No sabía cuánto tiempo había estado de nuevo inconsciente. Esta vez lo despertó el aliento a alcohol de uno de sus torturadores. Lo tenía agarrado por el cuello y, en cuanto comprobó que seguía vivo, volvió a machacarle la cara. Era una mole de grasa, así que siempre se cansaba pronto y cedía el turno a otro de sus tres compañeros. Eran cuatro. Formaban un círculo a su alrededor y la emprendían a puñetazos. En la boca, en el estómago, en las costillas… Había recibido ya tantas palizas que casi tenía memorizado el orden que usaba cada uno de ellos. Cuando se desplomaba y caía al suelo, llegaban las patadas. A pesar de lo que estaba sufriendo, él se sentía afortunado. La primera vez que lo subieron a la tercera planta y lo metieron en esa habitación con las paredes cubiertas de sangre, pensó que iban a asesinarle. Pero allí seguía. Más de 60 horas llevaba aguantando. El peor momento fue cuando uno de ellos lo sacó por la ventana hasta la cintura y le advirtió de que, si seguía sin hablar, diría que había intentado huir y acabaría con sus huesos en el suelo. Tampoco habló. Así que continuaron con su juego macabro de golpes, risas, gritos e insultos, conminándolo a que delatase a sus compañeros. La rueda, lo llamaban.

Paco solo tenía 19 años. Llevaba dos militando en Comisiones Obreras y en el Partido Comunista y se había convertido en uno de los dirigentes de las juventudes del PCE en Sevilla. Los policías que lo habían encerrado en la comisaría de La Gavidia querían los nombres de toda la cúpula del partido. No lograron que de su boca saliese ninguno. Después vendría su paso por las cárceles franquistas. Sevilla, Badajoz, Carabanchel, Jaén, Puerto de Santa María… Hasta que lo metieron en la del Castillo Militar de Santa Catalina, en Cádiz, por asociación ilícita y propaganda ilegal. Allí fue donde más tiempo estuvo encerrado. Pero Paco, de nuevo, se sentía afortunado. Se sentía arropado por muchos camaradas y no había corrido la misma suerte que otros de ellos. A él solo lo torturaron durante la primera de sus detenciones. A él nunca le metieron una pistola en la boca ni le introdujeron la cabeza en un cubo lleno de orines y mierda. Tampoco le pusieron pinzas en los testículos para aplicarle descargas eléctricas. A él, a fin de cuentas, no lo habían asesinado por cometer el delito de conspirar y salir a las calles para reclamar el fin de una dictadura donde imperaban el miedo, el silencio y la explotación de los trabajadores. Y cuando esas cuatro décadas de infamia dieron paso a la democracia, Paco Sánchez Legrán, mi padre, ya no quiso parar de luchar por la conquista de derechos. Derechos laborales, derechos vecinales, derechos de los consumidores…

A menudo me preguntan cómo soy capaz de soportar las embestidas de la ultraderecha económica, política y mediática. Cómo es posible que no hayan logrado hundirme ni que me ponga de perfil frente a una larga lista de empresarios, políticos y pseudoperiodistas que viven del negocio del bulo, el acoso y la difamación. En la última década me han acusado de defraudar dinero público, de destinar ese dinero a la compra de cocaína, de dedicarme a estafar, acosar y extorsionar, de ser un pederasta, de tener sicarios que parten piernas y amenazan de muerte. Acusaciones que han logrado viralizar provocando que gente de su cuerda me insulte no solo en las redes sociales, sino también en la calle. Un ultraderechista me advirtió de que sabía cuál era mi recorrido diario desde casa hasta el trabajo. Me han amenazado con agresiones físicas o con pintadas en el buzón. También he recibido alguna amenaza de muerte y he soportado que me hagan fotos cuando paseo con mi familia para publicar todo tipo de invenciones sobre nosotros. De Keka han llegado a publicar que es una prostituta y que se acuesta con mi padre. Mis hijas saben a qué nos exponemos. Hace poco les conté que, cuando aún eran dos niñas, tuvimos que pasar varias semanas cambiando nuestro recorrido habitual para que no vieran carteles con mi cara que habían colocado por las calles llamándome delincuente.

Por todo esto hay quien se sorprende de que todavía siga resistiendo y, sobre todo, teniendo ganas de resistir. La respuesta está en mi padre. Y en mi madre, que, como él, se jugó el cuello durante la dictadura y cuando llegó la democracia se batió el cobre por defender los derechos de la gente, luchando por la escuela pública.

Se me caería la cara de vergüenza si pensase siquiera en agachar la cabeza cuando recibo los ataques de toda esa ralea de ultras. Si lograsen quebrarme para intentar herir a la organización en la que milito desde los 19 años, cuando mi padre me convenció de que allí podía aprender periodismo haciendo las prácticas de la carrera. Creo que sospechaba que acabaría enamorándome del proyecto que él creó en 1981 junto a otros combatientes antifascistas que tuvieron la valentía, arriesgando muchísimo más que yo, de enfrentarse a la bestia y a los poderosos que la patrocinan.

Igual que le pasaba a mi padre en aquellas comisarías y cárceles, yo me siento afortunado. Tengo a mi alrededor a demasiada gente que me quiere, me cuida y me protege. Y no solo hablo de mi familia y amigos más cercanos. Frente a tanto odio, no te puedes hacer a la idea de cómo me llenan de energía los buenos sentimientos que me traslada tantísima buena gente. Felicitándonos por lo que hacemos en FACUA, animándonos a seguir luchando por nuestros derechos como consumidores, defendiéndome públicamente frente a quienes me difaman y amenazan, animándome a plantar cara a los difusores de bulos, a continuar desmontando sus mentiras, enfrentándome a ellos en los tribunales y destapando las identidades de fascistas que insultan, acosan y amenazan escondidos tras el anonimato desde las redes sociales.

Puede que las cosas que me han pasado a mí no sean las mismas que las que has sufrido tú, igual que yo no sufrí las que sufrieron mi padre y sus compañeros. Pero ten claro que soy un tipo como tú. Lo sé porque, si estás leyendo este libro, es que compartimos ciertas preocupaciones e inquietudes. Y una de ellas, sin duda, es que nos repugnan los bulos y queremos combatirlos. Sobre todo, los bulos que siembran odio intentando destrozar la vida de colectivos vulnerables y gente decente. Frente a ellos, cada uno puede desempeñar un papel, pero todos sumamos inmensos granitos de arena. Granitos que, unidos, pueden convertirse en una aleación más poderosa que el adamantium. Voy a intentar ayudarte a conocer cómo funciona y cómo se lucha contra el negocio del bulo contándote algunas de mis experiencias y las técnicas de combate que he aprendido durante todo este tiempo.

“¿Qué potencial le veis a un posible Ministerio de Consumo?”. Era diciembre de 2019. La pregunta me la hacía en una llamada telefónica Desiderio Cansino, la mano derecha de Alberto Garzón. A ambos los había conocido unos meses atrás en una reunión por la crisis de la Listeria en productos cárnicos de la empresa Magrudis. El que sería director de gabinete del entonces líder de Izquierda Unida estaba calibrando qué jugo podían sacarle a la cartera que iban a asignar a Garzón en el reparto del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos.

A esa conversación telefónica le seguirían otras muchas durante toda la legislatura. Y en esa conversación, como en decenas de llamadas y mensajes de Telegram posteriores, le planteé una cuestión que en Facua considerábamos clave y llevábamos años reivindicando: el Ministerio de Consumo debía asumir competencias para poder multar a las empresas por sus fraudes masivos. Unas competencias que estaban en manos de las comunidades autónomas desde mediados de los años 80 y que se habían traducido desde entonces en sanciones ridículas, la mayor de las cuáles apenas superaba los 6 millones de euros.

Sanciones ridículas consecuencia de una combinación de ausencia de voluntad política y de falta de recursos en los organismos autonómicos de consumo, a los que hay que sumar que cada comunidad debe dimensionar la cuantía de la sanción sobre la base del beneficio ilícito obtenido por la empresa con los consumidores de su territorio. Para poder multar de forma óptima un fraude masivo, era necesario que cada una de las diecisiete comunidades abriesen expedientes sancionadores -algo que nunca ha ocurrido- y qué todas determinasen cuantas basadas en el dinero ganado por la empresa como consecuencia de su práctica ilegal.

La reivindicación de Facua no planteaba quitar esas competencias sancionadoras a las autoridades de consumo autonómicas, sino compartirlas. Que el Ministerio de Consumo pudiese actuar ante los fraudes que afectan a los consumidores a nivel nacional sin restar a las comunidades su potestad para hacerlo también.

Convencimos a Garzón. Pero para que su ministerio asumiese la potestad sancionadora era necesaria una modificación de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios. Así que había que convencer también a otras fuerzas políticas para llevar a cabo la medida. El equipo de Garzón lo logró. Y la modificación de la ley fue validada sin problemas en el Congreso de los Diputados.

Desde mayo de 2022, la autoridad de protección de los consumidores del Gobierno de España tiene competencias para multar a las empresas que cometan fraudes masivos.

Ya estaban puestos los mimbres. Ahora tocaba que el ministerio articulase los mecanismos para poder ejercer su nueva capacidad. Una subdirección general dedicada al procedimiento sancionador y funcionarios que instruyesen los expedientes. Eran -y siguen siendo- muy pocos pero su trabajo está comenzado a dar sus resultados.

El primero, la histórica sanción de más de 150 millones de euros a cuatro compañías aéreas que acaba de trascender. El principal motivo, el cobro de un extra por llevar equipaje de mano en cabina. Facua llevaba batallando contra ese fraude desde que Ryanair lo puso en marcha a finales de 2018.

Llamamos a todas las puertas. Ese mismo año denunciamos a Ryanair y a Wizzair –la primera aerolínea que comenzó a imitar a la irlandesa– ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por este motivo. Ninguno de los dos organismos llevó a cabo ningún tipo de actuación al respecto. Y ese mismo año empezamos también a denunciar el cobro del extra por el equipaje de mano ante las autoridades de consumo autonómicas, sin grandes resultados.

Mientras convencíamos al equipo de Garzón de que asumiese la potestad sancionadora, en 2021 también intentamos que, de momento, advirtiese al menos a las aerolíneas de que sus prácticas eran ilegales y animase públicamente a los consumidores a llevarlas a los tribunales. Pero la reacción del ministerio se hizo esperar.

El ministerio acabó reaccionando gracias al director general de consumo de Baleares en la anterior legislatura, Félix Alonso –hoy diputado de Sumar–.

En marzo de 2021, Baleares había decidido abrir expediente sancionador a Ryanair por estas prácticas como consecuencia de la denuncia interpuesta por Facua tres años atrás. En abril de 2022, le abrió otro a Vueling tras otra denuncia de la asociación. Posteriormente, expedientó también a EasyJet y Volotea como consecuencia de un control realizado de oficio sobre las webs de las compañías que operaban en las islas. Pero ante la ridícula cuantía de las multas que iba a imponerles, Alonso decidió archivar todos estos expedientes sancionadores tras convencer al Ministerio de Consumo de que tomase las riendas del asunto.

Y lo hizo. El verano pasado, el ministerio anunció la apertura de expedientes a varias aerolíneas, entre otras prácticas por el cobro del  extra por el equipaje de mano. No dijo cuáles eran, pero hoy sabemos que se trataba de las cuatro expedientadas por Baleares.

Con el nuevo gobierno, las competencias de Consumo pasaron a manos de Pablo Bustinduy. Y el equipo del nuevo ministro continuó con la instrucciones de los expedientes a las aerolíneas.

Ahora, la Secretaría General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha hecho historia con multas que las aerolíneas ya han anunciado que recurrirán. Es previsible que Bustinduy desestime los recursos. Y entonces llegará la batalla judicial. Las compañías recurrirán ante la Audiencia Nacional y pierden, volverán a recurrir ante el Supremo.

Faltan años para que sepamos cómo acabará todo esto. Pero lo que hoy sabemos es que sí, un Ministerio de Consumo tiene mucho potencial si cuenta con las competencias para actuar frente a los fraudes masivos. Sobre todo si tiene al frente a un ministro dispuesto a hacer su trabajo, que ponga la protección de los consumidores entre las prioridades de su agenda, que atienda las reivindicaciones y denuncias de las organizaciones que luchamos por sus derechos y al que no le tiemble el pulso frente a las presiones de las grandes empresas. Si Bustinduy sigue esa senda, nos quedan muchas buenas noticias por conocer en lo que queda de legislatura.

Desde diciembre de 2020, la ley general para la defensa de los consumidores prohíbe de forma expresa a las empresas facilitar líneas de tarificación especial —los prefijos 901 y 902— como única vía de atención al cliente. Además, la norma obliga a las empresas que prestan servicios básicos de interés general a facilitar a los consumidores únicamente numeraciones gratuitas. “Estamos haciendo una evaluación permanente”, “la está cumpliendo la inmensa mayoría”, aseguraba el ministro Alberto Garzón en septiembre del año pasado en una entrevista de Ana Fuentes en el programa Código de Barras, de la Cadena SER.

Solicité al Ministerio de Consumo los datos de esa “evaluación permanente” y nunca me los facilitaron ni aclararon sobre cuántas empresas y de qué sectores venían realizándola. En FACUA manejamos unos datos muy distintos sobre el nivel de cumplimiento de ese cambio legal propiciado por el departamento de Garzón a raíz de las reivindicaciones que trasladamos al ministro en febrero de 2020 en la primera y única reunión que hemos mantenido con él hasta la fecha desde que asumió el cargo.

Lo cierto es que la realidad confronta con el discurso triunfalista de Garzón. Según los análisis que hemos realizado en los dos últimos años sobre 499 empresas que prestan servicios básicos de interés general, solo la cuarta parte —exactamente 129— cumplían la obligación de ofrecer líneas gratuitas a los consumidores “en un sentido amplio”. Es decir, para cualquier tipo de consulta y mostrándolos siempre que informen de sus números de teléfono. La ley no les prohíbe tener también otro tipo de numeraciones, pero no pueden publicitarlas sin mostrar junto a ellas las que no tienen coste.

Entre agosto de 2021 y marzo de 2022, FACUA ha denunciado por estos motivos a 27 aerolíneas, 24 suministradoras de agua, 7 empresas de envíos postales y mensajería, 40 aseguradoras, 13 bancos, 23 entidades financieras sin ficha bancaria, 48 comercializadoras de luz y gas, 42 empresas de autobuses y 146 hospitales privados. En total, 370 empresas, el 74% de las analizadas.

La Dirección General de Consumo del ministerio de Garzón no ha dado respuesta a ni una sola de esas denuncias. No ha aclarado si las ha analizado para confirmar las irregularidades ni si, de haberlo hecho, se ha dirigido a las empresas en cuestión para advertirles del incumplimiento de sus obligaciones legales. También es una incógnita si ha dado traslado a las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas para que les abran los correspondientes expedientes sancionadores.

Tampoco las administraciones de consumo autonómicas vienen contestando a las denuncias de FACUA. Solo Castilla y León ha comunicado la apertura de un expediente sancionador a Palbus, la empresa de autobuses de Palencia, y Baleares a las aerolíneas Iberia, Level, British Airways, EasyJet y Volotea, las empresas de mensajería Celeritas y GLS, las aseguradoras Santa Lucía, Cáser y Fénix Directo y a la empresa de alarmas Securitas Direct —esta no es de servicios básicos de interés general— por su 902.

Una vez más, los responsables de las políticas de protección de los consumidores a nivel nacional y autonómico hacen dejación de sus funciones. El mero hecho de que la ley prohíba una práctica no implica que todas las empresas van a cumplirla automáticamente. La ausencia de inspecciones, apercibimientos y sanciones se traduce siempre en elevados niveles de vulneración de la legislación.

El pasado martes 29 de abril, la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley presentada por el socialista José Ramón Ortega, por la que insta al Gobierno a promover en el Consejo Sectorial de Consumo, junto a las comunidades autónomas, campañas de inspección en relación al cumplimiento de la obligación de que las empresas dispongan de un número de teléfono que no suponga un coste superior al de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar y uno gratuito cuando se trate de servicios básicos de interés general. Ortega, que durante bastantes años fue miembro de la Junta Directiva de FACUA Cádiz, es uno de los pocos diputados que suelen plantear en la Cámara Baja iniciativas para impulsar la protección de los consumidores.

La PNL, aprobada tras la introducción de una enmienda transaccional de socialistas y populares, también hace un llamamiento a “que las diferentes entidades públicas y administraciones sustituyan sus teléfonos 901 y 902 por teléfonos que no supongan un coste superior al coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar”.

“Hemos conseguido también algo no menor, que es que el propio Gobierno central, la Administración, tenga todos sus servicios de manera gratuita, cosa que antes no sucedía”, añadía Garzón hace siete meses en la citada entrevista en la Cadena SER, poniendo como ejemplo los teléfonos de la Seguridad Social. En realidad, a día de hoy la página web del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) indica que sus teléfonos de información son una línea 901 y un teléfono de Madrid, sin aclarar que la primera se tarifica fuera de las tarifas planas y bonos de las compañías de telecomunicaciones. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la web de la Agencia Tributaria.

El periodista, secretario general de FACUA y colaborador de elDiario.es, Rubén Sánchez, publica este jueves 24 de marzo su tercer libro, ¿Por qué dejas que te roben?.

