El pasado 1 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó un aumento de la partida presupuestaria de defensa por más de 900 millones de euros.

El aumento se articula a través de un crédito extraordinario, fórmula que la legislación presupuestaria reserva para gastos imprevistos. Sin embargo, los pagos a los que se atenderá con el aumento eran conocidos antes de elaborar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

El incremento millonario de Defensa se destina al pago de unos sistemas armamentísticos que ni siquiera se emplean y saldrá, de nuevo, de emisión de deuda pública.

El Consejo de Ministros del viernes 1 de agosto de 2014 aprobó, aprovechando las vacaciones, el Real Decreto-Ley 10/2014, que contenía, entre otros, un crédito extraordinario y diversos suplementos de crédito en el presupuesto del Ministerio de Defensa por más de 900 millones de euros. De esta forma, se permite a Defensa gastar un 24% más de los 5.745 millones de euros inicialmente presupuestados, teniendo en cuenta que, a junio de 2014, esta partida ya había crecido otros casi 600 millones de euros.

Incluyendo en el cómputo las cifras apuntadas correspondientes a 2014, y a la espera de que antes de final de año no se produzcan nuevas sorpresas, durante los últimos siete años la cuantía total oficialmente presupuestada para el Ministerio de Defensa habría ascendido a casi 50.000 millones. Sin embargo, tras la aprobación anual de partidas “extraordinarias”, la cantidad total finalmente aprobada supera los 60.000 millones; esto es, 10.000 millones de euros más o, lo que es lo mismo, un incremento del 20%.

Curiosamente, la cantidad correspondiente sólo a los aumentos extraordinarios del presupuesto de Defensa de esos últimos años no dista mucho de la suma de todos los recortes en sanidad y educación hasta el año 2013 (13.800 millones) y equivale a seis años de recaudación del “repago” farmacéutico (1.700 millones) o a 67 años de ingresos provenientes de la reorganización y subida de las tasas judiciales (149 millones, según el Informe Anual de Recaudación Tributaria 2013), por citar sólo tres ejemplos.

La lectura del último Real Decreto-Ley aprobado suscita varias cuestiones:

1º) La partida más importante, superior a 800 millones de euros, se articula mediante un crédito extraordinario, lo que significa que no se había consignado ni un euro para esta cuestión en el presupuesto aprobado hace tan solo medio año. Debe recordarse que esta figura está destinada a permitir la realización de gastos para atender necesidades que no estaban previstas cuando se aprobó la Ley de Presupuestos Generales del Estado (en adelante, LPGE). A este respecto, resulta cuanto menos sospechoso que ninguno de los responsables políticos de los ministerios de Defensa o de Hacienda y Administraciones Públicas planteara, durante la dilatada y prolija fase de elaboración de los presupuestos, la necesidad de dotar tales partidas para hacer frente a las obligaciones derivadas de unos contratos con empresas de armamento firmados hace más de una década y que vienen pagándose regularmente año tras año. Máxime cuando en los años 2012 y 2013 se habían aprobado sendos créditos extraordinarios también en verano, por importes de 1.782 y 877 millones de euros, respectivamente, para la misma Sección -la 14 “Ministerio de Defensa”-, idéntico Servicio -el 03 “Secretaría de Estado de Defensa”-, en el mismo Programa -el 122B “Programas Especiales de Modernización”-, idéntico Capítulo -el 6, “Inversiones Reales”-, igual Artículo -el 65 “Inversiones militares e infraestructuras y otros bienes-, y similar concepto -”para atender el pago de obligaciones correspondiente a Programas Especiales de armamento“-.

2º) En lugar de tramitarse tales aumentos presupuestarios a través de un proyecto de ley de crédito extraordinario y suplementos de crédito -con las posibilidades de debate y enmienda que plantea esta opción para todos los grupos parlamentarios-, el Gobierno lo hace mediante un nuevo Real Decreto-Ley, como nos tiene acostumbrados, superando todos los récords -es el número 56 de esta legislatura a la que todavía resta casi año y medio hasta terminar-, a pesar de tener mayoría absoluta.

