“Los científicos dicen que estamos hechos de átomos,

pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historia“

                                                                     Eduardo Galeano

No es fácil construir un relato histórico sin manipular los hechos desvirtuando la realidad. De allí la importancia de los cronistas. Qué decir de Bartolomé de las Casas y su Breve resumen del descubrimiento y destrucción de las Indias o de Felipe Guamán Poma de Ayala y El Primer nueva corónica y buen gobierno. Los buenos cronistas dejan huella. Sus obras son patrimonio cultural de la humanidad, lectura obligada para reconstruir períodos históricos, dan cuenta de las guerras de conquista imperial y sus atrocidades, describen estados de ánimo de hombres y mujeres inmersos en la pesadez de una historia que les invisibiliza. Son los notarios de los llamados pueblos sin historia, sin pasado, sin memoria, sin derecho a la existencia. Ellos se enfrentan a quienes los aluden para caricaturizarlos, volverlos extravagantes, bárbaros de mentalidad primitiva, homúnculos. Concepto que tanta importancia tuvo en Ginés de Sepúlveda para justificar la esclavitud de los indios, considerados bestias sin derechos.

Eduardo Galeano se enfrenta a tales afirmaciones, rebate cada uno de los argumentos y evidencia el grado de imbecilidad de sus defensores. A esa estirpe responde Galeano. Sus relatos condensan en pocas palabras, a veces en una frase, décadas o siglos de ignominia, explotación y estupidez. Su obra apela a la conciencia, a la reflexión ética. Rescata el juicio crítico y no se deja llevar por una actitud displicente. Galeano hace pensar. Su obra no resulta indiferente al lector. Sus crónicas estremecen. Sin necesidad de recurrir a construcciones lingüísticas engominadas, ni a explicaciones barrocas, deja hablar a los protagonistas, presenta la verdad de los hechos y toma partido, pero guardando un escrupuloso sentido del deber del cronista. No altera los hechos ni oculta la manipulación de quienes llevados por la fama se transforman en escribanos menores, meretrices del poder. De la historia oficial dijo que era “historia mutilada, una larga ceremonia de autoelogio de los mandones que en mundo son. Sus reflectores, que iluminan las cumbres, dejan la base en la oscuridad”.

Nunca se mostró sumiso, ni trató de caerle bien a todo el mundo. Actuó en consecuencia. No se dejó intimidar por reyes, terratenientes, tiranos, déspotas, oligarcas, banqueros y plutócratas. Los retrató y expuso sus vergüenzas a través de múltiples escritos. No tuvo piedad y no tenía por qué hacerlo. Se mostró implacable con quienes han querido agradar al poder falseando la realidad. Así se valió de la ironía como recurso para demostrar las contradicciones de un mundo al revés.

Tres ejemplos: “se llaman Convivir algunas de las bandas paramilitares que asesinan gente en Colombia, a la sombra de la protección militar; Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura militar chilena y Libertad la mayor cárcel de la dictadura uruguaya; se llama Paz y Justicia el grupo paramilitar que en 1997 acribilló por la espalda a cuarenta y cinco campesinos, casi todo mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas”.

Galeano ha sido la voz de los sin voz, de quienes albergan esperanzas, sienten dolor, tienen miedo, padecen la injusticia y cuyas vidas permanecen en el anonimato. Ha hecho crónica de los pueblos sin historia, sin derechos, avasallados por la mala memoria. Ha sido un notario del tiempo presente. Rescatador de la memoria nunca quieta que “no nació para ser ancla, que quiere ser puerto de partida, no de llegada”. Su pensamiento es voz de esperanza que denuncia, ataca, defiende, no huye ni se oculta. Es palabra seminal capaz de levantar y forjar conciencias rebeldes. No impone dogmas, simplemente relata, hace crónica. No se cree poseedor de la verdad absoluta, la niega. “No hay más verdad que la búsqueda de la verdad”, nos dice en su Patas Arriba. La escuela del mundo al revés.

Es un artesano del pensamiento crítico. Su obra no tiene una hechura industrial, no responde a modas, no se presenta como sucedáneo de una historia académica escrita para docentes y universitarios. Trasciende la coyuntura, expresa un sentir colectivo, es síntesis de América latina, de sus gentes, de sus proyectos emancipadores, libertadores, descolonizadores, antiimperialistas, de quienes luchan contra la hidra del capitalismo cuya fuerza y reproducción parece no tener límites. Es las Venas Abiertas de América Latina.

Pero su trabajo trasciende. No se queda en el llanto de la derrota o el fracaso. Galeano se siente comprometido con los ideales de la libertad, la dignidad y la justicia social. Por ello, su obra tiene una función política que le da sentido a su trabajo. Reclama a los que tienen el poder grados de responsabilidad por ser cómplices de matanzas, genocidios y aplicar políticas de muerte bajo el signo del neoliberalismo; denuncia a quienes desde posiciones de privilegio parecen no saber que sus actos están ligados a dichas políticas, imputándoles la responsabilidad de su negligencia; y por último escribe para quienes carecen del poder, señalando que sus acciones son el principio de una esperanza, de un hacer, donde no hay sitio para el desanimo.

No se presentó como gurú de proyectos ni buscó liderar movimientos. Por el contrario, se ha sumado a ellos y los ha reivindicado. Puso en entredicho el poder trasnacional, los malos gobiernos, las medias verdades que nublan la mente y las mentiras que niegan los hechos. Se identificó con el EZLN. De los zapatistas dijo: “La niebla es el pasamontañas que usa la selva. Así se oculta a sus hijos perseguidos (...) de allí han salido, enmascarados, para desenmascarar el poder que los humilla”.

Fue un gran conversador, un oidor excepcional, supo captar el significado del silencio, respetó a sus interlocutores y no se reservó cuando tuvo que levantar la voz de los sin voz, de quienes se identificaban con sus relatos, sus historias. Amigo de sus amigos, no dejó de preguntar, de interrogar y descubrir las contradicciones del capitalismo. Destrozó mitos, desnudó el poder político, atacó a los corruptos y se negó a ser objeto de culto por una elite política que le adulaba, pero lo temía y le hostigaba.

Galeano nos acercó al fuego, al viento, puso caras y máscaras, abrazó las palabras, nos citó en las noches de amor y guerra, y se reivindicó futbolero. Fue el cronista de la esperanza y un escribiente del dolor.

En el siglo XVI los esclavos traídos de África podían tirarse al mar como parte de la carga. Morían ahogados. Las compañías de seguros asumían los riesgos.

Hoy los inmigrantes de las pateras mueren en el Mediterráneo. Las autoridades europeas se lavan las manos y apuntan a un problema de seguridad estratégica y defensa de fronteras.

El mensaje es claro: la culta Europa "se reserva el derecho de admisión".

Las noticias no pueden ser más desalentadoras. Un día sí y otro también, los medios de comunicación proyectan imágenes de inmigrantes subsaharianos rescatados de las aguas del Mediterráneo por patrulleras pertenecientes a la Unión Europea. Mujeres embarazadas, madres con bebés en brazos, jóvenes en estado de hipotermia y shock; todos ellos, desorientados y con la mirada perdida, son atendidos por personal militar y la Cruz Roja. Los militares apuntan sus armas, mientras médicos y personal auxiliar visten monos blancos, guantes y mascarillas; los inmigrantes ilegales son considerados una epidemia contagiosa. Los sobrevivientes que han sorteado la muerte son sometidos a interrogatorios, fichados, fotografiados y trasladados a centros de acogida de extranjeros, que más bien parecen campos de confinamiento, donde lo más probable es que sean repatriados. La petición de asilo o refugio político es una lotería.

Las costas de Italia y España se han trasformado en un caladero de muerte. La tragedia toma una dimensión difícil de entender. No hay palabras. La sinrazón se apodera del drama humano convertido en pesadilla. Las agencias y los informativos prefieren relatar lo morboso, aquello que centre la atención del espectador. Los muertos no son noticia. En Palermo -nos anuncia una presentadora vestida a la moda- han sido detenidos quince inmigrantes musulmanes, rescatados en aguas próximas a Sicilia, por tirar al mar a una docena de inmigrantes cristianos. Meses antes, nos asombraban con otra noticia: en las costas de Almería algunos sobrevivientes de pateras declararon haber tirado por la borda a una docena de subsaharianos para evitar zozobrar y haber dado una paliza a otros hasta matarlos.

En abril de este año en Italia, atravesando el canal de Sicilia, han muerto mil personas en solo dos pateras. Son más de cien mil quienes han perdido la vida en esta travesía imposible. Y qué decir de aquellos que caminan hasta llegar a la frontera marroquí con España, esperando tener mejor suerte que sus compatriotas en las pateras. Les espera una realidad poco halagüeña. En Melilla se levanta una valla de espinos, cuchillos de seis metros de altura, perfectamente custodiada en ambos lados por guardias civiles españoles y miembros del ejército marroquí. A sus alrededores se encuentra un excelente campo de golf, donde sus habituales socios contemplan la verja de la vergüenza, mientras lanzan sus pelotitas y se divierten a costa del sufrimiento humano. Al igual que en Gaza, expresan la ignominia y la falta de humanidad de quienes se arrogan la decisión de señalar quiénes son de los suyos y quiénes unos don nadie, sin derecho a la vida. Muros, verjas y vallas se alzan como un mecanismo disuasorio y de poder contra los inmigrantes. Estéril decisión. Cada semana saltan la valla decenas de personas, aunque pocos logran el éxito. Y quienes lo consiguen son detenidos y expulsados en caliente, negándoles el habeas corpus, acusándoles de agresión a la autoridad y entregándoles a las autoridades marroquíes, donde su policía y fuerzas del orden les reciben de manera ejemplar, es decir, con palizas y torturas que en algunos casos les supone perder la vida.

En la memoria reciente, las imágenes captadas por periodistas y video aficionados de guardias civiles disparando a inmigrantes cuando intentaban llegar a la playa. Muchos de ellos se ahogaron y otros desaparecieron sin recibir ayuda. Los responsables directos y quienes autorizaron abrir fuego han sido transformados en héroes de la patria por el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su homólogo de Defensa, Pedro Morenés. Ambos los elogian. Y los mandos de la Guardia civil esconden pruebas, ocultan grabaciones y culpan a los inmigrantes de ser los agresores. La versión oficial es un insulto a la inteligencia: la guardia civil se defendía de los agresores que les increpaban y amenazaban. ¿Les estarían haciendo aguadillas, mojando sus uniformes o con las manos fuera del agua, en vez de nadar?

En este contexto, desde hace un tiempo las autoridades europeas han descubierto un argumento para justificar la represión, las extradiciones y las matanzas, señalando que actúan en nombre de la libertad y en defensa de la democracia occidental. Mientras recogen los cadáveres en alta mar, le ponen nombre a las operaciones disuasorias: “Mare Nostrum” o la ultimísima “Tritón de Frontex”, criticada por Nicolás Beger, director de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, al subrayar que la Unión Europea “sigue más preocupada por proteger sus fronteras que proteger a las personas”.

Hoy, los sesudos representantes de la Unión Europea nos dicen que en las pateras y barcos piratas se encuentran camuflados miembros del Estado Islámico, cuyo objetivo es realizar atentados terroristas en los países de acogida. Preocupados por el cariz del problema, a jefes de Estado, presidentes de gobierno, ministros de exteriores, defensa e interior, es decir, a la inteligencia en pleno se les ocurre una gran idea para enfrentar el problema de la inmigración: aumentar el presupuesto militar destinado a las tareas de control, inteligencia y patrullaje en las aguas del mediterráneo. En esta febril decisión, el primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, ofrece fragatas para abordar los barcos pateras con la condición de desembarcarlos en cualquier país menos en sus costas, no sea que se contaminen de inmigrantes.  

El enemigo -señalan concienzudamente- es un conglomerado de traficantes de personas, mafias pertenecientes al crimen organizado y miembros del Estado Islámico. Para las autoridades europeas la buena voluntad debe dar paso a la férrea decisión de atacar el problema de la inmigración ilegal como parte de una política de defensa estratégica. En esta perspectiva consideran que las autoridades “nativas” en los países de origen deben ser aleccionadas para que vigilen e informen de los barcos piratas que actúan en sus costas, para su posterior bombardeo y de esa manera disuadir el tráfico de inmigrantes. Aquí no se discrimina. Al fin y al cabo da igual un liberiano que un nigeriano, un etíope que un eritreo; en definitiva, son todos negros, no tienen pasaportes y hablan raro. No se les puede dejar entrar a Europa. Son unos muertos de hambre. Si arriesgan la vida son insensatos, con lo que se les debe aplicar la misma receta que las casas reales de España, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica y Dinamarca, junto con la pulcra burguesía francesa o la culta clase dominante alemana, practicaron durante siglos. Explotarlos hasta la muerte, primero como esclavos y hoy como países subordinados y dependientes. Nada mejor que extraer sus riquezas naturales a cambio de celebrar un mundial de futbol y mantenerlos en sus lugares de origen, regalándoles camisetas deportivas de sus equipos y jugadores. Deben entender que sus aspiraciones tienen límites y que, salvo casos excepcionales, no son bien recibidos en la cuna de la democracia occidental. Si no lo entienden por las buenas, lo harán -como siempre- por las malas. Palo, azote, cárcel, tortura y muerte. Eso sí, con un coste mínimo, no sea que el presupuesto se les vaya de las manos.

Allí donde surgen proyectos emancipadores en que confluyen antiimperialismo, democracia y socialismo, la respuesta de Estados Unidos siempre ha sido la misma: desestabilizar y hacer caer los gobiernos populares. Si en el siglo XX se trató de Guatemala, República Dominicana, Cuba, Chile o Nicaragua, hoy es Venezuela quien ocupa el centro del ataque.

Sin embargo, América Latina se muestra contundente a la hora de rechazar y poner en evidencia la intervención de Estados Unidos. Instituciones surgidas de los procesos emancipadores como UNASUR y CELAC rechazan tal injerencia.

Los Estados Unidos se autoproclaman un pueblo pacífico, destinado por la providencia a expandir el ideal de la libertad y la democracia por el planeta. Su relato se complementó más adelante con doctrina Monroe de 1821, cuyo eslogan “América para los americanos” fue la excusa para imponer su voluntad a los nacientes Estados de América latina. Doctrina Monroe y “destino manifiesto” han tenido diferentes interpretaciones y actualizaciones, según gobiernen demócratas o republicanos. Desde la política del garrote y la zanahoria, pasando por la del “buen vecino”, el panamericanismo y la Alianza para el Progreso hasta las políticas militares y geoestratégicas. Guerras de baja intensidad, lucha contra el narcotráfico, el terrorismo internacional, reversión de procesos revolucionarios, etc. Bajo dicho paraguas proclaman su condición de gendarme no sólo en América latina, sino en el mundo occidental. Según argumentan sus ideólogos y think tanks, no se trata de una situación buscada, sino de una especie de fatalidad con la cual deben convivir, impuesta por Dios, como pueblo elegido para garantizar la democracia. Así, educados en la paz, tendrán que hacer la guerra. Defensores de los derechos humanos, tendrán que violarlos. Bajo la promesa de defender la justicia y la libertad, se ven abocados a transgredir dichos principios en pro de lograr el objetivo final, que no es otro que imponer por la fuerza y a su pesar el Estado de Derecho. Para ello no escatiman esfuerzos, promueven golpes de Estado, derrocan gobiernos y, si es necesario, invaden países en nombre de la pax americana.

Nunca he creído en guardianes de la democracia. No soy partidario de un gendarme protector que avise, según su entender, cuándo se traspasa el límite de lo políticamente correcto. Rechazo, por principio, los discursos paternalistas y soberbios, llenos de consejos mostrando los peligros de refrendar proyectos antiimperialistas, democráticos y socialistas, así como las consecuencias de no seguir sus advertencias. Siempre bajo el tópico: “ustedes se lo han buscado”. No queríamos invadir, matar, violar ni torturar, pero no nos han dejado otra salida.

Desde el siglo XIX, no hay continente que se les resista. África, Asia, Europa y América Latina han sido objeto de la doctrina del destino manifiesto. Así, no han tenido remilgos en dirigir, subvencionar y patrocinar acciones desestabilizadoras cuando gobiernos electos les plantan cara declarándose soberanos. Los gobernantes estadounidenses han aplicado diferentes estrategias para doblegar voluntades. En ocasiones, les ha bastado con enviar cartas reclamando deudas. En otras han ido más lejos, negando préstamos, obstaculizando exportaciones, cerrando el flujo de inversiones y presionando a países aliados. Asimismo, aplican de manera unilateral sanciones económicas, políticas, diplomáticas, sociales y culturales. Bloquean cuentas bancarias, paralizan importaciones y denuncian convenios bilaterales de cooperación. Igualmente, en complicidad con las oligarquías criollas y las empresas transnacionales, tratan de paralizar productivamente la economía del país en cuestión produciendo inflación, crisis, etc.

Por otro lado, se articula una campaña de desprestigio y desinformación para crear una opinión pública favorable a sus políticas desestabilizadoras a nivel internacional y diplomático. Como sucede en el caso venezolano, se expulsan diplomáticos y se acusa a sus autoridades de narcotraficantes, apoyar el terrorismo internacional, ser un país poco fiable y un peligro para la paz. En otros términos, Venezuela no cumpliría con los estándares mínimos de ser una democracia fiable según el patrón estadounidense.

En su haber para dar credibilidad a las acusaciones cuentan con las transnacionales de la comunicación, CNN, EFE, BBC, RAI, Reuters, France Press, sin olvidarnos de las cadenas de televisión, radio y prensa escrita que reproducen mañana, tarde y noche los llamamientos a la sedición y a romper el orden constitucional. Se trata de adjetivar un gobierno legítimo y democráticamente electo como un régimen totalitario que persigue a la oposición, encarcela a sus dirigentes, tortura y rechaza las reglas del juego.