Adelantamos parte del capítulo ‘La gran estafa eléctrica’:

La gran estafa eléctrica

La factura de la luz resulta para muchos más terrorífica que recibir el vídeo de las películas de la saga The Ring —al menos, cualquiera que no sea el de la infumable secuela que protagoniza el bajito de las gafas de The Big Bang Theory—. En las pelis, quien ve el VHS recibe a continuación una llamada telefónica donde le anuncian que va a morir en siete días. Con el recibo eléctrico, no hace falta ninguna llamada para saber que si no pagamos su infladísimo importe, acabarán dejándonos a oscuras.

Mientras que por el suministro de agua, una familia con un consumo razonable —9 metros cúbicos— paga en España una media de poco más de 16 euros al mes —aunque en función de la ciudad el importe oscila hasta un 479%—, en el caso de la luz, un usuario medio llegó a abonar en 2021 casi ocho veces más. En diciembre, el precio de la electricidad batió un récord histórico que provocó que el importe de los recibos alcanzase los 141 euros de media, según los cálculos realizados por FACUA sobre viviendas habitadas. La cifra representaba más del doble de los 69 euros del mismo mes del año anterior.

Evidentemente, hay causas coyunturales que contribuyen a incrementar el recibo de la luz, como la disminución de la generación eólica o solar por falta de viento o sol, el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 a la atmósfera —un peaje que pagan las empresas por contaminar— o que los conflictos geoestratégicos y la menor producción de gas —que necesitan las centrales térmicas convencionales para producir la electricidad— aumenten su precio en los mercados internacionales.

Pero hay motivos estructurales que, desde la liberalización del sector, vienen provocando que los consumidores paguemos precios absolutamente desproporcionados, máxime teniendo en cuenta lo barata que es la generación eléctrica procedente de las renovables. Se trata, por un lado, del sistema de fijación de precios impuesto por la Comisión Europea, basado en una disparatada subasta donde el último que logra entrar en la puja, al precio más caro, determina lo que se paga por toda la electricidad que se vende en ella. Y, por otro, de las decisiones adoptadas desde los sucesivos gobiernos de España en las últimas décadas, por las que esa subasta se ha venido celebrando en unas condiciones especialmente favorables para los especuladores, al tiempo que se ha hecho la vista gorda ante numerosas irregularidades y excesos cometidos por el sector. Un sector que durante largos periodos prácticamente ha determinado las políticas energéticas a golpe de talonario, reclutando a sus filas a exministros y expresidentes del Gobierno para lograr más influencia en las decisiones de sus compañeros de partido o sencillamente para pagarles por los servicios prestados.

El de la leche que cuesta lo mismo que el jamón de bellota

Desde la liberalización del sector eléctrico emprendida en España por el hoy millonario José María Aznar, las empresas de generación fijan sus precios mayoristas a diario en una «subasta marginalista», lo que significa que el precio para todo el mercado lo determina el más alto que entra en la puja hasta cubrir toda la demanda. La fórmula fue impuesta por la Comisión Europea, pero se aplica en cada Estado miembro con distintas peculiaridades. Por ejemplo, en Francia, donde el 70% de la electricidad procede de sus 56 centrales nucleares —es el segundo productor mundial—, buena parte de esta producción está fuera de la subasta y tiene un precio marcado por el Gobierno. Una medida que reduce enormemente el impacto alcista que tienen las disparatadas subastas.

El establecimiento de una subasta marginalista como sistema para la fijación de los precios de la electricidad representa un paraíso para los especuladores y un auténtico sinsentido. Pagamos energías extraordinariamente baratas al precio de las más caras. Y para colmo, en determinadas coyunturas, las que son baratas, como la hidroeléctrica, participan en la puja al mismo precio que lo habría hecho la tecnología más cara que entraría en el sistema si ellas no lo hicieran. Algo que ocurrió especialmente durante 2021, cuando por distintas coyunturas sufrimos a nivel internacional unos elevadísimos precios del gas —que utilizan las centrales térmicas de ciclo combinado para producir la electricidad— y de los derechos de emisión de CO2 —que también impactan sobre esas centrales—. Con este mecanismo, todo el sector obtiene unos escandalosos beneficios caídos del cielo con los que nadie parece querer o atreverse a acabar.

El disparate y lo injusto que resulta depender de esa subasta para fijar los precios de la luz que pagamos los consumidores es equiparable a lo que supondría que en un supermercado nos obligaran a pagar un litro de leche al mismo importe que un kilo de jamón ibérico de bellota.

El de la tarifa misteriosa

En España se ha venido extendiendo desde hace décadas el bulo de que la factura eléctrica es muy difícil de entender, lo que ha llevado a muchos consumidores a ni siquiera tomarse la molestia de intentarlo. En realidad, lo que resulta complicado de digerir es el sistema de fijación de tarifas, porque la parte de la factura que te interesa no es tan complicada. Al menos, no lo era hasta hace unos años.

En su primera página, además de ver cuál es la comercializadora que te está facturando y cómo se llama tu tarifa —con eso puedes saber si es la semirregulada— tienes tres conceptos básicos: la potencia contratada, que se mide en kilovatios (kW), la energía consumida, en kilovatios hora (kWh) y la tarifa por el alquiler del contador. A los dos primeros se les suma el IVA y el impuesto especial sobre la electricidad y al del contador sólo se le añade el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Hasta 2014, en los recibos podías ver tanto el precio de cada kW de potencia que tenías contratados como el de cada kWh que habías consumido en el periodo de facturación. Además, las tarifas de ambos conceptos permanecían estables durante meses y se publicaban en el Boletín Oficial del Estado.

Pero ese año, con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo y el ministro José Manuel Soria como irresponsable de su política energética —acabó dimitiendo al trascender que aparecía como administrador de una sociedad en un paraíso fiscal—, se acabó la transparencia en la aplicación de las tarifas y la facturación. El precio de la energía dejó de publicarse en el BOE y pasó a someterse en tiempo real a la decisiones adoptadas por las empresas de generación eléctrica en la subasta diaria del mercado mayorista de la electricidad —que se denomina pool—. Hasta entonces, el Gobierno fijaba las tarifas sobre la base de previsiones de lo que ocurriría en el mercado en los meses venideros, para después actualizarlas aplicando ajustes al alza o a la baja en función del margen de error que hubiese tenido.

Desde que se produjo el cambio, el precio de la energía se convirtió en un misterio mayor que la trama de la próxima fase del Universo Cinematográfico de Marvel. Los consumidores dejamos de pagar una tarifa que permanecía invariable durante meses y pasamos a abonar 8.760 precios distintos al año por cada kWh —8.784 en los bisiestos—.

Para colmo, las tarifas comenzaron a publicarse con sólo unas horas de antelación. Si quieres conocer los veinticuatro precios que pagarás mañana, tienes que entrar por la tarde-noche en la página web de Red Eléctrica de España, el grupo empresarial que actúa como operador del sistema, gestionando toda la red de transporte de electricidad —sólo el 20% de su capital es público—. Y es que lo único que aparece ya en el BOE es la parte regulada de las tarifas, los peajes y cargos. En la web de Red Eléctrica se publican cada día los precios el siguiente pagaremos por cada kilovatio hora tras sumar a los que han salido de la subasta los peajes y los cargos regulados —que son los únicos que permanecen estables durante meses y siguen publicándose en el BOE—.

Así que desde que pagamos un precio distinto cada hora por la electricidad que consumimos, ya no sólo no podemos conocerlos con una antelación mínimamente razonable, sino que tampoco aparecen en las facturas —salvo que tengamos una tarifa fija o plana en el mercado libre, que suelen ser bastante más caras—. Lo que comenzamos a ver en los recibos desde 2014 fue el importe medio del total de kWh consumidos en el periodo de facturación. En contra de lo que establece tanto la directiva europea como la ley española del sector eléctrico, los precios dejaron de ser transparentes y fácilmente comparables.

El de la tarifa razonable

Consciente del elevado porcentaje de consumidores que no entienden absolutamente nada de lo que dice su factura, en 2021 la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, tomó una decisión que complicó aún más las cosas.

Ribera, ministra de «Energía» —aunque su ministerio se llama de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para que parezca que todo lo hace por el bien del planeta y el nuestro— impulsó otro cambio en el sistema de facturación y en la manera de informar del mismo. Junto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, impuso en junio un sistema de tarificación por tramos horarios. Con él, la parte regulada de las tarifas —los cargos que establece su ministerio y los peajes que fija Competencia— pasó a ser muy elevada en el horario denominado punta, algo menos en el llamado llano y especialmente baja en el tercer horario, el valle.

Para vender las bondades de su mecanismo de facturación por tramos horarios, que lanzó en el peor momento posible, con una subida brutal del precio de la luz, la ministra se lanzó a hacer entrevistas recomendando modificar los horarios de ciertos hábitos de consumo eléctrico con perlas como «tenemos una tarifa muy razonable hasta las 10 de la mañana, también esto ocurre después de comer». Lo hizo el mes que se activó el nuevo sistema, cuando los consumidores pagábamos por la energía casi el doble que un año atrás. Mientras, su ministerio se cubría de gloria lanzando una campaña publicitaria con el eslogan «Ahorrar te será más fácil».

Por su parte, en Competencia difundieron un documento con simulaciones del ahorro que representaba cambiar la hora de ciertas tareas domésticas, como por ejemplo planchar de madrugada. Sorprendentemente, la ocurrencia no tuvo el enorme éxito de crítica y público que previeron.

El de la factura desquiciante

Junto a la implantación del sistema de tramos horarios, en 2021 la factura de la luz se convirtió en algo más difícil de descifrar que el guión de Tenet, con la diferencia de que si ves dos veces la peli de Christopher Nolan puedes acabar entendiéndola, mientras que en el caso del recibo eléctrico es imposible que descubras a cuánto has pagado el kWh en cada tramo horario aunque tengas un doctorado en Matemáticas.

Si con el modelo Soria —ya sabes, el ministro offshore— el recibo ya no nos contaba cuánto estábamos pagando por cada kWh y se limitaba a indicarnos una media de los más de 700 precios que nos habían aplicado ese mes —recuerda, uno distinto cada hora—, la versión Ribera ni siquiera facilitaba ese precio medio. Con la nueva modificación de la factura, las eléctricas tenían que desglosar el importe de los cargos y peajes regulados en cada uno de los tres tramos horarios —lo que se publica en el BOE—, pero no la parte del precio del kWh que depende de la subasta diaria —que denominan «coste de la energía»—, del que aparecía sólo el importe total.

Así que al tiempo que nos invitaba a desplazar hábitos de consumo a los tramos menos caros para reducir el recibo, el Gobierno introducía un ingenioso cambio en las facturas que nos hacía imposible averiguar a partir de ellas el precio medio que pagábamos por cada unidad de energía en esos periodos. ¿Cuánto ahorramos preocupándonos de mover las horas de plancha, lavadora o lavavajillas del horario punta al llano o el valle? ¿Merece la pena ese esfuerzo? Como el meme que circula por internet desde 2010 reproduciendo la contestación que obtuvo un usuario en Yahoo Respuestas cuando preguntó por el libro que más le ayudaría a entender el nihilismo, la explicación que nos dio el Gobierno cuando le planteamos el problema fue algo así como «pa k kieres saber eso jaja saludos».

El disparate llegaba al extremo de que para averiguar al menos el precio medio del total de kWh consumidos en el periodo de facturación, pasó a a ser necesario efectuar cuatro operaciones matemáticas: por un lado, sumar los importes en euros de los peajes y cargos en cada uno de los tres tramos horarios más el total del «coste de la energía»; por otro, sumar el número de kWh consumidos en cada tramo horario; en tercer lugar, dividir el resultado de la primera suma entre el de la segunda; y, por último, añadir al cociente el porcentaje que representan el IVA y el impuesto especial sobre la electricidad.

El de la empatía

A comienzos de enero de 2021, Ribera había pedido que no se crease «alarmismo» ante el incremento que se estaba produciendo en el precio mayorista de la luz. «El recibo puede subir como mucho unos cuantos euros», aseguró en una entrevista en El País. Tras intentar implantar el «unos cuantos» como unidad de medida, la factura del usuario medio subió en enero más de 11 euros con respecto al mes anterior.

Como consecuencia de la enorme relevancia que estaba adquiriendo la subida de la luz en los medios de comunicación y las redes sociales, fruto en buena parte de la presión que ejercíamos desde distintas organizaciones de la sociedad civil y el socio minoritario del Ejecutivo de coalición, Unidas Podemos, el Consejo de Ministros decidió en junio bajar coyunturalmente el IVA de la electricidad. Unos meses antes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había dicho que hacerlo «no estaría en línea con lo que se marca por parte de Europa», pese a que en Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta y Portugal se aplica un IVA más bajo que en España a una parte o a la totalidad de la factura.

En julio, Ribera señaló que consideraba «preocupante» que las grandes eléctricas ofertasen cara energía de producción barata y les pidió «reflexión». Así que reflexionaron y decidieron subir los precios todavía más.

Cuando en agosto la factura superó a las hasta entonces más caras de la historia —las del primer trimestre de 2012—, la ministra de Transición Ecológica pidió «empatía social» a las eléctricas. «Puede sonar a broma», dijo, mostrándose absolutamente ilusa, como si no supiese que las eléctricas llegan al extremo de cortar la luz a familias sin recursos sin importarles las consecuencias. En noviembre de 2016, una anciana había fallecido en su piso de Reus, en Tarragona, porque el colchón donde dormía se incendió por una de las velas con las que llevaba dos meses iluminando su vivienda después de que Naturgy —entonces se llamaba Gas Natural Fenosa— le cortase el suministro por impago.

La empatía de las eléctricas consistió en seguir subiendo los precios, pero un mes después Ribera continuó mostrando su inocencia y afirmó que estaba «poniendo en firme» a las grandes compañías. El recibo de septiembre fue aún más caro que el de agosto. Pero a finales de ese mes, la ministra de Transición Ecológica aseguró con toda su ídem que la factura ya estaba «razonablemente controlada...». Y en octubre, el recibo volvió a batir otro récord.

Lo que hizo en septiembre el Gobierno fue aplicar otras dos medidas coyunturales: bajó también el impuesto especial sobre la electricidad y minimizó los cargos regulados que se aplican en la factura. Anunció, además, que obligaría a las eléctricas a devolver miles de millones de los beneficios extraordinarios que estaban logrando ese año, pero tras reunirse con los gerifaltes de Iberdrola, Endesa y Naturgy, Ribera decidió suavizarles el recorte.

Tras el nuevo subidón de octubre, la ministra pasó de pedir empatía... a implorar «compromiso social». «Es hora de reclamar a las eléctricas el compromiso social que tanto aparece en su publicidad», manifestó en otra entrevista. En definitiva, seguía solicitándoles cosas que sabía que no iban a hacer. Mientras tanto, desde FACUA insistíamos en reclamar a Ribera que tuviese empatía con los consumidores y cumpliese el compromiso de forzar la «bajada de la factura» plasmado en el «acuerdo de coalición progresista» que el PSOE había firmado con Unidas Podemos.

Diciembre fue el mes más caro de la historia hasta entonces. El último recibo de 2021 se situó en 140,62 euros para el usuario medio con tarifa semirregulada, más del triple de los 42,83 euros que pagaba veinte años atrás. Desde diciembre de 2001, el incremento representaba el 288,3%, casi cinco veces la subida del IPC en el mismo periodo, que fue del 49,3%.

El año 2021 acabó siendo el de la luz más cara de la historia, algo que no logró —o más bien no quiso— evitar el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Al finalizar el año, ni siquiera se cumplió el compromiso que reiteradamente habían manifestado Sánchez y Ribera de igualar la factura del último año que gobernó Rajoy una vez descontado el Índice de Precios al Consumo (IPC). Curiosamente, a comienzos de aquel año, 2018, el entonces líder de la oposición había criticado la gran subida tarifaria que se estaba produciendo y la falta de medidas del presidente del PP para frenarla. La historia de siempre.

¿Qué efecto provoca colocar carteles en los establecimientos advirtiendo de que se limitan las compras de aceite de girasol a un determinado número de envases o litros? Que los consumidores temerán un desabastecimiento inmediato y muchos se lanzarán a comprar el máximo que les permitan, aunque no tuvieran previsto adquirir ni una sola botella, provocando ese desabastecimiento inmediato.

“Hemos tenido que subir los precios”, afirmaba este miércoles un representante de Eroski en La Hora de La 1 al tiempo que justificaba la limitación de “5 litros por cliente y día” que han establecido en que su intención es “democratizar” el acceso al producto. Aceite para todos pero inflando su importe. ¿Han “tenido” que subir los precios? Más bien, han aprovechado la coyuntura para hacerlo aún más de lo que ya venían incrementándose durante el último año por causas que obviamente nada tenían que ver con la invasión rusa de Ucrania. A menor oferta, suben los precios. Pero no hace falta que esto ocurra, basta con que aumente la demanda. “Es el mercado, amigos”, como dijo el otrora gurú de la derecha patria.

“La venta de aceite de girasol se limita a 3 unidades de un litro o una garrafa de 5 litros por cliente y día”, advierten carteles colocados en DIA. “Máximo 5 L por cliente”, dicen los de Mercadona. “Limitamos la venta de aceite de girasol y semillas. Máximo 5 litros por cliente y día”, indican en MAS, la cadena andaluza del grupo IFA. En Makro, donde limitan las compras a “1 unidad por cliente y día”, sea de la capacidad que sea, su cartelería argumenta que “debido a la situación actual de fuerza mayor en Ucrania, se están produciendo problemas de suministros en aceites de semillas para freír (girasol, alto oleico y preparados para frituras)”.

