La globalización ha llevado la interdependencia de las economías, los países y las culturas a niveles desconocidos en la historia de la humanidad. Desde que el aumento en el intercambio de bienes, servicios y personas cobrara fuerza en la última década del siglo XX, el fenómeno ha tenido ganadores y perdedores. En su cara más amable, ha contribuido al crecimiento económico, al aumento de los niveles de vida y a la reducción de la pobreza en los países en desarrollo, pero al mismo tiempo ha ensanchado las desigualdades de renta y ha hecho resurgir movimientos populistas y ultranacionalistas. También ha destruido tejidos industriales y ha acelerado la reducción de la capa de ozono, causa principal del calentamiento de la Tierra. Otra de sus consecuencias, la caída del coste de los viajes por avión, ha sido un factor determinante en la rápida expansión de la pandemia del coronavirus.

Los estragos económicos de la COVID-19 ya se notan en todo el mundo: la actividad se ha desplomado, millones de personas se han quedado sin empleo y multitud de empresas que han cerrado durante el confinamiento no podrán volver a abrir. El comercio internacional, gran motor de la globalización, va a tardar años en recuperar sus niveles previos a la epidemia. Las cadenas globales de suministro —ese gran invento de la globalización que permite fabricar a bajo coste con piezas hechas en países diferentes— se han visto interrumpidas, algunas de ellas para siempre. Las fronteras se han cerrado al tránsito de personas y el negocio del turismo se ha paralizado por completo. 

Producir en casa

Igual que en anteriores pandemias, como la gripe de 1918, el mundo se recuperará del golpe, pero será un lugar distinto. ¿Cómo van a cambiar las relaciones entre los países? ¿Se volverán a fabricar en casa productos que desde hace décadas llevan el sello made in China? Las primeras señales apuntan a que el coronavirus no va a suponer la muerte de la globalización, sino su transformación. Dicho de manera sencilla, vamos hacia una globalización distinta. 

Los expertos coinciden en que en los próximos meses se van a intensificar tendencias desglobalizadoras iniciadas tras el desastre financiero de 2007-2008. En opinión de Rafael Myro, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, la COVID-19 eliminará eslabones en las cadenas globales de valor y habrá un regreso a la producción de determinados bienes dentro de las fronteras nacionales o en países cercanos, fenómeno conocido como reshoring. Myro cree que ello supondrá una ralentización en la globalización, no una vuelta atrás. “Se van a acabar algunos excesos, como la fragmentación de las cadenas de valor y la dependencia de China, pero es imposible que un país produzca todos los bienes y servicios que necesita. Intentarlo traería consigo consecuencias muy negativas, como un encarecimiento de los productos, salarios bajos y un aumento de las desigualdades”.

Pol Morillas, director del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), está de acuerdo en que las grandes tendencias geopolíticas en marcha no van a sufrir “un vuelco absoluto”, pero subraya que sí habrá “elementos correctivos en el proceso de hiperglobalización”. Uno de esos elementos puede ser la intención de algunos Estados o clubes de Estados, como la Unión Europea, de destinar mayores recursos a cuestiones como la soberanía y la seguridad, especialmente en el terreno de la salud. “Si se confirma esta tendencia, habrá más gasto dirigido a restablecer cierta producción que antes estaba en cadenas de valor globales o concentradas en Asia, como vacunas, medicamentos y otro material sanitario. ”Esto no significa que el mundo poscoronavirus deje de ser un mundo globalizado. No podemos volver por completo a la producción nacional“, afirma.

La emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto el riesgo que supone buscar el menor coste por encima de todo y depender de otros países para el suministro de productos básicos. Al saltar las primeras alarmas, Francia y Alemania se apresuraron a interrumpir las exportaciones de material médico imprescindible para combatir el virus, incluso a socios de la Unión Europea como España e Italia (más tarde revirtieron la decisión). Aquellos países que no disponían de capacidad de producción han tenido muchos problemas para conseguir mascarillas, respiradores y kits de pruebas. Meses después de la aparición de los primeros casos, algunos los siguen teniendo.

Frenazo del comercio

El regreso a las fronteras nacionales era un hecho antes de que el coronavirus irrumpiera en nuestras vidas. La globalización llevaba años a la baja, como demuestra el frenazo experimentado por los intercambios comerciales a raíz de la crisis financiera. Aunque en los años más recientes habían aumentado en términos absolutos, su peso en la economía mundial continuaba a la baja. La Ronda de Doha sobre comercio mundial estaba prácticamente paralizada. Los flujos de capital tampoco habían recuperado su nivel previo a la caída de Lehman Brothers y varios países habían impuesto controles estrictos a la exportación de tecnología estratégica.

Donald Trump fue elegido en 2016 con la promesa de devolver a EE UU los empleos industriales perdidos como consecuencia de la globalización. Nada más pisar la Casa Blanca declaró la guerra comercial a China, subió las tarifas arancelarias a las importaciones europeas e impuso nuevas trabas a la entrada de inmigrantes. El rechazo de los británicos a la Unión Europea en el referéndum del brexit y la posterior elección de Boris Johnson como primer ministro marcaron un nuevo retroceso en el multilateralismo. Desde comienzos de siglo han emergido en numerosos países fuerzas populistas y de extrema derecha recelosas de la globalización y que, como Trump y Johnson, abogan por poner los intereses nacionales por encima de todo. 

En otros terrenos, sin embargo, la globalización vivía un momento de esplendor. El desarrollo de Internet ha incrementado el intercambio de datos, información y productos audiovisuales a un ritmo vertiginoso en los últimos años. La movilidad de personas entre los países, ya fuera por trabajo, vacaciones o estudios, estaba en niveles récord gracias al abaratamiento de los vuelos. El miedo al contagio hará que los viajes se reduzcan significativamente, especialmente los no esenciales, pero el tráfico en Internet va a seguir creciendo con el desarrollo de la tecnología móvil 5G, el big data y la inteligencia artificial.

Una de las consecuencias más evidentes del confinamiento ha sido el aumento en el uso de la tecnología. El comercio online, las búsquedas en Internet y las conexiones a redes sociales han hecho de Amazon, Google y Facebook las grandes triunfadoras de la crisis. El hábito de comprar por vía digital saldrá fortalecido en detrimento de las tiendas tradicionales y se trabajará más desde casa, con el consiguiente cambio en el paisaje de las ciudades. La falta de recursos para financiar la recuperación económica puede hacer que los gobiernos, por fin, tomen medidas para obligar a las multinacionales del sector a pagar impuestos allí donde consiguen sus ingresos, al estilo de la llamada tasa Google, y poner límites a su posición dominante.

Brecha digital

Pol Morillas vaticina en que en el mundo poscoronavirus la ciudadanía será aún más dependiente que antes de las herramientas digitales y que ello dará impulso a la nueva globalización. “Es imposible un repliegue absoluto hacia lo nacional si queremos seguir trabajando hiperconectados”, señala el director del CIDOB, quien advierte del riesgo de que se agrande la brecha entre los que puedan adaptarse a un mundo digitalizado basado en la conectividad y quienes no puedan hacerlo por falta de medios, de formación o por una cuestión generacional. 

El peligro es que el aumento del número de personas que se sientan relegada por su incapacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y profesionales dé alas a los movimientos populistas que se nutren del agravio y del malestar hacia la clase política. A pesar de que el populismo ha fracasado en la gestión de la pandemia — ahí están los ejemplos de Trump, Johnson y Bolsonaro—, los condicionantes que alimentan su discurso político no van a desaparecer, apunta Morillas, quien considera probable que surjan nuevos líderes que traten de aprovechar todo ese descontento para hacerse con el poder.

Si los gobiernos no lo impiden, otra consecuencia de la crisis puede ser la concentración del capital y del poder económico en menos manos. Las multinacionales tienen ahora una oportunidad de expandirse y de acelerar el proceso de fusiones y adquisiciones en sectores clave como la banca, las telecomunicaciones y la energía. Una de las primeras medidas incluidas en el estado de alarma por el Gobierno español fue precisamente la prohibición de tomar posiciones dominantes en compañías españolas por parte de inversores extranjeros. Hay miedo a que los grandes fondos de capital riesgo de EE UU intensifiquen la compra de empresas y propiedades inmobiliarias aprovechando la caída de los precios.

Es muy probable que las pequeñas y medianas empresas familiares que desaparezcan sean sustituidas por franquicias con mayor capacidad financiera, menos costes y fácil acceso a la tecnología. Mientras que las grandes marcas resistirán la crisis, los pequeños negocios tendrán muy difícil sobrevivir si no cuentan con apoyo de dinero público.

EE UU, aislada

En medio del caos, China trata de reforzar su posición en el tablero geoestratégico. A pesar de ser el origen de la pandemia, el gigante asiático ha intentado tener el papel de salvador del mundo con el envío de material médico a los países más afectados, poniendo en práctica lo que se ha venido en llamar la “diplomacia de las mascarillas”. El Gobierno de Pekín parece decidido a ejercer su recién adquirido papel de superpotencia aprovechando la debilidad de una Unión Europea muy castigada por el virus y el aislamiento voluntario de EE UU, cuyo presidente ha renunciado al liderazgo polítio y económico  que el país poseía desde el final de la II Guerra Mundial.  

Pero esa nueva asertividad del gigante asiático puede volverse en su contra a medida que pasen los meses y cunda la desconfianza sobre sus intenciones. Uno de los rasgos distintivos de la desglobalización en marcha es el deseo generalizado de reducir la dependencia de las exportaciones chinas. De repente, la fábrica del mundo puede encontrarse con enormes excedentes de producción y verse obligada a aumentar el poder adquisitivo de su población para que el consumo interno compense la caída de los ingresos procedentes de fuera. A pesar de que en los últimos años ha diversificado y modernizado su economía, China sigue teniendo una enorme dependencia de las exportaciones y de las cadenas globales de valor.

En EE UU, las encuestas han comenzado a mostrar una caída del apoyo a Trump ante las elecciones de noviembre. El presidente del país con más víctimas del coronavirus trata ocultar los errores en la gestión de la pandemia culpando a China y a la Organización Mundial de la Salud (OMS). En un intento de amarrar a su electorado, ha prometido limitar aún más la inmigración para reservar los empleos a los estadounidenses. Está por ver si habrá gente suficiente para trabajar en el campo, en los restaurantes  de comida rápida o en el cuidado de personas, labores que recaen mayoritariamente sobre los inmigrantes.

Mientras tanto, la UE trata de buscar una salida conjunta a la recesión y de salvar el proceso de integración. Rafael Myro cree que la Unión cobrará relevancia si consigue desarrollar cadenas de valor más cercanas y fiables que las que las que existían hasta ahora. Europa, sostiene el catedrático de la Complutense, tiene ante sí la oportunidad de reindustrializarse gracias a las ayudas masivas que los gobiernos nacionales, la Comisión Europea y el BCE van a destinar a la reconstrucción económica. Alemania ya se ha puesto a ello y varios países estudian la posibilidad de nacionalizar empresas consideradas estratégicas.

Incertidumbre

Pol Morillas considera esencial desarrollar una economía digital europea para reducir la dependencia de EE UU y China, aumentar la capacidad de almacenar datos y contar con empresas tecnológicas de cierta dimensión. Ese modelo propio europeo debería contar, según el director de CIDOB, con altos estándares de privacidad y respeto a la transición climática.

Tras el duro golpe del coronavirus, con cientos de miles de muertos y la economía destrozada, el mundo se encamina hacia una nueva era en las relaciones políticas y económicas. Es una incógnita si la nueva globalización traerá más prosperidad y un reparto más equitativo de la riqueza que la anterior o si, por el contrario, la discordia y el enfrentamiento dibujarán un futuro aún más incierto.

Los jóvenes han aprovechado los años de crisis y de recuperación económica para mejorar su formación en lugar de buscar un trabajo mal pagado o, con frecuencia, inexistente. En su último Informe trimestral de la economía española, el Banco de España constata que, a diferencia de lo ocurrido en el anterior periodo expansivo (1995-2007), la recuperación actual “está asentada en un patrón que no está incentivando a los jóvenes a salir del sistema educativo”. El Banco de España apunta la posibilidad de que la drástica disminución de la tasa de actividad entre los jóvenes acabe siendo beneficiosa para la economía española, pues “podría verse compensada por incrementos de la actividad y de la productividad de esta generación en el futuro”. 

La Encuesta de Población Activa (EPA) más reciente muestra que la tasa de actividad de los españoles con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años se ha reducido significativamente desde el estallido de la crisis, al pasar del 70% en 2007 al 53% actual. La tasa de actividad mide en porcentaje la relación entre la población activa (compuesta por las personas ocupadas y desempleadas) y todas las personas en edad de trabajar (incluyendo las que no trabajan ni buscan trabajo). Refleja, por tanto, el porcentaje de la población entre 16 y 65 años que o bien trabaja o quiere hacerlo. 

Los menores de 30 años han renunciado a entrar en el mercado laboral o lo han abandonado en mayor proporción que las personas mayores ante las menores oportunidades de empleo. La mayoría lo ha hecho para mejorar su formación, como lo demuestra el hecho de que el porcentaje de jóvenes inactivos que estudian haya aumentado desde el 25% de 2007 hasta el 38,7% de 2018.

Menos 'ninis'

Por el contrario, la proporción de jóvenes que no estando ocupados tampoco estudian se ha reducido considerablemente, aunque sigue siendo significativa. Hoy hay 600.000 'ninis' menos que en los peores momentos de la crisis, en 2012, cuando llegó a haber 1,7 millones. Actualmente, son el 15% de los jóvenes.

El repunte en el número de ninis durante la recesión tuvo su origen en la gran cantidad de jóvenes que dejaron sus estudios durante el periodo expansivo anterior (atraídos por empleos poco cualificados y bien pagados, muchos en la construcción) y que se quedaron en paro con la crisis. Esta huida de las aulas no se está produciendo ahora, aunque la economía haya mejorado.

El alargamiento del periodo formativo de los jóvenes españoles se ha traducido en una mejora de su nivel educativo. La tasa de abandono escolar sigue siendo alta si se compara con la media europea, pero es claramente inferior a la observada en los peores años: del 30% de los alumnos de entre 18 y 24 años en 2007 se ha pasado al 17,9% en 2018, según Eurostat.

Así, el porcentaje de jóvenes que obtuvieron como máximo el título de la ESO se ha reducido desde el 36,5% de 2007 hasta el 23,3% actual. La mayor parte de esa disminución se ha traducido casi exclusivamente en un aumento del porcentaje de jóvenes con titulación universitaria que ha pasado del 23,1% al 33,9% en el mismo periodo.

Una titulación superior ayuda a tener una vida laboral más larga y mejor retribuida. Como subraya el Banco de España, quienes solo estudian la ESO presentan tasas de actividad comparativamente elevadas durante los primeros años de carrera laboral, pero esta suele ser más corta, lo que repercute en los ingresos totales de ese colectivo a lo largo de su vida. Además, los niveles de paro son claramente inferiores entre las personas con mejor formación, y los puestos de trabajo más cualificados están menos expuestos en tiempos de crisis. Según datos de la última EPA, la tasa de desempleo de las personas con edades entre los 25 y los 30 años ronda el 34% para quienes tienen como máximo la ESO, mientras que se reduce al 15% para los universitarios.

En definitiva, parece que pronto tendremos -esta vez sí- unos jóvenes sobradamente preparados. Ahora solo hacen falta empleos de alta cualificación y decentemente pagados para cuando esta generación, la mejor formada de la historia, concluya su periodo formativo. Parece imposible, a no ser que el mercado laboral dé un vuelco y que los jóvenes bien formados tengan salarios similares al de generaciones anteriores cuando vayan cumpliendo años.

[Este artículo ha sido publicado en el número 73 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La epidemia de obesidad sigue expandiéndose por todo el mundo. La comida es cada vez más abundante y más barata en la mayoría de los países, pero los alimentos más asequibles son con frecuencia los que tienen más contenido en calorías, sal y azúcar y menos valor nutritivo; los peores para la salud y los que más engordan. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la incidencia de la obesidad se ha triplicado desde 1975 en todo el mundo. Uno de cada ocho adultos (más de 650 millones) es hoy obeso, y más de 1.900 millones (el 39%) tienen sobrepeso. En palabras de la directora general de la OMS, Margaret Chan, somos testigos de “un desastre a cámara lenta”.

La obesidad es, ante todo, un problema de salud, pues contribuye significativamente a aumentar los casos de diabetes tipo 2, los infartos de miocardio y algunos tipos de cáncer, entre otras enfermedades. Cada año que pasa los costes de la obesidad y el sobrepeso para los sistemas sanitarios se acrecientan. Los obesos acuden más a los médicos de atención primaria, a los especialistas y a los servicios de urgencias que los adultos con peso normal, requieren más ingresos hospitalarios y más análisis de laboratorio y necesitan más medicamentos para tratar las enfermedades asociadas. Con los índices de obesidad infantil al alza en buena parte del mundo, es previsible que los costes sanitarios sigan aumentando por el previsible deterioro de la salud de los futuros adultos.

El aumento del gasto sanitario priva a las arcas públicas de fondos esenciales para otros fines, como la educación, las pensiones o la mejora de las infraestructuras. En EE UU, el país occidental más afectado por la obesidad, los sobrecostes anuales de la obesidad y el sobrepeso ascienden a 200.000 millones de dólares. Kenneth Rogoff, catedrático de Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, afirma que los índices crecientes de obesidad amenazan con frenar o revertir los avances en salud y esperanza de vida que buena parte del mundo ha conseguido en las últimas décadas.

Aunque la situación no es tan grave como en EE UU y otros países occidentales, España no está, ni mucho menos, a salvo del problema. Según un reciente estudio publicado por la Revista Española de Cardiología, el sobrecoste médico del exceso de peso se elevó a 1.950 millones de euros en 2016, el 2% del presupuesto sanitario. De mantenerse esta tendencia, en 2030 la cifra se dispararía hasta los 3.080 millones de euros anuales, el 58% más. Ese año habrá en España 27,2 millones de adultos con sobrepeso, 3,1 millones más que en la actualidad.

Según la última Encuesta Nacional de Salud efectuada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 17,43% de los españoles son obesos, pues su índice de masa corporal (IMC) es igual o superior a los 30 kg/m2 (El IMC se obtiene dividiendo el peso en kilos entre la estatura en metros elevada al cruadrado). Otro 37% tiene sobrepeso (entre 25 y 30 kg/m2), lo que significa que más de la mitad de los españoles tienen un peso superior al que las autoridades sanitarias consideran normal (entre 18,5 y 25 kg/m2).

El reto para los sistemas sanitarios es acuciante, pero la obesidad y el sobrepeso no pueden entenderse sin abordar sus causas socioeconómicas, ya que el problema está estrechamente vinculado a un bajo nivel educativo y de renta. Tanto en países industrializados como en naciones en desarrollo, la obesidad afecta sobre todo a las clases más desfavorecidas, a los niños y a las mujeres. La situación se agrava a medida que desciende el nivel socioeconómico. En España, hasta el 22,37% de las personas pertenecientes a las capas más bajas de renta tiene obesidad, frente al 9,29% de las que viven en las familias con mayor poder adquisitivo, según el INE. El problema se acentúa significativamente entre las mujeres: el 23,98% de las españolas con escasos recursos es obesa, comparado con el 7,26% de las mujeres que viven en familias ubicadas en la franja más alta de ingresos.

El motivo de la desigualdad está claro: los pobres son más obesos porque se alimentan peor y no cuidan su salud tanto como los ricos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) subraya que los alimentos nutritivos y frescos suelen ser más caros que los envasados y que cuando en un hogar escasean los recursos, los padres compran alimentos más baratos que a menudo son hipercalóricos y poco nutritivos. Por el contrario, las personas con un nivel socioeconómico alto suelen comer de manera más sana y hacer ejercicio físico con regularidad. La incorporación de la mujer al trabajo en las últimas décadas es otro de los factores que los expertos mencionan a explorar las causas de la obesidad infantil: al dejar de cocinar en casa por falta de tiempo, las familias consumen más comida rápida y menos alimentos frescos.

Ansiedad y depresión

La FAO apunta que la incertidumbre que genera no tener un acceso garantizado a los alimentos es fuente de ansiedad, estrés y depresión, lo que a su vez conduce con frecuencia a conductas que aumentan el riesgo de sobrepeso y obesidad: comer grandes cantidades cuando hay dinero o elegir alimentos baratos e hipercalóricos, ricos en grasas, azúcar y sal, que calman la ansiedad a corto plazo.

El vínculo entre obesidad y desigualdades socioeconómicas se acentuó durante la crisis en varios países europeos, entre ellos España. La Alianza Española contra el Hambre y la Malnutrición denuncia que durante los peores años se produjo un incremento notable del exceso de peso entre las personas con rentas más bajas por llevar un patrón alimentario poco adecuado. Los niños fueron los más vulnerables: la dificultad de acceder a comedores escolares, señala la ONG, privó a muchos de ellos de recibir una buena nutrición y de aprender buenos hábitos alimenticios.