En este punto, debe recordarse que la figura del Decreto-Ley está prevista en el artículo 86 de la Constitución sólo para los casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, siguiendo el modelo constitucional italiano, precisamente para evitar la tentación gubernativa de legislar a espaldas del Parlamento.

El texto normativo justifica esta cuestión con el argumento de la necesidad de no demorar el abono de las obligaciones contractuales militares para no causar perjuicios a terceros. Sin embargo, tal razonamiento es cuestionable por dos motivos: primero, porque el retraso en el pago no perjudica a las empresas de armamentos, que ya han cobrado parte del dinero mediante anticipos del Ministerio de Industria (una forma encubierta de gastos militares a través de los llamados créditos blandos del Ministerio de Industria), y segundo, porque en el momento de la elaboración del Proyecto de LPGE era conocida, no sólo la existencia de tales compromisos de gastos, sino también su importe, ya que responden a programas especiales de armamento aprobados precisamente en la época en la que el actual Ministro, el Sr. Morenés, era Secretario de Estado de Defensa. Justamente, el Sr. Morenés ha sido considerado como un claro ejemplo de la llamada puerta giratoria. Como ha denunciado la portavoz de UPyD, fue durante su etapa al frente de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica -entre 2002 y 2004-, cuando se concedieron créditos especiales de Industria a las empresas de la Defensa por importe de 14.000 millones de euros. Y, más tarde, al perder el PP las elecciones, regresó a la empresa privada ocupando importantes puestos en empresas relacionadas con la industria armamentística, desde donde fue designado Ministro.

Por otra parte, tampoco presenta suficiente consistencia el fundamento esgrimido para justificar los suplementos de créditos por importe de 30 millones de euros que indica que la falta de presupuesto para las unidades de las Fuerzas Armadas no desplegadas podría afectar a su disponibilidad y capacidad operativa. Entre otras razones, porque la necesidad de aprobar gastos por casi 9 millones de euros en cuestiones diversas y material de oficina no inventariable, o más de 5 millones de euros en dietas, no parece susceptible de calificarse como de “urgente y extraordinaria”, pudiendo haberse cumplimentado mediante una Ley.

3º) Por último, llama la atención que se apruebe la financiación de este aumento, supuestamente imprevisto, de 900 millones de euros para gasto militar mediante deuda pública, en lugar de recortar una cantidad similar en el presupuesto de los casi 6.000 millones ya asignados a Defensa, proceder a la baja en otras partidas ya aprobadas, como ha ocurrido con el crédito extraordinario concedido para el Ministerio de Agricultura en el mismo texto normativo, o acudir al Fondo de Contingencia. Adhiriéndose el Partido Popular al mantra de la austeridad, sorprende que se recurra a este medio de financiación, sobre todo teniendo en cuenta que en los dos años y medio del actual Gobierno la deuda pública ha aumentado en casi 30 puntos, rozando el 100 % del PIB, según los datos facilitados en el mes de mayo por el Banco de España, lo que ha exigido incluir unas partidas de casi 80.000 millones de euros en las leyes de PGE de los dos últimos años, destinados exclusivamente al pago de los intereses generados por dicha deuda.

Lo que justifica este tipo de aumentos en los gastos militares es más que cuestionable desde el punto de vista de la justicia financiera y del propio procedimiento adoptado. El afán de aparecer como alumno aventajado de la austeridad, ha llevado a los Gobiernos a presentar unos presupuestos iniciales irreales para el Ministerio de Defensa, con supuestos recortes respecto al año anterior, que finalmente son ampliados en torno al 20% a lo largo del ejercicio, mediante concesión de créditos extraordinarios que pasan desapercibidos en los meses veraniegos, y respecto de los que ni siquiera se informa en las ruedas de prensa posteriores a los Consejos de Ministros que los aprueban.

