asignación de sexo o intervención quirúrgica a menores de edad. En todo caso, será el menor el que debe decidir si quiere someterse a un tratamiento. En casos excepcionales (se excluyen explícitamente los factores sociales), el tratamiento puede realizarse previo acuerdo entre los tutores legales del menor y un equipo interdisciplinar nombrado por el Gobierno (en el que debe haber profesionales médicos pero también en derechos humanos, lo que en la práctica debe traducirse en activistas intersex –esperemos que así sea–), garantizando el interés superior del menor y, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta su opinión.

En definitiva, Malta ha conseguido llevar a la realidad jurídica una idea básica: el derecho a la autodeterminación del sexo y género debe ir acompañado de la prohibición de toda intervención no consentida sobre el cuerpo, la despatologización y la agilización de los trámites administrativos. Tomemos ejemplo.

El 8 de noviembre se conmemora el nacimiento de Herculine Barbin. Este es el motivo por el que se ha propuesto como el Día de la Solidaridad Intersexual, en recuerdo de Herculine y de tantos hermafroditas que la historia ha quemado vivos.

La situación que sufren las personas intersexuales puede incluirse en el marco de los crímenes contra la humanidad de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Roma.

En el invierno parisino de 1868, el cuerpo de Abel Barbin fue encontrado sin vida en su habitación. Junto a su cama reposaban sus memorias. El inicio ya presagiaba el suicidio al que se vio obligado a someterse: «tengo veinticinco años y, aunque todavía joven, me aproximo, sin dudarlo, al término fatal de mi existencia». Gracias a Michel Foucault hoy conocemos la historia de Adélaide Herculine Barbin, llamada Alexina B. (1838-1868), que murió con el nombre, impuesto su sexo por una sentencia judicial, de Abel (la Editorial Talasa publicó en 1985/2007 las memorias traducidas, en edición preparada por Antonio Serrano y prólogo de José Ignacio Lacasta Zabalza).

El 8 de noviembre se conmemora el nacimiento de Herculine Barbin. Este es el motivo por el que se ha propuesto como el Día de la Solidaridad Intersexual, en recuerdo de Herculine y de tantos hermafroditas/intersexuales/Disorders of Sex Development que la historia ha quemado vivos (era común sentenciarlos a muerte en la hoguera para purificar sus almas de una carne pecaminosa, de un delito nefando contra natura), marginado, estigmatizado o mutilado para justificar así la ficción del dimorfismo sexual, por la cual la sociedad se estructura exclusivamente en hombres y mujeres.

De esta forma, las personas intersexuales son doblemente patologizadas. Sus cuerpos y sus mentes pasan a ser clasificados como patológicos El Manual de Diagnóstico de Desórdenes Mentales (DSM) las incluye en el marco de las disforias de género. La ciencia biomédica las somete a cirugía de normalización sexual por considerar a las personas intersexuales como anómalas. Se incluye en la patología para ser excluido de la normalidad.

Como ya denunciamos en un artículo en este mismo diario (sexo indeterminado y mutilación genital intersexual), el nacimiento de un bebé intersexual es definido como una urgencia psicosocial neonatal. Se abre así un protocolo médico (Optimal Gender of Rearing, Protocolo Money) para fijar el verdadero sexo a través de intervenciones quirúrgicas y farmacológicas, a pesar de que en la mayoría de los casos la intersexualidad no es dañina para la salud. Se justifican dolorosas intervenciones (con múltiples infecciones) como un mal menor respecto a los hipotéticos futuros problemas de adaptación social. Nos encontramos ante un caso de mutilación corporal (IGM: Intersex Genital Mutilations) similar a la ablación del clítoris. La tortura a la que se ven sometidas las personas intersexuales, agudizada con silencios y mentiras, lleva en muchos casos a esterilización, discapacidad y suicidio.

