Sostiene el presidente del CRUE que hay que respectar la autonomía universitaria para no entrar a valorar lo que está pasando en la Universidad Rey Juan Carlos, ni actuar en consecuencia.

Hace tiempo que me vengo preguntado: ¿dónde está la CRUE (la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas)? Exactamente me lo vengo preguntado desde que Eldiario.es desveló el cúmulo de irregularidades que rodeaban a la obtención de un título de Máster en esa Universidad por parte de Cristina Cifuentes.

Y me lo he seguido preguntando hasta hoy. Hasta hoy que he leído la referencia a la Conferencia celebrada entre el Ministro y los Rectores de las Universidades españolas. Un caso aislado…, no tenemos jurisdicción para intervenir… no se debe intervenir en la autonomía universitaria“… ”Rechazamos  rotundamente que se utilice a la Universidad como arma arrojadiza en la contienda política rotundamente que se utilice a la Universidad como arma arrojadiza en la contienda política, elevando a categoría general casos particulares, sin duda absolutamente lamentables, condenables y que deben corregirse con contundencia. Con ello, se pone irresponsablemente en peligro el prestigio de nuestras universidades, que tanto nos ha costado conseguir“ (comunicado de la CRUE 17 de septiembre de 2018). El propio Ministro se apunta a la desactivación del daño: ”La universidad española sigue siendo de mucha calidad. Es un caso muy mediático, pero en absoluto empaña la imagen de la universidad“.

Varios mensajes:

Primero: caso aislado, pero no se puede generalizar ¿Les suena? Las hemerotecas están plagadas de reiteradas declaraciones en referencia a los casos aislados que se han ido conociendo en los casos de corrupción política, siendo las ranas de Esperanza Aguirre su mejor expresión mediática, no por ello exenta de impudor y carente de honestidad; también la Iglesia Católica, en relación a los desgarradores casos de pederastia en sus seminarios y escuelas. Haría mejor la Universidad preocupándose de estos casos aislados, porque empaña a la imagen de la universidad. La empaña, Sr. Ministro, por más que toque defender otra cosa. Ese prestigio, que efectivamente ha costado tanto trabajo conseguir como declara la CRUE en su Comunicado, es frágil y por tanto se deben tomar todas las medidas para mantenerlo sin fisuras, sin casos aislados y con el rechazo frontal de todo el sistema educativo superior que la CRUE debería ser la primera interesada en defender, y con ella todos nosotros como miembros de la Comunidad Universitaria.

Segundo: ante todo respecto a la autonomía universitaria. La autonomía de las Universidades está reconocida por la Constitución Española en el artículo 27 dedicado al derecho a la educación y la libertad de enseñanza, dentro del capítulo sobre derechos fundamentales y libertades públicas. ¿Hemos topado entonces con un derecho fundamental reconocido en la Constitución? ¿Y por tanto por encima de toda sospecha en su bondad? Pues no. La autonomía universitaria, sobre la que también se han escrito ríos de tintas aunque quizás menos mediáticos y dentro del ámbito académico, tiene un sentido muy distinto: desde su origen en la defensa de una institución que reclamaba su espacio de libertad en la Europa feudal cuando se fundan las primeras universidades a la necesidad de blindarla de las presiones políticas en particular bajo regímenes autoritarios o dictatoriales. También debería sonarles. Pero en ningún caso se puede hacer una equiparación entre la autonomía de las universidades, la libertad de cátedra y la libertad de investigación, y la creación de compartimentos estancos en cada Universidad (cada universidad es autónoma, sostiene el Presidente de la CRUE), inaccesibles para el conjunto del sistema al que está dañando, desprestigiando.

Es responsabilidad del conjunto del sistema universitario al que representa la CRUE intervenir y mostrarse contundente con los casos aislados. Porque el comunicado de la CRUE altera el orden de prioridades: la CRUE sobre todo rechaza que se utilice a la Universidad como arma arrojadiza en la contienda política, por algún caso aislado; es la contienda política al elevar el caso aislado a categoría general la que pone en riesgo el prestigio de nuestras Universidades, según el comunicado. En la Universidades somos muy hábiles en el uso de las palabras, de los argumentos y de los sofismas. La contienda política se moverá en el campo de sus intereses; pero los  intereses del sistema universitario debe estar en defender su calidad, su prestigio, su buen hacer de los casos aislados indeseables, no atribuir a la contienda política el peso del daño.