El 4 de marzo, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) atribuía las medidas de limitación de venta al “comportamiento atípico del consumidor que se ha producido en las últimas horas”. Al tiempo, aseguraba que “la cadena alimentaria española es extraordinariamente eficiente y tiene suficiente capacidad para proveer al mercado de dichos productos”.

En cualquier caso, tanto si la limitación en las compras tiene su origen en un riesgo de desabastecimiento inmediato o no pretende más que alimentar el miedo a ello para colarnos más fácilmente brutales subidas de precios —hasta 2,89 euros el litro ha detectado FACUA esta semana—, lo cierto es que la medida es ilegal.

Lo que están haciendo cada vez más supermercados e hipermercados está expresamente prohibido desde hace 26 años. En su artículo 9.1, la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, establece que “los comerciantes no podrán limitar la cantidad de artículos que pueden ser adquiridos por cada comprador ni establecer precios más elevados o suprimir reducciones o incentivos para las compras que superen un determinado volumen”.

Ahora toca que las comunidades autónomas abran los correspondientes expedientes sancionadores. Aunque no sorprendería que, como de costumbre, la mayoría eludan sus responsabilidades y a las cadenas de distribución les salga gratis —o casi— saltarse la ley. Si hay que adoptar medidas para limitar las ventas de productos, son las administraciones las que tienen que aprobarlas, no los empresarios, acompañándolas además de limitaciones en los precios, para evitar —o al menos frenar un poco— la especulación a las que nos tienen acostumbrados tantos sectores.

Cada vez más bancos advierten a nuestros abuelos de que solo pueden sacar su dinero en los cajeros automáticos o que para hacerlo en ventanilla deben pagar una comisión. Mientras el debate sobre la ilegalidad de esta práctica está abierto a la interpretación que se haga de la normativa bancaria y de defensa de los consumidores, hay un tipo de cuentas donde la legislación deja meridianamente claro que los usuarios tienen derecho a retirar efectivo en las oficinas y sin pagar nada cada vez que lo hagan: las poco conocidas cuentas de pago básicas, cuyas comisiones están limitadas por el Gobierno y además son gratuitas para quienes reúnan determinados criterios de vulnerabilidad.

Sin embargo, el Banco de España (BdE) se ha vuelto a posicionar del lado de la banca mediante una forzada interpretación de la normativa con la que pretende dar carta de legalidad a la práctica de negar la retirada de efectivo en ventanilla a los usuarios de esas cuentas. Acaba de hacerlo en respuesta a una denuncia presentada por FACUA contra CaixaBank que en el Ministerio de Consumo tienen sobre la mesa desde noviembre de 2020 sin que se hayan tomado ningún interés en contestar —de hecho, prácticamente nunca responden a las denuncias por fraudes masivos—. Por su parte, ninguna de las autoridades autonómicas de protección al consumidor ha anunciado de momento actuaciones sancionadoras.

Cinco palabras eliminadas

Al transponer —con más de un año de retraso— la directiva europea que regula las cuentas de pago básicas a un real decreto-ley, el Gobierno de M. Rajoy eliminó del apartado dedicado al derecho a retirar efectivo cinco palabras cuya ausencia ahora el Banco de España utiliza en favor de los intereses de los banqueros. En la directiva, los cajeros automáticos se presentan como única vía gratuita para sacar dinero tan solo cuando las oficinas de las entidades estén “fuera del horario de apertura”.

Y es que la Directiva 2014/92/UE de 23 de julio de 2014 establece que los usuarios de estas cuentas tienen derecho a sacar efectivo en las oficinas bancarias. Así, en su artículo 17.1.c), donde define los servicios que debe facilitar una cuenta de pago básica, incluye “retirar, en la ventanilla o en los cajeros automáticos fuera del horario de apertura de la entidad de crédito, dinero en efectivo de dicha cuenta dentro de la Unión”. Así, la directiva deja claro que los bancos ni siquiera podrán limitar las operaciones para retirar efectivo en sus oficinas a un horario restringido, sino que deberán hacerlo durante todo el tiempo que estén abiertas.

El ‘error’ del vigilante

Sin embargo, en un documento elaborado por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España el pasado 12 de noviembre como consecuencia de la denuncia de FACUA contra CaixaBank, el organismo señala que los usuarios de cuentas de pago básicas pueden retirar efectivo “a través de la oficina o del cajero automático, sin que en ningún caso la norma [el Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre] exija que se garantice la prestación de este servicio básico e ilimitado por ambos canales de manera cumulativa, como erróneamente interpreta la denunciante”.

Más bien, la interpretación errónea y contraria al derecho comunitario la hace el BdE, que aplicando su habitual principio probanca y no proconsumidor, fuerza darle la razón a CaixaBank —que no permite sacar dinero en ventanilla en 600 de sus oficinas, las denominadas Store—, basándose en que su artículo 8, la citada norma establece el derecho a la “retirada de dinero en efectivo en las oficinas de la entidad o en los cajeros automáticos”. Lo hace pasando por alto las cinco palabras que no se incluyeron en la transposición de la directiva comunitaria, que aclaran que los cajeros deben estar disponibles para garantizar que los usuarios ejerciten ese derecho cuando las sucursales estén “fuera del horario de apertura”. Y es que la directiva es una norma de mínimos, cuyo contenido están obligados a aplicar los Estados miembros con independencia de la forma en que la adapten a sus respectivos ordenamientos jurídicos.

Pero además de desentenderse de la redacción de la directiva, el Banco de España también obvia cómo el mismo artículo del real decreto-ley que invoca indica que “en todo caso, el cliente podrá gestionar y realizar operaciones de pago en relación con la cuenta de pago básica en las sucursales de la entidad de crédito donde esté abierta la cuenta”. Aunque en la transposición también olvidaron incluir la definición de “operación de pago”, en el texto de la directiva se deja bien claro que se trata de toda acción consistente en “depositar, transferir o retirar fondos”.

En cuanto al cobro de comisiones cada vez que se saca dinero en ventanilla, en las cuentas de pago básicas también queda prohibido. Lo dice tanto el texto de la directiva como el de su transposición. Concretamente, el artículo 9 del real decreto-ley, relativo a las comisiones, señala que estas “no tendrán en cuenta el número de operaciones ejecutadas”. Es decir, los bancos solo podrán cobrar una única comisión periódica por todos los ingresos y retiradas de dinero en efectivo en oficinas y cajeros que realice el usuario así como los pagos con tarjeta.

Las cuentas de pago básicas

El Ministerio de Nadia Calviño limitó en 2019 las comisiones por estas cuentas a un máximo de 3 euros mensuales, facultando al BdE a revisarlo cada 2 años, algo que de momento no ha hecho. En cuanto a las domiciliaciones de recibos y las transferencias, solo se abonará una comisión extra por ellas cuando superen un tope de 120 al año. Si se trata de un usuario en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera, podrá tener la cuenta sin pagar ninguna comisión periódica.

Para acceder a una cuenta de pago básica sin comisiones, los miembros de la unidad familiar no pueden ser propietarios ni usufructuarios de inmuebles distintos a la vivienda habitual ni poseer ninguna empresa. Además, sus ingresos económicos brutos no deben superar entre dos y tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples de doce pagas —que en 2022 está en 6.948,24 euros anuales— en función del número de miembros de la familia y que en ella haya alguna persona con discapacidad. Los requisitos se recogen en el Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo.

Así, si se trata de una persona que vive sola, este año podrá acceder a la cuenta sin comisiones si su salario anual no supera los 13.896,48 euros. Si es una familia con dos o tres miembros, lo hará si no sobrepasa los 17.370,60 euros. Para familias a partir de cuatro miembros o reconocidas como numerosas, el tope está en 20.844,72 euros anuales. Este máximo salarial también se aplicará para cualquier familia que tenga algún miembro con discapacidad igual o superior al 33% reconocida oficialmente.

Más allá de la necesidad de que desde el Gobierno se obligue a la banca a dar a conocer con mucho más énfasis la existencia de estas cuentas, ya es hora de que la vicepresidenta Calviño y el ministro Garzón emprendan actuaciones contra las entidades que están vulnerando la directiva europea. De momento, la primera se ha limitado a reunirse con los banqueros para pedirles que hagan algo, mientras que el segundo ni siquiera ha alzado la voz contra las irregularidades, pese a que él mismo viene anunciando que sus políticas garantizan mayores niveles de protección para los consumidores vulnerables. Por su parte, los políticos al frente de las autoridades de consumo autonómicas tienen que hacer su trabajo, anunciar los debidos expedientes sancionadores y aplicar multas proporcionales a la gravedad de lo que está ocurriendo.

Y por supuesto, tanto la titular de Asuntos Económicos como el de Consumo tienen pendiente anunciar qué soluciones van a dar —si es que pretenden dar alguna— a los usuarios que utilizan cualquier otro tipo de cuenta corriente y también ven cómo se les niega la posibilidad de sacar dinero en las sucursales o incluso estas han desaparecido de los lugares donde viven y no encuentran ninguna a muchos kilómetros a la redonda. No se trata de pedir empatía social a los banqueros, como hizo la vicepresidenta Ribera con las eléctricas con los resultados que todos conocemos.

El deber de quienes están al frente del Gobierno es garantizar la protección de los consumidores, aplicando o mejorando la legislación y velando por que esta se cumpla. De la vicepresidencia económica es previsible su falta de dureza con los banqueros, pero que en Consumo sigan dormidos con este tema clama al cielo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de servicios de atención al cliente. Un texto que Ana Mato olvidó en algún cajón hace casi una década y que el Ministerio de Consumo ha rescatado para quitarle algunas telarañas e intentarlo vestir de limpio. En lugar de confeccionar una norma a medida de las necesidades de los consumidores, tal y como llevan reclamando sus asociaciones desde hace décadas, el equipo de Alberto Garzón ha decidido usar un patrón tan mal diseñado como pasado de moda para lograr lo que parecía imposible: empeorarlo aún más.

Garzón no ha comparecido para presentar el anteproyecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha dicho que con esta ley “incluso se tiene derecho a ser atendido por una persona física y no por un robot, a través de los contestadores automáticos”. Incluso se tiene derecho. Como si la norma incluyese una larga lista de nuevos derechos y entre ellos hubiese alcanzado la proeza de imponer algo tan básico como que te atienda un ser humano. La cosa es que ese derecho ya existe en la legislación de defensa de los consumidores desde hace siete años.

Lo que tampoco ha contado la ministra es que el texto no plantea cuánto tiempo puede pasar desde que se establezca la comunicación hasta que te atienda esa persona física y no robótica. Porque no pretende prohibir la automatización, sino tan sólo que los contestadores sean “el medio exclusivo de atención”.

Baja aún más el listón

Tanto el proyecto de ley de atención al cliente que llegó al Congreso en el último año de Gobierno de Zapatero —que no llegó a aprobarse— como el anteproyecto que no llegó a ser más que eso del primer Ejecutivo de Rajoy pretendían establecer una espera máxima de un minuto en el 90% de las llamadas. Pero Garzón —y tras él todos los ministros— ha decidido bajar ese listón que nunca llegó a ponerse, dejando al arbitrio de las compañías cuán eterno quieren que sea el paso por sucesivos menús de opciones informatizados en los que se pregunta al consumidor quién es y qué quiere, para que al final, con suerte, un humano le pregunte quién es y qué quiere.

“Esta ley profundiza en esa atención que ha de recibir el cliente de manera personalizada”, ha afirmado también la portavoz del Gobierno ¿Profundiza? ¿Personalizada? En realidad, los únicos avances que plantea en esa atención son que las empresas deberán facilitar un justificante tanto de la presentación como del contenido de la reclamación, que si el usuario no está conforme con el trato que está recibiendo por un teleoperador, tendrá derecho a que transfiera la llamada a su inmediato superior y que si presenta una reclamación ante la administración competente, no podrán seguir exigiéndole el pago de una supuesta deuda hasta que haya resolución desfavorable.

Pero más allá de lo poco que suma, lo más grave es lo que resta. El Ministerio de Consumo ha decidido que con esta norma se elimine la obligación establecida en la ley general para la defensa de los consumidores por la que todas las empresas deben facilitar tanto un teléfono como una dirección de correo electrónico y otra postal para atender las reclamaciones de sus clientes.

La única vía de atención al cliente que obligaría a facilitar la futura ley que regulará estos servicios es la misma que la que utilizó cuando se dio de alta. Si lo hizo por teléfono, las empresas no tendrían por qué ofrecerle un mecanismo por escrito. Y si firmó el contrato convencido por los comerciales de un stand en una gran superficie, en teoría ese stand debería seguir ahí de por vida como única vía para atender sus reclamaciones. La excepción serían las denominadas empresas prestadoras de servicios básicos de interés general —compañías de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, salud, transportes, postales, saneamiento, residuos y entidades financieras—, que continuarían obligadas a facilitar un teléfono, gratuito, porque así lo establece otro apartado de la ley de defensa de los consumidores que no sería derogado con la promulgación de esta nueva norma.

Además, Garzón ha renunciado a plantear una ley que establezca un marco mínimo de obligaciones en la atención a los consumidores para cualquier empresa o profesional. Afectará solo a los servicios básicos de interés general —excluyendo los de salud, saneamiento y residuos— y a las compañías que tengan al menos 250 trabajadores o un volumen de negocio anual a partir de 50 millones de euros.

Para colmo, sobre la ley prevalecerá lo que establezca cualquier norma de carácter sectorial, aunque no sea más que una orden ministerial o una simple circular. Bastará con que otro ministerio de este gobierno o de los que lleguen en el futuro quiera reducir aún más las obligaciones de ciertas empresas en la atención a los consumidores. 

Un mes para contestar

Pero la guinda de este rancio pastel es el plazo para dar respuesta a las reclamaciones. Nada menos que un mes. Da igual que el consumidor se queje de una factura inflada, de que el producto o el servicio no cumple los requisitos que establecía la oferta, que esté comunicando un siniestro en su vehículo o su vivienda al seguro o que una avería le haya dejado sin luz. El plazo triplica los diez días que desde finales de los años 80 establece alguna normativa autonómica para contestar a las hojas de reclamaciones. Todo un regalo para las empresas que serán objeto de esta regulación.

Elaborar normas prácticamente vacías de contenido para poder afirmar después que has impulsado leyes resulta tan útil como que cuentes que has visto en dos días los 50 episodios de las cinco temporadas de The Good Fight. Si haces eso, es que no te has enterado de nada. No te has enterado de qué va la mayoría de la trama ni de que la gente no necesita un ministro que exhiba hipertrofia legislativa, sino que impulse normas que realmente mejoren su vida. Y ello salvo que tu objetivo tan sólo sea serte útil a ti mismo y creas que la gente va a valorarte la cantidad por encima de la calidad. Pero no creo que el ministro de Consumo vaya de ese palo.

El problema no es que Garzón tenga el complejo de estar por detrás de sus antecesores en la aprobación de normas relacionadas con el consumo y necesite sacar una a toda velocidad para aparentar. De hecho, ha impulsado más —y alguna especialmente potente— que todos los ministros con las competencias en la materia de los últimos quince años juntos. Desde Elena Salgado hasta Magdalena Valerio, pasando por Bernat Soria, Trinidad Jiménez, Leire Pajín, Ana Mato, Alfonso Alonso, Dolors Montserrat y Carmen Montón. Algo que pone de manifiesto lo poco o nada que legislaron sus antecesores en una materia tan abandonada como la protección de los consumidores.

Sin indemnizaciones

En realidad, el problema es que con este anteproyecto de ley el ministro ha mostrado un enorme desconocimiento de las necesidades reales de los consumidores y una absoluta falta de sensibilidad ante las reivindicaciones que ha recibido. Tras tres reuniones con su equipo y reiteradas comunicaciones por escrito, prácticamente nada de lo que FACUA le ha trasladado aparece en el texto. Sólo se incluyó el derecho de los consumidores a ser indemnizados si las empresas afectadas por la futura norma no contestan en plazo a las reclamaciones. Aparecía en la versión del borrador que el Ministerio de Consumo envió en septiembre a las asociaciones de consumidores que considera representativas, pero sin concreción de la cuantía, remitiéndose todo a un futuro desarrollo reglamentario —mi organización reclama al menos 50 euros, pero ante plazos de respuesta de 10, 5 o un día, según las empresas y controversias reclamadas—. Sin embargo, en el texto aprobado por el Consejo de Ministros, esas posibles indemnizaciones han desaparecido.

Resultaría disparatado que Garzón hubiese decidido que la ley más importante de su etapa al frente de un ministerio —de hecho, quizá su única norma con rango de ley— no aporte prácticamente nada creyendo que igual nadie se da cuenta y puede colarla como un gran avance en la protección de los consumidores. Posiblemente, el ministro está a otras cosas y no se ha parado a analizar en profundidad qué ofrece realmente ese auténtico bodrio que ya ha pasado su primera vuelta por el Consejo de Ministros. Quizás sea el momento de que empiece a hacerlo. Porque así no se defiende a los consumidores de los abusos del mercado.

En los últimos tiempos se están poniendo de moda ciertos establecimientos que en lugar de seleccionar a sus clientes mediante técnicas de marketing, haciendo más atractiva la experiencia a determinado público en función de su edad, su opción sexual, sus ganas de juerga o de descanso... intentan prohibir la entrada a los que consideran indeseables. Y lamentablemente ninguna administración ha tomado medidas sancionadoras ante prácticas tan ilegales como no permitir el acceso a un hotel o un restaurante a un niño o advertir de que no es bienvenida la gente de izquierdas.