El día 8 de noviembre no solo es para el recuerdo de la barbarie que se comete con las personas intersexuales, sino también para activar el movimiento que en los últimos años está consiguiendo logros de incalculable valor, a pesar de las reticencias de los Estados para incorporar las reivindicaciones en sus agendas políticas. Enumeremos las victorias conseguidas:

1.- En 1999, la Corte Constitucional Colombiana (Sentencia de Unificación SU-337/99) prohíbe la cirugía de normalización intersexual en menores de edad, señalando que debe ser la propia persona intersexual la que decida someterse o no a un proceso quirúrgico.

2.- En 2006 se firma el Consensus Statement on Management of Intersex Disorders en el que se pide una moratoria para la cirugía y se critica duramente la falta de consentimiento informado en los tratamientos con menores de edad.

3.- En 2013 se publica el Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (firmado por Juan E. Méndez). Por primera vez se denuncia desde la ONU la mutilación genital intersexual. Tanto la ISNA (Intersex Society of North America) como la Organisation Intersex International Australia llevaban años reivindicando un pronunciamiento de la ONU.

4.- También en 2013 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa redacta la Resolución 1952 (2013) Children’s right to physical integrity para solicitar a los Estados la creación de mecanismos de protección de las personas intersexuales y la prohibición de los tratamientos médicos innecesarios.

5.- El 9 de mayo de 2014, el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa (Nils Muižnieks) publica un informe en el que insta a los Estados miembros al reconocimiento jurídico de la realidad intersexual y a la eliminación de las intervenciones quirúrgicas por violar el derecho de autodeterminación y la integridad física.

Todos estos documentos nos hacen pensar que la situación a la que se ven forzadas las personas intersexuales puede ser comprendida en el marco de los crímenes contra la humanidad de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998. ¿Qué características tiene este tipo de delitos imprescriptibles (artículo 29)? Se trata de una ataque generalizado o sistemático contra la población civil suponiendo asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, traslado forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada, persecución de un grupo con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, desaparición forzada, crimen de apartheid (artículo 7).

¿Cómo encaja aquí la intersexualidad? Los tratamientos médicos de normalización (o de reasignación para obtener un cambio en el registro civil para las personas transexuales) suponen un tipo de tortura, esterilización forzosa o, incluso, de persecución por motivos de género cometidos de forma sistemática en los Hospitales públicos y privados (y en las Unidades de Tratamiento de Identidad de Género) contra un sector concreto de la población civil. Asimismo, se podría plantear la aplicación de la institución del asilo a las personas intersexuales, como minoría en un sentido jurídico, por entender que las legislaciones que establecen la obligatoriedad de la inscripción jurídica del sexo en dos columnas –masculina y femenina– ponen en grave peligro sus vidas, pues en la mayoría de los casos se encuentran obligadas a someterse a cirugía-mutilación genital.

Este 8 de noviembre las palabras de Suzanne Kessler, escritas en sus Lessons from Intersexed, cobran más sentido aún: «el futuro de la intersexualidad es, en cierto sentido, el futuro del género. ¿En qué manos se encuentra este futuro?».

Las devoluciones en caliente que han vuelto a producirse en estos días, tras la llegada de numerosos inmigrantes, constituyen una infracción flagrante de numerosas disposiciones vigentes.

El trato que la Europa “civilizada” dispensa a los inmigrantes, con su encerramiento en los CIEs, ha hecho realidad la profecía de Walter Benjamin: el estado de excepción ha devenido la regla.

Leonor de Borbón y Ortiz fue proclamada Princesa de Asturias el pasado 19 de junio con ocasión del nombramiento de su padre como Jefe del Estado. Madrid se engalanó para la ocasión. Las calles (por las que discurrió la comitiva) fueron limpiadas a conciencia y embellecidas. El pueblo –escaso, eso sí– salió a recibir al nuevo monarca. La plaza de Oriente acogió la presentación de la familia real. Leonor, con una pose digna de su clase, saludaba sobria a sus súbditos. Su status social, futura reina de la monarquía parlamentaria española (un trabajo con una buena remuneración y ante el que no deberá preocuparse de períodos de desempleo), le hará visitar las mejores instituciones académicas internacionales. Leonor de Borbón y Ortiz es una vida que merece, sin duda, ser vivida.