Y finalmente y sobre todo: los casos aislados están dañando terriblemente el prestigio de la Universidad española en su conjunto. Quien no lo quiera ver, que no lo vea. Pero casos, no aislados, todos estamos sufriendo en nuestra docencia, en nuestros Másters, en nuestros estudios de Doctorado. Corresponde a los representantes del conjunto del sistema intervenir, actuar y lanzar a la sociedad española, al mundo universitario español  y a la comunidad científica internacional un mensaje contundente y claro.

Josefina Cruz Villalón

Catedrática de la Universidad de Sevilla

Empezaremos por el  final. En diciembre de 2019 cumple el periodo de la concesión de la Autopista AP-4 entre Sevilla y Cádiz. Reclamar el desdoble de la carretera convencional que cubre el mismo trayecto pero con más kilómetros y, sobre todo, anunciar (reiteradamente) la contratación de las obras por parte del Ministerio de Fomento, carece de toda lógica desde la lógica de la eficiencia de la asignación de recursos públicos, de la lógica inversora del Ministerio de Fomento, de la lógica de la conservación de la red de carreteras.

Porque el 31 de diciembre de 2019, la AP-4 se integrará en la red de autovías del Estado, y en esa fecha la conexión entre Sevilla y Cádiz contará con una autovía libre de peaje y otra aún en construcción, en el supuesto de que llegara a iniciarse.

Puede tener alguna lógica política, por la insistente petición local de que se proceda a ello, y no es baladí que la aprobación de la licitación de las obras del tramo Dos Hermanas-Los Palacios se publicara en el BOE del 22 de mayo pasado, a 48 horas de las elecciones municipales en España. Estoy acostumbrada a escuchar que “a mí con argumentos no se me convence”, pero hay que tirar de argumentos y razones para subvertir esta cultura a favor de la sobreinversión en infraestructuras viarias.

Yendo al origen de esta situación, hay que remontarse nada menos que a final de los años sesenta del siglo pasado, hace casi 45 años, cuando en España todas las carreteras eran de las llamadas 'convencionales', carreteras 'secundarias', carreteras que atravesaban todos los pueblos, carreteras donde para adelantar había que esperar pacientemente detrás de un camión  hasta que estuviera despejado el sentido inverso de la conducción.

El modelo de la concesión

Entonces el Gobierno decidió poner en marcha un Plan de Autopistas, mediante el cual se saca a licitación la ejecución, conservación y explotación de tramos de autopistas. La inversión es recuperada por el concesionario a través de la aplicación de un peaje por el uso de esa autopista durante un periodo de tiempo, que es fijado en las bases del concurso de la concesión. El Gobierno controla el funcionamiento de estas autopistas explotadas por empresas privadas, autoriza el incremento de los peajes que se produce anualmente y otros extremos para su buen estado y conservación, pues son concesiones públicas que al final del periodo de concesión han de revertir al patrimonio público.

Sobre estas bases políticas, económicas y jurídicas se pone en marcha una serie de actuaciones que ha llevado a que actualmente en España haya más de 3.300 km de autopistas en régimen de concesión, de los cuales 2.759 km en la Red del Estado y 548 km en la red de otras Administraciones.

Pero este modelo empieza a presentar problemas a causa de dos decisiones, que suman sus efectos en negativo. Primero: el Gobierno ya en los años ochenta, probablemente al calor de los fondos europeos, inicia la construcción de autovías, que reúnen  las mismas características técnicas y de seguridad que las autopistas, pero en las que no se paga peaje. Actualmente en España disponemos de 4 kilómetros de autovías libres de peaje por cada kilómetro de peaje. De esta forma empiezan a plantearse agravios entre territorios conectados por autopista/autovía.