Durante la guerra fría, Guatemala, Chile, Cuba, Brasil, Haití, República Dominicana, Bolivia, Panamá, Nicaragua, Perú, Uruguay, Argentina o Paraguay fueron objeto de esta trama. En la época post-guerra fría, otros países se han convertido en las víctimas predilectas del acoso estadounidense. Ya hemos citado Venezuela, pero debemos sumar Ecuador y Bolivia, que también resisten el embate imperialista. Honduras y Paraguay no tuvieron la misma suerte. Los procesos desestabilizadores y el discurso anticomunista triunfaron bajo la atenta mirada del Departamento de Estado con sendos golpes de Estado cuyas consecuencias inmediatas han sido el cierre de espacios democráticos y el asesinato de los dirigentes sindicales y líderes de los partidos de izquierda.

Pero no olvidemos que Estados Unidos -en tanto gendarme de la región- ejerce una continua presión militar. Posee bases militares, personal de inteligencia y contrainsurgencia afincado en todos los países del subcontinente. En sus embajadas, en ocasiones el personal militar supera al civil. Brasil, Bolivia, Argentina, Nicaragua, Colombia o México son un buen ejemplo de lo dicho. Igualmente, las fuerzas armadas locales han sido entrenadas en sus academias de guerra y continuamente se realizan maniobras entre las fuerzas armadas criollas y las estadounidenses. Baste recordar a los dictadores centroamericanos de mediados del siglo XX. En esta maniobra envolvente los servicios de inteligencia afincados en las embajadas articulan a los sectores golpistas en caso de necesidad.

Utilizar presiones, promover sanciones y desarrollar acciones desestabilizadoras son opciones que Estados Unidos puede utilizar indistintamente. Se trata de una estrategia escalonada. Primero se advierte y después se toman decisiones golpistas. En otros términos, Estados Unidos se autoproclama juez, árbitro y observador beligerante, considerándose un actor legitimado para en medio del partido cambiar las reglas del juego a conveniencia. Aun así, no siempre lo logran. Han sido muchos los países y los gobiernos que han plantado cara, han resistido y no se han dejado avasallar. Cierto es que hacerlo tiene consecuencias, pero no se puede renunciar a la dignidad, la soberanía y los derechos de autodeterminación de todo un pueblo, asumiendo de antemano la derrota y dejando por el camino los valores democráticos que -se supone- son parte de la historia emancipadora de los pueblos latinoamericanos. Motivo más que suficiente para defender al gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela de la campaña internacional montada para avalar la sedición y el golpe de Estado.

El autor analiza los paralelismos entre las estrategias desestabilizadoras de la democracia que se producen en Venezuela por parte de la derecha, sus grupos empresariales y medios de comunicación, y las que bajo los mismos intereses y con similares patrocinadores se articularon en Chile contra el gobierno de Salvador Allende.

Justificar un golpe de Estado, proclamándose adalid de las libertades civiles, es un ardid propio de quienes desprecian el poder político democrático. En América Latina las experiencias históricas se acumulan y no dejan de sorprender por su recurrencia y uso de argumentos asentados en la psicología del enemigo interno desplegada durante la guerra fría, diseñada por Brasil y redefinida por Estados Unidos como doctrina de la seguridad nacional.

Venezuela sufre desde 1998, fecha del triunfo electoral del proceso bolivariano encabezado por Hugo Chávez, una acción desestabilizadora destinada a romper la voluntad popular del pueblo venezolano expresada en las urnas. Al desconcierto inicial de los partidos tradicionales desde principios del siglo XXI le ha seguido un reordenamiento de la derecha, grupos empresariales y oligarquía terrateniente, quienes no han dudado en llamar al magnicidio como alternativa para derrocar al gobierno.

Hoy asistimos a los embates de una campaña internacional destinada a desprestigiar el proceso político bolivariano, financiando la creación de partidos ad hoc y lanzando campañas de intoxicación internacional de largo aliento. La mentira se convierte en un arma política y se utiliza indiscriminadamente. Los medios de comunicación social se transforman en auténticos agitadores y promotores del golpismo, bajo el paraguas de apoyar las libertades de expresión y prensa que dicen se encuentran amenazadas por un gobierno dictatorial. Sin bases reales, se inventan casos de torturas, asesinatos de periodistas, encarcelamientos arbitrarios, etc. Cuando se descubren los montajes (recuérdese la foto del presidente Chávez agonizando), hacen oídos sordos. Hasta no ver cumplidos sus objetivos seguirán violando la ética periodística en pro de los golpistas.

La semejanza entre las estrategias desestabilizadoras articuladas por la derecha en Chile durante el gobierno socialista de Salvador Allende (1970-1973) y las actuales políticas tendentes a derrocar al gobierno democrático del presidente Nicolás Maduro, hace pensar en un manual para romper el orden constitucional basado en la desestabilización. Si Richard Nixon -el presidente republicano estadounidense de la época- planteó hacer estallar la economía chilena en sus cimientos, Henry Kissinger -su secretario de Estado- fue más osado, al afirmar que Estados Unidos no abandonaría a sus aliados en Chile por la irresponsabilidad de un pueblo que votó mal eligiendo un presidente de izquierdas. Hoy, Barack Obama continúa dicha tradición con su secretario de Estado John Kerry, quien presenta el gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela como un peligro para la democracia en la región, identificándolo como un portaviones del crimen organizado, el narcotráfico y los enemigos de occidente. Sus palabras no dejan sombra a la duda: “Venezuela continúa avanzando por la dirección equivocada y tomando las decisiones incorrectas. Estamos trabajando con los dirigentes de la oposición para la defensa de la democracia en Venezuela. Estamos trabajando en este momento con el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro, para implementar las previsiones de la ley de sanciones y nos estamos moviendo lo más rápido posible. He elevado el problema sobre Venezuela a los líderes de la región”.

Entre Nixon y Obama, Kissinger y Kerry, han transcurrido cuarenta años, pero Estados Unidos no renuncia a intervenir en los países latinoamericanos para mantener su Pax Americana. Nunca ha dejado de financiar a la burguesía local y sus organizaciones políticas, partidos, sindicatos, movimientos sociales y grupos paramilitares en su objetivo de torcer la voluntad democrática de los pueblos que se dan gobiernos antiimperialistas contrarios a sus intereses.

Sin embargo, no es fácil crear un estado de caos interno y una correlación de fuerzas internacional que avale una acción golpista. Para ello hace falta combinar factores como el descontento, potenciar la violencia social, generar miedo, paralizar la vida cotidiana y transformarla en un infierno. Los mecanismos habituales han sido el desabastecimiento, el mercado negro, la inflación, la violencia callejera, el bloqueo de carreteras, el acaparamiento y una campaña desinformativa de comunicación social tendiente a justificar una intervención salvadora de la Patria. Requiere tiempo y desgastar las bases sociales de los gobiernos populares. En países dependientes, donde las multinacionales controlan monopolísticamente sectores claves como el farmacéutico, el alimentario, los repuestos automotrices y los bienes de consumo, es fácil provocar el desabastecimiento. Basta con no importar medicinas, jabón, pasta de dientes, baterías para coches, bombillas, neumáticos, aparatos electrónicos, leche, papel o hasta el más insignificante tornillo. Además, el bloqueo se acompaña de exigencias poco frecuentes en las relaciones económicas internacionales, como es el pago al contado. Una forma de estrangulamiento que favorece el mercado negro de dólares.

Construir una realidad caracterizada por la represión a los partidos opositores o la detención de sus dirigentes requiere una coyuntura internacional favorable a tal discurso. Se busca identificar a sus dirigentes como perseguidos, maltratados y vulnerados en sus libertades. Unos mártires de la democracia. Igualmente ocurrió en Chile. Sus hacedores coinciden. Son los grupos empresariales, la burguesía local, la oligarquía terrateniente y el capital financiero, cuyos intereses están inmersos en la transnacionalización productiva neoliberal. Si algo tienen en común las clases dominantes latinoamericanas es su imbricado sistema de alianzas y su total desprecio a las formas democráticas de ejercicio del poder.

Sin embargo, partidos políticos y gobiernos del llamado mundo libre sucumben a los cantos de sirenas de la oposición golpista en Venezuela. Resulta curioso en España, donde se ha desarrollado una virulenta campaña contra el gobierno del presidente Maduro; campaña a la que se suman voces que van desde el Partido Popular hasta Podemos, cuyo secretario general, Pablo Iglesias, rompe una lanza en favor del alcalde de Caracas, considerando su detención un acto desproporcionado. La cárcel -subraya- no es un sitio para un alcalde electo (sic).

Es menester recordar que en Chile, durante el último año del gobierno de la Unidad Popular, los cargos públicos de la derecha, alcaldes, diputados y senadores, actuaron en la trama civil del golpe y muchos salieron al extranjero acusando al gobierno de Salvador Allende de perseguirlos. El caso más renombrado recae en la figura del secretario general de Patria y Libertad, Pablo Rodríguez Grez, posteriormente ministro de la dictadura y abogado de Pinochet. Grez decidió autoexiliarse en Ecuador, en el mes de julio de 1973, al considerarse perseguido por el gobierno de la Unidad Popular. En su favor se desplegó una campaña internacional, coincidente con la orden de busca y captura por su participación en el intento de golpe de Estado de 29 de junio de 1973. Fueron muchas las personas que se prestaron al juego y se sumaron a las políticas golpistas bajo el cartel de sufrir persecución ideológica. La historia los ubica como organizadores del golpe de Estado.

Hoy el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, detenido por participar en otra trama frustrada de golpe de Estado, es presentado al mundo como un mártir de la democracia. Pocos recuerdan su pasado: en 1992, como gobernador de Acción Democrática en el distrito federal, reprimiendo los movimientos democráticos; en 2002, tras el triunfo de Hugo Chávez, sumándose al golpe cívico-militar; en 2004, gestionando el paro empresarial-petrolero; en 2005, negando legitimidad a las elecciones generales y cuestionando los resultados del referéndum revocatorio. Y ya en 2014 se suma, junto con Leopoldo López y Corina Machado, al putsch conocido como “La salida”. Hoy es necesario recordar las estrategias desestabilizadoras, sus aliados políticos internacionales y los medios de comunicación que avalan la mentira.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aludiendo a Izquierda Unida sentenció: “Se vive muy cómodo en el 12%, siendo un partido bisagra del PSOE, siendo fiel a tus principios y sabiendo que vas a ser minoritario”. Que un político argumente la necesidad de renunciar a los principios y valores bajo el paraguas de ganar a toda costa es inquietante. En este caso, da igual si el secretario general aludía a un partido, a su dirigencia o al comportamiento de personas en su vida privada. La moraleja es la misma: no vale la pena mantener principios si con ello pierdes. En la vida es mejor ganar que perder.

Me parece que tal opinión -muy extendida en el ámbito deportivo: no importa jugar mal y ganar, mejor que hacerlo bien y perder- nos sitúa en el mundo donde el quehacer político se reduce a gozar del poder por el poder. El EZLN lo aclara magistralmente: “En la historieta del poder, el problema de la relación entre la moral y la política es ocultado (o desplazado) por el de la relación entre política y éxito, y entre política y eficacia. Maquiavelo resucita en el argumento de que, en política, la moral superior es la eficacia y la eficacia se mide en cuotas de poder, es decir, en el acceso al poder (...) En consecuencia, ahora hay una ética de la 'eficacia política' que justifica los medios que sean necesarios para obtener resultados”.

Los principios y los valores nos hacen fuertes y marcan la diferencia. En lenguaje cotidiano no todo puede adscribirse a lógica del poder, ni medir por éxitos electorales. Los ejemplos no son pocos. Albert Einstein, por principios, renunció a la presidencia de Israel ofrecida por los sionistas. Emile Zola -ese genio de la literatura- no claudicó y, a pesar de las presiones, escribió Yo acuso, dirigido al entonces presidente de Francia, desenmascarando el amaño de juicio contra el teniente Dreyfus, acusado de traición a la patria. Su actitud le valió el exilio. Sin embargo, descartó vender más libros y gozar de la fama a cambio de su silencio.

Salvador Allende tampoco renunció a sus principios, ni aceptó chantajes a cambio de seguir en el gobierno. Fue fiel a la Unidad Popular, formación heterogénea donde coexistían partidos políticos y movimientos sociales cristianos, laicos, marxistas, independientes, socialdemócratas, comunistas y socialistas. Mantuvo sus principios y defendió su programa político, muchas veces en contra de su partido, el socialista. Hoy la izquierda mundial lo reconoce como un patrimonio universal. Una vida ejemplar.

Sócrates, Giordano Bruno, Simón Bolivar, Condorcet, Juan Negrín, García Lorca o Antonio Gramsci, entre otros, configuran la saga de hombres dignos. Sin olvidarnos de la gente que lucha contra la injusticia social desde el anonimato, poniendo como aval sus principios y dignidad. Ellos son un valor agregado de la izquierda. No se puede renunciar a los principios ni menos a la política, izando la bandera del pragmatismo electoral, soslayando la memoria histórica, renegando de la conciencia política y abandonando los principios éticos en la lucha emancipadora de los pueblos por la democracia.

Max Weber -sociólogo maldito- ejemplarizó dicha renuncia bajo la dualidad de la ética del compromiso, fundada en valores del bien común, la justicia social y los derechos humanos, versus la ética de la responsabilidad, apoyada en la razón de Estado. Para un político pragmático es más cómodo enarbolar el argumento de la responsabilidad con el poder, nadar a favor de la corriente que defender principios.

Los principios, como los valores éticos del bien común, la justicia social y la dignidad, son irrenunciables. Sirva un ejemplo. En América latina, durante las dictaduras hubo militares que no aceptaron la ordenanza de ley debida como fundamento para violar los derechos humanos. Su actitud les llevó al enfrentamiento con sus compañeros de armas. Fueron repudiados, expulsados, perseguidos, torturados o asesinados. Pudieron guardar silencio, mirar hacia otro lado y conseguir un ascenso. Sin embargo, prefirieron mantener la dignidad y no traicionar su conciencia. Seguro que tenían miedo, pero no fueron cobardes, actuaron en consonancia. Sabían a lo que se enfrentaban. Vivir acorde a los principios no es fácil. Supone una crítica diaria de lo hecho.

Si el objetivo del secretario general de Podemos era referirse a la izquierda como categoría y a Izquierda Unida como partido con valores anquilosados, inamovibles y fracasados electoralmente, tildándola de estéril, ello supone faltar a la verdad. Desde su creación en 1986, IU ha gobernado cientos de ayuntamientos y ha coadyuvado a la apertura de espacios democráticos, fortaleciendo derechos políticos y sociales nada desdeñables. En el parlamento ha levantado la voz denunciando los recortes, las privatizaciones, la ley mordaza, la ley de partidos, etc. Igualmente, ha participado siempre en las luchas sociales y, en estos años de crisis, en las marchas por la dignidad, las mareas y los movimientos vecinales contra los desahucios. Sus abogados han prestado servicios a inmigrantes y han denunciado el racismo y al gobierno del Partido Popular como antes al del PSOE en el Parlamento Europeo.

Durante décadas, más allá de sus triunfos y fracasos electorales, IU ha participado en las luchas contra el machismo y en la defensa de los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. No es de extrañar que Syriza tenga en Izquierda Unida su organización hermana y sea un ejemplo desde sus orígenes para su proyecto, pese a quien le pese.

¿Dónde situar pues la afirmación “vivir en la comodidad de la oposición y los principios”? El sitio adecuado es la mentira política. Federico II, rey de Prusia, convocó en 1778 un concurso de ensayos bajo el título “¿Es conveniente engañar al pueblo?”. Sostenía que era necesario hacerlo en beneficio de la propia gente. Condorcet, rechazando tal afirmación, aunque sin ánimo de presentarse al concurso, respondió a tal felonía: “Es imposible concluir un error a partir de una verdad sin haber razonado en falso; o bien que todo razonamiento falso presupone una proposición falsa. No será pues la verdad la que habrá conducido a un error funesto, sino una opinión falsa la que habrá conducido a una falsa conclusión”. Por tanto, en política es mejor decir la verdad que mentir y engañar.

La política no se construye desde la mentira, el engaño o las verdades a medias. Resulta peligroso y contraproducente, aunque se obtengan réditos inmediatos. La democracia se fundamenta en conceptos éticos del bien común, de justicia social y responsabilidad. Existe una relación directa entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Acaso no demandamos a los partidos políticos que cumplan su programa? Les criticamos cuando no se ciñen a sus proyectos. El ciudadano -hoy la gente, para algunos- demanda coherencia en el quehacer político. Sea votante, militante o simpatizante del Partido Popular, Convergencia i Unió, Partido Nacionalista Vasco, Izquierda Unida, Ciudadanos o Unión Progreso y Democracia. La crítica debe preceder la acción. Acomodarse supone justificar todo en nombre del partido. Vivir con principios, mantener la dignidad y no perderla por un puñado de votos, no es tarea fácil. En eso consiste tener conciencia y levantar un programa emancipador. Otra cosa es justificar lo injustificable a cambio de un puñado de votos.

La moderna exigencia de transparencia ha devenido en una suerte de obsesión por la misma, que sustituye la ideología y la acción política por la rendición de cuentas sobre pagos, ingresos y gastos.

La sociedad de la transparencia funda una democracia de espectadores.

Desde hace algún tiempo, partidos políticos, instituciones y personalidades públicas reclaman transparencia, como si fuese la respuesta a todos los males de la política actual y supusiera el fin de la corrupción. Igualmente, la relación entre partidos políticos y democracia parece unívoca. La existencia de muchos partidos se interpreta como un síntoma del buen funcionamiento democrático. Un juego entre partidos que se disputan cargos públicos para gestionar fondos y controlar las decisiones del día a día en el marco de las estructuras de poder.