Pero en estos días de agosto, Leonor comparte su título con otra persona. El duodécimo día de este mes desembarcó en la costa de Tarifa una patera –una irónica y mortal zodiac de juguete– en la que se encontraba otra niña, de diez meses de edad. No tiene nombre, al menos no se le conoce. El personal de Cruz Roja la llama simplemente Princesa. Llegó a Europa sin sus padres, tiritando y con fiebre desde no se sabe qué lugar del continente africano. Sus padres se quedaron retenidos por la policía en Marruecos –ese Estado que tanto gusta visitar al abuelo y al padre de Leonor, y cuya democracia brilla por su ausencia.

Durante estos últimos días, junto a Princesa, cientos de seres humanos se han lanzado al mar o han tratado de saltar las verjas fronterizas. Algunos pocos lo han conseguido; otros, por el contrario, han muerto en el intento, han sufrido graves heridas y mutilaciones, han sido apaleados por la policía marroquí o devueltos en caliente por la guardia civil, en una grave y continua violación de la legislación vigente tanto nacional como internacional: artículos 26.2, 57, 58, 59 y 59bis de la Ley Orgánica 4/2000, de Extranjería; Ley 12/2009 sobre el Derecho de asilo; tratado bilateral con Marruecos de 1992; artículos 172, 404, 537, 540 y 542 del Código Penal español; artículos 2, 10, 13, 24 y 119 de la Constitución española; artículo 33 del Estatuto de los Refugiados de 1951; artículos 10 y 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 3, 6 y 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos; artículos 18 y 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; incluso la Directiva de la vergüenza, 2008/115/CE, se vería vulnerada en sus artículos 5, 12 y 13.

Pero también, al mismo tiempo que Princesa, han pasado la frontera marítima casi cincuenta menores de edad. Todas estas niñas y niños tienen un destino legalmente previsto: Centros de Internamiento para Extranjeros, o, por decirlo sin eufemismos, campos de concentración. Es cierto que ontológicamente no son iguales que Auschwitz. Mientras que este se hallaba en la anomia, los CIEs cumplen la profecía que Walter Benjamin escribió en sus Tesis de filosofía de la historia de 1938: el estado de excepción en el que vivimos ha devenido regla. Ciertamente, los CIEs se encuentran regulados por la Ley de Extranjería y por la Directiva de la vergüenza. Una normativa basada en la arbitrariedad policial, en un derecho penal-administrativo del enemigo. Como ha mostrado Giorgio Agamben (Homo sacer), el estado de excepción normalizado incluye a través de la exclusión. Las personas extranjeras (sin documentación legal) son incluidas en el ordenamiento jurídico español por medio precisamente de su exclusión de la comunidad (alegalidad administrativa). Delimitan así una frontera biológica.

Por eso, tanto el campo de concentración nazi como el campo de concentración de las democracias europeas contemporáneas –más de dos centenares, ocho de ellos en España tras el cierre en el año 2012 del CIE de Málaga por sus precarias condiciones–, comparten la misma raíz biopolítica. Se trata de una gestión y administración de la vida biológica en un sentido racial y de clase. Princesa es una mera vida no cualificada (zoé), vida desnuda arrojada a la muerte, pues, como nos advirtió Michel Foucault, nos encontramos ante un soberano que hace vivir y deja morir. El racismo sobre el que se asientan las políticas migratorias de la Unión Europea separa las vidas que merecen vivir de las vidas que no lo merecen; vidas invivibles con un status legal suspendido. Así se garantiza la vida de unos a costa de la exclusión de otros.

Durante años han pasado por estos campos personas que, de acuerdo a la normativa, no deberían haberlos pisado: mujeres embarazadas, enfermos, personas solicitantes de asilo o con cuyos países de origen el Estado español no tiene acuerdo de repatriación, etc. Allí han visto reducida su libertad hasta 60 días (aunque la Directiva 2008/115/CE prorroga este plazo a 18 meses). Encerrados, sobreviven en unas condiciones sobre las cuales los diferentes Gobiernos se niegan a informar (véanse los diferentes documentos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado).