Es tal el sinsentido de la situación en la que nos encontramos que el propio Secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, en la comparecencia ante el Congreso, en octubre de 2011, dijo lo siguiente, refiriéndose a este tipo de programas especiales de armamentos: “no deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a utilizar, para escenarios de confrontación que no existen y, lo que es más grave, con un dinero que no teníamos entonces ni tenemos ahora”.

En todo caso, ante actuaciones como la descrita, existen argumentos suficientes como para que los órganos constitucionales legitimados se plantearan la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad frente al referido Real Decreto-Ley. Por otra parte, la ciudadanía tiene la opción de la desobediencia civil, mediante la objeción de conciencia a los gastos militares. En esta línea, al igual que otros muchos contribuyentes en España, en mis últimas declaraciones de la renta incremento diversas partidas -retenciones, cuotas a colegios profesionales o donaciones-, para conseguir disminuir la cuota tributaria en un porcentaje similar al que representa el presupuesto del Ministerio de Defensa en el conjunto de los PGE, entregando la cantidad correspondiente a una ONG que trabaja por la paz y la justicia e informando de todo ello a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El informe de los expertos nombrados por el Gobierno para la reforma fiscal invoca en numerosas ocasiones los principios de justicia que deben presidir nuestro sistema tributario. Sin embargo, tales principios contradicen frontalmente los ya declarados en nuestra Constitución para la política fiscal.

El artículo 31 de la Constitución Española contiene los principios de justicia tributaria. Su apartado primero dispone que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. En otras palabras, la Constitución no solo exige que paguen más quienes manifiestan más capacidad económica, sino que lo hagan en mayor proporción que los de capacidad más baja. Ello, para contribuir a la consecución de los objetivos de redistribución de la renta (art. 40.1 CE) e igualdad material que deben perseguir los poderes públicos (art. 9.2 CE).

Toda reforma fiscal debería, por tanto, fundamentarse en los citados principios de justicia. Sin embargo, cuando uno lee el informe elaborado por la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español, observa que el documento carece de este sustento fundamental. Su primera página no deja dudas respecto a los fines del nuevo sistema tributario que se pretende implementar tras las elecciones europeas. Textualmente dice que “la reforma debe, en primer término, coadyuvar al proceso de consolidación fiscal y, en segundo lugar, inducir una mejora de la competitividad de la economía, el incremento del ahorro y el aumento del empleo”. En este contexto no debe extrañar que la referencia a la justicia tributaria tenga una importancia menor en las más de cuatrocientas páginas que configuran el mencionado documento, a diferencia de otros términos como “competitividad”, “consolidación fiscal” o “ahorro”, que reciben mucha mayor consideración.

No obstante, lo que más llama la atención es el pretendido significado que se atribuye a estos principios constitucionales en el marco en el que se utilizan. Salvo las alusiones contenidas en el voto particular del catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Pedro Herrera Molina, para fundamentar su crítica a las propuestas de someter a tributación el disfrute de la propia vivienda habitual o de aminorar las reducciones por rendimientos del trabajo, en el resto de ocasiones, o se degrada su valor constitucional, colocándose al mismo nivel que principios económicos -flexibilidad o elasticidad- o de organización -practicabilidad, comodidad, o coste mínimo en su recaudación-, o se alude a ellos para justificar propuestas regresivas. Paso a exponer algunos ejemplos.

En primer lugar, en el apartado de los límites que la Comisión se plantea para la realización del informe, se invoca el principio de “justicia”, paradójicamente, para fundamentar las políticas de austeridad y reducción del déficit y para alertar de las hipotéticas consecuencias negativas de la progresividad fiscal. Los expertos parecen obviar que la progresividad, junto con la igualdad, constituye un pilar esencial de un sistema tributario justo, como reconociera el Tribunal Constitucional en una de sus primeras sentencias. De hecho, el informe insinúa que los niveles elevados de protección, equidad o progresividad en un sistema tributario lo abocan a la inviabilidad, la elusión, el fraude, además de condenar a amplios sectores de la población al desempleo, la informalidad o la emigración. Desde este razonamiento, contrario a la progresividad, es lógico que se proponga la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio - en el que sólo tributan los titulares de patrimonios superiores a 700.000 euros- o la sustitución de los tipos progresivos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por otros proporcionales, muy reducidos, que sólo variarían en función del parentesco, por citar sólo dos ejemplos.