Tener sobrepeso u obesidad no solo significa tener peor salud, sino también tener peor trabajo y menos salario que los demás. A menudo las personas afectadas se ven atrapadas en un círculo vicioso: tienen más posibilidades de estar en paro, más dificultades para reintegrarse en el mercado laboral si han estado paradas y, por tanto, más posibilidades de caer o seguir en una situación económica precaria. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a las naciones más industrializadas del mundo, solo el 59% de los trabajadores obesos de entre 50 y 59 años tenía empleo en el año 2013, frente al 72% de media de los no obesos en 14 países europeos objetos de estudio. En España, apenas el 45% de los obesos tenía un empleo, frente al 60% de los no obesos.

La OCDE sostiene que las personas obesas son menos productivas porque piden más bajas por enfermedad, trabajan menos horas y tienen dificultades para llevar a cabo tareas físicas y terminar a tiempo sus labores. Por lo general, ganan de media un 10% menos que sus compañeros con peso normal, y están de baja una media de 12 días al año, comparado con los 8 días de las personas no obesas.

A pesar de ser uno de los países más longevos del mundo (según el Institute for Health Metrics and Evaluation, con sede en Washington, desbancará como número uno a Japón en 2040), España está alejándose de los hábitos alimenticios heredados de sus padres y abuelos. Los datos más recientes de la OMS así lo atestiguan: los países del sur de Europa son los que tienen el índice de obesidad infantil más alto. En Chipre, España, Grecia, Italia y Malta, uno de cada cinco niños (entre el 18% y el 21%) es obeso. En los países del sur, la bollería industrial, la comida basura y las bebidas azucaradas están sustituyendo a la dieta tradicional basada en legumbres, frutas, verduras, pescado y aceite de oliva. A pesar de cifras tan alarmantes, la obesidad infantil está retrocediendo lentamente en varios países, entre ellos España, gracias al esfuerzo realizado en los últimos años en materia de prevención.

Amenaza nutricional

Pocas zonas del mundo como América Latina reflejan mejor las desigualdades y las paradojas de la alimentación. Al mismo tiempo que el hambre aumenta en algunas zonas del subcontinente, la obesidad se ha convertido en la principal amenaza nutricional. Según la FAO, los más perjudicados por esta “espantosa” situación son las personas con menos ingresos, las residentes en zonas rurales, las mujeres, los niños, los indígenas y los afrodescendientes. Uno de cada cuatro adultos latinoamericanos es obeso y 250 millones viven con sobrepeso, el 60% de la población. Está surgiendo una nueva figura: el de una persona obesa y malnutrida al mismo tiempo. Al analizar las causas del fenómeno, la FAO apunta al cambio experimentado en las últimas décadas por los sistemas alimentarios, desde su producción hasta el consumo.

En esos cambios están desempeñando un papel crucial las multinacionales de la alimentación. A medida que el crecimiento económico se ralentiza en los países ricos y que sus Gobiernos promueven una alimentación sana, las grandes empresas están expandiéndose rápidamente en los países en desarrollo, contribuyendo a aumentar la obesidad y otros problemas de salud con la venta de comida procesada y bebidas azucaradas al estilo occidental. Una investigación llevada a cabo por The New York Times en 2017 reveló que estas empresas están transformando la agricultura de muchas naciones, forzando a los agricultores a sustituir cultivos tradicionales de subsistencia por caña de azúcar, maíz y habas de soja, que sirven de base para gran número de alimentos industriales. Para muchos expertos en nutrición, la epidemia de obesidad está vinculada inextricablemente a la venta de alimentos procesados, que creció un 25% en todo el mundo entre 2011 y 2016, comparado con solo el 10% en EE UU. Las ventas de refrescos carbonatados han crecido aún más: en América Latina se han duplicado desde 2000 y ya superan las cifras de consumo de América del Norte.

Un ejemplo mencionado por The New York Times es el de Nestlé, líder mundial en alimentos procesados, que cuenta con un ejército de miles de vendedores locales en Brasil, donde distribuyen sus productos, la mayoría de ellos con un alto contenido en azúcar, a 250.000 hogares de zonas rurales. Desde el año 2003, 36 millones de brasileños han salido de la pobreza. Pero al tiempo que la economía y el consumo crecían, también lo hizo el número de personas con sobrepeso, que hoy alcanza el 57% de la población. Uno de cada cinco brasileños es obeso.

Una investigación publicada recientemente por las revistas especializadas BMJ y Journal of Public Health Policy dio a conocer que Coca-Cola ha liderado una campaña conjunta de compañías estadounidenses de comida basura, incluyendo PepsiCo, Nestlé y McDonald’s, para modificar la política nutricional de China. Las empresas tejieron una red de vínculos institucionales, financieros y personales sirviéndose de un grupo sin ánimo de lucro llamado International Life Sciences Institute. Según la investigación, Coca-Cola ha maniobrado fuera de los focos para asegurarse de que los esfuerzos del Gobierno de Pekín para combatir la epidemia de obesidad no socaven sus intereses.

El economista Kenneth Rogoff sostiene que EE UU está exportando obesidad y pone como ejemplo que el problema se ha disparado en México desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con EE UU y Canadá, en 1990, que trajo consigo un aumento de la inversión y de la publicidad de los fabricantes de alimentos procesados. El consumo de bebidas azucaradas casi se ha triplicado desde entonces en México, un aumento paliado solo parcialmente por la imposición de una tasa a la venta de esos productos. El otro socio del acuerdo comercial, Canadá, también ha experimentado un rápido aumento de la obesidad, en parte debido a una caída de los precios de la fructosa como consecuencia de las importaciones procedentes de EE UU. Los niveles de obesidad de EE UU son escalofriantes: según el Centro para el Control de Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés), el 40% de los estadounidenses son obesos, una cifra que incluye al 20% de los adolescentes. El peso medio de la mujer estadounidense es hoy superior al del hombre estadounidense en 1960 (75 kilos).

Con la vista puesta en el futuro, ¿seguirá empeorando la dieta y aumentando el sedentarismo o acabarán imponiéndose las campañas en favor de la alimentación sana y el ejercicio físico? Las instituciones internacionales y los Gobiernos están cada vez más empeñados en que prevalezca la salud de las personas, pero es muy difícil contrarrestar unos cambios de hábitos alimenticios generados por la maquinaria de marketing (y las malas artes, como hemos visto) de las multinacionales. La OCDE es pesimista. Su último informe sobre el tema vaticina que el índice de obesidad continuará creciendo al menos hasta el año 2030. Las cifras son impactantes: para entonces casi la mitad de los estadounidenses serán obesos, y en España el problema afectará al 20% de la población. Especialmente desesperanzadores son los datos de Suiza y Corea del Sur, países que tradicionalmente han tenido índices de obesidad muy bajos. En ambos crecerá aún más rápido que en los demás.

[Este artículo ha sido publicado en el número 66 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Gonzalo Delacámara transmite a la vez pasión y urgencia cuando habla de la necesidad de gestionar bien el agua en un momento en que el mundo trata de mitigar y adaptarse al cambio climático. Delacámara (Madrid, 1973) coordina desde hace una década el departamento de Economía del Agua del instituto de investigación avanzada IMDEA. En 2016, junto con otros profesores de la Universidad de Alcalá de Henares y con apoyo de premios Nobel de Economía y de la Paz, puso en marcha el Foro de la Economía del Agua, del que es director académico. Buena parte de su vida transcurre en aviones, y es que la lista de los organismos internacionales con los que colabora es infinita: Unesco, PNUD, ONU-Agua, CEPAL, Banco Mundial, OCDE, Comisión Europea... “Mi huella de carbono es pésima”, afirma.

Como habitantes de un país con amplias zonas semiáridas, ¿nos debe preocupar especialmente el cambio climático?

En la medida en que el cambio climático es un fenómeno global, nuestra preocupación, en primer lugar, tiene que ser como ciudadanos del mundo, y, en segundo lugar, por aquello que nos atañe de manera más cercana. Los datos del Ministerio para la Transición Ecológica son escalofriantes: el 70% del territorio nacional está sometido a riesgo de desertificación. Más del 20%, principalmente el sureste, todo el arco mediterráneo y los archipiélagos, estaría desertificado de facto. Estamos en una zona del mundo donde el cambio climático, que es un fenómeno global pero no simétrico, nos va a afectar más. Las proyecciones del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático muestran que la temperatura podría estar creciendo en España hasta un grado por encima de la media mundial.

¿Qué se puede hacer para paliar estos daños?

Hay dos grandes pilares. Por un lado, la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, que en gran medida son las que copan la atención de la comunidad internacional y de los medios de comunicación. Pero luego está la hermana pobre de toda esta discusión: la adaptación al cambio climático. El cambio climático es también un cambio en el ciclo hídrico. No se puede hablar de cambio climático sin hablar de agua. El agua es a la adaptación lo que la energía es a la mitigación.

¿Por qué la hermana pobre?

Me refiero a que en todas las discusiones internacionales sobre cambio climático el agua no aparece. La mitigación del cambio climático tiene siempre un perfil más alto que la adaptación al cambio climático. Hablar de adaptación implica reconocer que el cambio climático plantea problemas nuevos en un país como el nuestro, como la subida del nivel del mar en las zonas costeras. Tenemos muchos motivos para aumentar la resilencia de nuestra sociedad y de nuestra economía haciendo una mejor gestión de los recursos hídricos, incluso en ausencia de cambio climático. Lo que hace el cambio climático es cambiar de escala: agrava los problemas preexistentes. Donde había sequías, serán más intensas y más frecuentes, debilitando nuestra capacidad de reaccionar ante el siguiente ciclo. Donde había inundaciones, estas serán también más intensas y más frecuentes.

¿Cómo definiría el estado de los recursos hídricos en España?

Tenemos problemas de sobreexplotación de recursos, tanto en aguas subterráneas como superficiales. Hay muchos acuíferos que están sobreexplotados en el arco mediterráneo, en el sureste de España y en una parte de La Mancha. Tenemos, por otro lado, un problema de contaminación por nutrientes. La agricultura ejerce una enorme presión sobre el medio hídrico, y esto genera problemas claros en nitratos y fosfatos. Tenemos un problema claro de vertidos de contaminantes industriales... y tenemos un problema claro de destrucción de diversidad biológica. El estado de los recursos hídricos en España es más que mejorable. Hay zonas donde las presiones son mucho más intensas, precisamente en aquellas donde la sequía no es un problema coyuntural, sino la manifestación aguda de un desafío crónico: la escasez estructural de agua.

¿Dónde se da esa escasez estructural?

En los archipiélagos y en todo el arco mediterráneo hasta el golfo de Cádiz.

¿Estamos pagando errores del pasado?

Como muchos otros países en su proceso de desarrollo, España ha sido muy exitosa a la hora de movilizar el agua y ponerla a disposición de las actividades económicas, hasta el punto de llegar al milagro. Siguiendo una política decimonónica, se construía obra pública para almacenar agua que pudiera utilizarse en otro momento del año o trasvasarla desde una cuenca excedente a una cuenca que lo necesitaba. Todo eso ha sido necesario en algún momento y ha permitido que España tenga una agricultura pujante y un sector turístico que produce datos casi milagrosos. Es un caso de éxito internacional, pero hemos pagado un peaje en el camino: el riesgo de sequía, de inundaciones y, sobre todo, la merma de nuestra capacidad de resistencia a la escasez estructural de agua, que es cada vez menor. En España nos hemos convertido en unos virtuosos de la gestión de crisis, pero bastante deficientes en la gestión de riesgos. No anticipamos; reaccionamos. En el último ciclo de sequía los sistemas de alerta saltaron hasta dos y tres años tarde.

¿Qué se debería hacer para mejorar la gestión del agua?

Es muy importante avanzar hacia una política contemporánea de gestión del agua, que no es la que se ha venido manteniendo. Es preciso completar los enfoques de oferta convencionales con nuevos enfoques de gestión de la demanda, es decir, profundizar mucho más en la eficiencia en el uso del agua; hacer lo mismo o más, pero utilizando menos agua. Tenemos que coordinar políticas sectoriales, reconocer que todo lo importante que ocurre en el agua ocurre fuera del agua: en la provisión de energía eléctrica, en el desarrollo urbano, en el desarrollo agrícola, en todas las decisiones que tomamos sobre transporte, sobre turismo... Tenemos que rediseñar incentivos, porque aún resulta muy atractivo desde un punto de vista financiero utilizar fuentes de agua sometidas a presiones por contaminación o sobreexplotación en lugar de recursos más sostenibles que nos permiten programar mejor, como la desalación y la reutilización de aguas residuales regeneradas, y que, sin embargo, tienen costes financieros mucho más altos.

¿Por qué están infrautilizadas las desaladoras en España?

España es la quinta potencia del mundo en capacidad instalada de desalación junto con Estados Unidos, Kuwait, Arabia Saudí y Qatar. Si nos centramos en las 17 plantas que se construyeron en tiempos de Cristina Narbona como ministra de Medio Ambiente (2004-2008), que fue la inversión que nos permitió dar un salto en términos de desalación, nos encontramos con que hasta el inicio del periodo de sequía más reciente, en 2014, se estaban utilizando al 17% de su capacidad instalada como promedio. Alguien dirá: ¿Por qué? ¿Tenemos un problema tecnológico? ¿Es que no sabemos utilizarlas? No, las empresas españolas son líderes en el mundo en tecnología de desalación.

Entonces, ¿cuál es el problema?

Es un problema de gobernanza, de diseño de incentivos. Un regante de Murcia o de otra zona del sureste de España que esté utilizando agua trasvasada desde el Tajo puede estar pagando, en promedio, en torno a 11 céntimos por metro cúbico. Si quiere obtener agua de una desaladora puede que termine pagando entre 90 céntimos y 1 euro. No hay manera de que estas plantas desaladoras encuentren demanda, es imposible. Si hablamos de agua reutilizada, estamos hablando de 45 o 50 céntimos por metro cúbico. Nos encontramos con paradojas terribles: por ejemplo, los acuíferos del sureste de España están sobreexplotados en la misma magnitud que toda el agua de plantas desaladoras que no se utiliza. Por tanto, necesitamos modificar el actual sistema de incentivos, porque si no, estamos generando un incentivo perverso.

¿Cómo se puede cambiar ese sistema?

La gestión del agua es la gestión de riesgos. Tenemos que ver cómo se reparte la carga: quién está dispuesto a pagar por qué tipo de agua ¿Van a ser los regantes? ¿Nos hacemos cargo los usuarios urbanos de la utilización de estos recursos por parte de la agricultura, que todavía hoy consume el 70% de los recursos hídricos del país? Se habla mucho de que necesitamos tarifas más altas, cuando en realidad la discusión no debía ser tanto sobre el nivel de la tarifa como sobre el diseño de la tarifa, es decir, qué tipo de tarifa se necesita, por ejemplo, para generar procesos de subsidios cruzados que graven más a quien utilice el agua de manera ineficiente para compensar a aquellos que tienen niveles de consumos más eficientes y premiarles por su comportamiento responsable. Todo esto es muy complejo de hacer en un contexto de gobernanza multinivel en la cual tienen competencias el Estado, las comunidades autónomas y los municipios.

Además de coordinación, cambiar exige coraje político...

Necesitamos una visión estratégica, entender que lo que está en juego aquí no es el abastecimiento de agua hoy o mañana, sino la seguridad hídrica a medio y largo plazo en un contexto de adaptación al cambio climático. Tenemos que seguir un proceso similar al de consumir productos de agricultura orgánica: que el consumidor revele que tiene disposición a pagar por alimentos, pero que revele que tiene disposición a pagar por algo más, que es garantizar que el proceso ha sido lo suficientemente sostenible. Tenemos que transmitirle al ciudadano que tiene que pagar por el agua, que tiene que pagar el tratamiento de las aguas residuales, que tiene que pagar por la vinculación del agua con actividades productivas, pero también debemos ser capaces de comprometernos con un objetivo generacional a medio plazo que es garantizar la seguridad hídrica en un contexto de cambio climático.

¿Es sostenible mantener el nivel actual de exportaciones de hortalizas y frutas?

Hay cuencas donde la disponibilidad a medio y largo plazo de recursos hídricos no alcanzan para satisfacer la demanda presente y futura, es decir, donde el balance hídrico ya es negativo. Tenemos un ejemplo muy notable: la cuenca del Segura es, de todas las cuencas de la Unión Europea, la que está sometida a mayor nivel de estrés hídrico, si exceptuamos Gran Canaria y Madeira, que tienen particularidades por ser islas. Hablamos de una cuenca sometida a una altísima escasez estructural pero donde se da la siguiente paradoja: cada día salen 700 tráilers hacia otros países de Europa con limones y lechugas para cumplir con compromisos contractuales con grandes empresas de distribución. Desde un punto teórico, es posible mantener o aumentar la producción agrícola, siempre y cuando se dé una condición: que seamos cada vez más eficientes en el uso de agua. Es posible si somos capaces de desvincular el crecimiento de la producción agraria de la utilización de agua, porque seremos capaces de utilizar cada vez menos agua para producir cada vez más.

¿Cómo es eso posible?

Con el desarrollo de la agricultura hidropónica y de agricultura tecnificada que permita aplicar directamente el agua a la raíz... En esto hemos avanzado muchísimo. En los últimos años se han modernizado 1,3 millones de hectáreas, aunque quedan por modernizar otras 700.000.

Hay agricultores que han aprovechado los avances tecnológicos para ampliar la superficie de regadío y consumir todavía más agua...

Aquí se da un elemento perverso desde el punto de vista económico: en tiempos de la ministra Elena Espinosa (2008-2010) se invirtieron 3.000 millones de euros para conseguir un ahorro de 3.000 millones de metros cúbicos, y se consiguió. Si vamos parcela por parcela y agregamos los ahorros que se produjeron, efectivamente, todos los agricultores que pasaron de riego gravitacional a riego por goteo hoy son más eficientes. La paradoja es que ni ha mejorado el nivel freático de los acuíferos ni ha mejorado el nivel de disponibilidad de agua en los ríos ¿Por qué? Porque esos ahorros individuales a nivel de parcela no se trasladan a la cuenca. ¿Por qué no se trasladan a la cuenca? Porque en el momento en que se consigue ser más eficiente en el uso del agua, el agua se convierte en un insumo todavía más valioso, y al ser más valioso, hay un efecto rebote: parte de los agricultores se dan cuenta de que pueden utilizar el agua de manera más eficiente y deciden expandir su actividad de regadío. Entonces la escala se come las ganancias individuales y los niveles de contaminación y congestión no disminuyen.

¿Qué efecto tiene el turismo en la gestión del agua?

En el año 1940, España recibió 40.000 visitantes internacionales; en 2017 recibimos 82 millones. ¿Plantean esa cantidad de turistas un problema de abastecimiento? No, porque el artículo 60 de la Ley de Aguas establece una jerarquía de usos y protege los usos poblacionales. ¿Dónde sí nos están planteando ya un problema? En el tratamiento de aguas residuales en las depuradoras. Se da la paradoja de que el 80% de los turistas se concentran en el arco mediterráneo hasta el Golfo de Cádiz y los dos archipiélagos, precisamente las zonas del país que están sometidas a mayor escasez estructural del agua. Además, más de la mitad de las visitas turísticas se concentran entre mayo y septiembre, una estacionalidad altísima, a lo que se suman los turistas nacionales, que se concentran en julio y agosto. Ello ejerce una tremenda presión en la depuración de aguas residuales que lleva a que en algunos lugares se viertan al mar o a los ríos sin ningún tipo de tratamiento.

¿Qué impacto económico podemos esperar si las sequías se hacen más frecuentes?

En el último ciclo de sequía se pagaron más de 300 millones de euros para indemnizar a agricultores de secano que perdieron sus cosechas. El agua es un insumo productivo vinculado a muchas actividades económicas, y por ello podríamos encontrarnos con problemas serios. Si uno revisa qué cinco países tienen problemas de consolidación fiscal en el Eurogrupo, se encuentra que son Portugal, España, Italia, Francia y Bélgica. Resulta que son de los cinco países más sometidos a escasez estructural de agua, es decir, donde hay mayor riesgo de que se dé la tormenta perfecta: que la economía no esté lista cuando tengamos un problema medioambiental serio vinculado a la escasez estructural de agua. En España tuvimos la suerte de que la sequía 2014-17 se produjo cuando había pasado lo peor de la crisis, de forma que teníamos cierta capacidad para protegernos. Si nos hubiera ocurrido en 2009 y la sequía habría implicado la pérdida de uno o dos puntos del PIB; imagínese cómo hubiera sido la recesión. Esta es la magnitud de los problemas a los que nos vamos a enfrentar.

¿Cómo ve el tratamiento del agua en los medios de comunicación?

Los medios de comunicación se aproximan al tema con una perspectiva exclusivamente meteorológica, si llueve mucho o llueve poco, o con una perspectiva de sucesos. Un tercer elemento es tratar estos temas como si fueran estrictamente ambientales o sociales. No entran en las secciones de economía o de política, pues se considera un tema menor. Puede que sea un tema menor para Irlanda o Finlandia, y aun así tengo dudas, pero un país como España, es un tema central.