Y segundo: la Administración amplia en distintos momentos el periodo inicial de la concesión y las autopistas no terminan de integrarse en la red pública libre de peaje. La eliminación de los peajes y/o la construcción  de autovías paralelas se ha convertido en una reivindicación de carácter local en aquellos territorios en los que sus habitantes y políticos entienden que se está produciendo una situación de agravio en relación a otros. Así podríamos citar casos en Cataluña, Galicia, Asturias o Aragón…

Esta situación  se complica cuando los líderes de la oposición prometen la supresión de los peajes, poco después ganan las elecciones y se encuentran con la dura realidad que para suprimir los peajes en todas las autopistas  sería necesario disponer de una cifra equivalente a los presupuestos del Ministerio de Fomento de varios años. Ni al Ministerio de Fomento, ni a las concesionarias de las autopistas, ni a las empresas constructoras de obra pública les gusta la solución. Y en ese contexto, el Plan de Infraestructuras del Gobierno del Presidente Rodríguez Zapatero (PEIT 2015-2020) opta por 'dibujar' la construcción de autovías paralelas a algunas autopistas de peaje.

Liberalización del peaje

La conexión entre Sevilla y Cádiz no es una excepción en este contexto general. La concesión se produjo en 1969 y entró en servicio en 1972. Un par de años antes se había puesto en servicio la actual C-32 entre Montgat y Palafolls, y en 1972 lo hacen Barcelona-La Jonquera y Sevilla-Cádiz, ocupando ambas ex-aequo esa segunda posición en el ranking temporal de las autopistas españolas.

Entonces, la concesión tenía fecha de caducidad en 1993. Sin embargo, sucesivos gobiernos fueron prolongando el periodo concesional: hasta 1999 (decisión tomada en 1977), hasta 2006 (en 1986) y hasta 2019 (en 1988), duplicándose así el periodo concesional, que ha pasado de los 24 años del inicio a la 50 años reconocidos en 1986. ¿Excepción? No, la norma. Las autopistas catalanas anteriormente citadas tienen prolongado el periodo concesional hasta 2021. Las razones que han llevado a estas sucesivas ampliaciones de las concesiones, común al resto de las autopistas españolas, merecería un detenido análisis.

La presión a favor de la liberalización del peaje lleva a la Junta de Andalucía a negociar con la concesionaria, siempre a través del Ministerio de Fomento, la eliminación del peaje del tramo Cádiz-Jerez desde 2005 hasta 2019. Esta decisión le supone a la Junta de Andalucía un coste establecido en aquel momento en algo más de 72 millones de euros. Cuando se levantó el peaje se celebró con alborozo a pie de autopista, con presencia de políticos y después… nadie se acuerda de ese esfuerzo presupuestario que la Junta ha de continuar haciendo hasta el final de la concesión y de cuya gratuidad se benefician cuantos transitan por ese tramo de la autopista.

Y la presión continúa bien a favor de la supresión del peaje a cargo del Gobierno de la Nación, bien para a favor de la duplicación de la carretera convencional. El Ministerio califica de inasumible la supresión del peaje, lo que en comparación con el coste de construcción de una nueva autovía y la finalización de la concesión en algo más de cuatro años, podría ser asumible; pero lo que es inasumible para el Ministerio es el efecto dominó que tal decisión podría desencadenar en otros territorios del Estado Español.

¿La duplicación de la carretera convencional? Muy discutible en 2006, cuando se inician los estudios para acometerlo, y casi diez años después estamos donde estamos. Pero carece de sentido iniciar en 2016 la construcción de un tramo de ocho kilómetros y un  presupuesto que supera los 65M€, según el anuncio de la licitación. A corto plazo sí tendría sentido acometer la variante de El Cuervo para evitar accidentes y mejorar la fluidez del tráfico.

Habrá que estar atentos si efectivamente se produce la adjudicación de las obras en las fechas anunciadas (septiembre) y, sobre todo, habrá que estar atentos a que no vuelva a producirse prórroga en la concesión: esto es lo que de ninguna manera resultaría asumible.

Que en Andalucía existan centenares de miles de viviendas en suelo no urbanizable (y en España más de un millón) no es producto de una noche de borrachera. Solo puede ser producto de una acción continuada en el tiempo, como resultado de la inexistencia de normas precisas al respecto; o con normas, pero sin voluntad ciudadana ni política de cumplirlas. Solo cuando se ha plantea la necesidad de controlarlas, o derribarlas de acuerdo con la legalidad, se han convertido en un problema social y político.