Resulta llamativo que, en este punto, se alerte sobre las negativas consecuencias de las reformas fiscales progresivas aprobadas por los parlamentos democráticamente elegidos de diversas comunidades autónomas y de ciertos Estados europeos. En concreto, se advierte del riesgo de “ilegitimidad” de estas medidas, mientras que se asumen complacientemente las recomendaciones del FMI, la OCDE o la Comisión Europea de aumentar aún más la imposición indirecta, reducir la directa y trasladar la carga fiscal del capital y los beneficios empresariales a los asalariados y los consumidores, debiendo recordarse que tales instituciones no se caracterizan precisamente por su legitimidad democrática.

En segundo lugar, se pretende fundamentar en el criterio de justicia el denominado “copago” en los servicios públicos. Incluso en los más esenciales como la sanidad, la educación y la justicia. Al abordar el tema de la suficiencia y la eficiencia, llega a afirmarse que por razones de justicia la financiación de los bienes públicos debe realizarse preferentemente mediante precios, tasas y contribuciones, en lugar de a través de impuestos, que precisamente constituyen el instrumento que más se adecua al principio de capacidad económica. Llevando a sus últimas consecuencias la propuesta, los universitarios españoles debería sufragar 64.000 euros de media para estudiar una carrera, en lugar de los cuatro o seis mil euros que abonan por sus matrículas en las universidades públicas. Desde este planteamiento, cómo puede explicarse a la ciudadanía que es necesario pagar impuestos para financiar los gastos públicos, si los servicios públicos que más necesita tiene que sufragarlos con “repagos”.

En tercer lugar, también se fundamenta en razones de justicia la existencia de un sistema dual de bases imponibles en el IRPF, con un tipo progresivo para las rentas del trabajo, básicamente, y otro proporcional, con tipo único, para las del capital y las ganancias de patrimonio. En definitiva, no se ve problema alguno en que un trabajador llegue a tributar hasta casi el 50% de su renta, pero se califica de injusta la tributación superior al 20% de un inversor que ha ganado cientos de miles de euros especulando en los mercados. Y ello, aunque se haya realizado a través de una SICAV, un fondo de inversión o una SOCIMI, que prácticamente no tributan, al tener tipos de gravamen del 1 y del 0%. Quizás la verdadera razón de mantener esta situación sea la de no crear “serios conflictos con los mercados, que han asimilado y se encuentran cómodos con la fórmula impositiva actual y que vigilan muy de cerca nuestra política fiscal”, como se lee en el propio informe. Pero esto equivale a reconocer que vivimos en una democracia tutelada por las élites minoritarias que gobiernan esos mercados financieros.

Por último, se vuelven a invocar “los principios de justicia” para justificar la propuesta de suprimir de manera definitiva el Impuesto estatal sobre los Depósitos en las Entidades de Créditos y todos los tributos autonómicos equivalentes, que gravan a las entidades financieras y no a los depositantes. Y esto, a pesar de que el Tribunal Constitucional haya avalado la constitucionalidad de estas figuras autonómicas, indicando hasta en cuatro ocasiones que el interés particular, por muy importante que sea, y a pesar de tratarse del de las entidades financieras, no puede anteponerse al interés general. La propuesta revela, además, una notoria obsesión por blindar los privilegios fiscales de la banca, máxime cuando actualmente no paga nada por el impuesto estatal, al configurarse con un tipo de gravamen del 0%, que fue aprobado, precisamente, para neutralizar los tributos autonómicos y evitar que las entidades financieras fuesen gravadas por este concepto. Al parecer, unos tipos autonómicos inferiores al 1% para depósitos de cientos de millones de euros podían vulnerar los principios de justicia y poner en peligro la economía española, pero la elevación del IVA de muchos bienes y servicios esenciales para la vida, de 10 al 21%, respetaría perfectamente los principios... que nos imponen los mercados.