A medida que el neoliberalismo ha ido asentándose cultural y socialmente, la política ha perdido su centralidad, reduciendo sus contenidos a una gestión y alternancia. Los proyectos, las alternativas y la creación de horizonte histórico desaparecen. El objetivo de los partidos y de sus representantes parece centrarse hoy en rendir cuentas de en qué, cómo, para y a quiénes se destinan los fondos que se manejan y, de paso, mostrar la desnudez económica bajo la fórmula de sueldos, salarios y declaraciones de la renta. El partido y sus dirigentes deben ser transparentes.

Fondos propios, donaciones, sueldos, pagos a terceros y gastos. Todo cae bajo esta denominación, declamando cuando se les acusa: “¡Soy transparente! ¡Acá esta mi declaración de la renta!”. Para algo existen los asesores financieros: para hacer transparente lo opaco. Las sociedades interpuestas, las donaciones, las asociaciones sin fin de lucro y las fundaciones. Todas son legales y transparentes. Esta obsesión por la transparencia ha terminado por arrinconar la acción política y el papel de los partidos a rendir cuentas sobre sus fondos y pagos.

No pongo en tela de juicio la necesidad de rendir cuentas económicas. Para eso los jesuitas inventaron los modernos libros de cuentas hace más de cinco siglos. Haberes y debes. Por tanto, sean partidos políticos, bancos, universidades o comunidades de vecinos, todos deben tener su libros en orden. Podremos hablar de cajas B, de fondos reservados, de financiación ilegal, de mala administración, corrupción, apropiación indebida, desfalco, etc. Pero la función de los partidos políticos no es administrar fondos. Bajo este principio, un partido político sería democrático y transparente si su contabilidad está saneada, sin importar que patrocine golpes de Estado, designe a dedo sus candidatos, confeccione listas cerradas para sus direcciones y la democracia interna brille por su ausencia.

No todos los partidos políticos son democráticos, ni sus dirigentes se caracterizan por tener valores éticos acordes con una práctica democrática, donde se controle sus actos, se asuman responsabilidades y dimitan.

Bajo la bandera de la transparencia se oculta una gran mentira. Una nueva generación reclama el traspaso de poderes y se proyecta como la élite política del recambio y la regeneración. Se definen como jóvenes dotados de cualidades hasta ahora desconocidas. Se consideran los aristócratas del saber y los elegidos por méritos. Currículum brillante que incluye doctorados, políglotas, emprendedores, expertos en redes sociales y el mundo digital. Se autodenominan la generación de “los mejor formados” de la historia. El poder les pertenece, se transforman en adalides de la lucha contra la corrupción y practican la política de la transparencia. La reclaman para desnudar las prácticas de los considerados políticos de la guerra fría.

Byung Chul-Han, uno de los filósofos más creativos de este siglo, apunta en su ensayo Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder lo siguiente: “La reivindicación de la transparencia presupone la posición de un espectador que se escandaliza. No es la reivindicación de un ciudadano con iniciativa, sino la de un espectador pasivo. La participación tiene lugar en forma de reclamación y queja. La sociedad de la transparencia, que está poblada de espectadores y consumidores, funda una democracia de espectadores”.

La sociedad de la transparencia no tiene ningún color. Los colores no se admiten como ideologías, sino como opiniones exentas de ideología, carentes de consecuencias. Por eso se puede cambiar de opinión sin problemas. Un día digo digo, al día siguiente digo Diego, y al tercero ni digo, ni Diego, sino Pedro. Desde la democracia digital de consumo por twitter y facebook se habla de generaciones amortizadas y desechables. Bajo este contexto, surgen partidos políticos que huyen de cualquier vínculo con las derechas o las izquierdas. Sus nombres son ambiguos y gelatinosos. Suelen referenciar actitudes alusivas al esfuerzo individual, a la suma de voluntades. Hay que ser positivos. En la mayoría de los casos son partidos “atrapalotodo”. Tienen un punto de unión: su obsesión por la transparencia.

Sin embargo, la transparencia sólo es posible en un espacio despolitizado. Por ello son la cara amable del neoliberalismo: sustituyen a los partidos socialdemócratas y centroderecha. Nada que ver con la coalición griega de Izquierda Radical, Syriza. Nuevamente, Byung Chul Han pone el dedo en la llaga al señalar cuál es el papel de la transparencia en el neoliberalismo en su libro La sociedad de la transparencia: “Las cosas se hacen transparentes cuando abandonan cualquier negatividad, cuando se alisan y allana, cuando se insertan sin resistencia en el torrente liso del capital, la comunicación y la información. Las acciones se tornan transparentes cuando se hacen operacionales, cuando se someten a los procesos de cálculos, dirección y control (...) Las cosas se vuelven transparentes cuando se despojan de su singularidad y se expresan completamente en la dimensión del precio. El dinero que todo lo hace comparable con todo, suprime cualquier rasgo de lo inconmensurable, cualquier singularidad de las cosas. La sociedad de la transparencia es un infierno de lo igual (...) La transparencia estabiliza y acelera el sistema por el hecho de que elimina lo otro o lo extraño. Esta coacción sistémica convierte a la sociedad de la transparencia en una sociedad uniformada. En eso consiste su rasgo totalitario”.

Así, la transparencia no guarda vínculo directo con la práctica democrática. Quienes se rasgan las vestiduras exigiendo transparencia y se vanaglorian de serlo no reclaman transparencia cuando se trata de explicar con quién se reunieron, qué acordaron, quiénes deciden la agenda y cuál fue el proceso de negociación para nombrar cargos. Hablamos de la llamada “cocina política”, del poder, cuyo cartel en la puerta es claro: “Reservado el derecho de admisión”.

Así, reclamar la transparencia del dinero a través de preguntas como ¿cuánto gana un político? ¿cuál es su estado de cuentas bancario? ¿qué propiedades posee? ¿dónde pasa las vacaciones? o ¿qué compra?, no hace democracia, ni genera una sociedad más libre y participativa. Simplemente explota la transparencia obscena del capital como relación social. Más transparencia del capital conlleva menos democracia participativa. Su reivindicación nada tiene que ver con un proyecto democrático afincado en la participación, la mediación, el dialogo, la coacción, el conflicto, la negociación y la representación. Démosle la bienvenida.

Los creyentes en dioses y profetas, sea Mahoma, Cristo o Moisés, se consideren católicos, judíos o musulmanes, lectores de la Biblia, el Corán o la Tora, están sometidos a un doble vínculo: su religión y una sociedad que puede o no estar secularizada. En cualquier caso, poco cambia el argumento. En Occidente, hablamos de la separación Iglesia-Estado, pero el calendario es religioso, se celebra la navidad, la semana santa y la Iglesia católica ejerce su fuerza sobre el poder político, manifestándose contra el aborto, el divorcio, la homosexualidad o la educación laica. Igualmente, controla empresas, bancos y medios de comunicación. ¿Estado laico? Los guardianes de la fe, las iglesias y sus funcionarios, se consideran legitimados para blandir la espada contra infieles y herejes, todos blasfemos. El mensaje es simple: mostrar irreverencia conlleva sufrir castigo divino. En esto tampoco hay distingos. Musulmanes, católicos o judíos justifican su venganza sin más argumento que sentirse insultados e humillados. Pero olvidamos que la religión es un asunto privado, que sólo compete a sus creyentes y no puede imponerse a los demás. El humor y las caricaturas, imitaciones, historietas, chistes, comedias, etc. son por naturaleza irreverentes. Y deben seguir siéndolo. Demuestra la capacidad de una sociedad de reírse de sus miserias, de criticar al poder y sentirse libre. Qué decir de la comedia greco-romana, cuna del humor occidental.

La libertad de expresión -se quiera o no- presupone la capacidad de escuchar, seleccionar y determinar la relevancia de lo dicho. No todo lo dicho por alguien debe concitar y ser digno de atención. Los ciudadanos pueden reivindicar su derecho al silencio, la indiferencia y la crítica. En eso consiste la libertad de expresión. Los regímenes antidemocráticos cercenan la cultura, ejercen la represión política, la censura, ahogan económicamente a los medios de comunicación social independientes, mostrando un fundamentalismo, recortando derechos políticos en nombre de la seguridad, la decencia, el decoro y las buenas costumbres. No hay país occidental donde no se ejerza la violencia política en nombre de la razón de Estado. Seguramente, nuestras maneras las consideramos civilizadas, frente a la persecución en países como Arabia Saudí, donde se persigue a homosexuales, el rey tiene todos los poderes, se castiga a las mujeres, existe una policía religiosa. Pero Occidente se siente cómodo con Arabia Saudí, aliado de sus torticeras maniobras en Oriente medio. ¿Por qué no le declara la guerra como ha hecho con Siria, Libia e Irán? ¿Hipocresía?

Los atentados de Paris, cometidos por franceses de religión musulmana, son una excusa para seguir una línea dibujada tras los atentados de las Torres Gemelas en 2001. Terrorismo es igual a fundamentalismo islámico; fundamentalismo islámico a musulmanes; musulmanes a Estado Islámico; y Estado Islámico a enemigos de la civilización.

A los presidentes de gobierno y figuras relevantes de la política que asistieron a la manifestación para condenar los atentados terroristas en París les importa un bledo la libertad de expresión, la libertad de prensa, el futuro de la revista Charlie Hebdo, el sentido del humor y la tolerancia religiosa o política. Su objetivo al presentarse allí no fue precisamente ese. Por el contrario, se manifestaron para reivindicar la lucha contra el terrorismo, sea el que sea, donde y contra quien sea. Su propuesta: más seguridad a cambio de ceder libertades y derechos políticos. En nombre de la lucha antiterrorista, han instrumentalizado el sentimiento de dolor y pesar de quienes condenan los atentados por el simple hecho de ser un acto contra natura. Su presencia es irrelevante. En sus países, como Israel, Alemania o España, arremeten, censuran y crean leyes ad hoc en cuanto ven peligrar su poder. Son fundamentalistas, sectarios y sobre todo fanáticos. Basta recordar la presencia de Benjamín Netanyahu, responsable de matanzas al pueblo palestino en Gaza y Cisjordania. No todos son Charlie Hebdo.

Las religiones -sobre todo, las monoteístas- ejercen la violencia, la persecución, matan en nombre del profeta, el elegido o Dios y, si llega la ocasión, convocan a una guerra santa. No es un problema de civilizaciones. El ojo por ojo y el diente por diente no es patrimonio de una religión. El castigo ejemplarizante está presente en todas. Lo sagrado no debe profanarse. Curas, rabinos y ayatolás promueven la venganza bajo el acero de la espada justiciera, la tortura o el asesinato. Los sermones en iglesias, sinagogas o mezquitas están llenos de alusiones al castigo ejemplar contra el infiel.

En este contexto, ejercitar la libertad de expresión supone caminar en el filo de la navaja. El inquisidor, el censor y el controlador de la fe tienen en sus manos el don de perdonar o castigar. Ellos determinan cuándo, dónde y quién ha blasfemado. Son juez y parte. Las condenas deben cumplirse en lugares públicos, para escarnio de la población. Las hogueras, empalamientos y lapidaciones cumplen esa función social cuyo mensaje es transparente: tolerancia cero contra blasfemos, herejes e infieles. No hace falta ser fundamentalista islámico para asesinar en nombre del profeta. Basta profesar una religión como fanático.

La religión conlleva la sacralización de lo profano, pudiendo ser venerados objetos, personas e ideas. Para religiones, los colores. Los hay quienes adoran el neoliberalismo y matan por sus principios. Son fanáticos de las leyes del mercado. Dictadores, presidentes, ministros y partidos políticos se encuentran en sus filas. Ellos son responsables de cientos de miles de suicidios y muertes por hambre, y nadie les acusa de terroristas. En contrapartida, hay religiones que veneran a Maradona. Tienen su iglesia, pero no asesinan en nombre de Maradona. Existen seguidores de la pacha-mama, extraterrestres, serpientes o elefantes, pero ninguno de ellos se considera en posesión de la verdad, proclaman una guerra santa contra el infiel y matan por imponer su credo. En ello estriba la diferencia entre el fundamentalismo religioso, la fe y el culto a los dioses, sean un profeta o el mercado. Por ello debemos condenar los actos terroristas de Al-Qaeda en París contra redactores y policías y, al mismo tiempo, recordar que el fundamentalismo religioso, económico y político se reproduce en sociedades donde el miedo a la libertad y la democracia conlleva pérdida de derechos humanos y políticos.

Cuba es un ejemplo de un proyecto político cargado de dignidad, capaz de mantenerse en el tiempo frente al embargo y al bloqueo estadounidense, basado en el compromiso en defensa de la soberanía nacional y el socialismo.

Resulta un contrasentido. Quienes hasta hoy señalaban que el bloqueo económico, el embargo y el boicot político serían la manera de acabar con la revolución cubana, hoy señalan que ha resultado un fracaso. Sin embargo, sus mismos impulsores hablan del daño causado, dejando sin argumentos a quienes continuamente proclaman su inexistencia o ser una mera excusa para convencidos. Informes del departamento de Estado, la CIA y el Pentágono desglosan las maniobras de sabotaje para causar daño a la población cubana. Pero el embargo se mantuvo, aunque en la última Asamblea General de Naciones Unidas Estados Unidos e Israel se quedaron solos. Los 188 votos de los países asistentes solicitaron su levantamiento. Quien mejor sintetiza este sinsentido es el exfiscal adjunto de Nueva York, Robert. F. Kennedy Jr, sobrino del expresidente Kennedy, en un artículo publicado en el periódico La Jornada de México: “Parece una tontería que EEUU mantenga una política exterior mediante la repetición de una estrategia que demostró ser un fracaso monumental durante seis décadas (...) El embargo es una locura (...), desacredita claramente la política exterior estadounidense, no sólo en América latina, sino también en Europa y otras regiones”.

Son muchos quienes durante décadas han vaticinado el fin de la revolución cubana. No han faltado argumentos. En tiempos de guerra fría se tildó al régimen de ser un títere de la Unión Soviética. Tras la caída del muro de Berlín, y la desarticulación del bloque del Este, Cuba se consideró un anacronismo histórico. No tenía cabida en la nueva era de la globalización. Sin apoyos exteriores, la revolución llegaría, sin pena ni gloria, a un callejón sin salida. Moriría y con ello su ideario. Su existencia sería un mal recuerdo en medio de un caos económico, social y político. Cuba entraría a la comunidad internacional con la cabeza gacha y reconociendo su fracaso. Los agoreros intuían un proceso similar al seguido por Rumanía, Polonia, Hungría, Bulgaria o la desarticulada URRS. El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos pone en evidencia lo estrecho de un planteamiento como el descrito, mantenido durante medio siglo articulando la política exterior de Estados Unidos.

Sin embargo, nada de ello ocurrió a pesar de no tener Cuba el viento a favor. El producto interno bruto descendió en un 70% a principios de los años noventa. El período especial fue un balde de agua fría. El racionamiento, la dificultad de combustible, los precios internacionales del azúcar y el tabaco, amén de un comercio internacional que exigía el pago en efectivo, dejaban poco lugar a la esperanza. El diagnóstico era pesimista. El enfermo se moriría irremediablemente. Desde Estados Unidos, el lobby anticubano se frotaba las manos. Nuevas leyes se unieron al embargo y al bloqueo existente desde 1964. Primero, en 1992, durante el gobierno de Bush padre, se aprueba la ley Torricelli, que intentó dar el golpe de gracia a la economía cubana, prohibiendo el comercio de subsidiarias norteamericanas afincadas en terceros países y prohibiendo tocar puertos estadounidenses a barcos que previamente, con fines comerciales, lo hubiesen hecho en puertos cubanos. Y en segundo lugar, durante el mandato del demócrata Bill Clinton, en 1996, dando vía libre a la ley Helms-Burton, conocida como “ley para la libertad y solidaridad cubana”. Dicha ley, como la anterior, aún vigentes, contempla la negativa de créditos y ayuda financiera a países y organizaciones que favorezcan o promuevan la cooperación con Cuba. Sus efectos se hacen sentir en sectores como la sanidad, dado las patentes en manos de las farmacéuticas estadounidenses, el alimentario, el financiero o el tecnológico. Son múltiples los medicamentos pediátricos y cardiovasculares que no están a disposición de los centros médicos, condenando a la muerte a niños con enfermedades que requieren dichos fármacos para su tratamiento.          

Ningún otro proyecto político en América latina, democrático, antiimperialista, nacionalista y socialista, ha sido atacado con tanta virulencia por Estados Unidos y sus aliados regionales. En este sentido, Cuba tiene el mérito de haber sobrevivido a una invasión, al sabotaje interno y al bloqueo económico y comercial, amén del aislamiento político regional. En el resto de países, los proyectos democráticos fueron aniquilados. Desde Arbenz en Guatemala en 1954, pasando por Joao Goulart en Brasil en 1964, la invasión a República Dominicana en 1965, el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile en 1973, la invasión a la isla de Granada en 1983 y a Panamá en 1989, el imperialismo norteamericano, con el apoyo de las burguesías locales, impuso en su lugar dictaduras militares.

Sin embargo, Cuba se levanta victoriosa frente a sus enemigos. Combativa, ha sabido responder a los ataques exteriores. Las razones son múltiples y no es el caso analizarlas en esta ocasión. Sólo destacar el grado de legitimación del proceso revolucionario. Desde los primeros años, son muchos los cambios introducidos a medida que se profundiza la revolución. Nadie que hubiese visitado Cuba en los años ochenta o noventa puede sustraerse a las transformaciones del país en este siglo XXI. Desde las políticas sociales, las culturales, pasando por las nuevas leyes en la esfera económica, las actividades privadas o el turismo. El dinamismo forma parte de un proyecto cuya pervivencia se fundamenta en el alto grado de compromiso político en la defensa de la soberanía nacional y el socialismo.

Es un logro para la revolución cubana que, tras medio siglo de enfrentamiento, Estados Unidos reconozca, primero, el fracaso del bloqueo y, de manera implícita, la dignidad de un pueblo que ha sabido permanecer firme a sus principios y convicciones.