¿Qué diferencias hay en la actitud de los partidos políticos ante la cuestión del agua?

En general, los partidos tienen una visión muy pobre sobre el papel del agua como vector de desarrollo social y económico. Aunque parezca increíble, en este país se ha llegado a hablar de política de agua de derechas y de política de agua de izquierdas.

¿Cómo lo está haciendo el Gobierno actual?

Hay que saludar que en el ejercicio de construcción del Ministerio para la Transición Ecológica se hayan tomado tres decisiones clave: supeditar las decisiones de política energética a objetivos de cambio climático, poner el cambio climático en la fachada del edificio y sacar el agua de las discusiones sobre política agraria. El agua es un recurso multisectorial que no puede estar sometido solo a decisiones de política agraria. Si somos capaces de perseverar en este esfuerzo, saldremos de esa discusión equívoca, muy orientada al conflicto, que tiene que ver con si trasvase sí, trasvase no. La idea de transición ecológica tiene la virtud pedagógica de forzarnos a pensar que gestionar bien el agua es un ejercicio de medio y largo plazo que no puede estar sometido a las veleidades del ciclo político.

[Esta entrevista ha sido publicada en el número de 66 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Defensor incansable de las energías renovables, Jorge Morales de Labra acumula dos décadas de experiencia en el sector eléctrico. Empresario, activista y divulgador, es capaz de explicar en un lenguaje comprensible al gran público los intríngulis de un sistema cuya complejidad esconde con frecuencia privilegios e ineficiencias que hinchan la factura de la luz. Este madrileño de 42 años dirige Geoatlanter, una pequeña empresa energética que genera y comercializa su propia electricidad, y forma parte de la junta directiva de la patronal fotovoltaica UNEF. Además, es vicepresidente de la Fundación Renovables y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Su primer y único libro hasta la fecha se titula Adiós, petróleo (Alianza, 2017).

Sentado en su luminoso despacho de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Morales de Labra conversa con Alternativas Económicas en un momento de transformación del sistema eléctrico español. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado una serie de medidas para reducir la factura de la luz para familias y empresas, entre ellas la eliminación del llamado impuesto al sol, que gravaba desde 2015 el autoconsumo de familias y empresas, la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica y la ampliación del bono social eléctrico para las familias vulnerables.

¿Por qué no deja de subir el precio de la electricidad en España?

La respuesta más sencilla es que hay quien quiere que no deje de hacerlo.

¿Quién? 

Básicamente, es una responsabilidad de los Gobiernos, porque a día de hoy las fuentes de producción de electricidad que tenemos son mucho más baratas que las de antes. El precio debería estar bajando, no subiendo.

¿Y por qué no baja? 

Porque la maraña legislativa que hay en el sector eléctrico favorece que se mantengan beneficios injustificados en algunas actividades.

¿Qué es lo que falla a la hora de fijar los precios?

Falla algo que es muy sencillo de entender: lo que pagamos los consumidores por la electricidad no tiene nada que ver con lo que cuesta producirla. Las reglas del mercado permiten a las empresas eléctricas vender agua a precio de champán, como está pasando en 2018. La producción hidroeléctrica, por ejemplo, se está vendiendo como si fuera de gas natural, que es la más cara que hay. ¿Cómo va a sancionar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a una empresa si las reglas le permiten hacerlo?

¿Cuándo se va a trasladar al consumidor el coste real de la producción de energía?

Cuando cambien las reglas del juego. Uno de los puntos del acuerdo entre PSOE y Podemos es eliminar los beneficios históricos de las grandes eléctricas y las grandes nucleares. Esto sería un cambio radical en la configuración de precios. Por primera vez en 20 años, los precios que pagamos van a tener que ver con los costes. ¿Puede ser que los costes suban? Sí. Este año están subiendo algunos en los mercados internacionales en los que España no tiene influencia: el petróleo, el gas natural, los derechos de CO2, el carbón... pero también es verdad que eso es solo una parte de la producción eléctrica. Por ejemplo, la producción hidroeléctrica no ha variado sus costes este año; incluso ha producido el 85% más que el año pasado. Supuestamente, eso debería haberse traducido en un ahorro para el consumidor final, pero si dejamos vender la producción hidroeléctrica al precio del gas, y encima el precio del gas es notablemente superior al del año pasado, lo que ocurre es que la empresa que tenga producción hidroeléctrica, si ya ganaba dinero el año pasado, este año se está forrando. Si se eliminan estos beneficios de ciertas tecnologías, que son injustificables, la cosa cambiará mucho.

¿Cómo lo notaremos en la factura?

El sistema eléctrico español tiene aún un 40% de producción fósil. Como este año esa energía se está pagando el doble que el año pasado, el consumidor lo nota inmediatamente. Si se plantea cambiar ese 40% por renovables, inmediatamente se va a visualizar el ahorro.  

Usted es muy crítico con las ventajas competitivas que tienen las grandes empresas del sector. ¿Cuáles son estas ventajas y por qué se permiten?

Porque el legislador, cuando escribe la ley, presupone que en España hay competencia perfecta en todas las actividades y diseña un sistema idílico en el cual las cosas funcionan muy bien. El problema es que no se verifica la premisa en muchos de los subsectores. En algunos sí hay competencia, pero otros están muy lejos de tenerla. ¿Por qué a una hidroeléctrica se le permite vender a precio de champán? El sistema de fijación de precios mayorista en España funciona de la siguiente manera: la última central, aquella más cara necesaria para satisfacer la demanda cada hora, es la que fija el precio de todas las demás. Es el llamado precio marginalista, basado en un principio de competencia perfecta. Teóricamente, el modelo no es malo. No es una aberración plantear que el precio sea marginal; lo que es una aberración es plantearlo en un sector en el que no hay libertad de entrada en las centrales que son realmente las baratas, como son las nucleares y las hidroeléctricas, por dos razones bien diferentes: las primeras porque están fuertemente subvencionadas y las segundas, porque no hay posibilidades de competir. Ya no se puede anegar pueblos enteros para construir pantanos. Esa ventaja es insustituible. 

¿Por qué España tiene muchas menos placas solares instaladas que Alemania, un país mucho menos soleado?

Porque la política de apoyo a la energía solar ha sido un completo desastre. Lo que ha hecho es destruir mercado en el país más soleado de Europa. En el año 2004, para favorecer la energía solar, el Gobierno creó una tarifa fija que pagaba la energía solar a un precio cinco veces por encima del mercado. El sistema no funcionó durante los años siguientes, pero la revolución tecnológica de la fotovoltaica hizo que los costes de producción bajasen notablemente y esa tarifa comenzó a ser muy rentable. De repente, solo en el año 2008 se instalaron más de 3.000 megavatios, cuando el plan era hacer 500 para el año 2010. Entonces el Gobierno de Zapatero cierra el grifo totalmente y se deja de construir fotovoltaica. No solo se puso fin a las ayudas a la fotovoltaica, sino que inició la desastrosa senda de los recortes retroactivos: al que ya tenía hecha la inversión y los paneles colocados se le dijo: “donde dijimos que te íbamos a dar diez te vamos a dar siete”.

Eso ha dado lugar a muchas demandas ante los tribunales...

En España se han perdido todas porque el Tribunal Supremo y el Constitucional han dado la razón al Gobierno. Básicamente, la tesis del Supremo es que quienes hicieron la inversión tendrían que haber previsto que el Gobierno podía cambiar las reglas del juego si los precios de la luz subían más de la cuenta. Es decir, que el interés general permite al Gobierno de España hacer casi cualquier cosa con el sistema eléctrico.

¿Y la justicia internacional qué dice al respecto?

La Carta de la Energía, un tratado firmado por el Reino de España, garantiza a los inversores extranjeros que no va a haber cambios retroactivos en las reglas del juego. Los inversores están exigiendo directamente una compensación ante el centro de arbitraje del Banco Mundial, y es ahí donde España está perdiendo la mayoría de los pleitos.

Parece que el Gobierno de Pedro Sánchez es más favorable a las energías limpias que el anterior. ¿Qué lo hace distinto?

No tiene absolutamente nada que ver la posición de la actual ministra, Teresa Ribera, con la de los dos ministros anteriores. Es la ministra mejor formada que he conocido y está a años luz de los demás en cuestión de ámbito energético y de cambio climático. El real decreto-ley aprobado en octubre es un cambio de rumbo, un punto de inflexión. Va en la dirección opuesta a lo que se ha hecho en los últimos seis años en España.

¿Es suficiente la ampliación del bono social eléctrico aprobada por el Gobierno para garantizar el suministro a las familias más vulnerables?

Claramente, no. Es mejor que el que teníamos antes, de 2017, que a su vez era mejor que el primero, de 2009, pero queda mucho camino por recorrer para erradicar la pobreza energética en España, que debería ser el objetivo de un país desarrollado como el nuestro.

¿Qué se puede hacer para conseguirlo?

Hay varios cambios encima de la mesa, como la creación del bono térmico, al que yo llamo cheque calefacción. Por primera vez va a haber una ayuda directa del Estado a las familias vulnerables para poder calentarse en invierno. El concepto de pobreza energética no es fácil de definir, pero tendemos a pensar que cuando una familia no puede mantener una temperatura adecuada es cuando hay que ayudar. También es muy importante para el bienestar de la gente que no se interrumpa el suministro eléctrico: que los niños puedan estudiar en casa, que se pueda lavar la ropa en la lavadora y tener conexión a Internet. Lo verdaderamente llamativo es que hasta ahora no hubiera un bono para la calefacción. Yo soy partidario de que ese cheque calefacción se extienda al resto de actividades del sector energético.  

¿Cómo funcionaría?

En lugar de un descuento en la factura de la luz, sería conveniente que cada persona pueda elegir en qué fuente de energía quiere gastarse el cheque. Eso incentivará la eficiencia. Una familia vulnerable que necesite, por ejemplo, 600 euros al año para poder calentarse, moverse, iluminarse y cocinar, recibiría un solo cheque y buscaría la mejor vía para pagar lo menos posible. A diferencia del bono social eléctrico, el cheque energético debería tener como únicas referencias la renta familiar y el número de personas que viven en cada hogar. Si finalmente se sube el impuesto al gasóleo, va a tener un impacto directo sobre familias que no tienen dinero para cambiar de coche. Mucha gente tiene que hacer muchos kilómetros diarios para ir a trabajar porque no puede pagar una vivienda en la ciudad y tiene un vehículo diésel con más de 100.000 kilómetros. Si con el nuevo impuesto se van a recaudar 2.000 millones más, parte de ese dinero se debería redistribuir en función de la renta. No es lo mismo subirle 10 céntimos el diésel a un señor que tiene un Porsche Cayenne que al que tiene un Renault Cinco. Eso con el cheque energético conjunto se podría compensar.

Por fin se ha derogado el llamado impuesto al sol, que gravaba el autoconsumo ¿Qué efecto va a tener la medida? 

El giro es copernicano, pues decimos adiós a la regulación por autoconsumo más restrictiva del mundo. Era prácticamente imposible hacer nada. Las empresas que han decidido hacer autoconsumo durante los 1.092 días que ha estado en vigor el impuesto al sol han sido muy valientes. Se las ha sometido a unas condiciones muy difíciles para sacar adelante los proyectos.

¿Vamos a ver un rápido aumento del autoconsumo?

No va a ser inmediato, pero me atrevo a pronosticar que en 10 años lo raro será no tener autoconsumo en casa. Si se desarrolla adecuadamente el autoconsumo compartido, y los mimbres para hacerlo están en la ley, se puede conseguir perfectamente.

¿Cuánto se puede ahorrar una familia que instale paneles solares en casa?

Depende mucho del tipo de tejado que tenga y del tipo de familia que sea. En el autoconsumo no salen los números porque tú hagas negocio vendiendo energía, sino porque ahorras en tu factura. La clave es el grado de solapamiento entre la curva de producción del panel solar, que es siempre en forma de campana, y tu curva de consumo. Si estás gran parte de la tarde consumiendo electricidad en casa, estás consumiendo todo el sol de la tarde y, por tanto, la rentabilidad va a ser muy alta; es fácil que superes el 50% de descuento en la factura de la luz. Y no digamos si te pasas en casa el fin de semana entero: el porcentaje de autoabastecimiento es altísimo y, por tanto, la rentabilidad también es altísima. En cambio, si no suele haber gente en casa durante el día y no llegas a casa antes de las ocho de la tarde, o si pasas fuera de casa buena parte del fin de semana, el porcentaje de autoabastecimiento es mínimo y es muy difícil conseguir un ahorro de más del 20%. No es lo mismo alguien que tenga mucho tejado para dimensionarse adecuadamente que alguien que tenga restricciones para utilizar el tejado. 

La inversión en una instalación solar doméstica sigue siendo alta...

Mucho menor que hace 10 años. Y mucho menor quiere decir 10 veces menos, y todo apunta a que va a seguir bajando. La cuestión es si merece la pena esperar a que baje más o invertir ya, y esta respuesta no es sencilla. Hay que ver en qué medida te interesa seguir pagando más en la factura, y durante cuánto tiempo, en función del ahorro adicional que luego te va a suponer hacer una inversión menor el año siguiente. Si el ritmo de bajada del coste de la instalación es del 20% anual, merece la pena esperar. Si no, no. Este año seguramente va a haber un 20% de caída en los precios, pero el año que viene no esperamos una bajada tan alta. Quizás no interese retrasar la inversión.

¿Qué consejos puede darle a las familias para reducir lo más posible su factura eléctrica? 

Básicamente, no hacer caso a los cuentos de los comerciales interesados, acogerse a la tarifa oficial, y dentro de esta a la discriminación horaria, y ajustar al máximo la potencia contratada.

¿Cómo se debería fomentar el uso masivo las renovables?

Seguridad jurídica y adaptar el mercado al producto. Al contrario que las fósiles, las renovables tienen un precio previsible, y aunque requieren de una inversión inicial, no tienen costes de explotación. Se necesita un gran esfuerzo inversor, pero a largo plazo. No es el pelotazo de comprar petróleo a Arabia Saudí a un precio y venderlo aquí al doble. El tema es: yo invierto miles de millones, los dejo ahí y al cabo de 10 o 15 años acaban siendo rentables. Son modelos de negocio a largo plazo que hay que fomentar adecuadamente con la legislación. 

¿Cuándo nos abasteceremos de electricidad solo con energía limpia?

El Acuerdo de París marca una moratoria para el año 2050 para la energía fósil, y yo creo que en 20 años estaremos muy cerca de lograrlo. Los últimos pasos van a ser difíciles. Convencer a un político de que un sistema funciona solo con renovables no va a ser sencillo. Van a querer tener una central de gas por si acaso. Seguramente ocurra durante mucho tiempo. A la gente que no se fía de esto hay que dejarle cierto margen hasta que se dé cuenta de que no hace falta. 

¿Qué le parece la idea de prohibir los coches con motor de combustión a partir de 2040?

Mucho antes de 2040 la inmensa mayoría de coches vendidos deberán ser eléctricos si queremos cumplir con el compromiso de París de descarbonizar nuestra economía en 2050. Las cifras son demoledoras: tenemos un parque de 24 millones de turismos y se venden 1,2 millones al año, luego para cambiar todo el parque (el actual sólo tiene un ridículo 1 por mil de coches eléctricos) necesitamos 20 años. La prohibición en 2040 es una señal necesaria para concienciar a compradores y vendedores, pero no suficiente para cumplir nuestro objetivo.

¿Y las medidas para restringir el acceso de los automóviles al centro de las ciudades?

Muy necesarias. Los estudios epidemiológicos hablan de 9.000 muertos al año por la contaminación atmosférica, una barbaridad. Es una obligación restringir el tráfico. Se pueden mejorar los protocolos, que están recién implantados. Por ejemplo, no todos los coches considerados eco son poco contaminantes. El coche de gas contamina la mitad que un diésel, pero contamina. Hay que cambiar las etiquetas eco, porque algunos ecos son más eco que otros. Hay marcas, por ejemplo, que fabrican híbridos que son verdaderos monstruos, algunos con 500 caballos que tienen adosada una pequeña batería. Al tener esta batería ya tienen la etiqueta eco. No me parece serio. Por otro lado, los Ayuntamientos deben aprobar dos medidas fundamentales: que el transporte público use exclusivamente energía limpia y que se construyan más aparcamientos disuasorios para que la gente que viva en las afueras pueda entrar en la ciudad en transporte público. En Madrid va a haber muchas quejas en este sentido cuando comiencen las restricciones.

[Esta entrevista ha sido publicada en el número de 64 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Linares quiere sacudirse cuanto antes el estigma de ser la ciudad con más paro de España. Noqueada durante años por el cierre de su motor económico y principal fuente de empleo, Santana Motor, la ciudad se esfuerza por recuperar la prosperidad que tuvo durante décadas gracias a la minería y al automóvil. 

La crisis económica y social que atraviesa Linares saltó a los titulares de los periódicos de toda España en junio pasado con la publicación del informe Indicadores urbanos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según dicho estudio, es la ciudad con el indicador municipal de desempleo más alto de todo el país, un 39%, muy por delante de Córdoba, Sanlúcar de Barrameda, La Línea de la Concepción y Jerez de la Frontera, estas tres últimas en la provincia de Cádiz. 

Ubicada en el extremo noroeste de la provincia de Jaén, al pie de Sierra Morena, Linares ilustra lo difícil que resulta regenerar un tejido productivo destruido por la crisis o, como en su caso, por el fracaso de un gran proyecto industrial. Su historia se repite en muchas comarcas del interior de España que gozaron de un alto nivel de bienestar en el pasado y hoy luchan por eludir el declive económico.

Buena parte de los males de Linares tienen su origen en el cierre de Santana Motor en 2011, que asestó un golpe casi letal a la economía local. En sus mejores tiempos, la fábrica de vehículos todoterreno y sus empresas auxiliares llegaron a dar trabajo a 7.000 personas. Prácticamente todo Linares vivía de Santana. “El problema es que todos dependíamos de lo mismo. Cuando cayó Santana cayó el comercio, cayó la hostelería, cayó la construcción...”, explica Antonio Barrios, miembro de Todos a una por Linares, una plataforma ciudadana que ha convocado masivas manifestaciones para denunciar la situación en que se encuentra la ciudad y exigir ayuda de las Administraciones.

Linares ha pagado un precio muy alto por esa dependencia. Según Barrios, la ciudad ha perdido 5.000 habitantes desde el cierre de Santana, al pasar de 63.000 a 58.000, y muchos jóvenes han optado por marcharse ante la falta de oportunidades. “Hasta que no hemos tenido el agua al cuello no hemos empezado a reaccionar. Hemos perdido una generación”, se lamenta este abogado de 52 años.

Engaño y abandono

Cuando Santana Motor echó el cierre tenía poco más de 1.000 trabajadores en plantilla. La mayoría se acogió a un plan de prejubilaciones pactado por los sindicatos con la Junta de Andalucía, que se hizo con la propiedad de la empresa en la década de 1990 y fracasó en su intento de reflotarla. Las pensiones de los santaneros se convirtieron entonces en el principal sustento de muchas familias linarenses y han ayudado a mantener a flote la economía local durante los años más duros de la crisis, pero es un dinero que tarde o temprano dejará de fluir.

“Engaño” y “abandono” son las dos palabras con las que el alcalde, Juan Fernández, describe la sensación reinante entre la población. Él culpa sobre todo a la falta de compromiso de la Junta de Andalucía con el futuro de Linares, pero también reconoce que a la propia ciudad le ha faltado previsión y capacidad para vislumbrar lo que se venía encima. “Una vez que desapareció la minería”, recuerda, “caímos en la dependencia del monocultivo de Santana Motor, que no supo adaptarse a los nuevos retos de un sector tan competitivo como la automoción”. 

Tras unos años de desconcierto, los linarenses han decidido pasar a la acción. Todos a una por Linares reunió en septiembre de 2017 a 40.000 personas en la manifestación más numerosa que se recuerda en la ciudad. En mayo de este año se repitió la convocatoria, con una afluencia algo menor pero igualmente masiva. “Hemos recuperado la dignidad”, afirma Barrios, “al pasar de quejarnos en los bares a salir a la calle”. A principios de octubre, una caravana de autobuses y coches particulares viajó hasta Sevilla para manifestarse ante la sede del Gobierno andaluz, sin conseguir que algún representante oficial les recibiera.

La falta de apoyo institucional es precisamente una de las quejas más oídas en Linares. Los más críticos ponen de relieve el hecho de que Susana Díaz no haya puesto los pies en la ciudad desde que es presidenta de la Junta de Andalucía, hace más de cinco años. No contribuye a mejorar las cosas la complicada situación política que atraviesa la ciudad por el enfrentamiento entre el alcalde y sus propios compañeros del PSOE a nivel local, provincial y regional. Fernández, de 59 años y con dos décadas en el cargo, ha sido expulsado del partido por presuntas irregularidades en la contabilidad del grupo municipal socialista y aún no ha decidido si se presentará a la reelección el año que viene.