Llegados a este punto, en aras de la coherencia, al informe de expertos debería haber incorporado una última propuesta para reformar el artículo 31 de la CE en los siguientes términos:

“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario basado preferentemente en los impuestos indirectos y en las tasas. Se regirá por el principio de fomento de competitividad fiscal a la baja, para atraer a España empresas y capitales, beneficiando las inversiones, el ahorro y las instituciones financieras y los mercados. El principio de progresividad sólo será predicable de la tributación de las rentas del trabajo en el IRPF”.

Se ha introducido el factor de revalorización de las pensiones con el supuesto fin de hacer sostenible el sistema público de pensiones, pero la supuesta carestía financiera que inspira la medida no impide que el Estado deje de percibir cuantiosos ingresos por los beneficios fiscales que concede a los planes privados.

Con la entrada en vigor de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, se ha desvinculado la actualización de las pensiones del IPC, pasando a depender del llamado Factor de Revalorización Anual. Este año suben sólo un 0,25%, lo que supone ya una pérdida de poder adquisitivo real para los pensionistas.

Lo paradójico de esta situación es que, mientras este nuevo recorte estructural prevé ahorrar 809 millones € en 2014, según se indica en la propia memoria económica de la reforma, en el mismo ejercicio el Estado dejará de ingresar más del doble de la mencionada cifra (1.657,43 millones) como consecuencia de los beneficios fiscales a los planes de pensiones privados. Algo parecido ocurrió en 2010, cuando se congelaron las pensiones para ahorrar 1.300 millones € y los citados beneficios superaron los 2.000 millones €.

Debe recordarse que el actual régimen tributario favorece las aportaciones de las rentas más altas, que pueden invertir más dinero y aplicar una reducción a la base imponible general del IPRF muy superior, como consecuencia de los tipos marginales más elevados. Por poner un ejemplo, por cada 1.000 € invertidos en estos planes, una persona que gane 300.000 € deja de pagar a Hacienda unos 500 €, mientras que otra que cobre 17.000 €, se ahorra aproximadamente 250 €.

No contentos con esta situación, desde el sector de los Fondos de Pensiones y los Seguros Privados se reclama al Gobierno que dote de mayor atractivo fiscal a estos instrumentos. Entre otras cuestiones, se propone que su rentabilidad tribute como renta del ahorro a un tipo proporcional en lugar de como lo hacen las pensiones públicas al tipo progresivo, que se revisen los límites de aportación existentes o que se establezca un nuevo beneficio para la denominada “cuenta jubilación”. De aceptarse estas sugerencias, la disminución de la recaudación pública podría superar los 3.000 millones € anuales, mientras a los pensionistas se les reduciría su poder adquisitivo real en unos 400 € de media al año tras la actual reforma, según diversas estimaciones.

Cuando uno observa estos datos, se pregunta: ¿por qué no se recortan tales beneficios fiscales y se destinan los ingresos adicionales al sistema público de pensiones? Ningún precepto constitucional prohíbe esta opción. De hecho, el propio Informe del Comité de Expertos que ha servido de base a la última reforma advierte que el factor de sostenibilidad ni compromete ni impide cualquier medida destinada a proveer de nuevas fuentes de financiación a las pensiones públicas para conservar su poder adquisitivo. Además, tal opción podría realizarse sin vulnerar el mandato de estabilidad presupuestaria.

Me atrevo a decir que la mayoría de los contribuyentes preferiría que con sus impuestos se aumentaran las transferencias al sistema público de pensiones, en lugar de aprobarse créditos extraordinarios para gastos militares, como se hizo a finales del julio pasado, o de incrementarse las millonarias ayudas a la banca. Entre otras razones, porque cuando llega la hora del paro y los desahucios, la única fuente de subsistencia son las pensiones de los padres. Recuérdese que unas 300.000 familias completas viven en España de la pensión de los abuelos.