Más allá de las reglas de etiqueta que tradicionalmente han impuesto ciertos restaurantes, llevamos décadas viendo cómo así funciona el negocio de las discotecas, donde no permiten entrar a chavales que no vistan, calcen o incluso se peinen como ordenan sus normas de admisión ante la ausencia de inspecciones por parte de las administraciones porque los políticos que las dirigen han decidido que los abusos sólo se cometen de día o incluso dan el visto bueno a que los chavales sean segregados en función de su apariencia igual que subvencionan a escuelas concertadas donde lo hacen por su sexo. Normas que en muchas ocasiones son improvisadas por el anabolizado portero de turno, que tiene órdenes del dueño de inventarse cualquier excusa para no dejar que accedan al local gitanos, inmigrantes latinos o africanos, salvo que se trate de futbolistas o artistas de éxito.

La falta de actuaciones por parte de las autoridades con competencias en el control de la hostelería y la restauración ha dado lugar a que lleguemos al extremo de encontrarnos con establecimientos regentados por ultraderechistas donde además de simbología fascista exhiben con total impunidad carteles en los que dejan claro que no quieren dentro a personas de izquierda. En el Asador Guadalmina, en la localidad malagueña de Marbella, mostraban mensajes con la advertencia “rojos no” en una cartelería donde promocionaban un gel hidroalcohólico de la casa -también colocaron un cartel homófobo donde llamaban “ministra” al titular de Interior Fernando Grande-Marlaska-. En la Cafetería Iris, en Logroño, señalaban en una pizarra que sirven comida a “perros” pero no a “rojos” ni “perros flautas” (sic). A la entrada de Casa O Ferrador, en la aldea coruñesa de Chamín de Abaixoes, además de pegatinas de Vox y carteles ensalzando a Franco, incluían uno con el texto “rojos no hay perdón al paredón”.

Más allá de que hay que tener un estómago de titanio para meterse en sitios como esos, impedir la entrada por motivos ideológicos es una práctica que vulnera claramente la Ley de Turismo, donde se recoge que el acceso a los establecimientos turísticos y de restauración no puede “ser restringido por razones de raza, sexo, religión, opinión, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social que suponga discriminación”.

Y si ante esas fascistadas nadie actúa, poco puede sorprender que proliferen los hoteles y restaurantes que no permiten la entrada de menores. En lugar de al clasismo de las discotecas, recurren a una idiota alergia que de forma indiscriminada tienen a los niños ciertas personas que deberían hacérselo mirar. Y sí, está claro que resulta bastante molesto tener que oír a renacuajos que intentan romper copas de cristal con la voz o que corren por los pasillos aterrorizando a los camareros mientras sus puñeteros padres -los de los niños, no los de los camareros- recurren al alcohol para olvidarse de que existen. Pero más allá de que son esos padres los culpables de ese tipo de situaciones, lo cierto es que resulta injusto generalizar criminalizando a cualquier crío porque unos cuantos sean víctimas de la mala educación que les han dado sus progenitores, la misma que tienen ellos haciéndose los suecos cuando ven que molestan al resto de clientes.

Salvo que se trate de una discoteca, un bingo, un club de estriptis o el plató de Sálvame, impedir la entrada de un niño a un recinto no tiene ninguna justificación objetiva ni tampoco base legal. Prejuzgar a un menor y decidir que por el hecho de serlo va a incomodar al resto de la clientela es una idiotez. Particularmente, no hay nada que me moleste más en un restaurante -aparte de tener cerca a alguien que use como perfume esencia de cebolla- que la gente que compite por contar su anécdota más alto que el resto, provocando que todo el mundo en el local tenga que acabar hablándose a gritos. Son esos establecimientos donde los alaridos de un niño pidiendo atención resultarían prácticamente imperceptibles.

En FACUA hemos pedido a las administraciones competentes de sus respectivas comunidades autónomas que actúen contra varios hoteles y restaurantes que consideran que la posibilidad de reservarse el derecho de admisión les da carta blanca para incurrir en conductas tan arbitrarias como prohibir la entrada a menores. Los empresarios que están detrás creen que el hecho de que los establecimientos sean de su propiedad les da derecho a establecer cualquier criterio para decidir quién entra y quién no. Pero un local abierto al público no es una vivienda, por lo que sus responsables tienen que asumir una serie de normas. Así, denunciamos al restaurante sevillano Ozama por establecer un “acceso reservado para personas mayores de 18 años” y al bilbaíno Balicana, en cuya web advertía: “recordamos que nuestro local está reservado exclusivamente a mayores de edad”. También actuamos contra el hotel Vivood, de Alicante, por presentarse como “un espacio only adults”, un eslogan supercuqui para restringir la entrada a mayores de 16 años.

Las normativas autonómicas de espectáculos públicos y actividades recreativas suelen fijar criterios razonables por los que se puede impedir la entrada a menores. Por ejemplo, la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Euskadi establece una serie de limitaciones al acceso “con el fin de proteger la infancia y la adolescencia”. Entre ellas, a “establecimientos y locales de juegos” y aquellos donde “se efectúen, exhiban o realicen actividades calificadas como no aptas para menores” como “proyecciones, exhibiciones o actuaciones en directo sean de naturaleza pornográfica o de extrema violencia”. También “salas de fiesta, salas de baile y discotecas” e impide “la entrada y permanencia de las personas menores de 16 años en bares especiales, pubs y disco-bares, salvo que estén acompañados de mayores de edad, sin consumo de alcohol y hasta las 22:00 horas”.

Otro ejemplo: la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana determina que son obligaciones de las empresas turísticas “respetar los derechos humanos y, en particular, los derechos específicos de los grupos de población más vulnerables, especialmente los derechos de los niños y las niñas”. Y su reglamento de desarrollo indica que los alojamientos turísticos no pueden discriminar “por razón de sexo, nacionalidad, origen racial o étnico, edad, orientación sexual, identidad y expresión de género, grupo familiar, desarrollo sexual, diversidad funcional o discapacidad, religión o creencias, ideas políticas, pobreza, lengua, cultura, enfermedad, estética, cuerpo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Así que si el motivo real para la restricción del acceso no es una enfermiza niñofobia sino el intento de evitar que el ruido moleste a los demás clientes, la clave es no poner de música ambiente el primer disco de Melendi y advertir de que no se permiten los gritos, dando una llamadita de atención a quien se le escapen unos cuantos en algún momento de exaltación de la amistad tras la tercera copa.

Y por supuesto, aunque la lógica respuesta que darán muchos usuarios es no entrar en locales donde no permitan entrar a sus hijos o en los que se discrimine por motivos ideológicos o de orientación sexual, la clave es que los responsables de las administraciones autonómicas hagan su trabajo y erradiquen este tipo de prácticas. Se trata de dejar de hacer sentir a los ciudadanos que ciertas leyes que protegen sus derechos están de adorno y aplicarlas abriendo expedientes sancionadores a los infractores.

Es imposible y lo fue desde el principio. El presidente del Gobierno no cumplirá su compromiso de igualar las tarifas eléctricas de hace tres años. Una promesa fruto de un grave error de cálculo matemático y político propio de principiantes que le costará caro al presidente cuando finalice este año. No podrá hacerlo con las medidas aprobadas a mediados del mes pasado. Y tampoco podría si de repente se sacase de la chistera de ilusionista que le fabricó quien le dijo que lanzara esa promesa una nueva bajada del IVA al mínimo del 4% o convenciese a Competencia de que elimine totalmente los peajes durante unos meses.

En una entrevista publicada el 5 de septiembre en El País, Pedro Sánchez anunció el “compromiso” de que “todos los ciudadanos con un consumo medio al final de 2021 paguen una cuantía semejante y similar a la que pagaron en 2018, lógicamente con el IPC descontado”. El presidente repitió el mismo anuncio cuando presentó las medidas concretas que llevaría a cabo para lograrla, incluidas en un Real Decreto-ley aprobado el 14 de septiembre.

Si se realiza un análisis de los precios del kilovatio hora en los días previos a esa entrevista y a la fecha en que el Consejo de Ministros aprobó el paquete de medidas, las cifras salen. El efecto en los términos fijo y variable de la factura que provocarían la bajada de los cargos regulados (un 96,1%) y del impuesto especial sobre la electricidad (que pasó del 5,11 al 0,5%) no eran poca cosa. Daban como resultado un recibo mensual que, de mantenerse estable hasta diciembre, harían que toda la facturación de 2021 equivaliese a la de 2018 más un porcentaje parecido al que podría representar el IPC acumulado desde entonces hasta el que podía preverse para final del año.

Pero el gran error de quien aconsejó a Sánchez que anunciase esa promesa fue que hizo sus cálculos a partir de esa foto fija del precio de la luz en los días previos a que las medidas se publicasen en el BOE. Se ve que quiso creer que a partir de que el presidente lanzase su compromiso, el oligopolio daría por saciado su voraz apetito inflacionista manteniendo esas mismas tarifas hasta que finalizase el año. Un autoengaño propio de alguien tan iluso como para pensar que un sector que lleva décadas maximizando beneficios a base de presionar a gobiernos y engatusar a políticos con sus puertas giratorias para que (des)regulen a su antojo tendría la más mínima “empatía social”.

Resultaba obvio que la reacción de las grandes eléctricas no sería precisamente la de dejar de subir las tarifas. ¿Acaso el decreto incluía una sola medida que les obligara a ello? Quizás lo imprevisible era hasta dónde serían capaces de llegar los oscuros señores de la luz con su respuesta al Gobierno cuando aprobase que tendrían que devolver 2.600 millones de sus beneficios extraordinarios para que el sistema pudiese sufragar durante seis meses una drástica bajada en los cargos regulados de la factura.

Que el precio medio en la subasta mayorista haya rozado ya los 300 euros ha sido una de esas respuestas a las medidas aprobadas por el Gobierno, que en el plano político han incluido la amenaza de cierre repentino de las nucleares, la paralización de inversiones en renovables y el carmonazo, un intento de humillación al PSOE con la puerta giratoria más atípica y patética de la historia.

Tomando como referencia las tarifas que han salido de la subasta diaria en los primeros siete días de octubre, el recibo mensual del usuario medio del modelo FACUA (consumo de 366 kWh y 4,4 kW de potencia) representaría ya nada menos que 123,69 euros. En agosto, la factura superó por primera vez el récord histórico de 88,66 euros alcanzado en el primer trimestre de 2012. Fueron 93,10 euros, a los que siguieron los 102,71 de septiembre, en los que ya se aplicaba la bajada del impuesto especial sobre la electricidad y, en la segunda mitad del mes, también la de los cargos.

En el imprevisible caso de que los precios de esos primeros días de octubre se mantuviesen estables lo que queda de año, la factura de 2021 representaría 1.111 euros. Nada menos que un 20% por encima de los 926 euros de 2018.

En cualquier caso, tampoco hay que perder la perspectiva. Poner el objetivo en igualar -“con el IPC descontado”- la factura de 2018 también era un juego de trilerismo. ¿Alguien recuerda cuánto pagó hace tres años por los recibos de la luz? El solemne compromiso del presidente hacía creer a la inmensa mayoría de los consumidores que 2018 fue un buen año.

La cuestión es que precisamente en enero de ese año, Sánchez pidió explicaciones y medidas regulatorias al entonces presidente, Mariano Rajoy, ante la enorme subida que habían experimentado en el trimestre anterior las facturas de la luz, que siguieron encareciéndose durante los meses posteriores. De hecho, 2018 fue el segundo más caro de la historia, sólo por detrás de 2012, cuando el usuario medio pagó 958 euros.

“En la última década no se había registrado un precio tan alto de la electricidad en España. El recibo ha pasado de 46 euros a 88, casi el doble. ¿Qué tiene que decir el Gobierno?”, preguntaba Sánchez en un tuit en enero de 2018. “La subida de la luz del 8% prueba el fracaso de la reforma eléctrica de Rajoy, y alerta del riesgo de más gente sufriendo pobreza energética”, había advertido ya en agosto de 2014. El encarecimiento interanual ha alcanzado en la primera semana de octubre el 110%.

Hoy por hoy, más allá de los muchísimos cambios que a nivel estatal y comunitario resultan necesarios para acabar con esta liberalización estafa y los infladísimos beneficios de las grandes eléctricas, el único mecanismo que podría utilizar el Gobierno para reducir drásticamente las tarifas es una intervención para la que le faculta la directiva europea del sector. Se trata de declarar a la inmensa mayoría de familias consumidores vulnerables -excluyendo sólo a los de mayores niveles de renta- e imponer un descuento de al menos un 50% en las facturas de los que tengan las tarifas semirreguladas PVPC. Una medida que se podría extender durante seis meses y revisarse si tras ese periodo el mercado sigue tan disparado como desde comienzos de año.

Y es que las medidas aprobadas en septiembre son, como lo fue la bajada del IVA en junio, intentos de soluciones parciales y coyunturales a un problema estructural que los consumidores venimos sufriendo con el sector eléctrico desde la primera década de este siglo. Durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero no se cuestionaron las principales bases del modelo de liberalización eléctrica impuesto por José María Aznar, diseñado por el infame Rodrigo Rato. Tampoco ahora, cuando sólo se intentan poner parches que encima son más pequeños que el agujero que se pretende tapar.

En un país donde todos y cada uno de los consumidores somos continuamente víctimas de una larga lista de abusos y fraudes por parte de compañías eléctricas, de telecomunicaciones, bancos, aseguradoras, aerolíneas, marcas de alimentación o superficies comerciales, hoy hay quienes se preguntan para qué necesitamos un Ministerio de Consumo en el Gobierno de España.

“A mí un ministerio no me tiene que decir cómo y qué tengo que consumir”, dicen algunos, intentando emular a ese Aznar que en 2007 advertía de que nadie tenía que decirle qué y cuánto debía beber antes de coger el coche e intentando reducir al absurdo los auténticos objetivos de un gabinete que tiene mucho más potencial del que la inmensa mayoría de consumidores imaginan. Aunque lo cierto es que si poca gente concibe para qué puede servir realmente un Ministerio de Consumo posiblemente sea porque, tristemente, legislatura tras legislatura, Consumo ha sido un desaprovechado y olvidado apéndice de otro Ministerio, el de Sanidad.

Sea porque las competencias en materia de Sanidad eclipsaban, sea porque no había absolutamente ninguna voluntad política por emprender actuaciones para combatir los fraudes que se producen en el mercado, desde los años 90 los sucesivos gobiernos se han desentendido de dar a la protección de los consumidores el peso y el lugar que le correspondía. Y hoy, aunque el nuevo Gobierno de coalición sea todavía un melón sin catar, lo cierto es que por primera vez en nuestra democracia tenemos un ministerio con el Consumo como único protagonista de su nomenclatura, lo que genera, de entrada, grandes expectativas.

Que Alberto Garzón sea el ministro de Consumo supone, además, una novedad de calado. En primer lugar, porque forma parte de una coalición electoral que nunca había participado en el Gobierno de España, con lo que esta vez, afortunadamente, no podemos vaticinar que las políticas de protección a los consumidores de los próximos cuatro años van a mimetizar las ¿políticas de protección al consumidor? que llevó a cabo -que alguien sea capaz de poner algún ejemplo- el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del anterior Gobierno socialista. Pero además, si concebimos la lucha contra los abusos del mercado en términos de lucha de clases, el coordinador federal de Izquierda Unida no se ha caracterizado durante su trayectoria política por estar precisamente del lado de los que abusan, de los que cometen los fraudes, sino del de los consumidores que los sufren. Así que me aventuro a no sospechar que Garzón acabará haciendo uso de las puertas giratorias para acabar en una eléctrica o una telefónica. En cualquier caso, está por ver lo que hará, podrá hacer o le dejarán hacer desde su ministerio, teniendo en cuenta de estamos ante un Gobierno de coalición donde las decisiones estarán, lógicamente, condicionadas por el PSOE. Y los lobbies empresariales estarán también al acecho para frenar avances.

Son muchas las modificaciones normativas que podría propiciar el nuevo Ministerio de Consumo para mejorar y actualizar a las nuevas realidades del mercado la legislación de defensa de los consumidores: regular los plazos de respuesta a las reclamaciones, establecer compensaciones económicas para las víctimas de irregularidades, erradicar los teléfonos 902... Pero por encima de los temas concretos en los que considerará prioritario o urgente actuar el ministerio, hay cuestiones estructurales, que vienen a definir de qué manera querrá -o podrá- desarrollar las políticas de consumo.

En primer lugar, resulta evidente que por mucho o poco que se mejore, la normativa de protección de los consumidores sirve de poco -salvo que los consumidores acudan a la lenta y cara vía judicial- si quienes tienen que hacerla cumplir miran hacia otro lado cuando las empresas cometen las irregularidades.

Así que una de esas cuestiones troncales es que el Ministerio de Consumo ejerza su capacidad para apercibir a las compañías que defrauden y, en caso de que hagan caso omiso, las lleve a los tribunales en acciones de cesación. Es una potestad que da a la autoridad de consumo del Gobierno de España el artículo 54 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Como también se la da a las comunidades autónomas y las asociaciones de consumidores. Pero lo cierto es que desde hace décadas, son sólo estas organizaciones de la sociedad civil las que usan la potestad que les otorga la ley para emprender acciones judiciales.

Y la otra cuestión que sin duda representaría un cambio trascendental en la manera de hacer políticas de defensa de los consumidores sería que el Ministerio de Consumo se dotase de competencias sancionadoras. Competencias que desde la promulgación de la primera versión de la ley de defensa de los consumidores, en 1984, han estado en manos exclusivas de las comunidades autónomas. Algo absolutamente ineficaz para garantizar actuaciones contundentes ante prácticas que en numerosas ocasiones son fraudes masivos que sufren consumidores en toda España y que requieren de la apertura de 17 expedientes sancionadores desde 17 organismos autonómicos de consumo. La solución pasa por compartir estas competencias para que cuando las irregularidades se produzcan en varias comunidades sea el Ministerio el que actúe.