Pese a todo, hay personas en la ciudad con una visión optimista del futuro. Una de ellas es Raúl Caro-Accino, gerente de la Cámara de Comercio de Linares, quien asegura que estadísticas como las del INE no reflejan fielmente la realidad y recomienda huir del catastrofismo. “No sirve de nada ir diciendo por ahí que estamos muy mal. Primero, porque no es verdad, y segundo, porque comentarios así generan rechazo. Tenemos que cambiar el discurso y hablar de las bondades de venir a invertir y a vivir aquí”.

Linares ha conseguido evitar el desastre diversificando su economía y reforzando el sector servicios. El centro de la ciudad tiene una intensa actividad comercial que atrae a compradores de Úbeda, Baeza, Bailén y otras ciudades cercanas con cierto poder adquisitivo gracias al olivar. El turismo crece gracias a nuevos descubrimientos en el poblado iberorromano de Cástulo, y también atraen visitantes el Centro de Interpretación del Paisaje Minero y los museos dedicados a dos músicos originarios de la localidad: Andrés Segovia y Raphael.

Nuevo modelo

El cierre de Santana Motor, recuerda el gerente de la Cámara de Comercio, no supuso el fin de la industria en Linares, como lo demuestra el hecho de que un puñado de empresas siguen funcionando en la ciudad y dando trabajo, en total, a unos 2.500 trabajadores. Entre ellas figuran Gestamp (Carrocerías), CAF Digital Design Solutions (diseño e ingeniería), Rosenbauer (camiones de bomberos y ambulancias), Algama (galvanizados), Linallac Foams (poliuretano), Gourmet Cazorla (agroalimentación) y Ortiz&Reed (calzado). Junto a las naves vacías que anaño vieron salir vehículos Land Rover y Suzuki, en un parque empresarial que aún lleva el nombre de Santana, la empresa Aemsa fabrica torres de aerogeneradores y Cástulo Tecnology se dedica al diseño, fabricación y mantenimiento ferroviario. También se ha instalado aquí la única cámara climática para vehículos industriales en toda Andalucía.

Caro-Accino sostiene que ninguna empresa ocupará el lugar de Santana Motor como único motor económico de Linares y se muestra convencido de que la única manera de salir adelante es apostando por un nuevo modelo de crecimiento centrado en las nuevas tecnologías. Con ese objetivo en mente, la Cámara de Comercio ha puesto en marcha un plan de innovación empresarial financiado por la Unión Europea, el Ayuntamiento, la Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía con la colaboración de la universidad y la empresa como eje central. En el año 2015 se inauguró en las afueras de la ciudad un campus científico aprovechando el germen de la Escuela Politécnica Superior de Linares, que ofrece grados en varias ingenierías. El campus, que cuenta con la calificación de digital innovation hub de la Comisión Europea, sirve de incubadora, aceleradora y vivero de empresas con el denominador común de la innovación. Los emprendedores cuentan allí con un espacio de trabajo y disponen de tutoría y apoyo económico para la digitalización de sus proyectos. El grupo Sicnova, una de las primeras empresas en instalarse en el centro, fabrica impresoras 3D.

“Estamos convencidos de que vamos a cambiar esta ciudad, pero es preciso que haya un cambio de mentalidad”, afirma Caro-Accino. “Lo que no hagamos nosotros mismos no va a venir nadie a hacerlo”.

[Este artículo ha sido publicado en el número 64 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Como cada jueves por la tarde, un puñado de aficionados acude a los cines Zoco Majadahonda, en las afueras de Madrid, para ver una película y conversar después con sus creadores. En esta ocasión el director David Trueba y la actriz Lucía Jiménez han venido a presentar su última película, Casi 40, secuela de la celebrada ópera prima del cineasta, La buena vida. La sala está llena y el coloquio se prolonga más allá de las once de la noche. Buena parte de los presentes no son meros espectadores, sino miembros de un colectivo ciudadano que hace cinco años salvó los cines del cierre.

Los Zoco Majadahonda dejaron de proyectar películas en abril de 2013, con España en plena crisis económica. Pertenecían a la cadena Renoir, propiedad del productor y distribuidor Enrique González Macho (entonces presidente de la Academia de Cine), que decidió cerrar varias salas por falta de rentabilidad. Una veintena de vecinos, clientes asiduos de los cines, recogieron firmas para convencer al empresario de que diera marcha atrás en su decisión, pero fracasaron en el intento. No se rindieron y en su lugar optaron por formar una asociación sin ánimo de lucro para hacerse cargo de los cines. Las proyecciones se reanudaron en diciembre de ese mismo año.

Uno de aquellos vecinos es el economista Gabriel Rodríguez, que hoy preside la asociación y se encarga de llevar las cuentas. Rodríguez explica que los Zoco son fundamentalmente un cine de barrio al que acuden personas que siguen disfrutando de una película en pantalla grande. Son en su mayoría residentes en Majadahonda, Las Rozas y Pozuelo de Alarcón, tres municipios de alto poder adquisitivo ubicados al oeste de la capital. “Sobrevivimos gracias al público local”, afirma.

En su momento álgido, un año después de su nacimiento, la asociación llegó a contar con 1.500 miembros. Hoy quedan alrededor de un millar, el número justo para mantener vivo el proyecto. Los socios pagan una cuota de 100 euros al año y a cambio disfrutan de un descuento en la taquilla. Pagan 3 o 4 euros por la entrada, dependiendo de si es un día de diario o de fin de semana, mientras que los no socios abonan entre 6 y 7 euros, un precio bastante inferior al de las salas de cine convencionales.

Sin las aportaciones de los socios sería imposible que los cines funcionaran, explica Gabriel Rodríguez, pues la asistencia media a sus cuatro salas apenas ronda el 15% del aforo. La asociación no tiene apoyo financiero alguno del Ayuntamiento de Majadahonda, de la Comunidad de Madrid ni del Gobierno central. Únicamente cuenta con una subvención de la Comisión Europea a través de Europe Cinemas, entidad que agrupa a exhibidores que proyectan prioritariamente cine europeo en sus salas.

En los Zoco Majadahonda trabajan actualmente ocho personas, algunos a jornada completa y otros a jornada parcial. Un puñado de colaboradores participa en el proyecto desde su fundación y otros profesionales externos, a su vez miembros de la asociación, prestan servicios por debajo del precio de mercado. También hay voluntarios que ayudan de forma altruista.

Con unos ingresos anuales que rondan los 500.000 euros, la asociación logró un beneficio cercano a los 12.000 euros en 2017. En sus cinco años de vida ha invertido unos 200.000 euros en mantener las instalaciones y modernizar el material para garantizar la calidad de las proyecciones. “Nuestro objetivo es que todo el beneficio se destine a mejorar la experiencia cinematográfica”, subraya Rodríguez.

El contacto directo entre espectadores y creadores es la principal seña de identidad de los cines. Pedro Almodóvar, Icíar Bollaín, Imanol Uribe, Paula Ortiz, Javier Fesser, Fernando Colomo, Gracia Querejeta, Borja Cobeaga y Agustín Díaz Yanes son algunos de los directores que han pasado por allí. También han visitado los Zoco actores como Javier Gutiérrez, Marta Beláustegui, Pedro Casablanc, Rossy de Palma, Bruna Cusi y otros no tan conocidos. Encantados con la experiencia, muchos repiten.

Los encuentros de los jueves se han convertido en un fenómeno cultural muy apreciado por la gente de la industria cinematográfica y son seguidos muy de cerca por aficionados y profesionales más allá de la zona oeste de Madrid. Ni la Filmoteca Española, sostiene Rodríguez, tiene una programación de coloquios de este nivel. “Son auténticas clases magistrales de cine español”, afirma.

Quedan pocos directores españoles por venir a Majadahonda. Rodríguez menciona tres: José Antonio Bayona, Álex de la Iglesia y Alejandro Amenábar, que por problemas de agenda o por residir la mayor parte del año fuera de España no han podido asistir. Carlos Saura tuvo que cancelar una visita, pero ha prometido asistir este otoño. Rodríguez asegura que él y buena parte del público disfrutan con los artistas menos conocidos tanto o más que con las grandes estrellas. En cinco años no ha habido un solo jueves sin charla con autores, salvo en el mes de agosto.

Sobre todo, cine europeo

Los Zoco Majadahonda están especializados en cine español y europeo de autor. Son “películas con cierto rigor cultural, no de consumo fácil”, en palabras de Rodríguez, aunque de vez en cuando también ofrecen producciones estadounidenses de calidad. “Cuando se nos ha ocurrido poner un cine más comercial ha sido un fracaso de taquilla”, apunta el presidente de la asociación.

La mayor parte del público rebasa los 50 años de edad. Es gente que creció yendo al cine y que se resiste a prescindir de una de sus aficiones favoritas. No es fácil atraer a los jóvenes, que en su mayoría prefiere ver películas o series en sus dispositivos móviles a través de plataformas como Netflix, HBO o Filmin. Los Zoco lo han intentado con precios reducidos y hasta con sesiones gratuitas, pero no ha habido manera.

Gestionado también por aficionados al séptimo arte, CineCiutat de Palma de Mallorca sirvió de inspiración a los vecinos de Majadahonda a la hora de emprender la aventura, y sus respectivos responsables intercambian información con asiduidad. Hay experiencias similares en otras ciudades, como Barcelona, donde el mismo año que los Zoco nació Zumzeig, que presume de ser el primer cine cooperativo de Cataluña.

La existencia de estas iniciativas demuestra que salvar los cines está, más que nunca, en manos de los espectadores. “El modelo es perfectamente replicable en otras ciudades”, afirma Rodríguez. “Lo fundamental es contar con la implicación vecinal”.

[Este artículo ha sido publicado en el número 62 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Es imposible ver La Guerra de Vietnam, serie documental del aclamado director Ken Burns, sin sentir un escalofrío constante. La rabia, la tristeza y la incredulidad se apoderan del espectador a medida que avanza este magnífico relato de un conflicto que duró 10 años y costó la vida a dos millones de vietnamitas y 50.000 soldados estadounidenses.

La Guerra de Vietnam ofrece una visión omnicomprensiva del enfrentamiento, intercalando el relato histórico con entrevistas a veteranos de ambos bandos, familiares de soldados fallecidos, políticos, diplomáticos y líderes del movimiento antibélico en EE UU. Destaca el exquisito manejo del material gráfico, compuesto por imágenes de televisión de archivo y fotografías en blanco y negro.

Desde el primer capítulo, atinadamente titulado Déjà Vu, queda claro que los estadounidenses se disponen a caer en los mismos errores cometidos en la década de 1950 por Francia, la potencia colonial derrotada por la guerrilla de Ho Chi Mihn. El intento de frenar el avance del comunismo en Asia —objetivo estratégico de la intervención estadounidense— pronto se vio reemplazado por el afán de la Administración de Lyndon B. Johnson por esconder los reveses sufridos en el campo de batalla. Una y otra vez, el presidente estadounidense y su ministro de Defensa, Robert McNamara, aseguraban públicamente que la victoria estaba al alcance de la mano, mientras en privado reconocían lo contrario, como demostraron los Papeles del Pentágono publicados por The New York Times y The Washington Post.

Nada más tomar posesión de la presidencia, en 1969, Richard Nixon supo que ganar la guerra era imposible y dedicó todos sus esfuerzos a evitar una retirada humillante, aun a costa de cientos de miles de muertos más. Poco a poco, la opinión pública estadounidense fue dándose cuenta del engaño y de la inutilidad de seguir perdiendo vidas a 15.000 kilómetros de distancia. Medio siglo después, sobrecoge la frialdad con que los sucesivos Gobiernos de EE UU enviaron a sus jóvenes a la muerte a sabiendas de que no iba a servir de nada.

Especialmente dramáticos son los episodios que relatan la matanza de May Lai, el uso de agente naranja y napalm contra la población civil vietnamita y los incidentes de Kent State University. La serie muestra cómo, a medida que se endurecían las condiciones sobre el terreno, los soldados estadounidenses —muchos de ellos voluntarios— se dieron cuenta de que la guerra que estaban librando no era igual que la de sus padres contra los nazis. Desmoralizados ante el horror y la evidencia de que no había victoria posible, muchos cayeron en la depresión, las drogas o el ensañamiento con el enemigo.

Codirigida por Lynn Novick y escrita por Geoffrey Ward, La Guerra de Vietnam consta de 10 capítulos con una duración total de 17 horas. En la versión original en inglés la narración corre a cargo de un sensacional Peter Coyote. La serie ha sido estrenada en España por Movistar Televisión.

El conflicto en Indochina abrió una profunda herida en la sociedad estadounidense y coincidió con una de las épocas más fértiles de la música popular. Canciones de Bob Dylan, Jimi Hendrix, Otis Redding, Simon & Garfunkel y Marvin Gaye acompañan el relato. Trent Raznor y Atticus Ross, miembros de la banda Nine Inch Nails, firman la banda sonora original.

Ken Burns, uno de los grandes autores de documentales de EE UU, es conocido por sus filmes históricos sobre la Segunda Guerra Mundial, el jazz, el béisbol y la Ley Seca. Su último trabajo quedará para la historia como obra de referencia y testimonio de una equivocación que costó millones de vidas.

[Este artículo ha sido publicado en el número 60 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

En lugar de arreglar la banca, hemos de prepararnos para su final. Esta es la idea central de un libro elocuente y provocador que parte de la base de que la crisis financiera de 2007-2008 no fue una consecuencia inevitable de la codicia humana, sino el resultado de la pérdida de control sobre la voracidad de los bancos por parte de los reguladores. Los esfuerzos de estos por evitar los excesos del sistema, sostienen sus autores, sirvieron de muy poco debido al uso intensivo de las tecnologías de la información.

El fin de la banca (Taurus, 2018) explica que son precisamente los cambios provocados por la revolución digital los que servirán en un futuro para organizar un sistema financiero libre de bancos, aprovechando sus ventajas sin ser víctimas de sus peores consecuencias. “La tecnología de la información ofrece nuevas posibilidades que hacen que los bancos sean superfluos”, sostienen los autores. “Y el fin de la banca señalará el inicio de un sistema financiero moderno”. 

Tras el seudónimo Jonathan McMillan hay dos profesionales con amplia experiencia en economía y finanzas. Uno de ellos, que prefiere permanecer anónimo, trabaja en un gran banco internacional y conoce en profundidad los entresijos de las finanzas actuales. El otro es el académico y periodista Jürg Müller, especializado en el impacto de la regulación bancaria en la estabilidad macroeconómica y el bienestar. Ambos explican que el principal objetivo de su libro es mostrar cómo restablecer un sistema financiero que promueva la estabilidad, la productividad y la justicia distributiva de la economía. Ellos lo tienen claro: la existencia de un sistema financiero sin bancos es no sólo deseable, sino posible.

Motivo que hace urgente un cambio es, en su opinión, que el sistema bancario se ha convertido en “un proyecto público-privado disfuncional” en el que las garantías universales del Estado conviven con una regulación ineficiente. Ello permite a las entidades bancarias obtener inmensos beneficios a base de asumir riesgos cuando las cosas van bien, mientras que los Estados asumen las pérdidas cuando llegan los malos tiempos. Suena familiar, ¿no?

Y si no hay bancos, ¿cómo se organizará el sistema financiero? Para empezar, los escritores vaticinan que la banca tiene los días contados como institución dedicada a la creación de dinero a partir del crédito. En su lugar, los nuevos instrumentos surgidos de los avances tecnológicos, como los préstamos entre particulares (peer to peer, o P2P), los mercados virtuales y las monedas digitales, abren multitud de posibilidades para satisfacer la demanda de liquidez y de préstamos seguros. Prescindir de los bancos, por lo tanto, no pone el peligro la capacidad de los particulares y las empresas de administrar sus propios asuntos financieros. 

¿Y qué pasará con los bancos centrales? Los autores invitan a reflexionar sobre el papel que hoy desempeñan estas instituciones, en exceso ligada a las actividades de la banca privada, y proponen dos herramientas de política monetaria para sostener un sistema de precios funcional: la cuota de liquidez y la renta incondicional. En el nuevo sistema financiero sin banca, las funciones del dinero y del crédito estarían separadas y corresponderían al ámbito público y al ámbito privado, respectivamente. Los autores aseguran que establecer un marco legal para un nuevo sistema financiero sin bancos resulta más sencillo que desenmarañar el viejo sistema bancario. Reconocen que el cambio será difícil debido a que las décadas de descontrol bancario han creado una enorme red de “interdependencias financieras”. No explican, sin embargo, cómo será la transición de un sistema a otro, y tampoco entran a analizar los problemas internacionales o los efectos secundarios que la reforma traería consigo. Se centran en explicar cuál es, para ellos, el destino apropiado, no el camino para alcanzarlo.

La complejidad del sistema financiero actual, en el que algunos de los mejores economistas, físicos, matemáticos y abogados se afanan en crear productos imposibles de comprender para los profanos, hace imposible iniciar un debate político sobre la reforma financiera, señalan Müller y su anónimo colega, por no hablar de red de intereses que une al poder financiero con el político. Para los autores, lo que impidió que los políticos hicieran cambios radicales tras la crisis financiera fue la opacidad. Mientras persona muy formadas gran formación sigan teniendo dificultades para comprender qué sucede en la trastienda, afirman, la actividad bancaria descontrolada persistirá.

En este sentido, ambos se muestran pesimistas. Creen que aunque ha dejado de ser necesaria, la banca va a seguir dominando nuestro sistema financiero. Llevar a cabo actividades bancarias con todas las garantías del Estado, pero sin una regulación real, es demasiado rentable desde el punto de vista individual a pesar del tremendo precio que se cobra de la sociedad. Por eso, precisamente, quieren acabar con la banca.

Para saber más: Endofbanking.org

[Este artículo ha sido publicado en el número 56 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Cecilia Castaño (Almería, 1953) es pionera en la investigación y el estudio del género en los campos de las tecnologías de la información, la ciencia y la ingeniería. Comenzó a dar clases con apenas veintiún años, mientras terminaba la carrera, y dedicó su tesis doctoral al impacto de la tecnología en el sector del automóvil, justo cuando en las fábricas españolas comenzaban a funcionar los primeros robots. Dio sus primeros pasos como economista a finales de los años setenta con Comisiones Obreras y trabajó después en el gabinete de Joaquín Almunia, ministro de Trabajo del primer Gobierno socialista. En aquella época también colaboró con el economista y sociólogo Manuel Castells en la elaboración de un informe de referencia sobre los efectos económicos y sociales de las nuevas tecnologías por encargo del entonces presidente, Felipe González. Fue poco después, ya en los años noventa, cuando comenzó a trabajar en cuestiones de género, a las que ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional.

Creadora y directora entre 2006 y 2012 del programa de investigación Género y TIC, del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya, actualmente imparte un curso en el Máster en Estudios de Género de la Universidad Complutense de Madrid, en cuya Facultad de Ciencias Políticas y Sociología ejerce como catedrática de Economía Aplicada. Ha escrito, dirigido o editado los libros Salud, dinero y amor-Cómo viven las mujeres de hoy, La segunda brecha digital, Las mujeres y las tecnologías de la información, Quiero ser informática y Las mujeres en la Gran Recesión.

Apenas le quedan unos meses para jubilarse como catedrática, un puesto que se ganó hace veinticinco años. Orgullosa de haber sido pionera en su campo, sostiene que el trabajo de los economistas debe tener una clara función social y se muestra satisfecha por haber aportado su grano de arena al avance de la sociedad española. Lamenta que la universidad sea todavía un mundo dominado por los hombres y que cada vez se gestione más como si fuera un negocio puro y duro. Le encantaría que aumentara el número de mujeres en las carreras técnicas.

¿Por qué hay tan pocas mujeres científicas, ingenieras o expertas en las tecnologías de la información?

Porque se considera un ámbito masculino. A los hombres se les identifica con la razón, y a las mujeres se las identifica con los sentimientos. Eso influye mucho en que las mujeres sientan que no encajan en esos ámbitos. ¿Por qué sienten que no encajan? Porque desde pequeñas se les dice que ese es un terreno masculino. En la familia, cuando una chica dice que quiere estudiar ingeniería, salvo que el padre o la madre sean ingenieros, no se considera adecuado, no se la estimula. En cambio, cuando un chico dice que quiere estudiar psicología, le dicen: “No hombre, tienes muy buenas notas, tienes que estudiar ingeniería”. Los chicos sienten que se espera de ellos que hagan estudios científicos o técnicos, y en cambio, las chicas sienten que se espera de ellas que hagan otro tipo de actividades, más relacionadas con los cuidados.

Aparte de estos factores, que son culturales, ¿qué otras barreras encuentran las mujeres en los trabajos con alto contenido tecnológico?