La cultura urbanística se ha ido construyendo lentamente. Nuestra primera ley urbanística, de 1956, es reconocida por ser un texto de una gran calidad técnica, pero de escasos resultados efectivos. El Urbanismo empieza a ser una prioridad política en los años setenta, coincidiendo con los primeros ayuntamientos democráticos y la fuerte expansión urbana. En esos momentos lo prioritario era dar respuestas al crecimiento de las grandes ciudades; el campo no era un problema urbanístico. Quizás por ello, la legislación estableció tres conceptos y clases de suelos: el Urbano, el Urbanizable y el No Urbanizable, que se mantienen hasta hoy. Se ha advertido con frecuencia que este último recibe una denominación inadecuada, en negativo; pero a mi modo de entender refleja muy bien la idea de que es el espacio ajeno a la ciudad, el espacio ignoto de los mapas antiguos con el territorio que estaba más allá del mundo conocido.

La cultura urbanística empieza a extenderse entonces en los suelos urbanos y urbanizables. Ha habido también mucha indisciplina urbanística, pero hoy todo propietario sabe que si el Plan Urbanístico dice que se pueden construir cuatro plantas, no construye seis (antes se hacía); si el Plan declara que un inmueble está protegido por sus valores arquitectónicos, el propietario sabe que no puede demolerlo (antes se hacía para construir un centro comercial o un bloque de viviendas); los terrenos destinados a la construcción de un parque, se respetan (antes, no siempre).

Sin entrar en detalles, hoy el Plan urbanístico se cumple en los ámbitos urbanos y los Ayuntamientos ejercen el control de las actuaciones y la disciplina urbanística. Mientras tanto el Suelo No Urbanizable es un gran contenedor que no solo es ocupado por el espacio productivo agrario. Es donde se construyen carreteras o aeropuertos (¿dónde si no?) donde se instalan grandes vertederos de basura o cementerios de vehículos (¿dónde si no?), se abren canteras (¿dónde si no?), … y se construyen viviendas (por qué no?).

Viviendas en suelo no urbanizable ha habido antes de que la legislación urbanística existiera. La mayoría son viviendas vinculadas a la explotación agropecuaria y ninguna legislación urbanística establece prohibición alguna a su existencia, ni a la de los edificios anexos: casas de aperos de labranza, establos y naves para el ganado, bodegas, cortijos, pabellones de caza y un largo etcétera. Aquí no está el problema, salvo que se haya solicitado autorización para ampliar la caseta de los aperos de labranza y el resultado sea la construcción de un chalet con piscina. El problema se genera con la proliferación de viviendas no vinculadas a la agricultura.

El coste politico

La proliferación de vivienda “en el campo”, y en términos jurídicos en suelo no urbanizable, está vinculada a diversos factores: La disminución de la actividad agraria, la mejora del nivel de vida, el incremento del parque de automóviles y de la movilidad, la demanda de segunda residencia para españoles o de primera residencia para extranjeros, son factores que se concatenan para provocar tal ocupación del territorio. Pero ¿por qué ilegales? ¿Por qué en suelos no urbanizables? Por tres razones muy simples: porque son más baratas, por la permisividad de las Administraciones y porque no existe una concienciación ciudadana que repruebe esos comportamientos.

Con frecuencia, la Administración que ha de vigilar el cumplimiento de la legalidad urbanística no ha ejercido su responsabilidad, bien porque no ha sido capaz de ejercer la disciplina urbanística en todos los rincones de su término municipal, bien porque ha sido permisiva ante el coste político que suponía le podría acarrear frenar tales actuaciones, e incluso se ha visto como una diversificación de la actividad económica en sus pueblos, con las nuevas construcciones y el incremento de residentes.

En los suelos que se ocupan legalmente, la construcción de viviendas viene precedida de la urbanización de esos suelos a los que se les dota de alcantarillado, abastecimiento de agua, luz y telefonía, pavimentación y acerado de las calles, y las administraciones reciben una parte de esos suelos para la construcción de viviendas protegidas y para los equipamientos que el nuevo sector urbano requiere (colegios, centros de salud, parques y jardines, …). Finalmente, todos estos costes de urbanización son repercutidos en el precio de la vivienda; pero ninguno de ellos es asumido por el comprador de una parcela en suelo no urbanizable, de ahí que su coste sea bastante inferior. Los adquirientes de estas viviendas, una vez asentados, reclaman los mismos servicios y acceso a dotaciones públicas y se organizan para que se legalice su vivienda, algunas adquiridas de buena fe y otras no tanto. El tiempo transcurrido desde su construcción y la inactividad de los poderes públicos son argumentos que juegan a su favor.