Esta asunción de competencias sancionadoras por parte del Ministerio de Consumo es algo que ya aparece en los programas electorales de Podemos junto a otras medidas de calado para mejorar la protección de los consumidores. En su programa para las elecciones generales del pasado noviembre, Podemos se comprometía a desarrollar “una normativa de consumo más dura con el fraude y más ágil en la reparación” . “Revisaremos el conjunto de la normativa sancionadora de consumo de carácter estatal para que las sanciones desincentiven de manera efectiva las conductas fraudulentas, al ser proporcionales al perjuicio causado a las personas consumidoras. Se mejorarán también los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos”, indicaba su medida número 249.

El documento incorporaba también la propuesta de “garantizar el derecho a una indemnización añadida automática para las personas consumidoras en caso de fraude”. “En todos los casos en que se haya padecido una contratación irregular, conforme a la normativa de consumo aplicable, la persona consumidora no solo tendrá derecho a la devolución de lo cobrado indebidamente o del daño causado, sino a una indemnización añadida por las molestias, que opere también como un desincentivo contundente al fraude”.

Además, el documento programático para el 10N indicaba que las medidas que ya había incluido en su programa electoral de 2016 seguían vigentes. Entre ellas, en materia de consumo destacaba la creación de “una Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores, como organismo regulador de carácter autónomo y neutral y con competencias sancionadoras. Esta agencia contará con un cuerpo de inspectores dedicado a realizar investigaciones de oficio y evaluar las denuncias que lleguen de las autoridades autonómicas y las asociaciones de consumidores, además de intercambiar información con el resto de organismos del Gobierno acerca de las irregularidades que detecte en el mercado”.

“Las organizaciones dedicadas a la defensa de los consumidores tendrán la consideración de parte interesada en los procedimientos que se abran a raíz de sus denuncias o en los que se personen en representación de los afectados”, señalaba también la citada medida -la 262- del programa de las antepenúltimas elecciones generales. En lo que se refiere a la revisión de las cuantías de las sanciones establecidas en la legislación de defensa de los consumidores, planteaba el compromiso de que “sean realmente proporcionales a la gravedad de los abusos, y para que [el marco sancionador] contemple el decomiso de hasta diez veces el importe de los beneficios que hayan obtenido las empresas en prácticas fraudulentas”.

Se trata de compromisos que recogían reivindicaciones trasladadas por FACUA a las distintas formaciones que concurrían a las elecciones para resucitar esas políticas de protección de los consumidores prácticamente muertas desde hace tantas legislaturas. Y ello mediante la introducción no sólo de voluntad política por llevarlas a cabo, sino de dotar al Gobierno de esa herramienta tan eficaz para la lucha contra los abusos como la capacidad de imponer multas a las empresas que los cometen, además de garantizar la participación de las asociaciones de consumidores en los procedimientos sancionadores y desarrollar el derecho de los usuarios a recibir una compensación económica por el hecho de haber sido víctima de una irregularidad.

En definitiva, no es que ahora necesitemos un Ministerio de Consumo. Lo hemos necesitado siempre. Y quizás por una carambola fruto de negociaciones en las que se decidió crear más carteras ministeriales para equilibrar fuerzas en el nuevo gobierno de coalición, ya lo tenemos. Muchos son los retos. Muchas son las expectativas. Confío en que Garzón no sólo no defraudará, sino en que pondrá todo su empeño en luchar contra los fraudes.

Este martes 18 de abril se cumple un año del auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretó el ingreso en prisión incondicional del presidente de Ausbanc, Luis Pineda Salido, y el secretario de Manos Limpias, Miguel Bernad, éste en libertad provisional desde finales de diciembre.

La causa cuenta hasta la fecha con 18 imputados. Pineda, acusado de ser el máximo responsable de la trama, está investigado por seis delitos: estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal. Ausbanc funcionó durante tres décadas –se creó en 1986–, pero las actividades delictivas de su propietario comenzaron mucho antes, desde que era adolescente.

Lideró otra organización criminal en los 80

A inicios de los 80, Pineda heredó el liderazgo de su primera organización criminal, el Frente de la Juventud, después del exilio de uno de sus tres fundadores, el encarcelamiento de otro y el asesinato del tercero. Creado en 1978 como escisión de Fuerza Nueva, fue durante años el grupo de extrema derecha más violento de España, con pretensiones golpistas, cuyos pistoleros fueron autores de numerosas extorsiones, atracos, palizas y actos de terrorismo callejero con armas de fuego y explosivos.

En 1986, dos años después de ser condenado por la Audiencia Nacional por diferentes delitos que había cometido con la banda terrorista, Luispi fundó su propia organización junto a uno de sus camaradas, Alfonso Solé Gil. Recién licenciado en Derecho y en plena ebullición de los nuevos movimientos defensores de los derechos de los consumidores, Pineda se subió a esta marea y montó una “asociación de usuarios de servicios bancarios” como pantalla para un oscuro negocio que le hizo multimillonario.

Poco a poco, Luis Pineda fue buscando el cariño de banqueros dispuestos a pagar a cambio de que atacase a sus competidores, ensalzase sus virtudes o silenciase sus fraudes. En algunos casos fue una simbiosis en la que los bancos utilizaron a Ausbanc y Ausbanc utilizó a los bancos. En otros, el dinero fluyó como consecuencia de las amenazas y extorsiones que ha destapado la investigación de la UDEF en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

A mediados de abril de 2016, treinta años después de la creación de su negocio disfrazado de asociación de consumidores, Luis Pineda volvía a aparecer en los principales medios de comunicación como protagonista de una operación policial por la que se desarticulaba una organización criminal.

En 1982 le habían aplicado la ley antiterrorista en su detención como líder del Frente de la Juventud. Esta vez caía desde muchísimo más alto: con Ausbanc había logrado crear un multimillonario entramado empresarial presente en varios países, con decenas de propiedades inmobiliarias en activos, y desarrollar importantes y fructíferas relaciones con el poder económico, político y judicial.

18 imputados

La causa suma hasta la fecha 18 imputados: desde Luis Pineda, hasta el jefe del seudosindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, pasando por su portavoz, Virginia López Negrete, una exalto cargo de la Comunidad de Madrid con gobiernos del PP –la esposa de Pineda–, el secretario general de una entidad bancaria y el exdirigente de otra asociación de consumidores. Son estos:

– Luis Pineda Salido. Presidente de Ausbanc y máximo responsable de un entramado con más de una veintena de sociedades radicadas en España y en el extranjero. Fundó este negocio disfrazado de asociación de usuarios sin ánimo de lucro en 1986, dos años después de que la Audiencia Nacional lo condenase por delitos cometidos en la banda terrorista de ultraderecha Frente de la Juventud, de la que llegó a ser su líder. En los últimos tiempos ha sido objeto de tres condenas por difamación.

– María Teresa Cuadrado. Esposa de Pineda y delegada de Ausbanc en Madrid (uno de los cuatro hijos del matrimonio, Daniel, que no figura entre los imputados, era el delegado en Granada). Fue directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón.

– Miguel Bernad Remón. Secretario de Manos Limpias y antigua mano derecha del histórico ultraderechista Blas Piñar. Ingresó en prisión junto a Pineda el 18 de abril de 2016. Pedraz lo dejó en libertad bajo fianza de 50.000 euros ocho meses después, el 22 de diciembre, debido a su estado de salud, no considerar que existiese riesgo de fuga y la dificultad de que pudiese ya ocultar pruebas.

– Virginia López Negrete. Portavoz y directora de los Servicios Jurídicos de Manos Limpias durante años, tras estallar el caso aseguró que no era más que una “letrada externa” del seudosindicato. Es una de las últimas imputadas, mediante un auto emitido el pasado 5 de septiembre, en el que se señala que desarrolló un “importante” y “activo” papel dentro de Manos Limpias, “con auténtico poder de decisión” así como “relación con Luis Pineda y Ausbanc” mediante “un fuerte vínculo” y “durante un amplio espacio de tiempo”, en el que incluso fue letrada en algún asunto judicial de la falsa asociación de usuarios.

Junto a Bernad, también está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid por la supuesta apropiación indebida de casi 110.000 euros de una cuenta de Manos Limpias, procedentes de un centenar de afectados de Afinsa.

– Ángel María Garay Echeverría. Responsable del Área de Delegaciones de Ausbanc.

– Hermenegildo García García. Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ausbanc.

– Luis María Suárez Jordana de Pozas. Director de Publicaciones de Ausbanc. Su ingreso en prisión podría ser inminente tras haber acumulado dos condenas por estafas inmobiliarias, la primera de 18 meses y la segunda de 2 años, cometidas a mediados de la pasada década, antes de entrar a formar parte de Ausbanc. También está condenado por difamación y acumula deudas que rondan el millón de euros. Durante la primera legislatura de Aznar fue director general de la entonces denominada Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (Sepes).

– Francisco Javier Castro-Villacañas Pérez. Periodista y abogado. Dedicado a labores de comunicación y director de una de las publicaciones de Pineda, CVB.

– María Isabel Medrano Valero. Directora de Publicidad de Ausbanc Editorial.

– José Marín Rodríguez. Delegado de Ausbanc en Sevilla y Huelva. Estuvo en prisión por un caso de corrupción en el Ayuntamiento de Sevilla, condenado por delitos de malversación de fondos públicos y facturas falsas. Pineda lo fichó por sus contactos en el PSOE de Andalucía.

– María Mateos Ferres. Directora de Ausbanc Abogados. Fue consejera de la inmobiliaria de Pineda Estructuras y Servicios Inmobiliarios SL.

– Rosa Isabel Aparicio Fernández. Secretaria de Luis Pineda, ostentaba los cargos de directora del Gabinete de Presidencia y responsable de Organización de Eventos de Ausbanc.

– Alfonso Solé Gil. Tesorero y cofundador de Ausbanc. Era amigo de juventud de Pineda, en la etapa de ambos en movimientos de ultraderecha. Ocupa distintos cargos (consejero delegado, consejero, administrador único...) en empresas del entramado.

– Ramón Perfecto Rodríguez Martínez. Participa en varias empresas del entramado de Pineda, como Estructuras y Servicios Inmobiliarios SL y Patrimonios Especiales y Oro Inversor SL, de la que es administrador único.

– José María Gómez de León Contreras. Abogado de Manos Limpias.

– Lorenzo González Díaz. Propietario de la empresa de seguridad LPM Corporación Empresarial, que Manos Limpias pretendía utilizar para disfrazar, a modo de préstamo, el posible pago de 2 millones de euros de La Caixa por retirar su acusación contra la infanta Cristina en el caso Nóos.

– Ángel Fernández Noriega. Secretario general de Unicaja, dejó el banco mediante una prejubilación tras su imputación en el caso. Se le investiga por el pago de un millón de euros a Pineda a cambio de que Manos Limpias retirase la una acusación al presidente de la entidad, Braulio Medel, en el caso de los ERE de Andalucía.

– José Luis Gómez Boza. Patrono de la Fundación Unicaja. La UDEF concluyó que fue el autor de la filtración al jefe de Ausbanc de que estaba siendo investigado, lo cual fue “muy perjudicial para la investigación, ya que a partir de la misma, Luis Pineda cambia su forma de actuar y toma muchas precauciones en sus conversaciones telefónicas”. Este abogado sevillano entró a formar parte de la Asamblea General de Unicaja en 2002 en representación de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), organización de la que fue secretario general hasta hace cinco años.

Puro humo. Eso es el real decreto-ley que ha aprobado el Consejo de Ministros sobre las cláusulas suelo y cuya convalidación en el Congreso ya ha sido pactada con PSOE y Ciudadanos. Humo tóxico para hacernos creer de nuevo que van a salvarnos sin molestar a los que mandan; como ocurrió en diciembre con las medidas ante la pobreza energética, disparada este enero tanto como la tarifa de la luz.

Los banqueros no tienen de qué preocuparse porque nadie va a multarles. Ni por el fraude cometido ni tampoco si siguen negándose a devolver el dinero a los hipotecados. Porque la norma pactada entre los dos partidos que mientras gobernaban cerraron los ojos ante el macrofraude de la cláusula suelo –y ante tantos otros– no obliga a los bancos a nada. No se establece ningún tipo de sanción para las entidades que decidan no adherirse al sistema extrajudicial de reclamaciones ni para las que lo hagan pero se nieguen a devolver todo el dinero a los usuarios.

Así que tengamos clara una cosa. Si se reintegra a los hipotecados el dinero cobrado fraudulentamente más los intereses no será como consecuencia del real decreto, sino de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que establece la retroactividad total en las devoluciones en contra del criterio de nuestro Tribunal Supremo, que pretendía que los bancos se quedasen con todo lo defraudado antes de mayo de 2013. Criterio que tanto pareció gustar al Gobierno del PP y al Banco de España, que defendieron en Europa que el TJUE no debía plantear la retroactividad. Por aquello de no incomodar a los banqueros.

Nadie se atreve a multar a los bancos

En este país nadie se atreve a multar a los bancos por el mayor fraude a los consumidores que se ha producido en la historia. No multaron los gobiernos anteriores ni va a hacerlo éste, porque el Ministerio de Economía no ha querido articular mecanismos para sancionar cada caso en el que se nieguen a devolver el dinero. Y tampoco han querido imponer multas contundentes las comunidades autónomas, pese a que la legislación de defensa de los consumidores pone en sus manos las competencias sancionadoras ante las cláusulas abusivas. Todavía recuerdo las promesas de Susana Díaz cuando hacía campaña en las últimas elecciones andaluzas: “Lucharé contra las cláusulas suelo con todas mis fuerzas”. Al final parece que tenía pocas fuerzas. O pocas ganas de molestar a la banca.

El real decreto-ley prevé la constitución de una comisión de seguimiento en la que habrá representación del Consejo de Consumidores y Usuarios, un órgano consultivo del Gobierno del que forman parte una decena de asociaciones de consumidores de ámbito estatal consideradas representativas. FACUA, la organización de la que soy portavoz, no va a participar en la comisión de seguimiento de una pantomima, no vamos a hacer de convidado de piedra del Gobierno para hacernos la foto, porque estaríamos insultando a los consumidores.

Para colmo, el texto está lleno de ambigüedades que pueden, por ejemplo, favorecer que los bancos anuncien su adhesión al procedimiento extrajudicial sin que envíen comunicaciones para informar de ello a cada uno de los usuarios que tuvieran una hipoteca con cláusula suelo. Y es que no establece a través de qué procedimiento deberá comunicarse a los hipotecados, muchos de los cuales siguen desconociendo a día de hoy que sus contratos incluyen dicha cláusula. Así, puede que las entidades se limiten a colgar la información en sus páginas webs, sin notificárselo por correo a los clientes, o envíen dichas comunicaciones sólo a los que tengan la hipoteca en vigor y no a los que ya la pagaron o fueron desahuciados.

Una de las medidas del real decreto-ley puede ser caótica para los usuarios que no sólo están reclamando el dinero de la cláusula suelo, sino otras cantidades cobradas de forma abusiva, como las de los gastos de formalización de sus hipotecas. El motivo es que pese a que la legislación vigente ya obliga a la banca a tener departamentos de atención al cliente, esta norma plantea que los que se adhieran al procedimiento extrajudicial deberán tener uno dedicado únicamente a tramitar las cuestiones relacionadas con la cláusula suelo. Así que, quienes reclamen también por otras irregularidades pueden encontrarse con que no les contesten al resto o se vean en la kafkiana situación de tener que presentar reclamaciones ante dos departamentos distintos en el mismo banco.

Quién sabe si para algunos bancos, este real decreto-ley va a convertirse en una tregua de cuatro meses frente a la avalancha de denuncias. La norma da el plazo de un mes a los bancos para adherirse y constituir los departamentos que tramitarán las reclamaciones y otros tres meses para contestarlas. En total, hasta cuatro meses de espera. Pero no vamos a permitir que se desmovilice a los consumidores. Todo lo contrario, vamos a batallar durante estos cuatro meses para dejar claro a la banca que si no quiere devolver lo defraudado, volveremos a vernos en los tribunales.

6,2 millones de euros. Es el montante de dinero público que la Comunidad de Madrid entregó a Ausbanc durante los tres últimos años de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente y todo el periodo de Esperanza Aguirre al frente del gobierno autonómico. Para otorgarle las subvenciones, Ausbanc recibió el trato de entidad sin ánimo de lucro, requisito indispensable para acceder tanto a las convocatorias destinadas a las asociaciones de consumidores como a otras que utilizaban fondos europeos para acciones de fomento del empleo.

Tras las reiteradas peticiones del grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid, la presidenta de la Cámara ha trasladado a esta formación una relación de las 34 subvenciones otorgadas por los sucesivos gobiernos autonómicos del PP a Ausbanc Consumo, Ausbanc Empresas y Ausbanc Madrid entre 2001 y 2012. En 2008, el año que logró el mayor montante, la Comunidad de Madrid subvencionó a Ausbanc cuatro proyectos, por un montante total de 841.621,38 euros.