Hablamos de un mundo en el que las reglas están pensadas por y para los hombres. Por ejemplo: suele tener unas jornadas laborales larguísimas, no hay barrera entre el trabajo y el ocio. Es la imagen del informático enganchado todo el día frente a la pantalla, comiendo pizza y bebiendo coca-cola. Con frecuencia se trabajan cincuenta horas semanales o más, y también los fines de semana. Eso a la mujer le plantea muchísimos problemas. Algunos estudios muestran que hay una cierta hostilidad en el entorno hacia las mujeres. Primero, porque son minoría; hay muchas veces que en un equipo hay sólo una o dos mujeres y siempre domina la cultura de los hombres. Con frecuencia se hacen comentarios que no son cómodos para las mujeres, e incluso para muchos hombres que no comparten esa visión. El problema no es solamente atraer mujeres a estos campos; el problema es que luego se queman. Una de las razones importantes del abandono es precisamente ese ambiente un poco hostil.

También existe una opinión bastante generalizada de que a las mujeres no le gusta la tecnología...

Eso no es cierto. A las mujeres sí les gusta la tecnología, porque les gusta resolver los problemas de la humanidad, y la tecnología es fundamental para resolver esos problemas. Lo que pasa es que en el mundo tecnológico predomina la visión de que lo importante es la belleza del artefacto, la precisión técnica. En cambio, a las mujeres les interesa más cómo contribuye todo eso a resolver problemas. A las mujeres les interesa más el para qué. No es que no les guste la tecnología, sino que los valores que predominan en ese mundo les resultan menos interesantes. En los hombres, por educación, desde pequeños predominan los valores agénticos, la preocupación por mejorar su posición en la clase, en el grupo, en la organización, en el trabajo..., mientras que entre las mujeres predominan los valores comunales, contribuir a que la sociedad mejore.

¿En qué consiste la brecha digital de género que usted ha estudiado tanto?

Consiste en que las mujeres están menos incorporadas a las tecnologías. Hay un primer nivel de brecha de acceso, que ahora ya es muy pequeña, porque quien más quien menos tiene acceso a Internet, a un ordenador, y hace uso de las tecnologías. Donde está la brecha importante de género es en los usos y en las habilidades. Los hombres hacen mucho más uso del software, de los videojuegos, y las mujeres, en cambio, hacen más uso de las redes sociales. Los chicos jóvenes consideran que ellos tienen más habilidades informáticas, y las chicas consideran que tienen menos. Pasa una cosa muy curiosa: cuando se miden de verdad las habilidades, no necesariamente los chicos tienen más habilidades que las chicas o los hombres más que las mujeres, pero los chicos perciben que saben hacer más cosas de las que saben hacer y las chicas perciben que saben hacer menos cosas de las que saben hacer.

¿Qué se pierden la ciencia y la tecnología siendo mundos tan masculinos?

Muchísimas cosas. Se pierden, por una parte, el hacer buena ciencia o buena tecnología. La ciencia se hace con mucha frecuencia pensando sólo en los hombres. Los experimentos se hacen sólo con poblaciones masculinas. ¿Por qué? Porque es más barato. Si metes también población femenina tienes que duplicar la muestra y tienes que considerar el ciclo menstrual. Esto pasa con las ratitas y con las mujeres. Como es más caro, se tiende a hacer experimentos sólo a partir de machos, y luego esos experimentos se generalizan. Eso lleva a barbaridades como que en los tratamientos del corazón se les ponga a las mujeres las mismas dosis que a los hombres. Imagínate que diseñas un cinturón de seguridad pensando en un hombre que mide 1,80 y pesa 90 kilos... Las mujeres llevamos una parte de la vida que son los cuidados, tanto de la casa como de las personas. Cuando se hace ciencia y se diseñan artefactos, es muy importante contar con nuestras propias aportaciones.

También se desperdicia mucho talento en las empresas, ¿no?

En España y en Estados Unidos, de todas las ingenieras formadas en las tecnologías de la información sólo el 50% sigue trabajando en el sector. El 25% trabajó, pero abandonó, y el 25% restante no llegó a trabajar nunca en él. Los hombres abandonan mucho menos. En un estudio que hicimos, una trayectoria típica era la de una mujer que trabajaba en una empresa de ingeniería que se daba cuenta de que no aguantaba más y acababa haciendo oposiciones a inspector de Hacienda para tener una vida razonable. Hablamos de gente muy inteligente, con gran capacidad, que en un momento determinado ve que las empresas no las valora. El ambiente de trabajo y el apoyo de los compañeros es fundamental. En las empresas tecnológicas tienes agua gratis, fruta, zonas con futbolín y billar, gimnasio, comedores, colores bonitos, vas en bicicleta de aquí para allá... todo para que no te muevas de allí, para que tengas que estar veinticuatro horas pendiente del trabajo. Esto es muy duro para la mujer y lo es para los hombres. También hay hombres que están abandonando, no sólo mujeres.

Las leyes establecen la igualdad entre hombres y mujeres, pero parece que la realidad avanza más despacio...

En España nos creemos que las leyes cambian la realidad y se nos llena el alma de satisfacción cada vez que se aprueba una ley o un acuerdo, pero luego no hay presupuestos, ni medios para aplicarlos, ni reglamentos. Tenemos las mejores leyes del mundo sobre igualdad, pero no se han desarrollado. Es el problema de la Ley de Violencia de Género: si no pones presupuesto, si no pones personal, las mujeres que denuncian se quedan más solas que la una, más vulnerables después de haber denunciado. Todas las universidades tenemos planes de igualdad, pero son sólo declarativos; no hay un euro para ponerlos en marcha. Las que trabajamos en temas de género tenemos que hacernos cargo de todo, y ya tenemos las espaldas muy cargadas. En España, y también en otros países, predomina la adhesión a la igualdad de manera retórica, pero el compromiso efectivo es mucho más difícil de conseguir.

Usted ha escrito que el patriarcado se reinventa constantemente.

Cuando se hacen esas adhesiones formales sin compromiso efectivo, el efecto logrado es el contrario. Es como si navegáramos hacia un espejismo, el espejismo de la igualdad, pero de repente nos encontramos con que no hay nada, sólo hay declaraciones, y eso es tremendo.

La crisis ha afectado de manera distinta a los hombres y a las mujeres. ¿Por qué?

Al principio la crisis afectó fundamentalmente a la construcción, el transporte y la industria, que son sectores muy masculinizados. Por eso se habló de una recesión masculina, de una mancession, pero enseguida se empezaron a ver afectados los sectores de la hostelería y el comercio, que son fundamentalmente femeninos. Sin embargo, lo que más ha afectado a las mujeres ha sido la austeridad. Por eso hablamos de una she-austerity. Las políticas de austeridad han traído consigo una reducción de los servicios sociales y del tamaño del sector público. Esto ha afectado doblemente a las mujeres: por una parte, por ser unos sectores muy intensivos en empleo femenino donde se han eliminado muchos puestos de trabajo, y por otra, porque al reducirse los servicios sociales muchas mujeres no pueden trabajar a tiempo completo. Como hay menos guarderías, tienen que hacerse cargo de los niños, y también de los mayores, a los que mandan enseguida a casa tras una operación. Y hay un tercer efecto muy importante: en los servicios sociales se ha cambiado mucho empleo a tiempo completo por empleo a tiempo parcial, pero manteniendo las mismas responsabilidades.

¿Benefician a las mujeres las medidas para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral o contribuyen a perpetuar la separación de roles?

Depende de cómo sean las medidas. Más que de conciliación deberíamos hablar de corresponsabilidad. Si tanto los hombres como las mujeres pueden disfrutar por igual de la baja parental o de la reducción de jornada, sí se favorece la corresponsabilidad en el seno de la pareja. Si en cambio son medidas diseñadas en función de la mujer, en el fondo es la empresa la que decide si puedes o no. El problema es que la mayor parte de las medidas de conciliación se basan en tiempo, no en recursos. Si lo que pones a disposición de las personas para conciliar es tiempo, al final siempre hay alguien que tiene que reducir su jornada y su salario. Si, en cambio, se ponen recursos de guardería o de atención a mayores, ya no afecta tanto al tiempo de las personas. Debemos caminar hacia la corresponsabilidad social, como han hecho los países nórdicos.

¿Son esos los países que lo están haciendo mejor en cuanto al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres?

El país de referencia es Suecia. En España, el derecho a las prestaciones sociales está vinculado al empleo. Como trabajador o como trabajadora generas unos derechos, y de éstos se benefician tu familia y tus hijos. En cambio, en Suecia tienes derecho a las prestaciones sociales por ser individuo o individua. Por el hecho de nacer, tienes derecho a la escuela, a que te cuiden cuando te pones enfermo... Esto es importantísimo, porque la individualización de los derechos y la desfamilización de los cuidados son los dos elementos que pueden hacer que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo, a la política... La tasa de participación laboral en Suecia supera el 80%, muy similar a la de los hombres, y en cambio en España estamos en torno al 60%. Somos aún una sociedad muy familista, mientras que la sociedad sueca se basa en el Estado de bienestar, en las prestaciones públicas, a las que se tiene derecho no por ser hombre o mujer, sino por ser ciudadano.

¿Están cambiando los hombres españoles sus actitudes ante la mujer?

Se ha avanzado mucho. Los hombres han adquirido conciencia de algo que me parece importantísimo, que son los hijos. No sólo de los cuidados. A los hombres jóvenes les gusta no sólo llevar los niños al colegio, sino bañarlos, darles la cena, pasar tiempo con ellos... En las tareas del hogar se ha avanzado menos. A los hombres no les importa hacer la compra, pero lo que es la plancha, limpiar el baño, pasar la aspiradora, es más complicado.

¿Qué papel desempeña la educación en el fomento de la igualdad?

Gracias a la educación mixta, los chicos conocen más a las chicas, tienen muchas amigas y se llevan mejor con sus madres y con sus hermanas. Por otra parte, hay una tendencia en contra, que es la pornografía, que hace que muchos chicos vean el cuerpo de la mujer como un objeto desechable, de usar y tirar, y esto está haciendo mucho daño. En Internet hay una enorme disponibilidad de contenidos sexuales muy fuertes, con frecuencia pensados en términos de la sexualidad tradicional masculina más ancestral. Eso hace que muchos hombres se crean que eso es el sexo. Lo vemos en fenómenos tristísimos como el de La Manada.

¿Contribuye la representación de la mujer en los medios de comunicación a proyectar una imagen distorsionada de lo femenino?

Es lo que más contribuye. En los colegios se contribuye mucho y en la familia también, pero los medios de comunicación dan una imagen de la mujer que es completamente irreal: el de una mujer perfecta, guapa y sonriente, el de una madre trabajadora y compañera estupenda. Aunque cada vez hay más series de televisión que se plantean estas cuestiones, van más por el lado de incorporar la diversidad del mundo LGTB que por el lado de incorporar modelos diferentes de mujer. No sólo necesitamos role models femeninos para las mujeres, sino role models femeninos para los hombres, y eso escasea. Parece que hay que ser una mujer imposible, y eso genera una frustración enorme en las chicas y en los chicos.

¿Por qué en Silicon Valley proliferan las denuncias de comportamientos machistas?

En el desarrollo de Apple, HP y las demás empresas de tecnologías de la información influyó mucho la industria de armamento, que tiene gran presencia en California. Es una cultura muy masculina con enorme protagonismo del investigador individual, alguien muy asertivo que impone su opinión a los demás, y esa cultura sigue predominando. Es un contrasentido, porque hoy la ciencia y la tecnología se hacen en equipos pluridisciplinares. No olvidemos que cuando en un colectivo hay un grupo que domina, ese grupo se resiste como gato panza arriba a ceder predominancia a otro. Las mujeres son rivales y hay que ponerles las cosas difíciles a ver si se van.

¿Hay mucha discriminación en grandes empresas de Internet como Google o Facebook?

No entienden lo que es la igualdad de género. El enfoque que predomina en ellas es el de la diversidad. Deben tener de todo: mujeres, gays, lesbianas, personas de raza diferente, discapacitados... Todo eso sirve para ocultar la contradicción fundamental, que es el patriarcado, la dominación de las mujeres por los hombres. Las mujeres somos prisioneras de los sueños de los hombres. Ellos diseñan el mundo, lo que tenemos que hacer, y esperan que nosotras nos adaptemos.

¿Hay sesgo en los algoritmos que utilizan esas empresas para seleccionar la información que nos ofrecen?

Existe ese sesgo, porque se da más importancia a los contenidos elaborados por hombres que a los elaborados por mujeres. Es algo cultural que es muy difícil de superar.

[Esta entrevista ha sido publicada en el número 55 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la constructora ACS, es uno de los hombres de negocios más ricos e influyentes de España. Cada tarde de partido, el presidente del Real Madrid agasaja en el palco del Santiago Bernabéu a lo más granado del poder, desde políticos y empresarios hasta jueces y periodistas. Pero esta vez no se trata de ganar la Liga española o la Champions League, sino de agrandar su imperio empresarial con la compra de Abertis, la compañía que gestiona buena parte de las autopistas de pago en España, entre ellas la AP-6, la más afectada por la nevada que dejó atrapados a miles de conductores entre el 6 y el 7 de enero.

Enfrente tiene a un duro rival: la empresa italiana Atlantia, que presentó en junio pasado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para hacerse con Abertis por 16.300 millones de euros. ACS contraatacó después del verano poniendo sobre la mesa 18.600 millones a través de su filial alemana Hochtief. Pérez desafió de este modo a la poderosa familia Benneton, una de las más poderosas de Italia y accionista mayoritaria de Atlantia.

Aunque el Gobierno de Mariano Rajoy se declara oficialmente neutral, varios ministros no ocultan su malestar por la posibilidad de que una compañía italiana llegue a controlar un sector estratégico como las autopistas y parecen resueltos a que Abertis siga en manos españolas. Es ahí donde entra en liza Florentino Pérez, cuyas excelentes conexiones políticas pueden inclinar la balanza en su favor. Aunque Atlantia duplica el valor en Bolsa de ACS y es una empresa de gran musculatura financiera, va a tener muy difícil hacerse con una compañía como Abertis, cuyos ingresos provienen fundamentalmente de las concesiones estatales, sin el aval del Gobierno que las concede.

Abertis y su principal accionista —CriteriaCaixa, brazo inversor de la Fundación Bancaria La Caixa— parecían decantarse en un principio por el ofrecimiento italiano. Hasta la entrada en escena de ACS, todos los indicios apuntaban que se trataba de una OPA amistosa y que la operación saldría adelante sin sobresaltos antes de fin de año. El Consejo de Administración de Abertis calificó la oferta de Atlantia de “positiva y atractiva” desde el punto de vista industrial, aunque subrayando a renglón seguido que el precio podría mejorarse. Abertis también se mostró satisfecha con los planes de la compañía italiana de no recortar significativamente la plantilla y con sus promesas de fidelizar a los directivos y de no vender activos de la empresa para financiar la operación. 

Todo parecía ir sobre ruedas, especialmente después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Comisión Europea dieran su visto bueno a la operación. Sin embargo, el 7 de diciembre el Gobierno echó un jarro de agua fría sobre las aspiraciones italianas al pedir a la autoridad bursátil que revocase su decisión. Los ministros de Fomento, Íñigo de la Serna, y Energía, Álvaro Nadal, argumentaron en sendos requerimientos que Atlantia tendría que haber pedido permiso al Gobierno antes de presentar su oferta, como sí ha hecho Hochtief.

El regulador bursátil quedó así ante la disyuntiva de ratificar su propia decisión y permitir que la operación siguiera adelante u obligar a Atlantia a solicitar el beneplácito del Gobierno. Ya no será necesario, puesto que el 21 de diciembre la compañía italiana cedió a las presiones del Ejecutivo y pidió oficialmente su permiso alegando la “evidente importancia” que los ministerios de Fomento y Energía otorgaban a dicho trámite. Atlantia comunicó a la CNMV que actuaba en beneficio de los intereses del mercado, de Abertis y de sus accionistas e inversores, al tiempo que expresaba su respeto por las instituciones españolas y su disposición a que el proceso de compra de Abertis no se vea ralentizado. Buenas palabras con las que los italianos dejan claro que no se rinden y que están listos para librar una lucha dura y larga.

Mientras tanto, la autoridad bursátil ha comenzado a estudiar la OPA presentada por Hochtief, que también precisa el visto bueno de la Comisión Europea. Por parte de esta última probablemente no habrá inconveniente, puesto que Hochtief y Abertis ejercen su actividad en sectores distintos y su fusión no afecta aparentemente a la libre competencia. 

En todo caso, el Gobierno parece dispuesto a utilizar todas las armas a su alcance para impedir que italianos controlen Abertis. Antes de que Atlantia solicitara su permiso, había advertido de que estaba dispuesto a llevar la cuestión a los tribunales interponiendo un recurso contencioso-administrativo contra la autorización de la OPA por parte de la CNMV. 

Rajoy entra en escena

El propio Mariano Rajoy ha decidido implicarse personalmente en el asunto para favorecer la opción española y ha hablado del asunto en varias ocasiones con el presidente de Criteria Caixa, Isidre Fainé, quien se enfrenta ahora al dilema de elegir entre los supuestos intereses del Estado español y una oferta como la italiana, que veía con buenos ojos. El principal argumento del Ejecutivo para oponerse a los planes de la empresa italiana es que Abertis, como principal accionista de Hispasat, gestiona un bien estratégico como es la red española de satélites y unas infraestructuras de titularidad pública como son las autopistas. Además, sostenía que Atlantia había pedido permiso a los gobiernos en todos los países en los que opera Abertis, excepto en España. El grupo italiano consideraba que no era necesaria la autorización del Ejecutivo español porque su oferta no se dirige a las sociedades concesionarias de cada una de las autopistas de Abertis, sino al grupo matriz.

Para vencer la resistencia del Gobierno, Atlantia asegura que venderá Hispasat y que Abertis funcionará de manera autónoma dentro del grupo, seguirá teniendo su sede en España y continuará cotizando en la Bolsa de Madrid. En medio de la pugna, Red Eléctrica Española (REE), participada por el Estado, ha presentado una oferta para comprar Hispasat.

¿Qué tiene Abertis para ser tan codiciado objeto de deseo? La compañía presume de ser el mayor gestor de autopistas del mundo, con más de 8.600 kilómetros en 14 países de Europa, América y Asia. Es líder en España, Chile y Brasil, pero también tiene una importante presencia en Argentina, Colombia, Francia, Italia, Puerto Rico y Reino Unido. Gracias a la estrategia de internacionalización puesta en marcha en los últimos años, más del 70% de su facturación procede de fuera de España. Abertis y su principal accionista, Criteria Caixa, que controla el 22% de las acciones, son dos de las empresas que decidieron en otoño pasado abandonar Barcelona para establecer sus sedes en Madrid y Palma de Mallorca, respectivamente.

Para ACS, la compra de Abertis es una oportunidad de diversificar su negocio más allá de la construcción y entrar en un sector con ingresos muy estables como es el de la gestión de autopistas. La fusión facilitaría a Florentino Pérez el acceso a financiación y le ayudaría a competir en mejores condiciones en los grandes concursos públicos. Para Atlantia, la compra de Abertis reduciría su dependencia del mercado italiano y lo convertiría —gracias a la presencia internacional de la empresa española— en el mayor operador de infraestructuras del mundo.

Atlantia opera 5.000 kilómetros de autopistas de peaje en Italia, Brasil, Chile, India y Polonia, además de gestionar los aeropuertos de Fiumicino y Ciampino, ambos en Roma, y los de Niza, Cannes y Saint-Tropez, en Francia. La familia Benetton, conocida mundialmente por su marca de ropa, controla Atlantia a través de Edizione, una firma de inversión con intereses en el sector inmobiliario, los hoteles, la banca y los seguros.

Además de sus consecuencias económicas, una operación de este calado tiene evidentes implicaciones políticas. El Gobierno español debe decidir si respeta las reglas del libre mercado o interviene en defensa de lo que considere el interés nacional. Vetar las aspiraciones de Atlantia podría despertar críticas en la Unión Europea y desembocar en una batalla judicial de resultado incierto. En su comunicación a la CNMV anunciando que había pedido el permiso correspondiente al Gobierno, la compañía italiana reiteró su “plena confianza en el buen funcionamiento de las instituciones españolas y en su evaluación neutral, eficiente y objetiva de las solicitudes de autorización administrativa al tratarse de una operación de dimensión comunitaria”. 

Tal y como están concebidas en España, la construcción y gestión de las autopistas son concesiones del Estado. Son, al mismo tiempo, un servicio público y un negocio. Ello ha propiciado en los últimos años escándalos como las radiales de Madrid, las autopistas de pago construidas en la época de la presidencia del Gobierno de José María Aznar, que se declararon en concurso de acreedores y están a punto de ser rescatadas con dinero público. 

La resistencia de las autoridades españolas a la venta de Abertis a una empresa italiana es una prueba de que los gobiernos aún conservan capacidad de intervención en operaciones empresariales que afectan a sectores considerados estratégicos. El propio Gobierno italiano impidió hace diez años que fuese Abertis la que comprara Atlantia, conocida entonces como Autostrade. El Ejecutivo presidido por Romano Prodi dio al traste con la fusión porque no quiso que el centro de decisión se trasladara de Italia a España. El Gobierno de Roma también ha vetado en los últimos años , entre otras operaciones, la compra de Telecom Italia por parte de Telefónica y la adquisición de la Banca Nazionale del Lavoro a cargo del BBVA. 