En estos momentos el dialogo y la negociación entre Cuba y Estados Unidos se realiza en un contexto diferente al que imperase en el siglo XX. América latina y el Caribe han logrado articular un conjunto de instituciones como UNASUR, CELAC, MERCOSUR y ALBA que suponen un reequilibrio de fuerzas ante el viejo sistema hegemonizado por Estados Unidos, OEA y TIAR. La dignidad gana batallas. Cuba es el ejemplo.

Institucionalizar e inocular el miedo a la población es una de las herramientas utilizadas por el poder para evitar futuros no acordes con el capitalismo y sus esencias. Así suele planificar la derecha sus campañas electorales.

El miedo forma parte del relato político. Su construcción procede de las entrañas del poder. Su objetivo es controlar el desborde social. Es la mejor forma de evitar un cisma o una revolución. La Iglesia católica, por ejemplo, administra la condena eterna, el miedo de sus feligreses, ofreciendo absolución a los pecados bajo el secreto de confesión. El temor a sufrir la llama del infierno se muestra eficaz a la hora de expiar culpas. Esta técnica funciona de maravillas. No pocas donaciones a la santa iglesia se realizan en el lecho de muerte bajo amenaza de no pasar el juicio divino. El panóptico de Dios es absoluto. El descanso del alma está reservado a unos pocos elegidos. Asimismo, las sectas -sin excepción- practican el miedo como técnica de control. El temor a la venganza de un Dios castigador da pie a concepciones milenaristas, guerras, matanzas, suicidios colectivos y asesinatos múltiples. El miedo irracional a desatar la ira de un Dios cansado de la corrupción mundana, empuñando la espada justiciera y aniquilando la especie humana, da para mucho.

Lo apuntado para la iglesia se puede extrapolar a la política. Las visiones catastrofistas son un factor de control social. Una manera de administrar los tiempos del poder. En 1986, durante el referéndum sobre la pertenencia de España en la OTAN, tanto el discurso de las fuerzas políticas que apoyaban el sí como el propio gobierno del PSOE, adoptaron un tono apocalíptico. ¿Quién administrará el no? Las respuestas eran, entre otras: “Fuera de la OTAN, España no tiene futuro” o “Renunciar a la OTAN conlleva la muerte política de la joven democracia”. Felipe González, por esa época líder respetado, amenazó con renunciar si ganaba el no. La disyuntiva se planteó en términos de la OTAN o el caos. Y claro, ganó el sí. Los miedos se construyen y se administran al igual que los mitos políticos.

Las personas, las instituciones y la sociedad son objetivo de una política planificada del miedo colectivo. La administración del tiempo por venir, los horizontes futuribles, dan lugar a su elaboración. La incertidumbre, el vacío, la nada y todo aquello que no podemos dominar acrecienta el temor, la ansiedad y el pánico. El miedo al otro, a la exclusión social y económica, a la sinrazón y al sinsentido constituyen los principios sobre los cuales se levanta el edificio del miedo manipulador y paralizante.

Bajo la potencial amenaza de agresión de un otro, el miedo cobra vida. Queremos seguridad, tranquilidad y sentirnos protegidos. La “ley mordaza” no tiene otro argumento que proteger a la población del antisistema. El alborotador que rompe la paz. Hay que estar vigilante. El otro, que también puede convertirse en delincuente, pertenece a la comunidad, el violador, el ladrón, el acosador. Pero puede ser un extranjero, el inmigrante, el sin papeles, un infiltrado. En todos estos casos, su presencia se percibe como una amenaza a la sociedad. Desde tiempos inmemoriales, el otro ha sido repudiado, aislado y reprimido. Considerado un perturbador del orden, se le persigue hasta su destrucción.

Se tiene miedo a morir en un atraco, ser violado, secuestrado, torturado, despojado de los bienes muebles; en definitiva, a padecer una acción violenta fuera de control. Para la antropología social, la criminología o la sociología, la delincuencia forma parte de la conducta desviada y comportamientos anómicos. Para calmar este tipo de miedo social, hoy en día el poder nos agasaja con mayor vigilancia, elevando las penas de cárcel o rebajando la edad penal. Cedemos derechos a cambio de seguridad. Quienes administran, ensalzan y hacen un buen negocio de este miedo son las compañías privadas de vigilancia, ofreciendo sus servicios a cambio de protección personalizada.

También existen miedos colectivos, organizados desde el poder. Miedo a una guerra nuclear, ataques terroristas, pandemias, crisis alimentarias, energéticas, bancarrotas financieras, etc. Ejemplos, todos ellos, que pueden motivar decisiones excepcionales cuyos efectos suponen una involución política, justificadas por la necesidad de ajustar. En Estados Unidos, tras los ataques a las Torres Gemelas, se formuló una legislación antiterrorista ad hoc, recortando los derechos fundamentales de los estadounidenses.

Por otro lado, la arquitectura del enemigo interno, como enemigo del Estado, se asienta en el miedo construido ideológicamente, trasformando al delincuente común en sujetos subversivos, terroristas. Bajo una planificada campaña psicológica, el miedo es inoculado a la población de manera constante, para mantener así activo su principio. Una de las campañas del miedo más recurrentes utilizada por la burguesía, los empresarios y las compañías trasnacionales es el miedo al comunismo, al marxismo-socialista y a las políticas sociales redistributivas.

Su discurso es sencillo: el triunfo de tales propuestas conlleva la aniquilación de la propiedad privada, supone la esclavitud del alma humana, el control de los sentimientos y la vida personal. En este contexto, el individuo muta en autómata, siendo controlado por un sistema totalitario donde la iniciativa privada y las libertades personales son un estorbo. Todos vestirán iguales y pensarán lo mismo. Los niños serán arrancados de sus padres. La iniciativa privada desaparecerá. El mundo se vivirá en blanco y negro. Será delito hacer fiestas, tener ahorros y ser feliz. Sobrevendrá un tiempo de sufrimiento, dolor, escasez, dictadura, tristeza y mediocridad. Con este dibujo del tiempo por venir, se articulan acciones tendentes a combatir este futuro indeseable. El odio, la agresividad y la descalificación se adueñan del escenario. Odio al marxismo, al socialismo y al comunismo. Así se planifican las campañas de publicidad de la derecha en tiempos electorales.

Cuando no obtienen resultados inmediatos, el miedo institucional se reorienta hacia estrategias complejas donde el golpe de Estado es la solución ofertada para frenar el advenimiento de un futuro indeseado. El miedo se reconduce y canaliza bajo las cadenas del terror controlado. La sociedad es secuestrada en nombre de la salvación eterna. Pero hay quienes interiorizan el miedo. Lo llevan en el cuerpo y prefieren renunciar a los principios a cambio de ser bien recibidos por la sociedad dominante. El mensaje es claro: votadme, no soy un peligro para nadie, y menos para el capitalismo.

Las protestas, manifestaciones de estudiantes, marchas y la solidaridad de todo el pueblo mexicano exigiendo el fin de la violencia y la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa han paralizado el país. Las voces pidiendo la dimisión del presidente Enrique Peña Nieto muestran un gobierno incapaz de revertir el descrédito en el cual han caído las principales instituciones del Estado. Mientras tanto, la clase política -cuyo ideario neoliberal compromete a los tres grandes partidos, PRI, PAN y PRD, y a sus aliados menores- prefiere enrocarse con un discurso grandilocuente de éxitos privatizadores y su lucha contra el narcotráfico. Desde hace treinta años, el neoliberalismo es el mantra con el cual gobiernan el PRI y el PAN, tándem conocido como PRIAN.

Fue Miguel de la Madrid, presidente entre 1982-1988, quien abrió las puertas a la reforma neoliberal del Estado, promoviendo la apertura comercial-financiera y la descentralización, desregulación y privatización del sector público. La revolución mexicana fue perdiendo identidad. El antiimperialismo y el nacionalismo revolucionario se trasformaron en sumisión a Estados Unidos. Mientras tanto, el régimen político conservaba los mecanismos de control de un Estado autoritario. La guerra sucia, el fraude electoral, el cohecho, el crimen político y la censura fueron las armas preferidas para detener la protesta social y la crítica política. En un acto de claudicación de soberanía, De la Madrid cedió parte del territorio a los Estados Unidos para ser utilizado por la CIA, la DEA, el FBI, el Pentágono y el Departamento de Estado en la lucha contra el narcotráfico, dentro de la estrategia de guerras de baja intensidad diseñada por la administración Reagan.

El narcotráfico se trasformó en un problema de seguridad nacional. Tanto la policía como los organismos civiles y judiciales fueron desplazados por las fuerzas armadas. Una visión global y hegemónica de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico se adueñó del escenario. El pacto entre poder político y el crimen organizado, que en México suponía el acuerdo de no interferir en la política de forma directa a cambio de que el poder político hiciera la vista gorda, se rompió. El comercio, tráfico y producción de coca, marihuana y amapola puso a México en la ruta del lavado de dinero y financiación de la contrarrevolución en Centroamérica y el Caribe.

El dinero entró a raudales, impulsando la compra de senadores, gobernadores, diputados, policías, militares, jueces o empresarios. En el año 2000, concluida la hegemonía del PRI tras setenta años de gobierno ininterrumpido, la narcopolítica permeaba el conjunto de la estructura social y de poder. El triunfo electoral de Vicente Fox, perteneciente al Partido de Acción Nacional (PAN), organización católica, conservadora en lo político y liberal cayó en los brazos de la narcopolítica.

Carlos Salinas de Gortari -candidato del PRI a las presidenciales de 1988- hizo trizas su organización política. Su marcada ideología neoliberal irritó al sector nacionalista, que abandonó el partido. En medio de una profunda crisis de legitimidad, la sociedad civil levantó la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. En ella confluyen las fuerzas progresistas y de izquierda. Exgobernador por el PRI en el Estado de Michoacán e hijo del general Lázaro Cárdenas, quien nacionalizó el petróleo y las riquezas naturales en 1938, suponía un riesgo para nueva alianza entre México y Estados Unidos. El fraude electoral le privó de ser presidente.

Entonces, Salinas de Gortari se proclama ganador, profundizando las reformas neoliberales: privatización, desregulación, desnacionalización, flexibilidad laboral y cambios constitucionales. Entre los años 1990 y 1994, los cárteles colombianos realizan un acuerdo con los clanes mexicanos para el trasporte de cocaína a Estados Unidos por la frontera norte. Toneladas de coca pasaron por túneles fronterizos. Estados como Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco o el Distrito Federal iran consolidando sus clanes. La lucha por la hegemonía desatará guerras y la creación de grupos paramilitares. Mientras, las víctimas de la narcopolítica van dejando un reguero de sangre. La militarización crece y las mafias emergentes al amparo del narcotráfico consolidan su poder. Negocian, llegan a acuerdos con los partidos y establecen fronteras de actuación.

Las protestas ante la criminalización de los movimientos sociales, considerados terroristas, se generalizan. La legitimidad del gobierno de Salinas de Gortari es cuestionada. La sombra del fraude le persigue. Aumenta la represión sobre sindicatos, estudiantes, pueblos originarios y el movimiento campesino. Casi al final de su mandato, el 1 de enero de 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio. Pero la noche del 31 de diciembre se produce el alzamiento del EZLN. México ya no será el mismo. La presencia del EZLN supuso un giro en la política interna: la lucha contra el neoliberalismo y en defensa de la humanidad.

La narcopolítica sigue su andadura. El asesinato del candidato presidencial del PRI Donaldo Colosio en plena campaña, el 23 de marzo de 1994, y pocos meses después, el 28 de septiembre de 1994, el de Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, ponen de manifiesto la podredumbre de la nomenclatura priista.

La lucha contra “narcoterrorismo” marca la agenda política. Una nueva derrota del candidato Cuauhtémoc Cárdenas a manos del PRI encumbra a la primera magistratura al neoliberal, Ernesto Zedillo (1994-2000). Será el último presidente del PRI en el siglo XX. Profundizó la intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico. Su gobierno se vió inmerso en crímenes de lesa humanidad al haber planeado la matanza de Acteal en 1997.

Los setenta años de gobierno del PRI tocan a su fin en el año 2000. Pero no será la izquierda democrática, encabezada de nuevo por Cuauhtémoc Cárdenas, quien gane las elecciones. El proyecto neoliberal tendrá en Vicente Fox, un empresario católico, tradicionalista, gerente de Coca-Cola y exgobernador de Guanajuato, su continuidad. En su periodo la narcopolítica toma carta de ciudadanía. Los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001 consolidan el unilateralismo. México cede a las presiones del presidente Bush y la política contra el narcotráfico se incorpora a la lucha contra el terrorismo internacional. Por primera vez en la historia de México, un general de las fuerzas armadas será nombrado titular de la Procuraduría General de la República. El pacto estaba sellado.

Durante el mandato de Fox (2000-2006) y el del también militante del PAN, Felipe Calderón (2006-2012), la violencia politica, el asesinato de dirigentes sindicales, estudiantes, periodistas y los feminicidios en Ciudad Juárez moldean el perfil del capitalismo neoliberal. La esclavitud infantil y el tráfico de mujeres complementan el desarrollo de las empresas de maquila, la desestructuración productiva, la persecución de los sindicatos independientes, la criminalización de los movimientos sociales y el movimiento indígena.

Unas fuerzas armadas con poder absoluto en la lucha contra el narcotráfico y la contrainsurgencia marcan la agenda política en México. El subcomandante insurgente Marcos destacaría: “En la 'era Fox' se puede decir que el cártel del Chapo Guzmán fue el consentido del sexenio. Toda la estructura del Estado: ejército, policía federal, sistema judicial (con jueces y directores de penales incluidos) fue puesta al servicio de este cártel en la lucha contra otros”.

El miedo, la sensación de inseguridad y la impotencia ciudadana crecen. Miles de muertos, fosas comunes y violencia indiscriminada, así como el fraude electoral -esta vez contra el candidato progresista Manuel López Obrador, en 2006- generan hartazgo. El sexenio de Felipe Calderón, inmerso en denuncias de corrupción y complicidad con el narcotráfico, continúa su plan de reformas estructurales. Más desregulación y flexibilidad laboral. Los servicios públicos básicos se desmantelan y un Estado laico ve como la Iglesia gana en presencia política. Pobreza, desigualdad, conflictividad laboral y social son el resultado de estas políticas de exclusión social del neoliberalismo. Los cárteles del crimen organizado imponen su ley y las políticas antidroga fracasan.

Hoy, las movilizaciones ciudadanas que sacuden México reclaman un cambio, el fin de la narcopolítica y de un régimen corrupto en manos del neoliberalismo y el crimen organizado. México clama por su dignidad. Ese es el dilema.

La corrupción en España no solo afecta a los partidos políticos, sino que se siente en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

Su origen reside en la cultura antidemocrática y oligárquica heredada del franquismo y presente hoy en la vida cotidiana.

Gobiernan mediocres y una parte de cargos públicos son la avanzadilla de la corrupción y la negligencia. La legitimidad del orden político está al albur de una oligarquía que controla los mecanismos institucionales de mediación. El capitalismo puede prescindir de la democracia, pero no de la corrupción. El grado de putrefacción de las instituciones, horadado por la plutocracia en el poder, afecta al conjunto de la estructura social. En política hay corruptos, pero la política no equivale a corrupción. La moral corrupta anida y crece allí donde los valores cívicos y la conciencia ciudadana ceden el lugar a comportamientos individualistas donde impera la ley del mercado: “sálvese quien pueda, pero yo primero”.

Todos tenemos un precio, se apostilla. Ser honrado se considera pertenecer a una raza de perdedores. Por el contrario, amasar fortuna mediante la corrupción es motivo de admiración. A la hora de la verdad se les considera personas pragmáticas, listas, que han sabido explotar las oportunidades y los vericuetos del sistema, sea en la esfera de lo privado o lo público. No hay diferencias: Emilio Botín, gran banquero; Isidoro Álvarez en El Corte Inglés; Amancio Ortega en Zara; todos ellos empresarios ejemplares. Son personas veneradas socialmente. Igual cuando se trata de personajes del espectáculo, el deporte o la política. Se les comprende e incluso perdona. Messi, Isabel Pantoja, Lola Flores, etc. Financiar ilegalmente partidos políticos, defraudar a hacienda, apañar resultados deportivos, comprar exámenes, cometer perjurio, aceptar contratos ilegales o pagar facturas sin IVA. Todo ello se justifica antropológicamente: los humanos somos impuros por naturaleza, sometidos a pasiones, ávidos de poder y fortuna. Lo extraordinario es negarse a recibir prebendas, reivindicar valores éticos, denunciar la corrupción y asumir una conducta digna. Cuando algo de lo dicho ocurre se le tilda a la persona de ingenua, por decir lo menos.

Lo específico de la corrupción en un sistema democrático representativo, a diferencia de las dictaduras y regímenes totalitarios, son los canales de control político para denunciar, imputar y corregir dichos actos. También lo es el rechazo social a tales comportamientos. Sin embargo, cuando no hay condena social, la corrupción se reproduce y la democracia pierde enteros, deja sin protección a sus valedores.

Igualmente, la vara de medir los delitos contra la hacienda pública y el Estado, como blanqueo de dinero, evasión de capitales, fraude fiscal, financiamiento ilegal, tráfico de influencias y cohecho, frente a los delitos contra la propiedad privada, marca la diferencia. Los primeros son redimidos, indultados o castigados con penas menores. Los segundos tienen condenas muy superiores y además concitan el rechazo de la sociedad. Asesinos, ladrones, acosadores sexuales, etc.

Además, como están implicados unos y otros -partidos, sindicatos o empresarios-, la corrupción pública se considera una acción sin ideología. Todos pueden vender su alma al dinero. Así se encubre el carácter de clase de la corrupción bajo los tópicos de la manzana podrida, la oveja negra, etc.