Luis Pineda, que en los últimos años profirió todo tipo de insultos contra las asociaciones de consumidores por recibir subvenciones, centraba buena parte de sus esfuerzos en acceder al dinero público. A partir de 2012, en su cuenta de Twitter hay 172 tuits donde menciona la palabra “subvenciones”, en casi todos los casos para presumir de que Ausbanc no las recibía –ocultando que era así porque comenzaron a negárselas– o acusar a aquellas asociaciones que sí lo hicieran de “incompetentes”, “acomplejados”, “caraduras”,“corruptas”, “golfos”, “zombies”, “parásitos”, “vividores del cuento” y, cómo no,  “caza subvenciones”.

“Hay que eliminar ya las subvenciones a las asociaciones de consumidores”, dijo en un tuit el 4 de mayo de 2012. Acababan de expulsar a Ausbanc del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, donde el Ministerio de Sanidad, con Ana Mato al frente, había vuelto a inscribirla una década después de que el primer gobierno de Zapatero la sacara de él –la primera vez entró con Ana Pastor como ministra de Sanidad–. Del registro de asociaciones de consumidores de la Comunidad de Madrid no salió hasta que Pineda entró en prisión.

Según los datos ofrecidos por el Gobierno regional a la Asamblea de Madrid, Ausbanc recibió 6.202.273,74 euros en 12 años, entre 2001 y 2012. Los seis proyectos subvencionados en la etapa en que gobernaba Ruiz-Gallardón representaron 729.038,42 euros. Con Aguirre fueron 28 subvenciones, cuyo importe total ascendió a 5.473.235,32 euros.

El dinero fue a parar a tres de las entidades del entramado creado por Pineda. A Ausbanc Empresas fueron a parar 5.043.976,25 euros a través de 21 subvenciones aprobadas entre 2003 y 2011. Para Ausbanc Consumo, 949.417,26 euros repartidos en nueve subvenciones entre 2001 y 2008. En cuanto a Ausbanc Madrid, recibió 208.880,23 euros a través de cuatro subvenciones concedidas entre 2009 y 2012.

Según el documento remitido a Podemos Madrid por la presidenta de la Asamblea, en el “Sistema de Información Económico Financiera de la Comunidad de Madrid” aparecen “en el periodo 2000 a 2015” 34 subvenciones, la primera de las cuales fue concedida en abril de 2001. No figura ninguna en los años 2013, 2014 y 2015.

Las primeras subvenciones fueron otorgadas en la etapa en que la esposa de Luis Pineda, Teresa Cuadrado –una de las personas actualmente imputadas en el caso Ausbanc–, era directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid. Su cese ya con Aguirre como presidenta no impidió que los negocios de la familia Pineda Cuadrado continuasen recibiendo ingentes cantidades de dinero público, sino todo lo contrario.

Durante los gobiernos presididos por la condesa consorte de Bornos y de Murillo, Ausbanc fue una auténtica privilegiada en la concesión de subvenciones destinadas a las asociaciones de consumidores de la Comunidad. Otorgadas en régimen de concurrencia competitiva, el negocio disfrazado de “asociación de usuarios” se situó en la primera posición durante varios años, por delante de hasta una decena de organizaciones que también optaban a ellas.

Y hubo muchas más subvenciones. Ausbanc, cuyo propietario permanece en prisión incondicional acusado de los delitos de estafa, extorsión, amenazas, fraude en las subvenciones, administración desleal y organización criminal, también recibió dinero público destinado al “asesoramiento e información a nuevos emprendedores para la creación de Pymes”. Otro de los proyectos subvencionados a lo largo de varios años tenía como objetivo “el desarrollo de actuaciones en materia de intermediación laboral”.  para “divulgación, ayudas y seguimiento línea ICO de microcrédito 2003”.

Pero las subvenciones de mayor cuantía fueron las otorgadas por la Consejería de Empleo y Mujer para desarrollar “acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo”, denominadas OPEA, con fondos de la Unión Europea. Ausbanc las recibió durante once años, entre 2001 y 2011, pese a que el requisito fundamental para acceder a ellas era que el solicitante careciese de fines lucrativos. Y también en este caso se posicionó especialmente bien frente a las entidades con las que competía: por ejemplo, en 2004 recibieron estos fondos sesenta y cinco entidades y Ausbanc ocupó el número siete entre las más subvencionadas. Recibió una cantidad similar a la que fue a parar a CCOO. Ese año, al frente de la Consejería de Empleo y Mujer estaba Juan José Güemes. En 2008, siendo ya consejera la actual presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, el montante recibido por Ausbanc fue el tercero más elevado ese año.

El auto por el que el juez Santiago Pedraz decretó el ingreso en prisión de Pineda el pasado abril mencionaba una de estas subvenciones, otorgada en 2004 por importe de 309.774,96 euros, y señalaba que “se desconoce si, en el momento de la subvención, [Ausbanc Empresas] estaba capacitada para poder atender las necesidades que se requerían, por no ser ese el fin principal de la asociación”.

El mismo auto plantea que Ausbanc podría haber hinchado su número real de socios para lograr acceder a subvenciones. “No se llegaría al número de asociados exigido en alguna convocatoria (10.000 en el caso de las subvenciones otorgadas por el Instituto Nacional de Consumo), ya que analizadas las cuentas anuales presentadas por la Asociación, ese número de socios no parece posible vista la cantidad económica declarada en las mismas al respecto de sus aportaciones”.

Además, el auto de Pedraz advierte de que “en prácticamente todas las subvenciones analizadas se exigía como condición ineludible el no tener ánimo de lucro en sus actividades, lo que, como se sigue, no se cumplía ya que todos los miembros de los órganos de administración de estas asociaciones investigadas perciben retribuciones, tanto de éstas como de otras de las empresas asociadas en el entramado financiero creado ad hoc”.

A mediados de junio, Pedraz pidió a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Sanidad toda la información relativa a las subvenciones concedidas a Ausbanc desde 2004 hasta la actualidad. Información que tendrá que ser mucho más detallada que la facilitada por la Asamblea de Madrid, ya que el objetivo de la investigación –y el de la acusación popular ejercida por Podemos y FACUA– es determinar si Ausbanc simuló que cumplía los requisitos que se exigían para cada una de las subvenciones y si los responsables de su concesión en el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid actuaron correctamente al dar luz verde a todas ellas.

Para que una entidad pueda ser reconocida como "asociación de consumidores", uno de los requisitos que debe cumplir es carecer de "ánimo de lucro". Ausbanc siempre vulneró todos esos requisitos, pero los gobiernos del PP no se dieron cuenta.

Por si fuera poco, los estatutos de Ausbanc Consumo impedían la creación de una Junta Directiva en la que Luis Pineda pudiera perder una votación

El presidente de Ausbanc llegó a ser nombrado miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) una vez que el Instituto Nacional del Consumo consideró que el negocio podía entrar en la categoría de asociaciones "más representativas"

Recién iniciada la legislatura, el Gobierno de Rajoy otorgó a Ausbanc subvenciones por importe de 220.550 euros sin que cumpliera los requisitos legales para ello. Con Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad, su ya desaparecido Instituto Nacional del Consumo (INC) inscribió al negocio de Luis Pineda en el registro estatal de asociaciones de consumidores y usuarios (Reacu) dos años después de que la Audiencia Nacional hubiera ratificado la expulsión que decretó en 2005 el Ejecutivo de Zapatero. Su anterior entrada en el registro se había producido a finales del segundo Gobierno Aznar.

Para que una entidad pueda ser reconocida como “asociación de consumidores”, uno de los requisitos que debe cumplir es carecer de “ánimo de lucro”. Además, tiene prohibido “realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios” y “dedicarse a actividades distintas de la defensa de los intereses de los consumidores”. Así lo establece en sus artículos 23 y 27 el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Ausbanc siempre vulneró todos esos requisitos, pero los gobiernos del PP no se dieron cuenta.

Pero además, para concurrir en las convocatorias de subvenciones a las asociaciones de ámbito estatal hay que cumplir otra condición: “acreditar un número mínimo de 10.000 socios individuales”. Ausbanc no llegaba a esa cifra ni de lejos. De hecho, los consumidores que se asociaban a ella ni siquiera podían considerarse auténticos socios, porque no podían participar en sus asambleas ni postularse para formar parte de su Junta Directiva.

¿Cuántos socios tenía realmente Ausbanc? Según las cuentas anuales de Ausbanc Consumo correspondientes a 2011, ese año ingresó 794.314,53 euros en concepto de cuotas de asociados. Una cifra que, de ser real, representaría como máximo las cuotas anuales -180 euros- correspondientes a 4.400 personas. Y ello siempre que en el concepto reflejado en las cuestas como “cuotas asociados” no se incluyesen las cantidades abonadas por los usuarios a Ausbanc por la interposición de las demandas judiciales.

Pero el Ministerio de Sanidad nunca verifica la veracidad del número de socios que aseguran tener las asociaciones de consumidores cuando optan a sus convocatorias de subvenciones. Un simple certificado firmado por el presidente de la asociación es aceptado como prueba de los socios declarados. Y ello pese a que contar con al menos 10.000 socios es requisito indispensable para poder optar a esta financiación pública y que se otorga en régimen de concurrencia competitiva, de manera que las que tienen -o dicen tener- más socios, reciben más puntuación al valorar los proyectos que presentan, y con ello más dinero.

Así que la comisión de valoración presidida por la presidenta del INC, Pilar Farjas, dio por buenos los más de 10.000 socios declarados por Pineda para optar a las subvenciones en 2012. Y también lo hizo el año siguiente. Farjas, entonces secretaria general de Sanidad y Consumo, firmó esos dos años sendas resoluciones que incluyeron ocho subvenciones destinadas a Ausbanc por un total de 112.350 euros en 2012 y 108.200 euros en 2013.

Las irregularidades en los socios declarados iban mucho más allá. Y es que todo apunta a que el número real de socios Ausbanc podía contarse con los dedos de una mano. Los cuatro miembros de su Junta Directiva y quizás unos cuantos más.

En su página web, Ausbanc no incluye entre las “ventajas de asociarse” la posibilidad de participar en las asambleas ni presentarse a miembro de la Junta Directiva. Sólo tiene un formulario con una “solicitud de alta como Asociado Adherido”. Esos “adheridos” aparecen en los estatutos de Ausbanc, pero no pueden ser computados como socios en convocatorias de subvenciones ya que la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación sólo reconoce como tales a quienes tengan derecho a “participar en las actividades de la asociación y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, así como a asistir a la Asamblea General”.

Una directiva de cuatro miembros donde Pineda no podía perder nunca

Por si fuera poco, los estatutos de Ausbanc Consumo impedían la creación de una Junta Directiva en la que Luis Pineda pudiera perder una votación.

El artículo 5 de sus estatutos establece que “la Asociación será dirigida y administrada por una Junta Directiva formada por: un Presidente y hasta tres vocales. Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán designados por la Asamblea General Extraordinaria, a excepción de uno de los Vocales, que podrá ser designado por el Presidente y ratificado después por la Asamblea General. Su mandato tendrá una duración de dos años”.

Numerus clausus de cuatro miembros para una directiva en la que, además, uno de ellos podía ser designado directamente por Pineda, lo que hacía imposible que pudiera perder ninguna votación. “En caso de empate, el voto del Presidente será de calidad”, señala el artículo 6 de los estatutos.

Ausbanc ya se coló en el registro en 2002

Pineda creó Ausbanc en 1986. Tras muchos años de intentos fallidos, logró al final de la segunda legislatura de José María Aznar que fuera inscrita en el registro estatal de asociaciones de consumidores y usuarios (Reacu). Ocurrió el 9 de julio de 2002. Ese mismo día, Ana Pastor era nombrada ministra de Sanidad y Consumo, sustituyendo en el cargo a Celia Villalobos. Inmediatamente después, comenzó a recibir subvenciones del Instituto Nacional del Consumo. Una resolución dictada en octubre de 2003 otorgó a Ausbanc Consumo 149.527 euros.

Luis Pineda ideó en 2002 una argucia para lograr que Ausbanc fuera inscrita en el Reacu sin renunciar a sus ingresos millonarios provenientes de bancos, energéticas, compañías de telecomunicaciones… Lo primero era contar con un Gobierno cuyo responsable en materia de Consumo se dejara convencer. Lo segundo, fingir que su asociación no tenía ánimo de lucro ni servía de soporte publicitario para empresas. Así, desdobló Ausbanc en dos: Ausbanc Consumo (Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios), que se presentaba como asociación de consumidores sin ánimo de lucro integrada por personas físicas, y Ausbanc Empresas (Asociación de Usuarios de Servicios Financieros), el negocio que seguiría recibiendo dinero de multitud de empresas a través la venta de informes, el patrocinio de eventos y la edición de publicaciones llenas de anuncios.

El mero hecho de que la supuesta asociación de usuarios de Pineda se denominase igual que su histórico negocio -y por tanto lo publicitase-  hubiera sido motivo suficiente para negarle la inscripción en el registro. Pero el ministerio de Sanidad y Consumo abrió sus puertas. Por si la fórmula no era suficientemente zafia, todas las personas físicas socias de Ausbanc pasaron a serlo de Ausbanc Consumo, y con sus cuotas se suscribían a los catálogos publicitarios de Ausbanc Empresas: la revista Ausbanc y el rotativo salmón Mercado de Dinero.

“Fuimos excluidos unos meses [del registro]”, aseguró Pineda durante su declaración ante el juez Pedraz el pasado 18 de abril. Pero lo cierto es que no fueron solo unos meses. En octubre de 2005, a comienzos del primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el INC expulsó a Ausbanc del Reacu por hacer publicidad comercial y con ello dejó de otorgarle subvenciones -con el PSOE en el Gobierno sólo las recibió en 2004, 149.328 euros-. El motivo de su expulsión fue un tanto simplón. Ausbanc Consumo tenía una revista, Justicia y Derecho, donde insertó publicidad de Ausbanc Empresas, algo que el INC consideró publicidad comercial y motivo para echarla del Reacu. Pineda logró suspender la expulsión a base de recursos, pero acabó ratificada por la Audiencia Nacional de forma definitiva en noviembre de 2010.

“Después llegó un nuevo gobierno y nos invitaron de nuevo a participar”, narró Pineda en respuesta a las preguntas del fiscal, Daniel Campos, el día que fue decretado su ingreso en prisión incondicional. Puede que se produjera fruto de una invitación, pero lo cierto es que el regreso del PP al poder trajo la inmediata reentrada de Ausbanc Consumo en el registro estatal de asociaciones de consumidores, concretamente el 16 de marzo de 2012. El presidente de Ausbanc llegó a ser nombrado miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) una vez que el Instituto Nacional del Consumo consideró que el negocio disfrazado de “asociación de usuarios” podía entrar en la categoría de asociaciones “más representativas”. El Ministerio de Sanidad de Ana Mato, con Pilar Farjas al frente de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, hizo caso omiso a las quejas que plantearon las asociaciones de consumidores.

“Me llama la ministra y me dice: hemos perdido, Luis, han ganado ellos”

Pero la expulsión de Ausbanc del registro acabó llegando de nuevo. Ocurrió el 28 de marzo de 2014 y la provocó el expediente abierto a raíz de una denuncia del BBVA, que desde que dejó de firmar acuerdos publicitarios con Pineda se había convertido en uno de los principales objetivos de sus ataques.

En su explicación al fiscal sobre la segunda expulsión del Reacu, Pineda afirmó: “Lo voy a descubrir hoy aquí. Porque me llama la ministra y me dice: hemos perdido, Luis, han ganado ellos”.

En su denuncia, BBVA aportó un completo informe sobre los ingresos de Ausbanc Consumo y cómo estos implicaban una clara vulneración de la legislación que regula a las asociaciones de consumidores. Durante la tramitación del expediente de expulsión, Pineda no quiso explicar al INC una serie de oscuras entradas de dinero existentes en sus cuentas.

Además, en las cuentas depositadas por Ausbanc Consumo en el Registro Mercantil relativas al ejercicio 2012 podía verse cómo a finales de ese año tenía invertidos 1,5 millones de euros en Ausbanc Empresas y unos 900.000 euros en Estructuras y Servicios Inmobiliarios SL y otras “empresas del grupo”.

En relación a las subvenciones otorgadas durante años por distintas administraciones a Ausbanc “bajo el amparo de asociación sin ánimo de lucro”, el auto por el que se decretó el ingreso en prisión de Pineda señala que “a la vista de lo hasta ahora actuado se infiere que Ausbanc no podría acceder a la concesión de dichas subvenciones, puesto que no cumpliría con alguno o algunos de los requisitos exigidos en las mismas”.

Entre los motivos, el auto de Pedraz advierte de que “en prácticamente todas las subvenciones analizadas se exigía como condición ineludible el no tener ánimo de lucro en sus actividades, lo que, como se sigue, no se cumplía ya que todos los miembros de los órganos de administración de estas asociaciones investigadas perciben retribuciones, tanto de éstas como de otras de las empresas asociadas en el entramado financiero creado ad hoc”.

En los dos años que estuvo inscrita en el registro estatal de asociaciones de consumidores con el gobierno de Rajoy, Ausbanc recibió subvenciones para el desarrollo de ocho programas, consistentes en la elaboración de tres estudios, tres guías y dos campañas informativas. 112.350 euros por los cuatro programas subvencionados en 2012 y 108.200 euros para los de 2013.  Subvenciones que ahora investiga el juez Pedraz.

No ha trascendido si Ausbanc justificó correctamente todos los gastos. Posiblemente tanto los responsables de haberlas otorgado como de su fiscalización tendrán que ofrecer detalles durante la causa abierta a la cúpula de Ausbanc y Manos Limpias.