Seguramente Leonor y Princesa nunca lleguen a conocerse. Leonor pasa sus vacaciones en Palma de Mallorca y, dicen los rumores, en la pequeña localidad almeriense de Agua Amarga. Princesa pasará las siguientes semanas entre personas voluntarias, policías y paredes de internamiento. A Leonor la veremos crecer años tras año, seremos cómplices televisivos de sus fortunas y de sus pesares. De Princesa ya ni siquiera se habla porque Princesa es el nombre de todas las personas anónimas que día tras día tratan de cruzar las fronteras –vallas, verjas, mares o aeropuertos–, acaban recluidas en un campo de concentración, posteriormente expulsadas en vuelos invisibles (también por mar y tierra) y, finalmente, abandonadas a su suerte. De acuerdo con las políticas migratorias, Princesa, esa niña de apenas un año que llegó en patera este verano a Tarifa, es una vida que no merece ser llorada.

Andalucía se convertirá en la primera región europea en despatologizar la transexualidad. El camino ha sido arduo y la propuesta de ley inicial (de IU) ha sufrido una limitación en la negociación (con PSOE), quedando abiertos algunos frentes de urgente solución.

El pasado viernes 16 de mayo se realizaron las comparecencias públicas en la Comisión de Igualdad, Salud y Políticas Sociales del Parlamento de Andalucía relativas a la proposición de ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales en Andalucía. Inicialmente fui propuesto para participar. Sin embargo, desconozco las razones -aunque las intuyo- por las que una mayoría parlamentaria ha decidido excluirme. Supongo que públicamente no está bien visto que un profesor de universidad sustituto que cobra, como único sustento, 270€ mensuales tenga una opinión formada sobre el asunto. Qué mejor que invitar a algunas personas que no poseen ninguna credencial, ninguna publicación o que, incluso, han torpedeado y boicoteado la lucha trans hasta el punto que siguen manteniendo la patologización. Ni siquiera han contado con la única asociación de padres y madres de menores transexuales (Chrysallis). En las siguientes líneas quisiera presentar algunas de las notas con las que pretendía intervenir en el debate.

El 15 de marzo de 2007, las Cortes Generales aprobaron la Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. No se trata de una ley integral, sino de una reforma registral para rellenar un vacío legal. Nada se dice en ella sobre la financiación por la Seguridad Social de los tratamientos a los que se somete la persona transexual, tampoco aborda la situación en centros penitenciarios, ni asume medidas de carácter social y antidiscriminatorias. Su finalidad es proceder al cambio registral. No se habla de cambio de sexo. Este, de acuerdo con la jurisprudencia de los años 80, es inmutable. Lo que cambia es el género. Se cambia hacia un género verdadero, aquel diagnosticado por el experto en medicina y el experto en psicología. Por decirlo con otras palabras, con esta ley lo que se hace es conservar, proteger e inmunizar el sistema jurídico que impone la dualidad de sexos: el transexual debe adaptar su morfología física, psicológica y social a uno de los dos únicos sexos.

¿Y qué requisitos establece la ley? Ser español -lo que nos indica que la ley no trata de proteger a una minoría amenazada en la que hay personas migrantes-, mayor de edad, con capacidad de obrar suficiente, certificar un tratamiento hormonal durante al menos dos años (con serios riesgos para la salud: trombosis, hipertensión, diabetes, cáncer, etc.) y estar diagnosticado de disforia de género (patologización).

El 19 de diciembre de 2012, Izquierda Unida registra en el Parlamento andaluz una propuesta de ley redactada con el esfuerzo de diversas asociaciones (ATA, Conjuntos Difusos) que por primera vez en Europa despatologiza la transexualidad, de forma similar a como se ha realizado en Argentina con la Ley de Identidad de Género de 9 de mayo de 2012. Aunque los motivos no se han hecho públicos -también estos se pueden intuir-, la propuesta fue retirada. Un año más tarde, se presenta una nueva propuesta firmada ahora junto con las siglas del PSOE. Permítanme enumerar las conquistas que se realizan, pero también las diferencias y los interrogantes abiertos:

1. Andalucía se convierte en la primera región europea que despatologiza la transexualidad siguiendo la Recomendación del Parlamento europeo de 12 de diciembre de 2012, así como las reivindicaciones de Stop Trans Pathologization-2012 o los Principios de Yogyakarta. Tendremos que estar pendientes de cómo se gestiona la despatologización con lo señalado en la Ley 3/2007 y con el funcionamiento de la Unidad de Tratamiento de Identidad de Género.