Mientras el número de estas viviendas ilegales se va incrementando hasta cifras inasumibles y se pone de manifiesto la insostenibilidad de ese “modelo” de ocupación del territorio por el consumo excesivo y desordenado de los recursos naturales, el deterioro ambiental y paisajístico, y el deficiente funcionamiento de infraestructuras y dotaciones, una nueva cultura del territorio reclama una actuación más firme y eficaz que es recogida por algunas leyes urbanísticas autonómicas, entre ellas la andaluza, y la Ley del Suelo estatal de 2008. Se identifican sus valores naturales, culturales y patrimoniales y se prohíbe la ocupación residencial de esos suelos.

De igual modo, el Código Penal de 1995 tipifica por vez primera el delito contra la Ordenación del Territorio como un delito penal. Las Administraciones empiezan a actuar de forma algo más decidida (algunas más convencidas que otras), ya no se conceden tan irresponsablemente licencias de construcción, las empresas abastecedoras de servicios públicos (agua y luz, sobre todo) conocen también su responsabilidad si prestan tales servicios a viviendas no legales, notarios y registradores se cuidarán de inscribir estas propiedades; en fin, los Tribunales de Justicia intervienen, se dictan sentencias de demolición, y hasta se demuelen alguna viviendas.

Una caótica situación heredada del pasado

Pero para entonces ya tenemos sobre el territorio esas cientos de miles/ese más del millón de viviendas en suelos no urbanizables. Con situaciones administrativas, territoriales y de legalidad muy diversas. Las hay legales, donde el delito ha prescrito, con licenciadas impugnadas o no, con sentencia de demolición, en suelos inundables, en suelos protegidos, aisladas junto a otras decenas (o centenares) de viviendas aisladas, formando parte de parcelaciones ilegales, … Y todas reclamando “sus derechos”, además con mayor insistencia en la medida que han pasado a ser primeras residencias.

Las Administraciones han de hacer frente entonces a la resolución de una caótica situación heredada del pasado y de la que en parte es responsable, por su propia ineficacia o inactividad. Las Comunidades Autónomas de una u otra manera han ido adoptando medidas, como ha sido el caso de Andalucía con el Decreto aprobado a principios de 2012 o con las medidas que ahora ha anunciado la Presidenta, sin que aún se conozcan los detalles técnicos de la solución propuesta, y que ha suscitado aplausos, críticas, declaraciones ambiguas, expectativas infundadas y bastante demagogia.

Por ello, junto a la voluntad de querer dar solución a parte del problema, porque debe quedar claro que no todas las viviendas construidas en suelo no urbanizable son legalizables, no solo son importantes los instrumentos técnicos y los procedimientos de legalización o regularización, sino es mucho más importante la actitud política con la que se aborde.

En relación a los primeros, las medidas que se hayan de tomar para legalizar o reconocer de facto la existencia de estas viviendas no deben implicar cambios legislativos que supongan una desprotección frente a previsibles actuaciones futuras; no se puede modificar la Ley urbanística para dar solución a una situación heredada del pasado, porque se están incorporando marcos de actuación futuros.

Por otra parte, la legalización o reconocimiento de estas viviendas debe ir acompañado de la contribución de sus propietarios a la creación o ampliación de las infraestructuras y equipamientos públicos necesarios: De no ser así, será el conjunto de la sociedad la que soportará su coste. En este punto es donde hay mucha ambigüedad y bastante demagogia; y ejemplos no nos faltan de procesos de regularización anteriores, en los que los posibles beneficiarios se han negado a realizar tales contribuciones.