“Rubén Sánchez Facuoso me manda matones. Me amenaza con romperme las piernas”, aseguró Luis Pineda en la madrugada del viernes 7 de marzo de 2014 desde su cuenta de Twitter. “¿Con matones y coacciones es como vais avanzando en Facua?”, soltó el presidente de Ausbanc, además llamarme “mafioso” y "capo", asegurar que yo tenía “sicarios” y preguntar si éramos un “grupo criminal organizado”. Pineda era de gatillo fácil cuando se trataba de disparar difamaciones en Twitter. En un par de años, le conté más de 600 tuits contra FACUA y contra mí. Hace unas semanas, se los entregué a la UDEF cuando declaré como testigo.

Durante más de tres años, el presidente de Ausbanc orquestó una desafinada y obsesiva campaña dedicada a insultarnos y acusarnos a FACUA y a mí de todos los delitos que salían de su imaginación. Lo hacía tanto a través de su Twitter como en las publicaciones de Ausbanc. Y logró colar algunas de sus invenciones en otros medios de comunicación, a los que engañó -o se dejaron engañar-. La mayoría de los delitos de los que me acusaba son los que precisamente han motivado su ingreso en prisión. Era como si Pineda estuviera mirándose en un espejo cuando me describía. Resulta irónico, pero hasta llegó a publicar que yo me dedicaba a “ofender gravemente el honor de algún competidor al que admira en secreto”. Sí, se refería a él.

El detonante pudo ser que a comienzos de 2012 publiqué un tuit donde recordé que treinta años atrás había sido detenido en aplicación de la ley antiterrorista por conmemorar con el lanzamiento de cócteles molotov el aniversario del fallido golpe de Estado del 23F - Pineda fue el líder de la banda de ultraderecha Frente de la Juventud-. O que a mediados de la década pasada no le seguí el juego cuando en una tertulia de la ya desaparecida Punto Radio pretendió presentarnos a Ausbanc y a FACUA, a él y a mí, como los únicos honrados en un movimiento de consumidores supuestamente lleno de corrupción.

En FACUA reclamamos -y celebramos- que expulsaran a Ausbanc de un registro estatal de asociaciones de consumidores en el que logró estar gracias a las amistades políticas de Pineda y su esposa, Teresa Cuadrado. Fue inscrita al final de la segunda legislatura de Aznar, con Ana Pastor como ministra de Sanidad y Consumo, y tras su inmediata expulsión por el gobierno de Zapatero no volvió a entrar hasta que Rajoy ganó las elecciones y Ana Mato fue puesta al frente del ministerio.

El recrudecimiento de sus ataques se produjo cuando en febrero de 2014 publiqué mi primer libro, Defiéndete, donde recopilé 101 fraudes, entre ellos “el de la falsa asociación de consumidores”. En él puse de manifiesto algunas de las oscuras prácticas de Ausbanc y el pasado de Luis Pineda en el terrorismo de ultraderecha, por el que fue condenado en dos ocasiones, entre otros por el delito de atraco a mano armada. Enfurecido por lo que conté en mi libro y la repercusión que tuvo el adelanto del capítulo sobre Pineda que publicó eldiario.es, el jefe de Ausbanc llegó a contratar una campaña publicitaria en varias ciudades para llenar las calles de carteles con mi cara -la portada de marzo de ese año de su periódico Mercado de dinero- en los que con un cartel con el rótulo “se busca” me acusaba de “corrupción” y “fraude”. No fue la única portada que me dedicó en su libelo, donde durante años publicó una larga lista de montajes para intentar destruir mi reputación, la de mi familia y gente de mi entorno, y con ello la de FACUA. Inventó que estábamos implicados en la tramas andaluzas de los ERE, los cursos de formación y las presuntas facturas falsas del sindicato UGT, además de vincularme a actividades pedófilas, extorsión, fraude fiscal, acoso a mujeres. Incluso llegó a publicar que mi mujer estaba conmigo a cambio de dinero como pantalla para ocultar mi supuesta homosexualidad mientras mantenía relaciones con mi padre.

Me personaré como acusación particular

Me personaré como acusación particularHasta la fecha he interpuesto dos demandas por intromisión ilegítima en el derecho al honor. Una contra Pineda y otra contra él, Ausbanc y su director de publicaciones, el hoy imputado -y el año pasado condenado por estafa- Luis Suárez Jordana. He ganado ambas, pero estoy a la espera de que se resuelvan sus recursos, uno ante la Audiencia Provincial de Sevilla y otro ante el Supremo. Dado que el juez Santiago Pedraz ha señalado en un auto dictado este viernes 20 de mayo que me considera perjudicado por las prácticas de Luis Pineda y su entramado, esta semana voy a personarme como acusación particular en la causa abierta en la Audiencia Nacional que ha llevado a prisión incondicional al líder de Ausbanc y al de Manos Limpias, Miguel Bernad, que también participó en la campaña contra mí.

La historia que inventó Pineda sobre mis sicarios es un ejemplo no sólo de sus montajes, sino de cómo se presentaba públicamente como un salvador de la patria perseguido por todo tipo de tramas mafiosas que a veces actuaban en connivencia con las cloacas del Estado para impedir que cumpliera la misión que le había encomendado su creador. “Levantando y construyendo, forjaré la nueva España. De la enseña, del pasado, nace mi revolución”, escribió una vez en un tuit acompañado de una foto suya con una pala al lado de una hormigonera. El texto estaba sacado -y adaptado, quizás por el corrector de su móvil- de la letra de un tema del Cancionero falangista de 1945. “¿Perteneces a Manos Limpias?”, le preguntaron en Twitter. “Sólo me pertenezco a mí mismo y al Creador. Soy presidente de Ausbanc”, contestó. En su timeline hay más de un centenar de tuits con alusiones a Dios. “Que Dios os bendiga. Arriba España. Podemos, claro que podemos”, tuiteó una vez. Tremendo combo.

La misma noche en que el presidente de Ausbanc soltó en Twitter la historia de los sicarios denuncié los hechos en la Policía, pero tuve que esperar más de año y medio para que se fijara la fecha del juicio. Aunque Pineda me había acusado de actividades delictivas, la jueza sobre la que recayó el caso decidió calificar los hechos como injurias y no como calumnias. Ante mi denuncia, el presidente de Ausbanc respondió interponiéndome otra a mí por amenazas. Las partes fuimos citadas para el juicio el 20 de octubre de 2015 en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. Dado que la injuria había quedado despenalizada unos meses atrás con la reforma del Código Penal, comuniqué al juez en la sala que era consciente de que ya no se celebraría el juicio por mi denuncia y que para continuar tendría que hacerlo por la vía de la demanda civil. El magistrado preguntó a Pineda si quería seguir adelante con la suya. Y su respuesta fue absolutamente surrealista.

“El amenazado físicamente soy yo”, aseguró Luis Pineda, “y yo lo único que pretendo es que haya un acontecimiento jurídico suficiente para que sus miles de seguidores no terminen golpeándome”. “Para mí es muy relevante que de alguna manera se pare este tsunami de un señor que se presenta en su Twitter con una pistola”. “Yo sigo amenazado, sigo asustado”, dijo el presidente de Ausbanc. “En su perfil [de Twitter] lo manifiesta así, con pistola en mano (...), que me quiere romper las piernas”.

El arma al que se refería Pineda es una pistola de pompas de jabón que utilicé en un cartel con tono humorístico para promocionar mi libro. “Deje lentamente la hoja de reclamaciones encima de la mesa. Vengo armado. Traigo mis derechos”. Junto a este texto, aparecía una imagen mía empuñando la pistola de pompas y con una camiseta de Spider-Man. La camiseta la menciono porque el periódico de Ausbanc Mercado de Dinero también publicó que mi cuenta de Twitter es una herramienta al servicio de Hollywood. Según la publicación, uso mi perfil en la citada red social para “publicitar distintas marcas de compañías multinacionales de forma encubierta en Twitter, con especial predilección por las películas de Hollywood”, concretamente las “producidas por los grandes estudios en manos de los bancos de inversión de Wall Street y multinacionales como General Electric o Comcast”.

“Este mundo, donde uno empieza, te termina lapidando”, explicó Pineda al juez refiriéndose a Twitter. En otra de las causas judiciales que emprendí en respuesta a sus ataques, el presidente de Ausbanc aseguró que sólo usaba esa red social “para comunicarse con su familia y seres queridos”. Sólo le faltó añadir que si tuiteaba cientos de insultos era porque una voz le obligaba.

Y sin aclarar si quería o no proseguir con su denuncia, Pineda continuó contándole al juez la historia de mi pistola de pompas: “A mí con que sencillamente me pida disculpas o me diga que va a decir en su Twitter que no se siga por ese camino, que son 140 caracteres, yo me quedo absolutamente tranquilo, porque él es el que manda. Si él se compromete con voz de caballero, porque sé que esto es extraprocesal, a decir no se amenace a los que no están de acuerdo conmigo, y singularmente a Luis Pineda, porque al que le iban a romper las piernas literalmente es a mí”.

Cansado de escuchar las invenciones de Pineda, pedí al magistrado que comenzara a juzgarme tras informarle de que llevaba años siendo objeto de una campaña de insultos y calumnias por la que Ausbanc y su propietario ya tenían dos condenas. “No, no, no, señoría”, dijo Pineda, que indicó que retiraba la denuncia.

No sería la última vez que le contara a un magistrado una historia de pistoleros. Cuando declaró ante Pedraz el pasado 18 de abril, contó que en una Junta de Accionistas del BBVA estuvo “rodeado de personas con pistolas para que no hablara. Personas que hacían así -levantándose la chaqueta- y enseñaban un 9 largo”.

Ocho años atrás, el exdelegado de Ausbanc en Baleares, Carlos Hernández Guarch, se querelló contra Pineda por amenazarle de muerte. En una conversación telefónica, cuya grabación aportó como prueba, le dijo: “Estoy dispuesto a todo”, “a pagar a mafiosos”, “mucho cuidado porque os estáis jugando la puta vida”. “Se me fue la pinza”, explicó el dueño de Ausbanc al diario El Mundo. “Lo que me ocurrió fue un arrebato de ira... no sé si divina o diabólica”. Luis Pineda perdió el juicio.

“Me colocan matones y me señalan pistolas cuando voy a la Junta de Accionistas del BBVA”. La afirmación es de Luis Pineda. La espeluznante alusión a uno de los pocos bancos que llevaba años negándose a anunciarse en sus publicaciones y a patrocinarle eventos la soltó a finales de 2012 en Pido la palabra, un programa emitido en horario de máxima audiencia en Canal Sur, la televisión pública andaluza. El presentador hizo como si no hubiera oído nada y siguió invitándole a responder las preguntas del público como presidente de una “asociación de usuarios sin ánimo de lucro”, según indicaba en pantalla el rótulo con el que presentaban al propietario de Ausbanc.

“Mírame a la cara y dime si yo estoy vendido a la banca”, contestó Pineda a uno de los andaluces que habían sido seleccionados para realizar preguntas al invitado. El formato era similar al de Tengo una pregunta para usted, un programa que había triunfado en TVE y por el que pasó el entonces presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que hoy comparte cárcel con el propietario de Ausbanc. Pineda está desde el 18 de abril en prisión incondicional por orden del juez Santiago Pedraz, acusado de estafa, extorsión, amenazas, fraude en subvenciones, administración desleal y organización criminal.

La pregunta que incomodó a Luis Pineda en la televisión pública de Andalucía se la hizo Luis Olmedo Torres, un joven empresario de la localidad granadina de Vegas del Genil. Muchos periodistas que durante décadas le dieron cabida o debatieron con el presidente de Ausbanc en programas de radio y televisión nunca se atrevieron, supieron o quisieron hacerle esa misma pregunta. “Usted en sus revistas publicita muchos bancos y hay muchísimo dinero que se mueve a través de esa publicidad. ¿Eso no le condiciona a la hora de hablar bien o mal de los bancos? Por ejemplo: este paga, hablo bien de él; este no paga, me lo cargo”. La cuestión, planteada nada más comenzar el programa, generó esa noche una gran tensión en el plató de Canal Sur Televisión cuando se produjo la primera pausa publicitaria. Aunque mantuvo su sonrisa delante de las cámaras, Pineda estaba enfurecido.

No era la primera vez que el dueño de Ausbanc acudía a Pido la palabra. Fue uno de los pocos personajes que repitió en el programa, presentado por el periodista de la radio y televisión pública andaluza Jesús Vigorra, quien habitualmente llevaba a Pineda a su espacio de Canal Sur Radio, El Público, donde contestaba a las consultas de los oyentes e intentaba captarlos como socios -clientes, realmente- de su negocio disfrazado de “asociación de usuarios”.

En su primera visita al programa de Canal Sur Televisión, el mismo miembro del público había preguntado a Pineda, con una inocencia inteligentemente impostada, en qué banco tenía su dinero. “Pues mira yo tengo la suerte de tener dinero”, le contestó. “Es decir, que yo llego a final de mes y hasta ahorro. Y sí tengo algo de dinero. Lo tengo en un banco muy español, y me gusta recalcarlo, que es Caixabank, conocida por La Caixa. Y tengo algo también en el Banco Sabadell”.

“Caixabank, un gran banco español vertebrador de este país”

“Trabajamos con muchos [bancos], pero yo personalmente lo tengo en Caixabank”, continuó el presidente de Ausbanc, “y me gusta recalcar que es un gran banco español vertebrador de este país”. “Me imagino que harán muy buena publicidad en su revista”, le señaló de inmediato el espectador, revelando cuál era el motivo de su pregunta.“Pues me parece que sí, pero me da lo mismo”, contestó Pineda, con claros signos de sentirse incómodo. “Pero no le vamos a dar más publicidad aquí, gracias Luis”, replicó rápidamente el presentador para cortar el polémico asunto.

La semana pasada, la polémica estalló en Andalucía al trascender públicamente que Canal Sur Televisión pagó 135.000 euros en 2015 a una empresa de Pineda por la emisión de dos programas plagados de publicidad encubierta de sus negocios: las revistas Ausbanc, Alcuza, El Club de la Vida Buena (CVB) y, por supuesto, el chiringuito que simulaba ser una asociación de defensa de los consumidores.

Los diarios El Confidencial y Abc de Sevilla destaparon que la televisión pública andaluza pagó a Agroeditora SL 60.000 euros por cuatro galas denominadas Las noches del Club de la Vida Buena y otros 75.000 por una serie documental de tres capítulos sobre el aceite de oliva, emitidos en febrero y agosto del año pasado, respectivamente. Podemos, IU, CCOO y FACUA Andalucía han solicitado la comparecencia en el Parlamento del director de Canal Sur Televisión, Joaquín Durán, una reunión extraordinaria de su Consejo de Administración y la apertura de sendos expedientes por el Consejo de lo Audiovisual de Andalucía y la Dirección General de Consumo de la Junta.

Publicidad encubierta en programas vendidos a Canal Sur

Al comenzar cada show de Las noches del Club de la Vida Buena, presentados por Jesús Vigorra, se mostraban los nombres de los patrocinadores: Ausbanc Abogados y Caja Rural del Sur, con sus logos ocupando toda la pantalla. A continuación aparecía un rótulo con el texto “una produccion de Agroeditora SL” encima de dos enormes logotipos, los de las revistas Alcuza y CVB (El Club de la Vida Buena).

El Club de la Vida Buena o sus siglas CVB son el nombre de un establecimiento de hostelería madrileño, una emisora de radio y una revista, todos propiedad de Pineda. El director de la publicación, Javier Castro-Villacañas, también trabajaba para Manos Limpias y es uno de los hasta la fecha catorce imputados en este caso, que además de al presidente de Ausbanc ha llevado a prisión a Miguel Bernad, secretario del seudosindicato.

Pero Las noches del Club de la Vida Buena no solo era un programa para promocionar la revista del mismo nombre. El logotipo de Ausbanc, en un tamaño inusitadamente desproporcionado para cualquier formato televisivo, aparecía en pantalla en calidad de patrocinador tanto al inicio como al final de las galas y también antes y después de las pausas publicitarias. El espectáculo también contaba con el patrocinio de Caja Rural del Sur -y enorme logo mostrado al principio daba cuenta de ello- y al finalizar la segunda, tercera y cuarta gala, un rótulo indicaba que se trataba de un “Programa con la colaboración de” y debajo un gigantesco logo de La Caixa.

En un momento del primer programa, el presentador anunciaba: “Las Noches del Club de la Vida Buena llega gracias al patrocinio de la Fundación La Caixa”, y daba paso a una entrevista con su presidente, Pascual Muñoz. La entrevista, con un evidente tufo publicitario, abría la duda de si se trataba de un “patrocinio” o una “colaboración” y si quien lo pagaba era la Fundación La Caixa o el banco, Caixabank.

“¿Seguimos en Las Noches del Club de la Vida Buena, [en las] que por cierto también se presenta esta revista, la edición de verano de El Club de la Vida Buena. Y desde luego la portada es una vida buena, al sol, hechizo de sol”, anunciaba el presentador tras una actuación en el segundo programa mientras exhibía la publicación y se colocaba delante de Luis Pineda, sentado entre el público. A continuación, uno de los miembros de un trío cómico, Clave de Tres, aparecía en pantalla con las revistas Ausbanc y El Club de la Vida Buena en la mano: “Para mí es un gran placer participar en esta gran gala, El Club de la Vida Buena, para mí es un gran placer de verdad, de corazón, patrocinado por Ausbanc”. El hedor publicitario se incrementaba durante la actuación musical, en la que de los humoristas se acercaba a la mesa de Pineda para cantarle. Pero el récord de lo cutre se batía unos segundos después, cuando otro llegaba otro miembro del grupo y gritaba: “¡Voy a cantar un poquito con la gente buena de Ausbanc! ¡Ole!”.