En España, los comportamientos inherentes a prácticas corruptas, incluida la política, son imputables a una cultura antidemocrática proveniente del franquismo sociológico aún vigente. No nos gusta ser demócratas, trae problemas y genera conflictos. Además, España alardeaba de ser un territorio libre de corrupción pública e institucional. La existente era asimilada como un mal menor. Hoy nos escandalizamos y hacemos público nuestro malestar. Durante el franquismo, la censura, el miedo y la represión la hizo desaparecer. Sólo trascendieron algunos casos. Matesa y los ministros del Opus Dei, o la catástrofe de Los Ángeles de San Rafael con Jesús Gil y Gil como protagonista.

El mito democrático de la transición oculta el carácter neoligárquico que presentó el periodo constituyente. Bajo el discurso de la responsabilidad política, progresistas, reformistas, izquierda y socialdemocracia consensuaron la renuncia a una parte de sus reivindicaciones con la finalidad de derrotar al búnker franquista. En este paquete la acción política, vilipendiada y menospreciada durante la dictadura, acabó siendo reivindicada como parte de la nueva sociedad democrática. Legalizados los partidos, ganó enteros como vocación de servicio público. Sin embargo, el proceso despolitizador del neoliberalismo arrasó con dichos valores.

Acceder a cargos de representación popular fue símbolo de compromiso con un programa político y de gobierno. Entrar en las listas electorales se presentó como una renuncia explícita a carreras profesionales, trabajos, familia, tiempo de ocio y lujos. Los dirigentes y militantes no acudían para esquilmar el erario público o enriquecerse. Desde las primeras elecciones en 1977 se construyeron perfiles ad hoc con dichos valores. Borrón y cuenta nueva. Ejemplo fue la presentación en sociedad de un político reconvertido a la democracia, el exministro de Franco, Manuel Fraga. Del que se dirá que era un hombre honesto, catedrático, sin fortuna y con amor a la patria. Mientras tanto, la derecha progresista encarnó su propuesta en Adolfo Suárez, exsecretario general del Movimiento, provinciano, conciliador, inteligente y joven. El PSOE levantó a Felipe González, abogado laboralista, representante de la nueva clase media, residente en un barrio moderno, sin familia adinerada ni fortuna personal, representante de la España que nacía y libre de coquetear con la dictadura. Otros partidos como el PSP alzaron la figura de Enrique Tierno Galván. La Democracia Cristiana propuso a Joaquín Ruiz-Giménez.

Por su parte, la izquierda marxista también tuvo sus íconos. Marcelino Camacho, dirigente de Comisiones Obreras, preso político, líder comunista de comportamiento ejemplar, y exiliados como Rafael Alberti o la Pasionaria. En Cataluña, la burguesía recurrió al último presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas. En el País Vasco el PNV levanta a Carlos Garaikoetxea, previo interinato de Jesus María Leizaola, presidente en el exilio. Fue un tiempo de luchas por conquistar y recuperar derechos civiles y políticos, reprimidos durante la dictadura. Entre otros nacieron la ley del divorcio, el aborto, la sanidad pública universal, el derecho de huelga, la ley de partidos políticos, el estatuto de los trabajadores, la libertad sindical, el reconocimiento de los movimientos sociales. Hoy, algunos han pasado a la historia y otros se consideran un problema por la corrupción.

Durante los gobiernos de González, Aznar, Zapatero y Rajoy la corrupción fue creciendo hasta ocupar, con la crisis, un lugar preeminente en la vida politica. El desempleo, la pérdida de derechos laborales, el aumento de la desigualdad y la pobreza han pasado a un segundo plano. De la noche a la mañana todo es corrupción. El poder real se regodea, mientras el descrédito de la política y los políticos se generaliza, ocultando sus ramificaciones en toda la estructura social. Los partidos políticos -se argumenta- son el semillero de sujetos oscuros, mediocres, cuasi delincuentes, cuya militancia esta mediada por las ansias de obtener réditos económicos.

La idea romántica del militante abnegado llega a su fin. La “clase política” acepta regalos, viajes, fiestas de cumpleaños, trajes, coches de lujo, relojes o sobresueldos en negro. Así se propaga un discurso peligroso a fuer de falso. Es el tiempo de salvar la patria de los políticos y la política. Ni derechas ni izquierdas, ni ideologías ni clases sociales. Así se oculta la corrupción social, más peligrosa, que impide la emergencia de una sociedad democrática. La corrupción en España se da en todos los ámbitos de la vida pública y privada, crea y favorece el advenimiento de una moral corrupta, de la cual los partidos políticos son la punta del iceberg. Pensar que solo afecta al orden político, a los partidos hegemónicos, regionales y nacionalistas, es no entender su origen: una cultura antidemocrática y oligárquica enquistada en la vida cotidiana.

En una pequeña localidad de Iguala, cuna de la independencia mexicana, se levanta la escuela normal de Ayotzinapa. Por sus aulas se han formado cientos de líderes y dirigentes magisteriales. Tiene un pasado difícil de ignorar. Lucio Cabañas, fundador de la guerrilla más influyente en México, el Ejército Revolucionario de los Pobres; y Genaro Vázquez, líder de la Central Campesina Independiente y comandante guerrillero, destacan entre sus maestros. Durante la guerra sucia mantenida por los presidentes Díaz Ordaz, Luis Echeverría y López Portillo, las fuerzas armadas mexicanas, el PRI y los asesores militares y civiles estadounidenses optaron por la estrategia de contrainsurgencia, cebándose con los estudiantes de las escuelas normales: en especial, con los de la nº 34 de Ayotzinapa. Pueblos enteros desaparecieron por el uso del napalm. Muchos campesinos fueron torturados, asesinados y las mujeres violadas. En ese contexto, la escuela normal de Ayotzinapa se transformó en un símbolo de la resistencia y dignidad.

Las escuelas normales han tenido un papel destacado en la lucha social y reivindicativa. Por ello son consideradas un peligro para el régimen, cuna de insurrectos, luchadores sociales incorruptibles y maestros comprometidos. Durante las últimas décadas han sido objeto de represión y cierre. La exsecretaria general del PRI y expresidenta del Sindicato Nacional de Maestros (SNTE), Elba Esther Gordillo -hoy en la cárcel por delitos de malversación de fondos-, apostilló que las escuelas rurales debían eliminarse por ser un semillero de guerrilleros. No resulta extraño que hoy, tras la matanza, el SNTE no salga en defensa de los 43 normalistas asesinados.

Los hechos no dejan duda. La orden para la matanza ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre proviene de los acuerdos entre las autoridades local, estatal y el crimen organizado. Un conglomerado que hoy dirige la política en México: la narcopolítica. El objetivo era impedir la protesta de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. El miedo de la presidenta del DIF-municipal a ser interrumpida durante su intervención en un evento, María de los Ángeles Pineda Villa -a la sazón, esposa del alcalde de Iguala, ambos militantes del PRD-, dio luz verde para la ejecución de los 43 estudiantes a la policía local y los sicarios pertenecientes al grupo narco “Guerreros Unidos”. El comando estuvo al mando del jefe de plaza en Iguala, Salomón Pineda (apodado “el Molón”), quien resulta ser además hermano de Ángeles Pineda. Hermanos, padres, cuñados, yernos y suegros; todos forman parte del clan.

Políticos al uso, empresarios, el crimen organizado, transnacionales, oligopolios de la comunicación social y medios de persuasión y disuasión constituyen el conglomerado de la narcopolítica que desangra México. Cada día el ciudadano se despierta sobresaltado. Cuando no son los feminicidios en Ciudad Juárez, es la represión en Atenco, Oaxaca, Chiapas, Baja California, Michoacán o Guerrero. Los asesinatos de periodistas, el secuestro de líderes sindicales, campesinos zapatistas, intelectuales, jóvenes y niños ocupan los titulares de la prensa día tras día. Nadie escapa a su punto de mira. Cualquier colectivo social, asociación de derechos humanos, patrulla comunitaria y de autodefensa que luche para proteger a su comunidad o pueblo será perseguido, intimidado y, si es necesario, sufrirá una dosis elevada de violencia ejemplarizante. No hay límites. Acoso a dirigentes, violaciones de mujeres, desaparición de personas, pederastia o tortura.

Diariamente, cientos de familiares recorren la morgue en busca del hijo, esposo, madre o hermano desaparecido, con la esperanza de recuperar los cuerpos y enterrarlos con dignidad. Pero nada de ello parece inquietar a los miembros de la dictadura perfecta que hoy gobierna México desde la narcopolítica. Así, la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa la derivan a la cultura de la muerte, el México bronco que hunde sus raíces en Toltecas y Mexicas. Un desatino más que muestra el nivel de putrefacción de las plutocracias que gobiernan el país.

La élite política mexicana emprendió un camino peligroso, cediendo el espacio público a los grupos de delincuentes que se han apropiado del quehacer político. El crimen organizado ha emponzoñado y corrompido las autoridades federales, estatales y locales. Algunos representantes del poder soberano se han trasformado en testaferros y sicarios de las mafias. Senadores, diputados, gobernadores y alcaldes del PRI, PAN, PRD y resto de partidos forman parte de los carteles del narco. Reciben sus órdenes a cambio de millones de dólares en pago por sus servicios. El ejemplo de Ayotzinapa lo deja bien claro. Han amasado grandes fortunas, transformándose en nuevos ricos. Exhiben joyas, viajan en coches de lujo, edifican mansiones, despilfarran dinero en efectivo y se jactan de controlar la vida cotidiana en sus ciudades, pueblos o Estados. Actúan a plena luz del día y no temen saltarse las leyes. De esta realidad no están exentos miembros de la policía y las fuerzas armadas. Generales, inspectores y comisarios han caído en sus redes. Se sienten inmunes a la justicia y gozan de total impunidad. Sólo se sienten intimidados cuando la presión social y popular les amenaza y pone contra la pared, como ha sido en esta ocasión. Movilizaciones, paro total de estudiantes y multitud de ciudadanos en las calles de ciudades y pueblos pidiendo justicia y responsabilidades políticas.

La huida del alcalde de Iguala José Luis Abarca y su mujer, la presidenta del DIF-Municipal, María de los Ángeles Pineda; la renuncia del gobernador del Estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, militante del PRD; junto a la detención del capo del grupo narco “Guerreros Unidos”, Sidronio Casarrubias, muestra la complicidad entre el crimen organizado, fuerzas policiales, militares y los poderes públicos que planificaron la matanza de los 43 estudiantes en Ayotzinapa.

Al tráfico de estupefacientes, la esclavitud sexual y el comercio de inmigrantes debemos sumar los intereses de las transnacionales y sus megaproyectos. Transgénicos, aguas contaminadas, vertidos tóxicos, desertización, maquilas, expropiación y acoso a territorios propiedad de los pueblos originarios. Oponerse a su voluntad se paga con la vida o en el mejor de los casos con la cárcel. Jueces, fiscales y abogados coadyuvan con acusaciones y pruebas falsas ad hoc emanadas de los centros de poder para llevar a cabo sus planes.

La aparición de fosas comunes con decenas de cadáveres, algunos mutilados, habla de las múltiples matanzas que asolan México y dibujan un panorama desolador para quienes luchan por la dignidad, la paz y los derechos civiles y políticos. Los muertos se cuentan por miles. No hablamos del México bronco -más quisieran-, sino de una acción planificada, una violencia perfectamente dibujada y cuyas consecuencias inmediatas son la rabia, la indignación y el creciente malestar de un pueblo digno que clama justicia mientras su élite política mira hacia otro lado. ¿Cuánto más podrá soportar la ciudadanía?

Se quiera o no reconocer, la formación de policías comunitarias y autodefensa en más de un tercio del país (según datos de Luis Hernández Navarro en su libro Hermanos de Armas: policías comunitarias y autodefensas, Ed. Para Leer en Libertad, 2014) nos permite dudar de la afirmación weberiana que atribuye al Estado el monopolio del ejercicio de la violencia legítima. En México, la narcopolítica -el régimen imperante- es el resultado de un poder que ha preferido hacer oídos sordos a las demandas de democracia y justicia social. Amparado en el oscurantismo y el desprecio a la vida, prefiere desangrar y explotar a sus conciudadanos. El pueblo mexicano ha perdido la confianza y la credibilidad en el Estado, sus autoridades e instituciones. Hoy clama justicia, llora las víctimas y levanta una consigna: ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!

Mientras el virus ha tenido fronteras en África -inframundo habitado por parias- el orden de las cosas sigue inmutable. Los muertos no cuentan, salvo los pertenecientes a organizaciones religiosas, misioneros, médicos, enfermeras o personal auxiliar de organizaciones humanitarias trasplantados al eufemísticamente apodado “continente negro”. Hombres y mujeres de piel blanca, altruistas, que se dejan la vida por los desheredados de la tierra. Para algunos, verdaderos “santos” y “mártires”. Igualmente, deportistas, actores y gentes de la farándula apadrinan niños y hacen campañas para construir escuelas y levantar hospitales. África es un buen lugar donde practicar la condición de buen samaritano. Acciones que reivindican al homo sapiens, un ser reflexivo, consciente y atormentado con la desgracia ajena, al decir de Adam Smith.

En los años sesenta del siglo pasado, se hicieron famosas las imágenes de niños famélicos con estómagos hinchados por el hambre en Biafra. Así entró África en las casas del primer mundo. Más tarde, Naciones Unidas creó la fórmula de “embajadores” de la paz, contra el hambre, la pobreza, el trabajo esclavo, etc., para mover la conciencia en los sectores medios de los países del primer mundo. Sus ídolos se fotografían junto a niños desnutridos, felices de tener la camiseta, el balón, la foto firmada, los chocolates, caramelos, chicles o globos que reparten los famosos en las comunidades y pueblos perdidos de África. Un baño de realidad que no olvidan.

Algo habrá que hacer con tanta hambruna, falta de escuelas, hospitales, guerras y enfermedades que asolan África para encubrir la responsabilidad de Occidente en tal desaguisado. Así, primero se implantaron los programas de la FAO; luego, las ayudas al desarrollo y el apoyo político a regímenes considerados amigos (como Idi Amin Dada en Uganda); y, en la era de la globalización neoliberal, políticas de inversión especulativa. La sequía puede ser un buen negocio para los capitales de riesgo.

En el siglo XXI, ninguno de los grandes males que aquejan al continente se ha superado. En este contexto, las campañas humanitarias se diversifican. La iglesia, las ONG, las grandes marcas y las multinacionales quieren ser protagonistas de la ayuda humanitaria. Una manera de redimir pecados a partir de mil ideas. Desde bonos solidarios ubicados en las cajas registradoras de supermercados que nos recuerdan la necesidad de ser misericordiosos con la desgracia ajena, hasta la recogida de medicamentos o juguetes, según la temporada.

Bajo esta nube, se esconde el lavado de dinero, el fraude fiscal, el comercio ilícito y la acción con fines evangelizadores. La cruz y la espada no es la mejor manera de convertir almas; ahora es más rentable traducir la Biblia a las lenguas aborígenes, regalar ropa, montar escuelas, hospitales y centros deportivos. El amor de Dios por los pobres es infinito, pero hay que ayudarlo mediante donaciones y pagos por servicios. La iglesia lo agradece.

Solo un dato: la Orden San Juan de Dios, a la que pertenecían los dos misioneros trasladados a España, contaba en 2011 para su filial, Orden Hospitalaria San Juan de Dios, con 12 millones de euros en productos financieros entre bonos de deuda pública del tesoro y capital de riesgo. Asimismo, acumula 1,16 millones de euros en renta fija del Banco de Santander. Todo un detalle, si consideramos que el Estado financió el traslado de los misioneros infectados de ébola, muertos en Madrid, y las religiosas sobrevivientes. Los costes aún no han sido aportados, especulando que la cifra supera el millón y medio de euros.

Eso sí, mientras algunos se congratulaban del éxito del operativo, aunque el resultado fuese la muerte de los misioneros, hoy salen a relucir las deficiencias de una acción denunciada en su día por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública como una aberración sanitaria, dado el desmantelamiento de las instalaciones del Hospital Carlos III y el cierre de la unidad de investigación en caso de alertas epidémicas. El traslado era una locura. Hoy se demuestra que la operación ocultaba un motivo menos humanitario, un mecanismo para obtener la cepa del ébola para el manejo de las empresas farmacológicas.

En Estados Unidos, a mediados de agosto, el Ejército estadounidense anunció estar en posesión de fármaco secreto ZMapp, considerado la respuesta al virus del ébola. Dicho anuncio se hizo coincidir con el traslado desde Liberia del médico Kent Brantly y la cooperante Nancy Writebol, ambos afectados por el virus, al centro de enfermedades infecciosas en Atlanta, uno de los más completos y prestigiosos a nivel mundial. Una vez superada la enfermedad, se publicitó que los fármacos experimentales habían ganado la guerra al virus. En su comparecencia ante los medios, Brantly pidió que “rezaran por los africanos afectados”. Así, el Gobierno estadounidense envió a 3.000 soldados para “combatir la epidemia”. ¿Por qué militares y no médicos o enfermeras? ¿Quién posee el fármaco? Curiosamente, el Ejército estadounidense.

Igualmente, en Sierra Leona el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infeccionas de la Armada de EEUU tiene un equipo de especialistas para trabajar con el virus del ébola desde hace un año, justo cuando aparece el brote infeccioso. Mientras tanto, en España un hospital, el Carlos III, desmantelado, sin medios, ni personal cualificado, despedido por los recortes, recibe un curso acelerado de un protocolo a seguir. Recibe además el fármaco del ejército estadounidense, donado por sus autoridades militares. De esta forma se da vía libre para experimentar en humanos. De paso, el Comité de Ética de la OMS aprueba su uso en África, sin conocer sus efectos secundarios.