Los críticos con la intervención de los gobiernos en operaciones empresariales sostienen que esta manera de entender el interés nacional frena la creación de grandes grupos empresariales europeos capaces de competir con los estadounidenses o los chinos. En julio, el Gobierno francés decidió renacionalizar temporalmente los astilleros STX France para frenar la oferta de compra de la italiana Fincantieri, que pretendía crear un conglomerado mundial en la construcción de barcos de crucero. La operación, finalmente, se llevó a cabo tras recibir el visto bueno del presidente francés, Emmanuel Macron, partidario de la creación de gigantes empresariales europeos.

Un veto del Gobierno a la oferta de Atlantia por Abertis levantaría también muchas suspicacias sobre un posible trato de favor a ACS, que ya se vio beneficiada por la paralización del almacén de gas Castor en 2013 tras la alarma social desatada por los terremotos que causó en las costas de Castellón y Tarragona. Precisamente el Tribunal Constitucional anuló el pasado 22 de diciembre la indemnización de 1.350 millones de euros para la empresa promotora del almacén (Escal UGS, participada en un 67% por la compañía de Florentino Pérez) que había sido fijada mediante un Decreto Ley aprobado en 2014, cuando el PP tenía mayoría absoluta en el Parlamento.

El Gobierno español tiene recursos para retrasar durante meses o años la venta de Abertis. Si la victoria final cayese del lado de Florentino Pérez para salvar la españolidad de la compañía, se daría la paradoja de que las autopistas nacionales acaban en manos de una constructora con sede en Alemania, un precio que algunos en el Gobierno parecen dispuestos a pagar.

[Este artículo es el Tema del Mes del número 54 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Funcionaban cada una por su lado, pero llevaban tiempo colaborando y al final decidieron juntarse. Con la celebración de la primera asamblea ordinaria y el voto unánime de los asistentes, en junio pasado concluyó el proceso de creación de la mayor asociación de cooperativas de Galicia. EspazoCoop es fruto de la integración de la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado (UGACOTA), la Unión de Cooperativas de Enseñanza (UCETAG) y la Federación de Cooperativas Sinerxia. “Nos dimos cuenta de que en los consejos rectores nos encontrábamos las mismas personas”, recuerda Celso Gándara, presidente de EspazoCoop, “y los servicios que prestábamos eran prácticamente los mismos”. Hubo un momento en que resultaba más complejo y más caro coordinar y mantener tres entidades que integrarlas en una sola.

Además de crear economías de escala y mejorar la posición de mercado de las cooperativas, la fusión ha permitido ganar peso social y tener más presencia en los medios de comunicación. EspazoCoop, explica su presidente, quiere contribuir a reducir la atomización que caracteriza tradicionalmente al movimiento cooperativo en Galicia y tener un “efecto tractor” en otras empresas y asociaciones. “El mundo empresarial en general tiende a la concentración, y con el cooperativismo ocurre lo mismo”, afirma Gándara.

En un estudio sobre el proceso de fusión de EspazoCoop, las profesoras Ana Oliveira y María Bastida, de la Universidad de Santiago, ponen de relieve que es la primera vez que en Galicia se crea una asociación “multiclase”, que permite asociarse a cualquier tipo de cooperativa sin importar que esta se defina como de trabajo, servicios o consumo. La integración ha tardado tres años en consumarse, síntoma de que las cosas no han sido precisamente fáciles. Las profesoras Oliveira y Bastida destacan que el cambio en el modelo organizativo ha obligado al personal de las tres asociaciones a salir de la zona de confort para adaptarse a sus nuevas tareas.

El resultado es una unión de cooperativas con una plantilla de nueve trabajadores distribuidos en tres sedes del eje atlántico gallego: A Coruña, Santiago y Vigo. EspazoCoop agrupa a 181 cooperativas, de las cuales 152 son de trabajo, 28 de enseñanza y una de consumo. En total, las empresas cuentan con 1.120 socios trabajadores y 570 personas empleadas. La facturación conjunta asciende a 45 millones de euros.

Coincidiendo con el nacimiento de EspazoCoop se han cerrado otros procesos de fusión que están transformando el cooperativismo gallego. Dos han tenido lugar en el mundo agrario y otro en el ámbito de los servicios.

El primero es el nacimiento de Clun, cooperativa de segundo grado que engloba a Feiraco, Melisanto y Os Irmandiños y que ya se ha convertido en el mayor grupo lácteo de Galicia, con 3.500 productores. El segundo es Aira Sociedade Cooperativa Galega, fruto de la unión de Agris, Icos, Cogasar, Coelpan y Leira. La nueva sociedad integrará a más de 2.800 agricultores y ganaderos con una plantilla que supera los 220 empleados repartidos en 15 centros de trabajo. En el ámbito de los servicios, la Cooperativa Farmacéutica Gallega (Cofaga) se ha integrado con Bidafarma, una distribuidora de reciente creación fruto de la unión de ocho cooperativas farmacéuticas.

El movimiento cooperativo gallego ha experimentado un notable crecimiento durante la crisis. Según los datos más recientes de la Xunta, la comunidad autónoma cuenta con 1.318 cooperativas, el 30% más que hace diez años, que dan empleo directo a 10.000 personas.

[Este artículo ha sido publicado en el número 52 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Las catástrofes de Chernóbil, en 1986, y Fukushima, 25 años después, no han bastado para disuadir a muchos países de utilizar la energía nuclear para generar electricidad. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dependiente de la ONU, en noviembre del año pasado había 64 reactores nucleares en construcción en todo el mundo. Los 444 actualmente en operación en 30 países producen el 16% de la electricidad mundial.

Quince de los veintiocho miembros de la Unión Europea tienen centrales nucleares. Bruselas no ha marcado nunca una política única al respecto, por lo que la situación varía mucho de país a país: desde el tradicional entusiasmo francés –en vías de moderación– a la indecisión española, pasando por la renuncia anunciada por Alemania. Así abordan la cuestión las cinco mayores economías de la UE:

Alemania. El 30 mayo de 2011, tan sólo dos meses y medio después del desastre de Fukushima (Japón), el Gobierno alemán decidió apagar todas las centrales nucleares del país antes de 2022, sumándose así a una vieja exigencia de Los Verdes y los socialdemócratas del SPD. La canciller Angela Merkel dio marcha atrás así a la prolongación de la vida útil de las instalaciones nucleares que su Gobierno había aprobado ocho meses antes. Tan sólo el 13,1% de la energía generada en el país fue de origen nuclear en 2016, comparado con el 31,8% de diez años antes. 

España. Estancado durante años, el debate nuclear ha vuelto a la actualidad con la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y la decisión de cerrar definitivamente la central de Garoña, la más antigua del país. El parque nuclear español envejece a marchas forzadas. Los siete reactores en funcionamiento en territorio nacional se pusieron en marcha en los años ochenta del siglo pasado, por lo que su fecha de caducidad está cada vez más cerca. No está encima de la mesa la posibilidad de construir nuevas centrales; la cuestión es si se prolonga la vida de las existentes más allá de los cuarenta años para los que fueron diseñadas, como defienden el Gobierno y las empresas del sector, o se procede a su cierre escalonado, como exigen los partidos de la oposición y las organizaciones ecologistas.

Francia es la indiscutible campeona mundial de la energía nuclear y su industria atómica es una de las más potentes del planeta, con empresas públicas gigantes como EDF y Areva. El país vecino genera aproximadamente el 75% de su electricidad en los 58 reactores repartidos por su territorio, que dan empleo a 220.000 personas. La energía nuclear es una apuesta estratégica de Francia tras el fin de la II Guerra Mundial. Junto a Reino Unido, Francia es, además, el único miembro de la Unión Europea con armas nucleares. El nuevo presidente de la República, Emmanuel Macron, ha prometido respetar el objetivo marcado por el anterior Gobierno socialista de reducir el porcentaje de energía nuclear al 50% en el año 2025.

Italia comenzó a generar energía nuclear en los años sesenta del siglo pasado, pero cerró todas sus centrales en 1990. Así lo decidieron los ciudadanos en un referéndum celebrado tras el desastre de Chernóbil (Ucrania). El Gobierno trató de revertir la decisión en 2008 con el argumento de que el cierre de las instalaciones tuvo un coste de 50.000 millones de euros para el contribuyente y llegó a planificar la construcción de 10 reactores nucleares. Tras el accidente de Fukushima, un nuevo referéndum dio carpetazo a la cuestión.

Reino Unido, pionero de la energía nuclear de uso civil, abrió su primera central en el año 1956. Actualmente cuenta con 15 reactores que producen la quinta parte de la electricidad que consume. En 2010, el Gobierno autorizó la construcción de ocho nuevas centrales. Los programas de los principales partidos ante las elecciones del 8 de junio prácticamente soslayaban la cuestión nuclear. Los conservadores hacían mención a la necesidad de recortar los costes energéticos y fomentar la eólica, mientras que los laboristas y los liberal-demócratas mostraban sólo un apoyo discreto a las nucleares.

[Una versión de este artículo ha sido publicada en la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Más de la mitad de la población mundial vive actualmente en las ciudades y se prevé que a mediados de siglo lo hagan dos de cada tres habitantes del planeta. Según Naciones Unidas, hay dos factores fundamentales detrás de estas cifras: el deseo de mucha gente de abandonar las zonas rurales para instalarse en la ciudad en busca de una vida mejor y el rápido crecimiento de la población previsto para los próximos 35 años.

Dar de comer a todas esas personas, y hacerlo de forma sostenible y saludable, es un reto de enormes dimensiones que grandes ciudades de todo el mundo han decidido afrontar juntas. Con ese objetivo en el punto de mira, alcaldes de todo el mundo firmaron en octubre de 2015 en Milán el Pacto de Política Alimentaria Urbana, que recibirá un nuevo impulso el próximo mes de octubre en Valencia. 

Las ciudades firmantes del acuerdo se comprometen a actuar en todas las etapas del proceso alimentario, desde la producción y la transformación hasta la distribución y el consumo, siguiendo unas directrices aceptadas por todas y en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Al Pacto de Milán ya se han adherido 144 ciudades que suman 470 millones de habitantes, entre ellas 17 españolas: Alcalá de Henares (Madrid), Barcelona, Bilbao, Córdoba, Dénia (Alicante), Fuenlabrada (Madrid), Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Mieres (Asturias), Oviedo, Pamplona, Rivas-Vaciamadrid, Valencia, Villanueva de la Cañada (Madrid), Vitoria-Gasteiz y Zaragoza, además del Consell Insular de Menorca.

La iniciativa, que está extendiéndose rápidamente, cuenta con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este respaldo institucional, subrayan los impulsores del proyecto, ayuda a eliminar posibles suspicacias sobre su orientación política y facilita la difusión a través de los medios de comunicación.

Fernando Fernández, asesor del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, que ha seguido muy de cerca la iniciativa desde su inicio, explica que si bien las grandes protagonistas del proceso son las ciudades, en su origen están movimientos sociales que desde hacía años venían subrayando la importancia de integrar en la vida urbana las políticas alimentarias con criterios de sostenibilidad y justicia. Las ciudades firmantes del acuerdo, señala Fernández, tratan de aprovechar una demanda social creciente en varios ámbitos de la alimentación sostenible: huertos urbanos, grupos de consumo, productos ecológicos, mercados campesinos...

El Pacto de Milán identifica una treintena de actuaciones, entre las que destaca la lucha contra la malnutrición y la pobreza alimentaria en las grandes ciudades. Un análisis de la FAO muestra que los pobres urbanos destinan el 80% de sus ingresos a garantizar su alimentación, mientras que los residentes en zonas rurales únicamente invierten el 40%.

Otro objetivo de las ciudades implicadas en el proyecto es reducir los desperdicios alimentarios. Según datos de la FAO, una tercera parte de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o se tira, lo que equivale a cerca de 1.300 millones de toneladas al año. La comida se desperdicia a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la producción agrícola hasta el consumo en los hogares, lo que representa un gasto inútil de recursos (trabajo, agua y energía) que incrementa las emisiones de gases causantes del cambio del efecto invernadero.

Las ciudades signatarias del Pacto de Milán se comprometen a apoyar a los pequeños productores agrícolas y ganaderos de cercanía con el propósito de cohesionar el territorio y facilitar la transición entre los entornos rural y urbano. También se muestran dispuestas a mejorar el abastecimiento de alimentos en todos sus ámbitos: desde la logística y los circuitos de distribución hasta los mercados de barrio y los comedores escolares. Las ciudades españolas pueden aportar en este terreno su experiencia con la red de Mercas, los mercados mayoristas de alimentación de propiedad pública, que no existen en la mayoría de los países. Los Mercas manejan una gran cantidad de información que ayuda a hacer más transparente el funcionamiento de la cadena alimentaria a partir de la oferta, explica Fernando Fernández. El 70% de los alimentos que se consumen en Madrid, por ejemplo, pasan por Mercamadrid.

Unificar competencias

Lo primero que hacen las ciudades que se suman al Pacto de Milán es un diagnóstico de sus necesidades y sus políticas alimentarias. A partir de ahí, definen las actuaciones en las que eligen incidir para cumplir las directrices del acuerdo. Muchos ayuntamientos implicados, que solían tener las competencias de alimentación repartidas entre varios departamentos (sanidad, mercados, economía, educación...), han comenzado a unificarlas para trabajar de manera más eficiente. 

Una vez lanzado el proyecto, el esfuerzo ahora se centra en consolidarlo. Para ello debe servir la reunión de Valencia, que tendrá lugar entre el 19 y el 21 de octubre. Las ciudades firmantes del Pacto de Milán intercambiarán información sobre los progresos en la aplicación de políticas alimentarias en sus respectivos territorios. A ellas se unirán representantes de las urbes que se sumarán al Pacto durante el evento.

“Queremos que el encuentro de Valencia muestre al mundo la enorme capacidad de decisión de los alcaldes y alcaldesas”, se afirma en el Ayuntamiento valenciano. “Las ciudades del Pacto de Milán y las que se incorporen están creando territorios más justos, coherentes y mejor alimentados, y en el encuentro de Valencia deberán conseguir que este avance trascendente en la Administración local genere entornos habitables y de responsabilidad global para las generaciones futuras”.

Durante las jornadas se hará un llamamiento a la Asamblea General de la ONU para que se reconozca como derecho universal el acceso a la alimentación sostenible y saludable al mismo nivel que el del acceso al agua, la salud y la educación. 

[Este artículo ha sido publicado en el número de verano de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Madrid parece haberse puesto las pilas en lo que se refiere a la economía social y solidaria. Históricamente a remolque de comunidades como Andalucía, Catalunya y País Vasco, la capital vive un momento de auge en la capital gracias a la creación de nuevas empresas y al apoyo político, logístico y financiero del Ayuntamiento que preside Manuela Carmena.

Fernando Sabín, miembro de la Red de Redes de Economía Solidaria (REAS), confirma que la economía social madrileña ha emprendido un proceso de crecimiento tras sobrevivir a varias décadas difíciles, pero subraya que es aún “incipiente” y que por ello no conviene lanzar las campanas al vuelo. “Estamos empezando a sacar la cabeza”, afirma. El movimiento 15M, del que ahora se cumplen seis años, ha sido clave en el impulso a la economía solidaria en Madrid, según Sabín, por “el cuestionamiento del modelo económico dominante que entonces comenzó a hacer un sector de la población y la consiguiente búsqueda de otras formas de hacer economía”.

En todo el proceso está desempeñando un papel fundamental el Ayuntamiento, que ha puesto en marcha en los últimos meses una batería de medidas para fomentar la creación de empresas y de puestos de trabajo en el sector. El Consistorio dio a luz en julio pasado al Consejo de la Economía Social y Solidaria, en el que están representados el Ministerio de Economía, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, las universidades Complutense y Carlos III, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, REAS, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y representantes de sociedades laborales y cooperativas.

Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda, explica que la promoción de la economía social y solidaria es “uno de los ejes políticos” del Gobierno local porque “pone a las personas por delante del beneficio económico consustancial al sistema capitalista”. Según Sánchez Mato, las iniciativas de economía solidaria crean un empleo de mayor calidad que otro tipo de empresas, como lo demuestra el hecho de que el 75% de sus trabajadores tienen contratos indefinidos. “Cuando vienen mal dadas, la economía solidaria funciona como colchón”, apunta el concejal. “No responde igual una cooperativa a una situación de tensión contable que una sociedad anónima o una sociedad limitada”.

El tejido empresarial de la economía social y solidaria de Madrid está integrado en su mayor parte por microempresas de menos de cinco trabajadores. “Hablamos de un sector incipiente y centrado en el sector servicios que no puede compararse con la fuerza industrial que tiene en Euskadi y Catalunya o con la tradición del cooperativismo agrícola en algunas zonas rurales”, señala Fernando Sabín. El Ayuntamiento y los representantes del sector calculan que su peso en el PIB y el empleo de la ciudad oscila entre el 1% y el 2%. En toda la Comunidad de Madrid existen 1.112 sociedades laborales y 795 cooperativas.

Una pieza fundamental del apoyo institucional a la economía social es el acuerdo firmado por el Ayuntamiento y REAS en octubre pasado. Entre otras acciones, el pacto preveía la organización conjunta del primer Congreso Madrileño de Economía Social y Solidaria, celebrado en marzo con una nutrida participación, y de la IV Feria de Economía Solidaria, prevista para después del verano.

En los barrios

Dos proyectos piloto han acercado la iniciativa municipal a los ciudadanos. Son las oficinas abiertas en los distritos de Centro y Villaverde, donde se proporciona información a las personas interesadas y se imparten talleres de formación. En ambos barrios se han celebrado este año ferias para promocionar la economía solidaria y animar a los vecinos al consumo responsable.

Ambas oficinas forman parte de una iniciativa más ambiciosa, bautizada como MARES, entre cuyos objetivos figura la creación de 1.000 empleos y fomentar el desarrollo sostenible en cuatro distritos durante los próximos tres años. Cada distrito estará especializado en un sector: Vallecas en movilidad, Villaverde en alimentación, Vicálvaro en reciclaje y Centro en energía. Los cuidados serán el eje transversal de esos cuatro sectores.

MARES es una de las 18 propuestas seleccionadas entre más de 300 que se presentaron a la convocatoria Urban Innovative Actions de la Comisión Europea, que financia el plan con 4,8 millones de euros. El Ayuntamiento ha sumado a la iniciativa ocho socios ligados a la economía social y solidaria: Acción contra el Hambre, la Agencia para el Empleo, Dinamia, Ecooo, Estudio Sic, Tangente, Todo por la Praxis y Vivero de Iniciativas Ciudadanas.

Todas estas iniciativas forman parte del Plan Estratégico de la Economía Social y Solidaria que el Ayuntamiento está ultimando con la colaboración de otras administraciones públicas, empresas privadas, y las principales entidades del sector.

Por primera vez en su historia, el Gobierno local ha decidido subvencionar a entidades de economía solidaria. Con el objetivo de facilitar la capitalización de las empresas y mejorar su liquidez, se han presupuestado 1,5 millones de euros para los ejercicios 2016, 2017 y 2018. El Consistorio subvenciona las aportaciones al capital social de cooperativas y sociedades laborales efectuadas por socios con capital propio o mediante préstamos. Las ayudas cubren hasta el 50% de la aportación o ampliación de capital solicitada, con un máximo de 4.000 euros por socio y 70.000 por entidad.

Carrera de fondo

En esa misma línea, un convenio firmado por el Ayuntamiento con cinco entidades financieras (Coop57, Elkargi, Fiare Banca Etica, Laboral Kutxa y Triodos Bank) facilitará el acceso a financiación de la economía social de la ciudad. Las condiciones de los préstamos son muy ventajosas: el importe mínimo a conceder es de 3.000 euros, el período de amortización oscila entre tres y seis años, con un interés de euríbor + 3,5% sin carencia.

Aunque con menos entusiasmo que el Ayuntamiento, el Gobierno de la Comunidad de Madrid también ha puesto su grano de arena en la promoción de la economía social y solidaria. Además de subvencionar varios proyectos desde hace varios años y de haber desbloqueado fondos destinados a empresas cooperativas, el Ejecutivo presidido por Cristina Cifuentes (PP) ha abierto un diálogo sobre dos cuestiones clave para el sector: la reforma de la ley de cooperativas y la incorporación de cláusulas sociales a la contratación pública.

Fernando Sabín afirma que el sector da la bienvenida a todo el apoyo institucional, pero puntualiza que no es la parte más importante y que estamos ante una carrera de larga distancia. “La economía social no crece de un día para otro o a base de decretos”, sostiene el miembro de REAS. “Hay que regarlo y ayudarle a crecer poco a poco”.

[Este artículo ha sido publicado publicada en el número de mayo de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La España rural no deja de perder habitantes, y las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE) al respecto no son precisamente optimistas. Ante las señales de alarma, distintas instituciones públicas y privadas han decidido tomar cartas en el asunto y poner su grano de arena para invertir –o al menos frenar– la tendencia. 