2. Establece el derecho de autodeterminación de género.

3. Incorpora medidas para luchar contra la transfobia en estrecha colaboración con los colectivos.

4. Crea un documento administrativo que acredita la identidad de género a toda persona que lo solicite. No obstante, la competencia en materia registral pertenece al Estado, por lo que para cualquier cambio en el Registro Civil -DNI- se deben cumplir los requisitos de la Ley 3/2007.

5. Reitera la inclusión de la cirugía de reasignación en la cartera de servicios del sistema sanitario andaluz.

6. Establece programas educativos en los que se visibilice la situación de las personas transexuales. Paradójicamente, el Gobierno andaluz (la parte integrada por el PSOE, pues IU ha recriminado esta actitud) se ha mostrado sumamente ambiguo ante el caso de la menor malagueña discriminada en su centro escolar.

8. En la propuesta de ley de 2014 el término trans, que aparecía en 2012, es sustituido por transexual. Este cambio, aunque aparentemente nimio, tiene una notable significación. El término trans posee una carga de empoderamiento que se diluye en la categoría médica transexual. La propuesta de 2012 trataba de potenciar el empoderamiento del colectivo.

9. La propuesta de 2012 garantizaba el derecho de las personas transexuales, transgénero y variantes de género. La propuesta final ha limitado el objeto de la ley a las personas que manifiestan una identidad de género distinta de la diagnosticada al nacer. De nuevo el potencial de la autodenominación se diluye ante la nominación que realiza el experto en su diagnóstico neonatal. Del mismo modo, se señala que las personas beneficiarias son ciudadanos y ciudadanas residentes en Andalucía. Dada la interpretación jurisprudencial que se hace del concepto ciudadanía, parece dejar en una cuerda floja a las personas migrantes.

10. La propuesta de 2012 reconocía el derecho al acceso a los servicios de apoyo y protección para las víctimas de delitos a toda persona transexual, transgénero o variante de género, así como a sus familiares, con especial protección de las mujeres transexuales víctimas de violencia de género y sus hijos. La propuesta de 2014 limita este acceso a la mujer transexual víctima de violencia machista.

11. En cuanto a los menores de edad, la propuesta de 2012 incluía todo un capítulo (arts. 21 a 24) para establecer, entre otros aspectos, un servicio de información, orientación y asesoramiento legal para los menores y sus familiares, el derecho a la salud (posibilidad de tratamientos médicos), el derecho a desarrollar libremente su género o la prohibición de terapias, tratamientos o consejos encaminados a reprimir el desarrollo de su identidad. Este capítulo ha sido sustituido por un solo artículo en la propuesta final: se suprime el servicio de información, no se dice nada del derecho a la salud, no se reconoce el derecho al libre desarrollo de su identidad, no se prohíben las terapias, tratamientos o consejos.

12. El art. 11 de la propuesta inicial estaba dedicado a la Unidad de Tratamiento de Identidad de Género de Málaga. Las actuaciones clínicas realizadas debían respetar los derechos humanos, la no patologización y la colaboración con colectivos. Este artículo ha sido sustituido por una disposición adicional que no establece estos límites en la actuación.

13. Un punto positivo de la propuesta de 2014 que no aparecía en la de 2012 es la incorporación de las residencias para mayores.

14. Finalmente, la propuesta de ley deja varios interrogantes: qué ocurre con las personas encarceladas, con la cirugía de menores de edad, con las personas diverso-funcionales. Asimismo, la propuesta de ley guarda silencio con respecto a la situación de las personas intersexuales y las mutilaciones que sufren con las cirugías de normalización neonatal.