Las decisiones contrarias a los intereses de la mayoría reflejan una clara opción de política legislativa que beneficia a unos grupos financieros muy concretos. En realidad, se pretende acabar con el modelo público de pensiones construido durante tantos años, basado en la solidaridad, la suficiencia y la actualización periódica, como exige el artículo 50 de la Constitución. Ahora se intenta implementar un sistema dual, en el que las pensiones públicas sufraguen unos mínimos de subsistencia, complementándose el resto mediante planes privados incentivados fiscalmente. Se trata de abrir definitivamente el abanico del negocio de las pensiones, que mueve unos 120.000 millones de euros al año, a bancos y aseguradoras.

En este contexto es fácil entender la presión de los lobbies corporativos y la práctica de las puertas giratorias finanzas/política - política/finanzas. Casualmente la Directora General de Seguros y Fondos de Pensiones y el Ministro de Economía y Competitividad provienen de Mutua Madrileña y Lehman Brothers, respectivamente, por citar sólo dos ejemplos. Del mismo modo, asistimos a una proliferación de dictámenes, informes y estudios elaborados por “institutos”, “fundaciones” y “centros” financiados por los citados grupos, que inciden en la necesidad de ahondar en las reformas estructurales y fiscales de las pensiones. Hay mucho dinero en juego.

Igualmente se comprende que el Plan de Educación Financiera 2013-2017 impulsado con dinero público por los organismos supervisores (Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores), en colaboración con el Ministerio de Educación y otros entes de la Administración, se centre más en cuestionar el futuro del sistema público de pensiones y de salud, que en prevenir a los ciudadanos de los grandes fraudes financieros, como el de las preferentes o el de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios. En realidad, después de haber leído detenidamente el documento y “jugar” al programa “chequea tu salud financiera” del portal web finanzasparatodos impulsado por dicho plan, considero que este título no refleja correctamente el contenido del proyecto. Sugiero sustituirlo por el de pensionesysegurosprivadosparatodos. Y realizo la propuesta, no sólo porque se pretenda inculcar desde la escuela como dogma de fe la necesidad de complementar el sistema público sanitario y de pensiones mediante el ahorro privado, sino porque se ofrecen, como instrumentos casi exclusivos, los planes de pensiones y los seguros.

Además, si el presunto problema de fondo, la insostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, sólo parece subsanable a través del ahorro privado, cabría preguntarse ¿por qué no se prefiere dirigir ese ahorro popular a la adquisición de deuda pública a largo plazo? Ello permitiría financiar los gastos públicos, ofreciendo una interesante rentabilidad y la posibilidad de rescatar la inversión en el mercado secundario, si fuera necesario. La respuesta es bien clara. No se hace porque los seguros y los planes de pensiones son los productos que más benefician a las entidades financieras, concediéndoles un negocio certero que las dota de un enorme poder económico: el que les confiere manejar a su antojo una ingente cantidad de recursos cautivos. De hecho, si no fuera por los beneficios fiscales asociados al momento de la aportación –no así al del rescate– carecerían de aliciente alguno como medios de inversión. Resulta paradójico que sean los propios ahorros de los trabajadores españoles, materializados en los seguros y fondos de pensiones manejados a través de los mercados, los que presionen para bajar sus salarios, abaratar sus despidos y desmantelar el Estado del bienestar.

En definitiva, la opción por el sistema dual de pensiones es digna del más rotundo rechazo, pues condena a la pobreza a la mayoría de la sociedad al final de su vida laboral, al carecer de capacidad de ahorro privado. La alternativa es factible, pero no se puede servir a dos amos. El Gobierno y el Parlamento deben escoger: o beneficiar a la ciudadanía o favorecer a los grupos financieros. El Secretario de Estado de Hacienda ya ha adelantado la intención de “premiar fiscalmente el ahorro a largo plazo”. Cuando finalmente se presente el contenido de la inminente reforma tributaria saldremos de dudas y comprobaremos si el poder real reside en el pueblo o en los bancos, fondos de pensiones y aseguradoras.