Pero más importante aún es la actitud política con lo que se debe afrontar este problema. Obviamente en la prohibición de construir viviendas en suelo no urbanizable hay una posición política de una determinada forma de hacer las cosas, hay un modelo de ocupación del territorio, hay una opción clara por la “utilización racional y sostenible de los recursos naturales” y “de la subordinación de los usos del suelo … al interés general” (art. 3º de la LOUA). Y en ese sentido, las Administraciones responsables tienen que controlar eficazmente posibles intentos de sortear la norma. La legislación tiene instrumentos más que suficiente para abordarlos; la única condición es que haya voluntad política de hacerlo. Y al mismo tiempo hay que avanzar en la concienciación ciudadana de que este modo de proceder es contrario al interés general, pues mientras la ciudadanía no repruebe estos comportamientos, todo será inútil y seguirán poniéndose puertas en el campo.

Josefina Cruz Villalón. Catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla. Ha sido Consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía.

Recientemente se ha difundido que entre las razones esgrimidas a favor de su ley del aborto, el Ministerio de Gallardón ha argumentado con los beneficios que un incremento de la natalidad en España tendría para la economía. Tal despropósito argumental provoca reacciones que oscilan entre sonrojo y la indignación. Sonrojo por la falta de rigor del argumento en términos económicos o puramente demográficos, e indignación por su banalidad.

Pues, efectivamente, de acuerdo con las estadísticas disponibles del propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, menos del 6% de los abortos que hoy se producen en España estarían entre los supuestos contemplados en el anteproyecto de Ley del PP. Así pues, en el caso de que entrara en vigor y si la mujer no puede o no quiere resolverlo en otro país o en la clandestinidad (que sin duda lo hará con considerables costes económicos o, mucho más grave, con riesgo cierto para su propia vida), en España se producirían unos cien mil nacimientos de hijos o no deseados o que, a pesar de que podría ser un hijo deseado, la mujer es consciente de que dadas sus condiciones laborales, socioeconómicas y/o familiares ha de renunciar con gran desgarro y dolor a tener ese hijo.

Se ha insistido ya lo suficiente en el derecho de la mujer a decidir sobre su propia maternidad sin tener que dar explicaciones cuando opta por no seguir adelante con un embarazo y en ese sentido parece que avanza la legislación francesa. Por eso, España que cuenta ya con una ley de plazos que se está desarrollando sin conflictividad social, y que contempla paralelamente la educación, formación e información para evitar embarazos no deseados, debe proseguir en esa misma dirección. Pudiera parecer extemporáneo reclamar en estos momentos una reforma en la línea que lo está haciendo la legislación francesa, cuando ahora el objetivo es parar la presentada por el Gobierno; pero en ningún caso se debe perder el horizonte de consolidación de tan doloroso derecho.

Obviamente no estamos hablando de que se pueda plantear en estos momentos, con la actual configuración parlamentaria, ya que el PP, siguiendo la senda marcada por la Iglesia más conservadora, quiere imponer su criterio no del derecho del nasciturus como les gusta decir, sino un argumento mucho más misógino de que la que peca, la paga. Solo la falta de argumentos está llevando a dirigentes del PP a acudir a comparaciones aberrantes con el nazismo, Herodes, Esparta, …

Si como decimos se insiste, y debemos seguir insistiendo, en el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad, estamos olvidando los derechos de aquellas mujeres que desearían ser madres, pero han de renunciar a ello por la falta de medios económicos o por el riesgo a perder un trabajo precario. Una mayor aplicación de nuestros gobernantes a la efectiva tutela de la infancia y su educación, del respeto a los derechos de la mujer trabajadora, a un adecuado desarrollo de la conciliación familiar, a la recuperación de trabajos dignos y estables, entre otros, permitiría a la mujer decidir con mayor grado de libertad sobre su maternidad, o maternidades.

Sin embargo no parece que en el Gobierno, más preocupado por el nasciturus que por el nacido, produzca ningún sonrojo, y mucho menos indignación, el también reciente informe de la ONG Save the Children que indica que en España un 30% de los niños y niñas (2.500.329 para dar mejor medida del drama) vivan en hogares por debajo del nivel de pobreza y que más de una tercera parte (2.826.549) se encuentren en riesgo de pobreza o de exclusión social. Las recetas siguen siendo las mismas: incremento de las políticas de prestación social, tutela efectiva a la infancia y a su educación y trabajos dignos para sus padres.