Desde noviembre de 2013 se ha incorporado al ordenamiento jurídico alemán la categoría del sexo indeterminado. Lo que aparentemente supone un reconocimiento jurídico del colectivo intersexual, se basa en las mismas categorías discriminatorias que vienen amparando prácticas aberrantes, ratificadas por la ciencia, como la mutilación genital.

En noviembre de 2013, el gobierno alemán ha decidido incorporar a su ordenamiento jurídico la categoría sexo indeterminado, copiando la fórmula ya operativa en Australia (indeterminate sex). De esta forma, los progenitores de recién nacidos con ambigüedad genital podrán inscribirlos en el registro civil correspondiente en una de las ahora tres categorías posibles: masculino, femenino o indeterminado (X). Lo que aparentemente supone un reconocimiento jurídico del colectivo intersexual (ahora denominado, no sin cierta polémica, Disorders of Sex Development, más popularmente conocidos como hermafroditas: se estima que en Alemania la población intersexual oscila entre 85.000 y 100.000 personas), esconde una realidad difícil de asumir. Quisiera resaltar estas zonas oscuras que el derecho ampara, conserva e inmuniza.

En primer lugar, hablar de sexo indeterminado presupone la existencia de un sexo determinado. Volvemos a las polarizaciones, a las dicotomías, a los dualismos que tanto sufrimiento han generado a lo largo de la historia. Debemos entender que el sexo determinado es aquel que se configura dentro de los márgenes de la normalidad masculina o femenina. De ahí que quede relegado como indeterminado aquel que no encaje dentro de dicha norma. Tenemos aquí la diferencia entre lo normal (nacer con sexo determinado: varón o hembra) y lo anormal (nacer con sexo indeterminado). Ello mantiene la creencia en la naturalidad de la dualidad: se presupone que biológicamente se nace hombre o se nace mujer. Se olvida la historicidad de estos conceptos, así como la multiplicidad de posibilidades de la sexualidad (cromosómicas, hormonales, gonadales, etc.). La pretendida realidad biológica -desmentida incluso por la propia biomedicina- sobre la que se asienta la dualidad y por la que se justifica la exclusión es ficticia. Asimismo, el sujeto legitimado para clasificar al recién nacido en una de las tres categorías sigue siendo el experto. Es el equipo médico el que determina la inscripción registral de aquellos nacidos con ambigüedad genital y con posterioridad a la entrada en vigor de la ley -por lo que, en principio y a falta de interpretación jurisprudencial, las personas nacidas en fechas anteriores al 1 de noviembre de 2013 no se pueden acoger al cambio registral-, lo que a la postre significa que aquellos neonatos inscritos como X lo son por un informe elaborado por el equipo médico que los sitúa en la anormalidad.

En segundo lugar, esta anormalidad se vuelve patológica: la intersexualidad, al transgredir la norma de los dos sexos, debe ser corregida. Cuando nace un bebé con genitales ambiguos se abre un protocolo -popularizado por John Money en los años 50 del siglo pasado- en el que un equipo médico formado por endocrinos y cirujanos decide el verdadero sexo del neonato. Aplicando una simple fórmula, será puesto en una de las dos columnas de la sociedad: un pene inferior a 2,5 centímetro es insuficiente para orinar de pie o para penetrar; un clítoris superior a 1 centímetro es demasiado grande y ofensivo para la futura pareja heterosexual. Esto es lo que se ha venido a llamar el falómetro (Anne Fausto-Sterling, Sexing the Body), que presupone una futura relación heterosexual y coitocéntrica. Si el equipo médico considera que la protuberancia puede ser entendida como un pene creíble, o bien creen que pueden hacer de él un pene creíble, será asignado como varón. De lo contrario, nos encontraremos ante una hembra.

Inmediatamente tras la asignación del sexo, se procede a su producción corporal a través de cirugía de asignación irreversible. En el proceso destructivo en que consiste, el 90% de los recién nacidos anatómicamente ambiguos son asignados con el sexo femenino, salvo que se garantice una función sexual masculina correcta. Durante los siguientes meses, llegando incluso hasta la pubertad, se completa la cirugía correctiva en un doble sentido: eliminar lo que sobra (borrando así las huellas) y construir lo que falta. Se crea la forma de los órganos genitales del sexo asignado y se extirpan aquellos que no coinciden. A ello hay que sumar un proceso farmacológico de suministro de hormonas.