La confirmación del contagio de la enfermera en contacto con Manuel García Viejo, segunda víctima de ébola, levanta las alarmas y descubre las carencias de un sistema de salud externalizado, al servicio de las empresas privadas. Además, sitúa el problema en Europa, cuestión que modifica la política sobre el ébola. El miedo y la especulación son un buen caldo de cultivo para lanzar un fármaco. Pero -¡qué casualidad!-, el fármaco experimental está agotado. Y la empresa canadiense que posee la patente del medicamento TMK-Ebola señala la dificultad de proporcionarlo en un corto espacio de tiempo. Misteriosamente, la empresa ha visto subir sus acciones en bolsa. De un 25% en agosto llega a superar el 70% en octubre. Precisamente, eldiario.es señala que las tres empresas farmacéuticas -dos norteamericanas, BioCryst y Chimerix, y la canadiense Tekemira- han aumentado en 1.100 millones su valor desde el comienzo de la crisis.

Utilizar la variante norteamericana, el ZMapp, fármaco con el cual se trató a los enfermos en Atlanta, como autoriza la OMS, facilita a sus dueños el control a pie de campo, convirtiendo así África en un laboratorio. Por el momento, el brote se ha cobrado más de tres mil personas, situando la tasa de mortalidad por ébola entre un 25% y un 70% de los infectados. Un porcentaje nada despreciable en términos de rentabilidad económica. La guerra entre las farmacéuticas se ha desatado.

Recordemos que los países afectados forman parte del Tercer Mundo, donde la venta de armas, la extracción de materias primas y el comercio ilegal de diamantes y animales exóticos se realiza por mafias y empresas trasnacionales occidentales. No hay nada mejor que una espléndida pandemia vírica para aumentar beneficios. África, sus gentes y sus riquezas han sido explotadas en nombre del progreso y la civilización occidental. Bélgica, Holanda o Gran Bretaña. Pero sin olvidarnos de Francia, España, Portugal, Alemania o Italia. Desde el siglo XVI, hombres, mujeres y niños fueron capturados, encadenados y transportados a Europa y América para ser vendidos como esclavos. Reyes, cortesanos y burgueses amasaron sus fortunas potenciando el comercio de carne humana. Expropiaron sus territorios y establecieron sus lindes para monocultivos, plantaciones de caucho, cacao, azúcar y cuanta materia prima fuese capaz de generar ganancias. El marfil, las pieles y los trofeos de caza lucieron en las mansiones de Londres, Amsterdam, Paris, Bruselas, Brujas, Roma o Hamburgo.

Hoy la Europa culta y civilizada cierra filas con leyes de emigración canallas. Jóvenes africanos, atraídos por el espejismo de las sociedades opulentas, pierden la vida por un sueño imposible en alambradas, concertinas y pateras. Son miles los africanos abandonados a su suerte en las aguas que bañan las costas de España o Italia. El ébola es un argumento para clausurar fronteras y una bendición para las empresas farmacológicas. Es una ventaja que el ébola se asiente en Europa. ¿Alguien recuerda la gripe aviar? El resto es mercadotecnia.

El triunfo global del neoliberalismo no sólo acaba con lo poco que queda del Estado de bienestar, sino que también sienta las bases para impedir procesos políticos y sociales emancipadores.

Que proyectos considerados como transformadores rechacen las categorías políticas de izquierda y derecha es un éxito más de ese imperante neoliberalismo.

El neoliberalismo echa raíces. Durante los años setenta del siglo pasado, las tendencias del capitalismo dieron un vuelco de 180 grados. Los principios que regían las relaciones entre las clases sociales, los mecanismos de consenso y las maneras de enfrentar los conflictos y crisis entre capital y trabajo se fueron al traste. De la noche a la mañana, la propuesta keynesiana de posguerra -que unía democracia, desarrollo e integración social- fue cuestionada. La movilidad social ascendente se transformó en un nuevo proceso de pauperización. Las desigualdades -otrora combatidas como lacras del subdesarrollo- fueron reivindicadas, en los países de capitalismo central, como motor de la competitividad. Una nueva teoría de la justicia, fundada en la competencia y anclada en la igualdad de oportunidades para fracasar o triunfar, sirvió como pretexto para declarar la supremacía del liberalismo político y reivindicar una reforma del Estado del bienestar que pusiese las bases de un orden social despolitizado, descentralizado y desregulado.

Los principios de la desigualdad “natural” se consideraron un aliciente para el advenimiento de una sociedad ordenada, equitativa y justa asentada en la economía de mercado. En ella, los emprendedores serían recompensados con el triunfo y los timoratos, acostumbrados a vivir de las ayudas de “papá Estado”, penalizados con el fracaso y la marginación. La economía de mercado pondría a cada quien en su sitio, sin otro baremo que las habilidades, imaginación y capacidades de cada cual para forjarse un futuro. Eficiencia, racionalidad y gobernabilidad. El tópico “enseñarles a pescar y no darles el pescado” se extendió como la peste. Los colegios cambian las asignaturas de ética y filosofía. Las prioridades las marca la economía de mercado. Los estudiantes deben conocer las prácticas bursátiles, las dinámicas de la inversión financiera y las leyes de “la oferta y la demanda” en la empresa. Alumnos de bachillerato con edades entre 15 y 17 años son sometidos a un reciclaje. Entre sus deberes está comprar acciones, realizar transacciones bancarias, simular inversiones, buscar dinero semilla y ser competitivos. Una nueva mentalidad capitalista se impone lentamente. Sálvese el que pueda, pero yo el primero.

El Estado del bienestar, uno de los éxitos del capitalismo con rostro humano, creado para frenar el desarrollo del socialismo-marxista en Europa occidental, ha cumplido su función: desactivar las luchas sociales. Los trabajadores vivían felices y se conformaban con una parte proporcional a su aporte a la creación de la riqueza social. En otros términos, sus salarios los consideraban justos en relación a los beneficios del capital. Además, disfrutaban de un contrato laboral indefinido que les brindaba acceso al crédito, la vivienda, la educación superior, ascenso social y sobre todo al consumo. No querían más. Vacaciones pagadas, seguros sociales y una pensión de jubilación. La lucha de clases, la alienación política y la enajenación económica se convertía en un mito atizado por partidos de izquierda para generar odio, violencia y desestabilizar el sistema democrático. No querían aceptar su derrota a manos de un capitalismo con rostro humano.

Los cambios afectaron de manera diferente a los sectores medios y al proletariado industrial de post-guerra. Sin embargo, ambos verían esfumarse sus expectativas y sus sueños se transformaron en pesadillas. A los sectores medios, educados en la meritocracia, la ideología del progreso y el consumo, el neoliberalismo les aguó la fiesta. Las políticas de austeridad dieron en la diana, afectando al bolsillo y restringiendo el consumo suntuario. Los sectores medios se empobrecen. Mientras tanto, a las clases trabajadoras, sobre todo al proletariado industrial, se les condena a la pauperización, exclusión y marginalidad. Del trabajo estable y duradero al mercado laboral flexible y de mala calidad. Se impone el contrato a tiempo parcial y los llamados trabajos basura o “minijobs”. La economía del bienestar muta en economía del malestar. La cultura del capitalismo, su lenguaje, sus formas de explotación, dominio y hegemonía se reciclan. A decir de Richard Sennett, la necesidad de amoldarse a un trabajo inestable, sin residencia fija, intercambiable, ni formación específica, da lugar al carácter flexible. Una personalidad gelatinosa, con principios mutables, dispuesta a todo para obtener sus objetivos.

Una visión apocalíptica se adueña del discurso político de los hacedores del capital. Se acabó lo que se daba. El popular “café para todos” es sustituido por un “ajustarse el cinturón”. El Estado es considerado culpable, ineficiente, corrupto y un lastre para la competitividad del mercado y sus leyes de la oferta y demanda. Nuevos valores entran en liza. Cambian los referentes, los imaginarios y las palabras. El capitalismo se reinventa. Todo se modifica para dar cabida a un ser despolitizado, social-conformista. Un perfecto idiota social. Las viejas estructuras ceden paso a un orden social cuyas reformas exacerban los valores individualistas, el yo por encima del nosotros y el otro es considerado un obstáculo, un competidor al cual destruir. La crisis de los países del Este aceleró el proceso.

La revolución tecnológica apuntaló los cambios, al entrar de lleno en los hogares, como anteriormente lo hizo la radio y el televisor. Los video-juegos, los ordenadores personales o el uso “masivo” de internet provocan un vuelco en las relaciones sociales. Para los más optimistas era el nacimiento de la “sociedad de la información”. Las redes, los nodos, los chats y la realidad virtual sustituyen a las charlas entre amigos. Se puede estar en mil sitios a la vez y en ninguno al mismo tiempo. Las tecnociencias facilitan el control y el dominio social bajo fórmulas que provocan un autismo social. Hoy, jóvenes y no tan jóvenes están inmersos -por no decir absortos- en el mundo de WhatsApp, Twitter, Facebook. No hay espacio público donde se rompa la comunicación dialogal, especificas del ser humano y el proyecto de vida democrático. En restaurantes, aulas de clase, cines, autobuses, metro, tertulias, etc. se dan a la tarea de vivir su propio mundo. No se hablan, abducidos por sus aparatos electrónicos, mientras una comunicación virtual esfuma la sociabilidad que hace de la vida en común un espacio relacional.

Hasta la democracia se torna en democracia 2.0, confundiendo un proyecto político fundado en el diálogo, la mediación y la negociación cara a cara, con un mensaje de texto que los pone en línea. Permite votar y sentirse partícipes de la nada. El éxito cultural del neoliberalismo consiste en desvirtuar los proyectos sociales democráticos, emancipadores y de izquierda en una opción dependiente del mercado, los medios de disuasión y desinformación social y la telefonía móvil. Un mundo despolitizado y desideologizado es la mejor garantía para el gobierno de la derecha, que hace posible que proyectos considerados transformadores puedan declamar, como un dogma de fe, no ser ni de derecha ni de izquierda. Todo un éxito del neoliberalismo cultural.

Hoy, 11 de septiembre, el autor recuerda discursos y aspiraciones de Salvador Allende, sin olvidar tampoco que muchas de sus reivindicaciones permanecen vigentes.

Recordar la vía chilena al socialismo que significó el gobierno de la Unidad Popular es hoy un acto de justicia.

Como todos los años, desde el 11 de septiembre de 1973 -día del golpe militar que derrocase al gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende- se acumulan recuerdos. Muchos de ellos teñidos por la nostalgia, lo que pudo ser y no fue. La nacionalización de los recursos estratégicos; la profundización de la reforma agraria; la autonomía de los pueblos originarios; una nueva constitución; educación, sanidad y vivienda para acabar con la desigualdad; promover la justicia social y consolidar los derechos laborales y civiles.

En la memoria, seguramente, dos discursos pronunciados por Allende en momentos claves, ambos improvisados. El primero, desde el balcón de la Federación de Estudiantes de Chile con motivo del triunfo electoral, la noche del 4 de septiembre de 1970; y el segundo, desde La Moneda, emitido por Radio Magallanes el 11 de septiembre de 1973 y considerado su testamento político.

En ambos se apela a la responsabilidad, a la conciencia del pueblo chileno, a sus trabajadores, mujeres, estudiantes, campesinos e intelectuales. El 4 de septiembre señala: “Este triunfo no tiene nada de personal, y que se lo debo a la unidad de los partidos populares, a las fuerzas sociales que han estado junto a nosotros. Se lo debo al hombre anónimo y sacrificado de la patria, se lo debo a la humilde mujer de nuestra tierra. Le debo al triunfo al pueblo de Chile, que entrara conmigo a La Moneda. La victoria alcanzada por ustedes tiene una honda significación nacional. Desde aquí declaro, solemnemente, que respetaré los derechos de todos los chilenos. Pero también declaro y quiero que lo sepan definitivamente, que al llegar a La Moneda, y siendo el pueblo gobierno, cumpliremos el compromiso que hemos contraído, de convertir en realidad el programa de la Unidad Popular (...) Les digo que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Esta noche cuando acaricien a sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión, más cariño, para hacer cada vez más grande a Chile, y cada vez más justa la vida en nuestra patria”.

El 11 de septiembre el pueblo chileno fue expulsado de La Moneda, perseguido, torturado, y asesinado. En dicha ocasión, nuevamente, Allende apela a la conciencia del pueblo chileno para aprender de la historia, reivindicar dignidad y sentenciar: “Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza (...) El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse (...) Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano; tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición”.

Los sueños por construir un Chile nuevo, soberano, democrático y socialista se truncaron por una traición cocida a fuego lento a base de sabotaje, mercado negro, desabastecimiento, bloqueo y huelgas patronales; todo ello atizado por Estados Unidos, la CIA, el Pentágono y sus aliados. Se inauguró una larga noche de fascismo criollo. Los militantes de la Unidad Popular, dirigentes y responsables políticos, fueron tildados de terroristas, subversivos, enemigos de la patria y traidores. Perseguidos, perdieron la condición de seres humanos y pasaron a ser “perros”, “canalla comunista”, “alimañas marxistas leninistas”. Se les negó el derecho a defenderse, el habeas corpus.

El odio y la sed de venganza impregnó a los hacedores del golpe. Civiles pertenecientes a la democracia cristiana, el partido nacional y el grupo neofascista “patria y libertad” brindaron con champán, mientras la fuerza aérea bombardeaba La Moneda. La derecha chilena mostraba su desafección democrática, cobardía política y aversión a las clases trabajadoras y al pueblo. En su vanidad nunca aceptaron la derrota electoral de 1970.

La Unidad Popular había logrado, por primera vez en la historia de Chile, la confluencia entre partidos de la izquierda marxista con sectores medios progresistas, socialdemócratas, independientes, radicales laicos y cristianos por el socialismo. Su programa fue aprobado por unanimidad con anterioridad al nombramiento de Salvador Allende como candidato presidencial. Se le conoce como las 40 medidas del gobierno de la Unidad Popular.

Hoy la mayoría de las reivindicaciones siguen vigentes. Por su relevancia cito alguna de ellas: supresión de los sueldos fabulosos; acabar con los gestores administrativos y traficantes políticos; honestidad administrativa; reforma fiscal; jubilaciones justas a los mayores de 60 años; seguridad social para todos; protección a la infancia; creación del Ministerio de la Familia; casa, luz y agua potable para todos; combate al alcoholismo; alquileres a precios fijos; reforma agraria; asistencia médica gratuita; rebaja en el precio de los medicamentos; no más ataduras al Fondo Monetario Internacional; sanción a los especuladores; disolución de los grupos represivos pertenecientes a las fuerzas de Carabineros; fin de la justicia de clase; trabajo digno; y creación del Instituto Nacional del Arte y la Cultura.

Ninguno de los puntos programáticos enunciados ha sido practicado, primero por los gobiernos de la Concertación, luego por la derecha y hoy por Nueva Mayoría, es decir, los herederos de la Unidad Popular. Por el contrario, Chile se ha trasformado en uno de los países con mayor desigualdad. El latifundismo campa a sus anchas, la educación se privatiza, el hambre y la desnutrición afectan a la población infantil, mientras el FMI controla la economía con sus políticas neoliberales de austeridad y ajuste. La sanidad pública y universal -uno de los logros más importantes de la Unidad Popular- se ha privatizado en beneficios de compañías de seguros y clínicas privadas. La honestidad administrativa y la trasparencia política -dos banderas del Chile democrático y republicano- ceden paso a una corrupción institucional de grandes dimensiones, inexistente hasta los años de la dictadura. Empresarios y clase política convergen en una bacanal consumista, de lujo y ostentación. Una verdadera plutocracia. El pueblo mapuche ha sido vilipendiado y ultrajado. Su territorio usurpado y vendido a las multinacionales para construir presas hidroeléctricas y megaproyectos mineros.

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Y lo más sangrante: la Constitución sigue siendo la elaborada por la dictadura en 1980. La larga noche del neoliberalismo no ha concluido. Chile es buen ejemplo. La vía chilena al socialismo sigue siendo una alternativa. Reivindicarla es de justicia.

El verdadero populismo se encuentra hoy en la retórica y la propaganda que tratan de legitimar las políticas anti-populares de la derecha neoliberal.

En su intento por presentarse como encarnación del interés general, los verdaderos partidos populistas no cesan de invocar conceptos como democracia, progreso, liberación, revolución o justicia.

El único populismo, por definición, es el practicado por la derecha; la izquierda, por definición, se identifica con lo popular, las clases trabajadoras y los explotados.

Resulta paradójico que los representantes políticos de la derecha identifiquen lo popular con los intereses económicos de grandes empresarios, el capital financiero y la burguesía, cuyo proyecto no contempla, entre sus principios ideológicos, la igualdad, la justicia social, el control democrático del poder y la participación ciudadana. La nueva derecha diluye, difumina y oculta en su programa el proyecto neo-oligárquico, simulando representar los intereses de toda la población, independientemente de la clase, etnia, género o estatus social al cual se adscribe cada individuo. Sus políticas –subrayan– van en beneficio de una sociedad ordenada y pluralista. Se sienten representantes de los trabajadores, los sectores medios, las mujeres, la juventud, los profesionales, las amas de casa, los jubilados, inmigrantes, parados y pequeños y medianos empresarios.

La derecha populista justifica las políticas antipopulares señalando que las adopta a regañadientes. Se autodefinen como la voz del pueblo, los portavoces del interés general, la voluntad general, y se proclaman custodios de los valores de la patria y la nación. Para dejarlo claro: apelan a la unidad del pueblo, manipulando su significado. Según el caso, el pueblo se hace carne en la defensa de la religión, la bandera, los héroes nacionales, las gestas militares o deportivas. Veamos algunos ejemplos: “El pueblo español entiende el sacrificio que le pedimos para salir de la crisis”; “el pueblo español es responsable”; “el pueblo español valora los esfuerzos del gobierno popular”; “el pueblo español no se deja engañar, es mayor de edad”.