Una de ellas es la Fundación Savia por el Compromiso y los Valores, presidida por Francisco Casero, figura clave del agro andaluz como líder del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y posteriormente como miembro de Ecologistas en Acción y presidente del Comité de Agricultura Ecológica de Andalucía. El objetivo de Savia es diáfano: fomentar el desarrollo social, económico, paisajístico y cultural del entorno rural en España.  

“Queremos que la gente siga viviendo en el campo”, explica el secretario del patronato de la fundación, Antonio Aguilera, en conversación con Alternativas Económicas. “Estamos convencidos de que el mundo rural tiene que hacerse valer creando riqueza y empleo”. 

Savia tiene varias líneas de actuación para impulsar sus objetivos, entre ellas la elaboración de estudios de viabilidad económica, la organización de debates sobre el futuro del medio rural y la interlocución ante las administraciones en defensa de la agricultura sostenible y de proximidad, la ganadería extensiva y la protección de espacios en peligro, como la dehesa. Porque otra de las señas de identidad de Savia es su compromiso con la defensa del medio ambiente y la producción ecológica. En sus dos años de vida, la fundación ha hecho aportaciones a la Ley de Cambio Climático de Andalucía y ha presentado propuestas sobre el Plan Andaluz de la Producción Ecológica, el modelo energético de las zonas rurales y la producción de la almendra en España.

La fundación también promueve proyectos de I+D y formación profesional, así como el nacimiento de empresas capaces de crear los puestos de trabajo necesarios para mitigar el despoblamiento de las zonas rurales. Para los responsables de Savia es clave que los hombres y mujeres de los pueblos conserven sus señas de identidad y su autoestima, y que los jóvenes se hagan cargo del relevo generacional necesario para salvar el entorno.

El patronato de la fundación tiene 41 miembros, entre los que figuran personas comprometidas con el mundo rural y empresas radicadas en ese entorno. El ámbito de actuación de la entidad, que tiene su sede en Sevilla, es el triángulo formado por Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, donde ha ido tejiendo su red de colaboradores.

Más allá de su defensa del campo, en Savia también se aboga por el reforzamiento de la sociedad civil. En el manifiesto Pacto andaluz por la calidad institucional, la fundación denuncia que, a pesar de que el fomento de la actividad empresarial debe ser una prioridad para las administraciones, los andaluces emprendedores “ven ahogados sus proyectos y sus ilusiones en un mar de trámites y burocracia”.   

Andalucía y España, sostiene el manifiesto, tienen que apostar de verdad por la iniciativa privada para fortalecer el tejido productivo. “Necesitamos más y mejores empresas, más y mejor sociedad porque en esa tarea, todos tenemos responsabilidad. Es necesaria la movilización de la sociedad civil, la recuperación de principios y valores relacionados con el respeto y la honestidad. No podemos seguir siendo una sociedad que no rechace un fraude fiscal que nos perjudica hoy y que daña el futuro de las próximas generaciones”.

[Este artículo ha sido publicado en el número de abril de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Raquel Rodríguez Alonso convoca a Alternativas Económicas en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, en el corazón de la Ciudad Universitaria, donde imparte clases de urbanística y ordenación del territorio. La conversación tiene lugar un viernes por la tarde tras una dura semana de trabajo, circunstancia que no le impide hablar con pasión de los problemas de la vivienda en España, en especial de las dificultades de la población con menos recursos para acceder a un alquiler digno, la falta de respuestas a la crisis de los desahucios y la venta de pisos sociales a fondos buitre en la Comunidad de Madrid. También advierte de que el auge de los apartamentos turísticos no sólo presiona al alza los precios, sino que expulsa del centro de las ciudades a sus habitantes más vulnerables.

Nacida el primer día del año 1973 en Madrid, Rodríguez ha trabajado como directora de proyectos urbanísticos en una empresa privada de ingeniería y también ha ejercido la profesión por cuenta propia. Actualmente combina la labor docente e investigadora con la labor de asesora técnica de la concejalía del distrito de Moncloa-Aravaca. Es miembro del Instituto para la Democracia y el Municipalismo (IDM), foro de reflexión surgido del 15-M, y colabora con el Observatori DESC, una plataforma defensora de los derechos ciudadanos con sede en Barcelona.

¿La crisis ha cambiado el modelo inmobiliario español? ¿Hemos aprendido de los errores cometidos durante la burbuja de principios de siglo?

Ha habido un cambio radical. El sistema inmobiliario estaba centrado casi exclusivamente en el desarrollo de la ciudad, siguiendo el modelo instaurado a partir de la primera ley del Suelo, aprobada en 1956. Entonces cundió la idea de que había que transformar el país y se fomentó una emigración masiva del campo a las ciudades. En la última burbuja inmobiliaria se siguió dando prioridad al crecimiento de la ciudad y se abandonó el tejido existente, donde vive la gente. Durante el boom inmobiliario los planes generales apostaron por el crecimiento, no por las necesidades que había en la ciudad. ¿Por qué? Por interés, por costumbre y por rentabilizar las operaciones aprovechando los altos precios de la vivienda.  

¿Cuándo comenzó a cambiar la situación?

El punto de inflexión llegó cuando el sistema inmobiliario cambió el foco de atención, que ahora mismo está en el tejido habitado, y ahí tenemos muchos problemas. Cuando llega la crisis, el modelo de desarrollismo se pone en tela de juicio por pura necesidad. Todo el crecimiento centrado en la promoción residencial, ya fuera pública, semipública o privada, para la venta empieza a entrar en crisis, y el caso más claro son los desahucios. Luego se cambia el terreno donde se juega la partida y entramos en el tejido habitado. Una reivindicación histórica como era la rehabilitación se pone encima de la mesa de repente, incluso desde legislaciones redactadas por el Partido Popular, nada sospechoso de querer reorientar el modelo. Desde el Gobierno se ha producido un cambio de perspectiva con el objetivo de levantar el mercado inmobiliario.

El Plan Estatal de Vivienda tiene precisamente como fin prioritario reactivar el sector inmobiliario mediante el fomento del alquiler y la rehabilitación de edificios... ¿Está funcionando?

Estamos en una fase de tránsito. El sistema inmobiliario fue herido de muerte, y yo creo que sigue herido de muerte. De hecho, los actores que hay dentro del sistema no son los mismos. Ese capote que se está echando desde el Plan de Vivienda y desde la legislación al sector inmobiliario está en proceso de prueba. 

¿Quiénes son esos nuevos actores? 

Hay cosas que aún no soy capaz de entender, como el interés que tiene un fondo buitre en comprar a la Administración viviendas de protección habitadas en el extrarradio de Madrid. Esos actores eran hasta ahora desconocidos aquí. Lo que les interesa no es la utilización de ese producto físico, sino la rentabilidad. Todo el sistema inmobiliario se basaba antes en la necesidad de la clase media de tener una vivienda. Así se pensaba en la época franquista y así se reprodujo en los años posteriores hasta hoy, incluido el período de burbuja inmobiliaria. Cuando el sistema entra en crisis, esa justificación desaparece. Ahora mismo la población que es capaz de acceder a la propiedad es muy escasa; por eso está subiendo tan rápidamente el alquiler.

Usted ha escrito que el Plan de Vivienda está redactado para favorecer al entramado económico y que la mayoría de los programas y políticas previstos en él se diseñaron para beneficiar a la clase media, dejando abandonada a su suerte a la población con menos recursos... ¿Sigue pensando así?

Sí, con algún matiz. El plan tiene un doble objetivo: intentar abastecer a la población de sus necesidades y al mismo tiempo tirar del principal sector económico de este país. Este doble objetivo no se ha cumplido, se ha ido mucho más hacia un lado que hacia otro, y eso ha derivado en la concentración de las políticas en la clase media. Yo no tengo nada contra la clase media —de hecho, yo soy parte de ella—, y me parece bien que la política de vivienda sea como la educación y la sanidad y tenga una aplicación universal. Lo que ha ocurrido es que se ha dejado fuera a todo aquel ciudadano que no cumple los requisitos para que al sector inmobiliario le sea rentable invertir. ¿Qué implica eso? Que hay parte de la población que siempre se queda fuera, sobre todo en un sistema que apuesta principalmente por la propiedad.

En España se ha fomentado históricamente la propiedad en detrimento del alquiler. ¿Qué se puede hacer para equilibrar la situación y acercarnos a países como Alemania, Francia o Reino Unido?

Ojalá tuviera la solución. Ahora mismo el sistema se está autorregulando. El problema está en que el acceso a la propiedad ha quedado reducido a un sector privilegiado de la población. Hay un porcentaje muy alto que va a acceder a una vivienda mediante el alquiler. Imagínese los nuevos hogares que se crean entre la gente más joven. Con la precariedad laboral que hay, si es que tienen un trabajo, el sueño de tener una vivienda se ha acabado. 

¿Cómo pueden acceder entonces a una vivienda los más jóvenes?

Si quieren un piso en propiedad, o tienen un colchón familiar importante que asuma parte del riesgo, o tienen mucha suerte en la vida, o lo van a tener muy difícil. Además, son las entidades de crédito las que dicen sí o no. En un panorama como este sólo queda la opción del alquiler. Hay otras opciones interesantes, como las cooperativas de cesión de uso, pero son proyectos que tienen un encaje complicado por su escasa tradición dentro del marco jurídico y administrativo. En cualquier caso, serían más caras que el alquiler, pues requieren un aporte financiero del que no puede disponer todo el mundo. El problema es que con frecuencia el alquiler social ha estado dirigido a un sector muy específico de la población. Ahora mismo ese sector puede ser la población más vulnerable, pero ha habido momentos en la historia de la Comunidad Madrid, por ejemplo, en los que sólo podían acceder a él jóvenes que tuvieran opción a compra, que estuvieran empadronados en determinadas zonas y que tuvieran determinada renta. Volvemos al modelo de clase media en el que la propia política pública se aleja del principal objetivo: la gente que por sus propios medios no pueden acceder a una vivienda.

¿Están los ayuntamientos surgidos de las últimas elecciones municipales haciendo algo para paliar esa situación y fomentar el alquiler social?

Todo el mundo le está dando vueltas al asunto, unos con más intensidad y otros con menos. Barcelona ha apostado muy fuerte. Tiene un plan de vivienda en marcha muy completo, con un diagnóstico estupendo técnicamente. Tiene una apuesta de verdad para influir en el tema con herramientas locales, que son las que son. Madrid está bastante más retrasada y aún no tenemos un diagnóstico de la situación, pero sí es cierto que todo el mundo está intentando hacer alguna cosa.

¿Cómo se puede mejorar en este terreno?

Para construir vivienda social se necesitan dos cosas: dónde hacerla y una herramienta potente que te ayude. Si la apuesta real es por la promoción pública, hay que ver qué se tiene, y tenerlo ordenado. Se necesita suelo en propiedad, que la calificación del planeamiento así lo recoja y también se necesita un equipo de gente que lo haga. Se necesita lo de siempre: el soporte físico, el soporte humano y el soporte económico, y además de las ideas. Reconstruir la herencia tiene sus dificultades.

¿Qué modelo inmobiliario podríamos importar de otros países? 

Una de las cosas en las que habrá que entrar tarde o temprano es la vivienda vacía. En Europa hay bastantes países que llevan mucho tiempo intentando resolver el problema. Ahora mismo hay un gran stock de viviendas en manos de los bancos que hemos rescatado y en manos de sociedades a las que hemos liberado de impuestos, como las SOCIMI, y es una buena oportunidad para tomar medidas como las adoptadas en otros países para facilitar el acceso a casas vacías de gente que las necesita. Pero tenemos un problema: todas las comunidades autónomas que han entrado en la discusión de si la vivienda es un bien como cualquier otro o si tiene una función social que hay que respetar han acabado con recursos en el Tribunal Constitucional presentados por el Gobierno del PP, como en Andalucía, Catalunya, el País Vasco y Navarra. La función social no sería una cosa tan complicada de regular. Está recogida desde la ley de 1956 para el conjunto de los suelos.

España tiene aún 350.000 viviendas nuevas vacías, y hay supuestos expertos que dicen que es necesario aumentar el ritmo de construcción en determinadas ciudades porque empieza a haber demanda sin satisfacer. ¿Cómo interpreta esta opinión?

Recuerdo que recién estallada la burbuja, en 2007, 2008 y 2009, salía gente del sector diciendo el número exacto de viviendas que había que construir al año. Insisto siempre en la importancia de tener un análisis de lo que hay, de lo que no hemos colocado, de lo que tenemos a medias y de lo que necesitamos. No es cuestión de número, sino de cualificación de ese número. No basta con decir “necesito 30.000 viviendas”; hay que saber qué porcentaje de esas 30.000 viviendas tiene que ser en alquiler, a qué precio y para qué población. Lo que hay que tener es los números bien claros: no sólo cuántas viviendas, sino cuáles, dónde y para quién.

¿Cómo cree que lo está haciendo la Sareb, la sociedad creada para liquidar los activos inmobiliarios más tóxicos en manos de los bancos y las cajas de ahorros?

Es tan sumamente opaca... Una de las cosas que me encantaría saber es cuánta promoción tenía y dónde estaba. No hay manera de reconstruir esos datos. Una gestión tan opaca habla por sí sola. Es muy significativo que las negociaciones de los ayuntamientos del cambio con la Sareb hayan salido todas mal. 

Los precios de la vivienda han bajado sustancialmente en algunas zonas, pero en otras se empiezan a advertir subidas y los grandes fondos de inversión están muy activos...

Lo interesante ahí es observar la evolución de la venta y del alquiler. De lo que te das cuenta es que desde 2013, coincidiendo con la reforma de la ley de Arrendamientos Urbanos, el alquiler ha comenzado a subir. El precio de la venta sólo se recupera en determinadas zonas. 

Y mientras tanto, continúa habiendo desahucios...

Es tremendo, porque llevamos diez años con esta historia y no hemos sido capaces de darle una solución viable; es un drama. Estamos permitiendo que entren los fondos buitre, que el sistema inmobiliario se recupere, dándoles alternativa, y mientras tanto la gente se queda en la calle. No tenemos herramientas ni tenemos pensamientos, que es lo peor; es tremendo. Muchas veces incluso nos escaqueamos, porque es un asunto tan complejo... Había que haberse plantado hace tiempo; es brutal.

La veo muy pesimista...

Bastante, la verdad. Las iniciativas autonómicas han ido todas al Tribunal Constitucional, y al pensar en algunas de las iniciativas que están en marcha parece que nos hemos caído de un guindo. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha hecho un trabajo fantástico sin ayuda de las instituciones, es la institución que conoce el devenir de la población que se queda sin casa. Tenemos datos de desahucios, pero no sabemos qué pasa después con toda esta gente. Y todas estas medidas absurdas de paralizaciones cautelares con tantas condiciones son vergonzosas. ¿Por qué un niño menor de tres años no puede ser desahuciado y uno con tres años y dos meses sí? ¿Qué nos pasa por la cabeza? Esta no es una cuestión de derechas o izquierdas; es una cuestión de asumir que hemos montado entre todos un modelo que no funciona y habrá que darle solución. Es increíble que no hayamos afrontado esto como una cuestión fundamental.

¿Cuáles son los grandes cambios que necesita la política de vivienda en España?

Primero, que se ajuste para responder única y exclusivamente a las necesidades de la población. Segundo, gestionar el patrimonio existente y tomarnos en serio la vivienda vacía. Allí donde no haga falta, si hay que demoler se demuele. Y tercero, planificación a futuro, y planificación coordinada con todo lo demás.

¿Qué opina de los llamados procesos de “gentrificación” en cascos históricos de las ciudades?

Algunas ciudades, como Madrid, están ya más que “gentrificadas”. La gentrificación del centro de Madrid se dio en los ochenta y los noventa, y si no que alguien se acuerde de cómo era el entorno de la plaza del Dos de Mayo o de la plaza de Chueca, sitios que ahora mismo son estupendos, donde vive gente con la renta adecuada y los turistas van a pasear. Muchos de los antiguos habitantes que han permanecido en esas zonas están ocupando los lugares más terribles. En el casco histórico, edificios con fachadas magníficas esconden en el interior infraviviendas hacinadas y sin ventilación. 

¿Qué le parece el auge de los alquileres turísticos?

Me parece muy peligroso, porque está expulsando a mucha gente del centro de las ciudades. Habría que atajarlo en un sentido amplio. No creo que esto consista en regular Airbnb cuanto antes, sino en plantearse cuál es el fenómeno, de dónde viene, a quién beneficia, si hay grandes inversores comprando edificios de viviendas, qué efecto tiene en la población... Hay que analizar toda la complejidad del fenómeno, que además está tirando hacia arriba los precios del alquiler.

En algunas ciudades se nota un contraste entre la rehabilitación de los centros históricos y cierto abandono de los barrios periféricos...

No deberíamos olvidar nunca que la ciudad funciona como un conjunto. Si sólo pensamos en el centro estamos abandonando la periferia. No son mundos separados, son mundos interrelacionados. Si los alejamos, corremos el riesgo de ahondar en los desequilibrios.  

¿Qué debería cambiar en el modelo turístico español, tan agresivo con el territorio?

El vínculo entre el modelo turístico y el modelo inmobiliario se selló con el Plan de Estabilización, en 1959. Tuvo mucha importancia la idea optimista de que el ser humano era capaz de dominar cualquier cosa hecha por la naturaleza, como una playa. También tuvo mucho que ver el abandono del campo y la construcción de rascacielos como símbolo de prosperidad. Igual que necesitamos rehabilitar el parque de viviendas, hay que rehabilitar el parque hotelero. No sólo los edificios, sino el sistema urbano que hicimos en contra de la naturaleza.

¿Tienen remedio los destrozos hechos en la costa por el urbanismo salvaje?

Todo tiene remedio. Si sabemos destrozar, hemos de aprender a regenerar. Lo que no tiene sentido es derogar una ley de Costas estupenda como la de 1988, que ponía fecha de caducidad las construcciones que estuvieran en dominio público. El PP cedió a las presiones de la plataforma de afectados y la modificó. Si no somos capaces de aplicar una buena legislación, no hay manera.  

[Esta entrevista ha sido publicada en el número de febrero de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Una de las primeras consecuencias del referéndum del Brexit ha sido el desplome de la libra esterlina, que se ha depreciado un 20% frente al euro desde principios de año. La cotización de la divisa británica marcaba también esta semana su cota más baja frente al dólar desde 1985, con Margaret Thatcher de primera ministra.

Los efectos inmediatos de una depreciación de tal calibre son los mismos que los de una devaluación monetaria: un aumento de los ingresos por exportaciones –consecuencia de la mayor competitividad de los productos ‘made in Britain’– y un encarecimiento de las importaciones. Lo primero suele insuflar oxígeno a la economía, al menos a corto plazo, mientras que lo segundo trae consigo un serio riesgo de inflación. De seguir la caída a plomo de la libra, subirán los precios de los alimentos, los transportes y la hostelería, entre otras partidas.

La pérdida de valor de la divisa británica es un arma de doble filo que beneficia y perjudica a ciudadanos y empresas de ambos lados del canal de la Mancha. Entre los peor parads, están los consumidores, las pequeñas empresas, los inmigrantes, las multinacionales extranjeras con grandes inversiones en el Reino Unido y los destinos turísticos del sur de Europa, sobre todo la costa mediterránea española.

¿Quiénes ganan? Por lo pronto, la Bolsa de Londres vive un ambiente de euforia. El índice FTSE100 ha alcanzado su máximo histórico este mes y acumula una revalorización del 14% en lo que va de año. Es una muestra de que los mercados y la economía real no siempre caminan de la mano.

Las grandes empresas exportadoras del Reino Unido están de enhorabuena porque una libra débil engorda lo que facturan en euros, dólares o yenes. Y es que las grandes compañías que cotizan en el mercado de valores londinense obtienen casi el 75% de sus ingresos fuera de territorio británico. Entre las más beneficiadas en este terreno figuran, por ejemplo, la marca de ropa Burberry o el banco HSBC, que hacen la mayor parte de sus negocios fuera de las islas. Otros bancos, como Lloyds y Royal Bank of Scotland, con más actividad en el mercado doméstico, han corrido la suerte contraria y han visto caer el precio de sus acciones. Lo mismo le ha ocurrido a Easyjet, que vuela a decenas de destinos europeos y paga derechos de aterrizaje en euros.

Otro efecto positivo de la depreciación de la libra en la economía británica es que ha aumentado el atractivo del país como destino turístico. Para los extranjeros, es ahora más bastante más barato ir de compras o visitar los museos de Londres que hace tan sólo unos meses. No es de extrañar que el país registrara en julio pasado su récord mensual de turistas, con 3,8 millones de entradas.