Se podría pensar que esta cirugía es de libre elección para los progenitores. Aquí tenemos otro grave problema. La medicina ha considerado que nos encontramos ante una urgencia psicosocial, pues aunque la intersexualidad no es una situación dañina para la salud (salvo excepciones), se entiende que en el futuro la persona intersexual tendrá problemas de adaptación social si no es corregida antes de los 18 meses de edad. Al tratarse de una urgencia, no se ejecuta el protocolo del consentimiento informado: se miente a los progenitores señalando que su bebé tiene una anomalía o bien no está desarrollado del todo y necesita de la tecnología quirúrgica para solucionar su problema. Sobre esto último también en Alemania hubo una sentencia histórica hace unos pocos años: el equipo médico que extirpó los órganos reproductivos de Christiane Volling sin su consentimiento fue condenado a pagar una indemnización por valor de 100.000€.

La destrucción de genitales intactos está institucionalizada y legitimada por el discurso médico-científico como corrección de genitales deformes, anormales, ofensivos, embarazosos o viciados en su desarrollo. A través de esta corrección se desvela el verdadero sexo. Todo ello amparado por un sistema jurídico que obliga a los sujetos a vivir conforme a uno de los dos únicos sexos. En este sentido, ni siquiera la reforma alemana que incorpora el sexo indeterminado evitará la cirugía de asignación de sexo. Algunas asociaciones (Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität o Zwischengeschlecht) creen que, ante el temor de la indeterminación, los progenitores de recién nacidos con ambigüedad genital optarán por la cirugía correctora sucumbiendo a la presión normalizadora.

Un cuarto problema no menos grave. Lo planteo a través de algunas preguntas: ¿cómo se compatibilizará la categoría sexo indeterminado con una legislación -en vigor tanto en Alemania como en España, entre otros Estados- que clasifica a las personas transexuales como enfermos mentales (disforia de género) a la hora de solicitar el cambio registral del nombre y sexo? Como se ha dicho, solo podrán acogerse al sexo indeterminado aquellas personas diagnosticadas médicamente con ambigüedad genital y nacidas con posterioridad al 1 de noviembre de 2013. Asimismo, ¿qué ocurre con el pasaporte o con el matrimonio?

Por todo ello, aunque se haya dado un paso reconociendo la existencia jurídica de intersexuales a través de la malograda fórmula del sexo indeterminado, aún queda mucho camino para erradicar lo que podemos llamar sin riesgo a equivocarnos mutilación genital (denunciada desde hace ya varias décadas por Cheryl Chase, por ejemplo en Hermaphrodites with Attitude). Esta se produce diariamente en el Occidente democrático y defensor de los derechos humanos. La posibilidad jurídica de la indeterminación no implicará la supresión de estas prácticas. Lejos de conformarse como un mecanismo de lucha contra la mutilación genital, la reforma alemana incide en el empoderamiento del experto. En última instancia es el profesional de la medicina el que determina el sexo del neonato, así como su sometimiento a cirugía de urgencia. Creo que el único sendero viable es aquel que elimine jurídicamente la categoría sexo de nuestros ordenamientos y deje la decisión quirúrgica al propio intersexual (prohibiéndose, por tanto, la cirugía neonatal), como se hace en Colombia desde las afortunadas sentencias de su Corte Constitucional en 1999.

En un marco interfóbico y transfóbico en el que el sistema jurídico inmuniza las categorías varón-hembra (el dimorfismo sexual como si fuese natural, negando la multiplicidad de sexualidades en todos los niveles: cromosómico, hormonal, gonadal, etc.) e impone la heterosexualidad, día tras día personas de todo el mundo son sometidas por la fuerza a este tipo de mutilación y patologización consentida por la medicina, por el derecho y, lamentablemente, por la sociedad.