Así, tenemos una paradoja. Un objeto imposible. La derecha, en nombre de lo nacional-popular, recorta servicios esenciales, privatiza la sanidad, arremete contra la ley de igualdad, penaliza el aborto, promueve contratos basura, hace la vista gorda con las familias desahuciadas, rebaja los impuestos a grandes empresarios, indulta a corruptos, persigue a los inmigrantes, fomenta la educación religiosa, resta dinero público para becas e investigación y aumenta la edad de jubilación. Sin embargo, las sigla popular, del Partido Popular, es aval suficiente para justiciar tales medidas.

España no es caso único. Otros partidos de la derecha populista mundial se aferran a lo popular bajo fórmulas más alambicadas y patrioteras, recurriendo a procesos revolucionarios, luchas de liberación nacional y antiimperialistas. En América latina se encuentran buenos ejemplos de ello. En el siglo XX y lo que va del XXI, las desnacionalizaciones de las riquezas naturales, la venta a empresas trasnacionales de los bienes públicos y la firma de tratados de libre comercio han sido acometidas por partidos como Liberación Nacional en Costa Rica, Movimiento Nacionalista Revolucionario en Bolivia, Alianza Popular Revolucionaria Americana en Perú y el Partido de la Revolución Institucional en México. Todos ellos, además, declarándose defensores de la civilización occidental y anticomunistas, sello que comparten.

También existen opciones populistas envolventes que dicen ser progresistas, ni de derechas ni de izquierdas, independientes y de centro. La derecha que gobernó Chile en el período 2010-2014, bajo la batuta de Sebastián Piñera, la formaban Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, partido creado por los acólitos del dictador Augusto Pinochet.

Conceptos como democracia, progreso, liberación, revolución, justicia son los más utilizados por estos partidos populistas. En este supermercado de las palabras, cualquier opción es buena para difuminar la ideología neoconservadora. En Venezuela, Primero Justicia, partido donde milita el ex-candidato presidencial de la derecha venezolana Henrique Capriles, apoya el proceso desestabilizador, practica la sedición golpista y fomenta la desobediencia civil. Asimismo, partidos que han ejercido la represión, la tortura y fomentado la guerra sucia llevan en su enseña la palabra democracia. En Venezuela, Acción Democrática.

Las combinaciones son muchas, pero todas tienen un objetivo: ocultar los principios ideológicos y políticos de una derecha plutocrática que actúa a las órdenes del capital trasnacional y el complejo industrial-militar. En Estados Unidos, republicanos versus demócratas no ofrecen diferencias sustantivas en política exterior. Invasiones, golpes de Estados y guerras, asesinatos políticos o magnicidios han sido patrocinados por “demócratas” y “republicanos”. Seguramente hay peculiaridades, pero los pueblos latinoamericanos han sufrido las políticas bipartidistas del establishment estadounidense. Ni qué decir tiene la derecha europea, que se parapeta en el parlamento europeo bajo el denominador común de: grupo popular. Allí se han cocinado las políticas xenófobas y racistas más reaccionarias, que han supuesto un retroceso en el campo de los derechos ciudadanos en los países de la Unión, y se han plegado a los Estados Unidos cuando se trata de bloquear ayudas o condenar a gobiernos como los existentes en Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina o Cuba.

La derecha populista, sin embargo, acusa a la izquierda y los gobiernos populares de engañar al pueblo cuando pone en marcha planes de vivienda, educación, salud, deporte, y amplía los derechos laborales. En ese instante, saltan las alarmas. Otorgar becas a los más desfavorecidos es populismo. Aumentar el salario es populismo. Construir hospitales públicos es populismo. Garantizar una pensión digna es populismo. Facilitar créditos a los pequeños y medianos empresarios es populismo. Financiar y fortalecer la cultura nacional es populismo. Controlar y poner coto a la actividad de los grandes bancos es populismo. Regular la inversión extranjera es populismo. Defender la soberanía nacional es populismo. Disminuir las desigualdades y promover la justicia social es populismo. Ganar elecciones con programas socialistas es populismo. Los términos de moda: “populismo-chavista” e “izquierda bolivariana”. Bajo estas definiciones se ataca la existencia de políticas sociales populares, afincadas en los principios de dignidad, ciudadanía plena, justicia social, representación democrática, derechos de soberanía, pleno empleo, educación pública de calidad, salud universal, igualdad de género o defensa de las riquezas nacionales. Si la izquierda desarrolla un programa para las clases trabajadores y las mayorías sociales excluidas y dominadas, entonces, indefectiblemente, es populismo. Si la derecha recorta, excluye y niega la democracia, asistimos a políticas populares. Sin comentarios.

Recordemos que la democracia devino fórmula para igualar desigualdades entre propietarios y no propietarios. Pero la democracia nunca ha sido considerada una opción política para las clases dominantes, mucho menos en el capitalismo. Ni Platón, ni Aristóteles, ni los grandes filósofos de la ilustración fueron partidarios de establecer gobiernos democráticos. Era una cuestión de pobres. El voto censitario sobrevivió en pleno siglo XX. El único populismo, por definición, es el practicado por la derecha; la izquierda, por definición, se identifica con lo popular, las clases trabajadoras y los explotados y dominados, por ello asume la democracia como parte de su proyecto fundacional. Esa es la diferencia. Los partidos democráticos fueron la antesala de los partidos socialistas y comunistas. Hoy, la distancia entre lo popular y el populismo, es la misma que existe entre derecha e izquierda. Otra explicación sólo promueve la confusión y la mentira. No hay arriba y abajo. Existe un abajo a la izquierda y un arriba a la derecha, como bien nos recuerda el EZLN.

En la sociedad del espectáculo, el poder socioeconómico, a través de los medios, marca una agenda de contenido políticamente irrelevante, con el propósito de distraer la atención y evitar el debate público sobre los asuntos de veras urgentes

No hace falta insistir. Los términos del debate, procesados para su asimilación por los medios de comunicación y control social, responden a las necesidades del poder socioeconómico. Son sus oligarquías quienes seleccionan y acotan los temas. Cuando no les interesa el problema, o desean ocultar lo prioritario, recurren a maniobras de distracción. Los ejemplos están a la orden del día. Mientras la ciudadanía desea saber cómo se enfrentan políticamente los problemas de la crisis: ¿qué pasa con las cuentas B del Partido Popular?, ¿como sigue la privatización de la sanidad?, ¿qué medidas reales se toman para  perseguir las bolsas de fraude fiscal?, ¿qué resultado han dado las políticas contra los desahucios?, ¿qué pasa con la violencia policial?, ¿se retira la ley de aborto?, ¿se continúa con la privatización de la justicia?, ¿es verdad que la desnutrición infantil aumenta y disminuyen las becas de alimentación y comedores en los colegios?, ¿qué carácter asume la emigración de los jóvenes?, ¿sigue creciendo el paro?, ¿se devolverá el dinero de las preferentes a los afectados?, ¿por qué la ley de dependencia no funciona y por qué continúan los indultos a políticos y sus familiares?, ¿se plantean cambios en la ley electoral?, ¿y en la financiación de los partidos políticos?, ¿cómo se ataca la corrupción en las instituciones?

El poder político habla de recuperación económica, salida de la crisis, estabilidad, disminución del déficit público, apoyo a los emprendedores, luz al final del túnel, etc. Con alevosía y nocturnidad, lanzan estos proyectiles mediáticos mientras se tramitan proyectos de ley sobre medio ambiente, se rebajan los impuestos a los grandes empresarios, se aumentan las desgravaciones a la seguridad social, continúan las concesiones de terrenos municipales a empresas privadas, se introducen modificaciones significativas a las leyes del suelo, se realizan ventas de edificios municipales a fondos buitres, se entrega la sanidad a aseguradoras como Sanitas, Adeslas, Asisa, se preparan nuevas leyes laborales todavía más restrictivas y prosigue la venta de armamento a regímenes dictatoriales. En otras palabras, existen dos agendas, una destinada a crear una cortina de humo, y otra, que no admite discusión ni publicidad. En este sentido, son muchas las leyes y el dinero público entregados a las grandes compañías trasnacionales que pasan desapercibidos en medio de discusiones intrascendentes. La agenda oficial va por otro camino. 

Para confeccionar esta doble agenda, es necesario banalizar los problemas antes enunciados bajo la fórmula de clichés donde todo aparece en un mismo plano. Desde el lavado de dinero,  el aborto, la emigración, las declaraciones de un futbolista, la corrupción, la violencia de género, los dislates de un presidente de comunidad autónoma, la borrachera de un diputado  o juez, el autoritarismo de un alcalde, la evasión de capitales de un empresario, la lesión de un futbolista, un terremoto, la muerte de actor y, cómo no, los chismes rosas del momento.  Hoy tenemos un buen ejemplo: la abdicación del rey Juan Carlos I. En este sentido existe un acuerdo para saturar los espacios informativos y programas con el relato de historias fantásticas del rey Juan Carlos I y los 39 años de su reinado. Se entrevista a presidentes, jefes de Estado y todos coinciden en reconocer su condición democrática, su papel frenando el golpe de Estado del 23F, su altura de miras, grandeza, amor por España y hacedor de la paz mundial. Un conjunto de obviedades acompañadas de sesudas discusiones sobre la austeridad o boato de la proclamación de Felipe VI, que hoy se celebra. Ocultando y pasando de puntillas por el carácter corrupto de la Casa Real, el  enriquecimiento indebido, las mil y una fechorías cometidas en cuatro décadas y las verdaderas razones de la abdicación. En eso consiste la confrontación de agendas. Un mismo tema pasado por tamices diferentes.

En este campo de condiciones, llama la atención la cantidad de debates estériles de notoria irrelevancia. Sin ir más lejos, se ha puesto en el orden del día debatir sobre Podemos y las encuestas electorales para dentro de año y medio, en noviembre de 2015. Los titulares son de escándalo y bochorno. Parece que hubiese un acuerdo en destacar que Podemos se convierte en la tercera fuerza política, le otorgan 58, 60 o 68 diputados. Y de esta manera se impone el tema. Radio, televisión, periódicos digitales, prensa de papel, tertulianos, debaten sobre sus efectos y acaparan audiencias. Los blogueros en Twitter y Facebook no dan abasto. Todos aceptan el postulado y los resultados de la encuesta. Parece mentira que nadie, entre los entrevistados y periodistas, cuestionen lo obvio,  lo absurdo, cuando no ridículo, de elaborar una encuesta con dichos parámetros a dos semanas de las elecciones europeas y en medio de una euforia política por el supuesto fin del bipartidismo. Y eso que a las tertulias acudieron sesudos profesores de ciencia política y sociología. Nunca, en España, desde la transición, se había producido un fenómeno semejante de distracción política tan bien lograda; mientras, en la cocina política, se cuecen temas de fondo.  

¿Qué agencia de opinión pública se presta a semejante acto de tergiversación, desvirtuando el objetivo de las encuestas electorales, de por sí desprestigiadas? Debemos recordar que la manipulación ideológica no está en la respuesta, sino en la manera  de formular la pregunta. Por consiguiente, presentar la intención de voto en medio de un terremoto político es tanto como predecir el número de lotería de navidad, aunque se haga bajo los principios matemáticos de la probabilidad estadística para darle verosimilitud.

Los acontecimientos políticos son imprevisibles y pueden cambiar las preferencias electorales de un día para otro. No tiene sentido discutir quimeras. Pregúntese el lector qué pasaría si, al igual que ocurrió con las europeas, las encuestas fallan. Podemos obtuvo cinco eurodiputados y  los más optimistas le daban dos. Si  proyectamos la escala de error en la misma proporción, a medida que se acerca noviembre de 2015, habría que multiplicar los 60 probables diputados de Podemos por cinco, es decir, obtendrían 300 diputados, mientras el resto de opciones políticas se disputarían los restantes  50 escaños. ¡Un disparate!

Debe ponerse en cuestión la forma de encarar los problemas desde la sociedad del espectáculo, en la cual las grandes empresas trasnacionales de la información adscritas a los grupos económicos y financieros proponen la agenda y los debates, tanto como los contertulios. La elección y selección de los temas no es casual, es causal. Ningún empresario, menos cuando se juega el orden de dominación político del capitalismo, cede espacios gratuitamente a quienes sabe que son sus enemigos. La criba para decidir quién entra y quién sale se realiza minuciosamente. En el grupo Atresmedia, por ejemplo, se han dividido los papeles entre Antena Tres y la Sexta. Una conservadora y la otra “progresista”. Pero si observamos con cierto sentido crítico, las puyas de La Sexta a los gobiernos de izquierda latinoamericanos y la caricatura de los presidentes latinoamericanos  Maduro, Morales, Correa o Mújica, está a la orden del día. Asimismo, los casos de actores,  presentadores y gentes de la farándula que se hacen con un espacio político no son nada novedoso. Futbolistas, pilotos de fórmula uno, cómicos, estrellas porno y profesores universitarios han logrado un éxito relativo gracias a su cara y su presencia televisiva.  En Italia, sin ir más lejos, el movimiento Cinco Estrellas, encabezado por el actor y cómico Beppe Grillo, es hoy la segunda fuerza política en Italia. Esta agenda distorsiona y crea ruido, mucho ruido, acapara el tiempo político, impidiendo hablar y discutir los verdaderos problemas que enfrenta un capitalismo configurado por clases sociales, élites y oligarquías que mantienen dominadas y explotadas a las clases trabajadoras. El lenguaje es parte de la agenda, su control supone un plus político y permite anticipar acciones. En eso estamos, en la guerra por la palabra y la construcción de la agenda de la izquierda.

El resto del panorama sigue el guión previsto con pocas novedades. Caída estrepitosa de los partidos hegemónicos y mayoritarios, sacudidos por los escándalos de corrupción y descrédito, articuladores del mal llamado bipartidismo imperfecto. Destacan la subida de UPyD, Izquierda Unida y Partido por la Ciudadanía. También estrenan escaños ERC, Primavera Europea y Los Pueblos Deciden. El PNV y CiU se presentaron junto a otros partidos regionalistas y nacionalistas en la candidatura Más Europa, obteniendo tres eurodiputados.

Sin embargo, el triunfo de Podemos -que analizaremos más adelante- oculta un hecho relevante: los altos índices de abstención. Para las dos últimas elecciones al Parlamento europeo los datos oficiales son los siguientes: en 2009 votaron 15.935.147 personas con un censo electoral de 35.510.837; y en 2014 lo hicieron 15.920.815 -¡14.332 ciudadanos menos!- con un censo de 36.546.270. Por consiguiente, ninguna de las 39 opciones, que iban desde los partidos de ámbito estatal, nacionalistas o regionales, hasta Falange Española o el Partido Antitaurino contra el Maltrato Animal, han logrado motivar la participación y bajar el nivel de abstención, situada en el 55%.

A tenor de las cifras no es descabellado afirmar que el proceso despolitizador y desideologizado neoliberal iniciado a fines del siglo XX goza de buena salud. Al menos si hablamos de las elecciones europeas. Otra cosa sucede en las generales, municipales o autonómicas, donde la abstención se sitúa en un 30% del censo aproximadamente, cosa que tampoco deja de ser preocupante.

Pasemos ahora al análisis de Podemos. No se puede argumentar que su electorado recoja el voto de castigo proveniente de la izquierda política, social y cultural, cansada de sus partidos. Ello haría de Podemos algo efímero, producto de una crisis que, una vez superada, desaparece. Tampoco es bueno identificarlos con el voto apartidista de ciudadanos abrumados por tanta corrupción, excesos y mil y una fechorías que salpican a la familia real, jueces, diputados, legisladores, alcaldes, concejales o presidentes de comunidades autonómicas. Sin duda captó su apoyo, pero no es el voto de la indignación de la juventud organizada bajo el 15M, ni aglutina el descontento de la sociedad civil que exige transparencia, trabajo, no a los desahucios, control bancario, etc. Ni todos los nuevos votantes se decantaron por Podemos. De ser así, los partidos que han subido su votación y enarbolan un discurso similar desde la izquierda, el centro-derecha de UPyD y los ecologistas-verdes no hubiesen mejorado sus resultados. El voto de Podemos no puede arrogarse dicha representatividad.

La explicación debe estar en otro lugar. Podemos encarna un estado de ánimo y eso lo hace diferente. Y, efectivamente, su campaña lo refleja. Para ello han construido lo que en publicidad se denomina Storytelling: un relato para y de la sociedad del espectáculo. Una historia que seduce, convence y ayuda a tomar decisiones. El domingo en la Puerta del Sol, tras los resultados, se movilizaron bajo el eslogan: “¡¡Que sí, que sí, que sí nos representan!!”.

Podemos, según sus dirigentes, es la historia de la voz de los sin voz, los indignados, la juventud, los desahuciados, parados, pensionistas, las mareas, los inmigrantes y mujeres. Se sienten hijos del 15M y concluyen: queremos acabar con la “casta” política. Su programa es transversal, se inspira en un supuesto sentido común de la calle, defensores de la justicia social y la democracia participativa. Asimismo, aluden a su bisoñez política -cuatro meses de vida-, reivindican no tener sede conocida, se reúnen en plazas y casas de amigos. Se definen como profesores universitarios, científicos, abogados, maestros, desempleados, médicos, hombres y mujeres nacidos a la política bajo una crisis que les obliga a comprometerse con el país. Pasan de actores secundarios a protagonistas. Su número uno apostilla: “Si me lo piden, me presento”. Para continuar señalando que su campaña se financió gracias a las donaciones por internet y aportes personales de sus miembros. En total, 150.000 euros de presupuesto. La inteligencia e imaginación hicieron el resto.

Así, utilizando las redes, Facebook y Twitter se multiplicaron y traspasaron la barrera de lo marginal, sin derrochar ni hacer campañas millonarias. Muchos analistas reconocen -y ellos lo corroboran- haber realizado una excelente campaña de marketing político en el mercado electoral. Y sin duda la han hecho. Reniegan de las acusaciones de la izquierda que les imputa practicar el culto a la personalidad hacia su líder, cuya imagen aparece en la papeleta de voto y es tertuliano televisivo en canales del grupo Vocento, Atresmedia, Mediaset y Público Digital, entre otros. Para curarse en salud, el hoy eurodiputado y líder se defiende: utilizo al enemigo y lo derroto en su campo.