“¡Pero si está aquí Luis Pineda, presidente de Ausbanc! Él y todo su equipo ha ayudado a mucha gente a salir de la cláusula suelo, a salir adelante”. El presentador comenzaba así a entrevistar a Pineda, que contestaba con otra cuña publicitaria, pero esta vez de quienes ponían el dinero: “Sí, es verdad, y gracias a entidades bancarias que a veces lo hacen bien pues hacen posible que también trabajemos, como la Caja Rural del Sur, como Caixabank y muchas entidades que cuando lo hacen bien merecen un aplauso y hay que recordarlo”. Caixabank es uno de los bancos con más publicidad en los medios de comunicación del entramado Ausbanc, como puede comprobarse en el reportaje publicado hace unos días en eldiario.es,

En todos los programas, las cámaras se ocupaban de enfocar al delegado de Ausbanc en Sevilla, Cádiz y Huelva, José Marín -otro de los actualmente imputados-, a quien, al igual que a Pineda, también dedicó su canción una de las artistas. Marín estuvo en prisión condenado por malversación de caudales públicos y facturas falsas durante su etapa como secretario de un distrito en el Ayuntamiento de Sevilla. Pineda lo fichó por su influencia en el PSOE. Era uno de sus hombres claves en Andalucía, donde la Junta llegó a inscribir a cinco delegaciones provinciales del negocio Ausbanc en el registro autonómico de asociaciones de consumidores y usuarios -fueron expulsadas por IU en los años del gobierno de coalición-.

Extorsión. Quién iba a decir que quien en los años 80 fuera líder de una banda terrorista de ultraderecha dedicada a la extorsión sería acusado cuatro décadas después del mismo delito. El megalómano millonario Luis Pineda, abogado y  empresario, propietario de la falsa asociación de usuarios Ausbanc, ha logrado hoy lo que siempre soñó: acaparar titulares en todos los medios de comunicación y convertirse en trending topic en Twitter. Aunque las noticias y comentarios no lo presentan como el salvador de la patria que siempre dijo ser, sino como el responsable de un entramado que, junto a Manos Limpias, se habría dedicado a sacar dinero a todo tipo de empresas a cambio de no montarles campañas de descrédito o de retirar demandas y querellas presentadas contra ellas.

A mí también intentó amedrentarme y sacarme dinero. Aquí tenéis un documento en el que sus abogados amenazan con demandarme salvo que les haga llegar una “indemnización”, le llaman, después de que yo informara en redes sociales sobre su pasado. Sí: me exigió que le pagara y pusiese yo la cifra a cambio de no llevarme a los tribunales.

Por contar parte de su historia, por ser el portavoz de la asociación de consumidores con mayor relevancia social del país, FACUA, Pineda lleva años atacándome -con la ayuda de Manos Limpias-. Ha lanzado contra mí una de las campañas de acoso y derribo contra un periodista más cruentas que se han producido en España. Inventó que estaba implicado en los principales casos de corrupción que han trascendido en los últimos años -los ERE, el caso de las facturas de UGT-Andalucía y el fraude en los cursos de formación-, que soy un “mafioso” que utiliza “sicarios”, que tengo vínculos con la pedofilia, que acoso a mujeres.. Su campaña obsesiva contra mi persona también ha ido dirigida hacia mi familia. Ha llegado a acusar a mi esposa, Keka Sánchez, de estar casada conmigo a cambio de dinero para ocultar mi supuesta homosexualidad -sí, también está enfermo de homofobia- mientras mantiene relaciones con mi padre.

Por todo esto, Pineda hoy detenido por extorsión y organización criminal, tiene ya dos condenas por difamarme y pronto sumará otras tantas por las demandas que le ha interpuesto FACUA -el próximo juicio tendrá lugar el 26 de abril en Sevilla-.

Cuando era jovencito, Pineda se hacía llamar Luispi. Era su alias en la banda terrorista de ultraderecha Frente de la Juventud, de la que llegó a ser jefe nacional a comienzos de la década de los ochenta. Esta escisión de Fuerza Nueva creada en 1978 fue durante años el grupo de extrema derecha más violento de España. Sus pistoleros protagonizaron una larga lista de extorsiones, atracos, palizas y actos de terrorismo callejero con armas de fuego y explosivos.

“El Frente de la Juventud era la organización más peligrosa en el escenario político español, después de ETA”. La frase es del ministro del Interior de la época, Juan José Rosón, según recoge la web de una asociación dedicada a homenajear a uno de los fundadores de la banda,Juan Ignacio González, que fue asesinado en diciembre de 1980.  

El 23 de febrero de 1982 se produjo la detención más sonada de Pineda. Le aplicaron la ley antiterrorista tras montar un salto con lanzamiento de cócteles molotov, botes de humo, piedras y otros objetos. Fue su forma de conmemorar el primer aniversario del fallido golpe de Estado. “La Audiencia Nacional ha decretado el ingreso en prisión incondicional de ocho militantes de la organización ultraderechista Frente de la Juventud, entre ellos su jefe nacional”, publicó después el diario ABC.

Dos años después, Luispi y otros veintiocho exintegrantes del Frente de la Juventud fueron“juzgados en la Audiencia Nacional acusados de robos, atracos a mano armada, depósito y tenencia de armas”, cuenta el periodista Mariano Sánchez Soler en su libro Los hijos del 20-N. Historia violenta del fascismo español108. Los delitos imputados aPineda se habían cometido en marzo de 1980, a sólo cinco meses de que alcanzara la mayoría de edad, lo que le sirvió para que su condena fuera de sólo tres meses de arresto mayor.

En 1986, acompañado de uno de sus camaradas en el Frente de la Juventud, Alfonso Solé Gil, Pineda montó un negocio: Ausbanc. La denominada “Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios” se creó en plena época de efervescencia del movimiento de consumidores. Logró convencer a sucesivos gobiernos del PSOE y el PP de que era una asociación de consumidores, lo que le permitió recibir importantes subvenciones públicas. Se presentaba como una organización independiente y no lucrativa dedicada a la lucha contra los fraudes de la banca. Y ello al tiempo que ingresaba ingentes cantidades de dinero procedente de una larga lista de bancos a los que Ausbanc visitaba para convencerles de que se anunciaran en sus publicaciones o patrocinaran sus eventos.

Durante décadas, los responsables del ya desaparecido Instituto Nacional del Consumo (INC) y las autoridades de protección al consumidor de numerosas comunidades autónomas han mantenido a Ausbanc y sus ramificaciones territoriales en los registros de asociaciones de consumidores. Y ello pese a que según la ley, este tipo de organizaciones deben carecer de fines lucrativos y tienen prohibido recibir dinero de empresas que comercializan productos o servicios a cambio de hacerles publicidad.

Cuando comenzó a ver cierto peligro, Pineda recurrió a una fórmula bastante zafia para que Ausbanc no dejase de ser reconocida como organización de consumidores y continuase recibiendo subvenciones. En 2002 creó dos entidades supuestamente distintas, con el mismo nombre pero diferentes apellidos: Ausbanc Consumo, que se presentaba como asociación de consumidores sin ánimo de lucro, y Ausbanc Empresas, que pasó a ser el negocio que recibía el dinero de la banca y otras empresas mediante el patrocinio de eventos, la inserción de anuncios en sus publicaciones y la venta de informes. La cosa es que el truco coló durante muchos años, pese a lo evidente que resultaba el hecho de que la Ausbanc que aparentaba ser no lucrativa hacía publicidad del negocio paralelo desde el momento en que se llamaba igual.

Además, entre las dos Ausbanc había trasvases de enormes sumas de dinero. Según sus cuentas, a finales de 2012, Ausbanc Consumo tenía invertidos 1,5 millones de euros en Ausbanc Empresas, además de unos 900.000 euros en una inmobiliaria propiedad de Pineda, Estructuras y Servicios Inmobiliarios SL, y otras “empresas del grupo”.

Pineda controla un entramado compuesto por más de una decena de sociedades de lo más variopintas: desde inmobiliarias hasta una agencia de viajes, pasando por un bar, un teléfono de asesoramiento financiero de pago, una emisora de radio y un grupo editorial que tiene publicaciones en España, Reino Unido, EEUU y varios países de América Latina. Publicaciones que giran en torno al gran negocio de Pineda, Ausbanc, cuya principal vía de financiación es la propia banca, a través de publicidad en sus revistas y el patrocinio de eventos.

Por fin, en octubre de 2005, durante el primer Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el Instituto Nacional del Consumo expulsó a Ausbanc del registro estatal de asociaciones de consumidores por realizar publicidad comercial, decisión que acabó siendo ratificada por la Audiencia Nacional de forma definitiva en noviembre de 2010. Pero en 2012, pocos meses después de la vuelta del PP al poder, volvió a ser inscribirla en el registro y el Gobierno comenzó a otorgarle de nuevo subvenciones. Dinero público que también busca en las comunidades autónomas, para lo cual también intenta -y en muchos casos ha logrado- que inscriban a Ausbanc como asociación de consumidores. En 2014 volvieron a echarla del registro estatal, pero Pineda sigue presentándola fraudulentamente  como organización de consumidores.

“¿Quién vigila a los vigilantes?”.

Juvenal (Sátira VI)

Que el presidente de una asociación que se presenta como defensora de los derechos de los consumidores sea el propietario de un multimillonario entramado empresarial puede sonar un tanto chocante. Pero que quien supuestamente combate los abusos de las empresas reciba dinero de las mismas a las que tiene que vigilar y se dedique a publicitarlas resulta absolutamente intolerable.

“Todos al Santander, maricón el último”. El fundador y presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), el abogado Luis Pineda Salido, instaba así a los usuarios a depositar su dinero en el banco de Emilio Botín en 2006. La primera entidad financiera de España, hacia la que Pineda y Ausbanc habitualmente se deshacen en elogios, ha sido siempre una de las fuentes de ingresos de su rentable negocio.

Pineda también hablaba muy bien de las desaparecidas Fórum Filatélico y Afinsa. Hasta el punto de que se personó como acusación popular en las dos causas penales abiertas contra ellas para acabar siendo expulsado por fraude procesal, ya que parecía que actuaba más bien como defensa. Ausbanc había recibido 2,45 millones de la asociación que controlaban ambas filatélicas antes de su desmantelamiento (1).

Pero Pineda no trata igual a todas las empresas. En los últimos tiempos, tiene fijación por el BBVA, del que no sólo se dedica a denunciar irregularidades, sino que lo ataca de forma sistemática intentando hacer creer que es “un banco hacia el abismo” conducido por un “viejo avaricioso”. No ocurría lo mismo cuando le insertaba publicidad en sus revistas. “BBVA demuestra grandeza y, a la vez, cercanía”, aseguraba Ausbanc al premiarlo por lanzar “el mejor producto financiero de 2004”.

“Luis Pineda recibe el impuesto revolucionario de las entidades financieras. Y si no lo recibe las ataca mediante su revista ‘Ausbanc’ o su panfleto rosa 'Mercado de Dinero'. Esta es la forma de actuar de Ausbanc. O me tratas bien o te trato mal”. Esto lo dice la abogada Montse Suárez (2), que durante muchos años trabajó en Ausbanc. “La zorra está cuidando el gallinero”, advierte Suárez.

Pineda controla un entramado compuesto por más de una decena de sociedades de lo más variopintas: desde inmobiliarias hasta una agencia de viajes, pasando por un bar, un teléfono de asesoramiento financiero de pago, una emisora de radio y un grupo editorial que tiene publicaciones en España, Reino Unido, EEUU y varios países de América Latina. Publicaciones que giran en torno al gran negocio de Pineda, Ausbanc, cuya principal vía de financiación es la propia banca, a través de publicidad en sus revistas y el patrocinio de eventos.

Pero, ¿qué ofrece realmente Ausbanc a sus socios? Pues a cambio de una cuota de alta de 72 euros y 15 euros mensuales, fundamentalmente enviarles las revistas que edita desde su negocio editorial, llenas de publicidad de bancos, y un servicio de atención de consultas que básicamente consiste en orientarles a que presenten denuncias a través de Ausbanc con el fin de cobrarles por ellas. Y lo que piden por ir a los tribunales no es moco de pavo: por representar a un afectado por las cláusulas suelo, además de garantizarse mensualmente el pago de la cuota de socio hasta que finalice el proceso, no sólo hay que abonar los honorarios del abogado, sino que nada menos que el 25% del dinero que consigan recuperarle.

Negocios de muchos millones de euros. Y todos alrededor de la que se presenta como una asociación dedicada a la defensa de los consumidores sin ánimo de lucro.

Según la ley (3), las asociaciones de consumidores deben carecer de fines lucrativos y tienen prohibido recibir dinero de empresas que comercializan productos o servicios a cambio de hacerles publicidad. Obviamente, tampoco pueden realizarles esta publicidad de forma gratuita, ya que han de actuar “con independencia frente a los operadores del mercado”. Asimismo, no pueden participar en sociedades mercantiles que no cumplan los mismos requisitos que se les exigen a las asociaciones de consumidores.

La fórmula utilizada por Pineda para que Ausbanc no dejase de ser reconocida como organización de consumidores y continuase recibiendo subvenciones públicas fue desmembrarle su parte lucrativa. Así, en 2002 creó dos entidades supuestamente distintas, con el mismo nombre pero diferentes apellidos: Ausbanc Consumo, que se presenta como asociación de consumidores sin ánimo de lucro, y Ausbanc Empresas, el negocio que recibe dinero de la banca y otros negocios mediante la inserción de publicidad en sus publicaciones, la venta de informes y el patrocinio de eventos. Pero el mero hecho de que una asociación de usuarios se llame igual que una marca comercial implica que le está haciendo publicidad. Imagina que Bankia montase una seudo organización de consumidores denominada Bankia Consumo. No colaría, ¿verdad? Pues con Ausbanc viene colando durante años para muchas administraciones públicas. Es más, entre sus dos hermanas hay trasvases de enormes sumas de dinero. A finales de 2012, Ausbanc Consumo tenía invertidos 1,5 millones de euros en Ausbanc Empresas y unos 900.000 euros en Estructuras y Servicios Inmobiliarios (presidida por Pineda) y otras “empresas del grupo”, como las denomina en sus cuentas anuales.

En octubre de 2005, el Instituto Nacional del Consumo expulsó a Ausbanc del registro estatal de asociaciones de consumidores por realizar publicidad comercial, decisión que acabó siendo ratificada por la Audiencia Nacional de forma definitiva en noviembre de 2010. Pero pocos meses después de la vuelta del PP al poder, el INC volvió a inscribirla en el registro en 2012 y comenzó a otorgarle de nuevo subvenciones. Dinero público que Pineda busca (y muchas veces consigue) recibir en las comunidades autónomas, para lo cual también intenta que inscriban a Ausbanc como asociación de consumidores.

En agosto de 2008, el entonces delegado de Ausbanc en Baleares, Carlos Hernández Guarch, comunicó al empresario que abandonaba el negocio. “Ten mucho cuidado con hacer una asociación, esto no es solamente legal, te estoy hablando de tema físico, de tema físico, ¿eh?... Mucho cuidado porque os estáis jugando la puta vida”, le advirtió Pineda según la transcripción de una llamada telefónica que publicó El Mundo. “Estoy dispuesto a todo”, incluso “a pagar a mafiosos”, recogió el diario como parte de la conversación. “Me arrepiento de lo que hice”, “lo que me ocurrió fue un arrebato de ira... no sé si divina o diabólica”, alegó el presidente de Ausbanc.

En su juventud, Pineda militó en el Frente de la Juventud. Creado en 1978 como escisión de Fuerza Nueva, fue durante años el grupo de extrema derecha más violento de España, con pretensiones golpistas, cuyos pistoleros fueron autores de numerosas extorsiones, atracos, palizas y actos de terrorismo callejero con armas de fuego y explosivos. Luispi (su alias en la banda) llegó a convertirse en su jefe nacional después del exilio de uno de sus tres fundadores, el encarcelamiento de otro y el asesinato del tercero. En la web de una asociación dedicada a homenajear a este último, Juan Ignacio González, atribuyen al ministro del Interior de la época, Juan José Rosón, la afirmación de que “el Frente de la Juventud era la organización más peligrosa en el escenario político español, después de ETA”.

La detención más sonada de Pineda se produjo el 23 de febrero de 1982, cuando le aplicaron la ley antiterrorista tras organizar un salto con lanzamiento de cócteles molotov, botes de humo, piedras y otros objetos para conmemorar el primer aniversario del fallido golpe de Estado.“La Audiencia Nacional ha decretado el ingreso en prisión incondicional de ocho militantes de la organización ultraderechista Frente de la Juventud, entre ellos su jefe nacional”, publicaba ABC unos días después.

En 1984, Pineda y otros veintiocho exintegrantes de la banda fueron “juzgados en la Audiencia Nacional acusados de robos, atracos a mano armada, depósito y tenencia de armas”, cuenta el periodista Mariano Sánchez Soler en su libro Los hijos del 20-N (4). Los delitos imputados a Luispi se habían cometido en marzo de 1980, a sólo cinco meses de que cumpliera los 18 años, lo que le sirvió para que su condena fuera de sólo tres meses de arresto mayor.

Dos años después de esta sentencia, Pineda y uno de sus camaradas en el Frente de la Juventud, Alfonso Solé Gil, se habían reciclado como hombres de negocios. En 1986 fundaron Ausbanc.