El encarecimiento las importaciones va a perjudicar principalmente a las pequeñas empresas británicas –menos preparadas que las grandes para absorber una subida de los precios– y a los consumidores con menor poder adquisitivo. Para el británico de a pie será más caro repostar en la gasolinera, viajar en autobús o comprar un teléfono móvil. También tendrá que pagar más por el vino, la fruta o el aceite de oliva. Es ahí donde las compañías españolas pueden salir gravemente perjudicadas. Según cifras del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), el Reino Unido es el cuarto destino de las exportaciones españolas, sólo por detrás de Francia, Alemania e Italia.

A los británicos también les va a resultar bastante más caro broncearse al sol en las playas del sur de Europa y otros destinos turísticos. Como escribía esta semana Aditya Chakrabortty, columnista de The Guardian, “la clase media británica va a tener que cambiar las maravillas de la Alhambra por una semana en (la isla galesa de) Aglesey”.

No es una buena noticia para el sector turístico español –el que mejor ha aguantado la crisis–, que tiene a los británicos como principales clientes. Al turista de Birmingham o Glasgow un plato de paella en la costa valenciana o un fin de semana en la costa del Sol les cuesta hoy un 20% más que en enero. El golpe puede ser duro, teniendo en cuenta que en los primeros seis meses del año los británicos se gastaron en España 6.627 millones de euros (un 14,5% más que en el mismo semestre de 2015) y que uno de cada cinco euros que los turistas se dejan aquí procede del Reino Unido. Sufrirán también los británicos con propiedades en España que hayan contratado una hipoteca en euros, así como los pensionistas residentes en nuestro país.

Con la caída de la moneda salen perdiendo los inmigrantes que trabajan en Reino Unido, que verán menguar sus ingresos y sus ahorros cuando los cambien a sus respectivas divisas. Para españoles, portugueses, polacos o griegos, será a partir de ahora más rentable irse a Alemania, por ejemplo, a menos que las empresas británicas suban los salarios para no perder mano de obra. Puede que no tengan otro remedio.

Las que ya están notando los daños del Brexit son las empresas españolas con inversiones en Reino Unido, entre ellas Santander, Ferrovial, Iberdrola y Telefónica, cuyos ingresos menguan automáticamente al repatriarlos a España convertidos en euros. España es el tercer inversor europeo en Reino Unido, sólo superado por Francia y Alemania, con una inversión directa acumulada que ronda los 60.000 millones de euros.

Una de las grandes preocupaciones de los economistas es precisamente que una eventual salida del Reino Unido del mercado único europeo –la más dolorosa consecuencia del Brexit si se hace realidad la versión dura esbozada por la primera ministra, Theresa May, y por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk– provoque una fuga de capitales hacia países más seguros. Una eventual huida de los inversores –especialmente de la City de Londres– tendría un efecto económico devastador que ninguna depreciación de la moneda podría compensar.

“Tenemos la cabeza llena de pájaros, pero también los pies en la tierra”, afirma Asunción Ruiz, directora ejecutiva de la Sociedad Ornitológica de España (SEO), que presume de ser la organización ambientalista más antigua de España. Desde 1992 está afiliada a Birdlife, una asociación internacional defensora de los pájaros con presencia en 120 países.

SEO/Birdlife es poco conocida para el gran público a pesar de su magnitud: 90 empleados, 8 oficinas territoriales, 40 centros locales y 8.500 voluntarios. Sólo en 2015 participaron en sus actividades divulgativas o de entretenimiento 150.000 personas, entre ellas 70.000 escolares. “Una de nuestras señas de identidad es que no somos ecologistas de moqueta; somos de campo”, afirma Ruiz, que conversó con Alternativas Económicas a comienzos de verano en la sede de la organización, ubicada en un caserón rehabilitado del distrito madrileño de Puente de Vallecas.

¿Por qué las aves son tan importantes para la biodiversidad? ¿Qué más da un pájaro más que un pájaro menos?

Las aves son el grupo faunístico más estudiado del mundo. La afición al avistamiento de aves surgió hace muchas décadas, y eso hace que tengamos mucha información sobre ellas. El hecho de ser un grupo fácilmente identificable y observable en su comportamiento hace que los cambios en las poblaciones de aves sean de mucha utilidad a la hora de interpretar qué está ocurriendo en el entorno. Por eso siempre decimos que las aves son un perfecto indicador del estado de salud de los ecosistemas. 

¿Qué nos enseñan exactamente?

Por ejemplo, cuando hay falta de calidad de agua, ciertas especies empiezan a desaparecer de esos ecosistemas. Conocemos la importancia que tienen bichos con tan mala prensa como los buitres: que haya animales carroñeros es fundamental, porque al final lo que te vienen a indicar es cómo funciona la naturaleza y qué tenemos que copiar de ella. Ahora que Bruselas alza la bandera de la economía circular, de residuo cero, conviene recordar que precisamente una de las funciones que tienen las aves carroñeras es eliminar los cadáveres del campo. Las aves nos enseñan cómo debemos funcionar sabiendo que el planeta tiene límites y que lo estamos devorando. Y que el medio ambiente es rentable no sólo desde el punto de vista de la ecología, sino que es la mejor opción desde el punto de vista social y económico, la única que significa progreso a largo plazo.

¿Cuáles son las principales amenazas para las aves silvestres que viven o pasan temporadas en España?

Hay muchísimas amenazas, pero las especies que están sufriendo un mayor declive son las ligadas al medio agrario. Es muy importante que prestemos atención a lo que está sucediendo: a las aves les está yendo mal justamente donde se producen los alimentos que comemos los demás. Esto nos lleva a pensar que allí donde hay que hacer esfuerzos de conservación es necesario producir alimentos de otra manera. Hay especies que se nos están marchando, como el sisón. Las cosas están yendo mal también en la ciudad, donde hay muy mala calidad de vida. El gorrión común, una de las aves más ligadas al ser humano, están desapareciendo de las ciudades y de los entornos agrarios. Todo lo que es bueno para el gorrión es bueno para nosotros, y todo lo que no le va bien al gorrión nos viene fatal a nosotros. A algunas especies emblemáticas que estaban amenazadas, como el águila imperial y el lince ibérico, les está empezando a ir bien. Han tenido atenciones muy concretas y se han hecho esfuerzos de conservación importantes que hacen que vayan hacia arriba. Ahora los problemas de conservación están en las especies comunes, que son cada vez menos comunes. 

¿Qué puede hacerse para crear entornos más saludables en el campo y en la ciudad?

Devolver gente al campo y devolver naturaleza a las ciudades. Los problemas ambientales son muy horizontales. En el campo hay un uso excesivo de fertilizantes, de pesticidas, de riesgos masivos… La Política Agraria Común (PAC) ha sido una frivolidad que ha pervertido el sistema. Es una cuestión de echar cuentas: los propios agricultores pequeños y medianos son cada vez más conscientes de que otra manera de producir es no solamente más responsable, sino más rentable.

Entre los objetivos del programa estratégico de SEO/Birdlife está “fomentar una nueva economía y un modelo de producción y consumo responsable”. ¿Cómo lo están haciendo?

No conseguiremos que el modelo cambie mientras no tengamos un compromiso de consumo consciente por parte de los ciudadanos. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo: estamos atendiendo al medio que está más perturbado en este momento, que es el agrario, y lo estamos haciendo hasta sus últimas consecuencias y de una manera muy difícil. Llevamos quince años cultivando arroz ecológico en el Delta del Ebro, estamos haciendo pasta de trigo duro en las estepas de Belchite y Los Monegros y estamos comercializando legumbres de las zonas de la red Natura 2000. Intentamos demostrar que se puede hacer otro tipo de producción que sea responsable, e incluso comercializamos para cambiar la conciencia del consumidor. Todo esto debe formar parte de la revolución de nuestro modelo económico.

Los consumidores debemos darnos cuenta de que tenemos que pagar el precio real de lo que estamos consumiendo. Con mucha frecuencia, cuando se consumen determinadas marcas, el consumidor mira que sea lo más barato, pero lo más barato muchas veces está robando al agricultor o al ganadero. Afortunadamente, las últimas encuestas del Eurobarómetro reconocen que los problemas medioambientales y la tendencia hacia un consumo responsable están aumentando. Ya empezamos a ser ciudadanos concienciados; ahora nos falta ser consumidores conscientes. 

También hablan de presionar para fomentar la fiscalidad verde. ¿En qué consiste?

Llevamos años luchando en favor de la ecofiscalidad, y no es algo que sólo defendamos nosotros: lo dicen la OCDE, el Banco Mundial, la NASA, el Pentágono... La ecofiscalidad consiste en premiar a quien lo está haciendo bien, de manera sostenible, porque está apoyando al bien común. El medio ambiente se ha generado enemigos en la economía falsamente porque antes, cada vez que había que defender el medio ambiente, se ponía un impuesto ecológico. Eso no debe ser así. Lo que se debe hacer es quitar impuestos al que esté haciéndolo bien. Estamos hartos de los mensajes en negativo, de oír que cualquier cosa que tiene que ver con el ecologismo es decir no a todo y que ello significa ponerle freno al desarrollo económico, cuando es totalmente lo contrario. No habrá cambio de modelo, no habrá progreso, si no se tiene en cuenta la variable medioambiental. No es algo que digamos sólo nosotros. Hasta el Papa en su Laudato si defiende que para que haya justicia social —y ya no estoy hablando sólo de progreso económico— necesitamos justicia ambiental, y la fiscalidad verde es una manera de conseguirlo.

¿Qué lecciones nos deja la crisis desde el punto de vista medioambiental?

La crisis ha sido una señal de alarma que ha servido para darnos cuenta de que no podemos seguir así. Lamentablemente, no ha cambiado el sistema. El acuerdo de París, aunque es insuficiente, es un grito de alarma a la humanidad de que las cosas tienen que cambiar sí o sí. No nos queda otra. La crisis ha sacado a la luz toda la perversión del sistema. El mundo político sigue demasiado cautivo de los mercados. El medio ambiente ha pagado el pato de la crisis. Es triste. Mucha gente sigue entendiendo el medio ambiente como un lujo o un capricho de animales y plantas, y no es así. En España, a escala económica hay una falta de visión brutal de qué significa el medio ambiente. En estos momentos, si la economía española es competitiva es gracias a su biodiversidad. Somos el país más biodiverso de Europa, somos el país donde todavía queda algo de atractivo para que se haga turismo de calidad de naturaleza y, sin embargo, no nos estamos dando cuenta.

Es un sector que está poco desarrollado…

Ese no es el problema. El gran problema es que estamos llevando a un estrés muy importante a algunas de nuestras joyas naturales. Me sorprende pensar que Doñana pueda convertirse en un almacén estratégico de gas natural bajo su subsuelo, cuando es el tesoro y la joya del Mediterráneo, pero eso es lo que están pensando hacer nuestros políticos. ¿Es que no hay otro lugar en España donde almacenar gas? Pero sucede algo mucho más grave:  los efectos del cambio climático indican que España será el gran desierto de Europa. Las aves nos dicen que esto ya está pasando. En las últimas dos décadas han empezado a pasar largas temporadas en España especies puramente africanas, que ya se sienten como en casa. Ser el desierto de Europa significa que la agricultura, uno de nuestros grandes sectores económicos, puede ver mermada su producción en casi un 35%, y que el turismo puede dejar de ser interesante. Lo que está completamente fuera de cualquier lógica es que en el país del sol y del viento, en un país que era líder en energías renovables, hayamos retrocedido casi a los puestos de cola. La visión de nuestros políticos deja mucho que desear; no se está aprovechando la realidad para impulsar un progreso bien entendido.

¿Y la opinión pública? Parece que en España la preocupación por el medio ambiente no está aún muy extendida…

No conviene ser demasiado pesimistas, porque la conciencia medioambiental ha crecido. Pero sucede que vivimos en la sociedad del sofá, que como mucho se molesta en cambiar de canal con el mando a distancia. Ahí es donde las organizaciones ambientales debemos trabajar mucho, y es lo que estamos intentando en SEO/Birdlife: ponerle al ciudadano al alcance del ratón del ordenador la posibilidad de comprar productos ecológicos con el mínimo esfuerzo, que sepan que ellos mismos pueden ser actores protagonistas en la salvación del planeta. Los dos grandes retos ambientales a los que se enfrenta la humanidad, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, son demasiado grandes para dejarlos en manos exclusivamente de los gobiernos. Somos la primera generación plenamente consciente y con datos científicos incontestables de que no podemos seguir así, de que los límites del planeta son finitos. Y además somos la última generación que está a tiempo de evitar una catástrofe.  

¿Qué balance hacen de la red Natura 2000?

El campo necesita gente que siga manteniendo en buenas condiciones todos los servicios ambientales que la naturaleza nos regala cada año. Las últimas estimaciones europeas sobre servicios ecosistémicos indican que la red Natura 2000 proporciona a los ciudadanos europeos entre 200.000 y 300.000 euros al año.

¿De qué manera?

En agua limpia, aire limpio, reducción del riesgo de inundaciones… todos esos servicios que muchas veces desde la ciudad no se valoran los tenemos gracias a Natura 2000, que es la red de espacios protegidos más grande del planeta. Pero lo importante de esta red es que tiene una filosofía visionaria: no son santuarios de naturaleza donde no se puede hacer nada, como en los parques naturales, sino que son laboratorios donde demostrar que es posible que producción y conservación se den la mano, hacer las cosas de otra manera, y que además es económicamente rentable. La restauración de ecosistemas, mantener los servicios en el medio rural y la gestión adecuada de todos estos espacios serían una fuente de empleo enorme en este país. Es algo que está olvidado.

¿En qué consiste el proyecto de biodiversidad urbana que han lanzado recientemente desde su organización? 

Tenemos que naturalizar las ciudades, hacerlas más habitables, y eso lo podemos conseguir trabajando para que haya más zonas verdes. No sólo por el capricho de tener gorriones, sino porque tener ciudades más saludables es económicamente rentable. La gente que vive en las ciudades con naturaleza está más sana. Está demostrado, por ejemplo, que entre los niños que viven cerca de zonas verdes la probabilidad de que tengan déficit de atención se reduce casi en un 70%. Y los adultos que viven cerca de zonas verdes o que desde su ventana ven un árbol tienen muchísimos menos problemas de estrés, de insomnio… por no hablar de problemas respiratorios. Todo esto significa que se ahorraría muchísimo en los sistemas públicos de salud. Queremos crear una red de refugios de naturaleza en las ciudades, con zonas verdes en las que colocaremos cajas nido. Cada año mediremos cómo evoluciona la población de aves urbanas y la calidad de vida de los ciudadanos. 

O sea, que se trata de demostrar que si a las aves les va bien, a las personas les va bien…

Por supuesto, pero no somos los únicos que tenemos esa impresión. El seguimiento de las aves agrarias es un indicador oficial de Eurostat para medir la calidad de vida de los ciudadanos europeos. Ese indicador se estima a partir de las variaciones poblacionales de las aves en los medios agrarios, y eso lo hace SEO en España.

¿Cómo definiría a SEO/Birdlife? ¿Es una organización conservacionista? ¿Ecologista? ¿Científica?  

Somos la organización ecologista más antigua de España, aunque como marca no seamos la más conocida. SEO fue fundada en 1954 por unos locos científicos visionarios que ya entonces se dieron cuenta de que defender el medio ambiente iba a ser la clave. SEO es clarísimamente una organización ecologista, pero es una rara avis porque todas nuestras batallas ambientales combinan la conservación y la ciencia con el objetivo de cambiar conciencias. Esa ha sido nuestra bandera siempre. 

¿Por qué es menos conocida que otras organizaciones ecologistas?

Quizá porque hemos sido hormiguitas de la conservación. Somos más conocidos en la Administración a la hora de resolver problemas. Ahora estamos intentando dar un salto para compartir todo lo que hemos aprendido durante seis décadas. Tenemos una actividad científica enorme y somos la organización con más casos abiertos en los tribunales, unos 50 actualmente. En los últimos cinco años el porcentaje de sentencias que nos han dado la razón es del 90%. 

¿Qué hacen en materia de educación?

Me gusta explicar quiénes somos comparando SEO con el trípode que sujeta el telescopio. Una de las patas es la ciencia, otra es la conservación, y la tercera, y quizá la más importante, es la concienciación, algo que practicamos de todas las maneras que se nos ocurren: voluntariado, educación ambiental, disfrute de la naturaleza, cursos de formación... Estamos a punto de hacer realidad que haya una formación reglada de guías ornitológicos en el campo, y tenemos un club infantil, Aventureros, con más de mil socios. 

¿Qué le piden al nuevo Gobierno en SEO/Birdlife?

En la próxima legislatura no va a ser suficiente con un ministerio de medio ambiente, aunque sea independiente y fuerte. Debe crearse una vicepresidencia de sostenibilidad para dar coherencia a todas las políticas ambientales: energética, de transporte… y también económica para que se implemente la fiscalidad verde. No habrá cambio si no es verde. Y por supuesto, pedimos un cambio de 180 grados en política energética, que puede hacer que la economía española levante cabeza. 

¿Qué impacto tiene la corrupción política en el medio ambiente?

La máxima expresión de la corrupción es el expolio de nuestros recursos naturales, porque lo que hace es hipotecar el porvenir de las generaciones futuras en cuanto a calidad de vida y bienestar. Detrás de los escándalos de corrupción que tanto indignan a la población están los desarrollos turísticos descontrolados de la costa. Quién se lleva el dinero es lo de menos. Lo grave es el expolio de nuestros recursos. Y detrás de los papeles de Panamá hay infiernos ambientales. Detrás de esas economías sumergidas hay verdaderos desastres sociales y ambientales en terceros países a los que estamos robando sus recursos. 

[Esta entrevista ha sido publicada en el número de septiembre de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Todas las mañanas, de lunes a viernes, una furgoneta de la empresa La Exclusiva parte de la ciudad de Soria cargada de artículos de primera necesidad con rumbo a pueblos remotos de la provincia. Son lugares como Pinilla de Caradueña, Alcubilla de las Peñas o Tajueco, aldeas castellanas donde no hay supermercados ni tiendas en las que abastecerse. Casi todos sus habitantes son gente mayor que no tiene vehículo, por lo que la visita de la furgoneta de La Exclusiva es para ellos la única oportunidad de hacer la compra. Los clientes llevan a cabo sus pedidos con antelación vía Internet, por teléfono o depositando su lista en un buzón cercano a sus domicilios. La Exclusiva realiza la compra en un hipermercado de Soria y luego efectúa el reparto, cada día de la semana en una comarca diferente de la provincia. 

La Exclusiva es una de las empresas con sede en El Hueco, un espacio de coworking fundado por la organización no gubernamental Cives Mundi como semillero de proyectos  empresariales que ayuden a activar la economía de Soria, una provincia castigada no sólo por la crisis, como el resto del país,  sino también por  la despoblación de sus zonas rurales.

El director de Cives Mundi, Joaquín Alcalde Sánchez, explica que la ONG trabajaba exclusivamente en países en desarrollo hasta que estalló la crisis. Fue entonces cuando sus responsables se dieron cuenta de que no había que ir muy lejos para ayudar a la gente a salir adelante, y decidieron actuar localmente. Su filosofía  es  dotar a las personas de las herramientas necesarias para salir adelante con su propia iniciativa y esfuerzo sin importar su condición.

Un centenar de personas trabajan en las 16 empresas ubicadas en El Hueco, que cuenta con tres años de vida. Allí se edita, por ejemplo, la elegante revista ThinkSO, especializada en cubrir la actividad cultural de la zona. También tienen sus oficinas la cooperativa energética Megara y la agencia de comunicación Palabra de Araña.

Huertos de Soria se dedica a la distribución de productos cultivados en la provincia. Gestionada por Cives Mundi y una fundación de asistencia a discapacitados y enfermos psíquicos, la empresa da trabajo a personas con dificultades para entrar en el mercado laboral. En ella comenzaron trabajando enfermos mentales y más tarde se incorporaron jóvenes, desempleados de larga duración, mujeres maltratadas y otros colectivos. Otro de sus objetivos es fomentar la soberanía alimentaria y la dieta saludable con productos de proximidad:  fruta, verdura, carne… todo con origen en la zona. Huertos de Soria tiene una red de agricultores adheridos al proyecto, con lo que contribuye a reforzar la economía rural.

El Hueco ocupa una nave de 2.500 metros cuadrados ubicada en una transitada avenida cercana al centro de Soria. Cada empresa tiene su espacio propio en espacios de cuidado diseño. También hay lugares comunes, como salas de reuniones y conferencias, una acogedora cafetería-restaurante abierta al público y un gran patio cubierto para celebrar eventos. 

“Nunca emprendas solo” es el lema de El Hueco, cuyos responsables incentivan el intercambio de información y experiencias entre los coworkers. Otra ventaja para las empresas instaladas allí es la posibilidad de acceder a fondos de la Unión Europea y a la financiación de instituciones de crédito locales, como la Caja Rural de Soria.

El Hueco no es sólo un lugar de trabajo; es también un lugar de aprendizaje y diversión. En diciembre pasado se celebraron una serie de conciertos, sesiones de baile y talleres de cocina, dibujo y cerámica, entre otras actividades.

[Este artículo ha sido publicado en el número de febrero de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]