Podemos ha creado su historia. Su relato comienza con la “operación coleta”, un acuerdo para designar a su líder con Izquierda Anticapitalista, nave nodriza del proyecto, y proclamarlo candidato de Podemos. Logrado el objetivo, su tarea fue confeccionar la lista al Parlamento europeo y ratificar el número uno, convocando primarias con candidatos de sus círculos, pero votados por todo aquel que lo deseara, vía SMS. Subrayan estar limpios de polvo y paja, y al margen de conspiraciones. Su experiencia política -aclaran- les viene de ser asesores profesionales, no militantes, de gobiernos extranjeros y partidos políticos del Estado español. Sin duda la historia caló y han obtenido 1.244.687 votos, recibiendo el elogio de comunicólogos por el diseño de la campaña. Han optado por una estrategia que les convierte en un ejemplo de partido “atrápalo todo”. Su voto -señala la número dos de lista, Teresa Rodríguez- no responde a una minoría hiperideologizada. Han sabido recoger “el sentido común de la calle”. Es y busca estar por encima de las ideologías. ¿También de principios?

Ha sido este relato desideologizado el talón de Aquiles de la formación. Hoy Podemos es sometido a un virulento ataque de la derecha. Le achacan ocultar al electorado, conscientemente, una parte de su pasado, el militante. La derecha ataca y subraya: “Podemos miente”. Sus dirigentes sí tienen secretos y los iremos desvelando poco a poco. Desde Felipe González hasta los asesores del PP y del PSOE, pasando por los tertulianos de la derecha, todos ellos se unen. ¿El objetivo? Arrebatarle el control del tempo político de su relato, para romper el círculo de pureza que reclama e identifica a Podemos.

Asimismo, la decisión de Podemos de presentarse a las elecciones municipales -todo hay que decirlo- puede cambiar el mapa político de la izquierda en los ayuntamientos y comunidades autónomas, una vez activada la “ley D'Hont” y la circunscripción provincial. Por ejemplo, si el PP, como todo parece indicar, pierde la mayoría absoluta en la capital y Podemos obtiene concejales, el futuro de Madrid podría quedar en sus manos bajo acuerdos con el PSOE e IU. Pero en ese campo de condiciones el PP podría aliarse con UPyD y mantener Madrid, si entre ambos suman el 51%.

Veremos la capacidad de Podemos. Por ahora responde con el currículum académico de su líder, pero lamentablemente no se trata de una oposición a cátedra. Podemos deberá reinventarse en su acción política institucional. Por ahora está sólo en Bruselas. En este contexto, la presencia de Podemos abre tres escenarios básicos: 1) IU y Podemos se plantean en el medio plazo confluir en una constituyente para dar nacimiento a un gran partido republicano, socialista y anticapitalista donde se expresen todas las tradiciones democráticas de la izquierda; 2) Podemos se enroca y decide seguir su camino a costa de IU, con todas las consecuencias; 3) IU abre un proceso de negociaciones donde reconoce a Podemos y se plantea un acuerdo de mínimos para concurrir juntos en las próximas elecciones municipales y generales, manteniendo cada uno su autonomía. Con lo cual se abrirá la batalla por quien será cabeza de lista, si IU o Podemos.

Mientras tanto, se puede afirmar que IU es una realidad. Quiénes votan IU, sabe lo que votan, con su pasado, sus contradicciones, sus vergüenzas y errores. Asimismo, Podemos es un partido sin representación institucional en ayuntamientos, comunidades autónomas y parlamento. Su poder nos remite a unas elecciones no trasladables al mapa político interno. Por otro lado, Podemos no es inmune a los males de la politica como el oportunismo, el protagonismo y el personalismo o la corrupción. Estas enfermedades le acechan. Y por último, la derecha se empeña en sacarle los colores mostrando que sus dirigentes ocultaron su ideología: son anticapitalistas, marxistas y defienden el ideario comunista. El balón esta en el campo de Podemos. Una alternativa de izquierdas anticapitalista no puede levantarse bajo la sospecha de haber recurrido al engaño para sumar votos espurios. Esa es la cuestión.

Un país como el nuestro, que justifica los cambios educativos con el discurso de la eficiencia y racionalidad económica, externalizando servicios y recortando los gastos bajo la escusa de reducir la deuda acumulada de las universidades y el déficit fiscal, está abocado al fracaso. Relacionar unívocamente economía de mercado y universidad es un falso postulado que repercute y corrompe el rol que desempeña la educación en la sociedad, renunciando implícitamente a la formación y el desarrollo del conocimiento científico como parte del acervo cultural de un país. Señalar -como hace el actual ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert- que la decisión de estudiar una carrera “no sea por apetencia o tradición, sino por su posible empleabilidad”, responde a una lógica perversa, donde el interés crematístico decide sobre la vocación.

No están lejos los años de la dictadura para sacar conclusiones de las nefastas consecuencias de concebir una universidad a medida de intereses espurios. En lo político, tras el golpe de Estado franquista, la universidad se pensó como correa de transmisión del nacional-catolicismo, los valores patrios del Movimiento y la “cruzada” nacional. Secuestrada y en manos de necios, la “inteligencia” académica fue expulsada de las aulas, reprimiendo cualquier atisbo de juicio crítico y reflexión teórica. El control político y la presencia policial en los campus eran habituales, la protesta se reprimía abiertamente y los expedientes sancionadores, amén de las expulsiones, eran comunes. Los rectores y decanos se designaban por su fidelidad al régimen político y a los principios fundamentales del Movimiento. No fueron pocos quienes accedieron a las cátedras vestidos con la camisa azul de Falange y la pistola al cinto.

La selección democrática, por conocimiento, mutó en una pantomima donde sólo se valoraba el grado de sumisión y lealtad al poder franquista. La fuga de cerebros se disparó. Buscar fuera de nuestras fronteras el ejercicio digno de la función docente se convirtió en parte de un exilio académico. Nombres como Salvador de Madariaga, José Gaos, Alfonso Reyes, José Medina Echavarría, Adolfo Sánchez Vázquez, Manuel García Pelayo o Wenceslao Roces, son algunos de ellos. En esta diáspora hubo republicanos, liberales, conservadores, socialistas y comunistas. Todos compartían una crítica profunda a la dictadura y la inquisición universitaria.

En este contexto, las protestas universitarias fueron vistas como parte de una subversión comunista; un atentado al orden, a la disciplina y a la autoridad académica. Por ello sus convocantes eran expulsados o sometidos a duras penas de cárcel. El SEU (Sindicato Español Universitario), de obligada filiación, ejercía de policía en las aulas y tenía el control político de la comunidad universitaria. Sus presidentes y directivos se convirtieron en cuadros del franquismo. Sirva como ejemplo el caso de su último presidente, Rodolfo Martín Villa (1962-1964). Después fue gobernador civil de Barcelona con Franco; ministro con Carlos Arias Navarro y Adolfo Suárez; presidente de Endesa; y entre 2004-2010 presidente de Sogecable, entidad perteneciente al grupo PRISA.

En esos años, las luchas estudiantiles y universitarias coincidieron con las demandas provenientes de los partidos políticos democráticos en la clandestinidad. Se trató de reivindicaciones fundamentales: amnistía, la libertad sindical, el derecho de huelga o de manifestación, entre otras. La lucha contra la dictadura retrasó las demandas específicas del mundo universitario, aunque nunca dejaron de plantearse la elección directa del rector, decanos y directores de escuelas. Tampoco se pasó por alto la reforma del sistema de oposición y el acceso a la docencia, el cuerpo único de profesorado o la representación estudiantil. En esta coyuntura, la universidad jugó un destacado papel en las luchas democráticas. Por el contrario, la represión acabó con la vida de muchos universitarios a manos de la policía de la dictadura.

Entrados los años setenta y ochenta del siglo pasado, con los gobiernos de UCD y PSOE, la universidad pareció recobrar sus demandas. Autonomía, libertad de cátedra, cambio de planes y programas de estudio, sistema de acceso, organización departamental, etc. Lamentablemente los cambios acabaron siendo superficiales y los deseos de una universidad democrática, abierta al conocimiento y a nuevos saberes, se convirtió en un espejismo. Se pusieron parches y las dinámicas autoritarias provenientes del franquismo siguieron existiendo y reproduciéndose bajo formas solapadas. Entre ellas destacan: la cooptación de los catedráticos, la escasa capacidad de los estudiantes en la elaboración de planes y programas de estudio, y el nulo control sobre la docencia.

Profesores que no cumplen sus horarios, que utilizan las aulas como diván de psicoanalista o catapulta para sus intereses particulares, negocios o fuentes de ingreso adicionales, amén de acosadores sexuales, alcohólicos y corruptos que chantajean a los estudiantes y los utilizan como “negros” para sus investigaciones. El autoritarismo, la arbitrariedad y el poder del catedrático siguen vigentes en las aulas y -lo que es peor- con la anuencia de las autoridades que conocen y permiten tales desmanes. En décadas los casos de sanciones han sido escasos. Tras la muerte biológica del dictador, la transición supuso, como en el resto de la sociedad, una reforma política, pero no una ruptura democrática. La universidad ha padecido y padece este lastre. Aún espera una verdadera reforma democrática.

La universidad pública sufre las consecuencias de un proyecto global totalitario que cuestiona su sentido, como institución y su papel en la formación de ciudadanía, producción del conocimiento y desarrollo de la cultura. En este contexto, las protestas de la comunidad académica condensan los problemas de un sistema excluyente, altamente desigual, cuya crisis acaba convirtiendo la educación en un negocio. Bolonia, sin ir más lejos. Grados, maestrías y doctorados son un reclamo para consumidores de títulos. El estudiante se convierte en cliente y los bancos en mecenas. Hoy asistimos a un desmantelamiento de la universidad pública por parte del poder político y empresarial. Contra este objetivo se han levantado muchas voces de la comunidad universitaria, cobrando especial relevancia la estudiantil, que padece de manera directa las consecuencias de un modelo destinado a convertir los centros académicos en espacios donde habita la mediocridad y el intercambio mercantil.

Sin embargo, las reivindicaciones y las protestas de miles de universitarios han sido desatendidas por el poder político. Adjetivadas de utópicas y sus convocantes de provocadores, se reprimen llamando a las fuerzas de seguridad del Estado para que restablezcan el orden y la paz en las aulas. A los convocantes se les acusa de antisistema, violentos, subversivos o terroristas. Se busca desacreditar sus demandas y convertirlas en una retahíla de incongruencias de inadaptados que no conocen el funcionamiento interno de la universidad. La violencia ha sido la respuesta de quienes, desde fuera y desde dentro, buscan desmantelar la universidad abierta al conocimiento y las ciencias, para convertirla en un negocio. Para este fin, el de expedir títulos, es suficiente con la empresa privada que tiene como fin de lucro la educación.

Defender la universidad pública y de calidad es lo que toca, pues sólo así avanzaremos hacia una sociedad democrática.

No hace mucho, en Madrid, un periodista filmaba la siguiente escena. Al concluir la marcha de protesta del 25-S, un manifestante encapuchado sería objeto de agresión por parte de las Fuerzas de Operaciones Especiales (GEO). Para evitar la paliza, gritaba: “¡¡¡ a mí no que soy compañero, coño!!!”. Aun así, hasta que no fue identificado, siguió siendo objeto de puñetazos y patadas. Otro policía sentenció: “calmaos, coño”. Poco más que agregar.

¿Qué hacía un policía infiltrado arengando a los manifestantes al enfrentamiento cuerpo a cuerpo con los GEO? La respuesta no está muy lejos. Provocar, generar confusión y justificar la represión policial bajo el argumento de “actuar en legítima defensa”. Su objetivo, deslegitimar las protestas sociales democráticas y justificar el cambio en la ley de seguridad ciudadana, que regula el derecho de manifestación, criminalizando y responsabilizando de los subsiguientes posibles atentados contra las fuerzas de seguridad del Estado y la propiedad privada acaecidos durante la convocatoria a sus organizadores. En esta línea ha insistido el Partido Popular desde su llegada al gobierno. Cristina Cifuentes, la delegada del gobierno en Madrid, declaraba que la “actual ley es muy permisiva y amplia... y habría que modificarla”. Tanto el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz como sus asesores se hacen eco de ello y redactan la nueva ley que, entre sus 55 artículos, prohíbe manifestarse ante el Congreso, el Senado y las sedes parlamentarias, aumenta la cuantía de las multas y, desde luego, justifica la violencia policial. La última ocasión, con motivo de las marchas de la dignidad del 22 de marzo.

Asimismo, los servicios de inteligencia militar, cuando les interesa, destapan la presencia de infiltrados en movimientos sociales y fuerzas políticas, para crear una sensación de control y poder omnímodo. La existencia de topos en ETA se constató con Mikel Lejarza, conocido como “Lobo”, cuya actuación en los años setenta facilitó la captura de algunos miembros de su cúpula. Su destape fue excusa para multiplicar las acciones represivas del tardo franquismo y justificar, entre otros, los últimos fusilamientos de la dictadura en septiembre de 1975.

En América Latina, los partidos de izquierda, socialistas, comunistas y movimientos populares de liberación nacional han sido y siguen infiltrados. Asimismo, para desacreditar los movimientos de liberación nacional y su actividad política en la región, la CIA, los servicios de inteligencia y el responsable de política latinoamericana de James Carter, Robert Pastor, entregaron a Jorge Castañeda los documentos e informes secretos necesarios para la redacción del libro: “La utopía desarmada”; texto donde se plantea el fracaso de la izquierda latinoamericana, la necesidad de abandonar el antiimperialismo y abrazar la hegemonía norteamericana como solución a los problemas de subdesarrollo de América Latina.

Durante los años oscuros de las dictaduras, las fuerzas armadas obtuvieron información relevante sobre el organigrama y estructura de seguridad interna de dichas organizaciones, gracias a una minuciosa labor de zapa realizada durante décadas (casas de seguridad, lugares de reunión, apodos, etc.). Así por ejemplo, en Argentina, el jefe de la inteligencia militar de la dictadura de Videla, general Carlos Alberto Martinez, declaró: “La verdadera eficacia de la inteligencia contrasubversiva no se derivó de las torturas, sino de la extremadamente riesgosa tarea de infiltración de las principales organizaciones subversivas que el área de inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad desarrollaron paciente y estoicamente”. Entre los casos relevantes, la entrega de Conrado Higinio Gómez, número dos de finanzas de Montoneros, realizada por el mini-staff de informantes Montoneros adscritos a la Escuela Superior de Marina (ESMA), centro de tortura dirigido por Massera donde se asesinaron a más de 5.000 personas.

Hablar de espías, contraespionaje, infiltrados y confidentes nos puede llevar al terreno de la teoría de la conspiración que explica el devenir de la historia por la existencia de una mano negra omnipresente anclada en las lógicas más perversas de un poder mundial transversal que actúa con patente de corso. Huyendo de tales interpretaciones, donde una imaginación fantasiosa se adueña del relato, no se puede negar la presencia de infiltrados en cualquier país que se precie de tener unos servicios de inteligencia y seguridad nacional articulados a la razón de Estado. En este sentido, llama la atención la opacidad sobre sus actividades y, lo que es más grave, la independencia para fijar objetivos y desarrollar operaciones al margen del poder político.

La pregunta “¿quién vigila al vigilante?” sigue siendo válida. En este sentido, podemos constatar que las deliberaciones e informes presentados en las comisiones de defensa, seguridad e interior, al igual que los temas abordados en los consejos de ministros, están sometidos a secreto. Divulgar su contenido conlleva ser imputado como traidor. Asimismo, pensemos en la escasa información revelada acerca del traslado de presos a Guantánamo, tras la guerra de Irak, utilizando el espacio aéreo de países pertenecientes de la Unión Europea y adscritos a la OTAN.

No menos preocupante son las labores de espionaje, que -sumadas a la infiltración- ponen en entredicho la llamada “calidad de la democracia” de los países occidentales, que se vanaglorian de ser líderes en transparencia y protección de los derechos humanos, civiles y políticos de sus ciudadanos. Estados Unidos constituye un buen ejemplo del uso indiscriminado y sin control de los mecanismos de infiltración y espionaje en pro de sus intereses por dominar y controlar el proceso de decisiones a nivel mundial. Las revelaciones de Julian Assange en WikiLeaks manifiestan el escaso respeto hacia países, instituciones y personas del establishment estadounidense. Y los documentos secretos aportados por Edward Snowden sobre la vigilancia masiva realizada por la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) a líderes y dirigentes políticos del mundo entero supera con creces lo conocido en métodos de espionaje. Intervenir llamadas telefónicas o correos electrónicos, junto a la utilización de drones, marca un punto de inflexión en el mundo del espionaje político.

Tampoco podemos obviar que lo dicho vale para todos los países con independencia del color ideológico. No hay régimen político en el mundo que renuncie a la razón de Estado. Pero lo que suscita su rechazo e indignación no es su existencia, sino descubrir por sorpresa que somos vigilados y sometidos a un riguroso control. Mientras no conocemos su existencia, somos felices e ingenuos. Sólo cuando se desvelan las torturas, malos tratos y los mecanismos espurios de infiltración suena la voz de alarma. En ese momento se descubre la fragilidad del orden democrático, tanto como la plasticidad de las instituciones dedicadas a ejercer la represión, el control y el mantenimiento que escapan al control del poder legislativo y judicial. Esta es una de las grandes contradicciones del orden democrático. Sin renunciar al ejercicio coactivo del poder, en democracia no todo método puede ser validado bajo el paraguas de la razón de Estado. La infiltración en organizaciones democráticas o la violación de los derechos constitucionales supone una barrera infranqueable. Ahí se encuentra el límite de actuación de los organismos e instituciones de inteligencia de un país. El resto es terrorismo de Estado. Usted decide.